B.IA.LEGAL

SCP 0518/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 4 de septiembre de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
4 de septiembre de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
49258-2022-99-AL
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela argumenta que han transcurrido más de cinco meses y siete días desde la ejecutoria de la Sentencia 09/2022, debiendo considerarse que la misma emerge de un procedimiento abreviado. Indica que a la fecha, a pesar de los reclamos realizados, no se han remitido los antecedentes al Juzgado de Ejecución Penal, lo que afecta al accionante, ya que tiene un núcleo familiar en Cochabamba, y este retraso que es exagerado le está perjudicando en sus derechos, puesto que se encuentra impedido de presentar un incidente ante el Juez de Ejecución Penal para su traslado al penal de la ciudad de Cochabamba. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; ii) El principio de celeridad en las actuaciones procesales; iii) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; iv) Sobre la acción de libertad innovativa; y v) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 03/2022 de 22 de julio, cursante de fs. 41 vta. a 47, pronunciada por el Juez Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Potosí; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada en relación a todos los demandados, por el retraso evidenciado en la remisión de antecedentes requeridos ante el juzgado de ejecución penal correspondiente, siendo procedente la acción de libertad innovativa; 2º Se exhorta a Eldy Carmen Duarte Rocabado, Orlando Cender Aranibar Delgado y José Juan Téllez Duran, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, a efectuar un control y supervisión de su personal de apoyo jurisdiccional en el cumplimiento de determinaciones en los que se encuentre vinculado de manera directa el derecho a la libertad.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida
  2. III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales
  3. III.3. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad
  4. III.4. Sobre la acción de libertad innovativa
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0518/2024-S1 Sucre, 4 de septiembre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 49258-2022-99-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 03/2022 de 22 de julio, cursante de fs. 41 vta. a 47, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Modesta Quispe Ignacio contra Orlando Cender Aranibar Delgado, Eldy Carmen Duarte Rocabado y José Juan Téllez Duran; y Andrés Marcelo Goytia Taboada, Jueces Técnicos y Secretario Abogado, respectivamente todos del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 21 de julio de 2022, cursante de fs. 14 a 19, la parte accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra y de Florentino Yale Packo, Elizardo Morales Aira, Juvenal Achu Condori y “Richard Fernando Rojas Mamani”, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, llegaron a someterse a procedimiento abreviado, pronunciándose la Sentencia 09/2022, en consecuencia se los declara autores del referido delito y en consecuencia se impone una pena de diez años de presidio en el penal de Santo Domingo de Cantumarca y 10 000.- días multa a razón de 0.50 ctvs. por día. Refiere que desde el 14 de marzo de 2022, se celebró audiencia de juicio oral y se leyó la correspondiente Sentencia, existe una indebida retardación en la emisión del mandamiento de condena y remisión de los antecedentes al juzgado de ejecución penal. Sobre esta retardación señala que su familia de manera constante fue preguntando cuando se enviará los antecedentes al juzgado de ejecución penal correspondiente pero no se le da información al respecto. Refiere que la retardación denunciada es por motivos ajenos a su persona, por lo que esta falta de emisión del mandamiento de condena y remisión de los actuados al Juzgado de Ejecución Penal, le está generando indefensión debido a que se encuentra imposibilitada de presentar incidente de traslado a la ciudad de Cochabamba para cumplir ahí su pena, ello en apego a la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001-, cuyo art. 37.1 refiere: "el condenado podrá solicitar, al juez de ejecución penal, su traslado a otro establecimiento penitenciario”. Concluye señalando que a esa fecha, transcurrieron desde el 14 de marzo, hasta el 21 de julio de 2022, cinco meses y siete días, y los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Segundo de la Capital del departamento de Potosi, no realizaron su mandamiento de condena, y tampoco se remiten los antecedentes al Juzgado de Ejecución Penal por el Secretario Abogado del Tribunal de Sentencia -ahora demandado-, demorando de manera exagerada el plazo previsto por la normativa establecida en los arts. 131, 365, 373, 374 y 429 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

Considera lesionado su derecho a la “seguridad jurídica” y a la “familia en su vertiente al debido proceso”, citando al efecto los arts. 22, 23.1, 62, 63, 66, 73.I, 74.1, 115.II, 178 y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

