B.IA.LEGAL

SCP 0517/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 28 de agosto de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
28 de agosto de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
49047-2022-99-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El solicitante de tutela señaló como lesionado el debido proceso en su elemento celeridad, vinculado con su derecho a la libertad, y “a una justicia rápida y sin dilaciones” (sic); toda vez que, habiendo solicitado señalamiento de audiencia para considerar su incidente de libertad condicional, teniendo toda la documentación para demostrar que ya sobrepaso con más de un año los dos tercios de la pena que se le impuso; la autoridad demandada, no obstante haber fijado el acto procesal para el 8 de julio de 2022, la misma lo suspendió señalando que contaba con otro verificativo; y, pese que fijó nueva audiencia para el 13 de igual mes y año, también este fue suspendido por viaje de la aludida autoridad, constituyéndose de esa forma una franca vulneración de acceso a una justicia rápida y sin dilaciones. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 06/2022 de 14 de julio, cursante de fs. 41 a 42, pronunciada por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, 1º CONCEDER la tutela solicitada, y disponer que la autoridad demandada en el plazo de veinticuatro horas de notificado con el presente fallo constitucional emita Auto Interlocutorio resolviendo la solicitud de libertad condicional opuesta por la parte accionante; y, 2º Exhortar a la autoridad judicial demandada, a no incurrir en lo posterior en dilaciones injustificadas que vulneren derechos fundamentales y garantías constitucionales; menos aún, en la atención de los trámites y solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Del beneficio de la libertad condicional y su resolución
  3. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0517/2024-S4 Sucre, 28 de agosto de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 49047-2022-99-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 06/2022 de 14 de julio, cursante de fs. 41 a 42, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Diego Mauricio Mayta Arias contra Juan Carlos Pérez Ramírez, Juez de Ejecución Penal Cuarto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 13 de julio de 2022, cursante de fs. 1 a 2 vta., el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del incidente de libertad condicional presentado el 8 de junio de 2022, ante el Juez de Ejecución Penal Cuarto del departamento de La Paz –ahora demandado–; toda vez que, cuenta con toda la documental probatoria para demostrar que ya sobrepasó con más de un año las dos terceras partes de su condena, teniéndose señalada audiencia para su consideración para el 8 de julio de 2022, este fue suspendida para el 13 de igual mes y año; empero, tampoco fue llevada a cabo; debido a que, la autoridad judicial no asistió a la misma.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela señaló como lesionado el debido proceso en su elemento de celeridad, vinculado con su derecho a la libertad, y “a una justicia rápida y sin dilaciones” (sic); citando al efecto, los arts. 13 de la Constitución Política del Estado (CPE); y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se le conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se dé un acceso sencillo, rápido y sin dilaciones, cumpliendo la SCP 0043/2012-R, atendiéndose con celeridad su solicitud de libertad condicional.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 14 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 38 a 40, presentes el solicitante de tutela asistido de su abogado y la autoridad demandada; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante en audiencia, por intermedio de su abogado ratificó in extenso los argumentos expuestos en su demanda de acción de libertad y ampliándolos manifestó que; a) El 8 de julio de 2022, se tenía programada la audiencia para considerar el incidente de libertad condicional a las 09:30, habiendo esperado una hora al efecto; empero, el Juez demandado indicó que se va suspender la misma, circunstancia que va en contra de lo establecido en la SC 0078/2010-R de 3 de mayo y 0043/2012-R con relación a la celeridad y el acceso pronto, oportuno y sencillo a la justicia; más cuando, se encuentra privado de libertad pese a que goza de extramuro; y, b) En apelación del primer incidente de libertad condicional, se reclamó porqué se rechazó el mismo y fue; debido a que, el certificado de permanencia y conducta caducó y esto ocurrió ya que la audiencia fue señalada justamente después de que ello suceda, osea de manera tardía; aspecto que, en el caso presente también podría suceder; toda vez que, el citado certificado ya tiene un mes y medio de vigencia; en consecuencia, el Juez demandado lesiona el principio de celeridad, pro homine, pro actione, y favoris débiles, al suspender la audiencia en dos oportunidades; lo que significa, que la autoridad jurisdiccional demandada desconoce que ya cumplió las dos terceras partes de la condena; empero, que sobrepasa más de un año por la burocracia; más cuando, dicho incidente es un mero trámite de puro derecho y se cuenta con la documentación necesaria para que se dé curso, en cumplimiento a lo establecido en los arts. 13. IV, 256. I.II y 410 de la CPE.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Juan Carlos Pérez Ramírez, Juez de Ejecución Penal Cuarto del departamento de La Paz, a través de su informe escrito presentado el 14 de julio de 2022, cursante de fs. 36 a 37 y en audiencia refirió lo siguiente: 1) Mediante Resolución 163/2021 de 6 de junio, el Juez de Ejecución Penal Tercero en Suplencia Legal, declaró improbado el incidente de libertad condicional planteado por el impetrante de tutela; 2) El 14 de junio de 2022, nuevamente presentó memorial de consideración del incidente de libertad condicional, disponiéndose se practique el cómputo de la pena; en cuyo mérito, el 24 de igual mes y año, ante la solicitud del solicitante de tutela por providencia de 27 de citado mes y año, se señaló audiencia para el 8 de julio de 2022 a las 09:30 por el Juez en suplencia legal; toda vez que, el Juzgado de Ejecución Penal Cuarto no contaba con titular desde febrero del citado año; 3) Considerando que los juzgados de ejecución penal tienen la competencia para conocer y resolver acciones de libertad, el 7 de julio de 2022, se sortearon dos acciones de libertad, que por su carácter y naturaleza, deben señalarse audiencia dentro de las veinticuatro horas siguientes; las cuales, fueron señaladas para el 8 del citado mes y año a las 08:30 y la segunda a las 10:00; por cuya razón, y habiéndose explicado los motivos a las partes se reprogramó la consideración del incidente de libertad condicional para el 13 de julio de 2022 a las 10:00; empero, por una circunstancia de carácter personal solicitó al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, licencia sin goce de haberes para el 13 de julio de 2022; es así que, del informe verbal emitido por la Secretaria del Juzgado, se tiene que, no se llevó a cabo la audiencia de consideración del incidente de libertad condicional; debido a que, el Juez en suplencia legal recién fue notificado el mismo día a las 10:40, generando una imposibilidad material y legal para que se lleve a cabo la audiencia; 4) Una vez puesto a conocimiento dichos antecedentes, mediante decreto de 14 de julio de 2022, se señaló audiencia para el 18 de igual mes y año a las 10:00; por lo que, no se incurrió en ninguna vulneración de los derechos del accionante.

