Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 19 de mayo de 2025
Concede la tutela
La accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba, y a una vida libre de violencia sexual; toda vez que, dentro del proceso penal seguido contra Nelson Tarqui Marca, por la presunta comisión del delito de violación del cual se constituye en víctima, se emitió la Resolución Jerárquica F.D.C./N.G.G.R. – I.S. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 044/2023 de 3 de abril, cursante de fs. 510 a 516, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo la nulidad de la Resolución Jerárquica F.D.C./N.G.G.R. – I.S. 1145/2022 de 1 de febrero de 2023, ordenando que la autoridad accionada, en el plazo de setenta y dos horas desde su legal notificación con el presente fallo constitucional, emita una nueva resolución, de conformidad a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0522/2025-S4 Sucre, 19 de mayo de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de amparo constitucional Expediente: 55140-2023-111-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 044/2023 de 3 de abril, cursante de fs. 510 a 516, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Susana Marca Tarqui de Ramírez contra Nuria Gisela Gonzales Romero, Fiscal Departamental de Cochabamba.
A través de memoriales presentados el 20 y 28 de marzo de 2023, cursantes de fs. 403 a 416 vta., y 422 a 429 vta., la parte accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Dentro del proceso penal seguido contra Nelson Tarqui Marca, por la presunta comisión del delito de violación del cual se constituye en víctima; el 5 de septiembre de 2022, se emitió resolución de sobreseimiento a favor del imputado; ante ello, impugnó tal determinación que en conocimiento de la autoridad ahora accionada conllevó a la emisión de la Resolución Jerárquica F.D.C./N.G.G.R. – I.S. 1145/2022 de 1 de febrero de 2023, que definió ratificar la resolución inicial incurriendo en los siguientes hechos lesivos: Carece de adecuada fundamentación y motivación, pues la misma es una mera transcripción de los argumentos de la resolución de sobreseimiento, donde se aseveró que existió contradicción entre su declaración y la de “Belisario Ramírez” sobre los actos posteriores al hecho criminoso; sin embargo, no se cumplió con realizar una adecuada valoración de la prueba, pues en su declaración de 8 de febrero de 2016 no mencionó hechos posteriores por lo que erróneamente se podía cotejar su declaración con la de “Belisario Ramírez”, demostrando así que la autoridad accionada se limitó a transcribir lo aseverado por el Fiscal de Materia. Omitió además valorar elementos como la inspección del lugar de los hechos, el muestrario fotográfico, declaraciones de los presentes el día de los hechos, el informe psicológico y la declaración de su hija que también fue víctima de abuso sexual por parte del imputado contando con sentencia condenatoria al respecto; limitándose a señalar que no existe una pericia psicológica ni constancia que “Gisela Quispe” prestó su declaración, pretendiendo atribuirle la responsabilidad de colectar los elementos de prueba; aun cuando presentó memoriales solicitando se conmine al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para que remita el dictamen pericial psicológico realizado a su persona, no siendo su responsabilidad la demora en su remisión y no pudiendo constituirse en un argumento para ratificar el sobreseimiento. De igual manera, la resolución incurrió en incongruencia pues en su memorial de impugnación observó que debió considerarse su situación con perspectiva de género y bajo el enfoque de interseccionalidad, en cumplimiento al art. 15 de la Constitución Política del Estado (CPE), que garantiza el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia sexual; sin embargo, no se pronunció al respecto y tampoco consideró tales parámetros de juzgamiento; de igual manera, señaló en su impugnación que su declaración informativa no fue desvirtuada y al contrario, fue refrendada por el informe psicológico preliminar, el acta de registro del lugar de los hechos y las declaraciones de los testigos que estuvieron el día de los hechos, aspectos que no fueron considerados por la Fiscal de Materia –ahora demandada– y que tampoco merecieron pronunciamiento al respecto.
Denunció la lesión del derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba y a una vida libre de violencia sexual, citando al respecto los arts. 14, 15, 21, 106, 107, 114.I, 115.II, 117.I y 180.I de la CPE.
Solicitó se conceda la tutela y se deje sin efecto la Resolución Jerárquica F.D.C./N.G.G.R. – I.S. 1145/2022 de 1 de febrero de 2023, ordenando se emita una nueva resolución debidamente motivada considerando el juzgamiento con perspectiva de género y enfoque interseccional.
Celebrada la audiencia virtual el 3 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 503 a 509 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso los términos de su acción de amparo constitucional.
Nuria Gisela Gonzales Romero, Fiscal Departamental de Cochabamba, a través de informe escrito presentado el 3 de abril de 2023, cursante de fs. 436 a 440 vta. y en audiencia a través de su representante legal, señaló que: a) Sobre la supuesta falta de fundamentación y motivación, la accionante no cumplió con la carga argumentativa suficiente, por lo que es imposible se ingrese al fondo de la solicitud, máxime cuando la misma espera que se ingrese a valorar la prueba aun cuando ello es competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria; b) Con relación al principio de congruencia, los agravios no fueron adecuadamente expresados, pues no se identificó el modo o forma en la que la vulneración concurre en el análisis del caso concreto, por lo que carece de carga argumentativa que no puede ser suplida por la instancia constitucional; y, c) La parte accionante, debe acreditar la relevancia constitucional, explicando cómo los agravios manifestados pueden modificar el fondo de la decisión asumida; es así que, en el presente caso, la accionante indica que se omitió valorar prueba; sin embargo no explica su potencialidad para incidir en el fondo de la decisión, confundiendo la acción de amparo constitucional como una instancia más del procedimiento ordinario.
