B.IA.LEGAL

SCP 0518/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 31 de mayo de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
31 de mayo de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La impetrante de tutela alega que el Alcalde y la Secretaria Municipal Administrativa y Financiera, ambos del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba; lesionaron sus derechos a la inamovilidad laboral, a la estabilidad laboral y al trabajo, pues habiendo sido designada el 26 de abril de 2021 como Gendarme XV en la entidad demandada, ya contaba con siete meses de gestación; sin embargo, el 13 de octubre de ese mismo año (siendo lo correcto 11 de octubre), sin causa alguna, a través de Memorando S.A.M.F.97/2021 de 27 de septiembre fue retirada sin tomar en cuenta la inamovilidad laboral de la cual gozaba, pues se argumentó que el anterior funcionario que ocupaba su puesto, debía ser restituido a raíz de una Sentencia de Amparo Constitucional que disponía su reincorporación. En consecuencia, dentro del presente caso corresponde en revisión verificar si tales extremos son o no evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto se analizará los siguientes temas: 1) Sobre la excepción al principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional respecto a los derechos a la inamovilidad y estabilidad laboral de padres progenitores; 2) La garantía de inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados; 3) La protección reforzada de la inamovilidad laboral de padres progenitores; y, 4) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la RAC-SCIII 063/2022 de 19 de abril, cursante de fs. 173 a 178 vta.; pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada respecto de los derechos reclamados, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiéndose: a) La inmediata reincorporación de la impetrante de tutela al mismo cargo que ocupaba antes de su desvinculación laboral o su equivalente o similar, sin afectar su nivel salarial; b) El pago de sus haberes devengados desde su desvinculación hasta su efectiva reincorporación y los derechos laborales y sociales que le corresponden; y, c) La cancelación de las asignaciones familiares que le corresponden desde el momento de su ingreso a la entidad demandada hasta el cumplimiento del año de su hijo.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la excepción al principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional respecto a los derechos a la inamovilidad y estabilidad laboral de padres progenitores
  2. III.2. La garantía de inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados
  3. III.3. La protección reforzada de la inamovilidad laboral de padres progenitores
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0518/2023-S1 Sucre, 31 de mayo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente 47558-2022-96-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la RAC-SCIII 063/2022 de 19 de abril, cursante de fs. 173 a 178 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Andrea Elva Candia Rocha contra Héctor Cartagena Chacón, Alcalde; y, Lidia Hermosilla Alcocer, Secretaria Municipal Administrativa y Financiera, ambos del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 22 y 31 de marzo de 2022, cursantes de fs. 59 a 72; y, 75, la accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Ingresó a trabajar a la entidad ahora demandada el 26 de abril de 2021, mediante Memorando S.M.A.F. 73/2021 para desempeñar el cargo de Gendarme XV con ítem 82, aclarando que cuando asumió el cargo, se encontraba con una gestación de siete meses; sin embargo, el 13 de octubre de ese mismo año (siendo lo correcto 11 de octubre), sin causa alguna; a través de Memorando S.A.M.F.97/2021 de 27 de septiembre fue retirada sin tomar en cuenta la inamovilidad de la cual gozaba. Sostuvo que el argumento para ser desvinculada fue que el anterior funcionario que ocupaba su puesto, debía ser reincorporado a raíz de una Sentencia de amparo constitucional “…el JUEZ HABRÍA ORDENADO QUE SE ME DESPIDA PARA DEVOLVERLE EL ITEM AL SEÑOR ANTONIO GARRO CÉSPEDES”(sic); en cuya razón la entidad demandada le ofreció un contrato eventual, que no aceptó pues consideró que su despido fue ilegal. En ese sentido y advirtiendo la lesión de sus derechos, acudió con su denuncia ante la Jefatura Departamental del Trabajo, quien luego de haber convocado a audiencia, mediante Auto de 21 de diciembre del mismo año, dispuso la declinatoria de competencia, por la presunta existencia de hechos controvertidos, desconociendo lo dispuesto por la Constitución Política del Estado (CPE). Ante dicha decisión, interpuso recurso de revocatoria, misma que fue resuelta por Resolución Administrativa 016-2022 de 4 de febrero que confirmó el Auto de 21 de diciembre de 2021; lamentablemente, a falta de dinero ya no planteó recurso jerárquico, pero ello no impide la posibilidad de acudir directamente a la protección que otorga la vía constitucional.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela denuncia como lesionados sus derechos a la inamovilidad laboral, estabilidad laboral y al trabajo, establecidos en los arts. 46 y 48 de la CPE, 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 14 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (DADDH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y en consecuencia se disponga su inmediata reincorporación a su fuente laboral, más el pago de sueldos y asignaciones familiares; además, de todos los derechos de los que fue privada a partir de su ilegal despido.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

La audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional, se realizó 19 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 171 a 172 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar y ampliando los mismos, refirió lo que sigue: a) Se vulneró su derecho a la inamovilidad laboral pues cuando fue contratada el demandado conocía su estado gestacional; b) El demandado reconoció que el motivo del despido y por ende la lesión a los derechos se debería a una sentencia que dispuso que el anterior ocupante del cargo sea devuelto al mismo; c) La Jefatura del Trabajo declinó competencia permitiendo el despido ilegal; y, d) Ratifica que en su caso no es necesario agotar las vías correspondientes, cuando se trata de protección de madre e hijos.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Héctor Cartagena Chacón, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba a través de sus apoderados legales y Lidia Hermosilla Alcocer, Secretaria Municipal Administrativa Financiera de igual entidad, mediante informe de 13 de abril de 2022, cursante a fs. 155 a 162, señalaron lo que a continuación se detalla: 1) En cumplimiento a la Sentencia RAC-SCIII 120/2021 de 15 de septiembre se dispuso la reincorporación de Antonio Garro Céspedes; por ello, el 11 de octubre se pasó memorando de agradecimiento de servicios a la ahora solicitante de tutela pues ella estaba ocupando el cargo del mencionado, y pese a que se intentó cambiarla a un contrato temporal, la misma no aceptó; 2) La accionante acudió a la Jefatura del Trabajo, institución que declinó competencia por haber advertido hechos controvertidos, determinación que fue confirmada en revocatoria; 3) La impetrante de tutela no se encuentra bajo la protección de la Ley General del Trabajo, pues su nombramiento fue como personal de libre nombramiento y provisorio; por lo tanto, no corresponde su reincorporación; y, 4) Al no haber recurrido en jerárquico, denota que la solicitante de tutela no agotó la vía ordinaria. Por otro lado, en audiencia de consideración de la presenta acción tutelar, se refirió lo que sigue: i) Evidentemente se originó un conflicto de derechos entre trabajadores; por lo que, se tuvo que dirigir en consulta al Tribunal que emitió la Sentencia que ordenaba reincorporar al anterior funcionario, quienes refirieron que la merituada resolución era de cumplimiento obligatorio; frente a esta situación, se intentó negociar con la accionante, ofreciéndole otro trabajo dentro de la entidad municipal, pero la misma se negó a suscribir cualquier otro tipo de contrato, siendo este el motivo de su desvinculación; ii) Por otro lado, la Jefatura Departamental del Trabajo, declinó competencia ante la denuncia interpuesta por la impetrante de tutela, determinación confirmada por Resolución Administrativa 016/22 de 4 de febrero de 2022; por lo que, la merituada debió acudir a la vía jurisdiccional en defensa de sus derechos; y, iii) Conforme a la prueba adjuntada, se tiene que el despido no fue ilegal pues la solicitante de tutela era una servidora pública provisoria.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del departamento de Cochabamba, mediante Resolución RAC-SCIII 063/2022 de 19 de abril, cursante de fs. 173 a 178 vta.; denegó la tutela impetrada; sin embargo, dispuso el pago de asignaciones familiares y subsidios hasta que el hijo cumpla un año de edad; decisión que, fue asumida con base en los siguientes fundamentos: a) La accionante ingresó a trabajar a la entidad demandada mediante Memorando Cite: S.M.A.F. 73/2021 de 26 de abril, como servidora público provisoria, con un periodo de prueba de noventa días, en el cargo de Gendarme; b) Bajo el argumento de que una Resolución Constitucional dispuso que el anterior funcionario retorne al cargo que ocupaba la impetrante de tutela, esta fue retirada; sin embargo, se le ofreció un cambió de ítem que ella no aceptó, y que tampoco le fue favorable la determinación de la Jefatura Departamental del Trabajo; c) En primera instancia se debía determinar la situación laboral de la solicitante de tutela; en ese entendido, revisando el Memorando de su designación, se tiene que la misma fue nombrada como servidora pública provisoria; de lo cual, su designación no fue resultado de un proceso de reclutamiento o selección de personal, sino que obedeció a un nombramiento directo por invitación personal del máximo ejecutivo, siendo sus funciones temporales o provisionales, siendo este tipo de cargos, el límite a la garantía de la inamovilidad laboral; d) De lo mencionado, se tiene que los derechos reclamados por la peticionante de tutela no fueron lesionados, pues su condición era de funcionaria provisoria la cual no gozaba de inamovilidad laboral; y, e) No obstante que debe denegarse la tutela, no puede dejarse de proteger las asignaciones familiares en beneficio del menor; por ende, deberán ser canceladas tanto la prenatal, natalidad como su lactancia.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Memorando CITE: S.M.A.F. 73/2021 de 26 de abril; mediante el cual, el Secretario Municipal Administrativo y Financiero del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, designó a Andrea Elva Candia Rocha, –ahora accionante– “…COMO SERVIDOR PUBLICO PROVISORIO EN PERIODO DE PRUEBA DE 90 DÍAS, en el Cargo de GENDARME XV, con el ítem N° 182 dependiente de la DIRECCIÓN DE INTENDENCIA; PRESUPUESTADO EN LA NUEVA PLANILLA CENTRAL DE LA GESTIÓN 2021. Por lo que su persona queda en PERIODO DE PRUEBA de 90 días para ser trabajador de planta conforme art 13 del Reglamento Interno de Personal y Ley General de Trabajo, Estando obligado a enmarcar sus funciones conforme manual de funciones y hacerse cargo de la documentación y activos que corresponden al cargo…”(sic)(fs.141). II.2. Por Memorando CITE: S.M.A.F. 97/2021 de 27 de septiembre, notificado el 11 de octubre de 2021, Lidia Hermosilla Alcocer, Secretaria Municipal Administrativa y Financiera, del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba –ahora demandada– agradeció los servicios de la impetrante de tutela en razón a que mediante Resolución Constitucional, se dispuso el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación en favor de Antonio Garro Céspedes, que era el trabajador que anteriormente ocupaba su cargo (fs.143). II.3. A través de Certificado de Nacimiento, se constata el nacimiento de AA, hijo de la solicitante de tutela, acaecido el 11 de mayo de 2021 (fs.8). II.4. Cursa Resolución de 21 de diciembre de 2021, pronunciada por la Jefa Departamental del Trabajo de Cochabamba; por la cual, se declinó competencia en cuanto a la denuncia interpuesta por la accionante, con relación a un supuesto despido ilegal (fs.56 a 58 vta.). II.5. Por Resolución Administrativa 016-2022 de 4 de febrero, la Jefa Departamental del Trabajo de Cochabamba, confirmó el Auto de 21 de diciembre de 2021 (fs.54 a 55 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La impetrante de tutela alega que el Alcalde y la Secretaria Municipal Administrativa y Financiera, ambos del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba; lesionaron sus derechos a la inamovilidad laboral, a la estabilidad laboral y al trabajo, pues habiendo sido designada el 26 de abril de 2021 como Gendarme XV en la entidad demandada, ya contaba con siete meses de gestación; sin embargo, el 13 de octubre de ese mismo año (siendo lo correcto 11 de octubre), sin causa alguna, a través de Memorando S.A.M.F.97/2021 de 27 de septiembre fue retirada sin tomar en cuenta la inamovilidad laboral de la cual gozaba, pues se argumentó que el anterior funcionario que ocupaba su puesto, debía ser restituido a raíz de una Sentencia de Amparo Constitucional que disponía su reincorporación. En consecuencia, dentro del presente caso corresponde en revisión verificar si tales extremos son o no evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto se analizará los siguientes temas: 1) Sobre la excepción al principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional respecto a los derechos a la inamovilidad y estabilidad laboral de padres progenitores; 2) La garantía de inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados; 3) La protección reforzada de la inamovilidad laboral de padres progenitores; y, 4) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre la excepción al principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional respecto a los derechos a la inamovilidad y estabilidad laboral de padres progenitores

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0081/2018-S2 de 23 de marzo, asumió el siguiente razonamiento:

Con relación a la garantía de inamovilidad laboral, la SC 505/00-R de 24 de mayo de 2000 constituye el antecedente de la línea jurisprudencial sobre la excepción al principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional, en los casos de despidos intempestivos de padres progenitores; en la cual, se estableció que la tutela de los derechos del trabajador y del ser en gestación, no pueden estar pendientes de otros recursos o vías administrativas; dicho entendimiento, fue confirmado por la SC 1749/2003-R de 1 de diciembre; y posteriormente, por la SCP 0102/2012 de 23 de abril, reiterando que tratándose de resguardar y/o proteger derechos primarios de la mujer trabajadora embarazada y del ser en gestación, cuyo resguardo es urgente e inmediato ante el despido intempestivo de su fuente laboral, la activación de la acción de amparo constitucional no se sujeta al principio de subsidiariedad. Por su parte, la SCP 0735/2013 de 6 de junio, interpretando las normas reglamentarias dispuestas en el Artículo Único del DS 0496 de 1 de mayo de 2010, complementario del art. 6 del DS 0012 de 19 de febrero de 2009, estableció que dado que el art. 1 del DS 496, es una norma permisiva, si el trabajador así lo decide, puede prescindir del medio administrativo de acudir ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para pedir su reincorporación y acudir directamente a la acción de amparo constitucional. En torno a la jurisprudencia constitucional relativa a la protección del derecho a la estabilidad laboral por vía de la acción de amparo constitucional, la SC 873/01-R de 20 de agosto de 2001 sentó la línea jurisprudencial de denegatoria de tutela de reincorporación laboral por vía constitucional, en caso de despidos, en mérito al principio de subsidiariedad; ya en vigencia del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, la SC 0274/2007-R de 17 de abril, refiriéndose a una conminatoria de reincorporación laboral, señaló que el amparo constitucional no era el 2El FJ III.3, indica: “…en el momento de producirse la destitución, la agraviada era madre de un menor que aún no había cumplido un año de edad, por lo que de no brindarse la protección solicitada, aquel despido causaría efectos irreparables, no sólo a la recurrente, sino principalmente al mencionado menor, en cuyo mérito es preciso prescindir de la subsidiariedad que caracteriza al amparo; teniendo en cuenta que en situaciones análogas, este Tribunal en invariable jurisprudencia ha concedido la tutela que brinda el amparo constitucional (…)”. 3El FJ III.2, refiere: “…en consecuencia, conforme a la Sentencia Constitucional citada, y teniendo en cuenta que el art. 15 de la CPE, establece que toda persona tiene derecho a la vida, siendo el mismo un derecho fundamental, en este caso de la mujer en gestación así como de la niña nacida, no correspondía denegar la tutela de la presente acción respecto al codemandado Luis Adolfo Flores Roberts, Gobernador del departamento de Pando por el principio de subsidiariedad, sino por el contrario ingresar al análisis del fondo respecto de la presente acción y determinar si la autoridad corecurrida también vulneró el derecho de la accionante”. 4El FJ III.2, manifiesta que: “Lo que significa que vía construcción jurisprudencial este Tribunal Constitución Plurinacional ha establecido que la normativa reglamentaria contenida en Artículo Único del DS 496, es una norma permisiva, debido a que le otorga a la trabajadora o el trabajador sujeto de protección constitucional al tenor de lo dispuesto en el art. 48.VI de la CPE, la posibilidad por un lado de solicitar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social instruya su reincorporación, o de otro, si así lo decide, prescindir de este medio administrativo y acudir directamente al amparo constitucional, en aplicación correcta de la excepción al principio de subsidiariedad”. 5El Tercer Considerando, establece: “Que los hechos relacionados, deben ser adecuadamente compulsados dentro de la jurisdicción laboral no correspondiendo hacerlo dentro del presente Recurso, una vez que el Amparo Constitucional no sustituye a los medios ordinarios que la Ley reconoce para la defensa de los derechos”. 6El FJ III.3, infiere: “De los fundamentos expuestos, se llega a la firme convicción de que, no siendo el recurso de amparo constitucional la vía idónea para exigir la ejecución de las resoluciones definitivas emergentes de los procedimientos administrativos, en el presente caso no se activa la protección que otorga, pues la recurrente no agotó la vía idónea para solicitar la ejecución de la Resolución de la Jefatura Departamental de Trabajo del Ministerio de Trabajo, dictada por el Jefe Departamental. En consecuencia, los hechos denunciados, no se adecuan a los presupuestos jurídicos previstos por los preceptos del art. 19 de la CPE para otorgar la tutela solicitada”.

mecanismo idóneo para exigir la ejecución de las resoluciones definitivas emergentes de los procedimientos administrativos, debiendo acudirse a la misma instancia que emitió la resolución; entendimiento reiterado por la SC 1613/2010–R de 15 de octubre. Posteriormente, la SCP 0138/2012 de 4 de mayo efectuó una mutación implícita, ya que concedió la tutela de reincorporación laboral dispuesta en la conminatoria laboral. Luego, la SCP 0177/2012 de 14 de mayo moduló el entendimiento sobre la excepción del principio de subsidiariedad, en el caso que el trabajador opte por la reincorporación, estableciendo los siguientes supuestos: a) Deberá denunciar este hecho ante las jefaturas departamentales de trabajo, entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010, emitiendo, si corresponde, la conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, y en caso que el empleador incumpla la referida conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional; b) La conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en los alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto, el empleador puede impugnar esta determinación en la justicia ordinaria, interponiendo la acción laboral, instancia en la que en definitiva, se establecerá si el despido fue o no justificado; y, c) En los casos en que el trabajador, fuera 7El FJ III.4, refiere: “…conforme se ha señalado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo, el recurso de amparo constitucional no es la vía idónea para exigir la ejecución de las resoluciones definitivas emergentes de los procedimientos administrativos y judiciales, por lo cual en el presente caso no se activa la protección que otorga esta acción tutelar, pues el accionante no agotó la vía idónea para solicitar la ejecución de la resolución dictada por el Director Departamental de Trabajo”. 8El FJ III.2, dispone: “De lo expuesto, se puede establecer que con la resolución de reincorporación por parte del Ministerio de trabajo se acaba con la vía administrativa, pudiendo acudir el trabajador ante la justicia ordinaria, siendo dicha opción optativa del trabajador antes de acudir a la vía constitucional, toda vez que, conforme la jurisprudencia constitucional, una vez agotada la vía administrativa, no se necesita agotar también la vía ordinaria, para acudir a la jurisdicción constitucional ya que la vía administrativa y la ordinaria son dos vías diferentes.