I.2.3. Resolución

La Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 06/2022 de 14 de julio, cursante de fs. 41 a 42, denegó la tutela solicitada; empero, dispuso que el Juez de Ejecución Penal Cuarto del departamento de La Paz, en el plazo de veinticuatro horas a partir de la emisión de la Resolución, desarrolle la audiencia de consideración del incidente del beneficio de libertad condicional, reparando en cuanto a la mora suscitada en perjuicio de la parte impetrante de tutela. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) Con relación a la audiencia de 8 de julio de 2022, se evidencia que, existe un justificativo legal que demuestra la imposibilidad material de la autoridad demandada, en el entendido de poder llevar dos actuaciones judiciales de manera colateral y paralelamente, advirtiendo efectivamente se hubiera desarrollado audiencia de acción de libertad; ii) Se remitió nota con el Código 03990 de 11 de julio de 2022; mediante el cual, la autoridad ahora demandada solicitó permiso sin goce de haber para el 13 de igual mes y año; en consecuencia, se remitió copia del Memorándum de designación de suplencia a Eduardo Quispe Copa, Juez de Ejecución Penal Tercero del departamento de La Paz; así también, se tiene una nota marginal de la Secretaria del Juzgado de 13 de igual mes y año; la cual, señala que, hasta la convocatoria la audiencia programada no se habría notificado al suplente del citado Juzgado; en cuyo mérito se tiene que existe justificativo legal y documental respecto a las dos suspensiones suscitadas del 8 y 13 de julio de 2022; iii) Asimismo; se tiene que, la autoridad demandada señaló una nueva audiencia para el 18 de julio de 2022; pero es necesario considerar que, si bien se encontraría justificada la suspensión de ambas audiencias; empero, se debe reparar en cuanto al daño producido a la parte solicitante de tutela por parte de la autoridad ahora demandada, al encontrarse limitada la libertad de locomoción del accionante.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 8 de junio de 2022, ante el Juez de Ejecución Penal Cuarto del departamento de La Paz –hoy demandado–; Diego Mauricio Mayta Arias –ahora impetrante de tutela–, conforme a los arts. 174 y 175 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) –Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001–, impetró se señale día y hora para tratar su nuevo incidente de libertad condicional; adjuntando a su escrito, Certificado de Permanencia y Conducta K052/2022 de 7 de junio; por el que, el Director y la Encargada de Archivo y Kardex del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, certificaron que, habiendo ingresado el solicitante de tutela en dicho Centro, el 31 de diciembre de 2018, con mandamiento de detención preventiva por el presunto delito de homicidio, su permanencia por Mandamiento de Condena de 15 de junio de 2021, y el haber obtenido el 30 de noviembre de igual año, Mandamiento de Libertad, bajo la modalidad de trabajo extramuro; concluyeron que el prenombrado estuvo en el referido Centro, dos años, diez meses y treinta días, y no presentados observaciones en su conducta (fs. 4 y vta.; y, 6). II.2. Consta Cómputo de Pena Cumplida e Informe Para Libertad Condicional de 22 de junio de 2022; por el que, se advierte que el accionante, al ser condenado con cinco años de privación de libertad, mediante Sentencia 42/2019, hasta la precitada fecha, tendría como tiempo de pena cumplida de cuatro años, cuatro meses y veintidós días, y cumpliendo con los requisitos para la libertad condicional conforme al art. 174 de la Ley 2298; documento que tuvo como respuesta, el proveído de 23 de junio de 2022; mediante el cual, se dispuso la arrimación a sus antecedente, téngase presente para fines de Ley, y en conocimiento del impetrante de tutela