B.IA.LEGAL

SCP 0522/2022-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 5 de julio de 2022

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
5 de julio de 2022
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
39235-2021-79-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la presunción de inocencia, al debido proceso en sus elementos motivación, legalidad, y a “…la coherencia de las resoluciones vinculada a la defensa…” (sic), así como el principio pro actione; toda vez que, la autoridad jurisdiccional ahora accionada: a) No admitió su petición de suspensión del juicio oral para que su defensa técnica conozca la causa, ya que en mérito al poder ordenador que ostenta no es admisible la suspensión de actuaciones; por lo que, formuló recurso de reposición; sin embargo, no pudo ser motivado por la advertencia de iniciar procesos a los defensores conforme el art. 339 del CPP; b) Al momento de la producción de prueba documental, ordenó que sus abogados defensores esperen tres horas en sala virtual a efecto que por Secretaría se digitalice los elementos a ser debatidos, disponiendo al mismo tiempo que más de 200 fojas fuesen revisadas en cinco (5) minutos, y si existiría algún incidente de exclusión probatoria debería formularse en idéntico termino; pronunciamientos que fueron objeto de recurso de reposición en aplicación de los arts. 401 y 402 del Código de Procedimiento Penal (CPP), sin embargo, no se les permitió fundamentar dicho recurso; y, c) Determinó que los incidentes de exclusión probatoria serian tratados conforme a lo dispuesto en los arts. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 04/2021 de 18 de marzo cursante de fs. 175 a 177, pronunciada por Jueza de Sentencia Penal Quinta en suplencia legal de su similar Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo: 2° Dimensionar los efectos de lo dispuesto por la Jueza de garantías, en función al principio de seguridad jurídica, a la que tiene derecho el accionante; por ello, se deja incólume la disposición asumida en la Resolución 04/2021 de 18 de marzo; y, 3° Llamar severamente la atención a Lucía Fuentes Nina, Jueza de Sentencia Penal Quinta del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías; advirtiéndole que en caso de realizar similar actuación ulterior, se remitirá antecedentes ante el Consejo de la Magistratura, a efectos de ley.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El enfoque diferencial e interseccional de los derechos de las personas adultas mayores
  2. III.2. La fuerza vinculante del precedente constitucional con relación al estándar jurisprudencial más alto
  3. III.3. El estándar jurisprudencial más alto en cuanto al derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad
  4. III.4. Respecto a las exclusiones probatorias
  5. III.5. Análisis del caso concreto
  6. III.6. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0522/2022-S1 Sucre, 5 de julio de 2022 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 39235-2021-79-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 4/2021 de 18 de marzo, cursante de fs. 175 a 177, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Raúl Fernando Ferreira Gonzales en representación sin mandato de Marcelino Condori Toque contra Remedios Yujra Gabincha, Jueza de Sentencia Penal Quinta de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 17 de marzo de 2021, cursante de fs. 139 a 145 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de Tráfico previsto por el art. 48 en relación al art. 33 inc. m) de la Ley 1008, en etapa preparatoria de juicio oral, la Jueza ahora demandada realizó las siguientes actuaciones por demás lesivas al orden justo: a) Mediante providencia basada en el poder ordenador no se permitió a los abogados defensores suspender el juicio previo conocimiento de la causa de la solicitud, ante lo cual formuló recurso de reposición; empero, no se pudo motivar debido a que la referida jueza “…ORDENO SILENCIO SO PENA DE PROCESAR PENALMENTE A LOS DEFENSORES Y POR QUE ELLA NO OIRA RECURSOS EN APLICACIÓN DEL ART. 339 DEL CPP…” (sic); b) En la etapa de producción de prueba documental la indicada Jueza señaló que el Ministerio Público no proveyó las copias para notificar a los defensores, ordenando bajo pena de ser multados a los abogados que deberían esperar tres horas en sala virtual, a efecto que por Secretaría se digitalice los elementos a ser debatidos, disponiendo al mismo tiempo que más de 200 fojas fuesen revisadas en cinco minutos, y si existiría algún incidente de exclusión probatoria debería formularse en idéntico termino; contra dicha determinación, en aplicación de los arts. 401 y 402 del Código de Procedimiento Penal (CPP), a tal efecto, interpusieron recurso de reposición que tampoco se permitió fundamentar; toda vez que, la referida autoridad les indicó que no “… PERMITIRIA QUE SE LE SEÑALASEN SUS ACTOS ILEGALES, Y AMPARO SU NEGATIVA EN EL ART. 339 DEL CPP ADEMÁS DE INDICAR QUE DE PERSITIR AQUELLAS CONDUCTAS INDEBIDAS E “INCIDENTALES” MULTARÁ Y SEPARARIA A LOS ABOGADOS…” (sic); c) Instalada la audiencia de juicio oral, la citada Jueza determinó que los incidentes de exclusión probatoria serian tratados conforme a lo dispuesto en los arts. 314 y 315 del CPP modificado por la Ley de Abreviación Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños y Adolescentes y Mujeres (Ley 1173), debiendo las pretensiones ser sobrevinientes, de lo contrario se las rechazaría in limine separando a los defensores del proceso; determinación que fue recurrida en reposición, misma que fue negada multando a los abogados indicando que no deberían participar sin antes cancelar la multa impuesta; y, Negó términos razonables para oponer cuestiones incidentales, remitiendo a los abogados a procesamiento, nombrando un defensor de oficio, señalando audiencia para el mismo día, indicando que emitiría la condena en su contra.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

