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SCP 0521/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 3 de junio de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
3 de junio de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
55050-2023-111-AAC
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la lesión de su derecho a la propiedad; la garantía del debido proceso en su componente acceso a la justicia; y, el principio de legalidad; puesto que, los entonces Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental -ahora demandados-, emitieron el Auto Agroambiental Plurinacional S2ª 094/2022, que anuló obrados incluyendo la Sentencia 10/2022, por la cual, se declaró probada su demanda de desalojo por avasallamiento; sin embargo, esta determinación: a) Contiene un razonamiento contario a lo establecido en el art. 105 del CPC por mandato del art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 18/2023 de 19 de abril, cursante de fs. 159 a 162 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la nulidad de actos procesales
  2. III.2. Análisis de caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0521/2025-S2 Sucre, 3 de junio de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 55050-2023-111-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución 18/2023 de 19 de abril, cursante de fs. 159 a 162 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Javier Arce Cuevas y Silvia Maraz Jurado contra Gregorio Aro Rasguido y Ángela Sánchez Panoso, entonces Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 3 y 10, ambos de abril de 2023, cursantes de fs. 40 a 45 vta. y 59 a 60 vta., la parte accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Por proceso administrativo agrario de saneamiento, a través de Título Ejecutorial PPD-NAL-886095 se adjudicó la propiedad del predio denominado “LA NEGRA” con una superficie de 5 5144 ha inscrito ante la oficina del registro de Derechos Reales (DD.RR.) mediante folio real con Matrícula 6.01.0.10.0011210; sin embargo, Ramiro Ortega Martínez y Carmen García Aguilera avasallaron dicho bien inmueble a partir de la gestión 2018, ante lo cual, pusieron en conocimiento de estos, la medida cautelar de “Prohibición de asentamiento” impuesta por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA); empero, se negaron a retirarse del lugar, pese a constantes advertencias de que desocupen el mismo. Es así que, el 10 de octubre de 2019, iniciaron un proceso de desalojo por avasallamiento contra los prenombrados, quienes pretendieron utilizar un documento privado de compra-venta para justificar la posesión del referido predio; empero, pese a demorar “3 AÑOS” en sustanciarse la causa, Rocío Marisol Ortiz Aban, Jueza Agroambiental de la Capital del departamento de Tarija, emitió la Sentencia 10/2022 de 5 de julio, que declaró probada su demanda. No obstante, la parte perdidosa presentó recurso de casación, ante lo cual, Gregorio Aro Rasguido y Ángela Sánchez, entonces Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental -ahora demandados-, emitieron el Auto Agroambiental Plurinacional S2ª 094/2022 de 11 de octubre, por el cual, dispusieron “anular obrados” porque la Jueza a quo habría sustanciado el mismo mediante proceso oral agrario, y no mediante “PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO”.

I.1.2. Derecho, garantía y principio supuestamente vulnerados

La parte accionante denuncia la lesión de su derecho a la propiedad; la garantía del debido proceso en su componente acceso a la justicia pronta, oportuna y eficaz; y, el principio de legalidad, citando para tal efecto, los arts. 56, 115 y 393 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene: a) Dejar sin efecto el Auto Agroambiental Plurinacional S2ª 094/2022; y, b) La emisión de una nueva resolución, restableciendo los derechos constitucionales lesionados.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 19 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 156 a 158 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso los términos contenidos en su memorial de acción de amparo constitucional, y ampliando en audiencia de garantías señaló que: 1) El razonamiento contenido en el Auto Agroambiental Plurinacional S2ª 094/2022, está al margen de la ley, en específico, de lo contenido en el art. 105 del Código Procesal Civil (CPC), que rige por mandato del art. 78 de la Ley del Sistema Nacional de Reforma Agraria (LSNRA) -Ley 1715 de 18 de octubre de 1996-; 2) El argumento por el cual se anuló obrados, refiere que la Jueza a quo habría establecido punto de hechos a probar dentro del proceso, convirtiéndolo de sumarísimo a un proceso ordinario, lesionando sus derechos a la tutela judicial efectiva y a la propiedad; y, 3) El Magistrado Relator -Gregorio Aro Rasguido- en un caso similar, y con la misma Jueza a quo, no anuló obrados, solo declaró infundado el recurso y mantuvo vigente la sentencia.