B.IA.LEGAL

SCP 0519/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 31 de mayo de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
31 de mayo de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
47576-2022-96-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos al debido proceso y a la defensa; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de lesiones graves y leves, robo agravado, entre otros, se dispuso su detención preventiva; no obstante, al asumirse dicha determinación se incurrió en las siguientes irregularidades: i) El Juez ahora demandado emitió el Auto Interlocutorio de 25 de noviembre de 2021: i.a) Con una carente motivación basando su determinación en la declaración informativa realizada por “Franklin Limpias” y el acta de reconocimiento de placas fotográficas, sin existir una individualización de su actuar en los hechos denunciados; y, i.b) Realizó una apreciación de cada uno de los delitos que se le imputa, sin señalar de qué manera su persona habría cometido los mismos; y, ii) Al proferirse el Auto de Vista 522 de 27 de diciembre de 2021, no se indicó cómo es que su conducta se adecua a cada uno de los ilícitos mencionados, omitiendo considerar lo establecido en el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 39/22 de 10 de mayo de 2022, cursante de fs. 186 vta., a 191, emitida por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, de conformidad a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso
  2. III.2. Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento Penal
  3. III.4. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0519/2023-S1 Sucre, 31 de mayo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 47576-2022-96-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 39/22 de 10 de mayo de 2022, cursante de fs. 186 vta., a 191, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Heber Sixto Canaza Sacaca contra Arminda Terrazas Méndez, Walter Pérez Lora; Vocales; y, Ever Álvarez Orellana, ex Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Roberto Cruz Hurtado Roca, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guarayos del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 13 y 21 de abril 2022, cursantes de fs. 68 a 74 y 97 a 98 vta., el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de lesiones graves y leves, robo agravado, entre otros; el 25 de noviembre de 2021, en audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guarayos del departamento de Santa Cruz –ahora demandado– emitió al efecto el Auto Interlocutorio de igual fecha, disponiéndose su detención preventiva; por lo que, interpuso recurso de apelación contra dicha determinación, impugnación que al ser de conocimiento de los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz –ahora demandados–, mediante Auto de Vista 522 de 27 de diciembre del citado año, dispuso confirmar la resolución de primera instancia. Al emitirse el Auto Interlocutorio de 25 de noviembre de 2021, el Juez ahora demandado, incurrió en las siguientes ilegalidades: a) Basó su determinación en la declaración informativa y el acta de reconocimiento de placas fotográficas realizados por “Franklin Limpias”, la primera en la que el declarante manifestó que tuvo conocimiento de los hechos ocurridos el 26, 27 y 28 de octubre de 2021, –toma de rehenes a periodistas y policías– a través de redes sociales; sin embargo, la autoridad judicial no observó que los hechos descritos por “Franklin limpias” no contienen una individualización de su actuar en los hechos denunciados; por lo que, la resolución carece de motivación; y, b) Se realizó una apreciación de cada uno de los delitos que se le imputa; sin embargo, respecto al tipo penal de robo agravado, no manifestó como su persona robo y qué cosas y a quienes; sobre el ilícito de tentativa de homicidio, se señaló que se realizaron disparos, sin manifestar si la persona herida se encontraba con días de impedimento o su persona de qué forma cometió dicho delito, aclarando que a varias personas se les imputó por dicho ilícito, sin establecer de forma objetiva esta situación. Por su parte, los Vocales ahora accionados al emitir el Auto de Vista 522, no refirieron como es que su conducta se adecuó a cada uno de los delitos mencionados, sin considerar lo establecido por el art. 302 del Código de Procedimiento Penal (CPP) que determinó que en caso de multiplicidad de imputados, se debe establecer de manera individual y objetiva, con la mayor claridad posible, los hechos atribuibles a cada uno de ellos, su grado de participación y los elementos de prueba que sustentan la atribución de cada uno de los hechos.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos al debido proceso y a la defensa, citando al efecto a los arts. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se deje sin efecto el Auto Interlocutorio de 25 de noviembre de 2021 y el Auto de Vista 522.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 10 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 183 a 186, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo refirió que: 1) El Juez ahora demandado baso su determinación en la declaración de Frankin Limpias, quien refirió en primera instancia que estuvo presente el “22” cuando ocurrieron los hechos; sin embargo, posteriormente señaló que el “28” se enteró de los hechos a través de redes sociales, ingresando en contradicción; y, 2) La imputación formal no señaló los hechos denunciados y el Auto de Vista 522 simplemente estableció que la resolución de primera instancia se encontraba bien; no obstante, se omitió considerar el principio de individualización, ya que no se manifestó como habría participado de los hechos denunciados vulnerando su derecho a la defensa debido a que no se refirió como habría participado limitando sus posibilidades de defenderse.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Arminda Terrazas Méndez, Walter Pérez Lora; Vocales; y, Ever Álvarez Orellana, ex Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentaron informe ni concurrieron a la audiencia pese a su legal citación cursantes de fs. 103 a 106. Roberto Cruz Hurtado Roca, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guarayos del departamento de Santa Cruz, a través de informe escrito cursante a fs. 180 y vta., solicitó se deniegue la tutela solicitada, expresando que: i) El 25 de noviembre de 2021 en la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares del accionante, para determinar la probabilidad de autoría se realizó una valoración integral de los indicios y no así prueba plena de los hechos que se investigan; ii) Respecto a la individualización de los tipos penales calificados por el Ministerio Público, la misma se realizó bajo el principio de objetividad, legalidad y verdad material, sin lesionar el derecho a la defensa, puesto que el impetrante de tutela hizo pleno uso de su derecho a la impugnación contra el Auto Interlocutorio de 25 de noviembre de 2021.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Percy Suarez Suarez, a través de su representante legal, en audiencia, solicitó se deniegue la tutela solicitada, manifestando al efecto que, en la imputación formal existe una relación de hechos relativa al “22 de octubre” en el que un grupo de setenta personas altamente armadas, ingresaron a la propiedad Las Londras (constituidas en tierras fiscales y reservas forestales conforme también señaló el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que también se adhirió a la denuncia) secuestraron máquinas y a los “empleados de la empresa”; asimismo, se tiene que, el “27 de octubre” existe otro hecho lamentable donde cuatro personas terminan con heridas de armas de fuego; este último hecho a raíz del cual “… el día 28 de octubre el Comandante de la Chiquitanía conjuntamente cuatro con 4 efectivos policiales, con los co propietarios y los periodistas, se apersonan a la propiedad las Londras, estos últimos para hacer una labor periodística; sin embargo, fueron torturados por este grupo armado; entonces, antes del día 22 hay un inter criminis, existe un acuerdo previo en el cual existe una cadena, existe una correlación y dentro de esta asociación delictuosa, obviamente una estructura y este señor Canaza está identificada como uno de los líderes del grupo armado…” (sic). Vanessa Tania Zurita Mamani, Silvia Andrea Gómez López, Carlos Mauricio Eguez Simone, Nicolás García Iriarte, y Paulino Camacho Vedia, no presentaron memorial alguno ni concurrieron a la audiencia programada pese a su legal notificación cursante a fs. 112, 114, 115, 116 y 117.

I.2.4. Intervención del Ministerio Público

Walter Cisneros Colque, Fiscal de Materia, en audiencia, señaló que: a) El Juez de primera instancia obró correctamente, toda vez que, valoró adecuadamente los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público, esto en razón, a que consideró adecuadamente la declaración y la existencia de placas fotográficas, además de otros elementos como la denuncia; y, b) Respecto a la individualización realizada en la imputación formal, se debe aclarar que dicho requerimiento conclusivo no fue observado; es decir, no se planteó un incidente de nulidad precluyendo su derecho a hacerlo.

I.2.5. Intervención del INRA y el Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz

El Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz y el INRA no presentaron memorial alguno ni concurrieron a la audiencia, pese a su legal notificación cursante a fs. 170 y 176.

