B.IA.LEGAL

SCP 0522/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 22 de junio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
22 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
46482-2022-93-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes a través de su representante sin mandato, denunciaron la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; en virtud a que: 1) Habiendo solicitado la cesación a la detención preventiva conforme al art. 239.2 del CPP, adjuntando al efecto prueba como ser Certificado de permanencia y conducta y la SCP 0491/3031-S4; la Jueza codemandada, por Auto Interlocutorio 48/2022 determinó mantener la detención preventiva, sin ampliar el plazo de la misma; así también, refirió que no se desvirtuaron los riesgos procesales para hacer viable la cesación invocada; y, 2) Resolviendo el recurso de apelación interpuesto en contra del Auto Interlocutorio 48/2022, el Vocal demandado, con falta de fundamentación, motivación y congruencia, mediante Auto de Vista 110/2022, determinó confirmar el fallo apelado, sin respetar los alcance de la SCP 0491/2021-S4, limitándose a señalar que no se trataría de los mismos delitos que el presente caso, y exigiendo mayores requisitos no establecidos por el art. 239.2 de la ley adjetiva penal; encontrándose de esta manera, indebidamente procesados. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2022 de 15 de marzo, cursante de fs. 58 a 62 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Primero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad.
  2. III.2. La fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales en las que se analice la situación jurídica del imputado.
  3. III.3. Respecto a la protección reforzada de las víctimas de violencia en razón de género, la debida diligencia y la obligación de las autoridades judiciales de juzgar con perspectiva de género
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0522/2023-S4 Sucre, 22 de junio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 46482-2022-93-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 06/2022 de 15 de marzo, cursante de fs. 58 a 62 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Miguel Ángel Richar Mérida Fernández en representación sin mandato de Josue Marco Jiménez Martínez e Issaí Marcelo Martínez Colque contra Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Miriam Laura Tarqui Flores, Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda de El Alto del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 14 de marzo de 2022, cursante de fs. 1; y, 24 a 28 vta., los accionantes a través de su representante sin mandato, manifestaron los siguientes argumentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en contra de sus personas por una supuesta complicidad en el delito de feminicidio, el 8 de julio de 2021, mediante Auto Interlocutorio 438/2021, se dispuso sus detenciones preventivas por el lapso de cuatro meses; posteriormente, por Auto Interlocutorio 653/2021 de 5 de noviembre, se prolongó la privación de libertad por dos meses, y por último, mediante Auto Interlocutorio 11/2022 de 11 de enero, se amplió el plazo de la detención por un mes; por lo que, vencido el término el 11 de febrero de 2022, solicitaron la cesación de la detención preventiva conforme al art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), adjuntando al efecto prueba como ser el Certificado de permanencia y conducta y la SCP 0491/3031-S4 de 2 de septiembre, donde se establece que la única condición o posibilidad de no acceder a la cesación a la detención preventiva es que el Fiscal de Materia no haya solicitado la ampliación de la detención preventiva; es decir, que exista una resolución fundada judicial de ampliación de detención preventiva, extremo que no ocurrió. Ante dicha solicitud, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda de EL Alto del departamento de La Paz –ahora codemandada–, emitió el Auto Interlocutorio 48/2022 de 15 de febrero; por la que, se consideró la situación jurídica y la cesación a la detención preventiva; así como, determinó mantener la detención preventiva de los imputados en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; empero, si bien se decidió mantener la detención preventiva, pero el plazo de la misma no fue ampliado; asimismo, al momento de resolver la solicitud conforme al art. 239.2 del CPP, refirió que no se desvirtuaron los riesgos procesales para que se haga viable la cesación a la detención preventiva invocada al amparo de la señalada norma. Habiendo sido objeto de recurso de apelación el mencionado fallo, el mismo fue resuelto por Auto de Vista 110/2022 de 21 de febrero, por el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz –hoy demandado–, donde en su “punto tercero” hizo referencia al art. 32.IV del Reglamento 12/2019 que establece que “‘…en audiencia de reconsideración de la situación jurídica procesal…ʼ” (sic), y se entienda que se solicitó la cesación de la detención preventiva conforme al art. 239.2 de la norma procesal penal, “…Independientemente de que la juez decidió mantener la detención preventiva pero queda claro que no se amplio el plazo de la detención preventiva” (sic). Así también en el “4.1”, estableció que no es posible aplicar la SCP 0491/2021-S4, porque no existe identidad fáctica de los hechos; sin embargo, aquella afirmación es falsa ya que en “ambas situación” se sentó lineamiento constitucional sobre la procedencia o improcedencia del art. 239.2 del CPP, demostrando que sí se encuentran en identidad de hechos, pues la jurisprudencia constitucional no se aplican según el tipo penal y su coincidencia; sino que, se aplican según los hechos, que hacen que las sentencias constitucionales sean vinculantes y de aplicación preferente. Encontrándose indebidamente procesado, al no aplicarse la SCP 0491/2021-S4 y la exigencia de mayores requisitos no establecidos en el art. 239.2 del CPP, lesiona el debido proceso y los deja en indefensión procesal, pues la señalada normativa, el único requisito que establece para que se rechace dicha pretensión legal, es la ampliación del plazo procesal, extremo que en el presente caso no se advirtió; por lo que, ambas resoluciones resultan ser incongruentes entre sí y violatorias de derechos humanos.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Los accionantes a través de su representante sin mandato, señalaron como lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela impetrada, y se disponga la nulidad del Auto de Vista 110/2022 y se emita una nueva resolución respetando los alcances de la SCP 0491/2021-S4; y en consecuencia, se aplique el art. 231 Bis del CPP.