Ahora bien, si en materia laboral, es permitido a la trabajadora o al trabajador solicitar su reincorporación por la vía administrativa ante el Ministerio del ramo, y existiendo una resolución que ordena la reincorporación a la fuente laboral, debe estimarse la misma como el fin de la vía administrativa, y ante una negativa por parte del empleador, se abre la posibilidad de que el trabajador acuda a la vía ordinaria, o conforme jurisprudencia, acuda en acción de amparo constitucional para que se le restituyan sus derechos, sin tener que agotar la vía judicial con carácter previo, más aún cuando existen normas que así le faculta al trabajador, en este caso, los DDSS 28699 y 0495”. 9El FJ III.3, señala: “1) En caso de que una trabajadora o un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo; entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo si corresponde la conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el empleador incumpla la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional, misma que resulta más idónea en estos casos por las razones antes expuestas.

2) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria, conforme previene el referido Decreto Supremo; vale decir interponiendo una acción laboral dentro los alcances establecidos por el art. 65 del Código Procesal del Trabajo (CPT), precepto que otorga la posibilidad al empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal justificada.

3) En aquellos casos en que la trabajadora o trabajador, fuera sometido a un proceso interno dentro el cual se determine su despido por una de las causales establecidas en el art. 16 de la LGT y art. 9 del DR, en su caso por vulneración a su Reglamento Interno, el procedimiento previsto por el DS 0495, no será aplicable; debiendo la trabajadora o trabajador, que estime que su destitución fue ilegal o injustificada, incoar la correspondiente demanda de reincorporación ante la judicatura laboral”.

sometido a un proceso interno; dentro del cual, se determine su despido por una de las causales establecidas en los arts. 16 de la LGT y 9 de su Decreto Reglamentario, en su caso, por vulneración a su Reglamento Interno, el procedimiento previsto por el DS 0495 no será aplicable; debiendo la trabajadora o trabajador, que estime que su destitución fue ilegal o injustificada, incoar la correspondiente demanda de reincorporación ante la judicatura laboral; dicho entendimiento fue modulado implícitamente por la SCP 0735/2013, la que en razón a la protección de los derechos a la estabilidad e inamovilidad laboral reforzada de los padres, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad, interpretando las normas reglamentarias dispuestas en el Artículo Único del DS 0496 complementario del art. 6 del DS 0012, estableció que dado que el art. 1 del DS 0496 es una norma permisiva, si el trabajador así lo decide, puede prescindir del medio administrativo de acudir ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a pedir su reincorporación e interponer directamente la acción de amparo constitucional.

A partir de lo señalado y efectuado el examen de la línea jurisprudencial, en cuanto a la abstracción del principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional, en los casos en que se denuncia vulneración a la inamovilidad y estabilidad laboral de madres gestantes y padres progenitores por efecto de despidos intempestivos, resulta aplicable el entendimiento contenido en la SCP 0735/2013, por cuanto permite un acceso directo a la justicia constitucional, para el restablecimiento inmediato de los derechos primarios vulnerados, al establecer que en mérito a la protección reforzada de la garantía de inamovilidad laboral y del derecho a la estabilidad laboral de padres progenitores hasta el año de edad del hijo o hija a través de la acción de amparo constitucional, no se encuentra sujeta al principio de subsidiariedad; por consiguiente, si el trabajador así lo decide, ante un despido intempestivo, puede prescindir de la vía administrativa y acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; razonamiento que será aplicado en el presente fallo.

III.2. La garantía de inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0916/2019-S2 de 4 de octubre, asumió el siguiente razonamiento: El periodo de embarazo y la maternidad son épocas de particular vulnerabilidad para la trabajadora y su familia. La mujer trabajadora embarazada requiere de protección jurídica para brindar al núcleo familiar condiciones de seguridad y los medios de subsistencia necesarios. En este marco, la Constitución Política del Estado, reconoce y protege a las familias al tenerlas como el núcleo fundamental de la sociedad, que involucra prestaciones de tipo económico a favor de su desarrollo integral; asimismo, reconoce a cada integrante derechos, obligaciones y oportunidades en condiciones de igualdad (art. 62 de la CPE).

Por otro lado, cabe mencionar, que la protección reforzada de la mujer embarazada y gestante, no es el trabajo simple y llano de la trabajadora como un medio de subsistencia para su familia, sino que adicionalmente la mujer embarazada y consecutivamente la madre en período de lactancia, requiere una protección especial y reforzada, con el fin de precautelar y evitar; por un lado, daños a su vida y salud, así como la integridad y el buen desarrollo del concebido, durante la gestación, el nacimiento, recuperación y la lactancia, aspecto que da lugar a un amparo y trato diferencial justificado, a la trabajadora embarazada durante la gestación y en periodos posteriores al parto, de manera que esta goce de garantías y niveles de salvaguarda mayores para hacer efectivo el derecho a la igualdad. En este sentido, el art. 45.V de la CPE, en general otorga una protección especial a la maternidad estableciendo que: “Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal”. Entonces, a partir de obligaciones del estado contenidas en el referido art. 45.V de la CPE, la SCP 0076/2012 de 12 de abril, entendió que el Estado está obligado a resguardar que las etapas de gestación, periodo prenatal y posnatal se desarrollen en condiciones adecuadas; de tal forma que no afecten la salud física y emocional o psíquica de la madre y del recién nacido. En el mismo sentido, se encuentra la SC 1497/2011-R de 11 de octubre.

Lo que implica además la protección del ser en gestación; así en el contexto del art. 15 de la CPE, que reconoce los derechos a la vida y salud, el otrora Tribunal Constitucional en la SC 130/2005-R, de 10 de febrero de 2005, hace referencia a la protección jurídica otorgada al que está por nacer, la cual se sustenta sobre el principio de que las personas que no han nacido aún, por la simple calidad de ser humanos, tienen garantizada la protección de sus derechos fundamentales desde el momento mismo de la concepción.