I.2.6. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 39/22 de 10 de mayo de 2022, cursante de fs. 186 vta., a 191, denegó la tutela solicitada con base en los siguientes fundamentos: 1) Respecto a la “ausencia de motivación”, no existe una suficiente carga argumentativa para ingresar a verificar dicho reclamo; además, el argumento fundamental en la que se basa el reclamo, es la falta de individualización “…pero al margen de la carga argumentativa, este Tribunal está en la obligación de referir, habida cuenta que se ha invocado el principio de individualización a título de agravio, de verificar el auto de vista solicitado en control tutelar, porque el auto de vista y no el auto interlocutorio, porque el control tutelar constitucional es deductivo; va desde la última actuación hasta la primera, de tutelarse la última y evidenciarse que existe trascendencia en el agravio a la primera, puede ejercerse el control tutelar sobre resoluciones anteriores, pero la regla es que debe ejercerse sobre la última resolución, caso contrario significaría sin lugar a duda una inejecución de la jurisprudencia constitucional en la ordinaria” (sic); 2) “...de la revisión del auto de vista, se evidencia que el hoy peticionante de tutela cumple con la subsidiariedad sustancial, porque informa, fundamenta en la audiencia de apelación del 23 de diciembre, también la falta de individualización en la que hubiere incurrido el Juez a quo, ante este agravio el Juez ad quem hoy accionado al momento de resolver el auto de vista, en uno de sus considerando; primero, adecua ese argumento al artículo 233.1 del Código Procesal Penal; vale decir, la probabilidad de autoría y en cuanto al artículo 233.1, la autoridad constituida como Tribunal ad quem; establece que en cuanto a la individualización tome en cuenta el Juez a quo las declaraciones de las víctimas como de los testigos que estaban presente al momento del hecho ilícito, argumentando que el imputado era una de las personas que se encontraba al momento de los hechos con un arma de fuego en la mano y que cuando andaba en grupo en su momento los alejaron de forma negativa, así también toma en cuenta la declaración de reconocimiento de persona, que está el señor Franklin Limpias como había indicado que reconoce al imputado como uno de los dirigentes que comandaba dicho grupo, más adelante dice que no solo se toma en cuenta la declaración del testigo, sino respaldado con la declaración informativa de las víctimas y argumenta en el parágrafo siguiente de las páginas 11 y 18 del expediente constitucional, que para presentar una imputación formal no se necesita certeza, sino que simplemente indicios sobre la existencia de un hecho ilícito y la participación del imputado; es decir, que no solamente se considera la declaración del señor Franklin, sino que ese elemento ha sido uno de los que se ha valorado, no siendo evidente lo expresado por la defensa del imputado, que solamente se habla valorado ese elemento del acta” (sic); y, 3) En ese contexto, se evidencia que el Tribunal ad quem realizó una motivación suficiente y no arbitraria, al establecer la naturaleza indiciaria racional de los elementos constitutivos del tipo en la fase de imputación y por la misma razón, determinó que no solamente la declaración del testigo es la que funda la probabilidad de autoría, sino una declaración de la víctima, argumento que de ninguna manera vulneró el principio de individualización que impera en la materia penal ni el debido proceso en su vertiente motivación; por tanto, no son evidentes los reclamos fundados por la parte accionante.

CONCLUSIONES De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio de 25 de noviembre de 2021, emitido por Roberto Cruz Hurtado Roca, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guarayos del departamento de Santa Cruz –ahora demandado–, por el cual, se dispone la detención preventiva de Heber Sixto Canasa Sacaca – accionante–, por el plazo de seis meses en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola, determinación asumida en consideración a los siguientes fundamentos:

“Considerando que de los hechos expresados en la denuncia formulada de oficio y los referido por los representantes del ministerio público el imputado Heber Sixto Canasa Sacaca con otras personas que están siendo investigadas habrían adecuado su conducta a los tipos penales de lesiones graves y leves, privación de libertad, robo agravado, tenencia porte o portación ilícita de armas de fuego, tentativa de homicidio y amenazas previsto y sancionado con los artículos 271, 292, 332, 141 quinter, 251 con relación al artículo 8 y 293 del código penal quienes piden en sus argumentos y fundamentos se le aplique la medida extrema excepcional de la detención preventiva por el plazo de 6 meses cumplirse en el centro de rehabilitación Santa Cruz Palmasola. Que de lo manifestado por los representante del Ministerio Público respecto a autoría y participación del imputado en los hechos que se investigan corresponde verificar si los elementos de prueba que cursan en el cuadernillo de investigación se suscriben a lo establecido en el numeral 1 del artículo 233 del Código de Procedimiento Penal, es decir que bajo el principio de verdad material se debe verificar si existen los elementos suficientes, los elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es con probabilidad autor o participe de los delitos que se le imputan Que los representantes del Ministerio Público en sus argumentos, manifestaron que en fecha 28 de octubre del 2021, un grupo de periodistas como también de policías y personas civiles se hubieran hecho presentes en los predios de la Propiedad Las Londras. Cuando se encontraban dentro de dicha propiedad un grupo de personas con arma en mano y encapuchado habrían apuntado con sus armas y habrían amedrentados a los mismos para preguntarles que hacían en dicho predios, es mas también fueron llevados a otro lugar donde fueron torturados, fueron los hicieron echarse en el suelo y le apuntaban con las armas, también les quitaron sus pertenencias personales, las cuales en alguna fueron devueltas y otras no, tal como lo dijo la representante del Ministerio Público. También fueron golpeados, los patearon, les dieron con palos en varias partes del cuerpo causándoles lesiones sin considerar de que entre las personas que se encontraban entre los periodistas había una mujer a la cual también fue golpeada y fue ultrajada por las personas que estaban armadas, Por lo que los representantes del Ministerio Público con todas esas acciones consideran de que estas personas tanto como el imputado el señor Heber Sixto Canasa habrían adecuado su conducta a los tipos penales ya mencionados. Con relación a la individualización que hacen del señor Heber Sixto Canasa manifiestan de que las declaraciones de las víctimas como también de los testigos que estaban presentes en el momento de los hecho ilícito, manifiestan que reconocen al señor Heber Sixto Canasa como una de las personas que en ese momento de los hechos se encontraba con un arma de fuego en la mano y que comandaba el grupo que en su momento los abejaron de forma agresiva. De forma puntual mencionan al señor Franklin Limpias quien en su declaración manifiesta que el reconoce al Señor Heber Sixto Canasa como uno de los dirigentes que comandan dichos grupos armados y que en la plaqueta de identificación cuando lo presentan para que él lo pueda reconocer él lo señala como la persona que tenía el número tres y que se encontraba presente en el lugar de los hechos comandando al grupo armado que los privaron de su libertad. A su turno el abogado de la víctima el doctor Álvaro La Torre manifiesta de que se adhiere a lo solicitado, a los argumentos del Ministerio Público y que manifiesta de que estos grupos armados vienen realizando dichos actos, no solo en esta oportunidad sino en otros hechos que también se están investigando. Cedida la palabra a los abogados de las victimas del señor Percy Suárez Suárez, los mismos manifiestan de que también se adhieren a los argumentos y solicitados por el representante del ministerio público y manifiestan que este grupo es totalmente agresivo y que habrían realizado otros actos más precisamente en fecha 22 de Octubre del 2021 el cuál es de objeto de otra investigación que se está realizando y que hubieran actuado del mismo modo, que tienen el mismo modus operandi, es decir al decir agredir a las personas que se encuentran en lugar de la propiedad de Las Londras. Manifiesta también de que la denuncia se debería ampliar por el delito de secuestro como también por el delito de terrorismo. Cedida la palabra al abogado que representa al Comando Departamental de la Policía, el mismo refiere que se adhiere a lo solicitado por el Ministerio Público y solicita la detención preventiva del imputado Heber Sixto Canasa Sacaca. Cedida la palabra al abogado del imputado, el mismo refiere de que en la intervención de los representantes del Ministerio Público ninguno de ellos hizo una fundamentación adecuada como para individualizar a su defendido en la cual se pueda establecer de que el mismo haya participado en todos los hechos delictivos que se le acusan y que no se ha demostrado de forma individual de que el haya incurrido en la comisión de alguno de esos delitos, es decir no existe una persona, un testigo, una víctima que lo sindique de manera puntual e individual de que él hubiera cometido algunos de los hechos que se le están imputando. Es decir dicen que realizan un relato fantasioso, que han hecho una rememoranza lo sucedido toda vez de que se deje llevar por los noticieros en los cuales manifiestan de que existen un grupo armado y que supuestamente su defendido estuviera comandando dicho grupo, pero sin embargo en ningún momento han logrado individualizar al mismo. En cuanto a los elementos investigativos que cursa en el cuaderno de investigación, se puede establecer de que existen las declaraciones Informativas tanto de las victimas cómo de algunos testigos en los cuales refieren de que en el momento del hecho habían un grupo de 70 personas los cuales los obligaron a tirarse al suelo, los empezaron a golpear y les quitaron sus pertenencias y les privaron de su libertad desde horas 11:00 de la mañana hasta las 18:00 horas de la tarde. Hubo disparos, escucharon disparos que realizaron. De la misma forma manifiestan dé que los amedrentaron y los obligaron a firmar un documento en el cual ellos no tenían que informar lo sucedido y que se comprometían a no volver por el lugar. La prueba que individualiza al señor Heber Sixto Canasa Sacaca la cuál es declaración informativa realizada por el Señor Franklin Limpias en el cual manifiesta que el cuándo se encontraba en el lugar de los hechos logro ver señor Heber Sixto toda vez de que a alguien se le escapó su nombre y él pudo escuchar de que él se encontraba presente y cuando realizó el reconocimiento en el acta de reconocimiento de las placas fotográficas el manifiesta e identifica como el número tres quien era la persona que cuando sucedieron los hechos estaba en el lugar con un arma en la mano y que con otras personas fueron los que los golpearon y dispararon comprometiendo o poniendo en riesgo la vida de todos los que fueron objeto de esas agresiones.