La accionante solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se ordene: a) A los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Segundo de la Capital del departamento de Potosi, informen sobre la elaboración del mandamiento de condena, sea conforme al principio de celeridad y acorde a los arts. 365 y 131 del CPP; y b) El Secretario Abogado del mencionado Tribunal, informe detalladamente los motivos que justifican el no haberse realizado el mandamiento de la condena y la omisión en la remisión de los antecedentes al Juzgado de Ejecución Penal.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 22 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 41 y vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El peticionante de tutela, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido de su memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de las autoridades demandados

Eldy Carmen Duarte Rocabado, Orlando Cender Aranibar Delgado y José Juan Téllez Duran, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, mediante informe escrito cursante a fs. 29, señalaron: 1) La ahora accionante se sometió a la salida alternativa de procedimiento abreviado, dictándose la Sentencia Condenatoria 09/2022 de 14 de marzo, dentro del plazo legal correspondiente, poniéndose luego el cuaderno de resoluciones a disposición del personal de apoyo jurisdiccional del despacho de ese Tribunal, para que se prosiga con los trámites correspondiente, hasta la elaboración por parte del Secretario Abogado del mandamiento de condena, conforme establece el art. 94 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, relacionadas a las funciones del Secretario, así también se ordenó su remisión al Juzgado de Ejecución Penal, conforme se tiene dispuesto en la parte in fine de la indicada Sentencia, que cursa a fs. 166 a 172; y, 2) La Sentencia en cuestión quedó ejecutoriada el 25 de abril de 2022, además que el propio fallo señala de manera textual: “Por Stría., líbrese el correspondiente Mandamiento de Condena, en observación de lo dispuesto por el Art. 129 Inc. 4) del CPP, una vez que se ejecutorié la presente Sentencia con el auto correspondiente” (sic). Andrés Marcelo Goytia Taboada, Secretario Abogado del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, por informe saliente a fs. 40 y vta., refirió lo siguiente: i) Asumió el cargo de Secretario de ese Tribunal el 25 de febrero de 2022, encontrando oficinas de dicho despacho desordenado con expedientes en el suelo, además que dicho Tribunal tenía el cargo de Secretario Abogado acéfalo por más de cuatro meses, a ello se debe sumar que hasta esa fecha la ex Secretaria de este Tribunal no entregó el inventario de la documentación; ii) A la fecha actual se continúa subsanando lo pendiente, como también las irregularidades que dejó la ex Secretaria Abogada que se encontraba a cargo; iii) Por Instructivos relativos a la re funcionalización dispuesta, se derivó a ese Tribunal más de 80 causas nuevas y por esa razón se reactivaron las causas que se tenían registradas como rebeldes, habiéndose emitido los mandamientos de aprehensión nuevamente para activar las causas; iv) En la presente causa no se pudo realizar de manera pronta los mandamientos de condena con relación a la Sentencia 09/2022 de 14 de marzo, entre los motivos es que dichos documentos no contaban con firmas ni sellos, situación que complico a sacar copias legalizadas para remitir a las unidades de Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y al Juzgado de Ejecución Penal; y, v) El 21 de julio de 2022, se remitió los mandamientos de condena al REJAP y al Juzgado de Ejecución Penal, habiéndose notificado de igual manera al Centro De Readaptación Productiva “Santo Domingo” de Cantumarca para la notificación de los condenados.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Potosí, mediante Resolución 03/2022 de 22 de julio, cursante de fs. 41 vta. a 47, denegó la tutela solicitada, en relación a los demandados Eldy Carmen Duarte Rocabado, José Juan Téllez Duran y Orlando Cender Aranibar Delgado, miembros del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosi y concedió en relación al codemandado Andrés Marcelo Goytia, Secretario Abogado del indicado Tribunal; en ese sentido ordenó que habiéndose demostrado que cumplió con la remisión de antecedentes al Juzgado de Ejecución Penal y al REJAP, en fecha 21 de Julio del 2022 ya no se podría disponer el cumplimiento de dicha remisión. Sin embargo se exhortó y recomendó al Secretario Abogado demandado que a futuro se puede cumplir con los plazos respecto a la remisión de antecedentes en el día, decisión que se sustenta en los siguientes argumentos: a) De antecedentes se tiene que existe, una dilación indebida y de acuerdo a los precedentes establecidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional, se activa la acción de libertad en su modalidad de pronto despacho al evidenciarse una retardación en la tramitación del mandamiento de condena, consecuentemente no se cumplió con la normativa que prevé los plazos procesales; b) Los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de la Potosi ahora demandados, en audiencia dispusieron la remisión de antecedentes correspondientes al REJAP y ante el Juez de Ejecución Penal, así también se tiene del Auto de Ejecutoria de Sentencia, en el cual se hace mención a que se pueda remitir los antecedentes a las mencionadas instancias, por lo que no se advierte de que los mismos hayan incurrido en dilaciones; y, c) Respecto a la no remisión de antecedentes, de la prueba presentada, y conforme se indica en el anterior punto los Jueces demandados ya ordenaron la remisión de los antecedentes al juzgado referido, determinación que debió haber sido cumplida por parte del Secretario Abogado codemandado; empero, no fue referido en razón a que existirían muchos expedientes que no se encontraban al día y que se encuentran reconocidos en el informe, empero que de acuerdo a las Sentencias Constitucionales, no son suficientes motivos para dilatar la tramitación de la causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Sentencia de Procedimiento Abreviado 09/2022 de 14 de marzo, emitida por Eldy Carmen Duarte Rocabado, José Juan Téllez Duran y Orlando Cender Aranibar Delgado, miembros del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, se impuso sentencia condenatoria entre otros a la impetrante de tutela, condenándola a la pena privativa de libertad de diez años en el Centro de Readaptación Productiva de “Santo Domingo”, y una multa de 10 000.- días, a razón de 0.50 ctvs., por cada día multa (fs. 6 a 12 vta.).