Considera lesionados sus derechos a la libertad, a la presunción de inocencia, al debido proceso en sus elementos motivación, legalidad, y a “…la coherencia de las resoluciones vinculada a la defensa…” (sic), así como el principio pro actione; citando al efecto, los arts. 23; 115; 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia: 1) Se ordene a la autoridad demandada a no generar omisiones ni negativas a los recursos de los defensores, debiendo cumplir con los arts. 394 y siguientes del CPP; 2) Se declare nula la designación irrenunciable de defensores de oficio; 3) Se declare nula la providencia que dispone la inexistencia de plazos para poder pronunciarse sobre las exclusiones probatorias; 4) Se declare nula la Providencia que dispone que las Exclusiones probatorias se tramiten con las reglas de los arts. 315 y 345 del CPP; 5) Se declare nula la sentencia condenatoria que se dictará en mérito a las lesiones expresadas; y, 6) Se condene con multas, costas y responsabilidad administrativa.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública de la presente acción de libertad el 17 de marzo de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 172 a 174, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato ratifico los términos descrito en el memorial de la acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Remedios Yujra Gabincha, Jueza de Sentencia Penal Quinta de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito de 18 de marzo de 2021, cursante de fs. 159 a 165, señaló lo siguiente: i) El accionante no se encuentra con detención preventiva, debido a que se dispuso que se defienda en libertad; ii) De acuerdo a las actas de audiencia de juicio oral, la defensa del accionante fueron los siguientes abogados: ii.a) Marco Antonio Chambilla y Berty Apaza Gonzales “audiencia de apertura DE 28 NOV. 2020 hasta 15 de nov de 2020 al declararse el abandono malicioso de dichos abogados” (sic); ii.b) Iván Felipe Azurduy Carranza, audiencia de 5 a 11 de diciembre del citado año, al declararse el abandono maliciosito; ii.c) Héctor Villarroel Guzmán y del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) Elena Fernández, audiencia de 17 de diciembre de 2020 hasta el 18 de enero de 2021; ii.d) Manuel Chambilla Bolo, audiencia de 18 de enero hasta el 17 de marzo de 2021, mismo que renunció al patrocinio del impetrante de tutela por haberse impuesto multas; y, ii.e) Raúl Fernando Ferreira Gonzales, audiencia desde el 16 al 17 de marzo del mismo año, mismo que abandonó por voluntad propia y sin autorización la sala de audiencia virtual; ante lo cual se le impuso multa, sin separarlo del proceso; iii) El abogado Raúl Fernando Ferreira Gonzales, en audiencia de fecha 16 de marzo de 2021, solicitó la suspensión de dicha audiencia, debido a que necesitaban más tiempo para la revisión de las pruebas, misma que fue concedida por 15 minutos y ampliada a 20, toda vez que, existían dos abogados revisando las mismas; al reinstalar la audiencia, el abogado de la defensa nuevamente solicitó la suspensión, alegando que el tiempo concedido fue corto que no le permitió revisar la prueba; es así que, después de amplia discusión y falta de respeto del abogado accionante se concedió la suspensión para el 17 del indicado mes y año a horas 08:50 am; iv) Reinstalada la audiencia en la fecha y hora indicada se le preguntó sobre los incidente de exclusión probatoria, ante lo cual señalaron que plantearían contra casi todas las pruebas; es así que, dispuso la consideración de forma individual a efecto de no causar confusión y se emita una resolución debidamente fundamentada; v) Argumentada la exclusión probatoria por el abogado Manuel Chambilla Bolo respecto a la prueba MP-PD1 misma que fue declarada infundada y rechazada in limine, imponiéndosele multas advertidas en el art. 315 del CPP, lo cual derivó en una falta de respeto por el abogado Raúl Ferreira y abandonando la sala de audiencia virtual sin autorización de la Jueza ahora demandada; y, vi) La presente acción de defensa no cumple con el principio de subsidiariedad; toda vez que, existe el recurso de apelación al que pudieron hacer reserva el impetrante de tutela.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Quinta en suplencia legal de su similar Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 04/2021 de 18 de marzo cursante de fs. 175 a 177, concedió la tutela solicitada, disponiendo lo siguiente: a) Dentro de las 24 horas de su notificación la autoridad demandada emita Auto fundamentado dejando sin efecto las audiencias vulneradoras de derechos celebradas el 16 y 17 de marzo de 2021, señalando audiencia de prosecución del juicio oral; b) La autoridad accionada de curso a los recursos de impugnación que tiene derecho el acusado; y, c) Exhortar a dicha autoridad interpretar de manera correcta los verdaderos alcances del art. 239 del CPP, sea bajo alternativa de Ley en caso de incumplimiento, previstas en el art. 40 parágrafos I y II del Código Procesal Constitucional (CPCo). Determinación asumida bajo los siguientes argumentos: 1) Los arts. 314 y 315 se refieren a la tramitación de los incidentes y excepciones que están previstos por el art. 308 del CPP que según el Art. 345 pueden ser rechazados in límine en el caso de carecer de fundamento y de prueba, sin embargo los incidentes de exclusión probatoria no se hallan dentro de este género, ya que ellos deben ser tramitados conforme los Arts. 171, 172 y 173 del Código de Procedimiento Penal y deben ser tramitados en la misma audiencia, escuchando a ambas partes y tomando la determinación de excluir o no la prueba ofrecida, lo que permite el recurso de reposición y en caso de negativa procede el recurso de reserva de apelación para considerarse junto con la sentencia, en este caso la Sra. Jueza dentro de la labor que realiza ha obrado con excesivo celo judicial al declarar infundado y rechazado in límine la exclusión probatoria, determinación que solo corresponde tomar ante planteamientos de incidentes y excepciones que se plantean conforme lo dispone de manera clara el Art. 344 del CPP que sí hace mención a las excepciones sobrevinientes; las exclusiones probatorias no pueden de ningún modo ser sobrevinientes, pues tienen que ver con la judicialización de las pruebas de ambas partes, y las pruebas del Ministerio Publico al plantear la acusación ya estaban ofrecidas por lo que no puede existir en ese momento "incidentes sobrevinientes", lo que se puede apreciar en este caso es que la juzgadora está confundiendo el procedimiento lo que está dando lugar a limitar el derecho a la defensa del acusado ya que las exclusiones no pueden ser “rechazadas in límine", lo que deriva incluso en sanciones irregulares a los Abogados de la defensa (sic); y, 2) En cuanto a la participación de los abogados de la defensa existen profesionales que exceden su labor; sin embargo, no se puede dar lugar a dejar sin defensa al acusado no pudiendo obligarse a aceptar un abogado defensor de oficio; empero, si la juzgadora pretende no suspender su audiencia por el principio de celeridad puede dar oportunidad al acusado, de tener un abogado de oficio y uno de su confianza, mismo que no es prohibido.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acta de juicio oral de 16 de marzo de 2021, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Marcelino Condori Toque -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de Tráfico previsto por el art. 48 en relación al art. 33 inc. m) de la Ley 1008, en etapa preparatoria de juicio oral, misma que fue suspendida para el 17 de igual mes y año, donde se desarrolló los siguientes actos: i) Pregunta de la jueza demandada en relación a las pruebas que se planteará exclusión probatoria; ii) Advertencia de la referida Jueza de aplicar el art. 315 del CPP modificado por la Ley 1173 respecto a los incidentes a plantear; iii) Solicitud de reposición de la parte acusada, misma que fue declarada no ha lugar; iv) Incidente de exclusión probatoria de la parte acusada a la prueba MP-PD1; v) Faltas de respeto del abogado Raúl Fernando Ferreira Gonzales a la Jueza señalando que fuese “PREVARICADORA…!!!!...” (sic), amenazando con iniciar denuncias en su contra y realizando el abandono de la Sala Virtual de audiencia, ante lo cual se impuso sanción pecuniaria; vi) Continuación de la fundamentación del incidente de exclusión probatoria por parte del abogado Manuel Chambilla Bolo, respuesta del Ministerio Público y Resolución por Auto 21/2021, de la misma fecha, a través del cual la Jueza demandada resuelve “…DECLARAR INFUNDADO Y RECHAZAR EL INCIDENTE DE EXCLUSIÓN PROBATORIA (…) con relación a la prueba MPPD1 (…) se dispone declarar manifiestamente dilatoria, maliciosa y temeraria (…) la interposición del incidente de exclusión probatoria (…) se impone al abogado que ha planteado este incidente de exclusión probatoria (…) una sanción pecuniaria equivalente a 2 salarios mínimos nacionales…” (sic); vii) Contra dicha resolución se hizo la reserva del recurso de apelación y posterior renuncia del abogado de la defensa -Manuel Chambilla Bolo-, dejando sin defensa técnica al acusado -ahora accionante-; y, viii) Ante la renuncia y abandono de los abogados de la defensa, la Jueza demandada convocó a un abogado de defensa publica para la prosecución con la audiencia de juicio oral el mismo día a horas 12:30 (fs. 190 a 192). II.2. Consta Auto Interlocutorio de 21/2021 de 17 de marzo emitido por la autoridad judicial ahora accionada, en el que resolvió “…DECLARAR INFUNDADO Y RECHAZAR EL INCIDENTE DE EXCLUSIÓN PROBATORIA (…) con relación a la prueba MPPD1 (…) se dispone declarar manifiestamente dilatoria, maliciosa y temeraria (…) la interposición del incidente de exclusión probatoria (…) se impone al abogado que ha planteado este incidente de exclusión probatoria (…) una sanción pecuniaria equivalente a 2 salarios mínimos nacionales…” (sic), sancionando al abogado Manuel Chambilla Bolo; así también, dispuso que a efecto de no dejar en estado de indefensión al acusado -ahora impetrante de tutela- el diferimiento de la cancelación de dicha multa para una próxima actuación (fs. 194 a 196 vta.). II.3. Se tiene Requerimiento Conclusivo de Acusación Formal, de 12 de junio de 2020, emitido por Marco Antonio Aranibar Paniagua, Fiscal de Materia de la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcotráfico de la Fiscalía Departamental de La Paz, por el que presenta pruebas documentales, de MP-PD1 a MP-PD41 (fs. 12 a 20 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la presunción de inocencia, al debido proceso en sus elementos motivación, legalidad, y a “…la coherencia de las resoluciones vinculada a la defensa…” (sic), así como el principio pro actione; toda vez que, la autoridad jurisdiccional ahora accionada: a) No admitió su petición de suspensión del juicio oral para que su defensa técnica conozca la causa, ya que en mérito al poder ordenador que ostenta no es admisible la suspensión de actuaciones; por lo que, formuló recurso de reposición; sin embargo, no pudo ser motivado por la advertencia de iniciar procesos a los defensores conforme el art. 339 del CPP; b) Al momento de la producción de prueba documental, ordenó que sus abogados defensores esperen tres horas en sala virtual a efecto que por Secretaría se digitalice los elementos a ser debatidos, disponiendo al mismo tiempo que más de 200 fojas fuesen revisadas en cinco (5) minutos, y si existiría algún incidente de exclusión probatoria debería formularse en idéntico termino; pronunciamientos que fueron objeto de recurso de reposición en aplicación de los arts. 401 y 402 del Código de Procedimiento Penal (CPP), sin embargo, no se les permitió fundamentar dicho recurso; y, c) Determinó que los incidentes de exclusión probatoria serian tratados conforme a lo dispuesto en los arts. 314 y 315 del CPP y que los mismos debían ser sobrevinientes, caso contrario los rechazaría in limine; determinación contra la cual, interpuso recurso de reposición, que fue negado en su interposición, imponiendo multa a los abogados defensores y nombrando un defensor de oficio. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos demandados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes aspectos: 1) El enfoque diferencial e interseccional de los derechos de las personas adultas mayores; 2) El derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad; 3) Respecto a las exclusiones probatorias; y, 4) Análisis del caso concreto.