Con relación al delito de lesiones graves y leves se puede establecer que existen certificados médicos legales en los cuales se ha establecido de que varias de las víctimas tienen lesiones y días de impedimentos los cuales están establecidos entre días 8, 10 y de 30 días de impedimento. Con relación a la privación de libertad los mismos en las declaraciones informativas han mencionado de que cuando fueron, cuando ingresaron a la propiedad Las Londras este grupo de personas el cual estaba encabezado por el Señor Heber Sixto Canasa Sacaca los tuvieron privados de libertad desde horas 11:00 de la mañana hasta las 18:00 horas. Con relación al robo agravado manifiestan que los obligaron o les decomisaron sus objetos personales de los cuales a cuando los liberaron solamente le devolvieron a algunos y otros se quedaron con la finalidad de que no vayan a informar lo sucedido, esto también como cámaras fotográficas y cosas que no les devolvieron a todos. Con relación a tenencia y porte o portación ilícita de armas de fuego, se puede establecer que incluso en los programas televisivos de los Noticiero se puede evidenciar que varias de las personas que estaban o que privaron de libertad a estos periodistas, policías y personas civil varios de ellos portaban armas, señor Franklin Limpias en su declaración manifiesta de que cuando él estuvo en el lugar de los hechos y fue golpeado el logro ver al Señor Heber Sixto Canasa Sacaca con un arma en la mano que parecía ser un salón que tenía miras Con relación a la tentativa de homicidio y también homicidio manifiestan que realizaban disparos y que no tenían consideración en que podían hacer podían lograr a algunos de los que estaban presentes y como también hay algunos que tienen heridas de golpes que le propinaron cuando los tenían boca abajo en el suelo. Con relación al delito de amenazas, los mismos refieren que al momento de ser liberado los mismos los amenazaron diciéndoles que si los volvían a ver por lugar los iban a llevar a la plaza y los iban a quemar o iban a matar, incluso les hicieron firmar un documento en el cual ellos se comprometían a no regresar al lugar. En consecuencia con todos estos elementos de pruebas que cursan en el cuaderno de investigación y especialmente con la declaración del Señor Franklin Limpias, así como en la plaqueta de identificación en la cual el señor Franklin Limpias identifica al señor Heber Sixto Canasa Sacaca y de la, valoración integral de todos los elementos probatorios colectados por el Ministerio Público, principalmente la prueba manifestada sobre la declaración del señor Franklin Limpias Ríos que señala al imputado como una de las personas que le apuntaba con un arma, asimismo el acta de reconocimiento de placas fotográficas en la cual el señor Franklin Limpias Ríos reconoce al imputado como uno de los autores de los hechos que se investigan, con lo que conforme a los principios de legalidad, objetividad y verdad material, el Ministerio Público ha logrado acreditar la existencia de indicios suficientes que generan convicción en el suscrito juzgador de que el hecho ilícito si existe y que el imputado Heber Sixto Canasa Sacaca es con probabilidad autor material de los delitos de lesiones graves y leves, privación de libertad, robo agravado, tenencia porte o portación ilícita de arma de fuego, tentativa de homicidio y amenazas previsto y sancionado por el artículo 271, 292, 332, 191 quinter, 251 con relación al artículo 8 y 293 del Código Penal, por lo que está plenamente acreditado el numeral 1 del artículo 233 del Código de Procedimiento Penal, todo ello respetando el derecho constitucional de presunción de inocencia del imputado consagrado en el artículo 116 parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado.

Con relación a los riesgos procesales (…).” (sic [fs.32 a 36 vta.). II.2 Consta Auto de Vista 522 de 27 de diciembre de 2021, emitido por Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por el cual se declara improcedentes los recursos de apelación interpuestos por el “Ministerio Público, la parte civil y la parte imputada”, confirmando el Auto Interlocutorio 37/2021, determinación asumida en consideración a los siguientes fundamentos:

“CONSIDERANDO: QUE, respecto al art. 233 núm. 1) del CPP, aludido como agravio por la parte imputada; la autoridad jurisdiccional en el auto recurrido de fecha 25 de noviembre de 2021, hace un relato de los argumentos expresados por las partes, realiza un análisis minucioso de la imputación formal presentada por el Ministerio Público, detallando y expresando cada uno de los elementos de prueba respecto al imputado Hebert Sixto Canaza, en cuanto a la individualización, toma en cuenta las declaraciones de las víctimas, como de los testigos que estaban presentes al momento del hecho ilícito, argumentando lo siguiente "el imputado era una de las personas que se encontraba al momento de los hechos con un arma de fuego en la mano y que comandaba el grupo en su momento los alejaron de forma negativa, así también toma en cuenta la declaración de reconocimiento de persona que hace el señor Franklin Limpias el cual habría indicado qué reconoce al imputado como uno de los dirigentes que comandaba dicho grupo", es decir, la autoridad de instancia concluye que de los elementos investigativos que cursan en el cuaderno de investigación concurre el art. 233 inc. 1) del CPP, respaldados con la declaración informativa de las víctimas, como de algunos testigos, quienes habrían referido que en el momento del hecho había un grupo de 70 personas, los cuales lo obligaron a tirarse al suelo y empezaron a golpear y quitarle sus pertenencias y privarle de su libertad de 11:00 am. a 18:00 p.m., habiendo disparos, así también los amedrentaron y obligaron a firmar un documento donde se comprometían no informar lo sucedido y se comprometían no volver al lugar, por lo que se determinó la existencia de suficientes elementos en cuanto al delito imputado graves, privación de libertad, tentativa domicilio y robo grabado. Ahora bien, del análisis de este razonamiento esgrimido por la autoridad de instancia se tiene que es suficiente para establecer la probabilidad de autoría y participación, prevista en el art. 233 núm. 1) del CPP, puesto que como bien decía la representante del Ministerio Público para presentar una imputación formal no se necesita certeza, sino que simplemente indicios sobre la existencia de un hecho ilícito y la participación del imputado, en ese sentido es que la autoridad jurisdiccional ha valorado todos los elementos presentados por el Ministerio Público y no sólo la declaración del señor Franklin Llanos, ese elemento sólo ha sido uno de los que ha valorado, no siendo evidente lo expresado por la defensa del imputado de qué solamente se habría valorado ese elemento del acta de reconocimiento de personas del señor Franklin Limpias; en cuanto a que el reconocimiento de personas se hubiese realizado posterior a que el imputado hubiera sido exhibido en los medios de comunicación, tal aspecto no ha sido observado en la audiencia de medidas cautelares, dejando pasar su oportunidad de plantear incidentes y denunciar los supuestos irregularidad ante la autoridad jurisdiccional, lo que en el caso no ha ocurrido, razón por el cual en esta audiencia de alzada no es posible revisar tales circunstancias; por todo ello, se puede determinar que la autoridad jurisdiccional actuó correctamente al establecer la concurrencia del art. 233 núm. 1) del CPP.” (sic [fs. 41 vta., a 45 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos al debido proceso y a la defensa; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de lesiones graves y leves, robo agravado, entre otros, se dispuso su detención preventiva; no obstante, al asumirse dicha determinación se incurrió en las siguientes irregularidades: i) El Juez ahora demandado emitió el Auto Interlocutorio de 25 de noviembre de 2021: i.a) Con una carente motivación basando su determinación en la declaración informativa realizada por “Franklin Limpias” y el acta de reconocimiento de placas fotográficas, sin existir una individualización de su actuar en los hechos denunciados; y, i.b) Realizó una apreciación de cada uno de los delitos que se le imputa, sin señalar de qué manera su persona habría cometido los mismos; y, ii) Al proferirse el Auto de Vista 522 de 27 de diciembre de 2021, no se indicó cómo es que su conducta se adecua a cada uno de los ilícitos mencionados, omitiendo considerar lo establecido en el art. 302 del CPP que determinó que en caso de multiplicidad de imputados, se debe establecer de manera individual y objetiva, con la mayor claridad posible, los hechos atribuibles a cada uno de ellos, su grado de participación y los elementos de prueba que sustentan la atribución de cada uno de los hechos. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: a) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; b) Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento Penal; c) La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; y, d) Análisis del caso concreto.