y la defensa (fs. 5 y vta.). II.3. Cursa Tablilla de Audiencias del Juzgado de Ejecución Penal Cuarto del departamento de La Paz; en el cual, se advierte la audiencia programada de libertad condicional del solicitante de tutela, para el 8 de julio de 2022, a las 09:30 (fs. 29). II.4. Consta Acta de Audiencia de Consideración de Incidente de Libertad Condicional de 8 de julio de 2022; mediante el cual, se advierte que el Juez demandado, sosteniendo que tiene que celebrar una acción de libertad que se sorteó a su Juzgado, suspendió dicho acto procesal, y fijó audiencia para el 13 de igual mes y año, a las 10:00 (fs. 9). II.5. Mediante Oficio presentado el 11 de julio de 2022, ante el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; la autoridad demandada, solicitó licencia sin goce de haber para el 13 del mismo mes y año; en respuesta, por Memorándum 1112/2022/P-TDJ de 12 de julio, fue concedida dicha licencia (fs. 31 y 33). II.6. Se tiene Nota Marginal de 13 de julio de 2022; por el que, la Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Cuarto del departamento de La Paz, informó que, habiéndose convocado audiencia de libertad condicional del impetrante de tutela, la misma fue suspendida al no contar con la presencia de una autoridad jurisdiccional; toda vez que, habiendo solicitado licencia el Juez demandado, hasta la hora señalada del acto procesal, no se contaría con suplente designado para el aludido Juzgado, y pese que llamó en tres oportunidades al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, para saber quién se encontraría en suplencia, la citada instancia le indicaron que aún no se habría designado (fs. 32). II.7. Mediante Informe de 14 de julio de 2022, presentando al Juez demandado; la Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Cuarto del departamento de La Paz, informó que la acción de libertad interpuesta por Marvin Jorge Tejerina Garifa en contra Henry David Sánchez Camacho y Rosmery Lourdes Pabón Chávez, la misma fue remitida por plataforma del Tribunal Departamental de Justicia e ingreso al despacho judicial el 7 de igual mes y año a las 08:35, y que habiéndose señalado y llevado a cabo dicho verificativo de forma virtual el 8 del citado mes y año, a las 08:30 y concluyó a las 10:30 (fs. 35). II.8. A través del decreto de 14 de julio de 2022, el Juez demandado, señalando que: “En atención a Nota emitida por secretaria, no siendo responsabilidad de la suscrita autoridad judicial titular, la suspensión de la audiencia a fin de no perjudicar al penado” (sic), fijó el acto procesal virtual para el 18 del citado mes y año a las 10:00 (fs. 34).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El solicitante de tutela señaló como lesionado el debido proceso en su elemento celeridad, vinculado con su derecho a la libertad, y “a una justicia rápida y sin dilaciones” (sic); toda vez que, habiendo solicitado señalamiento de audiencia para considerar su incidente de libertad condicional, teniendo toda la documentación para demostrar que ya sobrepaso con más de un año los dos tercios de la pena que se le impuso; la autoridad demandada, no obstante haber fijado el acto procesal para el 8 de julio de 2022, la misma lo suspendió señalando que contaba con otro verificativo; y, pese que fijó nueva audiencia para el 13 de igual mes y año, también este fue suspendido por viaje de la aludida autoridad, constituyéndose de esa forma una franca vulneración de acceso a una justicia rápida y sin dilaciones. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Al respecto la SCP 0612/2023-S4 de 12 de julio, haciendo referencia a la SC 0011/2010-R de 6 de abril, en cuanto a la acción de libertad precisó que: “…es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida (…) sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE”.