II.2. Cursa nota Cite: TSP2-110/2022 de 21 de julio, dirigida a la Responsable de Registro Judicial de Antecedentes Penales de Potosí emitida por Orlando Cender Aranibar Delgado, Eldy Carmen Duarte Rocabado y José Juan Téllez Duran, en su calidad de miembros del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del señalado departamento, adjuntando al efecto copias legalizadas de la Sentencia 09/2022; Auto de Ejecutoria de 25 de abril de 2022 y el correspondiente mandamiento de condena (fs. 30). II.3. Oficio Cite: Cite TSP2-109/2022 de 21 de julio, de remisión de fotocopias legalizadas al Juzgado de Ejecución Penal también de la Capital del referido departamento, por Eldy Carmen Duarte Rocabado, José Juan Téllez Duran y Orlando Cender Aranibar Delgado, miembros del Tribunal de Sentencia Penal Segundo, con cargo de recepción en dicho Juzgado en fecha 21 de julio de 2022 a horas 15:10 (fs. 31).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela argumenta que han transcurrido más de cinco meses y siete días desde la ejecutoria de la Sentencia 09/2022, debiendo considerarse que la misma emerge de un procedimiento abreviado. Indica que a la fecha, a pesar de los reclamos realizados, no se han remitido los antecedentes al Juzgado de Ejecución Penal, lo que afecta al accionante, ya que tiene un núcleo familiar en Cochabamba, y este retraso que es exagerado le está perjudicando en sus derechos, puesto que se encuentra impedido de presentar un incidente ante el Juez de Ejecución Penal para su traslado al penal de la ciudad de Cochabamba. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; ii) El principio de celeridad en las actuaciones procesales; iii) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; iv) Sobre la acción de libertad innovativa; y v) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 abril reiterada por la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio -entre otras- , realizó el siguiente razonamiento:

La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; por esta razón, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida.

Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril se amplió la referida clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.

1El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente…”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente…”.

El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´.Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenado…”. 2El FJ III.5, indica: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.

Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´

(…)

Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).

Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.

III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0613/2018-S2 de 8 de octubre, asumió el siguiente razonamiento: En cuanto al principio de celeridad, el art. 178.I de la CPE, dispone que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respecto a los derechos”; asimismo, el art. 180.I de la CPE, expresa que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez”, ambos artículos se encuentran relacionados a lo establecido en el art. 115.II de la misma Norma Suprema al señalar que: “ El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (las negrillas nos corresponden).

Complementando lo señalado, la SC 0010/2010-R de 6 de abril, razonó que la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad y la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos, ratificado dicho entendimiento en la SC 0023/2013 de 4 de enero.

Posteriormente, la SC 0953/2015-S3 de 6 de octubre, respecto a la aplicación del principio de celeridad en trámites judiciales, alegó que la celeridad se constituye en un elemento integrante del debido proceso, su observancia obliga a quienes administran justicia, al deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas en cumplimento de los plazos establecidos en la norma, en ese sentido el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial, determina que la celeridad comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. Asimismo, el citado principio como elemento del debido proceso se encuentra además interrelacionado con otros principios, derecho y garantías. Entendimiento reiterado en la SCP 1156/2016-S3 de 25 de octubre.