III.1. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa.

En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011.R de 26 de septiembre, el cual expresó que:

“el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que e[l juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia” (sic. [el resaltado nos corresponde]).

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos, en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, refirió que:

“77. La Corte ha señalado que la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. 78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso” (sic.[las negrillas son adicionadas]).

Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:

“(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…” (sic).

En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts. 115.II y 117.I de la CPE, art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos humanos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.

III.2. Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento Penal

Inicialmente, corresponde señalar que, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. En tal sentido, la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa. Por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. Efectuada las precisiones que anteceden, e ingresando a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones en las cuales se apliquen medidas cautelares, por las autoridades jurisdiccionales en el ámbito penal, incumbe remitirnos a la amplia jurisprudencia constitucional emitida por esta instancia celadora de la supremacía constitucional; en ese sentido, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, en su Fundamento Jurídico III.2, efectuó el siguiente desarrollo jurisprudencial, precisando que:

Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar. Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva (el resaltado es ilustrativo). Asimismo, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en su Fundamento Jurídico III.1.7, bajo el epígrafe “Sobre la exigencia de la decisión judicial sea fundamentada”, estableció que la motivación implica conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez o autoridad judicial de tomar una determinada decisión, aspecto que es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla. Prosiguiendo con la revisión de la jurisprudencia constitucional, respecto a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones, se tiene a las razones de la SC 0759/2010-R de 2 de agosto, que en su Fundamento Jurídico III.3 epigrafiado como “La motivación de las resoluciones como obligación del juez”, acudiendo al art. 124 del CPP, señaló que toda resolución debe ser debidamente fundamentada, exponiendo los hechos y normas legales aplicables; añadiendo además que:

…cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión (el resaltado es añadido). Por su parte, respecto a que la motivación no debe ser ampulosa, la citada jurisprudencia constitucional, extrayendo las razones de la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, precisó que:

…cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas (el resaltado es nuestro). De igual forma, la SC 0033/2012 de 16 de marzo, mediante su Fundamento Jurídico III.3, denominado “De la fundamentación de las resoluciones que determinen la detención preventiva”, refirió básicamente que la detención preventiva como medida cautelar personal, puede ser dispuesta cuando existan los elementos referidos al “fumus boni iuris” y el “periculum in mora”, previstos en el art. 233 del CPP, decisión que debe ser dispuesta mediante una resolución debidamente fundamentada conforme prevé el art. 236 del mismo cuerpo adjetivo penal; además, dicha jurisprudencia, apoyándose en las razones desarrolladas por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, refirió que:

“En este sentido la jurisprudencia constitucional ha señalado en su SC 0089/2010-R- de 4 de mayo, ‘En los casos en que un Tribunal de apelación decida revocar las medidas sustitutivas y a la par disponer la aplicación de la detención preventiva de un imputado, está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medias sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los art 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones se puede disponer la detención preventiva’” (el resaltado es ilustrativo).

Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones al aplicar el art. 398 del CPP, la jurisprudencia de esta instancia constitucional, a través de la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en su Fundamento Jurídico III.3, titulado “El alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP y la exigencia de motivación en las resoluciones que disponen la detención preventiva”, señaló inicialmente que de acuerdo al referido precepto legal del art. 398 del CPP, los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expuestos en apelación; empero, precisó que al tratarse de la aplicación de medidas cautelares el tratamiento difiere, señalando que:

Sin embargo, tratándose de la aplicación de medidas cautelares, dicha normativa no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática, por lo que también cabe referirse a lo establecido en el art. 233 del CPP, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, cuando señala que: “Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad” (negrillas adicionadas). En ese marco, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, haciendo referencia al antes art. 236.3 –ahora– art. 236.4 del CPP, agregó que:

En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP (el resaltado es ilustrativo). Jurisprudencia constitucional, que fue reiterada entre otras por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0303/2013 de 13 de marzo de 2013, 0329/2016-S2 de 8 abril de 2016; y, 1158/2017-S2 15 de noviembre de 2017. Finalmente, siguiendo dichos razonamientos, la SCP 0723/2018-S2 de 31 de octubre, respecto de la aplicación del art. 398 del CPP, señaló que:

…el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP. En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga. El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria (el resaltado nos corresponde). Conforme al contexto jurisprudencial descrito, es posible concluir que, las autoridades jurisdiccionales, están obligadas a emitir sus resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas, comprendiendo que el primero se refiere a la justificación de todas las disposiciones legales sobre las cuales sostiene su decisión; y el segundo relacionado a la justificación de las razones lógico-jurídicas, respecto de los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes; máxime cuando se trate de decisiones que emerjan de la aplicación de medidas cautelares, supuestos en los cuales, los jueces instructores o cautelares y los tribunales de apelación, están impelidos de sustentar sus resoluciones. Ahora bien, en el caso de los tribunales de apelación, y al tratarse de solicitudes de aplicación de medidas cautelares, conforme lo precisado por la citada SCP 0077/2012, el art. 398 del CPP, no debe ser entendido en su literalidad, sino interpretado de forma integral y sistémica; lo cual, exige que estas autoridades jurisdiccionales, luego de un análisis integral del supuesto, deben fundamentar y motivar sus decisiones precisando los elementos de convicción que permitan concluir en la necesidad de modificar, rechazar medidas cautelares o determinar la cesación o rechazo de esa solicitud; a cuyo efecto, deben también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 de la citada norma, mediante una resolución con la suficiente justificación normativa, conforme requiere el art. 236.4 del referido precepto legal. No siendo admisible que las autoridades del tribunal de apelación rechacen la solicitud, basándose en presunciones relativas a los riesgos de fuga y obstaculización; ya que, si no se demuestra mediante una debida fundamentación y motivación la necesaria detención preventiva, la resolución emitida conlleva una arbitrariedad que vulnera los derechos previstos por la Constitución Política del Estado.

III.4. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional

Sobre esta línea jurisprudencial esta Magistratura efectuó un cambio de razonamiento, a partir de la SCP 0307/2020-S1 de 12 de agosto, sustentado en el apego a la fuerza vinculante del precedente jurisprudencial con estándar más alto, entendido este, como aquella interpretación a través de la cual este Tribunal Constitucional Plurinacional resolvió un problema jurídico de forma más progresiva, que permita efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, cuya identificación se la realiza a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, y una vez detectada es obligación del juzgador vincularse al estándar más alto; bajo esa comprensión y razonamientos que además están contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, bajo ese entendido la SCP 0307/2020-S1 iniciando ese análisis integral de la línea jurisprudencial respecto a la valoración de la prueba en sede constitucional, comenzó citando a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0092/2018-S1, 0343/2018-S1, 0526/2018-S1, 0615/2018-S1, 0640/2018-S1 y 1021/2019-S1, en las cuales esta Magistratura fue asumiendo una línea de carácter restrictivo, por cuanto si bien se establecía, que de manera excepcional la jurisdicción constitucional podía revisar la labor probatoria desarrollada en las distintas jurisdicciones ordinarias; empero, condicionaba su apertura a exigencias que los justiciables debían cumplir, teniendo así a la SC 0965/2006-R de 2 de octubre que señala:

...qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas…” ...en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final… (las negrillas nos pertenecen)

6“…los únicos supuestos para que la jurisdicción constitucional ingrese a revisar la valoración realizada por dichas autoridades: 1) Cuando en dicha valoración exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir y 2) Cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, es decir en el primer supuesto cuando en la labor valorativa se apartan del procedimiento establecido valorando arbitraria e irrazonablemente y en el segundo, que actuando arbitrariamente no se haya procedido a la valoración de la prueba, por cuya omisión se vulneren derechos y garantías fundamentales. (…) En ese orden de razonamiento para que este Tribunal pueda cumplir con esta tarea, es necesario que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la valoración efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, invocando la lesión a sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa en los fundamentos jurídicos que sustenten su posición (recurso de amparo) lo siguiente:

Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; para ello, será preciso, que la prueba no admitida o no practicada, se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, solicitud, que en todo caso, no faculta para exigir la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquellas que sean pertinentes, correspondiendo a los órganos judiciales ordinarios, el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas, debiendo motivar razonablemente la denegación de las pruebas propuestas. Por supuesto, una vez admitidas y practicadas las pruebas propuestas declaradas pertinentes, a los órganos judiciales, les compete también su valoración conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica, según lo alegado y probado.

Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada; puesto que resulta insuficiente, para la viabilidad del recurso de amparo, la mera relación de hechos; porque sólo en la medida en que el recurrente exprese adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos, la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación, que amerita este tema de revisión excepcional de la labor de la valoración de la prueba realizada por la jurisdicción ordinaria; máxime si se tiene en cuenta que el art. 97 de la LTC, ha previsto como un requisito de contenido, el exponer con precisión y claridad los hechos que le sirvan de fundamento y precisar los derechos o garantías que se consideren restringidos, suprimidos o amenazados, señalando en qué consiste la restricción o supresión” (negrillas agregadas).

Exigencias que al no ser cumplidas de manera expresa, generaba que esta vía constitucional se vea impedida de realizar esa revisión excepcional de la labor valorativa efectuada por los jueces o tribunales ordinarios, derivando en la denegación de la tutela y por ende se vea restringido el real acceso a la justicia constitucional; así, la citada SCP 0307/2020-S1 reflexionó que tales condicionamientos no guardaban armonía con los principios y valores consagrados en la Constitución Política del Estado y que en atención precisamente al mandato constitucional conferido en el art. 196 de la Norma Suprema, por el cual, este Tribunal Constitucional Plurinacional tiene la misión de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control de constitucionalidad en resguardo y protección de los derechos y garantías fundamentales –los cuales gozan de igual jerarquía–, así como de los principios y valores; teniendo entre otros, al principio de progresividad, que identificó una segunda línea jurisprudencial que contiene una interpretación más amplia y favorable de los derechos que garantiza el ejercicio legítimo de los mismos, que en este caso tiene que ver con el debido proceso en su elemento de valoración de la prueba. En tal sentido, citó a la SCP 0297/2018-S2 de 25 de junio, fallo constitucional en el cual, a través de una contextualización de la línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, señaló que el Tribunal desde sus inicios, fue estableciendo presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba, bajo el criterio que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; dichos presupuestos, fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R que exigía al accionante 1) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, 2) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad; refirió que posteriormente, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, estableció los supuestos de procedencia de revisión de 7“En ese antecedente, y considerando la misión constitucional conferida al Tribunal Constitucional Plurinacional otorgada por el constituyente mediante el art. 196.I de la CPE, esta instancia de control constitucional y garante de los derechos fundamentales, tiene la misión de ejercer una labor hermenéutica en los diferentes tipos de control constitucional, como el tutelar en su función revisora de casos remitidos por los jueces y tribunales de garantías; en esa ruta, se tiene que, conforme se describió precedentemente, la jurisprudencia constitucional, estableció que excepcionalmente, se podría efectuar una función revisora de la actividad probatoria de las diferentes jurisdicciones; empero, condicionado a que las o los accionantes señalen concretamente y de forma precisa qué pruebas fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad, o cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; y, señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final.” 8“Ahora bien, a través de la SCP 0297/2018-S2 de 25 de junio, luego de efectuar contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, al respecto se concluyó que:

‘Al respecto, la citada SC 0965/2006-R, estableció determinados presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba, exigiendo que la o el accionante debía: i) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, ii) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad.

En similar sentido, la señalada SCP 1215/2012, refirió que en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia que el incumplimiento de los presupuestos para la valoración de la prueba ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. ´”

valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades; i) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, iii) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento; estableciendo además, la relevancia constitucional al exigir que el accionante debe demostrar la lógica consecuencia de que el incumplimiento de los presupuestos para la valoración de la prueba, le ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.

Así, establecidos tanto los supuestos de procedencia de revisión de valoración, como los presupuestos para efectuar la revisión de la misma, la citada SCP 0297/2018-S2 continuando con ese análisis dinámico, señaló que esa línea jurisprudencial fue modulada por la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que eliminó el requisito de la carga argumentativa, que se exigía para el análisis de fondo de la problemática en cuanto a la valoración de la prueba, señalando que: Posteriormente, la SCP 0410/2013 de 27 de marzo moduló la línea jurisprudencial de referencia y eliminó el requisito de la carga argumentativa que la jurisprudencia exigía para el análisis de fondo de la problemática en esta temática, señalando que las reglas impuestas a la parte accionante referidas a:

…explicar de modo sistemático y metódico la irrazonabilidad, inequidad, omisión arbitraria, o valoración equivocada de la prueba (…) constituyen 9La SCP 0410/2013, en el FJ III.2 señaló: “En ese orden, si bien es cierto que la jurisdicción constitucional debe respetar el ámbito de atribuciones propias de la jurisdicción ordinaria, es también correcto que cuando se ha quebrado el sistema constitucional, sus dogmas y principios o los derechos fundamentales de la persona humana, es deber del Tribunal Constitucional Plurinacional revisar la interpretación de la legalidad ordinaria efectuada por el juzgador ordinario, para resguardar la vigencia material de la Norma Fundamental y la materialización de los derechos constitucionales. Similar doctrina existe para la intervención de las resoluciones judiciales, cuando se denuncia indebida o errónea valoración o apreciación de la prueba; una explicación de esta teoría se encuentra en la SCP 1916/2012 de 12 de octubre.

Ahora bien, es necesario esclarecer que estas auto restricciones de la jurisdicción constitucional, deviene del principio de separación y distribución de funciones, que impiden la injerencia de la jurisdicción constitucional en la función asignada a la jurisdicción ordinaria; empero, deben comprenderse conforme a la nueva arquitectura de ésta, por ello deben ser asimiladas también bajo los principios de impulso de oficio, inquisitivo y no formalismo, por lo que su naturaleza es la de instrumentos útiles para el análisis de la función cumplida por la jurisdicción ordinaria, son herramientas de fundamentación de las acciones y recursos al alcance de las partes interesadas en activar la jurisdicción constitucional y de argumentación de las resoluciones para el Tribunal Constitucional Plurinacional; pero también, son el parámetro válido y legítimo de verificabilidad de la idoneidad, legitimidad y calidad de las resoluciones judiciales o administrativas cuasi jurisdiccionales; más, no son requisitos ineludibles que el accionante debe cumplir bajo sanción de rechazo o denegación de la acción tutelar, ya que ésta una vez activada, genera en la jurisdicción constitucional el compromiso ineludible de perseguir al evento acusado de inconstitucional, basado en la información concedida por el accionante, siendo pertinente analizar los hechos conocidos con todas las herramientas y métodos de análisis al alcance de la Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional que conozca el asunto, sin que ningún instrumento o método quede al margen por la sola razón de no haber sido mencionado, sutileza que sería una argucia de aquellas que corrompen los sistemas judiciales obsoletos y decadentes.

Del modo explicado en el párrafo anterior, se entiende que las reglas y subreglas contenidas en la doctrina de las auto restricciones de la jurisdicción constitucional, respecto al canon de interpretación de la legalidad ordinaria, así como la valoración integral de la prueba, son instrumentos al servicio de la persona que crea sus derechos vulnerados, que bien utilizados redundará en una mejor comprensión del tema por parte de la jurisdicción constitucional y con ello mayores posibilidades de concesión de la tutela requerida, por ello su buen uso deviene en una ventaja procesal; mientras que para el Tribunal Constitucional Plurinacional, son herramientas de verificación de la legalidad y constitucionalidad de las resoluciones judiciales; pero en ningún caso se pueden aplicar para rechazar o denegar la activación de la jurisdicción constitucional por el sólo hecho de no haber sido nombradas en el memorial de amparo”.

instrumentos argumentativos, no causales de denegatoria de la acción de amparo constitucional…

Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:

…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente.