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Ángela Sánchez Panozo, entonces Magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, a través de informe escrito, cursante de fs. 165 a 167 vta., y en audiencia de garantías, solicitó se deniegue la tutela, bajo los siguientes argumentos: i) La parte accionante no refirió cuáles serían los actos ilegales o las omisiones indebidas, tampoco señaló de forma precisa la relación de los hechos, ni identificó los derechos y garantías que se consideran vulnerados por el Auto Agroambiental Plurinacional S2ª 094/2022 y tampoco mencionó el nexo de causalidad entre estos, tal como establece el art. 33.5, 7 y 8 del Código Procesal Constitucional (CPCo); es así que, su memorial de acción de amparo constitucional, solo es una transcripción de su demanda de “Desalojo por Avasallamiento”; ii) Lo que se pretende es que la jurisdicción constitucional funja como un tribunal de apelación o de impugnación para que se ingrese a revisar el fondo del asunto resuelto por esta jurisdicción especializada, solicitud que no llega a ser procedente de acuerdo a la misma jurisprudencia constitucional establecida en la SCP “0397/2021-S4” de 16 de agosto; iii) En cumplimiento de los arts. 5 y 106.I del CPC; y, 17.I de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, se realizó una valoración integral y objetiva de la prueba presentada dentro del proceso, fundamentando y motivando de manera adecuada el Auto Agroambiental Plurinacional cuestionado; puesto que, se evidenciaron irregularidades y valoraciones indebidas dentro del proceso que motivaron proceder con la nulidad de obrados; iv) Respecto a la valoración probatoria, en virtud de los arts. 1286 y 1297 del CC; y, 145 y 150 del CPC, se evidenciaron hechos controvertidos entre dos pruebas -el título ejecutorial de la parte impetrante de tutela y el documento privado de los terceros interesados-, aspecto que, no puede ser analizado en un proceso de desalojo por avasallamiento; y, v) Lo peticionado no tiene relevancia constitucional, puesto que, no modificará el fondo de lo resuelto. Gregorio Aro Rasguido, entonces Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, a través del memorial cursante a fs. 172, hizo conocer que ya no forma parte de dicha Sala, señalando que corresponderá a las nuevas autoridades de la señala jurisdicción especializada, dar cumplimiento a las determinaciones del Tribunal de garantías.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Carmen García Aguilera y Ramiro Ortega Martínez, mediante memoriales cursantes de fs. 120 a 122 vta. y 152 a 154 vta., y en audiencia de garantías, solicitaron se deniegue la tutela impetrada, bajo los siguientes argumentos: a) La parte accionante constituyó su derecho propietario en la gestión 2019, empero, señaló que el avasallamiento comenzó en la gestión 2017, siendo improcedente aplicar el proceso de desalojo contra actos anteriores a la constitución del referido derecho, más aún, porque se encuentra en posesión del predio desde la gestión 2008, es decir, cuando lo adquirieron de la “cooperativa COBIVE”; por lo cual, el Tribunal ad quem solicitó a la Jueza ad quo verificar si el título de los prenombrados es anterior al hecho denunciado; b) En el proceso de desalojo fueron admitidas y valoradas dos pruebas: el documento privado de 3 de septiembre de 2008, por el cual, adquirió la propiedad del lote de terreno; y, el título ejecutorial de 3 de octubre de 2019, mediante el cual, la parte impetrante de tutela alega ser titular del mismo bien inmueble, aspecto que, correspondía ser dilucidado en otro tipo de proceso; c) Inició una demanda de desalojo contra la parte peticionante de tutela y otros, misma que, se encuentra pendiente de resolución del recurso de apelación incidental que planteó; y, d) La parte accionante no fundamentó de qué manera se le habrían vulnerado sus derechos, ni explicó el nexo de causalidad entre estos y los hechos denunciados.