Nelson Tarqui Marca, imputado dentro del proceso penal, a través de informe escrito presentado el 3 de abril de 2023 cursante de fs. 491 a 499 vta., y en audiencia señaló que: 1) La acción de amparo constitucional incumplió con el principio de subsidiariedad, puesto que los hechos que la accionante considera lesivos, son nuevos en relación a los presentados en la impugnación del sobreseimiento; 2) La acción carece de relevancia constitucional, pues no existen elementos de prueba que puedan modificar la decisión asumida, considerando que no existe grado de veracidad en el testimonio de la víctima, que no se identificó al supuesto agresor y que la pericia psicológica no constituye elemento suficiente para aperturar juicio oral; y, si bien la accionante señaló que no se consideraron todos los elementos de prueba, tal situación no es evidente pues la Fiscal Departamental accionada tomó en cuenta todos los antecedentes del proceso y en contraste con la declaración de la víctima estableció la contradicción de su relato; 3) Respecto al registro del lugar de los hechos, en el mismo se evidencia que no existen ni dos metros de donde se cometió el hecho y el lugar donde se encontraban los familiares de la víctima; sin embargo, los mismos no conocen de lo sucedido y menos escucharon los gritos de la víctima conforme lo relató, por lo que la consideración de tal documento carece de relevancia constitucional; 4) La fundamentación con perspectiva de género fue cumplida, y no es cierto que se atribuya la carga de la prueba a la víctima, pues la pericia ya fue remitida y la misma carece de relevancia constitucional y sobre la declaración de “Gisela Quispe” la Fiscal de Materia estableció que la misma no figura como testigo en el caso, por lo que no se puede alegar que el Ministerio Público actuó sin la debida diligencia; y, 5) No existe incongruencia omisiva, pues se respondió a todos los puntos de agravio aun en consideración a que estos no se encontraban debidamente fundamentados en el memorial de impugnación del sobreseimiento.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Resolución 044/2023 de 3 de abril, cursante de fs. 510 a 516, denegó la tutela solicitada, en razón de los siguientes argumentos: i) La autoridad accionada realizó un correcto análisis y valoración de todos y cada uno de los elementos probatorios colectados durante la etapa preparatoria; además que no se limitó a realizar copia de la resolución de sobreseimiento sino que también manifestó un razonamiento propio; ii) Si la accionante consideraba que la valoración de los elementos de prueba fue insuficiente, debió señalar cual la incidencia de los elementos probatorios cursantes que acreditarían el hecho y la participación del imputado; de igual manera, no se observa que la resolución carezca de congruencia, puesto que se dio respuesta a cada uno de los puntos cuestionados en la impugnación del sobreseimiento; iii) En consideración al principio de inocencia se exige que una persona no puede ser condenada mientras no exista plena prueba de su responsabilidad penal, por lo que tomando en cuenta que los elementos de convicción colectados son insuficientes para fundamentar una acusación, que fue correcta la decisión de ratificar la resolución de sobreseimiento; y, iv) Si bien la accionante señaló que existen medios de prueba que demuestran la participación del imputado, no describió que actuados específicos fueron omitidos, observando en cambio que la autoridad accionada realizó una adecuada valoración de los elementos de prueba, explicando las razones por las cuales ratificó el sobreseimiento.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Resolución de Sobreseimiento de 5 de septiembre de 2022, por el cual la Fiscal de Materia, Naira Samantha Lujan Marañon, determinó prescindir de la persecución penal iniciada contra Nelson Tarqui Marca, por el delito de violación, en razón a que los elementos de prueba resultan insuficientes para fundar una acusación (fs. 473 a 484).
II.2. Cursa Memorial de 12 de septiembre de 2022, por el cual la ahora accionante impugnó la resolución de sobreseimiento solicitando se revoque tal determinación (fs. 464 a 466). II.3. Mediante Resolución Jerárquica F.D.C./N.G.G.R. – I.S. 1145/2022 de 1 de febrero, la autoridad ahora accionada ratificó la resolución de sobreseimiento de 5 de septiembre de 2022 (fs. 394 a 402).
La accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba, y a una vida libre de violencia sexual; toda vez que, dentro del proceso penal seguido contra Nelson Tarqui Marca, por la presunta comisión del delito de violación del cual se constituye en víctima, se emitió la Resolución Jerárquica F.D.C./N.G.G.R. – I.S. 1145/2022 que determinó ratificar la resolución de sobreseimiento de 5 de septiembre de 2022, incurriendo en los siguientes hechos lesivos: a) Incurrió en indebida fundamentación y motivación pues únicamente transcribió los argumentos de sobreseimiento aduciendo que existió contradicción entre su declaración y la de “Belisario Ramírez” sobre actos posteriores al hecho criminoso, sin embargo tal contradicción era imposible, puesto que en su declaración no se pronunció sobre lo que pasó después del hecho; b) Omitió valorar la inspección del lugar de los hechos, el muestrario fotográfico, declaraciones de los presentes el día de los hechos, el informe psicológico y la declaración de su hija que también fue víctima de abuso sexual por parte del imputado; y, en cambio se limitó a señalar que no existe una pericia psicológica ni constancia que “Gisela Quispe” prestó su declaración, pretendiendo atribuirle la responsabilidad de colectar los elementos de prueba, aun cuando no es su responsabilidad la demora en la realización de actuados y sin considerar que tal argumento no puede constituirse en causal para ratificar el sobreseimiento; y, c) Incurrió en incongruencia pues en su memorial de impugnación observó que debió considerarse su situación con perspectiva de género y bajo el enfoque de interseccionalidad, en cumplimiento al art. 15 de la CPE, que garantiza el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia sexual; sin embargo, no se pronunció al respecto y tampoco consideró tales parámetros de juzgamiento; de igual manera, señaló en su impugnación que su declaración informativa no fue desvirtuada y a contrario, fue refrendada por el informe psicológico preliminar, el acta de registro de lugar de los hechos y las declaraciones de los testigos que estuvieron el día de los hechos, aspectos que no fueron considerados por la Fiscal de Materia y que tampoco merecieron pronunciamiento al respecto. En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, para ello, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Fundamentación y motivación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público; 2) El principio de congruencia en las resoluciones jerárquicas emitidas por el Ministerio Público; 3) La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; 4) Deber del Estado adoptado en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará); 5) Sobre la obligación de juzgar con perspectiva de género; y, del enfoque interseccional, su alcance de consideración y aplicación práctica; 6) Las inconsistencias o contradicciones en la declaración de una víctima de delitos de violencia sexual, no pueden ser consideradas como mentiras, al constituirse ésta en prueba fundamental de los hechos, conforme la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); y, 7) Análisis del caso concreto.
El deber de fundamentar y motivar las resoluciones, sean judiciales o administrativas, por parte de las autoridades que las emiten en sus respectivos ámbitos, también alcanza a los representantes del Ministerio Público, en sus diferentes jerarquías. En este sentido se pronunció la jurisdicción constitucional al establecer en la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, que: “…toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver. Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión; y de incurrirse en esta omisión al disponer sobreseimiento a favor de la parte imputada, la víctima podrá impugnar el requerimiento ante el superior jerárquico, y si éste igualmente incurre en la misma omisión, quedará abierta la jurisdicción constitucional para que acuda a la misma en busca de protección a sus derechos a la seguridad jurídica y de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, cuyo alcance no abarca, como se dijo, a que la parte acusadora pretenda que este Tribunal obligue a un Fiscal a presentar obligatoriamente la acusación si no únicamente a que dicha autoridad emita su requerimiento conclusivo debidamente fundamentado como lo exigen las normas previstas por los arts. 45 inc. 7) de la LOMP, 73 y 323.3 del CPP”. (Jurisprudencia reiterada entre otras, en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1198/2015-S3; 0005/2018-S3; 0010/2018-S4). Complementando el presente razonamiento, la SCP 0641/2018-S2 de 15 de octubre de 2018 estableció que: “Consecuentemente, cuando el Ministerio Público tome una determinación que resuelva la situación jurídica del ciudadano al que se le atribuye la comisión de un delito, pudiendo ser: i) Rechazo de una querella; ii) Imputación formal; y, iii) Sobreseimiento; son supuestos, en los cuales debe tener en cuenta todos los elementos probatorios presentados por las partes; es decir, de cada medio probatorio, sea éste, testifical, documental, pericial, entre otros; valorando la información que extrae de cada uno de ellos de manera individual, y en conjunto de forma integral, cuya apreciación debe estar acorde con las reglas de la sana crítica; es decir, no debe contradecir las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o los conocimientos científicos, que necesariamente deben estar plasmados en la resolución a través de una debida motivación y fundamentación, conforme lo exige el art. 40.11 de la LOMP, en el marco del principio de objetividad contenido en el art. 225.II de la CPE, de lo dispuesto en el art. 5.3 de la referida LOMP y del art. 72 del CPP. Este estándar, debe ser necesariamente observado en cualquiera de las formas de decisión de fondo, que asuma el Ministerio Público, pues la motivación y fundamentación que se realice, debe satisfacer tanto al querellante como al querellado; y por lo mismo, tiene que ser exigido por el fiscal departamental cuando revisa una objeción a las resoluciones de los fiscales de materia”. Como se extrae de la jurisprudencia constitucional citada precedentemente, el deber de motivación y fundamentación de las resoluciones alcanza no solo a las autoridades judiciales y administrativas, sino también a los fiscales que están obligados a fundamentar sus decisiones, de conformidad con lo que dispone el art. 73 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que establece: “Los fiscales formularán sus requerimientos y resoluciones de manera fundamentada y específica. Procederán oralmente en las audiencias y en el juicio y, por escrito, en los demás casos”; lo que implica la obligación que le asiste también al Ministerio Público, de emitir sus resoluciones debidamente fundamentadas y congruentes en las que se analicen y contrasten como valoren los elementos probatorios aportados por las partes en el proceso investigativo, establece a la vez con carácter general la “obligatoriedad” de esta motivación, respecto a los Fiscales de Materia, como al ser objetadas al Fiscal Departamental, autoridades o instancias que deben cumplir de esta manera, con las reglas del debido proceso.
La SCP 1083/2014 de 10 de junio, respecto a las vertientes interna y externa del principio de congruencia, entendió que: “…desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución (…) existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” .