III.3. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0223/2018-S2 de 22 de mayo, asumió el siguiente entendimiento:

Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 0691/01-R de 9 de julio de 2001, definió la legitimación pasiva, señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción.

Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o contra un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto.

Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo se reforzó el razonamiento antes celeridad “comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia.

En ese entendido, el principio de celeridad como elemento del debido proceso, se encuentra además interrelacionado con otros principios, derechos y garantías; es decir, que ante su inobservancia no solo se afecta el mismo sino también a la garantía del debido proceso, así por ejemplo la demora en dar una respuesta oportuna a los trámites judiciales vulnera los derechos de petición independientemente de que sea resuelta de forma positiva o negativa, de acceso a la justicia como la potestad de la persona para acudir ante la autoridad judicial competente demandando el restablecimiento de sus derechos de forma oportuna y el principio de seguridad jurídica que merecen las partes intervinientes en el proceso, motivos que hacen que sea objeto de protección constitucional”. 5El Cuarto Considerando, refiere: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”. 6El FJ III.5, menciona: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 7El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.

En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”.

señalado y se precisó que para la procedencia de la acción de libertad, es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción.

Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, ratificada posteriormente por las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 0345/2012 de 22 de junio; y, por la SCP 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras, estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades judiciales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, en el Fundamento 8El FJ III.2, indica: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”. 9El FJ III.2, dice: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: `Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´.

Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: `El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional.

En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.

Jurídico III.2:

Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado (las negrillas son añadidas).

III.4. Sobre la acción de libertad innovativa

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0141/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente razonamiento:

Es una acción tutelar, cuyo propósito es proteger, restablecer y/o restituir el derecho a la libertad física o de locomoción, así como el derecho a la vida, cuando se hallan en peligro como consecuencia de la supresión o restricción a la libertad personal; disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma.

En este marco, la línea jurisprudencial sobre la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado la restricción del derecho a la libertad física, conocida en la doctrina como recurso de hábeas corpus innovativo, tiene el siguiente desarrollo jurisprudencial:

El Tribunal Constitucional, en la SC 92/02-R de 24 de enero de 2002, sostuvo que era posible el planteamiento del hábeas corpus -ahora acción de libertad- cuando el accionante ya había sido liberado, pues dicha liberación “…no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos…”, de forma que en tales casos, se evitaba la reiteración de la conducta; es decir, que el interés en la resolución de la temática, trascendía del caso particular para convertirse en uno de interés general.

Posteriormente, sin modificarse oficialmente aquella línea, la SC 1489/2003-R de 20 de octubre estableció que promovido el recurso de habeas corpus -ahora acción de libertad-, no procedía cuando el hecho conculcador ya había cesado, puesto que dicho acto adquiría características que lo hacían punible en la instancia ordinaria penal; por lo que, se debería acudir a esa jurisdicción para conseguir la respectiva sanción. A través de la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, se cambió dicho entendimiento jurisprudencial, sosteniendo que las lesiones del derecho a la libertad, encuentran protección dentro del ámbito del hábeas corpus, en los casos en los que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, a pesar de haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; supuesto en el cual, la concesión de la tutela debe establecer la responsabilidad de los servidores públicos que efectuaron la indebida privación de libertad; razonamiento que fue adoptado como línea jurisprudencial hasta la gestión 2010. Con la SC 0451/2010-R de 28 de junio, se recondujo el entendimiento jurisprudencial al anterior contenido en la SC 1489/2003-R, estableciendo 10El Tercer Considerando, señala: “…Si bien el Juez de la causa dispuso la libertad del procesado ello no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos, tal como lo establece el art. 91-6) de la Ley N° 1836 (…)”. 11El FJ III.2, indica “En el caso que se examina, conforme lo expresa el propio recurrente, el hábeas corpus fue planteado después de que sus representados fueron puestos en libertad, de manera que si hubo ilegalidad en su detención por no haberse observado lo establecido por los arts. 6.II y 9.I CPE, ella no puede resolverse dentro de un recurso de hábeas corpus que fue presentado luego de haber sido puestos en libertad los recurrentes. Por consiguiente esa presunta ilegalidad adquiere otras características que la hacen punible, por lo que corresponde ser considerada en el ámbito penal o en el que los recurrentes estimen adecuado. En consecuencia, correspondía al recurrente interponer el recurso en el momento en que sus representados se encontraban -según él- indebidamente detenidos a fin de que la autoridad competente dentro del trámite de hábeas corpus, haga comparecer a los detenidos y analice los antecedentes del caso para pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo, situación que no puede darse, ya que fueron puestos en libertad antes de la presentación misma del recurso”. 12El FJ III.1, refiere: “Consiguientemente, del contenido de los preceptos aludidos y los debates parlamentarios glosados, se extrae de manera clara y precisa que la voluntad del legislador es que las lesiones al derecho a la libertad encuentren protección dentro del ámbito del hábeas corpus, declarando su procedencia en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, no obstante haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; en consecuencia, es preciso cambiar el entendimiento jurisprudencial sentado en la SC 1489/2003-R (…)”. 13El FJ III.2.2, manifiesta: “Cuando se alega privación de libertad personal, la norma constitucional (art. 125 de la CPE), señala que toda persona que esté indebida o ilegalmente privada de su libertad personal, podrá interponer la acción de libertad y solicitar al juez o tribunal competente `se restituya su derecho a la libertad´”.