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante Resolución 18/2023 de 19 de abril, cursante de fs. 159 a 162 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: 1) La jurisdicción constitucional no puede arrogarse facultades que no le competen, por lo que, no puede ingresar a revisar la labor de los jueces de otras jurisdicciones, a no ser que, concurran dos situaciones como lo son: i) Cuando la labor interpretativa del juzgador resulte insuficiente, arbitraria o incongruente; y, ii) Cuando existe relevancia constitucional porque los derechos o garantías constitucional lesionados emergen de la interpretación de legalidad que se impugna; 2) El Auto Agroambiental Plurinacional S2ª 094/2022, se encuentra debidamente fundamentado y motivado, puesto que, se señaló que al haberse evidenciado un vicio procesal, debían anularse obrados para subsanarlo; además, no evidenciaron el nexo de causalidad entre el derecho propietario aludido en la pretensión de la parte accionante y lo resuelto en dicha determinación; 3) Respecto al derecho al acceso a la justicia pronta, eficaz y oportuna, el Auto Agroambiental Plurinacional impugnado explicó el porqué de la nulidad de obrados; por lo que, no es un simple capricho o una decisión irrazonable; y, 4) No evidenciaron vulneración de derechos o garantías constitucionales, más aún, cuando no existe relevancia constitucional para ingresar el análisis de fondo de la problemática planteada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Sentencia 10/2022 de 5 de julio, Rocío Marisol Ortiz Aban, Jueza Agroambiental de la Capital del departamento de Tarija, declaró probada la demanda de desalojo por avasallamiento, interpuesta por Javier Arce Cuevas y Silvia Maraz Jurado -ahora parte accionante- contra Carmen García Aguilera y Ramiro Ortega Martínez -ahora terceros interesados- (fs. 1 a 7 vta.). II.2. A través del Auto Agroambiental Plurinacional S2ª 094/2022 de 11 de octubre, Gregorio Aro Rasguido y Ángela Sánchez Panozo, entonces Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental -ahora demandados-, se “ANULA OBRADOS hasta fs. 626…” (fs. 12 a 22 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la lesión de su derecho a la propiedad; la garantía del debido proceso en su componente acceso a la justicia; y, el principio de legalidad; puesto que, los entonces Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental -ahora demandados-, emitieron el Auto Agroambiental Plurinacional S2ª 094/2022, que anuló obrados incluyendo la Sentencia 10/2022, por la cual, se declaró probada su demanda de desalojo por avasallamiento; sin embargo, esta determinación: a) Contiene un razonamiento contario a lo establecido en el art. 105 del CPC por mandato del art. 75 de la LSNRA, el cual señala que la nulidad se rige por los principios de legalidad, especificidad y trascendencia; y, b) Anuló obrados, alegando que la Jueza a quo no debía haber señalado hechos a probar porque se evidenciaron hechos controvertidos que deben ser dilucidados en un proceso oral agrario, y no en un proceso de desalojo por avasallamiento. Al respecto, Ángela Sánchez Panozo, señaló que la parte impetrante de tutela pretende que la justicia constitucional actúe como una instancia de revisión más, y que el Auto Agroambiental Plurinacional S2ª 094/2022 se emitió debido a la existencia de hechos controvertidos; es así que, la referida acción tutelar carece de relevancia constitucional porque el fondo del asunto no tendrá modificación alguna; asimismo, Gregorio Aro Rasguido, presentó informe por el cual manifestó que ya no forma parte de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, por lo que, no tiene competencia para emitir pronunciamiento alguno. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos demandados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la nulidad de actos procesales

De acuerdo a la SC 1644/2004-R de 11 de octubre, respecto a la nulidad de actos procesales se estableció que: “Según la doctrina la nulidad consiste en la ineficacia de los actos procesales que se han realizado con violación de los requisitos, formas o procedimientos que la Ley procesal ha previsto para la validez de los mismos; a través de la nulidad se controla la regularidad de la actuación procesal y se asegura a las partes el derecho constitucional al debido proceso. Por regla general la nulidad procesal retrotrae el proceso al momento anterior al que se genera el vicio de procedimiento, es decir, la inobservancia de los requisitos, formas o procedimientos previstos por la Ley procesal, a esa regla se impone la excepción para los casos en los que al sustanciarse un incidente o trámite ajeno al asunto principal se produzca el vicio, o cuando una actuación procesal posterior no dependa del acto viciado, casos en los que el Juez puede disponer la anulación de algún acto procesal específico; empero, para ello el auto que declare la nulidad de obrado debe señalar con precisión la o las actuaciones que deben renovarse, de no especificarse se aplica la regla general de retrotraer el proceso al momento anterior al que se originó el vicio.” (las negrillas nos corresponden).