Al respecto las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0857/2023-S2 de 25 de agosto y 0014/2018-S2 de 28 de febrero, señalaron que: “El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la revisión de la valoración de la prueba, tiene como antecedes a las SSCC 0129/2004-R de 28 de enero y 0873/2004-R de 8 de junio, en las cuales se establece que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, abrió la posibilidad que la justicia constitucional pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad, cuando la autoridad hubiere omitido la valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; ambos supuestos fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R de 2 de octubre. Posteriormente, la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, sostiene que también era posible revisar la valoración de la prueba cuando la decisión de la autoridad se basó en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento. En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: 1) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:
…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente.
En este entendido y de la precedente contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, debe considerarse que una de las principales funciones de la justicia constitucional es la tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales; en consecuencia, debe ser una premisa en esta su labor el garantizar un real acceso a la justicia constitucional. A partir de lo señalado, esta Sala concluye que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: i) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; ii) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: ii.a) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii.b) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, ii.c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; iii) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, iv) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales” (las negrillas corresponden al texto original).
En la SCP 0208/2024-S3 de 24 de mayo, en su Fundamento Jurídico III.2, reiterando el entendimiento asumido en la SCP 0932/2023-S4 de 2 de octubre, establece: “Respecto a la prevención, asistencia, protección, sanción y erradicación de violencia contra la mujer, entre otros instrumentos internacionales, el Estado boliviano mediante la Ley 1599 de 18 de agosto de 1994, aprobó y ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ‘Convención de Belém Dó Pará’ adoptada el 9 de junio de igual año, en Belém Dó Pará, Brasil, en el Vigésimo Cuarto Período Ordinarios de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA)…
Así también, el mismo Convenio, estableció en su art. 7, como deberes de los Estados: Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: a. Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; b. Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra mujer”. El Estado boliviano al ratificar la Convención de Belém do Pará, mediante Ley 1599 de 18 de agosto de 1994; por ende, asume la norma de la debida diligencia, que se configura como una obligación del Estado para actuar de manera diligente para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; y, en ese sentido, además incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza. Sobre esta temática en particular, la SCP 0293/2024-S3 de 7 de junio, señaló: “En ese sentido, todo caso que involucre violencia de género, debe tener una especial atención por parte del Estado, tal y como estableció la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, textual: (…) las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como una vida libre de violencia”.
En relación a la obligación de juzgar con perspectiva de género, la SCP 0513/2021-S3 de 18 de agosto, estableció: “En función a todo ello, y por importancia que reviste esta temática, existe un Protocolo para Juzgar con perspectiva de género, para su aplicación en el sistema judicial boliviano, en el que se sistematizan los estándares aplicables sobre el tema con la finalidad de guiar a las y los impartidores de justicia en la implementación de un enfoque interseccional con especial énfasis en las discriminaciones y/o situaciones de vulnerabilidad por cuestión de género; así se tiene la obligación de las y los operadores de justicia de juzgar con perspectiva de género puede resumirse en su deber de impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que debieran asumir; por lo que, con este reconocimiento, quienes realicen la junción de juzgar, podrán identificar las discriminaciones que puedan sufrir las mujeres, ya sea directa o indirectamente, con motivo de la aplicación del marco normativo e institucional boliviano…”(negrillas añadidas). Respecto al enfoque interseccional, la SCP 0207/2024-S3 de 24 de mayo, señaló: “…la SCP 0751/2022-S3 de 4 de julio, señaló que: ‘La jurisprudencia constitucional ha desarrollado entendimientos sobre el uso de mecanismos y herramientas que deben ser aplicados a momento de conocer situaciones que involucren grupos vulnerables dentro de todo proceso judicial, administrativo, constitucional, siendo una de esas herramientas el enfoque interseccional, entendido por la SCP 0587/2020-S3 de 24 de septiembre, en el siguiente alcance y dimensión: «…ese enfoque interseccional comprende un análisis jurídico de las categorías de vulnerabilidad utilizadas como herramientas para identificar situaciones específicas (…) y los requerimientos de protección reforzada que deben otorgarse a la misma, observando la complejidad y diversidad de la fuentes que generan cada categoría…».
Nótese en consecuencia, que la aplicación del enfoque interseccional no constituye un criterio aislado, ni una actuación individual, sino que converge en un trabajo institucional orgánico y conjunto de identificación de criterios de vulnerabilidad de las partes procesales dentro de un determinado proceso, con especial énfasis en una investigación y/o proceso penal, ya que puede además involucrar no solo a dichas partes, sino también a terceros con afectación directa de sus derechos, siendo dicha herramienta la que contribuye a identificar esas posibles situaciones y las medidas y acciones a asumirse al respecto por las autoridades que conocen esos casos, así se entiende del citado fallo constitucional que establece el alcance y dimensión de esta herramienta y la eficacia práctica de su aplicación cuando señala: «…estos criterios de interpretación pueden variar de acuerdo a la identidad, los intereses, las desventajas, la composición o jerarquías internas de este grupo vulnerable, siendo necesario abordar los mismos bajo una perspectiva reflexiva visualizando la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos que se hallan comprometidos, siendo que el primero comprende que la satisfacción de un derecho o un grupo de derechos depende de la garantía y materialización de otro derecho; en tanto que, la indivisibilidad implica una perspectiva holística de los derechos humanos, como un todo; por lo que, la transgresión de uno impacta negativamente en otros; (…) criterios interpretativos que deben ser considerados por las autoridades jurisdiccional al momento de pronunciarse sobre un determinado motivo»’’”(las negrillas fueron añadidas).
de Derechos Humanos.