En esta línea, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 1277/2012 de 19 de septiembre, ha establecido que la garantía de inamovilidad laboral:

“… es una garantía constitucional creada con la finalidad de proteger una pluralidad de derechos fundamentales, pero el núcleo protectivo esencial es el bienestar de la madre gestante o el progenitor y los derechos del ser en concepción o de la niña o niño hasta un año de edad, en miras a que el periodo de gestación hasta que el nuevo ser cumpla un año se desarrolle con los mayores estándares de bienestar y en condiciones de dignidad protegiendo a la futuras generaciones y garantizando la dignidad de las mujeres gestantes y de los progenitores” (las negrillas nos corresponden). Entonces, la interpretación finalista de la norma constitucional contenida en el art. 48.VI de la CPE, como expresión normativa y axiológica de la igualdad en razón de sexo (art. 14.I de la CPE), que establece que: “Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad” (énfasis añadido), está en el reconocimiento de la garantía de la inmovilidad laboral tanto de mujeres gestantes o padre progenitor con hijos o hijas menores a un año, en razón a sus finalidades implícitas, cuales son la protección reforzada de los derechos a la seguridad social, a la salud del niño o niña o ser en gestación en el periodo desde su concepción hasta que cumple un año, finalidad que garantiza la Constitución, a través de otorgar inamovilidad del progenitor sin distinción de sexo, en un contexto de alto grado de mortalidad infantil, aspecto que a su vez provoca que toda decisión administrativa o judicial incluyendo a la justicia constitucional deba encontrarse regida y guiada por el interés superior del mismo. Otro elemento que involucra la protección y resguardo de estos derechos se vincula con la obligación del Estado en resguardo del derecho a la seguridad social y el derecho a la salud. El derecho a la seguridad social consagrado en el art. 45 de la CPE, incluye las contingencias de maternidad, paternidad y asignaciones familiares. Así, dicha norma sostiene que:

“I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social.

II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social. III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales.

IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo.

V. Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatales y posnatal.

VI. Los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados’ (las negrillas son nuestras). En ese orden, referente al régimen de asignaciones familiares inherentes a la contingencia de la maternidad, la SC 0841/2006-R de 29 de agosto, que ha sido reiterada en numerosos fallos constitucionales como la SCP 1006/2015-S2, entre otras, señala que, de acuerdo al Código de Seguridad Social, debe garantizarse que las y los trabajadores y sus beneficiarios tengan cubiertas las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez y muerte, así como de las asignaciones familiares, concluyendo dicha Sentencia que:

“… todo trabajador del sector público o privado tiene derecho a contar con las prestaciones de corto plazo previstas por el Código de Seguridad Social; más aún en el caso de una mujer trabajadora embarazada, que cuenta con protección especial por la Constitución así como por las leyes en vigencia, en cuyo mérito, el empleador está obligado por ley a asegurarla en el ente gestor de salud que corresponda, así como cumplir con el régimen de asignaciones familiares referidas a la contingencia de la maternidad”.

Finalmente, en cuanto al alcance de la garantía de inamovilidad laboral, la jurisprudencia constitucional precisó que la protección que brinda la Constitución Política del Estado está orientada a proteger a las madres y padres progenitores, garantizándole su inamovilidad laboral, sea cual fuese la modalidad de trabajo o la calidad de servidora o servidor público hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad. Así efectuó pronunciamiento refiriéndose a las diferentes calidades de servidoras y servidores públicos, entre ellos, los de libre nombramiento, provisorios, así como los cargos electivos. La SCP 1417/2012 de 20 de septiembre, refiriéndose a los padres progenitores que tienen la calidad de servidoras y servidores públicos de libre nombramiento, determina que dicha garantía también les es aplicable señalando que:

se establece que las servidoras públicas de libre nombramiento, que se encuentren en estado de embarazo o en su caso el servidor público de libre nombramiento, que sea progenitor, merecerá la protección del Estado, a través de todas sus instancias y órganos, reconociéndoles el derecho establecido en el art. 48.IV de la CPE. Por su parte, la SCP 0227/2013-L de 2 de abril efectúa pronunciamiento con relación a las servidoras y servidores públicos provisorios, determinando que la condición de servidora o servidor público provisorio no se encuentra fuera del marco de protección constitucional de inamovilidad funcionaria prevista en el art. 48.IV de la CPE, por cuanto si bien dichos funcionarios no gozan de las prerrogativas previstas para los 14 El FJ.III.2 de la citada Sentencia expresa lo siguiente “… se establece que las servidoras públicas de libre nombramiento, que se encuentren en estado de embarazo o en su caso el servidor público de libre nombramiento, que sea progenitor, merecerá la protección del Estado, a través de todas sus instancias y órganos, reconociéndoles el derecho establecido en el art. 48.IV de la CPE; sin embargo, dadas sus características especiales en las que se encuentran, como servidores públicos que no se encuentran en la carrera administrativa, deberá otorgarse la protección -en aplicación de lo dispuesto por el art. 48.IV de la CPE-permitiendo se mantengan desempeñando funciones en la misma institución en la que fueron agradecidas sus labores, hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad; empero, tomando en cuenta que al no gozar ya de la confianza de la autoridad que los eligió, deberán permanecer -excepcionalmente- en otro cargo similar o idéntico, con similar o idéntico sueldo y con reconocimiento pleno de sus derechos a la seguridad social, para que de esta manera cuenten con la certidumbre de que no se les retirará del cargo, por razón del embarazo y que se protegerá el derecho a la vida y salud de su hijo; ello en razón, a que al estar aquellos cargos a decisión y disposición de los electos o designados; y se hubiese perdido la confianza prestada en dicho personal, no podrá obligarse a dicha autoridad, a permanecer con aquel personal con el que ya no goza de aquella confianza". 15 Cabe precisar que la SCP 1417/2012, cambió el entendimiento contenido en la SCP 1277/2012, que en su oportunidad estableció que la inamovilidad de la mujer embarazada y de la o el progenitor no podía ser aplicada a todos los funcionarios o funcionarias públicas, entre ellas, los funcionarios de libre nombramiento; entendimiento que en el marco de la jurisprudencia desarrollada, contenía un entendimiento restrictivo. 16 La citada Sentencia en el FJ.III.5. señala que “(…) al ser la protección que brinda el Estado, una respuesta a los derechos del binomio madre-hijo, su condición de servidora pública provisoria no se encuentra fuera del marco de dicho resguardo; es evidente que conforme al art. 71 del Estatuto del Funcionario Público (EFP), los funcionarios que no se encuentren comprendidos en la carrera administrativa, no gozan de los derechos a los que hace referencia el parágrafo II del art. 7 del referido Estatuto; sin embargo, la situación de la accionante, resulta ser diferente, por cuanto la inamovilidad laboral que por mandato constitucional le asiste, responde a su condición de madre en estado de gestación, situación que representa para el Estado de primordial protección 17 El art. 71 del EFP, que refiere: “(CONDICION DE FUNCIONARIO PROVISORIO). Los servidores públicos que actualmente desempeñen sus funciones en cargos correspondientes a la carrera administrativa y cuya situación no se encuentre comprendida en el artículo precedente, serán considerados funcionarios provisorios, que no gozarán de los derechos a los que hace referencia el Numeral II del Artículo 7° de la presente Ley. El Poder Ejecutivo programará, en el ámbito de su competencia, la sustitución gradual de los funcionarios provisorios por funcionarios de carrera, mediante la implementación de programas de desarrollo institucional”.