III.1. El enfoque diferencial e interseccional de los derechos de las personas adultas mayores

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0130/2018-S2 de 16 de abril, reiterada por la SCP 0772/2018-S2 de 26 de noviembre, asumió el siguiente razonamiento:

La Constitución Política del Estado, tiene previsto dentro su Título II, Capítulo Quinto, Sección VII, los derechos de las personas adultas mayores, señalando en el art. 67.I que: “Además de los derechos reconocidos en esta Constitución, todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana”.

Por su parte, el art. 68 de la citada Ley Fundamental, refiere:

I. El Estado adoptará políticas públicas para la protección, atención, recreación, descanso y ocupación social de las personas adultas mayores, de acuerdo con sus capacidades y posibilidades.

II. Se prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación a las personas adultas mayores. Asimismo, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por el Estado Plurinacional de Bolivia mediante Ley 872 de 21 de diciembre de 2016, en su art. 5 señala:

Los Estados Parte desarrollarán enfoques específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre envejecimiento y vejez, en relación con la persona mayor en condición de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple, incluidas las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, las personas migrantes, las personas en situación de pobreza o marginación social, los afrodescendientes y las personas pertenecientes a pueblos indígenas, las personas sin hogar, las personas privadas de libertad, las personas pertenecientes a pueblos tradicionales, las personas pertenecientes a grupos étnicos, raciales, nacionales, lingüísticos, religiosos y rurales, entre otros.

En este sentido, corresponde también referirnos al art. 13 de este Instrumento Internacional, que en su texto indica:

…La persona mayor tiene derecho a la libertad y seguridad personal, independientemente del ámbito en el que se desenvuelva.

Los Estados Parte asegurarán que la persona mayor disfrute del derecho a la libertad y seguridad personal y que la edad en ningún caso justifique la privación o restricción arbitrarias de su libertad.

Los Estados Parte garantizarán que cualquier medida de privación o restricción de libertad será de conformidad con la ley y asegurarán que la persona mayor que se vea privada de su libertad en razón de un proceso tenga, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población, derecho a garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y a ser tratada de conformidad con los objetivos y principios de la presente Convención.

Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.

En el marco de ambas previsiones constitucionales e internacionales, el art. 3 de la Ley General de las Personas Adultas Mayores (LPAM) -Ley 369 de 1 de mayo de 2013-, determina los principios de dicha norma, entre los cuales se encuentran:

1. No Discriminación. Busca prevenir y erradicar toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos fundamentales y libertades de las personas adultas mayores…

5. Protección. Busca prevenir y erradicar la marginalidad socioeconómica y geográfica, la intolerancia intercultural, y la violencia institucional y familiar, para garantizar el desarrollo e incorporación de las personas adultas mayores a la sociedad con dignidad e integridad…

De igual forma, el art. 5.b) y c) de la citada Ley, reconoce los derechos y garantías de las personas adultas mayores, disponiendo que el derecho a una vejez digna, es garantizado a través de un desarrollo integral, sin discriminación ni violencia; y, mediante la promoción de la libertad personal en todas sus formas.

A partir de dichas normas, este Tribunal, en su amplia y uniforme línea jurisprudencial, establece que las personas adultas mayores son parte componente de los llamados grupos vulnerables o de atención prioritaria; en este sentido, sus derechos están reconocidos, otorgándoles una particular atención, considerando su situación de desventaja en la que se encuentran frente al resto de la población; así la SCP 0112/2014-S1 de 26 de noviembre manifiesta que el trato preferente y especial del que deben gozar los adultos mayores es comprensible, “…dado que la vejez supone la pérdida de medios de subsistencia ya sea por el advenimiento de enfermedades y su consecuente pérdida de la salud o ya sea porque pasan al grupo de personas inactivas económicamente, viéndose limitadas por tal motivo en el ejercicio de sus derechos”. Así también, es importante mencionar la SC 0989/2011-R de 22 de junio, en cuyo Fundamento Jurídico III.1, refiere:

…la Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce una diversidad de derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, teniendo en cuenta que estas normas fundamentales no solamente rigen las relaciones entre iguales, sino que tiene como finalidad el proteger a los ostensiblemente más débiles -mejor conocidos en la doctrina como grupos vulnerables- por lo que el Estado, mediante `acciones afirmativas´ busca la materialización de la igualdad (que goza de un reconocimiento formal reconocida en los textos constitucionales y legales pero que en la realidad no se materializa) y la equidad, por lo que se establecen políticas que dan a determinados grupos sociales (minorías étnicas o raciales, personas discapacitadas, mujeres, menores de edad, adultos mayores) un trato preferencial en el acceso a determinados derechos -generalmente de naturaleza laboral- o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes, con el fin de mejorarles su calidad de vida y compensarles, en algunos casos, por los perjuicios o la discriminación y exclusión de las que fueron víctimas en el pasado.

Reiterando este entendimiento, la citada SCP 0112/2014-S1, señala que nuestra Norma Suprema, consagra, garantiza y protege los derechos fundamentales y garantías constitucionales inherentes a las personas de la tercera edad, proclamando una protección especial. Criterio asumido también en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0010/2018-S2 de 28 de febrero y 0090/2018-S2 de 29 de marzo. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional estableció que, tratándose de adultos mayores, no corresponde aplicar la subsidiariedad excepcional dentro de las acciones de libertad, sino ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. Así, la SCP 0970/2017-S1 de 11 de septiembre, en el Fundamento Jurídico III.5, determinó que:

…el Tribunal Constitucional Plurinacional, por mandato del art. 196.I superior, se halla compelido a la realización de un control plural de constitucionalidad reforzado en relación a grupos o sectores poblacionales en situación de vulnerabilidad material; por ello, en aquellos casos en los cuales se denuncia la existencia de actos lesivos que restringen, suprimen o amenacen con restringir los derechos y garantías reconocidos por la Ley Suprema, con mucha mayor razón cuando se trata de personas de la tercera edad (las negrillas son nuestras).

Dicha Sentencia también señaló que debe asegurarse la consolidación de los principios, valores y garantías constitucionales, a través de una ponderación reforzada, que emane del principio de favorabilidad, para aquellos sectores poblacionales considerados de atención prioritaria como los adultos mayores. A partir de dichos argumentos, en el caso concreto, al constituirse el accionante en adulto mayor, merece una atención preferente y favorable; por lo que, corresponde prescindir del principio de subsidiariedad. En este marco normativo y jurisprudencial, y considerando que el impetrante de tutela es adulto mayor, corresponde ingresar al análisis del fondo de la presente acción de libertad.