Lo cual significa que en estos casos, la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe; de no ser así, se desnaturalizaría la esencia de la presente acción de defensa, dado que el petitorio de que `se restituya su derecho a la libertad´, ya no tendría sentido si está en libertad.

En consecuencia, desde el orden constitucional, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos procesales: Primero.- Cuando el acto ilegal o indebido denunciado sea la detención o privación de libertad física del agraviado o accionante, la acción de libertad debe ser interpuesta mientras exista la lesión, no cuando haya cesado.

que cuando se alega o denuncia una privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad mientras persista la lesión, no cuando hubiere cesado; lo cual fue confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0201/2012 de 24 de mayo, entre otras. La SC 0895/2010-R de 10 de agosto, complementó el entendimiento previamente asumido y señaló que cuando sea imposible plantear la acción de libertad por situaciones debidamente justificadas durante la privación de libertad, es posible su interposición inmediatamente después de haber cesado la misma. La jurisprudencia glosada fue reconducida a través de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre; en la que, sobre la base de la SC 0327/2004-R, dispone que procede la acción de libertad -bajo la modalidad de innovativa-, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. En efecto, la SCP 2491/2012 consagra la acción de libertad denominada innovativa; entendimiento que fue seguido de manera uniforme por este Segundo.- En los casos, en que presentada la acción de libertad conforme a esta exigencia, luego de la notificación a la autoridad, funcionario o persona denunciada o accionada, con la admisión de la misma, ésta libera al accionante o agraviado, ello no impide la prosecución del trámite y la otorgación de la tutela si es que corresponde, a los efectos de la reparación de los daños causados por la privación de libertad y en su caso los efectos que corresponda.

Tercero.- En los casos en que durante la detención no se presentó la acción de libertad, sino después de haber cesado la misma; verificada que sea tal situación, en audiencia pública y sin ingresar al análisis de fondo, corresponde la denegación de tutela, salvando los derechos del agraviado o accionante en la vía jurisdiccional ordinaria.

Al respecto, el art. 110.I de la CPE, señala que: `Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de autoridades bolivianas´, lo cual guarda coherencia con el art. 292 del Código Penal (CP), que bajo el nomen juris de `privación de libertad´, establece: `El que de cualquier manera privare a otro de su libertad personal, incurrirá en reclusión de seis meses a dos años y multa de treinta a cien días. La sanción será agravada en un tercio, cuando el hecho fuere cometido: 1) Por un funcionario público, con abuso de su autoridad. 2) Sobre un ascendiente, descendiente o cónyuge. 3) Si la privación de libertad excediere de cuarenta y ocho horas´ (…)