De igual forma, respecto a este punto, la indicada SCP 0268/2020-S1 de 5 de agosto, desarrolló lo siguiente: “El art. 119.I de la CPE, señala que: Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por la indígena originaria campesina. Así mismo la Constitución Política del Estado en su art. 120.I establece que:
Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial. De igual manera, respecto al derecho que tiene la víctima de intervenir en un proceso penal, el art. 121.II de la Norma Suprema, refiere que: La víctima en un proceso penal podrá intervenir de acuerdo a ley, y tendrá derecho a ser oída antes de cada decisión judicial… En ese marco constitucional, incumbe precisar que dentro el derecho penal como aplicación de última ratio, en la cual interviene todo el ius puniendi estatal a través del Ministerio Público para la sanción del ilícito penal, convergen intereses contrapuestos; es decir, por un lado la víctima, denunciante o querellante, incluido el Ministerio Público en delitos de orden público; y por otro lado, está el supuesto autor del delito, que por su condición de inculpado, todo el proceso penal en su contra debe estar rodeado de los principios y garantías constitucionales que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos frente a ese ius puniendi del Estado; empero, no se debe perder de vista los derechos de las víctimas que tienen igualdad en la participación penal, y con mucha mayor razón al tratarse de víctimas de violencia sexual; consecuentemente, su participación cobra mayor relevancia para la justicia ordinaria, instancia en la cual tiene la posibilidad de ser oída antes de una decisión por ejemplo, o de prestar su declaración informativa a efectos de su compulsa como medio probatorio dentro el proceso penal. Ahora bien, respecto a los delitos de violencia cometidos en contra de las mujeres, dentro de un proceso penal, se debe tomar presente que, para la presentación de las pruebas a producirse por parte de la víctima, debe tomarse en cuenta aspectos fundamentales descritos en la norma especializada al respecto, a lo cual los arts. 92 y 93 de la Ley 348 de 9 de marzo de 2013 (Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia), establece que: ARTÍCULO 92. (PRUEBA). Se admitirán como medios de prueba todos los elementos de convicción obtenidos, que puedan conducir al conocimiento de los hechos denunciados. La prueba será apreciada por la jueza o el juez, exponiendo los razonamientos en que se funda su valoración jurídica. ARTÍCULO 93. (MEDIOS ALTERNATIVOS).
Para la presentación de la prueba, la mujer en situación de violencia podrá decidir si se acoge al procedimiento regular o a los medios optativos siguientes:
1. Prestar declaración o presentar pruebas por medios alternativos, sin que comparezca al juzgado. 2. Aportar pruebas en instancias judiciales sin verse obligada a encontrarse con el agresor. En ese marco; tratándose de delitos de violencia sexual, en las que la víctima opte por realizar la declaración, esta debe ser valorada por los operadores de justicia -tribunales, jueces y fiscales- como una prueba fundamental de los hechos denunciados, declaración que debe ser tomada como cierta, pese a que en el fondo de dichas alegaciones puedan existir contradicciones o inconsistencias internas, las que no deben ser tasadas como si el hecho no hubiere existido o que la víctima hubiese mentido en la misma. Así fue entendido en la jurisprudencia emitida por la Corte IDH, así tenemos el Caso Fernández Ortega y Otros Vs. México al indicar: En primer lugar, a la Corte le resulta evidente que la violación sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Entendimiento, reiterado por dicha Corte, en el Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú en la Sentencia de 20 de noviembre de 2014, la que determinó que las imprecisiones en la declaración de la víctima no significan que sean falsas o que los hechos carezcan de veracidad, al señalar que: 150.… al analizar dichas declaraciones se debe tomar en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar, por el estigma que dicha denuncia conlleva usualmente. La Corte, igualmente, ha tenido en cuenta que las declaraciones brindadas por las víctimas de violencia sexual se refieren a un momento traumático de ellas, cuyo impacto puede derivar en determinadas imprecisiones al recordarlos. Por ello, la Corte ha advertido que las imprecisiones en declaraciones relacionadas a violencia sexual o la mención de algunos de los hechos alegados solamente en algunas de éstas no significa que sean falsas o que los hechos relatados carezcan de veracidad. En ese sentido, en el referido Caso Fernández Ortega y Otros Vs. México, sobre estas imprecisiones en la declaración de la víctima, indicó que: …la Corte considera que no es inusual que el recuento de hechos de esta naturaleza contenga algunos aspectos que puedan ser considerados, a priori, imprecisiones en el relato. No es la primera vez que un tribunal internacional de derechos humanos debe observar eventuales divergencias en los relatos de personas que se refieren a violaciones sexuales de las cuales habrían sido víctimas. Determinaciones asumidas por este este Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio en su Fundamento Jurídico III.3, al establecer que: Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar que dentro de un proceso penal de este tipo, se presenten pruebas gráficas o documentales, y por ello, la declaración de la víctima se constituye en una prueba fundamental sobre los hechos. Concluyendo que en delitos de violencia sexual no es un requisito sine quanon que la víctima presente pruebas documentales, para demostrar los hechos, siendo su declaración la prueba fundamental sobre la existencia del delito, la que debe ser valorada conforme a la naturaleza del hecho. En ese entendido, adelantándose a los posibles actos de contradicciones o inconsistencias en las que pudiese incurrir la víctima de violencia sexual en su declaración, a