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 15 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 55 a 58, presentes los accionantes asistidos por su abogado, la Jueza codemandada; y, ausente el Vocal demandado; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los impetrantes de tutela, por intermedio de su representante sin mandato, ratificaron los términos expuestos en el memorial de interposición de esta acción de defensa y ampliando la misma, refirieron que: a) El proceso penal donde son procesados por el delito de feminicido en grado de complicidad, actualmente se encuentra con acusación formal; b) La autoridad judicial hoy codemandada, conminó al Ministerio Público a concluir con los actos investigativos y emitir la resolución que corresponda en dos oportunidades, estando siete meses privado de libertad; y, c) Respecto a la falta vinculación de la SCP 0491/2021-S4 con el presente caso, porque no se trataría de los mismos delitos, dicha fundamentación efectuada por el Vocal demandado no es suficiente; d) Y en cuanto a que no se habrían presentado nuevos elementos que modifiquen la medida cautelar; dicha interpretación se encuentra al amparo del art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal ( CPP); existiendo por ello una falta de fundamentación o incongruencia interna en la resolución de alzada que provoca una indefensión procesal; e) Con el indebido procesamiento, la no aplicación de la SCP 0491/2021-S4 y la exigencia de mayores requisitos que no se encuentran contemplados en el art. 239.2 del CPP, tanto la autoridad judicial quo como el ad quem, vulneran el debido proceso; ya que, exigen más allá de lo que manda el art. 239.2 de la Ley adjetiva penal; y, f) No se pide la libertad de sus personas, sino se anule el Auto de Vista 110/2022, y se emita una nueva resolución que guarde la respectiva fundamentación y motivación, explicando por qué no se aplica el art. 239.2 del adjetivo penal; toda vez que, la misma no excluye delitos de feminicidio, delitos graves, siendo aplicable para todos los caso en común, y se respete los alcance de la SPC 0491/2021-S4; en consecuencia, se aplique el art. 231 Bis de la señalada norma procesal penal.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito presentado el 15 de marzo de 2022, cursante de fs. 51 a 54, refirió lo siguiente: 1) En apelación emitió el Auto de Vista 110/2022; por la que, dispuso confirmar el Auto Interlocutorio 48/2022, encontrándose el Auto de Vista, debidamente fundamentado y motivado con aspectos de hecho, derecho y jurisprudenciales; por lo tanto, no se vulneró el derecho al debido proceso con relación a la libertad, por ello lo señalado por el hoy accionante no se adecúa a derecho; cumpliendo el fallo con la estructura de fondo y forma y con el art. 124 del CPP, y por otro lado, no existe incongruencia; 2) El impetrante de tutela, no fundamentó algún aspecto de vulneración al debido proceso con relación a su derecho de locomoción y el señalado Auto de Vista, limitándose a realizar una descripción de los antecedentes y la transcripción de la SCP 0491/2021-S4, peor aún no fundamentó, por qué dicho fallo debe aplicarse en su caso, cuando el mismo no tiene una relación fáctica similar al presente caso; ya que en este caso trata de feminicidio y el hecho que dio lugar a la indicada Sentencia Constitucional Plurinacional se trata de hechos de corrupción y delitos electorales; es decir, no existe identidad fáctica de los hechos para su aplicación; 3) El accionante señaló que “extremo que en el caso de autos no se advierte, siendo ambas resoluciones incongruentes entre si...” (sic), de lo que se puede establecer que cuando el impetrante de tutela denuncia la incongruencia de una resolución jurisdiccional, también tiene la obligación de demostrar que clase de incongruencia adolece la resolución, si es interna o externa o si es una incongruencia mixta, pues no basta señalar de manera general; 4) El solicitante de tutela, tenía la obligación de establecer el nexo causal entre los actos que considera vulnerados y los derecho y/o garantías constitucional lesionados o que ilegalmente se encuentran perseguido o procesado; empero, no lo hizo; y, 5) El accionante, tenía la obligación de pedir complementación y enmienda del Auto de Vista 110/2022 al amparo del art. 125 del CPP, pero no lo hizo; por lo que, se encontraban plenamente de acuerdo con el Auto de Vista; puesto que, el mismo es claro, coherente; en consecuencia, al no haber agotado esa instancia rápita y oportuna, se vulneró la subsidiariedad que deben cumplir, pretendiendo a través de a presente acción constitucional subsanar su negligencia. Por lo expuesto, solicitó la denegatoria de la tutela impetrada. Miriam Laura Tarqui Flores, Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda de El Alto del departamento de La Paz, por informe escrito presentado en audiencia de esta acción de defensa, manifestó que: i) El expediente del proceso penal de referencia, ya no se encuentra en su juzgado; sino, en el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del señalado departamento; ii) No existe una ilegal detención preventiva de ambos procesados hoy accionantes; ya que, en audiencia de consideración de situación jurídica al igual que de cesación a la detención preventiva su autoridad efectuó un fundamento de cinco puntos importantes contemplando el enfoque de género, ya que conforme a los estándares jurisprudenciales más altos en los casos de feminicidio, se debe aplicar los principios de proporcionalidad y de equidad de género; toda vez que, si bien los ahora accionantes tienen la vertiente del principio de vulnerabilidad a las víctimas de violencia en razón de género, les asiste también esta clase de principio; iii) También el Estado actúa en protección reforzada integrada respecto a estos grupos; iv) Se fundamentó en relación a los arts. 239.2 del CPP y el 232 de la misma norma, señalando enfáticamente de que esta normativa hace efectúa una interpretación sistemática de “…que los delitos contra la vida no es procedente a la cesación a la detención preventiva…” (sic); v) Respecto a que dentro de la presente causa, siguen persistiendo los riesgos de fuga y de obstaculización, motivo el cual, de ninguna forma asegura su presencia ante el Ministerio Público de que no vulnerará los actos investigativos y que no influenciaran en el desarrollo del proceso; vi) En cuanto al plazo de detención preventiva, su autoridad consideró de que los hoy accionantes deben seguir guardando su detención preventiva a efectos de no influenciar en los actos ya colectados por el Ministerio Público; y, vii) Por lo expuesto, solicitó la denegatoria de la tutela impetrada; en mérito a que, no se fundamentó debidamente la presente acción tutelar, y no tiene sus alcances conforme al art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE), por cuanto la vida de los ahora accionantes no corren peligro, y tampoco están siendo ilegalmente perseguidos o indebidamente procesados o privados de libertad personal.