En cuanto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, sostuvo que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad.

Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos´”.

Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’”.

Así también, la SCP 0819/2019-S4 de 12 de septiembre citando a la SC 0056/2010-R de 27 de abril, al respecto señaló que: ‘“…el derecho a la libertad física, supone un derecho fundamental de carácter primario para el desarrollo de la persona (…) pues en ella el Constituyente boliviano ha dejado expresamente establecido que la libertad es inviolable y, respetarla y protegerla es un deber primordial del Estado. (…) Bajo esta premisa fundamental, debe entenderse que toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’”.

La SCP 0673/2020-S4 de 4 de noviembre, citando a la SCP 0880/2019-S4 de 9 de octubre, señaló que: “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…’ (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principios, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas” (las negrillas corresponden al texto original).

III.2. Del beneficio de la libertad condicional y su resolución

La citada SCP 0612/2023-S4, respecto a la temática señaló que: “La libertad condicional es un beneficio que la ley le otorga por única vez al condenado a pena privativa de libertad durante el último periodo del sistema progresivo, para que cumpla esta parte de su condena en libertad; en ese sentido, el art. 174 de la LEPS establece que: “la libertad condicional es el último periodo del sistema progresivo, consiste en el cumplimiento de la condena en libertad”. (…)

En ese sentido, la SC 1246/2011-R de 16 de septiembre, respecto al control jurisdiccional en ejecución de sentencia, sostuvo lo siguiente: “…el control jurisdiccional estará a cargo del Juez de Ejecución Penal, o en su caso del Juez de la causa, quien en razón a los arts. 18 y 19 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), es el que garantizará a través de un permanente control jurisdiccional, la observancia estricta de los derechos y garantías que consagran el orden constitucional y las leyes, a favor de toda persona privada de libertad”; dejando entonces claramente establecido que la labor de control y observancia de los derechos y garantías consagrado en la Norma Suprema respecto del privado de libertad corresponden al Juez de Ejecución Penal. El razonamiento expuesto, también fue establecido en SC 1041/2005-R, que refiriéndose al control de la ejecución de las sentencias ejecutoriadas y al cumplimiento de la condena, señaló que, los jueces de ejecución penal tienen la atribución de controlar la ejecución de las sentencias, sustanciar y resolver la libertad condicional y todos los incidentes que se produjeran durante la etapa de ejecución, conclusión a la que arribó de la lectura de los arts. 55 y 428 del CPP; y, 19 de LEPS, todas referidas a la competencia de las indicadas autoridades. (…) La libertad condicional como último periodo del sistema progresivo, permite el cumplimiento del resto de la condena en libertad, puede ser concedida de oficio o a solicitud de parte, conforme previene el art. 174 de la LPES vigente, a quienes: 1) Hubiesen cumplido las dos terceras partes de la pena impuesta; 2) Haber cumplido la mitad más un día de la pena impuesta, cuando se trate de mujeres que tengan a su cargo niñas, niños o adolescentes; sean personas mayores de sesenta y cinco años; personas con discapacidad grave o muy grave o personas que padezcan enfermedades en grado terminal; 3) Demuestren buena conducta en el establecimiento penitenciario; 4) No haber sido sancionados por faltas graves o muy graves en el último año; y, 5) Demuestren vocación para el trabajo. En cuanto al procedimiento para su concesión, el art. 175 de LPES, establece que una vez presentada la solicitud o de oficio, la Jueza o Juez de Ejecución Penal, conminará al Director del establecimiento penitenciario para que en el plazo de diez días, remita los informes correspondientes. Con la indicada información, emitirá Resolución motivada, concediendo o denegando lo solicitado. Igualmente, podrá rechazar la solicitud sin más trámite, cuando sea manifiestamente improcedente.