funcionarios de carrera; sin embargo, la inamovilidad laboral que por mandato constitucional les asiste, responde a su condición de padres progenitores. Asimismo, en cuanto a los servidores con cargos electivos, la SCP 1277/2012 de 19 de septiembre entiende que respecto de dichos cargos, no hay inamovilidad funcionaria, pero sí acceso al sistema de seguridad social, porque no resultaría razonable extender el periodo de mandato por el que fueron electos. Consecuentemente, la garantía de inamovilidad funcionaria de madre o padre progenitores, a partir de una interpretación desde y conforme a la Constitución Política del Estado, es una garantía normativo constitucional de carácter general y extensivo que no admite discriminación alguna, sea cual fuese la modalidad de trabajo, naturaleza del contrato o modalidad contractual, condición laboral o calidad de funcionario o trabajador hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad, salvo los supuestos de excepción establecidos por las disposiciones normativas y jurisprudenciales desarrolladas para el efecto.

III.3. La protección reforzada de la inamovilidad laboral de padres progenitores

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0081/2018-S2 de 23 de marzo, asumió el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado, en el art. 48.VI, garantiza la inamovilidad laboral de la mujer en estado de embarazo y de los progenitores hasta que el nuevo ser cumpla un año de edad; en ese marco, el DS 0012 estableció en el art. 2, que: “La madre y/o padre progenitores, sea cual fuere su estado civil, gozarán de inamovilidad laboral desde la gestación hasta que su hijo o hija cumpla un (1) año de edad, no pudiendo ser despedidos, afectarse su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo”.

Respeto a la garantía de inamovilidad laboral de padres progenitores, las SSCC 0505/2000-R -en el Cuarto Considerando- y 0068/2003-R de 21 de enero, entre otras, refiriéndose al fundamento de la garantía de la inamovilidad funcionaria, señalaron que no solo se debe proteger el derecho al trabajo sino otros derechos primarios del trabajador y del nuevo ser, que resultan afectados con el despido intempestivo, como son la seguridad social, que a su vez resguarda la salud y finalmente la vida; por su parte, la SCP 0424/2012 de 22 de junio complementó que la finalidad de la inamovilidad laboral, es la de otorgar a la mujer y a su familia con un menor de edad, estabilidad no solo económica, sino también, la consiguiente atención médica y emocional. En cuanto al alcance de la garantía de inamovilidad laboral, la SC 1536/2005-R de 29 de noviembre indicó que la misma, no solo protege la permanencia en la fuente laboral del trabajador, sino además, que no puede afectarse su nivel salarial ni su condición en su puesto de trabajo; dicho entendimiento, fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0434/2010-R de 28 de junio y 0105/2012 de 23 de abril.

III.4. Análisis del caso concreto

La impetrante de tutela alega que la parte demandada lesionó sus derechos; toda vez que, habiendo sido designada el 26 de abril de 2021 como Gendarme XV en la entidad demandada, fecha en la cual ya contaba con siete meses de gestación; sin embargo, el 13 de octubre de ese mismo año (siendo lo correcto 11 de octubre), sin causa alguna, a través de Memorando S.A.M.F.97/2021 de 27 de septiembre fue retirada de su puesto laboral, sin tomar en cuenta la inamovilidad de la cual gozaba, pues se argumentó que el anterior funcionario que ocupaba su puesto, debía ser restituido, a raíz de una Sentencia de amparo constitucional que disponía su reincorporación. Por su parte, el ahora demandado, en su defensa señaló que en 19El FJ III.1, refiere: “…este Tribunal en invariable jurisprudencia ha concedido la tutela `...por cuanto el derecho que se debe proteger no es solamente al trabajo, sino otros derechos primarios de la recurrente y el ser en gestación, los cuales necesitan protección urgente e inmediata, ya que el retiro intempestivo de la recurrente importa también la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez, resguarda y garantiza el derecho a la salud, derechos que con la medida adoptada ponen en riesgo el primer derecho, la vida, que no puede estar pendiente de otros recursos o vías administrativas que establece la Ley (…)´”. 20El FJ III.3, indica: “Cabe aclarar que la Ley 975, de 2 de marzo de 1988, no garantiza únicamente la inamovilidad de la mujer embarazada en su fuente de trabajo, sino que conforme a su art. 2 también la protege de aquellas situaciones que en el trabajo impliquen esfuerzos que afecten su salud, lo que la hacen merecedora de un tratamiento especial en el desempeño de su actividad laboral que le permitan desarrollar éstas en condiciones adecuadas, por lo mismo no puede ser afectada en su nivel salarial ni su condición en su puesto de trabajo…”. 21El FJ III.4, manifiesta: “…Por otra parte, la Ley 975, no garantiza únicamente la inamovilidad de la mujer embarazada en su fuente de trabajo, sino que: `…también la protege de aquellas situaciones que en el trabajo impliquen esfuerzos que afecten su salud, lo que la hacen merecedora de un tratamiento especial en el desempeño de su actividad laboral que le permitan desarrollar éstas en condiciones adecuadas, por lo mismo no puede ser afectada en su nivel salarial ni su condición en su puesto de trabajo´ (SC 1536/2005-R de 29 de noviembre)”. 22El FJ III.3, menciona: “Respecto a la inamovilidad funcionaria de la mujer embarazada, la jurisprudencia constitucional se ha expresado a través de la SC 0434/2010-R de 28 de junio, señalando que: `…Por otra parte, la Ley 975, no garantiza únicamente la inamovilidad de la mujer embarazada en su fuente de trabajo, sino que: «…también la protege de aquellas situaciones que en el trabajo impliquen esfuerzos que afecten su salud, lo que la hacen merecedora de un tratamiento especial en el desempeño de su actividad laboral que le permitan desarrollar éstas en condiciones adecuadas, por lo mismo no puede ser afectada en su nivel salarial ni su condición en su puesto de trabajo» (SC 1536/2005-R de 29 de noviembre)´”.