El art. 4.II de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010 denominada Ley de Necesidad de Transición, señala que: `Los Tribunales, Jueces y autoridades administrativas del Estado Plurinacional podrán considerar la jurisprudencia constitucional emitida con anterioridad a la aprobación del nuevo orden constitucional, en tanto no se contraponga a la Constitución Política del Estado´, en ese sentido, y al ser -entre otras- la función del Tribunal Constitucional, intérprete y guardián de la Constitución vigente; la interpretación efectuada a través de su jurisprudencia no puede contravenir a la Constitución misma, ni asimilar un entendimiento jurisprudencial pasado que se aparte de ella, sino sólo aquél que guarde coherencia o armonía con la Constitución vigente, uniformando así la jurisprudencia constitucional; labor que le corresponde a los miembros que componen este Tribunal. En ese sentido, y a la luz de la nueva Constitución, se concluye que `cuando se alega o denuncia privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad, mientras persista la lesión, no cuando ha cesado´, tal cual se explicó precedentemente, lo cual a su vez significa una reconducción de la línea jurisprudencial al asumido en la SC 1489/2003-R, que es conforme al orden constitucional vigente”. 14El FJ III.2, establece: “Así como no hay derechos absolutos, no hay reglas que no permitan una excepción cuando en mérito a ello se materializará un derecho fundamental, sin alterar la esencia y naturaleza de la acción tutelar, en este caso de la acción de libertad; y es que debe tenerse en cuenta que hay situaciones particulares en las que estando el ciudadano privado de libertad no es posible activar ningún medio de defensa ordinario, mucho menos extraordinario o de rango constitucional, pese a la lesión sufrida; por ello es oportuno complementar al entendimiento asumido en la citada SC 0451/2010-R, con referencia a que cuando se aduzca o se denuncie detención indebida, la acción de libertad debe ser interpuesta estando en privación o restricción de la libertad física, no luego de haber cesado: `Salvo que por las situaciones debidamente justificadas y la particularidad del caso, durante la privación de libertad no le fue posible interponer la acción de libertad, sino inmediatamente después de haber cesado la misma, lo cual no hace desparecer el acto ilegal y amerita un pronunciamiento de fondo a objeto de establecer las responsabilidades que correspondan, sean civiles, penales, u otras, dependiendo de la gravedad y del sujeto pasivo o causante de la lesión de derechos´”.

Órgano encargado del control de constitucionalidad, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0640/2013 de 28 de mayo y 2075/2013 de 18 de noviembre, entre otras. Efectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. En ese marco, corresponde la aplicación de la SCP 2491/2012, en cuyo Fundamento Jurídico III.1, establece:

…de acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos.

En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: “Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan”. Los arts. 22 y 23 de la Constitución Política del Estado (CPE) establecen que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para el desarrollo de la personalidad, siendo deber primordial del Estado, respetarlo y protegerlo por ser inviolable; razón por la que, fue configurada la acción de libertad de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que el citado derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de vulneración. A ese efecto, el Tribunal Constitucional cambiando el entendimiento jurisprudencial sentado en la SC 1489/2003-R de 20 de octubre y confirmado por las SSCC 1589/2003-R, 1728/2003-R, 1757/2003-R y 1928/2003-R; desarrolló en la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, además de determinar el ámbito de protección del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, una clasificación más, como es la acción de libertad innovativa, prevista para aquellos casos en los que se puede pedir la tutela ante una restricción del derecho a la libertad personal y de locomoción, aun después de cesada la detención; partiendo de su configuración como garantía constitucional de naturaleza adjetiva que debe ser explicada a la luz de una pauta hermenéutica, evolutiva e interpretación progresiva del art. 125 de la CPE; lo que evidencia el reconocimiento de la acción de libertad innovativa en los casos de amenaza del derecho a la vida, privación de libertad, persecución indebida o procesamiento indebido vinculado con el derecho a la libertad física o personal; por lo que, el propósito fundamental de la acción de libertad no es únicamente reparar o disponer el cese del hecho conculcador, sino también, advertir a la comunidad en su conjunto, sean autoridades, servidores públicos o personas particulares, que las conductas de esa naturaleza, contravienen el orden constitucional, siendo susceptibles de sanción, no pudiendo quedar en la impunidad, aun si hubiere cesado el acto ilegal, tal cual lo establece la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, asumida por la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, que recondujo el entendimiento contenido en la citada SC 0327/2004-R; por consiguiente, a la clasificación de los cinco tipos de acción de libertad, que fueron sistematizados en el Voto Disidente de la SCP 1045/2013 de 27 de junio, se suma la acción de libertad innovativa.

En consecuencia, la acción de libertad innovativa permite al agraviado o víctima de la vulneración, acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención, con el propósito fundamental de evitar que en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional. Por ello, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados.