Entonces, del resumen precedente y de la normativa mencionada, se concluye que conforme previene el art. 19 de la LEPS, el Juez de Ejecución Penal, en ejercicio de la competencia para conocer y controlar la ejecución de las sentencias condenatorias ejecutoriadas que impongan penas o medidas de seguridad, así como los incidentes que se produzcan durante su ejecución, tiene igualmente atribución expresa para la concesión y revocación de la libertad condicional, así también verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas; correspondiendo señalar que, para la concesión de la libertad condicional, conforme prevé la normativa consultada, no se requiere de una audiencia previa; puesto que, en el fondo no existe contradicción; dado que, en ejercicio del control de la ejecución de la sentencia, conoce cuál es el tiempo de privación de libertad del interno-solicitante; por ello, también le es permitido iniciar el trámite de oficio, requiriendo únicamente valorar la información que le proporcionan las autoridades del régimen penitenciario en cuanto al cumplimiento de las otras condiciones. Lo mismo ocurre en el caso de mujeres con niños y adolescentes a su cargo, adultos mayores, enfermos terminales y personas con discapacidad, quienes deberán acreditar únicamente, la existencia de tales condiciones. Ahora bien, resulta evidente también, que las normas señaladas precedentemente, no establecen un plazo para que el Jueza o Juez de Ejecución Penal, emita las providencias necesarias, sea para conducir el trámite y pronunciar resolución de fondo que conceda o deniegue la libertad condicional, o en su caso, la deniegue sin más trámite por su manifiesta improcedencia; no obstante, el art. 178.I de la CPE establece que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta, entre otros, en el principio de celeridad, reconocido también por los arts. 22, 23.I y 180.I de la Norma Suprema; y, 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), relativas a la libertad y celeridad”. En ese contexto, la SCP 0900/2010-R de 10 de agosto, al referirse a la celeridad procesal en la decisiones vinculadas al derecho a la libertad, sostiene lo que sigue: i) Toda solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, debe ser tramitada con la mayor celeridad posible o cuando menos dentro de los plazos razonables, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; ii) Se produce lesión en el derecho a la libertad física, cuando existe demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza en su tramitación y consideración o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido; y, iii) El plazo razonable debe ser definido como un término brevísimo, de cinco días hábiles como máximo, porque el imputado se encuentra privado de su libertad. En ese entendido, aplicando el principio constitucional de la celeridad procesal, así como la jurisprudencia establecida en el Tribunal Constitucional Plurinacional, corresponde establecer que los incidentes de concesión de libertad condicional, deben ser resueltos por las juezas o jueces de ejecución penal, en un plazo máximo de cinco días, incluidas las notificaciones a las partes, computables a partir de la recepción de los informes que deben emitir los Directores de los recintos penitenciarios, no siendo excusa válida la existencia de “sobrecarga procesal”. Al asumir el entendimiento precedente, se tiene en cuenta que el art. 113.1 del Código de Procedimiento vigente, prevé que no es posible alterar el procedimiento establecido en la materia; vale decir, que conforme establece la Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario un procedimiento brevísimo y escrito, no resulta necesario que se convoque a audiencia para resolver la solicitud de libertad condicional; consecuentemente, la jueza o juez de ejecución penal, una vez cuente con toda la documentación presentada por el impetrante de tutela y con los informes emitidos por el Director del establecimiento penitenciario, deberá evaluar los mismos pudiendo rechazar las solicitudes improcedentes sin más trámite, o en su defecto conceder su libertad condicional a través de una Resolución que debe ser pronunciada en el plazo máximo de cinco días incluidas las notificaciones” (las negrillas y subrayado son nuestras).