III.2. La fuerza vinculante del precedente constitucional con relación al estándar jurisprudencial más alto

El art. 196.I de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales”; conforme a ello, una de las funciones que tiene mayor incidencia sobre los ciudadanos, es la tutela vinculada a la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales a través de la resolución de las acciones de defensa; por ende, este Tribunal está obligado a maximizar el acceso a la justicia constitucional, efectuando una interpretación favorable de las causales de procedencia de las diferentes acciones tutelares, a partir de las normas constitucionales previstas en los arts. 13 y 256 de la CPE, que exigen que, entre varias interpretaciones o normas jurídicas aplicables a un caso concreto, se debe elegir aquella que resulte más favorable al derecho o garantía constitucional. Este criterio de interpretación está contenido en el art. 2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que reitera los criterios de interpretación que deben ser utilizados por el Tribunal Constitucional Plurinacional en su labor jurisdiccional descritos en el art. 196.II de la CPE, referidos a la voluntad del constituyente, de acuerdo a sus actas y resoluciones -interpretación histórica- al tenor literal del texto de la Constitución Política del Estado -interpretación gramatical-; haciendo además referencia a otros criterios, como la aplicación de la interpretación sistemática de la Norma Suprema; y, de la interpretación según los fines establecidos en los principios constitucionales -interpretación teleológica-. El art. 2.II.2 del CPCo reitera los criterios específicos de interpretación de los derechos humanos que están señalados expresamente en los arts. 13 y 256 de la CPE, conforme quedó indicado precedentemente; así, establece que el Tribunal Constitucional Plurinacional podrá aplicar:

Los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado, de acuerdo con los Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el país, cuando éstos prevean normas más favorables. En caso de que esos tratados declaren derechos no contemplados en la Constitución Política del Estado se considerarán como parte del ordenamiento constitucional. Por otra parte, el art. 3.5 del citado cuerpo legal, hace referencia a los principios procesales de la justicia constitucional, entre los que se encuentra el principio de no formalismo, por el cual “…sólo podrán exigirse aquellas formalidades estrictamente necesarias para la consecución de los fines del proceso”; siendo los fines del proceso, en armonía con las funciones del Tribunal Constitucional Plurinacional que fueron detalladas en el art. 196 de la CPE, antes referido, precautelar el respeto y vigencia de los derechos fundamentales y de las garantías constitucionales; consecuentemente, haciendo efectivos los principios constitucionales, procesales y la finalidad de la justicia constitucional, corresponde que este Tribunal propugne una protección efectiva de los derechos y garantías, exigiendo las mínimas formalidades para impartir una justicia constitucional pronta, efectiva y sin obstáculos, que respondan a las necesidades de la o el ciudadano.

Lo anotado cobra mayor relevancia en las acciones de libertad, que dada su naturaleza jurídica, tienen entre sus características al informalismo, que supone la carencia de requisitos formales para su interposición y se manifiesta en la posibilidad de presentar esta acción de manera escrita u oral, sin requerir de la concurrencia de un abogado; la permisión de interponerla a nombre de otra persona, sin necesidad de mandato; la posibilidad de proteger hechos conexos no expresamente denunciados; y, de salvar los aspectos de derecho que fueron omitidos por la o el accionante, entre otros aspectos, conforme lo establece reiteradamente la propia jurisprudencia constitucional.

Ahora bien, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en el marco de los principios de favorabilidad y progresividad, pronunció las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, en las que se estableció que el precedente constitucional en vigor o vigente, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocada, esto es, aquella decisión que hubiera resuelto un problema jurídico de manera más progresiva, a través de una interpretación que tienda a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; estándar, que se escoge después del examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, ya no solamente a partir del criterio temporal de las sentencias constitucionales -si fue anterior o posterior- que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento jurisprudencial, sino sobre todo, aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho.

Consiguientemente, a partir de las Sentencias anotadas, el Tribunal Constitucional Plurinacional está obligado a elegir los precedentes que contengan el estándar jurisprudencial más alto en los diferentes temas que analice, vinculados a derechos fundamentales o garantías constitucionales. Así, tratándose de acciones de libertad en las que se denuncie un supuesto procesamiento indebido, corresponde la aplicación del entendimiento más favorable para el acceso a la justicia constitucional desarrollado por este Tribunal.

III.3. El estándar jurisprudencial más alto en cuanto al derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través del Voto Aclaratorio de la SCP 0040/2018-S2 de 6 de marzo y Voto Disidente de la SCP 0204/2018-S2 de 22 de mayo, cuyos entendimientos fueron consolidados en las SSCCPP 0490/2019-S2 de 9 de julio y 0306/2020-S1 de 12 de agosto -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: A partir de lo señalado precedentemente, corresponde efectuar un examen de la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional sobre el procesamiento indebido y su protección vía acción de libertad. Así, cabe mencionar como antecedente a la SC 0024/2001-R de 16 de enero, que estableció que la protección al debido proceso a través del entonces recurso de habeas corpus, era viable solamente en aquellos casos en los cuales exista directa causalidad con la libertad personal o de locomoción, es decir, cuando los actos u omisiones denunciados sean la causa directa para la restricción o supresión del derecho a la libertad. Posteriormente, la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, refirió que las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien fue objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y solo agotados éstos, es posible acudir a la justicia constitucional a través del entonces recurso de amparo constitucional, al ser el medio idóneo para precautelar las lesiones al debido proceso, salvo que se constate que a consecuencia de dichas violaciones, se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. Los criterios señalados fueron sistematizados en la SC 0619/2005-R de 7 de junio indicando que para la tutela del debido proceso a través del entonces recurso de hábeas corpus, debían concurrir los siguientes requisitos: 1) Los actos u omisiones denunciados debían estar vinculados con la libertad y ser causa directa para su supresión o limitación; y, 2) Debía existir absoluto 3El último Considerando, señala: “Que la protección que brinda el art. 18 de la Constitución Política en cuanto al debido proceso se refiere, no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión, quedando por tanto las demás bajo la tutela que brinda el art. 19 constitucional, que a diferencia del Hábeas Corpus, exige para su procedencia el agotamiento de otras vías o recursos idóneos para lograr la reparación inmediata del acto o la omisión ilegal”. 4El FJ III.2, indica: “De lo dicho se concluye que en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad”. 5El FJ III.1, refiere: “Consiguientemente, a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”.

estado de indefensión, impidiéndoles impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso. Este entendimiento fue seguido por la jurisprudencia constitucional hasta su modulación por la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, en la que, a partir de una interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE con relación al art. 46 del CPCo, a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, estableció en el Fundamento Jurídico III.1, que:

…Efectivamente, debe considerarse, por un lado, que los supuestos de procedencia de la acción de libertad señalados en el art. 125 de la CPE y el art. 47 del CPCo, y cuando se hace referencia al indebido procesamiento, en ningún momento se condiciona la procedencia la vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal.

6El FJ III.1, manifiesta: “Los razonamientos citados precedentemente, han permitido la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad siempre y cuando se encuentre directamente vinculado con el derecho a la libertad; sin embargo, de una interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE, con relación al art. 46 del Código de Procedimiento Penal (CPCo), a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, corresponde efectuar un cambio de línea jurisprudencial respecto a la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad.

A este efecto corresponde extraer las partes esenciales de los precitados preceptos legales; en consecuencia, se tiene que el art. 125 de la Constitución, establece que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o indebidamente procesada o privada de libertad (…), podrá interponer Acción de Libertad (…) ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará (…) se restablezcan las formalidades legales…”(las negrillas son nuestras); lo cual implica expresamente que, la acción de libertad se podrá activar en los siguientes supuestos: 1) Cuando se encuentre en peligro la vida; 2) Cuando exista o se denuncie persecución ilegal; 3) Cuando exista o se denuncie procesamiento indebido; y, 4) Cuando exista amenaza o privación efectiva de la libertad; es decir que, en cualquiera de estos supuestos, podrá acudirse a la acción constitucional a efectos de que los derechos vulnerados sean protegidos o restituidos, no siendo imprescindible la concurrencia simultánea de dos o más de estos presupuestos para activar la presente acción tutelar y tampoco que se encuentren vinculados directamente con el derecho a la libertad o se desprendan de ella.

Efectivamente, debe considerarse, por un lado, que los supuestos de procedencia de la acción de libertad señalados en el art. 125 de la CPE y el art. 47 del CPCo, y cuando se hace referencia al indebido procesamiento, en ningún momento se condiciona la procedencia la vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal.