cumplimiento a la Sentencia RAC-SCIII 120/2021 de 15 de septiembre se tuvo que reincorporar a Antonio Garro Céspedes en el cargo que estaba ocupado la accionante; por ello, el 11 de octubre de ese año se pasó el correspondiente memorando de agradecimiento de servicios, pues la peticionante de tutela negó aceptar un contrato temporal; además de ello, la mencionada no se encuentra bajo la protección de la Ley General del Trabajo, pues su nombramiento fue como personal de libre nombramiento y provisoria; por lo tanto no corresponde su reincorporación; por lo tanto, su desvinculación no fue ilegal ya que no gozaba de inamovilidad laboral. Por otro lado, y conforme lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, cuando una persona que forma parte de un grupo vulnerable denuncia mediante la acción de amparo la vulneración a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales y por el peligro de que la protección pueda resultar tardía o la inminencia de un daño irremediable e irreparable de no otorgarse la tutela, corresponde que la jurisdicción constitucional haga excepción al principio de subsidiariedad que rige esta acción de defensa, premisa normativa que en el caso es plenamente aplicable, dado que la impetrante de tutela es madre de un menor a un año; es más, a la fecha ya habría dado a luz; empero, a tiempo de su desvinculación y formulación de la presente acción de defensa constitucional, se encontraba embarazada, debiendo aplicarse en consecuencia la excepción a dicho principio, de acuerdo a los fundamentos ya expuestos precedentemente, en cuya razón corresponde ingresar a resolver el fondo del problema planteado en el caso concreto.

Así identificada la problemática y de los antecedentes procesales cursantes en obrados, se advierte que la solicitante de tutela, interpuso la presente acción de amparo constitucional, alegando inamovilidad laboral, por ser madre gestante; de esta manera, y conforme a los antecedentes del proceso, se tiene que la entidad demandada mediante Memorando CITE: S.M.A.F. 73/2021 de 26 de abril designó a Andrea Elva Candia Rocha, –ahora accionante– señalando que dicho nombramiento sería “…COMO SERVIDOR PUBLICO PROVISORIO EN PERIODO DE PRUEBA DE 90 DÍAS, en el Cargo de GENDARME XV, con el ítem N° 182 dependiente de la DIRECCIÓN DE INTENDENCIA; PRESUPUESTADO EN LA NUEVA PLANILLA CENTRAL DE LA GESTIÓN 2021. Por lo que su persona queda en PERIODO DE PRUEBA de 90 días para ser trabajador de planta conforme art 13 del Reglamento Interno de Personal y Ley General de Trabajo, Estando obligado a enmarcar sus funciones conforme manual de funciones y hacerse cargo de la documentación y activos que corresponden al cargo…”(sic); aclarando que a esa data, la impetrante de tutela ya se encontraba en etapa gestante; de igual forma, consta Memorando CITE: S.M.A.F. 97/2021 de 27 de septiembre; por el cual, se agradeció los servicios de la solicitante de tutela bajo el argumento de que se emitió una Resolución Constitucional que dispuso el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación en favor de Antonio Garro Céspedes, que era el trabajador que anteriormente ocupaba su cargo.

En ese contexto, y con relación a lo alegado por parte demandada, que la accionante era funcionaria provisoria, pues así lo establecería el Memorando de su nombramiento, motivo por el cual no le llegaba la protección de una eventual inamovilidad laboral (razonamiento que fue entendido en ese sentido por el Tribunal de garantías); de una revisión minuciosa del Memorando CITE: S.M.A.F. 73/2021 de 26 de abril, si bien el mismo hace mención a que la designación de la impetrante de tutela era de funcionaria provisoria sujeta a un periodo de prueba de noventa días; debe considerarse en primer lugar que, la mencionada estaría bajo un periodo de prueba para ser trabajadora de planta, pues así lo señaló expresamente dicho Memorando al referir: “…Por lo que su persona queda en PERIODO DE PRUEBA de 90 días para ser trabajador de planta…”(sic); es decir, que una vez venciera ese tiempo de prueba, la solicitante de tutela pasaría automáticamente a convertirse en una funcionaria de planta; entonces, tenemos que si la designación que dio lugar a la relación laboral, fue el 26 de abril de 2021, el periodo de prueba fenecía el 26 de julio del mismo año, tiempo en el que la accionante continuaba trabajando normalmente, habiendo con ello, existido una conversión de su situación laboral; dicho ello, cuando la parte demandada el 11 de octubre de igual año, notificó a la impetrante de tutela con el Memorando de agradecimiento de servicios, la mencionada ya tenía el cargo de una funcionaria de planta, por ende, gozaba de inamovilidad laboral por ser madre de un menor a un año, inamovilidad laboral que debe ser entendida como estabilidad laboral hasta el cumplimiento del año de edad de su hijo; entonces, al haber sido la solicitante de tutela retirada de su fuente laboral, se vulneró esta garantía, reconocida por el art. 48.VI del CPE. De esta manera y de acuerdo a lo ya manifestado, el art. 48.VI de la Norma Suprema, instituye con carácter taxativo la prohibición de discriminación o despido de mujer o padres progenitores que gozan de los mismos derechos, entre otros motivos, fundado en su situación de padre progenitor; disposiciones de carácter social y laboral que son de cumplimiento obligatorio, conforme ordena el parágrafo I del mismo artículo anotado, siendo una obligación del Estado garantizar la inamovilidad laboral de las mujeres o padres progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad, derecho que entre otros alcances, comprende la prohibición de despido de su fuente laboral, salvo que incurran en causales de conclusión de la relación laboral atribuible a su persona, previo cumplimiento por parte del empleador público o privado de los procedimientos que fijan las normas para extinguir la relación laboral; razones por las cuales, corresponde conceder la tutela.