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante Resolución 06/2022 de 15 de marzo, cursante de fs. 58 a 62 vta., denegó la tutela solicita, con base en los siguientes fundamentos: a) La Resolución 48/2022, no se habría ampliado el plazo para la detención preventiva, simplemente se ha dispuesto persistir con la detención preventiva; por lo que, si bien en la acción de libertad no se ha solicitó la nulidad del indicado fallo; empero, de manera oral los impetrantes de tutela pidieron se vuelva a emitir una nueva resolución la cual esté debidamente fundamentada, considerando el extremo de que no se habría ampliado dicho plazo por la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda El Alto del indicado departamento. Al respecto de acuerdo a los antecedentes procesales se demostró que se emitió una resolución debidamente fundamentada; toda vez que, al considerarse que se trata de un delito de feminicidio, la señalada Jueza tomó en cuenta la perspectiva de género, principios de equidad, proporcionalidad, la protección reforzada, considerando la protección del Estado que debe asumir mediante los Jueces y funcionarios públicos y privados, cuando se trata de delitos tan graves como lo es el delito de feminicidio, por ello dicha Resolución está debidamente fundamentada; empero, solo en la parte considerativa dispone mantener la detención preventiva sin haberse ampliado el plazo para la detención lo cual se entiende que ha sido solo una omisión involuntaria; por lo que, el Auto Interlocutorio 48/2022 al aplicarse los principios de proporcionalidad y equidad de género y principalmente al advertirse la obstaculización que pueden generar los acusados, el riesgo de fuga previstos en los arts. 234 y 235 del CPP, estableciéndose principalmente que se había determinado nuevos hechos, y se hubiera recolectado nuevas pruebas por parte del Ministerio Público, donde los acusados podrían influir en la recolección de los mismos, es que se dispuso mantener la detención preventiva, determinación que fue confirmada por el Auto de Vista 110/2022; b) En relación al Auto de Vista 110/2022 y los agravios invocados; este aspecto de que no se hubiera ampliado el plazo de la detención preventiva, no fue mencionado a efectos de ser dilucidado por el jerárquico siendo planteada en esta acción de libertad; c) En cuanto a que no se hubiera aplicado la SCP 0491/2021-S4; se tiene que, este aspecto fue resuelto en el Auto de Vista referido, pues se debe tener presente que una Sentencia Constitucional para ser aplicada a un caso concreto, tiene que coincidir tanto en el tipo penal, como en la relación fáctica de los hechos, en este caso la SPC 0491/2021-S4, se trata de un delito electoral y de corrupción; empero, el proceso que se tramita es por un delito de feminicidio; en tal sentido, no es aplicable este fallo constitucional al caso que se está reclamando, por tratarse de un delito de feminicidio que atenta contra el bien jurídico protegido que es la vida, el cual se encuentra contemplado en la Ley 348 y ahora la Ley 1173, los cuales protegen la vida de la mujer, teniendo un trato diferenciado por ser vulneratorio al derecho a la vida, estableciéndose incluso otros principios como el principio de informalidad; d) Se extraña que en el momento de emisión del señalado Auto de Vista no se haya pedido complementación y enmienda al establecer que no se encuentra debidamente fundamentada, o no fue resuelto de acuerdo a los agravios y hechos que habrían sido objeto de la apelación, aplicando el principio de subsidiariedad; e) También se extraña el tiempo del planteamiento de la acción de libertad; toda vez que, el Auto de Vista fue pronunciado el 21 de febrero del 2022, y la presente acción de defensa fue planteada recién en 15 de marzo del indicado año; y, f) De acuerdo al estado de la causa, se llega a establecer que el presente caso ya se encuentra radicado en el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, por haberse emitido la acusación fiscal dando cumplimiento al art. 325 de la Ley 586 desde el 21 de febrero de 2022, según la prueba adjunta, estableciendo que los accionantes de acuerdo al estado de la causa, “…deben solicitar en base al art. 239 num1) del CPP” (sic). Asimismo, el señalado Tribunal de garantías ante la solicitud de complementación y enmienda, efectuada por la parte accionante, señaló que se confirmó la solicitud de nulidad del Auto de Vista 110/2022 como del Auto Interlocutorio 48/2022, y que al no haberse pedido la complementación y enmienda –se entiende de la resolución de primera instancia–, dieron su tácita conformidad con dicho fallo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido en contra de Josué Marco Jiménez Martínez e Issaí Marcelo Martínez Colque –hoy accionantes representados sin mandato–, por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de complicidad, se tiene que, mediante memorial presentado el 11 de febrero de 2022, los mencionados solicitaron la cesación de la detención preventiva conforme el art. 239.2 del CPP (fs. 2). II.2. Por Auto Interlocutorio 48/2022 de 15 de febrero, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda de El Alto del departamento de La Paz –hoy codemandada–, resolvió mantener la detención preventiva de los imputados, rechazando la solicitud de cesación a la detención preventiva formulada, determinando en consecuencia, que el Ministerio Publico cumpla estrictamente con la conminatoria efectuada por la autoridad jurisdiccional, conforme al art. 134 del CPP (fs. 18 a 20 vta.). II.3. Contra dicho Auto Interlocutorio, los ahora impetrantes de tutela, interpusieron recurso de apelación de forma oral, el cual fue resuelto por Auto de Vista 110/2022 de 21 de febrero, pronunciado por el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz –ahora demandado–, quien declaró la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por Josué Marco Jiménez Martínez e Issaí Marcelo Martínez Colque, al haber sido presentado dentro del plazo previsto por el art. 251 de la norma procesal penal e improcedente las cuestiones propuestas, confirmando el Auto Interlocutorio 48/2022 (fs. 21 a 23).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes a través de su representante sin mandato, denunciaron la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; en virtud a que: 1) Habiendo solicitado la cesación a la detención preventiva conforme al art. 239.2 del CPP, adjuntando al efecto prueba como ser Certificado de permanencia y conducta y la SCP 0491/3031-S4; la Jueza codemandada, por Auto Interlocutorio 48/2022 determinó mantener la detención preventiva, sin ampliar el plazo de la misma; así también, refirió que no se desvirtuaron los riesgos procesales para hacer viable la cesación invocada; y, 2) Resolviendo el recurso de apelación interpuesto en contra del Auto Interlocutorio 48/2022, el Vocal demandado, con falta de fundamentación, motivación y congruencia, mediante Auto de Vista 110/2022, determinó confirmar el fallo apelado, sin respetar los alcance de la SCP 0491/2021-S4, limitándose a señalar que no se trataría de los mismos delitos que el presente caso, y exigiendo mayores requisitos no establecidos por el art. 239.2 de la ley adjetiva penal; encontrándose de esta manera, indebidamente procesados. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad.