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante señaló como lesionado el debido proceso en su elemento celeridad, vinculado con su derecho a la libertad, y “a una justicia rápida y sin dilaciones” (sic); toda vez que, habiendo solicitado señalamiento de audiencia para considerar su incidente de libertad condicional, teniendo toda la documentación para demostrar que ya sobrepaso con más de un año los dos tercios de la pena que se le impuso; la autoridad demandada, no obstante haber fijado el acto procesal para el 8 de julio de 2022, la misma lo suspendió señalando que contaba con otro verificativo; y, pese que fijó nueva audiencia para el 13 de igual mes y año, también este fue suspendido por viaje de la aludida autoridad, constituyéndose de esa forma una franca vulneración de acceso a una justicia rápida y sin dilaciones. Identificada la problemática planteada y la pretensión del impetrante de tutela, que motivaron la interposición de esta acción de defensa, es necesario efectuar una síntesis de los antecedentes del proceso penal de origen; en el que, se habrían suscitado las actuaciones hoy cuestionadas de lesivas de derechos, vía acción de libertad; se tiene que: dentro del proceso penal que se siguió en contra de Diego Mauricio Mayta Arias –ahora solicitante de tutela–, a instancia del Ministerio Público, por la comisión del delito de homicidio; estando el nombrado condenado con la privación de libertad y luego bajo la modalidad de trabajo extramuro; mediante memorial presentado el 8 de junio de 2022, ante el Juez de Ejecución Penal Cuarto del departamento de La Paz –hoy demandado–, conforme a los arts. 174 y 175 de la Ley 2298, impetró se señale día y hora para tratar su nuevo incidente de libertad condicional; adjuntando a su escrito Certificado de Permanencia y Conducta K052/2022 de 7 de junio; por el que, el Director y la Encargada de Archivo y Kardex del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, certificaron que, habiendo ingresado el impetrante de tutela en dicho Centro, el 31 de diciembre de 2018, con mandamiento de detención preventiva por el presunto delito de homicidio, su permanencia por Mandamiento de Condena de 15 de junio de 2021, y el haber obtenido el 30 de noviembre de igual año, Mandamiento de Libertad, bajo la modalidad de trabajo extramuro; concluyeron que el prenombrado estuvo en el referido Centro, dos años, diez meses y treinta días, y no presentando observaciones en su conducta; luego de ello, consta Cómputo de Pena Cumplida e Informe Para Libertad Condicional de 22 de junio de 2022; por el que, se advierte que el impetrante de tutela, al ser condenado con cinco años de privación de libertad, mediante Sentencia 42/2019, hasta la precitada fecha, tendría como tiempo de pena cumplida de cuatro años, cuatro meses y veintidós días, y cumpliendo con los requisitos para la libertad condicional conforme al art. 174 de la Ley 2298; documento que tuvo como respuesta, el proveído de 23 de junio de 2022; mediante el cual, se dispuso la arrimación a sus antecedente, téngase presente para fines de Ley, y en conocimiento del solicitante de tutela y la defensa (Conclusiones II.1 y II.2).