causa del trauma causado por dicho vejamen, la referida SCP 0353/2018-S2 en el antedicho Fundamento Jurídico III.3, prescribió que. Las contradicciones de la persona víctima de violencia sexual, no pueden reducirse a la conclusión que la víctima hubiere mentido, sino, que deben ser valoradas conforme a la naturaleza del hecho. Por lo que se concluye, que en los procesos penales en las que la víctima de violencia sexual opte por brindar su declaración sobre la existencia de hechos de dicha naturaleza, las autoridades llamadas por ley, deben valorar la referida declaración como prueba fundamental de la comisión del delito, sin que por evidenciar inconsistencias o contradicciones en sus alegaciones, deban juzgárselas a priori como si fueran falsas o que la declaración carece de veracidad y desestimar la denuncia; ya que, al realizar dicho acto por parte de los administradores de justicia, se ingresa en una ineficacia judicial frente a casos de violencia contra las mujeres, propiciando un ambiente de impunidad que promueve la repetición de dichos hechos, enviando un mensaje a la sociedad que la violencia contra las mujeres puede ser tolerada o aceptada, constituyéndose en un acto de discriminación de la mujer en el acceso a la justicia, determinaciones descritas por la Corte IDH en el Caso Veliz Franco y Otros Vs. Guatemala, al indicar que: La Corte reitera que la ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres, así como una persistente desconfianza de estas en el sistema de administración de justicia. Dicha ineficacia o indiferencia constituye en sí misma una discriminación [de la mujer] en el acceso a la justicia. Por ello, cuando existan indicios o sospechas concretas de violencia de género, la falta de investigación por parte de las autoridades de los posibles móviles discriminatorios que tuvo un acto de violencia contra la mujer, puede constituir en sí misma una forma de discriminación basada en el género” (las negrillas son nuestras).
La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba y a una vida libre de violencia sexual; toda vez que, dentro del proceso penal seguido contra Nelson Tarqui Marca, por la presunta comisión del delito de violación del cual se constituye en víctima, se emitió la Resolución Jerárquica F.D.C./N.G.G.R. – I.S. 1145/2022 de 1 de febrero de 2023 que determinó ratificar la resolución de sobreseimiento de 5 de septiembre de 2022, incurriendo en los siguientes hechos lesivos: i) Incurrió en indebida fundamentación y motivación pues únicamente transcribió los argumentos de sobreseimiento argumentando que existió contradicción entre su declaración y la de “Belisario Ramírez” sobre actos posteriores al hecho criminoso, sin embargo tal contradicción era imposible, puesto que en su declaración no se pronunció sobre lo que pasó después del hecho; ii) Omitió valorar la inspección del lugar de los hechos, el muestrario fotográfico, declaraciones de los presentes el día de los hechos, el informe psicológico y la declaración de su hija que también fue víctima de abuso sexual por parte del imputado; y, en cambio se limitó a señalar que no existe una pericia psicológica ni constancia que “Gisela Quispe” prestó su declaración, pretendiendo atribuirle la responsabilidad de colectar los elementos de prueba, aun cuando no es su responsabilidad la demora en la realización de actuados y sin considerar que tal argumento no puede constituirse en causal para ratificar el sobreseimiento; y, iii) Incurrió en incongruencia pues en su memorial de impugnación observó que debió considerarse su situación con perspectiva de género y bajo el enfoque de interseccionalidad, en cumplimiento al art. 15 de la CPE, que garantiza el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia sexual; sin embargo, no se pronunció al respecto y tampoco consideró tales parámetros de juzgamiento; de igual manera, señaló en su impugnación que su declaración informativa no fue desvirtuada y a contrario, fue refrendada por el informe psicológico preliminar, el acta de registro de lugar de los hechos y las declaraciones de los testigos que estuvieron el día de los hechos, aspectos que no fueron considerados por la Fiscal de Materia y que tampoco merecieron pronunciamiento al respecto. Revisados los antecedentes arrimados al expediente de esta acción de defensa, se tiene que por Resolución de Sobreseimiento de 5 de septiembre de 2022, la Fiscal de Materia Naira Samantha Lujan Marañon, determinó prescindir de la persecución penal iniciada contra Nelson Tarqui Marca, por el delito de violación, argumentando que los elementos de prueba resultan insuficientes para fundar una acusación (Conclusión II.1) impugnada tal determinación a través de memorial de 12 de septiembre de 2022 (Conclusión II.2) la autoridad accionada emitió la Resolución Jerárquica F.D.C./N.G.G.R. – I.S. 1145/2022 por la cual dispuso ratificar la mencionada resolución de sobreseimiento (Conclusión II.3). A partir de lo descrito, corresponde evidenciar si la Resolución ahora cuestionada se constituye en lesiva a los derechos de la accionante, por lo que de la revisión de la misma, se observa que se emitió en razón de los siguientes argumentos: a) En su análisis del caso concreto, identificó y describió veintisiete elementos colectados en la investigación sin manifestar criterio valorativo al respecto; b) Agregó que, la resolución de sobreseimiento identificó la insuficiencia de los elementos probatorios para emisión de una acusación, puesto que el relato vertido por “Belisario Ramírez” resultaría ser contradictorio con el relato que brindó la denunciante, respecto a las circunstancias posteriores al hecho, puesto que ella señaló que al levantarse hizo calentar la comida y su esposo seguía descansando y que solo Juan y Nelson tomaron un par de cervezas después y se fueron; empero, “Belisario” señaló que también se despertó y compartió cervezas con los mencionados y que ese mismo día su hija les contó que su tío Nelson le realizó toques, aspecto