Jurisprudencia reiterada

En cuanto a la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, pronunció la SCP 0624/2018-S4 de 9 de octubre, expresando lo siguiente: “El art. 125 de la CPE, establece que la acción de libertad tiene por objeto tutelar los derechos a la vida, a la libertad física y de locomoción, en los casos en que aquélla se encuentre en peligro y cuando ésta sea objeto de persecución ilegal, indebido procesamiento u objeto de privación de libertad en cualquiera de sus formas, pudiendo toda persona que considere encontrarse en tales situaciones, acudir ante el juez o tribunal competente en materia penal y solicitar se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Al respecto la SCP 1888/2013, de 29 de octubre, de manera precisa señaló: ‘Conforme a las características esenciales de la acción de libertad anotadas precedentemente, ésta se constituye en una garantía eficaz para la tutela inmediata de los derechos que se encuentran dentro de su ámbito de protección; sin embargo, es también evidente que, cuando en la vía ordinaria existen medios o mecanismos de impugnación que de manera inmediata y eficaz puedan restituir el derecho a la libertad física o personal o el derecho a la libertad de locomoción, los mismos deben ser utilizados previamente antes de acudir a la vía constitucional a través de la acción de libertad. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional, desde la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, entendió que el antes recurso de hábeas corpus -hoy acción de libertad- no implicaba que todas las lesiones al derecho a libertad tuvieran que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus y, en ese sentido, concluyó que «…en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria». Siguiendo dicho razonamiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, estableció que en la etapa preparatoria del proceso penal es el juez cautelar quien debe conocer las supuestas lesiones a derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal, no resultando compatible con el orden constitucional activar directamente, o de manera simultánea la justicia constitucional a través del -antes- recurso de hábeas corpus. Posteriormente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, sistematizó los casos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, siendo el primer supuesto cuando la Policía Nacional o el Ministerio Público, antes de existir imputación formal, cometen arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, las cuales deben ser denunciadas ante el juez cautelar de turno, si aún no existe aviso del inicio de la investigación, o ante el juez cautelar a cargo de la investigación cuando ya se dio cumplimiento a dicha formalidad (el aviso del inicio de la investigación). Dicho fallo fue modulado por la SCP 0185/2012 de 18 de mayo, que sostuvo que la acción de libertad puede ser presentada directamente en los supuestos en los que se restrinja el derecho a la libertad física al margen de los casos y formas establecidas por ley y que dicha restricción no esté vinculada a un delito o no se hubiere dado aviso de la investigación al juez cautelar. En ese marco, la SCP 0482/2013 de 12 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2.1., sostuvo que «i) Cuando no exista un hecho relacionado a un delito ni aviso de inicio de la investigación al Juez cautelar, corresponde activar de forma directa la acción de libertad; y, ii) El Juez de Instrucción de turno, no tiene competencia al no conocer ni el inicio de la investigación y al no tratarse de la comisión de un presunto delito». La misma Sentencia (SCP 0482/2013) efectuando una integración jurisprudencial sobre las subreglas para la aplicación de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, estableció en el Fundamento Jurídico III.2.2: «1.Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley; aclarando que el Juez de Instrucción de turno, no tiene competencia para el efecto conforme se ha señalado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional. 3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiaridad.

4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. 5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar»’. En consecuencia se concluye que la acción de libertad es la garantía constitucionalmente establecida, a través de la cual el accionante puede impetrar de manera inmediata la concesión de tutela, de los derechos que se encuentran dentro de su ámbito de protección, sin embargo, para que esta acción de defensa sea efectiva y cumpla con su objeto, es necesario tener presente que antes de plantearla, se debe agotar instancia ante la autoridad jurisdiccional que ejerce control en el caso” (las negrillas son nuestras). De lo expresado, se infiere que si bien la acción de libertad, por su naturaleza jurídica y configuración procesal es el medio idóneo y eficaz para restituir cualquier vulneración que atente derechos fundamentales vinculados a la vida, libertad y persecución o procesamiento indebido; sin embargo, bajo el principio de subsidiariedad, en caso de que la parte accionante a través de esta acción de libertad identifique como vulnerador de sus derechos fundamentales y garantías constitucional tanto la resolución de primera instancia como el fallo de alzada, en aplicación al indicado principio, la Sentencia Constitucional Plurinacional a emitirse se debe circunscribirse únicamente al análisis de la Resolución emitida en apelación; debido a que, ésta fue la que definió en última instancia la situación jurídica que el impetrante de tutela considera lesiva a sus derechos invocados como vulnerados en la presente acción tutelar.

III.2. La fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales en las que se analice la situación jurídica del imputado.

Jurisprudencia reiterada

La SCP 0153/2022-S4 de 18 de abril, al respecto precisó que: “Considerando que las medidas cautelares, ostentan los caracteres de excepcionalidad, instrumentalidad, provisionalidad, temporalidad y variabilidad, provocando que su aplicación y vigencia esté regida por determinados requisitos procesales, cuya verificación de cumplimiento está a cargo de la autoridad jurisdiccional competente que conoce la causa en cada una de las etapas del proceso penal, trasciende la obligación de las mismas de fundamentar y motivar suficiente y debidamente la decisión de imponer, modificar o revocar una medida cautelar. Entonces, todas las autoridades jurisdiccionales en general y, específicamente los jueces, tribunales y salas constitucionales que conocen una solicitud de aplicación de medidas cautelares, deben fundamentar suficientemente sus decisiones, en ese entendido se pronunció la SCP 0759/2010-R de 2 de agosto, con el siguiente razonamiento: ‘…la jurisprudencia constitucional ha dejado establecido que el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada; es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Consecuentemente, cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión. En ese entendido, ‘…toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución, tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso sino que también la decisión está normada por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de resolver los hechos juzgados, sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se tienen los canales que la Ley Fundamental le otorga para que, en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales y así pueda obtener una resolución que ordene la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir, del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento, una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, las SSCC 1369/2001-R, 0752/2002-R. (…) Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’ (SC 1365/2005-R de 31 de octubre)’” (las negrillas son nuestras). Respecto a la fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, significa que la autoridad que emite una resolución, debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes, realizar una exposición clara de los aspectos fácticos, describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso, detallar los medios de prueba aportados, valorar de manera concreta todos y cada uno de los medios probatorios asignándoles un valor específico a cada uno de ellos de forma motivada, determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado; empero, la motivación de una resolución que resuelve cualquier conflicto jurídico o administrativo, no necesariamente implica que su exposición deba ser ampulosa o abundante con consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, pues al contrario como se dijo anteriormente una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre todos los puntos demandados, donde la autoridad administrativa o en su caso jurisdiccional, exponga de forma clara cuales las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, adecuados o subsumidos a la fundamentación legal y citando para ello las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución.

III.3. Respecto a la protección reforzada de las víctimas de violencia en razón de género, la debida diligencia y la obligación de las autoridades judiciales de juzgar con perspectiva de género

Al respecto, la SCP de Avocación 0001/2022 de 31 de marzo, señaló que “La violencia de género se constituye en un flagelo a los derechos humanos y un problema social de gran magnitud, debido a su considerable incidencia y riesgo respecto a las secuelas físicas y psicológicas a consecuencia de la misma; así como, el alto costo social que representa para toda la sociedad, lamentablemente a lo largo de los años, el incremento de esta – principalmente contra las mujeres–, se ha visto reflejado en el aumento de feminicidios en Latinoamérica y en particular en Bolivia1, delito que se instituye en el último eslabón de las diversas formas de violencia contra las mujeres. El Estado boliviano, en respuesta ante esta grave problemática que aqueja a nuestra sociedad, estableció un marco normativo que tiene por objeto la prevención, investigación, sanción y erradicación de este tipo de violencia, entre cuyas disposiciones, se tiene a la propia Norma Suprema, la cual en su art. 15.II y III, estipula que: ‘II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.

III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así

como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privadoʼ. Así, emergente de sus obligaciones convencionales; así como, los derechos fundamentales y garantías constitucionales plasmados en su Ley Fundamental, el Estado Boliviano, emitió normativa específica para la prevención, atención, protección y reparación de las víctimas de violencia de género y generacional; entre ellas, la “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia” (Ley 348); la cual, dispone: ‘ARTÍCULO 2. (OBJETO Y FINALIDAD). La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.