III.5. Análisis del caso concreto

La accionante argumenta que han transcurrido más de cinco meses y siete días desde la ejecutoria de la Sentencia 09/2022, debiendo considerarse que la misma emerge de un procedimiento abreviado. Indica que a la fecha, a pesar de los reclamos realizados, no se han remitido los antecedentes al Juzgado de Ejecución Penal, lo que afecta al accionante, ya que tiene un núcleo familiar en Cochabamba, y este retraso que es exagerado le está perjudicando en sus derechos, puesto que se encuentra impedido de presentar un incidente ante el juez de ejecución penal para su traslado al penal de la ciudad de Cochabamba. Antes de analizar la problemática planteada, es importante señalar que, si bien del análisis del expediente enviado en revisión se observa que el Mandamiento de Condena fue remitido al Juzgado de Ejecución Penal el 21 de julio de 2022, subsanando así el acto denunciado como ilegal aproximadamente 35 minutos antes de la interposición de la presente acción y cumpliendo con la principal pretensión de la acción tutelar, lo que en principio haría desaparecer el objeto de la misma; esta circunstancia no impide que la justicia constitucional analice el asunto planteado. Esto se debe a que es posible activar la acción de libertad innovativa, cuya finalidad es la tutela de derechos desde una dimensión objetiva, con el propósito de evitar la repetición futura de los actos denunciados, tal como establece el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Por esta razón, se procede a examinar el fondo de la denuncia. Conforme al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca acelerar los trámites judiciales ante dilaciones indebidas, protegiendo los principios de celeridad y respeto a los derechos. Cuando se presenta una solicitud que involucra el derecho a la libertad, toda autoridad o funcionario tiene el deber de tramitarla con la debida celeridad o, al menos, dentro de un plazo razonable. En este contexto, de acuerdo con lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente sentencia constitucional, cuando se recibe un requerimiento que vincula el derecho a la libertad, toda autoridad judicial tiene el deber de resolverlo con la celeridad adecuada o, al menos, dentro de un plazo razonable, ya que de no hacerlo podría incurrirse en una restricción indebida de dicho derecho. Sin embargo, esto no implica que siempre deba otorgarse o atenderse la petición de forma positiva. En el caso analizado, de los antecedentes obrantes en el expediente, se constata que, mediante Sentencia Condenatoria 09/2022 de 14 de marzo, emitida en procedimiento abreviado, Modesta Quispe Ignacio -actual accionante- fue condenada a una pena privativa de libertad de diez años y a la multa de 10 000.- días multa, a razón de 0.50 centavos por día. Ahora bien, bajo esos antecedentes y de las Conclusiones que hacen a la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, del punto II.1, se extrae que la Sentencia en cuestión fue pronunciada el 14 de marzo de 2022 y fue remitido en fotocopia legalizada junto a otra documental tanto al REJAP como al Juzgado de Ejecución Penal el 21 de julio de 2022, es decir, más de cinco meses después de haberse ordenado su libramiento. En ese sentido, esta retardación que sobrepasa de manera exagerada los plazos establecidos y razonables para la remisión de los antecedentes necesarios ante el Juez de sentencia, imposibilitando a la accionante acceder al recurso que le permita el cambio de recinto para poder estar y contar con la cercanía de su núcleo familiar, no solo se incurrió en una dilación indebida sino que también impidió el acceso a la justicia. Por lo tanto, vulneró evidentemente los derechos al debido proceso, en su elemento de celeridad, razón por la cual corresponde conceder la tutela solicitada, sin ordenar la remisión solicitada, ya que dicho acto ya se ha llevado a cabo. Otro aspecto que debe ser de consideración, versa sobre la legitimación pasiva, al respecto cabe señalar que los Jueces del Tribunal de Sentencia demandados señalan que se dispuso de manera concreta que los antecedentes y documentación necesaria sea remitida al juzgado de sentencia, por lo que sería responsabilidad del Secretario Abogado codemandado; y por otro lado se tiene de lo informado por dicho funcionario de apoyo, que este sería nuevo en el cargo y que cuando asumió las funciones encontró expedientes incluso en el suelo y que existía muchas documentación pendiente por poner al día, entre lo que se encontraba la remisión observada en el presente caso. De dicha información, este Tribunal advierte que el Presidente ni los Jueces Técnicos que conforman el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, no efectuó un seguimiento y control de la determinación asumida y que consta en la Sentencia 09/2022, puesto que si bien existe una instrucción que por Secretaría se libre los correspondientes mandamientos de codena y que se remita las piezas procesales pertinentes al juez de ejecución penal y a la Oficina del REJAB, empero, no existe informe alguno que demuestre que se realizó el seguimiento correspondiente para que se efectivice la instrucción impartida a efecto de verificar si se procedió al envío dispuesto ante las instancias antes señaladas por más de cinco meses; omisión, descuido y falta de atención que constituyen un acto negligente que solo demuestra la falta de supervisión y control en el Juzgado al que fueron designados, situación que provoca dilación, vale decir, que resulta innegable que en su calidad de autoridades en el Tribunal, no existe una supervisión del trabajo de sus subalternos velando que todos los trámites en dicho Tribunal se realicen cumpliendo los plazos procesales, y peor aún de lo informado por el Secretario Abogado, se puede deducir que dicho control no fue cumplida por más de cinco meses, siendo por ende también responsables en la inobservancia del principio de celeridad, al no haber asumido o demostrado que se hicieron las gestiones necesarias para cumplir con los plazos que se establecen en el adjetivo penal. Para finalizar, debe dejarse establecido, tal cual se indicó en el Fundamento Jurídico III.3, de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que los jueces técnicos de un tribunal colegiado o un juez unipersonal no solo tienen la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo jurisdiccional, sino también es necesario que realicen el seguimiento y verificación de que se cumplieron las órdenes, actividades encomendadas y funciones establecidas por ley, pues de no desempeñarlas, son ellos -jueces y juezas- quienes asumen la responsabilidad por el buen desempeño del juzgado; vale decir, no solo por el incumplimiento de sus funciones y obligaciones, al asumir la obligación y deber de control sobre el desempeño de dichas labores, ya que al constituirse en directores de su despacho, tienen la obligación de impartir instrucciones y realizar el control correspondiente, asumiendo esta responsabilidad por encontrarse a cargo del Juzgado o Tribunal. En consecuencia, el Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Potosí, al denegar en parte la tutela impetrada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 03/2022 de 22 de julio, cursante de fs. 41 vta. a 47, pronunciada por el Juez Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Potosí; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada en relación a todos los demandados, por el retraso evidenciado en la remisión de antecedentes requeridos ante el juzgado de ejecución penal correspondiente, siendo procedente la acción de libertad innovativa; 2º Se exhorta a Eldy Carmen Duarte Rocabado, Orlando Cender Aranibar Delgado y José Juan Téllez Duran, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, a efectuar un control y supervisión de su personal de apoyo jurisdiccional en el cumplimiento de determinaciones en los que se encuentre vinculado de manera directa el derecho a la libertad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