que generaron duda sobre los hechos vertidos por la denunciante; c) La hija de la denunciante refirió que esa madrugada sus tíos compartieron en su casa y se quedaron en su cuarto, su tío Nelson le tocó su trasero, y le contó a su mamá lo que este hizo, después comieron y su tío no quiso acercarse, solo dijo que quería irse rápido, momento en el que su mamá se animó a contar lo que le pasó a ella; aclarando que respecto a la hija de la denunciante se inició el proceso respectivo que concluyó con la emisión de una sentencia condenatoria; d) De los antecedentes del informe psicológico realizado por Carmen Ponce, se fundamentó la imputación formal; sin embargo, este actuado se constituye en preliminar por lo que se dispuso la realización de una pericia psicológica en noviembre de 2021, mismo que hasta la fecha no cursa en antecedentes, aun cuando ya transcurrió el tiempo necesario para su realización; sin embargo, al no contarse con este elemento no resulta plausible sostener una acusación máxime si en las declaraciones testificales existen contradicciones; e) Se advierte que Gisela Quispe, cuñada de la denunciante también fue víctima de hechos de contenido sexual por parte del denunciado; empero, no se tiene constancia de una denuncia presentada por la misma, además que no prestó testimonio en el presente caso, aspecto que advierte la ausencia de suficientes elementos que permitan acreditar la denuncia incoada; y, f) A partir de lo descrito, únicamente se cuenta con un elemento sustancial y de la revisión del cuaderno de investigación no se advierte prueba contundente que demuestre la participación del imputado respecto al delito que se le atribuye, además de la ausencia de elementos probatorips que tengan relación con la realidad no permite dar por corroborada la coherencia externa de la declaración de la víctima, por lo que no se puede fundamentar una acusación y superar el estado de inocencia en el que se encuentra el imputado. Ahora bien, en consideración de los hechos lesivos descritos por la accionante, corresponde analizar si la resolución ahora cuestionada evidentemente lesionó algún derecho o garantía constitucional, por lo que se tiene que: Respecto a la fundamentación, motivación y valoración de la prueba Es pertinente establecer que el sobreseimiento surge de lo regulado por el art. 323 inc. 3) del CPP, como un acto conclusivo de la etapa preparatoria que se emite de manera fundamentada cuando “resulte evidente que el hecho no existió, que no constituye delito o que el imputado no participó en él, y cuando estime que los elementos de prueba son insuficientes para fundamentar la acusación” a partir de ello, se constituye en responsabilidad del Fiscal de Materia identificar cuál de estas causales se cumplen en el análisis del caso concreto y solo si esta se puede fundamentar de manera objetiva corresponderá la emisión del sobreseimiento; ello, en razón y cumplimiento del principio de legalidad, pues el sobreseimiento únicamente puede fundamentarse en las causales establecidas y por ende no es posible considerar su procedencia cuando se aparta del marco legal. Ahora bien, cuando se impugna el sobreseimiento, se apertura la competencia del Fiscal Departamental quien en revisión debe verificar si la causal elegida, se fundamentó de manera adecuada, no siendo posible ratificar un sobreseimiento que se apartó del marco legal regulado por el art. 323 inc. 3) del CPP. En el caso concreto, se observa que la resolución de sobreseimiento se emitió bajo la causal referente a: “los elementos de prueba son insuficientes para fundamentar una acusación”; en consecuencia, la función de la Fiscal Departamental ahora accionada, consistía en verificar esta insuficiencia; sin embargo, tal función no fue cumplida, pues la resolución ahora cuestionada, describió que durante la fase investigativa se acumularon veintisiete elementos de prueba; sin embargo, omitió otorgar valor a los mismos a efectos que se pueda comprender adecuadamente el porqué de su insuficiencia para fundamentar una acusación; aspecto que demuestra una incorrecta fundamentación y motivación de la resolución pues se apartó del marco legal que fundó el sobreseimiento; es decir, no consideró que su deber como Fiscal Departamental, era verificar si es evidente la insuficiencia de elementos de prueba para fundamentar una acusación. La resolución en cambio, se limitó a referir la existencia de una contradicción entre la declaración de la víctima con la de “Belisario Ramírez” sobre los hechos posteriores al acto imputable, constituyéndose esta en una valoración totalmente irrazonable, pues no justifica de ninguna manera la inexistencia del ilícito; además que, conforme lo desarrollado por el Fundamento Jurídico III.6 del presente fallo constitucional, en los procesos penales en los que la víctima de violencia sexual opte por brindar su declaración sobre la existencia de hechos de dicha naturaleza, las autoridades llamadas por ley, deben valorar la referida declaración como prueba fundamental de la comisión del delito, sin que por evidenciar inconsistencias o contradicciones en sus alegaciones, deban juzgárselas a priori como si fueran falsas o que la declaración carece de veracidad y desestimar la denuncia; ya que, al realizar dicho acto por parte de los administradores de justicia, se ingresa en una ineficacia judicial frente a casos de violencia contra las mujeres, propiciando un ambiente de impunidad que promueve la repetición de dichos hechos, enviando un mensaje a la sociedad que la violencia contra las mujeres puede ser tolerada o aceptada, constituyéndose en un acto de discriminación de la mujer en el acceso a la justicia; por lo que la Fiscal Departamental ahora accionada, no podía cotejar la declaración de la víctima con la de un testigo, para definir finalmente el sobreseimiento del proceso, más en razón a que lo vertido por el testigo aborda lo suscitado después del hecho criminoso y que de ninguna manera genera certeza