ARTÍCULO 3. (PRIORIDAD NACIONAL). I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género. (…) ARTÍCULO 47. (APLICACIÓN PREFERENTE DE DERECHO). En caso de conflicto o colisión entre derechos individuales y colectivos, se dará preferencia a los derechos para la dignidad de las mujeres, reconocidos en los tratados internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política del Estado y en la presente Ley. ARTÍCULO 80. (MEDIDAS DE SEGURIDAD). La autoridad judicial en ejecución de sentencia, cuando se hayan dispuesto sanciones alternativas, aplicará las medidas de seguridad necesarias para proteger a la mujer que se encuentra en situación de violencia, y a sus hijas e hijos o su núcleo familiar. (…)ʼ Por ello, en el marco normativo y jurisprudencial desarrollado previamente, se advierte la relevancia primordial de la protección de las víctimas de violencia de género en todas las etapas del proceso penal; más aún, cuando se trate víctimas de violencia feminicida –en el entendido de que el término víctima abarca de igual manera a la familia directa de aquellas personas que fallecieron a raíz de dicho ilícito–, definida como ‘…la acción de extrema violencia que viola el derecho fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho de serloʼ (art. 7.2 de la Ley 348); dado que, éstas se encuentran en condición de vulnerabilidad para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización, intimidación o represalias al momento de que la persona que cometió el delito sea puesta en libertad; puesto que, esta vulnerabilidad procede de las circunstancias de la infracción penal. Ante esta situación de vulnerabilidad, la SCP 0152/2021-S4 de 17 de mayo, entre otras, ha remarcado la obligación de juzgar con perspectiva de género y la debida diligencia en los casos de violencia de género y generacional; así como, la aplicación preferente de la Ley 348, con base en la normativa nacional y convencional emitida al efecto; señalando que: “La violencia contra la mujer, y más aún cuando se trata de víctimas niñas, niños o adolescentes, se reviste de primordial atención para todas las instancias del Estado, que es el llamado a prevenir, investigar, sancionar y eliminar la violencia de género y generacional, en todas sus especies…

(…) En este contexto, sobre el deber de los Estados respecto a la debida diligencia, especialmente en casos de violencia en razón de género la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), en el caso González y otras (‘Campo Algodonero’) Vs. México[1].; estableció que: (…) 254. Desde 1992 el CEDAW estableció que «los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas». En 1993 la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de la Asamblea General de las Naciones Unidas instó a los Estados a «proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares» y lo mismo hizo la Plataforma de Acción de la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing. En el 2006 la Relatora Especial sobre violencia contra la mujer de la ONU señaló que «tomando como base la práctica y la opinio juris […] se puede concluir que hay una norma del derecho internacional consuetudinario que obliga a los Estados a prevenir y responder con la debida diligencia a los actos de violencia contra la mujer»’ (las negrillas son nuestras). Así también, respecto a la debida diligencia en los casos de violencia de género; se tiene que: ‘En el marco de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), ha determinado que la violencia contra la mujer es una manera de impedir que se ejercite en libertad e igualdad los derechos que se reconocen a las mujeres, lo cual implica que el Estado es responsable no solo de sus actos, sino también de particulares. Entonces el aparato estatal cuando no instituye los mecanismos para proteger a las mujeres y sin la debida diligencia, incumple no solo sus obligaciones internacionales sino un mandato constitucional, conforme a lo comprendido por el bloque de constitucionalidad y el carácter de aplicación preferente de los instrumentos internacionales en la materia, cuando consignan una protección más enfática que la Norma Suprema. Asimismo, debe prevenirse, investigarse, castigarse y repararse con la debida diligencia los delitos efectuados contra mujeres, sean éstos perpetrados por agentes estatales o por particulares, generando las condiciones aptas para denunciar estos ilícitos, reclamar el respeto de los derechos de las mujeres, optimizando la respuesta de la justicia penal ante hechos de violencia contra la mujer. La debida diligencia que debe ejecutarse desde todos los niveles del Estado, también se encuentra prevista en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), la cual a través de lo dispuesto en su art. 7, indica entre otras obligaciones, que se debe prevenir, investigar y sancionar con la debida diligencia la violencia contra la mujer, además de incluir en la legislación doméstica las normas penales, civiles, administrativas y de cualquier otra naturaleza para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En el ordenamiento jurídico boliviano, la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia ‘Ley 348’, se han tipificado delitos penales en razón de género, para la prevención de estos ilícitos, determinando incluso, en el marco de lo establecido en el art. 3.I de la citada ley, que el Estado Boliviano tiene la prioridad de erradicar la violencia hacia las mujeresʼ2. En ese contexto; y, bajo el entendido de que, la administración de justicia, recae en las distintas jurisdicciones establecidas por el art. 179 de la Ley Fundamental, este Tribunal emitió el ‘Protocolo de Juzgamiento con Perspectiva de Género Interseccional para la Jurisdicción Constitucional”, dirigido al personal vinculado a la jurisdicción constitucional, desde sus máximas autoridades hasta los foros judiciales relacionados a la tutela de derechos y protección de garantías, quienes son responsables de actuar con la debida diligencia y compromiso que demanda la interpretación y aplicación de la perspectiva de género en todo asunto en el que se identifiquen brechas de marginalidad, vulnerabilidad o desigualdad; mismo que tiene como finalidad concretar en la práctica jurisdiccional la igualdad y género en estrados judiciales; mediante la adopción de esta medida institucional positiva tendiente a evitar que, por cuestiones de género, no se materialicen los derechos fundamentales, peor cuando la ciudadanía se vea imbuida en procesos judiciales, se concentra la triada de justicia constitucional, mujeres y género. A su vez, el Órgano Judicial, dentro del cual se encuentra la jurisdicción ordinaria, ejercida por el Tribunal Supremo de Justicia, los Tribunales Departamentales de Justicia, los Tribunales de Sentencia y los Jueces, como actores que ejercen el rol del Estado, a la hora de lograr el procesamiento y sanción efectiva de la violencia de género, mediante Acuerdo de Sala Plena 126/2016 de 22 de noviembre, del Tribunal Supremo de Justicia; el Acuerdo SP.TA. 23/2016 de 23 de noviembre, del Tribunal Agroambiental; y, el Acuerdo 193/2016 de 16 de noviembre, del Consejo de la Magistratura; aprobó el “Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Géneroʼ, que se constituye en un instrumento para los administradores de justicia, que tiene la finalidad de promover el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y garantizar el juzgamiento desde una visión de igualdad de género como elemento esencial y de cumplimiento obligatorio.