Por otra parte, a decir del Juez demandado, mediante su informe escrito; el accionante, al haber solicitado por memorial de 14 de junio de 2022, consideración de su incidente de libertad condicional, habiéndose admitido dicho requerimiento, y disponiéndose se practique el computo de la pena del mismo; el impetrante de tutela al solicitar el 24 de igual mes y año, se señale día y hora de audiencia de consideración del precitado incidente; mediante decreto de 27 del citado mes y año, la merituada autoridad, fijó acto procesal para el 8 de julio del referido año a las 09:30 (Antecedentes I.2.2); de lo cual, se tiene Tablilla de Audiencias del Juzgado de Ejecución Penal Cuarto del departamento de La Paz; en el cual, se advierte la programación de dicho verificativo; conforme a ello, consta Acta de Audiencia de Consideración de Incidente de Libertad Condicional de 8 de julio de 2022; mediante el cual, se advierte que el Juez demandado, sosteniendo que tiene que celebrar una acción de libertad que se sorteó a su Juzgado, suspendió dicho acto procesal, y fijó audiencia para el 13 de julio de 2022, a las 10:00 (Conclusiones II.2 y II.3).

En ese ínterin, la autoridad demandada, mediante Oficio presentado el 11 de julio de 2022, ante el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; solicitó licencia sin goce de haber para el 13 de igual mes y año; en respuesta, por Memorándum 1112/2022/P-TDJ de 12 de julio, le fue concedida dicha licencia (Conclusión II.4). Posteriormente, sobre el acto procesal de consideración del incidente de libertad condicional del solicitante de tutela, para el 13 de julio de 2022; se tiene Nota Marginal de la precitada fecha; por el que, la Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Cuarto del departamento de La Paz, señala que, habiéndose convocado audiencia de libertad condicional del accionante, la misma fue suspendida al no contar con la presencia de una autoridad jurisdiccional; toda vez que, habiendo solicitado licencia el Juez demandado, hasta la hora señalada del acto procesal, no se contaría con suplente designado para el aludido Juzgado, y pese que llamó en tres oportunidades al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, para saber quién se encontraría en suplencia, la citada instancia le indicaron que aún no se habría designado; asimismo, la mencionada funcionaria judicial, por Informe de 14 de julio de 2022, informó a la autoridad ahora demandada, que la acción de libertad interpuesta por Marvin Jorge Tejerina Garifa en contra de Henry David Sánchez Camacho y Rosmery Lourdes Pabón Chávez –refiriéndose a otra acción tutelar–, al haber sido remitida por plataforma del Tribunal Departamental de Justicia al despacho judicial el 7 de igual mes y año a las 8:35, se señaló y se llevó a cabo dicho verificativo de forma virtual el 8 del citado mes y año, a las 8:30, y concluyó a las 10:30; en razón a este último informe, a través del decreto de 14 de julio de 2022, el Juez demandado, señalando que: “En atención a Nota emitida por secretaria, no siendo responsabilidad de la suscrita autoridad judicial titular, la suspensión de la audiencia a fin de no perjudicar al penado” (sic), fijó acto procesal virtual para el 18 de julio de 2022 a las 10:00 (Conclusiones II.5, II.6 y II.7).