3 “…la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad; y la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos…”

4 “La celeridad se constituye en un elemento integrante del debido proceso, su observancia compele a quienes administran justicia, al deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas en cumplimiento de los plazos establecidos en la norma y de no existir este dentro de un término razonable con el objetivo de que los trámites judiciales cumplan su finalidad de forma oportuna, en ese sentido, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determina que la

15 El FJ III.1, refiere: “Consiguientemente, del contenido de los preceptos aludidos y los debates parlamentarios glosados, se extrae de manera clara y precisa que la voluntad del legislador es que las lesiones al derecho a la libertad encuentren protección dentro del ámbito del hábeas corpus, declarando su procedencia en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, no obstante haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; en consecuencia, es preciso cambiar el entendimiento jurisprudencial sentado en la SC 1489/2003-R (…)”.

16 El FJ III.1, señala: “Dicho entendimiento se justifica plenamente si se considera que la justicia constitucional tiene como una de sus funciones el precautelar el respeto y vigencia de los derechos y las garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado y en las diferentes normas en materia de derechos humanos que conforman el bloque de constitucionalidad, y, por ende debe imprimir todos los mecanismos necesarios que permitan el ejercicio real y efectivo de los mismos”. 17El FJ III.2 describe: “6) Acción de libertad Innovativa En una interpretación evolutiva del art. 125 de la CPE, la acción de libertad Innovativa, tiene la finalidad de tutelar una garantía sustantiva esencial: La libertad física o de locomoción, el procesamiento indebido directamente vinculado con estos derechos o la persecución ilegal, aun cuando los actos u omisiones violatorias a los presupuestos antes señalados hubiesen cesado. Así, esta tipología fue asumida a través de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, y debe ser incluida a la presente sistematización, por tanto, frente a los supuestos antes descritos, aun frente a la cesación de actos u omisiones lesivas a la libertad física o de locomoción, debe inequívocamente ejercerse el control de constitucionalidad, con la consiguiente responsabilidad de las autoridades o particulares demandados en caso de verificarse la existencia de actos u omisiones que afecten los derechos antes referidos” (las negrillas son nuestras).

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0518_2024-S1.pdf · páginas 1 a 19.

Huella digital del PDF (SHA-256): 59f97707f29e1b0b3cdb94c18fcbfdbbcfdc813b94742458abd7194a99a3e177

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