De este modo, con base en la normativa y jurisprudencia desglosada previamente; se concluye que, con la finalidad de materializar los presupuestos de protección a las víctimas de violencia de género, mediante el cumplimiento del marco legal citado supra, no como una mera obligación sino principalmente porque a través de ellos, las mujeres y las víctimas de violencia en general, sometidas a un estado de vulnerabilidad, encuentran el valor justicia y se restituye su dignidad humana, logrando de este modo trascender del ámbito individual repercutiendo a la restitución de los valores de la sociedad en su conjunto, en el marco del vivir bien, el Estado boliviano, tiene la obligación de prevención, atención, protección y reparación de las víctimas de violencia de género, en todas sus instancias; más aún, en los procesos judiciales, donde mediante el procesamiento y sanción efectiva de los autores de estos delitos, se materializa la potestad de impartir justicia delegada por el pueblo boliviano a las autoridades jurisdiccionales competentes; aspecto que, no se encuentra restringido a una fase procesal, sino de forma permanente; debiendo por ello, las autoridades de todas las instancias y de todas las jurisdicciones reconocidas por la Ley Fundamental, juzgar siempre con perspectiva de género y en el marco de la debida diligencia a objeto de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género” (las negrillas son añadidas).

III.4. Análisis del caso concreto

A través de esta de acción de defensa, los accionantes, por medio de su representante sin mandato, denunciaron la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; en virtud a que: 1) Habiendo solicitado la cesación a la detención preventiva conforma al art. 239.2 del CPP, adjuntando al efecto prueba como ser el Certificado de permanencia y conducta y la SCP 0491/3031-S4, la Jueza codemandada, por Auto Interlocutorio 48/2022, determinó mantener la detención preventiva, sin ampliar el plazo de la misma; así también, refirió que no se desvirtuaron los riesgos procesales para hacer viable la cesación invocada; y, 2) Resolviendo el recurso de apelación interpuesto en contra del Auto Interlocutorio 48/2022, el Vocal demandado, con falta de fundamentación, motivación y congruencia, mediante Auto de Vista 110/2022, determinó confirmar el fallo apelado, sin respetar los alcance de la SCP 0491/2021-S4, limitándose a señalar que no se trataría de los mismos delitos que el presente caso, y exigiendo mayores requisitos no establecidos por el art. 239.2 de la ley adjetiva penal; encontrándose de esta manera, indebidamente procesados. En ese entendido, de antecedentes procesales descritos en las Conclusiones del presente fallo constitucional, se tiene que, dentro del proceso penal seguido en contra de Josué Marco Jiménez Martínez e Issaí Marcelo Martínez Colque –hoy accionantes representados sin mandato–, por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de complicidad, por memorial presentado el 11 de febrero de 2022, los mencionados solicitaron la cesación de la detención preventiva conforme el art. 239.2 del CPP; que fue resuelta mediante el Auto Interlocutorio 48/2022 de 15 de febrero, emitido por la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda de El Alto del departamento de La Paz – hoy codemandada–, quien determinó mantener la detención preventiva de los imputados, rechazando la solicitud de cesación a la detención preventiva formulada; disponiendo en consecuencia, que el Ministerio Publico cumpla estrictamente con la conminatoria efectuada por la autoridad jurisdiccional, conforme al art. 134 del CPP. Contra dicha determinación, los hoy impetrantes de tutela de forma oral, interpusieron recurso de apelación incidental, el cual fue resuelto mediante Auto de Vista 110/2022 de 21 de febrero, por el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz –ahora demandado–; por el que, declaró la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por Josué Marco Jiménez Martínez e Issaí Marcelo Martínez Colque, al haber sido presentado dentro del plazo previsto por el art. 251 de la norma procesal penal e improcedente las cuestiones propuestas, confirmando el Auto Interlocutorio 48/2022. Ante tal circunstancia, la parte accionante instauró la presente acción de defensa, en contra de la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda de El Alto del departamento de La Paz y del Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quienes a su turno emitieron resoluciones que ahora los impetrantes de tutela consideran lesivas a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales. Ahora bien, identificado el problema jurídico planteado a través de esta acción de libertad, y desarrollado los antecedentes remitidos a este Tribunal, corresponde efectuar el siguiente análisis:

III.4.1. Respecto a la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda de El Alto del departamento de La Paz

En cuanto a la primera problemática, el cual radica en que, habiendo solicitado la cesación a la detención preventiva conforma al art. 239.2 del CPP, adjuntando al efecto prueba como ser el Certificado de permanencia y conducta y la SCP 0491/3031-S4, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda de El Alto del departamento de La Paz, por Auto Interlocutorio 48/2022 determinó mantener la detención preventiva, sin ampliar el plazo de la misma; así también, refirió que no se desvirtuaron los riesgos procesales para hacer viable la cesación invocada. Es preciso aclarar que, habiendo los accionantes a través de esta acción de libertad identificado como vulnerador de sus derechos fundamentales al Auto Interlocutorio 48/2022; así como, el Auto de Vista 110/2022, mediante el cual la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, confirmó el citado Auto Interlocutorio; se tiene que, en aplicación del principio de subsidiariedad excepcional que rige a esta acción de defensa conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se debe circunscribir únicamente al análisis de la Resolución emitida en apelación; debido a que, ésta fue la que definió, en última instancia, la situación jurídica que los ahora impetrantes de tutela consideran lesiva a sus derechos invocados como vulnerados en esta acción tutelar. En ese entendido, corresponde inicialmente denegar la tutela solicitada con relación a la mencionada Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda de El Alto del precitado departamento; puesto que, el fallo emitido por dicha autoridad ya fue objeto de revisión en apelación.

III.4.2. Respecto al Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal

Departamental de Justicia de La Paz Con relación a la segunda problemática, referida a que, resolviendo el recurso de apelación interpuesto en contra del Auto Interlocutorio 48/2022, el Vocal demandado, con falta de fundamentación, motivación y congruencia, mediante Auto de Vista 110/2022, determinó confirmar el fallo apelado, sin respetar los alcance de la SCP 0491/2021-S4 y exigiendo mayores requisitos no establecidos por el art. 239.2 de la ley adjetiva penal; encontrándose de esta manera, indebidamente procesados. Bajo la premisa expuesta, corresponde conocer los argumentos del recurso de apelación interpuesto en contra del Auto Interlocutorio 48/2022, por el cual los apelantes ahora accionantes solicitaron la revocatoria del fallo apelado, disponiendo la aplicación de la detención domiciliaria sin salida laboral; centrándose el mismo en los siguientes agravios:

i) Primer agravio, solicitaron la modificación de la medida cautelar personal gravosa por otra menos gravosa conforme el art. 239.2 del CPP, y no así al amparo del art. 239.1 de la misma norma, tomando en cuenta que la autoridad judicial denegó la ampliación de detención preventiva al Ministerio Publico; pero ya se encuentran detenidos por más de seis meses, pues en primera instancia se amplió dos meses y en una segunda oportunidad por un mes, y lógicamente el plazo ya venció.

ii) Segundo agravio, no se aplicó la SCP 0491/2021-S4 invocada, que señala que una vez cumplido el plazo de la detención preventiva, y no existe ampliación de la detención, necesariamente debe aplicarse otras medidas cautelares menos gravosas a la detención en favor del imputado; aspecto que no fue tomado en cuenta por la Jueza a quo.