Previamente corresponde referir que, conforme establece la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; tomando en cuenta, que el art. 113.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP); respecto de las audiencias orales establece que, no es posible alterar el procedimiento establecido en la materia; es decir, que el procedimiento escriturado es de uso excepcional como el caso que nos ocupa; pues, conforme prevé la Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario un procedimiento brevísimo y escrito, por lo que, no resulta necesario que se convoque a audiencia para resolver la solicitud de libertad condicional; consecuentemente, la Jueza o Juez de ejecución penal, conforme a lo señalado en el referido precedente constitucional, el procedimiento establecido para este tipo de solicitudes, establece que, una vez cuente con toda la documentación presentada por el peticionante y con los informes emitidos por el Director del Establecimiento Penitenciario (que no deben sobrepasar de los diez días de su remisión desde su solicitud), deberá evaluar los mismos pudiendo rechazar las solicitudes improcedentes sin más trámite, o en su defecto conceder su libertad condicional a través de una Resolución que debe ser pronunciada en el plazo máximo de cinco días incluidas las notificaciones. En ese marco, de los antecedentes expuestos, se tiene que el impetrante de tutela, al margen que el 8 de junio de 2022, solicitó se señale día y hora de audiencia para tratar su nuevo incidente de libertad condicional, adjuntando Certificado de Permanencia y Conducta K052/2022; sin embargo, pese a la errónea solicitud de señalamiento de audiencia por la parte solicitante de tutela el Juez demandado, en lugar de corregir el procedimiento y aplicar lo previsto en el art. 175 de LEPS, debió emitir la resolución de aceptación o rechazo en el plazo de cinco días; sin embargo, procedió a señalar audiencia mediante decreto de 27 del citado mes y año, para el 8 de julio del referido año a las 09:30; advirtiéndose una primera dilación; toda vez que, desde la solicitud del accionante que data de 24 de junio de 2022, pese a ya contar con el Certificado de Permanencia y Conducta K052/2022, y Cómputo de Pena Cumplida e Informe Para Libertad Condicional de 22 de junio de 2022, del impetrante de tutela como se dijo antes señala audiencia sin que la normativa prevea dicho acto procesal para verificar el cumplimiento de las condiciones para otorgar o rechazar la libertad condicional; sin embargo, al señalar dicho verificativo para el 8 de julio de 2022, transcurrieron catorce días para pretender resolver la situación jurídica del solicitante de tutela, cuando conforme al Fundamento Jurídico señalado, por el principio de celeridad, el plazo razonable debe ser definido como un término brevísimo, de cinco días hábiles como máximo; de igual manera; tomando en cuenta que, el acto procesal de 8 de julio de 2022 a las 09:30, fue nuevamente suspendido, con la justificante de existir otra audiencia de acción de libertad en la citada fecha a las 10:00; el Juez demandado, con dicho pretexto provocó una segunda dilación; finalmente, producto de dicha suspensión, al fijar como nuevo verificativo el 13 de julio de 2022; de igual manera, la autoridad demandada, indujo a una tercera dilación, ante la no realización nuevamente se fija mediante decreto de 14 de igual mes y año, el acto procesal virtual para el 18 de julio de 2022 a las 10:00, para considerar el incidente de libertad condicional del accionante, generando con todas estas suspensiones actos dilatorios que atentan a los derechos alegados por el impetrante de tutela; pues, dejo en incertidumbre la resolución de su pretensión incurriendo en una errónea tramitación de este benefició carcelario al señalar audiencias que únicamente generaron demora en su consideración. Por lo que, conlleva a concluir que, al no haber actuado la autoridad demandada, con la celeridad debida, retardó innecesariamente la resolución del indicado beneficio y por ende la situación jurídica del solicitante de tutela; puesto que, en su rol de contralor de garantías, se apartó del procedimiento legal aplicable y los principios de celeridad lesionando los derechos al acceso a una justicia pronta y oportuna, y al debido proceso en su vertiente celeridad; corresponde conceder la tutela solicitada.

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 06/2022 de 14 de julio, cursante de fs. 41 a 42, pronunciada por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, 1º CONCEDER la tutela solicitada, y disponer que la autoridad demandada en el plazo de veinticuatro horas de notificado con el presente fallo constitucional emita Auto Interlocutorio resolviendo la solicitud de libertad condicional opuesta por la parte accionante; y, 2º Exhortar a la autoridad judicial demandada, a no incurrir en lo posterior en dilaciones injustificadas que vulneren derechos fundamentales y garantías constitucionales; menos aún, en la atención de los trámites y solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0517_2024-S4.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 4810f05b3a6d396747d10ec3c9db050180f09fbdaf2f78c24a975d60feac84d8

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