En ese entendido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone. Dicho razonamiento se refuerza con lo previsto en el art. 125 de la CPE, que determina que la acción debe ser presentada ante el juez o tribunal competente en materia penal, de donde se puede extraer que tanto la finalidad de dicha previsión como la intención del constituyente es que sean los jueces especializados en materia penal los que puedan analizar los supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de la acción de libertad -que en su mayoría emergen de procesos penales- entre ellos el procesamiento indebido, pues, conforme al principio de especialidad, no resultaría congruente que las lesiones al debido proceso sean conocidas y resueltas a través de una acción de amparo constitucional (…)

Como consecuencia, el debido proceso en materia penal, constituye ante todo una limitación al poder punitivo del Estado, siendo que en su esencia comprende el conjunto de garantías sustanciales y procesales establecidas por el legislador a efectos de asegurar la legalidad, regularidad y eficacia de la actividad jurisdiccional en la investigación y juzgamiento de los hechos punibles, siempre bajo la condicionante de proteger los derechos y garantías constitucionales de las personas; protección que abarca entre otros elementos, los principios medulares que integran su núcleo esencial: legalidad, juez natural o legal, favorabilidad, presunción de inocencia, derecho a la defensa (derecho a la asistencia de un abogado, a presentar y controvertir pruebas, a oponer la nulidad de las obtenidas con violación del debido proceso, y a impugnar la sentencia condenatoria), debido proceso público sin dilaciones injustificadas, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

De esta manera, se concluye que el debido proceso penal, es una garantía procesal establecida por la Constitución Política del Estado, que tiene como objetivo proteger los derechos constitucionales que de él emergen y en ese proceso controlar la capacidad punitiva del Estado que, en su momento puede afectar la libertad personal y la presunción de inocencia de aquellos que se encuentran involucrados en una contienda judicial penal.

En este contexto y estando establecido que toda persona sometida a un proceso penal, se halla constitucionalmente imbuido del derecho a la defensa, a la asistencia de un abogado para su asesoramiento en las diferentes etapas del proceso, a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, a la posibilidad de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, en resumen del derecho a un debido proceso, se determina que, únicamente cuando se trata de materia penal, la acción de libertad es el medio idóneo, eficaz y eficiente para restablecer el debido proceso, en todos sus elementos.

En consecuencia, se hace necesario establecer a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad”.

En ese entendido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone (…) [resaltado añadido].

Asimismo, la misma Sentencia señaló que: “…las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad”. Sin embargo, posteriormente la SCP 1609/2014 de 19 de agosto recondujo la línea al criterio restrictivo; es decir, a la exigencia de la directa causalidad entre el acto u omisión denunciados como lesivos y la libertad; y, la existencia de absoluto estado de indefensión. Ahora bien, efectuando un examen de la línea jurisprudencial en cuanto al procesamiento indebido en las acciones de libertad, el estándar jurisprudencial más alto se encuentra contenido en la SCP 0217/2014, por cuanto no limita la protección de la garantía del debido proceso vía acción de libertad a la existencia de indefensión absoluta y vinculación directa con el derecho a la libertad, sino -como se tiene señalado- establece que es posible la protección de la garantía del debido proceso, dentro de los procesos penales, aun no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad, siempre que se hubieren agotado los medios intraprocesales de impugnación, salvo los supuestos de indefensión absoluta, en los cuales no se exige el agotamiento previo de las vías de impugnación existentes.

7El FJ III.3, expresa: “Conforme a dicho razonamiento, la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso, como presupuesto exigible para su tutela a través de la acción de libertad, desaparecía; sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional considera que, partiendo de la propia naturaleza jurídica de la acción de libertad, desarrollada en el Fundamento Jurídico anterior y cuyo principal objetivo es precisamente tutelar de manera específica el derecho a la libertad, no puede modificarse su esencia y ampliar su espectro de acción a aquellos asuntos netamente procedimentales que, aun cuando devengan del área penal, no se hallen en vinculación con el derecho a la libertad; en consecuencia, mediante la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se hace necesario reconducir el anterior entendimiento y restablecer la jurisprudencia constitucional previa, respecto a la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso.

Este entendimiento, emerge precisamente de la interpretación literal y teleológica del art. 125 CPE, que establece la procedencia de la acción de libertad, cuando se produzca una restricción o amenaza de restricción ilegal o indebida a los derechos fundamentales a la vida y a la libertad física a raíz de una persecución ilegal o un indebido procesamiento; en consecuencia, tratándose de la procedencia de la acción de libertad en relación al debido proceso, debe entenderse que la inobservancia a éste -debido proceso-, ha sido la causal principal para la afectación del bien jurídico libertad; pues, de lo contrario, si los actos emergentes del procesamiento no ponen en riesgo la libertad y no ocasionan su restricción, no podrán ser evaluados y considerados a través de la acción de libertad, correspondiendo su tratamiento, una vez agotados todos los medios intra procesales, a la acción de amparo constitucional, como medio de defensa idóneo en el jurisdicción constitucional para reparar y subsanar los defectos procesales en que pudieran haber incurrido tanto servidores públicos como personas particulares.

En este contexto, corresponde reconducir al entendimiento asumido anteriormente por las SSCC 0219/2004-R de 19 de octubre y 1865/2004-R de 1 de diciembre”.

De conformidad a lo anotado, se entiende que las subreglas aplicables en materia de procesamiento indebido vía acción de libertad, deberían ser las siguientes: La garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, cuando: i) Exista vinculación directa o indirecta con el derecho a la libertad física o personal, ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone; y, ii) Se hubieren agotado los medios de impugnación dentro del proceso penal, siempre que estos sean idóneos, específicos y aptos para restituir de forma inmediata los derechos que se encuentran en el ámbito de protección de la acción de libertad; salvo indefensión absoluta del accionante, supuesto en el cual, la acción de libertad podrá ser formulada de manera directa.

III.4. Respecto a las exclusiones probatorias

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1949/2013 de 4 de julio, asumió el siguiente razonamiento:

Para entender a cabalidad el sentido que el legislador otorga a la exclusión probatoria, cabe referirse a lo establecido por el Código de Procedimiento Penal, en cuanto a los medios de prueba en el marco del procedimiento de esta materia, en el Libro Cuarto, Título I “Normas Generales”. Al respecto, el art. 171 del CPP, establece en cuanto a la libertad 8La SCP 0160/2005-R de 23 de febrero, que es fundadora de la línea jurisprudencial referida a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, estableció en el FJ. III.1.2, que: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.

En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria.

El entendimiento interpretativo aludido guarda compatibilidad con los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. En efecto, lo que exigen tales instrumentos, es que los países partes, provean en sus ordenamientos, un medio de defensa efectivo; esto es pronto y eficaz, contra actos que lesionen los derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la libertad. Conforme a esto, el art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclama que `Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley´. En lo regional, el art. 7.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, con más especificidad, proclama que 'Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona'.

Como se puede apreciar, lo que persiguen los pactos internacionales sobre derechos humanos, es garantizar la existencia de un recurso sumario, pronto y eficaz, al que pueda acudir toda persona, para que ésta sin demora, decida sobre la lesión a la libertad alegada, recurso que no necesariamente tiene que ser, el hábeas corpus.

Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus”.

probatoria: “El juez admitirá como medios de prueba todos los elementos líticos de convicción que puedan conducir al conocimiento de la verdad histórica del hecho de la responsabilidad y de la personalidad del imputado. Podrán utilizarse otros medios además de los previstos en este Libro. Su incorporación al proceso se sujetará a un medio análogo de prueba previsto. Un medio de prueba será admitido si se refiere, directa o indirectamente, al objeto de la investigación y sea útil para el descubrimiento de la verdad. El juez limitará los medios de prueba ofrecidos cuando ellos resulten manifiestamente excesivos o impertinentes”. En cuanto a las exclusiones probatorias, el art. 172 del Código referido, alude: “Carecerán de toda eficacia probatoria los actos que vulneren derechos y garantías consagradas en la Constitución Política del Estado, en las Convenciones y Tratados internacionales vigentes, este Código y otras leyes de la República, así como la prueba obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito. Tampoco tendrán eficacia probatoria los medios de prueba incorporados al proceso sin observar las formalidades previstas en este Código” (negrillas añadidas). Norma procedimental que encuentra relación directa con el art. 13 del mismo Código, referente a la legalidad de la prueba, que señala: “Los elementos de prueba sólo tendrán valor si han sido obtenidos por medios lícitos e incorporados al proceso conforme a las disposiciones de la Constitución Política del Estado y de este Código. No tendrá valor la prueba obtenida mediante torturas, malos tratos, coacciones, amenazas, engaños o violación de los derechos fundamentales de las personas, ni la obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito” (negrillas adicionadas). Disposiciones que son observadas en todo el procedimiento penal, a fin de lograr su materialización; y que, se resumen en tres causas para impetrar la exclusión probatoria: 1) Pruebas presentadas en vulneración de derechos y garantías consagrados en la Norma Suprema, Convenciones y Tratados internacionales, así como en el ordenamiento jurídico nacional (Como el caso previsto en el art. 25.IV de la CPE); 2) Pruebas obtenidas como producto de información originada en un procedimiento o medio ilícito; y, 3) Medios de prueba incorporados al proceso penal sin observar las formalidades insertas en la normativa procedimental penal.