Ahora bien, habiendo la parte solicitante de tutela a través de esta acción de defensa denunciado la vulneración del debido proceso en sus componentes, fundamentación, motivación y congruencia; debe tenerse presente que conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, se tiene que, toda autoridad que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión; de manera que, la estructura de la resolución, tanto en el fondo como en la forma, deje pleno convencimiento a las partes de que se actuó no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso concreto; sino que también, que la decisión está normada por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, lo que no implica que la motivación sea necesariamente una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados. En mérito a ello, corresponde efectuar el análisis pormenorizado, para establecer si es evidente o no lo señalado por los impetrantes de tutela en su demanda de acción de libertad; por lo tanto, es necesario realizar la contrastación de los puntos impugnados en el recurso de apelación incidental interpuesto por los accionantes en contra del Auto Interlocutorio 48/2022 y los fundamentos que utilizó el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz –hoy demandado–, dentro del Auto de Vista 110/2022; por el cual, declaró inadmisible el recurso de apelación, determinando la improcedencia de las cuestiones alegadas; en consecuencia, confirmó el fallo apelado; en ese entendido, se tiene que: 1) Respecto al primer agravio denunciado en el recurso de apelación presentado por los ahora accionantes, referido específicamente a que solicitaron la modificación de la medida cautelar personal gravosa por otra menos gravosa conforme el art. 239.2 del CPP, y no así al amparo del art. 239.1 de la misma norma; pero ya se encuentran detenidos por más de seis meses, pues el plazo de la detención ya venció. El Vocal hoy demandado, mediante el señalado Auto de Vista, con relación al indicado agravio; respondió indicando que, el art. 239.2 del CPP, es aplicable en concordancia con la Ley 1173 que por Disposición Décima Tercera creó el Reglamento 12/2019 y que en estos casos se debe aplicar el art. 32 de la citada norma legal; es decir, que ambas normas deben emplearse de manera integral; por ello, para la aplicación del art. 239.2 del CPP, necesariamente requiere de dos requisitos fundamentales: El primero, que ya haya vencido el plazo de la detención preventiva dispuesta la autoridad a quo; y, el segundo, que exista elementos de convicción que sean considerados para que la autoridad de primera instancia pueda modificar la medida cautelar menos o más gravosa; lo que significa que no basta demostrar el vencimiento del plazo de la detención preventiva o su ampliación; sino que, se debe también presentar y demostrar otros elementos de convicción, y es por ello que la norma inclusive le faculta a la autoridad a quo, seguir manteniendo la detención preventiva. En el presente caso, tanto ante la autoridad de primera instancia como en el Tribunal de alzada, los apelantes solo demostraron incluso con la certificación de permanencia y conducta del Centro Penitenciario, el plazo de la detención, cumpliendo un solo requisito, pero no demostraron qué otros elementos de convicción darían lugar a que la medida extrema de detención preventiva sea modificada por otra menos gravosa; por lo que, la autoridad judicial a quo al emitir el Auto Interlocutorio 48/2022 y al indicar que los certificados de permanencia y conducta, por los cuales se certificó que guarda su detención por el lapso de cinco meses y diez días, no son elementos pertinentes en su solicitud de cesación a la detención preventiva, porque no solo basta demostrar el vencimiento del plazo; en consecuencia, la Jueza de primera instancia al rechazar la cesación de la detención, no causó ningún agravio, ya que la parte apelante no cumplió con las normas legales señaladas para poder dar lugar a su solicitud; asimismo, la autoridad judicial, efectuó una fundamentación de juzgamiento con perspectiva de género que es importante en estos casos de feminicidio, correlacionado a que la parte apelante no cumplió con los requisitos para la aplicación correcta del art. 239.2 del CPP que tiene concordancia con el art. 32 parágrafo IV del Reglamento 12/2019 aplicable por la Disposición Décima Tercera de la Ley 1173. 2) En cuanto al segundo agravio, referido a que no se aplicó la SCP 0491/2021-S4 invocada, que señala que una vez cumplido el plazo de la detención preventiva, y no existe ampliación de la detención, necesariamente debe aplicarse otras medidas cautelares menos gravosas a la detención en favor del imputado; aspecto que no fue tomado en cuenta por la Jueza a quo. El Vocal demandado, en el Auto de Vista en análisis, con relación a dicho agravio; respondió señalando que, cuando se quiere aplicar un fallo constitucional, el mismo tiene que tener relación en los aspectos fácticos del proceso en el que se quiere que se aplique, y en este caso la SCP 0491/2021-S4, se refiere a los hechos de delitos electorales y de corrupción; en cambio en el presente caso se trata del delito de feminicidio; por lo que, no podría aplicarse al no existir identidad fáctica de los hechos; en consecuencia, la Jueza de primera instancia como su autoridad (Tribunal de alzada), no causan ninguna lesión, estableciéndose que no se demostró agravio alguno en cuanto al fallo apelado. De lo anteriormente descrito, se concluye que, en el análisis realizado por el Vocal demandado, respecto al primer agravio, no es posible observar deficiencias de fundamentación, motivación y congruencia en el señalado Auto de Vista, con relación al indicado agravio; por cuanto, el Vocal demandado respondió al mismo, teniéndose una clara explicación al respecto.

En ese contexto, se tiene que conforme al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional en el que se estableció que, de acuerdo a las modificaciones añadidas al Código de Procedimiento Penal por la Ley 1173, la detención preventiva está circunscrita a un plazo determinado a solicitud del Ministerio Público o de la víctima; asimismo, se estableció que, el Ministerio Público o la víctima, pueden solicitar la ampliación de la detención preventiva con base a la concurrencia de determinado criterios contenido en la norma; así, el control sobre la duración de la aludida medida extrema está encargada a los jueces y tribunales que conozcan la causa; en consecuencia, las competencias asignadas a cada órgano e instancia jurisdiccional están delimitadas de acuerdo a su naturaleza, por cuanto conforme los roles fijados dentro el Sistema Penal Boliviano, no es posible que la autoridad encargada de efectuar la investigación, paralelamente ejerza actos jurisdiccionales o que los jueces realicen actos investigativos, conforme se tiene establecido en el art. 279 del CPP (control jurisdiccional), entendiéndose por ello que los actos procesales atribuidos a cada instancia no puedan ser asumidas por otra, lo que sin duda resultaría a todas luces ilegal.