que el hecho no existió, identificando en consecuencia una valoración irrazonable en el cotejo de estas declaraciones. Además de ello, se observa que la resolución ahora cuestionada pese a identificar la existencia de otra víctima de agresión sexual, de manera irrazonable resta valor a la declaración de la hija de la denunciante bajo el argumento que en su caso ya se consiguió una sentencia condenatoria, sin considerar que la misma manifestó haber escuchado a su madre referir que fue agredida por el imputado el mismo día que ella también fue agredida, demostrando nuevamente una irrazonable valoración de este elemento de prueba. Posteriormente, la resolución señala que, durante la investigación no se remitió la pericia psicológica pese a que venció el plazo que el IDIF tenía para remitir el mismo y que por ello, no se puede “sostener” una acusación, más tomando en cuenta que existirían contradicciones en las declaraciones de los testigos; al respecto, se establece que no se puede fundamentar una insuficiencia de elementos cuando la responsabilidad de su obtención y conminatoria le correspondía al Ministerio Público; es decir, erróneamente la ahora accionada busca la manera de justificar el sobreseimiento alegando que no se cumplió con la remisión de la pericia, cuando la responsabilidad de garantizar la remisión de tal actuado le correspondía a esa instancia; lo que demuestra en cambio el incumplimiento de sus funciones específicas como responsables de la investigación penal; más en consideración que se trata de una víctima de agresión sexual y conforme lo desarrollado por el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se constituye en responsabilidad de toda autoridad, el actuar con la debida diligencia, que se configura como una obligación del Estado de actuar de manera diligente para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, en consideración a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra; aspecto que no fue en ningún momento considerado por la autoridad accionada quien en cambio ratificó el actuar negligente del Fiscal de Materia justificando el sobreseimiento en su actuar pasivo. Situación semejante respecto a la declaración de “Gisela Quispe” de quien se argumentó también fue víctima de agresión sexual de parte del imputado; sin embargo, la Resolución ahora cuestionada no toma importancia alguna a este elemento, manifestando que la misma no habría presentado su denuncia ni habría dado testimonio sobre los hechos investigados aun cuando como se señaló es su responsabilidad realizar los actos investigativos pertinentes para llegar a la verdad de los hechos; por ende, debió ordenarse se tome la declaración de la misma, sin embargo al no actuar de esa manera, que se demuestra un actuar pasivo durante la investigación que no fue considerada por la autoridad ahora accionada. A partir de lo descrito, se puede establecer que la resolución ahora cuestionada carece de una adecuada fundamentación y motivación, además que incurrió en valoración irrazonable y omisiva de la prueba, apartándose de los criterios de juzgamiento con perspectiva de género y enfoque interseccional, correspondiendo en consecuencia sobre el punto, conceder la tutela solicitada. Respecto al principio de congruencia Al respecto, se observa que la accionante, en su memorial 12 de septiembre de 2022 por el cual impugnó el sobreseimiento, evidentemente manifestó como agravio la falta de fundamentación con perspectiva de género y el respeto al derecho de las mujeres a no sufrir violencia física, sexual o psicológica y además señaló una falta de valoración íntegra de los elementos de prueba. En cuanto a la revisión de la Resolución ahora cuestionada, se observa que evidentemente no se otorgó respuesta a estos agravios, pues en la misma no se consideró la falta de juzgamiento con perspectiva de género en consideración de la situación de vulnerabilidad de la víctima; y, además existió una omisión de valoración de los elementos de prueba descritos en la misma resolución ahora cuestionada; entonces, pese a que fueron agravios específicos descritos por la accionante al momento de impugnar el sobreseimiento, no se otorgó la respuesta correspondiente, demostrando así el incumplimiento del principio de congruencia desarrollado por el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional que exige la plena correspondencia entre lo pedido y lo resuelto. A partir de lo descrito es que respecto al presente punto corresponde también conceder la tutela impetrada. Por los fundamentos expuestos, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, actuó de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 044/2023 de 3 de abril, cursante de fs. 510 a 516, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo la nulidad de la Resolución Jerárquica F.D.C./N.G.G.R. – I.S. 1145/2022 de 1 de febrero de 2023, ordenando que la autoridad accionada, en el plazo de setenta y dos horas desde su legal notificación con el presente fallo constitucional, emita una nueva resolución, de conformidad a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Isidora Jiménez Castro René Yván Espada Navía MAGISTRADA MAGISTRADO
1 Corte IDH, Caso Fernández Ortega y Otros Vs. México, Sentencia de 30 de agosto de 2010 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas). Parr. 100.
2 Parr. 150. En lo que respecta casos de alegada violencia sexual, la Corte ha señalado que las agresiones sexuales se caracterizan, en general, por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de estas formas de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho.
3 Corte IDH, Caso Veliz Franco y Otros Vs. Guatemala, Sentencia de 19 de mayo de 2014 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Parr. 208.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0522_2025-S4.pdf · páginas 1 a 22.
Huella digital del PDF (SHA-256): 833b1d57b770507663514c5f561c6d7d6cb1f38b2915608dbcc471725eea718e
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