Por su parte, el art. 173 del CPP, prevé en cuanto a la valoración asignada a los medios de prueba -se entiende cuando los mismos sean admitidos, siendo que antes no puede efectuarse ningún juicio de valor, correspondiendo únicamente verificar los supuestos del párrafo anterior-: “El juez o tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida”. En conexitud con dicha norma, el art. 359 del citado Código, expresa: “El tribunal valorará las pruebas producidas durante el juicio de un modo integral conforme a las reglas de la sana crítica y expondrá los razonamientos en que fundamenta su decisión (…)”; entendiéndose que se dictará sentencia absolutoria, entre otros, sí la prueba aportada no es suficiente para generar en el juez o tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal del imputado [art. 363 inc. 2) del CPP]; o, sentencia condenatoria: “…cuando la prueba aportada sea suficiente para generar en el juez o tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal del imputado (…)” (art. 365 del CPP).

De acuerdo a lo desarrollado, se puede concluir que si bien el art. 171 del CPP, establece la libertad probatoria, existen causas por las que opera la exclusión de las pruebas ofrecidas, cuando son obtenidas en los casos glosados con antelación. Así, toda prueba obtenida con violación de garantías fundamentales es nula y debe ser excluida del proceso, constituyéndose la regla de la exclusión probatoria en una auténtica protección de los derechos fundamentales; por lo que, el proceso penal debe ser sustentado sólo en base a los medios de prueba permitidos por ley, que sean lícitos, incorporados en base a las formalidades legales y que no vulneren derechos fundamentales ni garantías constitucionales en perjuicio del imputado; caso contrario, cuando lesionen derechos constitucionalmente establecidos, o se quebrante el procedimiento legal en su obtención, no pueden fundar una eventual responsabilidad penal debiendo ser apartadas del proceso.

III.5. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la presunción de inocencia, al debido proceso en sus elementos motivación, legalidad, y a “…la coherencia de las resoluciones vinculada a la defensa…” (sic), así como el principio pro actione; toda vez que, la autoridad jurisdiccional ahora accionada: i) No admitió su petición de suspensión del juicio oral para que su defensa técnica conozca la causa, ya que en mérito al poder ordenador que ostenta no es admisible la suspensión de actuaciones; por lo que, formuló recurso de reposición; sin embargo, no pudo ser motivado por la advertencia de iniciar procesos a los defensores conforme el art. 339 del CPP; ii) Al momento de la producción de prueba documental, ordenó que sus abogados defensores esperen tres horas en sala virtual a efecto que por Secretaría se digitalice los elementos a ser debatidos, disponiendo al mismo tiempo que más de 200 fojas fuesen revisadas en cinco (5) minutos, y si existiría algún incidente de exclusión probatoria debería formularse en idéntico termino; pronunciamientos que fueron objeto de recurso de reposición en aplicación de los arts. 401 y 402 del Código de Procedimiento Penal (CPP), sin embargo, no se les permitió fundamentar dicho recurso; y, iii) Determinó que los incidentes de exclusión probatoria serian tratados conforme a lo dispuesto en los arts. 314 y 315 del CPP y que los mismos debían ser sobrevinientes, caso contrario los rechazaría in límine; determinación contra la cual, interpuso recurso de reposición, que fue negado en su interposición, imponiendo multa a los abogados defensores y nombrando un defensor de oficio. Antes de ingresar al examen de fondo, corresponde hacer una precisión en torno a la aplicación de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; toda vez que, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados, ya que, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas; sin embargo, corresponde aclarar que la jurisprudencia constitucional ha establecido expresamente que, tratándose de adultos mayores, no corresponde aplicar la subsidiariedad excepcional dentro de las acciones de libertad, sino ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. Así, la SCP 0970/2017-S1 de 11 de septiembre, también señaló entre sus fundamentos, que debe asegurarse la consolidación de los principios, valores y garantías constitucionales, a través de una ponderación reforzada, que emane del principio de favorabilidad, para aquellos sectores poblacionales considerados de atención prioritaria como los adultos mayores. En consecuencia, y dado que en el presente caso el accionante es una persona adulta mayor, merece una atención preferente y favorable; por lo que, corresponde prescindir del principio de subsidiariedad, de acuerdo a lo establecido por el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Ahora bien, de la revisión de los antecedentes que cursan en el legajo constitucional, se advierte que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra del ahora accionante, por la presunta comisión del delito de Tráfico previsto por el art. 48 en relación al art. 33 inc. m) de la Ley 1008, se llevó a cabo la audiencia de juicio oral, público y contradictorio el de 16 de marzo de 2021, donde el abogado de la defensa (Raúl Fernando Ferreira Gonzales) de la parte acusada -ahora accionante-, solicitó la suspensión de la misma; sin embargo, la autoridad judicial demandada otorgó el tiempo prudencial para la revisión de pruebas; decisión que fue objeto de recurso de reposición por la parte acusada, quien emitió amenazas de procesos y otros en su fundamentación, lo que motivó que por primera vez se le llamara la atención, otorgando el plazo para la revisión de pruebas; no obstante, el mencionado -abogado- siguió emitiendo amenazas de procesos a la Jueza ahora accionada, quien expresó la segunda llamada de atención, disponiendo la identificación del mismo y de su domicilio procesal; posteriormente, se verificó interferencia en los micrófonos, por lo que reiteró su petición de suspensión de audiencia; corrida en traslado, el Ministerio Público pidió su rechazo; sin embargo, frente a la solicitud del otro abogado de la defensa del acusado (Manuel Chambilla Bolo), la autoridad judicial ahora accionada dispuso la suspensión de la audiencia (Conclusión II.1). Suspendida la referida audiencia, se señaló una nueva para el 17 de igual mes y año a horas 08:50, donde se realizaron los siguientes actos, la autoridad judicial ahora accionada preguntó si se planteará exclusión probatoria en relación a las pruebas ofrecidas, respondiendo la parte acusada, señaló los incidentes de exclusión probatoria que pretende interponer, conectándose el abogado de la defensa (Raúl Fernando Ferreira Gonzales); posteriormente, la Jueza ahora accionada emitió la advertencia de aplicar el art. 315 del CPP modificado por la Ley 1173 respecto a los incidentes a interponer; instante en el que, los abogados de la defensa interpusieron recurso de reposición, que fue resuelto declarando no ha lugar el mismo; en seguida, la parte acusada interpuso incidente de exclusión probatoria contra la prueba MP-PD1; sin embargo, se manifestaron Faltas de respeto por parte del abogado Raúl Fernando Ferreira Gonzales, quien señaló a la autoridad judicial ahora accionada “PREVARICADORA…!!!!...” (sic), ante tal aseveración, se impuso sanción pecuniaria en su contra; no obstante, el referido abogado de la defensa del acusado ahora accionante, haciendo advertencias de iniciar denuncias en contra de la referida autoridad judicial ahora demandada, abandonó la Sala Virtual, dejando solo al abogado copatrocinante de la defensa (Manuel Chambilla Bolo), quien continuó la fundamentación del incidente de exclusión probatoria, misma que fue respondida por el Ministerio público, emitiendo la Resolución 21/2021 que resolvió “…DECLARAR INFUNDADO Y RECHAZAR EL INCIDENTE DE EXCLUSIÓN PROBATORIA (…) con relación a la prueba MPPD1 (…) se dispone declarar manifiestamente dilatoria, maliciosa y temeraria (…) la interposición del incidente de exclusión probatoria (…) se impone al abogado que ha planteado este incidente de exclusión probatoria (…) una sanción pecuniaria equivalente a 2 salarios mínimos nacionales…” (sic); contra dicha resolución, el abogado de la defensa del acusado presente en audiencia, hizo la reserva del recurso de apelación y posteriormente renunció al patrocinio del acusado -ahora accionante-; ante la renuncia y abandono de los abogados de la defensa, la Jueza demandada convocó a un abogado de defensa publica para seguir con la audiencia de juicio oral, suspendiendo dicho acto para el mismo día a horas 12:30 (Conclusión II.1). En ese contexto, los impetrantes de tutela cuestionan varios aspectos a través de la presente acción de libertad, en cuyo orden se resolverá, analizando los siguientes agravios planteados en la demanda tutelar:

Bajo ese contexto, respecto al primer agravio planteado, en cuanto a que la autoridad jurisdiccional ahora accionada no admitió su petición de suspensión del juicio oral para que su defensa técnica conozca la causa, ya que en mérito al poder ordenador que ostenta no es admisible la suspensión de actuaciones; por lo que, formuló recurso de reposición; sin embargo, no pudo ser motivado por la advertencia de iniciar procesos a los defensores conforme el art. 339 del CPP. Al respecto, conforme a los antecedentes se advierte que, en la audiencia de 16 de marzo de 2021, el abogado de la parte acusada (Raúl Fernando Ferreira Gonzales), solicitó la suspensión de audiencia para conocer la causa; en tal sentido, la autoridad judicial ahora accionada informó que el mismo no se identificó al momento de la etapa de producción de prueba documental del Ministerio Público, por lo que habiendo corrido en traslado las mismas, “que fueron digitalizadas en dicha audiencia” (sic), solicito se disponga la suspensión de la audiencia para la revisión de las pruebas; sin embargo, de acuerdo al informe de la autoridad judicial demandada “les fue concedido 15 minutos, pero ampliándolos a 20 minutos, toda vez que eran dos, los abogados que estaban revisando las pruebas del Ministerio Público Raúl Fernando Ferreira Gonzales y Manuel Chambilla Bolo, (…) transcurrido de sobremanera el receso (…) solicitó nuevamente la suspensión de la audiencia…” (sic), frente a tanta discusión, la Jueza ahora accionada dispuso la suspensión de la audiencia para el 17 de igual mes y año a horas 08:50. En ese contexto, se verifica que en la audiencia de juicio oral de 16 de marzo de 2021, la autoridad judicial ahora accionada, conforme a la petición de la defensa del acusado -ahora accionante-, otorgó el tiempo prudencial para la revisión de las pruebas, mismo que fue ampliado a 20 minutos; si bien no fue un tiempo largo, pero fue acorde al copatrocinio del acusado -ahora impetrante de tutela- y a la prueba ofrecida por el Ministerio Público, conforme al Requerimiento Conclusivo de Acusación Formal de 12 de junio de 2020 (Conclusión II.3); no obstante lo manifestado, se evidencia que la autoridad judicial demandada, rechazó el recurso de reposición interpuesto y posteriormente suspendió la audiencia de juicio oral, público y contradictorio para el día siguiente a horas 08:50, otorgando a la defensa del acusado -ahora impetrante de tutela-, la posibilidad de analizar íntegramente el caso y asumir la defensa técnica amplia e irrestricta del procesado -ahora accionante-; por lo que, en este punto no se advierte vulneración alguna del debido proceso en sus elementos el derecho a la defensa, legalidad y presunción de inocencia; en consecuencia, corresponde denegar la tutela solicitada. En cuanto al segundo agravio planteado, la autoridad jurisdiccional ahora accionada al momento de la producción de prueba documental, ordenó que sus abogados defensores esperen tres horas en sala virtual a efecto que por Secretaría se digitalice los elementos a ser debatidos, disponiendo al mismo tiempo que más de 200 fojas fuesen revisadas en cinco (5) minutos, y si existiría algún incidente de exclusión probatoria debería formularse en idéntico termino; pronunciamientos que fueron objeto de recurso de reposición en aplicación de los arts. 401 y 402 del CPP, sin embargo, no se les permitió fundamentar dicho recurso. Al respecto, conforme a los antecedentes se advierte que, en la audiencia de 16 de marzo de 2021, la autoridad judicial demandada, en etapa de producción de prueba documental, corrió en traslado las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, “que fueron digitalizadas en dicha audiencia” (sic), otorgando a la defensa del acusado -ahora accionante-, el tiempo prudencial de “15 minutos, pero ampliándolos a 20 minutos, toda vez que eran dos, los abogados que estaban revisando las pruebas del Ministerio Público Raúl Ferreira y Manuel Chambilla, (…) transcurrido de sobremanera el receso” (sic), la misma solicitó a la defensa del acusado -ahora accionante- que presente sus exclusiones probatorias para cada una de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público; sin embargo, dicha determinación fue objeto de recurso de reposición por la parte acusada -ahora impetrante de tutela-; momento en el cual, por primera vez se llamó la atención al referido abogado de la defensa (Raúl Fernando Ferreira Gonzales) por la amenaza de procesos y otros que efectuó, otorgando el plazo para la revisión de pruebas; sin embargo, el mencionado -abogado-continuó emitiendo amenazas de procesos a la referida autoridad judicial -ahora demandada-, quien expresó la segunda llamada de atención contra la defensa. De lo expuesto y de acuerdo a los antecedentes, se verifica que en la audiencia de juicio oral de 16 de marzo de 2021, la autoridad judicial ahora accionada, ordenó la digitalización de la prueba ofrecida por el Ministerio Público para ser puesta en conocimiento de la defensa del acusado -ahora impetrante de tutela-, ya que se desarrollaba la audiencia virtual; determinación que se entiende fue asumida por el contexto virtual en el que se celebraba la misma, utilizando herramientas informáticas para lograr la finalidad del juicio oral, público y contradictorio, asegurando el derecho a la defensa, principios de contradicción e inmediación, conforme al Protocolo de Actuación de Audiencias Virtuales del Órgano Judicial aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia; asimismo, conforme a la petición de la defensa del acusado -ahora accionante-, se otorgó el tiempo prudencial para la revisión de pruebas, mismo que se amplió a 20 minutos, que si bien no fue un tiempo largo, pero fue proporcional a la participación de los dos abogados y a la prueba ofrecida por el Ministerio Público; por ello, queda claro que la autoridad judicial demandada, no otorgó cinco (5) minutos para la revisión de la prueba documental ofrecida como denuncia la parte acusada -ahora accionante-, sino que otorgó un tiempo prudencial ampliado de 20 minutos; no obstante, pese a los recursos de reposición que fueron rechazados, la misma decidió suspender la audiencia para el día siguiente, otorgando el tiempo necesario para la revisión de pruebas e interposición del incidente de exclusión probatoria correspondiente en contra de la pruebas ofrecidas por el Ministerio Público; por último, se advierte que la autoridad judicial demandada, emitió dos llamadas de atención en contra del abogado de la defensa, ya que el mismo al interponer los recursos de reposición, en lugar de fundamentar, amenazó con procesos a la autoridad judicial ahora accionada, situación que demuestra que no es evidente la denuncia del accionante en cuanto al impedimento para fundamentar su recurso de reposición; por lo expuesto, no se advierte vulneración alguna del debido proceso en sus elementos el derecho a la defensa, legalidad y presunción de inocencia; en consecuencia, corresponde denegar la tutela impetrada. En cuanto al tercer agravio planteado, la autoridad jurisdiccional ahora accionada determinó que los incidentes de exclusión probatoria serian tratados conforme a lo dispuesto en los arts. 314 y 315 del CPP y que los mismos debían ser sobrevinientes, caso contrario los rechazaría in límine; determinación contra la cual, interpuso recurso de reposición, que fue negado en su interposición, imponiendo multa a los abogados defensores y nombrando un defensor de oficio. Al respecto, de los actuados que cursan en el expediente se advierte que, conforme el acta de audiencia de juicio oral de 17 de marzo de 2021, en la fase de exclusión probatoria, la defensa del acusado -ahora impetrante de tutela-, anunció el planteamiento de exclusión probatoria en contra de todas las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público; en cuyo mérito, la Jueza demandada advirtió que dichos incidentes serian tramitados conforme a lo dispuesto por los arts. 314, 315 y 345 del CPP modificado por la Ley 1173; una vez advertidos, la defensa del solicitante de tutela interpuso recurso de reposición, siendo declarado “NO HA LUGAR”; posteriormente, se observa que al momento de solicitar la exclusión probatoria de la prueba MP-PD1, la defensa del ahora accionante, expresó varias faltas de respeto a la autoridad judicial demandada, momento en el que uno de los abogados de la defensa (Raúl Fernando Ferreira Gonzales) abandonó la audiencia virtual, quedando la defensa a cargo del otro abogado (Manuel Chambila Bolo); en este punto, la autoridad judicial demandada después de las advertencias y en atención al incidente dilatorio, malicioso y temerario por carecer de fundamento y prueba, en uso del poder ordenador y disciplinario previsto por el art. 315.III del CPP, emitió el Auto 21/2021, de la misma fecha, (Conclusión II.2) resolviendo “…DECLARAR INFUNDADO Y RECHAZAR EL INCIDENTE DE EXCLUSIÓN PROBATORIA (…) con relación a la prueba MPPD1 (…) se dispone declarar manifiestamente dilatoria, maliciosa y temeraria (…) la interposición del incidente de exclusión probatoria (…) se impone al abogado que ha planteado este incidente de exclusión probatoria (…) una sanción pecuniaria equivalente a 2 salarios mínimos nacionales…” (sic); enseguida, el abogado de la defensa (Manuel Chambila Bolo) del impetrante de tutela, presente en audiencia, hizo “RESERVA DE APELACIÓN” (sic) contra el Auto 21/2021 y renunció a la defensa del acusado -ahora accionante-, instante en el que la Jueza demandada, convocó a un abogado de defensa pública para proseguir la audiencia de juicio oral el mismo día a horas 12:30. Ahora bien, se advierte que la problemática en cuestión gira en torno al reclamo sobre el trámite de los incidentes de exclusión probatoria conforme a lo dispuesto por los arts. 314, 315 y 345 del CPP, situación que fue objeto de recurso de reposición; sin embargo, no se advierte que la autoridad judicial demandada haya negado la interposición del recurso o hubiera omitido pronunciarse al respecto; al contrario, conforme el acta de audiencia de juicio oral de 17 de marzo 2021, la misma fue resuelta declarando “NO HA LUGAR LA REPOSICIÓN” (sic); en esa línea, se verifica que la referida resolución de recurso de reposición no impuso ninguna sanción pecuniaria como denuncia el impetrante de tutela, sino que la misma fue dispuesta por Auto 21/2021 de la misma fecha -que resolvió la exclusión probatoria de la MP-PD1-, en atención al incidente dilatorio, malicioso y temerario presentado por la defensa del impetrante de tutela, situación que fue suficiente para el ejercicio del poder ordenador y disciplinario a cargo de la autoridad judicial ahora demandada prevista por el art. 315.III del CPP, quien a través del referido Auto 21/2021, impuso la correspondiente sanción pecuniaria equivalente a dos salarios mínimos nacionales a favor del Órgano Judicial. Por su parte, después de continuar la fundamentación del incidente de exclusión probatoria contra la MP-PD1, la defensa técnica (Manuel Chambila Bolo) del acusado -ahora peticionante de tutela-, presente en audiencia, hizo “RESERVA DE APELACIÓN” (sic) contra el Auto 21/2021 de 17 de marzo de 2021 y posteriormente, renunció a la defensa del acusado -ahora accionante-, dejándolo sin defensa técnica, momento en el que la Jueza demandada convocó a un abogado de defensa pública para proseguir la audiencia de juicio oral el mismo día a horas 12:30; en este punto, no se advierte vulneración alguna, ya que la autoridad judicial ahora demandada, después del abandono (Raúl Fernando Ferreira Gonzales) y renuncia (Manuel Chambila Bolo) de los abogado de la defensa del acusado ahora accionante, obró conforme a lo previsto por el art. 104 del CPP, que establece claramente que “Si se produce una nueva renuncia o abandono se le designará de oficio un defensor”; por lo expuesto, no se evidencia vulneración alguna del debido proceso en sus elementos el derecho a la defensa, legalidad y presunción de inocencia, ya que el procesado tuvo la oportunidad de plantear los recursos dispuestos por ley para hacer valer sus derecho en la vía ordinaria y se le designó un abogado de defensa pública conforme a Ley, por lo que corresponde denegar la tutela impetrada. Con relación a “…la coherencia de las resoluciones vinculada a la defensa…” (sic), así como el principio pro actione, el accionante no explicó en qué medida y de qué manera se hubieran vulnerado los mismos, por lo que se deniega la tutela al respecto. Por último, debe considerarse que en la presente acción de libertad, la Jueza de garantías mediante Resolución 04/2021 de 18 de marzo cursante de fs. 175 a 177, concedió la tutela solicitada, disponiendo lo siguiente: a) Dentro de las 24 horas de su notificación la autoridad demandada emita Auto fundamentado dejando sin efecto las audiencias vulneradoras de derechos celebradas el 16 y 17, señalando audiencia de prosecución del juicio oral; y, b) La autoridad accionada de curso a los recursos de impugnación que tiene derecho el acusado; por lo que, en atención a la facultad previsora establecida en el art. 28.II del CPCo, resulta necesario dimensionar los efectos jurídicos en el presente caso.