Bajo tales razonamientos y luego de un análisis e interpretación de los entendimientos contenidos en dichos fallos que fueron generando línea jurisprudencial en cuanto a la valoración de la prueba en sede constitucional, la tantas veces reiterada sentencia constitucional concluyó que la revisión de la labor valorativa efectuada por la jurisdicción ordinaria se efectuará bajo los siguientes criterios:

a) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas.

b) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando:

b.1) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b.2) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, b.3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación.

c) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, d)Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales. Criterios que fueron acogidos por esta relatoría en la ya mencionada SCP 0307/2020-S1, al considerar que la SCP 0297/2018-S2 se constituye en el estándar más alto, al haber también asumido un entendimiento más favorable como el contenido en la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que al eliminar la carga argumentativa como exigencia para que esta jurisdicción efectué la revisión excepcional de la labor valorativa realizada por los jueces y tribunales ordinarios, posibilitó a este Tribunal garantizar un efectivo acceso a la justicia constitucional en resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; razones por las cuales, esta Magistratura determinó ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales consagrados en los arts. 13.I y 256.I de la CPE. Finalmente, en el marco de todo lo descrito, la SCP 0307/2020-S1 que se describe, concluyó que, esta instancia constitucional se encuentra habilitada para efectuar la revisión de la actividad probatoria de otras jurisdicciones sin necesidad de exigir el cumplimiento de presupuestos como:

a) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, b) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final, argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad;

En esa labor el juez constitucional debe considerar los siguientes criterios: Primero.- La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas, jueces y de las autoridades administrativas; Segundo.- La justicia constitucional puede revisar la valoración cuando: 1) las autoridades se apartan de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) De manera arbitraria omiten considerar las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basan su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; Tercero.- La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, Cuarto.- Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando incidan en el fondo de lo demandado y sea la causa de la lesión de derechos y/o garantías constitucionales.

III.4. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos al debido proceso y a la defensa; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de lesiones graves y leves, robo agravado, entre otros, se dispuso su detención preventiva; no obstante, al asumirse dicha determinación se incurrió en las siguientes irregularidades: i) El Juez ahora demandado emitió el Auto Interlocutorio de 25 de noviembre de 2021: i.a) Con una carente motivación basando su determinación en la declaración informativa realizada por “Franklin Limpias” y el acta de reconocimiento de placas fotográficas, sin existir una individualización de su actuar en los hechos denunciados; y, i.b) Realizó una apreciación de cada uno de los delitos que se le imputa, sin señalar de qué manera su persona habría cometido los mismos; y, ii) Al proferirse el Auto de Vista 522 de 27 de diciembre de 2021, no se indicó cómo es que su conducta se adecua a cada uno de los ilícitos mencionados, omitiendo considerar lo establecido en el art. 302 del CPP que determinó que en caso de multiplicidad de imputados, se debe establecer de manera individual y objetiva, con la mayor claridad posible, los hechos atribuibles a cada uno de ellos, su grado de participación y los elementos de prueba que sustentan la atribución de cada uno de los hechos.

De las conclusiones del presente fallo constitucional, se tiene la emisión del Auto Interlocutorio de 25 de noviembre de 2021, por el Juez a quo, quien determinó la detención preventiva del peticionante de tutela por el plazo de seis meses (Conclusión II.1); además, impugnada dicha determinación, se advierte el pronunciamiento del Auto de Vista 522 en el cual se declaró improcedentes los recursos de apelación interpuestos por las partes procesales, confirmándose el indicado Auto Interlocutorio (Conclusión II.2). Con esos antecedentes, incumbe examinar, si los argumentos vertidos por el impetrante de tutela son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; es así, que conforme se tiene de la delimitación de la problemática, se tiene que:

III.4.1. Respecto al Auto Interlocutorio de 25 de noviembre de 2021 emitido por el Juez ahora demandado.

El accionante refiere que se emitió el Auto Interlocutorio de 25 e noviembre de 2021 con una carente motivación basando su determinación en la declaración informativa realizada por “Franklin Limpias” y el acta de reconocimiento de placas fotográficas, sin existir una individualización de su actuar en los hechos denunciados.

Al respecto, se debe establecer que, el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, estableció que la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. Por su parte, el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, estableció la posibilidad de que esta instancia constitucional ingrese a revisar la valoración de la prueba, cuando las autoridades se apartan de los marcos legales de razonabilidad y equidad, de manera arbitraria omiten considerar las pruebas ya sea total o parcialmente o cuando basan su decisión en prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación.

Con esos parámetros jurisprudenciales, se tiene que, en el Auto Interlocutorio de 25 de noviembre de 2021 –ahora observado–, el Juez a quo determinó:

En cuanto a los elementos investigativos que cursa en el cuaderno de investigación, se puede establecer de que existen las declaraciones Informativas tanto de las victimas cómo de algunos testigos en los cuales refieren de que en el momento del hecho habían un grupo de 70 personas los cuales los obligaron a tirarse al suelo, los empezaron a golpear y les quitaron sus pertenencias y les privaron de su libertad desde horas 11:00 de la mañana hasta las 18:00 horas de la tarde. Hubo disparos, escucharon disparos que realizaron. De la misma forma manifiestan dé que los amedrentaron y los obligaron a firmar un documento en el cual ellos no tenían que informar lo sucedido y que se comprometían a no volver por el lugar.

La prueba que individualiza al señor Heber Sixto Canasa Sacaca la cuál es declaración informativa realizada por el Señor Franklin Limpias en el cual manifiesta que el cuándo se encontraba en el lugar de los hechos logro ver señor Heber Sixto toda vez de que a alguien se le escapó su nombre y él pudo escuchar de que él se encontraba presente y cuando realizó el reconocimiento en el acta de reconocimiento de las placas fotográficas el manifiesta e identifica como el número tres quien era la persona que cuando sucedieron los hechos estaba en el lugar con un arma en la mano y que con otras personas fueron los que los golpearon y dispararon comprometiendo o poniendo en riesgo la vida de todos los que fueron objeto de esas agresiones. (…) En consecuencia con todos estos elementos de pruebas que cursan en el cuaderno de investigación y especialmente con la declaración del Señor Franklin Limpias, así como en la plaqueta de identificación en la cual el señor Franklin Limpias identifica al señor Heber Sixto Canasa Sacaca y de la, valoración integral de todos los elementos probatorios colectados por el Ministerio Público, principalmente la prueba manifestada sobre la declaración del señor Franklin Limpias Ríos que señala al imputado como una de las personas que le apuntaba con un arma, asimismo el acta de reconocimiento de placas fotográficas en la cual el señor Franklin Limpias Ríos reconoce al imputado como uno de los autores de los hechos que se investigan, con lo que conforme a los principios de legalidad, objetividad y verdad material, el Ministerio Público ha logrado acreditar la existencia de indicios suficientes que generan convicción en el suscrito juzgador de que el hecho ilícito si existe y que el imputado Heber Sixto Canasa Sacaca es con probabilidad autor material de los delitos de lesiones graves y leves, privación de libertad, robo agravado, tenencia porte o portación ilícita de arma de fuego, tentativa de homicidio y amenazas previsto y sancionado por el artículo 271, 292, 332, 191 quinter, 251 con relación al artículo 8 y 293 del Código Penal, por lo que está plenamente acreditado el numeral 1 del artículo 233 del Código de Procedimiento Penal, todo ello respetando el derecho constitucional de presunción de inocencia del imputado consagrado en el artículo 116 parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado.” (sic)

Entonces, se debe determinar en principio, que el art. 233.1 del CPP, establece como un requisito para la disposición de la detención preventiva: “…La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o participe de un hecho punible”. Aspecto que fue interpretado por la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio determinando que:

La consideración del primer requisito debe responder a la existencia de evidencia física y material, que genere un mínimo de credibilidad que permita al juez inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, lo cual impide que la autoridad judicial funde su determinación en presunciones.