Asimismo, la SCP 0146/2016-S3 de 28 de enero, respecto a la declaratoria de nulidad procesal de oficio señaló que: [Destaca en ese marco, que a efecto de una declaratoria de nulidad procesal, aun de oficio por un juez o tribunal de casación, deben presentarse los elementos explicados por la SCP 0332/2012 de 18 de junio, que reitera el razonamiento asumido en la SC 0731/2010-R de 20 de julio, señalando: «…a) Principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto procesal se haya realizado en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es decir, que no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto ella debe ser expresa, específica, porque ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no está expresamente determinada por la ley, en otros términos "No hay nulidad, sin ley específica que la establezca" (Eduardo Couture, 'Fundamentos de Derecho Procesal Civil', p. 386); b) Principio de finalidad del acto, 'la finalidad del acto no debe interpretarse desde un punto de vista subjetivo, referido al cumplimiento del acto, sino en su aspecto objetivo, o sea, apuntando a la función del acto' (Palacio, Lino Enrique, 'Derecho Procesal Civil', T. IV p. 145), dando a entender que no basta la sanción legal específica para declarar la nulidad de un acto, ya que ésta no se podrá declarar, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a la que estaba destinada; c) Principio de trascendencia, este presupuesto nos indica que no puede admitirse el pronunciamiento de la nulidad por la nulidad misma, o para satisfacer pruritos formales, como señala Couture (op. cit. p. 390), esto significa que quien solicita nulidad debe probar que la misma le ocasionó perjuicio cierto e irreparable, que solo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad, es decir demostrar cuál es el agravio que le causa el acto irregularmente cumplido y si éste es cierto e irreparable; y, d) Principio de convalidación, 'en principio, en derecho procesal civil, toda nulidad se convalida por el consentimiento' (Couture op. cit., p. 391), dando a conocer que aún en el supuesto de concurrir en un determinado caso los otros presupuestos de la nulidad, ésta no podrá ser declarada si es que el interesado consintió expresa o tácitamente el acto defectuoso, la primera cuando la parte que se cree perjudicada se presenta al proceso ratificando el acto viciado, y la segunda cuando en conocimiento del acto defectuoso, no lo impugna por los medios idóneos (incidentes, recursos, etc.), dentro del plazo legal (Antezana Palacios Alfredo, 'Nulidades Procesales')...»] (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis de caso concreto

La parte accionante señala que los entonces Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental -ahora demandados- lesionaron su derecho a la propiedad; la garantía del debido proceso en su componente acceso a la Justicia pronta, oportuna y eficaz; y, al principio de legalidad, al haber emitido el Auto Agroambiental Plurinacional S2ª 094/2022, sin considerar lo establecido en el art. 105 del CPC por mandato del art. 75 de la LSNRA, anulando obrados bajo el argumento que la Jueza a quo no debía haber señalado hechos a probar como consecuencia de haber evidenciado hechos controvertidos, los cuales, en todo caso, deben ser dilucidados en un proceso oral agrario y no en un proceso de desalojo por avasallamiento. De lo señalado se tiene que, dentro del proceso de desalojo por avasallamiento instaurado por la parte impetrante de tutela contra los terceros interesados, la Jueza Agroambiental de la Capital del departamento de Tarija, por Sentencia 10/2022, declaró probada la misma (Conclusión II.1); sin embargo, planteado recurso de casación, las autoridades demandadas, mediante el Auto Agroambiental Plurinacional S2ª 094/2022, anularon obrados incluyendo la referida Sentencia (Conclusión II.2). Esta última determinación se justificó bajo los argumentos de que, la Jueza ad quo: 1) Anuló obrados con la finalidad de reconducir el proceso en el marco regulatorio previsto en la Ley contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras -Ley 477 de 30 de diciembre de 2013-, pero de manera extraña, no cumplió con su propia determinación, puesto que, procedió a fijar el objeto de la prueba de cargo y descargo -a partir de la audiencia de inspección judicial- aplicando lo establecido en el art. 83 de la referida Ley, sin considerar el procedimiento específico contenido en su art. 5; por lo que, esto se constituye en un vicio procesal; 2) Admitió pruebas controvertidas, al haber permitido la presentación de pruebas de cargo y de descargo, mismas que, no pueden ser analizadas en un proceso de desalojo