III.6. Otras consideraciones

En atención a la actuación de la Jueza de garantías, se constata que de manera temeraria se pronunció sobre aspectos relativos a la forma de tramitación de los incidentes de exclusión probatoria; motivo por el cual, -a los fines de que no se repita dicha actuación- se debe llamar severamente la atención. En consecuencia, la Jueza de garantías al conceder la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 04/2021 de 18 de marzo cursante de fs. 175 a 177, pronunciada por Jueza de Sentencia Penal Quinta en suplencia legal de su similar Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo: 2° Dimensionar los efectos de lo dispuesto por la Jueza de garantías, en función al principio de seguridad jurídica, a la que tiene derecho el accionante; por ello, se deja incólume la disposición asumida en la Resolución 04/2021 de 18 de marzo; y, 3° Llamar severamente la atención a Lucía Fuentes Nina, Jueza de Sentencia Penal Quinta del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías; advirtiéndole que en caso de realizar similar actuación ulterior, se remitirá antecedentes ante el Consejo de la Magistratura, a efectos de ley.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.4, indica: “Bajo esa lógica, el orden constitucional vigente, consagra, garantiza y protege los derechos y garantías fundamentales inherentes a las personas de la tercera edad, proclamando una protección especial; así, el art. 67 de la Norma fundamental, señala los derechos a una vejez digna, con calidad y calidez humana, dentro de los márgenes o límites legales; además de ello, el Estado boliviano ha dotado de una serie de medidas e instrumentos legales con miras a una protección real de este grupo en situación de vulnerabilidad; esa afirmación encuentra sustento, en la emisión de la Ley General de las Personas

Adultas Mayores, de 1 de mayo de 2013, que tiene por objeto regular los derechos, garantías y deberes de las personas adultas mayores, así como la institucionalidad para su protección (art. 1), siendo titulares de los derechos en ella expresados las personas adultas mayores de sesenta o más años de edad, en el territorio boliviano (art. 2). Los derechos fundamentales y protección especial que merecen las personas de la tercera edad, se encuentran recogidos asimismo, en instrumentos internacionales, concretamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en sus arts. 2, 22, y 25; así como dentro de los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 1991, en sus numerales 12 y 17, en los que se destaca el derecho que tienen los ancianos a tener: `…acceso a servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores niveles de autonomía, protección y cuidado´; y, a: `…poder vivir con dignidad y seguridad y verse libre de explotaciones y de malos tratos físicos o mentales´”.

2 La línea jurisprudencial sobre el principio de informalismo que rige a la acción de libertad, desarrollada en diferentes tópicos, puede ser encontrada en la sistematización de la jurisprudencial 2012-2015, efectuada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; disponible en: https://jurisprudencia.tcpbolivia.bo/Fichas/fichaResultado/3954.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0522_2022-S1_id65622.pdf · páginas 1 a 25.

Huella digital del PDF (SHA-256): b0e455ef0b55515a79f540632676cf3e170b057cb0fc521150638b5c20b37b06

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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