Es así que, se observa que, el Auto Interlocutorio de 25 de noviembre de 2021 a efectos de determinar la procedencia de la probabilidad de autoría, encontró como elementos probatorios, la existencia de declaraciones informativas de víctimas y testigos, que indican que un grupo de setenta personas ejecutaron sobre ellos una serie de amedrentamientos; además, se hizo referencia de la declaración informativa tomada a “Franklin Limpias” quien aseveró haber visto al accionante en el lugar de los hechos, siendo este quien estaba con un arma en la mano y que junto a otras personas lo golpearon y dispararon, al igual que en las placas fotográficas analizadas, conforme constaría en el acta correspondiente.

Entonces, como se observa, los elementos señalados por el Juez a quo, demuestran evidentemente una probabilidad de que el peticionante de tutela, pueda ser culpable de los hechos ilícitos imputados; es decir, se observa que el mismo fundamenta y motiva debidamente su resolución, puesto que identifica elementos suficientes que permiten generar un mínimo de credibilidad de que el imputado podría ser autor o partícipe del hecho. Aclarando al impetrante de tutela que para determinar la procedencia de la probabilidad de autoría, no se requiere de prueba plena que demuestre con certeza los hechos denunciados, sino que bastará con elementos que demuestren indicios de su participación, precautelando en todo momento la presunción de inocencia que rige en la materia, razón por la cual, se debe considerar que el peticioinante de tutela fue reconocido en el lugar de los hechos y tal aspecto permite presumir indicios de culpabilidad suficientes para fundar el riesgo. Aspecto que sería diferente, si la prueba presentada ni siquiera lo señalara o lo identificara; sin embargo, al ser así, corresponde mantener vigente la probabilidad de autoría.

Por lo señalado, siendo que el Auto Interlocutorio de 25 de noviembre de 2021 se encuentra debidamente fundamentado y motivado además ejecuta una valoración razonable de la prueba indiciaria, que sobre la presente problemática corresponde denegar la tutela solicitada.

Por otra parte, el accionante agrega que, en el Auto Interlocutorio de 25 de noviembre de 2021 el Juez a quo realizó una apreciación de cada uno de los delitos que se le imputa, sin señalar de qué manera su persona habría realizado el delito.

Al respecto se tiene que el Juez ahora demandado refirió que:

“Con relación al delito de lesiones graves y leves se puede establecer que existen certificados médicos legales en los cuales se ha establecido de que varias de las víctimas tienen lesiones y días de impedimentos los cuales están establecidos entre días 8, 10 y de 30 días de impedimento. Con relación a la privación de libertad los mismos en las declaraciones informativas han mencionado de que cuando fueron, cuando ingresaron a la propiedad Las Londras este grupo de personas el cual estaba encabezado por el Señor Heber Sixto Canasa Sacaca los tuvieron privados de libertad desde horas 11:00 de la mañana hasta las 18:00 horas. Con relación al robo agravado manifiestan que los obligaron o les decomisaron sus objetos personales de los cuales a cuando los liberaron solamente le devolvieron a algunos y otros se quedaron con la finalidad de que no vayan a informar lo sucedido, esto también como cámaras fotográficas y cosas que n les devolvieron a todos. Con relación a tenencia y porte o portación ilícita de armas de fuego, se puede establecer que incluso en los programas televisivos de los Noticiero se puede evidenciar que varias de las personas que estaban o que privaron de libertad a estos periodistas, policías y personas civil varios de ellos portaban armas, señor Franklin Limpias en su declaración manifiesta de que cuando él estuvo en el lugar de los hechos y fue golpeado el logro ver al Señor Heber Sixto Canasa Sacaca con un arma en la mano que parecía ser un salón que tenía miras Con relación a la tentativa de homicidio y también homicidio manifiestan que realizaban disparos y que no tenían consideración en que podían hacer podían lograr a algunos de los que estaban presentes y como también hay algunos que tienen heridas de golpes que le propinaron cuando los tenían boca abajo en el suelo. Con relación al delito de amenazas, los mismos refieren que al momento de ser liberado los mismos los amenazaron diciéndoles que si los volvían a ver por lugar los iban a llevar a la plaza y los iban a quemar o iban a matar, incluso les hicieron firmar un documento en el cual ellos se comprometían a no regresar al lugar. En consecuencia con todos estos elementos de pruebas que cursan en el cuaderno de investigación y especialmente con la declaración del Señor Franklin Limpias, así como en la plaqueta de identificación en la cual el señor Franklin Limpias identifica al señor Heber Sixto Canasa Sacaca y de la, valoración integral de todos los elementos probatorios colectados por el Ministerio Público, principalmente la prueba manifestada sobre la declaración del señor Franklin Limpias Ríos que señala al imputado como una de las personas que le apuntaba con un arma, asimismo el acta de reconocimiento de placas fotográficas en la cual el señor Franklin Limpias Ríos reconoce al imputado como uno de los autores de los hechos que se investigan, con lo que conforme a los principios de legalidad, objetividad y verdad material, el Ministerio Público ha logrado acreditar la existencia de indicios suficientes que generan convicción en el suscrito juzgador de que el hecho ilícito si existe y que el imputado Heber Sixto Canasa Sacaca es con probabilidad autor material de los delitos de lesiones graves y leves, privación de libertad, robo agravado, tenencia porte o portación ilícita de arma de fuego, tentativa de homicidio y amenazas previsto y sancionado por el artículo 271, 292, 332, 191 quinter, 251 con relación al artículo 8 y 293 del Código Penal, por lo que está plenamente acreditado el numeral 1 del artículo 233 del Código de Procedimiento Penal, todo ello respetando el derecho constitucional de presunción de inocencia del imputado consagrado en el artículo 116 parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado.” (sic).

Entonces, como se observa, la autoridad judicial ahora demandada al momento de fundar su determinación, evidentemente desglosó los hechos denunciados con relación a la prueba presentada y los delitos denunciados, aspecto que observa el accionante, puesto que se entiende, esperaba que al momento de describirse los hechos, se individualice su conducta por cada hecho; sin embargo, se debe reiterar que durante esta etapa procesal, únicamente corresponde determinar si la prueba presentada se constituye en indicio de que el imputado es con probabilidad autor o partícipe de los hechos denunciados; por lo que, sería incorrecto exigir que el Juzgador ahora demandado otorgue un valor pleno a la prueba presentada y relate de forma específica cómo se desarrollaron los ilícitos, cuando lo único que debe valorar, son elementos que manifiesten una probabilidad de que el imputado fue partícipe de los hechos denunciados, siendo suficiente que exista un mínimo de posibilidad en su participación; aclarando, que al imputado – ahora accionante– no se le atribuyó en ningún momento la comisión de los hechos ilícitos y a contrario, la misma autoridad judicial ahora demandada, manifestó que se respeta la presunción de inocencia. Aspecto que denota una adecuada fundamentación y motivación de la resolución conforme se desarrolló también de forma previa.

Por lo descrito es que respecto a la presente problemática corresponde denegar la tutela solicitada.

III.4.2. Respecto al Auto de Vista 522 de 27 de diciembre de 2021

El accionante de forma poco precisa señaló que en el Auto de Vista 522 no se indicó cómo es que su conducta se adecua a cada uno de los ilícitos mencionados, omitiendo considerar lo establecido en el art. 302 del CPP que determinó que en caso de multiplicidad de imputados, se debe establecer de manera individual y objetiva, con la mayor claridad posible, los hechos atribuibles a cada uno de ellos, su grado de participación y los elementos de prueba que sustentan la atribución de cada uno de los hechos. Como se observa en la presente problemática, el peticionante de tutela confunde las etapas y momentos procesales para plantear sus agravios, puesto que el art. 302 del CPP, se enfoca plenamente en el diseño de la imputación formal, siendo este un requerimiento conclusivo cuya emisión le corresponde a la autoridad fiscal y su observación –en caso de considerar que el mismo se fundó de forma errónea– se realiza a través de un incidente de nulidad de imputación formal, cumpliendo por supuesto, con los plazos legales para su interposición. Sin embargo, en el presente caso, lo que se analiza es una determinación de detención preventiva y los parámetros de análisis deben converger en función a dicho instituto; siendo este, un aspecto no considerado por el accionante al momento de plantear su agravio. Aun así, considerando los parámetros establecidos por el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, se debe considerar que las autoridades judiciales, están obligadas a emitir sus resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas, comprendiendo que el primero se refiere a la justificación de todas las disposiciones legales sobre las cuales sostiene su decisión; y el segundo relacionado a la justificación de las razones lógico-jurídicas, respecto del marco fáctico y los medios probatorios que fueron aportados por las partes; máxime cuando se trate de decisiones que emerjan de la aplicación de medidas cautelares, supuestos en los cuales, los jueces instructores y los tribunales de apelación, están impelidos de sustentar sus resoluciones. Además, específicamente en el caso de tribunales de apelación, el art. 398 del CPP, no debe ser entendido en su literalidad, sino interpretada de forma integral y sistémica; lo cual, exige que estas autoridades jurisdiccionales, luego de un análisis integral del supuesto, deben fundamentar y motivar sus decisiones precisando los elementos de convicción que permitan concluir en la necesidad de modificar, rechazar medidas cautelares o determinar la cesación o rechazo de esa solicitud; a cuyo efecto, deben también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 de la citada norma adjetiva penal, mediante una resolución con la suficiente justificación normativa, conforme requiere el art. 236.4 del referido cuerpo legal. Entonces, se tiene que, el Tribunal de Apelación, resolvió que:

“CONSIDERANDO: QUE, respecto al art. 233 núm. 1) del CPP, aludido como agravio por la parte imputada; la autoridad jurisdiccional en el auto recurrido de fecha 25 de noviembre de 2021, hace un relato de los argumentos expresados por las partes, realiza un análisis minucioso de la imputación formal presentada por el Ministerio Público, detallando y expresando cada uno de los elementos de prueba respecto al imputado Hebert Sixto Canaza, en cuanto a la individualización, toma en cuenta las declaraciones de las víctimas, como de los testigos que estaban presentes al momento del hecho ilícito, argumentando lo siguiente "el imputado era una de las personas que se encontraba al momento de los hechos con un arma de fuego en la mano y que comandaba el grupo en su momento los alejaron de forma negativa, así también toma en cuenta la declaración de reconocimiento de persona que hace el señor Franklin Limpias el cual habría indicado qué reconoce al imputado como uno de los dirigentes que comandaba dicho grupo", es decir, la autoridad de instancia concluye que de los elementos investigativos que cursan en el cuaderno de investigación concurre el art. 233 inc. 1) del CPP, respaldados con la declaración informativa de las víctimas, como de algunos testigos, quienes habrían referido que en el momento del hecho había un grupo de 70 personas, los cuales lo obligaron a tirarse al suelo y empezaron a golpear y quitarle sus pertenencias y privarle de su libertad de 11:00 am. a 18:00 p.m., habiendo disparos, así también los amedrentaron y obligaron a firmar un documento donde se comprometían no informar lo sucedido y se comprometían no volver al lugar, por lo que se determinó la existencia de suficientes elementos en cuanto al delito imputado graves, privación de libertad, tentativa domicilio y robo grabado.

Ahora bien, del análisis de este razonamiento esgrimido por la autoridad de instancia se tiene que es suficiente para establecer la probabilidad de autoría y participación, prevista en el art. 233 núm. 1) del CPP, puesto que como bien decía la representante del Ministerio Público para presentar una imputación formal no se necesita certeza, sino que simplemente indicios sobre la existencia de un hecho ilícito y la participación del imputado, en ese sentido es que la autoridad jurisdiccional ha valorado todos los elementos presentados por el Ministerio Público y no sólo la declaración del señor Franklin Llanos, ese elemento sólo ha sido uno de los que ha valorado, no siendo evidente lo expresado por la defensa del imputado de qué solamente se habría valorado ese elemento del acta de reconocimiento de personas del señor Franklin Limpias; en cuanto a que el reconocimiento de personas se hubiese realizado posterior a que el imputado hubiera sido exhibido en los medios de comunicación, tal aspecto no ha sido observado en la audiencia de medidas cautelares, dejando pasar su oportunidad de plantear incidentes y denunciar los supuestos irregularidad ante la autoridad jurisdiccional, lo que en el caso no ha ocurrido, razón por el cual en esta audiencia de alzada no es posible revisar tales circunstancias; por todo ello, se puede determinar que la autoridad jurisdiccional actuó correctamente al establecer la concurrencia del art. 233 núm. 1) del CPP.” (sic).

Se observa entonces, que en alzada, de forma correcta se ratifica la determinación de primera instancia respecto a la probabilidad de autoría del accionante, puesto que se determina (como también se determinó en el acápite III.4.1 del presente fallo constitucional) que existían elementos suficientes para suponer la probable autoría o participación del imputado –accionante– en los hechos denunciados, reconociendo la existencia de testigos, y una declaración que identifica al peticionante de tutela en el lugar de los hechos, siendo necesario únicamente contar con elementos indiciarios a efectos de determinar la procedencia del art. 233.1 del CPP. Entonces, siendo que la problemática presentada por el accionante, se funda en una falta de consideración del art. 302 del CPP, esperando que el Vocal ahora demandado, observe aspectos contenidos en la imputación formal –como la individualización de los actos, partícipes y pruebas– se debe establecer que el mismo confundió totalmente el mecanismo para observar tales aspectos, ya que el referido art. 302 establece los requisitos que debe contener la imputación formal y si el ahora peticionante de tutela, no estaba de acuerdo con tal imputación; entonces, debió activar los mecanismos pertinentes contra el mismo; puesto que el objeto del Auto de Vista 522 debía y se centró de forma adecuada, en analizar la existencia de requisitos para determinar la necesidad de aplicar una determinada medida cautelar y para ello, la base legal es el art. 233 del CPP. En consecuencia, no se podía exigir al Vocal ahora demandado analice los presupuestos del art. 302 del CPP –como espera el accionante, al pedir se analice, la multiplicidad de imputados, individualizaciones de conductas y claridad en los hechos atribuidos– pues el objeto del Auto de Vista era resolver una apelación a medida cautelar. En consecuencia, es pertinente determinar que no se observa errónea fundamentación y motivación en el Auto de Vista 522, en consideración a que la misma se desarrolló dentro de los parámetros del art. 233.1 del CPP y para motivar la misma, se basó en una razonable valoración de la prueba aportada al proceso determinando la probable participación del imputado – ahora accionante– en los hechos investigados, correspondiendo respecto a la presente problemática, denegar la tutela solicitada.

Por lo señalado, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 39/22 de 10 de mayo de 2022, cursante de fs. 186 vta., a 191, emitida por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, de conformidad a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo es de voto aclaratorio.

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

1 La SCP 0310/2010-R de 16 de junio, Fundamento Jurídico III.3.2 “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: "El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales" (sic).

2 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).

3 “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla” (el resaltado nos corresponde).

4 El art. 398 del CPP señala que: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”

5 El art. 236 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, vigente desde el 4 de noviembre del mismo año, señala: “El auto que disponga la aplicación de una medida cautelar personal, será dictado por la jueza, el juez o tribunal del proceso y deberá contener: 1. Los datos personales del imputado o su individualización más precisa; 2. El número único de causa asignada por el Ministerio Público y la instancia jurisdiccional correspondiente; 3. Una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le atribuyen; 4. La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la medida, con las normas legales aplicables; 5. El lugar de su cumplimiento; 6. El plazo de duración de la medida”.

10 “…la suscrita Magistrada, en atención a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de este fallo, considera que, en un Estado constitucional de derecho, como lo asumido por el nuestro, que por voluntad del constituyente, se incorporaron en la Constitución Política del Estado, un conjunto de derechos y garantías constitucionales en favor de las personas, que constituyen al Estado Plurinacional de Bolivia, en un Estado garantista; lo cual, implica que, el Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme al art. 196 de la CPE en su misión de precautelar por la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, debe ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales (arts. 13.I y 256.I de la CPE); en ese entender, es imperioso aplicar entendimientos y razonamientos más favorables y menos restrictivos para el acceso a la justicia constitucional en cuanto a su invocación de tutela; razón por la cual, respecto a las denuncias de vulneraciones relacionadas a la valoración de la prueba, esta Magistratura luego de advertir dos entendimientos diferentes al respecto, en apego a la jurisprudencia constitucional desarrollada en el citado Fundamento Jurídico III.2.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, opta por seguir y aplicar las razones jurisprudenciales desarrolladas en la SCP 0297/2018- S2, que se constituyen en el estándar más alto conforme lo desplegado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de este fallo.”

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0519_2023-S1.pdf · páginas 1 a 33.

Huella digital del PDF (SHA-256): 3417b4ad02753dabcdce0b197b6b1e70c66540a8add9f66b4708776610eed9ce

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