También se estableció que, la ampliación de la detención preventiva en el marco del art. 233 última parte del adjetivo penal, procede únicamente a petición fundamentada del Fiscal y/o querellante, sin cuya existencia no es viable, por cuanto la solicitud constituye la base fundamental sobre la cual el Juez o Tribunal abre su competencia para determinar si amerita la ampliación del término de la detención preventiva, la cual podrá ser realizada de manera previa a la audiencia de control jurisdiccional o solicitud de cesación a la detención preventiva, o verbalmente en audiencia, ello considerando que la configuración normativa del referido articulado, no establece de manera concreta la oportunidad de su presentación.

En ese entendido, se tiene que en el Auto de Vista cuestionado en la presente acción tutelar, se emitió un criterio claro, concreto y amparado en la norma procesal penal vigente, pues compulsados los antecedentes, señaló en el presente caso; que si bien, la solicitud de cesación a la detención preventiva de los accionantes, se basó en el art. 239.2 del CPP, que establece que cesa la detención preventiva cuando se haya vencido el plazo determinado, siempre y cuando el Fiscal de Materia no haya solicitado la ampliación de dicha medida, a cuyo efecto se ofreció como prueba el Certificado de permanencia y conducta emitido por el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz y la SCP 0491/3031-S4; de acuerdo al art. 233 del CPP, modificado por la Ley 1173, que dispone que el plazo de duración de la detención preventiva, podrá ser ampliada a petición fundada del Fiscal de Materia, y únicamente corresponderá a la complejidad del caso la ampliación, que en el presente, ocurrió de esa manera, solicitando la ampliación de medidas cautelares por parte de la autoridad Fiscal, como director funcional de la investigación el 15 de febrero de 2022, conforme se tiene del Auto Interlocutorio 48/2022 (Conclusión II.2), requiriendo el plazo de dos meses para actos investigativos en el proceso penal; asimismo, de la revisión del referido Auto Interlocutorio emitido por la Jueza de origen, se advierte también que la parte querellante, solicitó en audiencia la ampliación de la medida cautelar extrema.

En consecuencia, conforme a procedimiento, de manera razonable el Tribunal de apelación consideró la procedencia de la solicitud de ampliación de la detención preventiva de la parte accionante efectuada en audiencia de consideración de su situación jurídica celebrada el 15 de febrero de 2022; además, conforme se describió en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, el control del plazo de duración de la detención preventiva, está encargado al Juez de la causa, sin que se pueda asumir automáticamente vencido el término y que corresponda la libertad del imputado al solo vencimiento, como pretenden los impetrantes de tutela, pues es la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda de El Alto del departamento de La Paz, quien debía realizar el control del vencimiento de plazo en audiencia, lo que verdaderamente realizó en el acto celebrado el 15 de febrero de 2022; acto que de acuerdo a la fundamentación efectuada por el Vocal demandado, concretamente se encuentra respaldado por el art. 32.IV del Reglamento 12/2019 –Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal– que establece que: “En audiencia de reconsideración de la situación jurídica del imputado, la o el Juez podrá determinar medidas cautelares menos gravosas, y, en su caso, de acuerdo a los elementos de convicción de la detención preventiva o de aquellas medidas impuestas en audiencia de medidas cautelares”; por lo que, no se denota ilegalidad alguna con relación a la resolución de dicho agravio; pues incluso, al igual que la autoridad de primera instancia el Tribunal de alzada, efectuó una fundamentación de juzgamiento con perspectiva de género. Asimismo, en cuanto a que el Auto de Vista 110/2022 se hubiera emitido sin tomar en cuenta la jurisprudencia contenida en la SCP 0491/2021-S4 que sería vinculante al caso; se tiene que, en el presente caso debe tomarse en cuenta la particularidad del delito objeto del proceso penal seguido en contra de la parte solicitante de tutela, en este caso el delito de feminicidio y la protección reforzada que amerita este, mismo que a la fecha ya fue considerado incluso por la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente (Ley 1443), normativa que la SCP 0491/2021-S4 no aplicó en ese entonces, al no ser el delito en ese caso específico de la señalada Ley, por cuanto el mencionado fallo constitucional fue emitido dentro de un proceso penal por la presunta comisión de delitos electorales y de corrupción y no así como en el presente caso por el delito de feminicidio; aspecto que la autoridad ahora demandada consideró al momento de emitir el fallo hoy cuestionado; pues las víctimas de este tipo de delitos merecen toda la protección del Estado, juzgando con perspectiva de género, bajo el principio de favorabilidad mediante normas convencionales y el bloque de constitucionalidad; así lo estableció diferentes normativas y la propia jurisprudencia constitucional desarrolladas en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, por el que se determinó que en los casos vinculados a violencia ejercida contra las mujeres, se aplicará un juzgamiento con perspectiva de género y en el marco de la debida diligencia, conforme al “Protocolo de Juzgamiento con Perspectiva de Género Interseccional para la Jurisdicción Constitucional”; toda vez que, esta obligación abarca a todas las autoridades, de todas las instancias y de todas las jurisdicciones reconocidas por la Ley Fundamental. En ese contexto, no resulta evidente la denuncia efectuada por la parte accionante mediante esta acción tutelar, respecto a la supuesta falta de fundamentación, motivación y congruencia con la que hubiera sido pronunciada la Resolución analizada; y por lo tanto, tampoco la presunta vulneración del derecho a la libertad invocado a través de esta acción tutelar; puesto que, la Resolución cuestionada conforme lo expuesto precedentemente, cumple con la garantía del debido proceso en sus mencionados elementos, en los parámetros descritos en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; aspecto que permite concluir que, la autoridad demandada, no incurrió en ningún acto ilegal que amerite conceder la tutela demandada; correspondiendo en consecuencia, denegar la tutela solicitada. Por consiguiente, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2022 de 15 de marzo, cursante de fs. 58 a 62 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Primero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO

Notas al pie

1 Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Bolivia tenía el 2018, la tasa más alta de feminicidio en Sudamérica, con 2,3 muertes por cada 100 mil mujeres. Boletín Vida libre de violencia.

2 “Protocolo de Juzgamiento con Perspectiva de Género Interseccional para la Jurisdicción Constitucional”, 2021, pág. 49, Tribunal Constitucional Plurinacional.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0522_2023-S4.pdf · páginas 1 a 26.

Huella digital del PDF (SHA-256): 7426c2971337392f61190f0d9aa027230cfff5241aec9cc82d26c7f1b49853d1

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