por avasallamiento, ya que, estas son propias de considerase en una acción de mejor derecho de propiedad, aspecto que, debió de haber advertido; 3) No analizó las características del área en conflicto, pues, según el Informe Técnico “…que cursa de fs. 633 a 643 de obrados…” (sic [fs. 21 vta.]) se evidenció que la misma tiene características solo para uso de vivienda y no para otra actividad agrícola o pecuaria; es así que, debió de haber verificado si su competencia podría haber estado cuestionada o no, debiendo incluso haber solicitado al Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Tarija la certificación correspondiente para establecer si el predio se encontraba o no dentro de la mancha urbana; y, 4) Incurrió en una manifiesta falta de congruencia entre la parte considerativa y resolutiva, toda vez que, afirma: “‘Como se tiene manifestado está probado, la ocupación de los demandantes de parte del predio La Negra aunque no se haya incursionado u ocupado de manera violente, se encuentran ocupando parte del predio La Negra desde el año 2017 hasta la fecha…’” (sic [fs. 22]); no obstante, este argumento es carece de análisis y valoración probatoria, ante el cual, debió de haber corroborado la fecha y año de titulación del derecho de propiedad de los demandantes más que de la incursión al predio; y, por otro lado, verificar si el título de propiedad es anterior al hecho denunciado, aspectos transcendentales que no fueron analizados. Ahora bien, de acuerdo a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el Auto Agroambiental Plurinacional S2ª 094/2022 está debidamente fundamentado y motivado en relación con las exigencias de validez de los actos procesales, toda vez que: i) Identifica con precisión el vicio procedimental por el cual se tramitó la causa, ya que, al admitir la consideración de prueba contradictoria, aplicó las reglas del proceso oral agrario cuando correspondía que se sigan las del procedimiento sumarísimo previstas en la Ley 477 para la acción de desalojo por avasallamiento; ii) Explica por qué ese defecto afecta la finalidad del proceso y genera indefensión para las partes, puesto que, la controversia sobre los títulos de propiedad y la fijación de hechos a probar sobre este punto, desplazan el cauce sumarísimo y transforman indebidamente la litis, obligando a una actividad probatoria que no es propia del procedimiento sumario; iii) Acredita la trascendencia del vicio identificado, debido a que, la Sentencia 10/2022 se apoyó en prueba controvertida y en un iter procedimental no previsto para la pretensión planteada; y, iv) Precisa el alcance de la nulidad y las actuaciones que deben renovarse, reconduciendo el trámite al procedimiento correcto. Todo ello, con base en normativa expresa contenida en los arts. 106 y 220.III.1.c del CPC y 17.I de la LOJ, que habilitan la anulación de actos procesales cuando el defecto procedimental produce indefensión y ordenan señalar los actos a reponerse en tal circunstancia. Además, el AAP Auto Agroambiental Plurinacional S2ª 094/2022, no ingresa a decidir el fondo de la controversia sustantiva ni sustituye a la Jueza ad quo; se limita a restablecer la legalidad procesal para que la dilucidación de eventuales conflictos de mejor derecho propietario -derivados de la coexistencia de un documento privado y un título ejecutorial- se sustancie, en su caso, por la vía idónea y no dentro de un proceso sumarísimo de desalojo que, por su diseño, no admite debate probatorio complejo. Lejos de ser arbitraria, la nulidad dispuesta, guarda congruencia interna entre sus considerandos y su parte resolutiva, y responde a criterios objetivos (determinación del procedimiento aplicable, inadmisibilidad de prueba controvertida en el sumarísimo, necesidad de verificar previamente la naturaleza del área en conflicto -si se trata de mancha urbana o no- y la competencia). En ese marco, no se verifica lesión a los derechos invocados por la parte peticionante de tutela. Antes bien, la decisión cuestionada restablece el debido proceso al reconducir el trámite al procedimiento legalmente previsto, observando los principios de legalidad, especificidad, finalidad y trascendencia que rigen la nulidad procesal. En consecuencia, al no advertirse arbitrariedad, insuficiencia motivacional ni incongruencia en el Auto Agroambiental Plurinacional S2ª 094/2022 impugnado, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, obró de una forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 18/2023 de 19 de abril, cursante de fs. 159 a 162 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0521_2025-S2.pdf · páginas 1 a 9.

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