Finalmente, con relación a que el cargo que ocupaba la accionante hubiera sido devuelto al anterior funcionario, como resultado de una acción de amparo constitucional que ordenó el cumplimiento de una Conminatoria de Reincorporación que a la fecha, hubiera quedado sin efecto, la parte demandada bien podrá reincorporar a la peticionante de tutela en un cargo similar al que tenía respetando su nivel salarial. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, tuvo una actuación incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la RAC-SCIII 063/2022 de 19 de abril, cursante de fs. 173 a 178 vta.; pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada respecto de los derechos reclamados, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiéndose: a) La inmediata reincorporación de la impetrante de tutela al mismo cargo que ocupaba antes de su desvinculación laboral o su equivalente o similar, sin afectar su nivel salarial; b) El pago de sus haberes devengados desde su desvinculación hasta su efectiva reincorporación y los derechos laborales y sociales que le corresponden; y, c) La cancelación de las asignaciones familiares que le corresponden desde el momento de su ingreso a la entidad demandada hasta el cumplimiento del año de su hijo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

Notas al pie

1 El Cuarto Considerando, señala: “…el derecho que se debe proteger no es solamente al trabajo, sino otros derechos primarios de la recurrente y el ser en gestación, los cuales necesitan protección urgente e inmediata, ya que el retiro intempestivo de la recurrente importa también la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez, resguarda y garantiza el derecho a la salud, derechos que con la medida adoptada ponen en riesgo el primer derecho, la vida, que no puede estar pendiente de otros recursos o vías administrativas que establece la Ley (…)”.

10 El FJ III.2, indica: “Lo que significa que vía construcción jurisprudencial este Tribunal Constitución Plurinacional ha establecido que la normativa reglamentaria contenida en Artículo Único del DS 496, es una norma permisiva, debido a que le otorga a la trabajadora o el trabajador sujeto de protección constitucional al tenor de lo dispuesto en el art. 48.VI de la CPE, la posibilidad por un lado de solicitar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social instruya su reincorporación, o de otro, si así lo decide, prescindir de este medio administrativo y acudir directamente al amparo constitucional, en aplicación correcta de la excepción al principio de subsidiariedad”.

11 La SCP 0076/2012 de 12 de abril, señala: “(…) durante la gestación, periodo prenatal y posnatal, son etapas en los que se presenta un alto grado de vulnerabilidad, colocándola en una situación de desventaja material, lo cual no puede concebirse teniendo en cuenta que bajo el nuevo modelo constitucional, se pretende la eficacia máxima de los derechos. En ese sentido, es preciso que dichas etapas se desarrollen en condiciones adecuadas de tal forma que no afecten la salud física y emocional o psíquica de la madre y del recién nacido”.

12 La SC 1497/2011, señaló: ““De esta disposición constitucional, se desprende que la intención del Constituyente no fue únicamente proteger a la mujer en estado de gravidez, sino a la futura madre. Reconocimiento no sólo constitucional sino que se halla en innumerables tratados y convenios internacionales ratificados por Bolivia, que forman parte del bloque de constitucionalidad. Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), en el art. 25, señala: ‘La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales’. Estableciendo por su parte, el art. 10.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, que: ‘Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto’. La protección otorgada a este sector de la sociedad, cobra una importancia trascendental en cuanto involucra el derecho a la vida del nasciturus, que recibe amparo jurídico en nuestro ordenamiento. Por lo que, la madre en estado de embarazo recibe protección especial. Debiendo al efecto, brindarle toda la atención y cuidados necesarios que le permitan el desarrollo de un embarazo normal preservando la vida del futuro ser. En secuela, si la madre no recibiera un apoyo específico, su embarazo podría verse gravemente afectado, en inobservancia de la protección integral que la sociedad y el

Estado están constreñidos a otorgarle. Los fundamentos constitucionales de la protección a la mujer embarazada deben materializarse y no ser simples enunciados que desconozcan sus derechos; estando por ende, el Estado a través de sus autoridades y la sociedad, en la obligación de brindar una garantía especial y efectiva de los derechos de la maternidad. En especial cuando su desconocimiento, compromete el mínimo vital de la futura madre, del feto o recién nacido”.

13 La referida SC130/2005-R, en su F.J.III.1, señala: “En principio, corresponde señalar que en la Constitución Política del Estado, la protección a la vida del no nacido, encuentra sustento en los arts. 7 inc. a) y 193, pues es deber de las autoridades públicas, asegurar el derecho a la vida de “todas las personas”, y obviamente, al estar tutelada la maternidad, dicho amparo comprende la protección de la vida durante su proceso de formación y desarrollo, por ser condición para la viabilidad del nacimiento, que da origen a la existencia legal de las personas”. “En este sentido, cuando la Constitución, consagra el derecho a la vida de toda persona, protege a la mujer embarazada y garantiza la protección de los derechos de la infancia, no hace otra cosa que reiterar el principio de que las personas que no han nacido aún, por la simple calidad de ser humanos, tienen garantizada la protección de sus derechos fundamentales desde el momento mismo de la concepción. Así lo proclaman también diversos tratados internacionales, como en el art. 4 inc. 1) de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica”.

18 El FJ.III.8, expresa: La inamovilidad laboral es una garantía constitucional creada con la finalidad de proteger una pluralidad de derechos fundamentales, pero el núcleo protectivo esencial es el bienestar de la madre gestante o el progenitor y los derechos del ser en concepción o de la niña o niño hasta un año de edad, en miras, a que el periodo de gestación hasta que el nuevo ser cumpla un año se desarrolle con los mayores estándares de bienestar y en condiciones de dignidad protegiendo a la futuras generaciones y garantizando la dignidad de las mujeres gestantes y de los progenitores. Sin embargo, al considerar esa garantía, se tiene que la inamovilidad no puede ser aplicada en todos los casos, ya que como se desarrolló anteriormente no todas las funciones públicas son iguales y algunas contienen ciertas características concretas. Es por ello que en los casos en los que se aplique la garantía de inamovilidad laboral podrían ser desvirtuadas las antedichas funciones públicas; así, a modo de ejemplo, se puede afirmar que no resultaría razonable que un Alcalde o un Ministro de Estado pretendan justificar su permanencia en mérito a la garantía de inamovilidad pretendiendo una extensión de mandato, no obstante de ello el Estado debe evitar dejarlos en desprotección por su condición de progenitores a través de los sistemas de seguridad social, pero no mediante la inamovilidad laboral”.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0518_2023-S1.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): 25bf48ae7d9c385d441edef39c9d03023b56e9cc9c5ec833fca2e01c0f6d4236

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