Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 12 de junio de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; y, de los principios de celeridad y transparencia; alegando que, al haberse suspendido la audiencia de cesación de su detención preventiva de 2 de febrero de 2022, se señaló una nueva para el 8 de similar mes y año; sin embargo, al no haberse celebrado la misma, el Juez demandado hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, no programó otro verificativo, omitiendo lo establecido por el art. 239 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14/2022 de 4 de marzo, cursante de fs. 31 a 34, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, por la dilación ocasionada por el Juez demandado en la resolución de la situación jurídica del accionante, disponiendo que la aludida autoridad, celebre la audiencia de cesación de la detención preventiva impetrada por el prenombrado; salvo que, por el tiempo transcurrido, la misma ya hubiese sido considerada; y, 2° DENEGAR la tutela respecto al principio de transparencia; la remisión de antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de la Magistratura; y, costas procesales.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0517/2023-S2 Sucre, 12 de junio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 46239-2022-93-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 14/2022 de 4 de marzo, cursante de fs. 31 a 34, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marcia Teresa Nina Rodríguez en representación sin mandato de Moisés Orlando Mejía Heredia contra Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 3 de marzo de 2022, cursante de fs. 23 a 24 vta., el accionante a través de su representante, refirió que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de homicidio y lesiones graves y leves, se encuentra detenido preventivamente por más de seis meses en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; posteriormente, por problemas de salud tuvo que internarse en la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL); empero, al finalizar el mes de enero de 2022, solicitó la cesación de su medida cautelar extrema, fijándose verificativo para el 2 de febrero del mencionado año, el cual fue suspendido debido a su internación en dicho nosocomio; por ello, se señaló nueva fecha para el 8 de igual mes y año, que no se instaló, tampoco el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del indicado departamento -ahora demandado-, fijó otra audiencia de consideración dentro de las cuarenta y ocho horas, conforme el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP), no habiéndose resuelto su situación jurídica, vulnerando su derecho a recobrar su libertad y ser atendido un centro de especialidad médica.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso y a la libertad; y, de los principios de celeridad y transparencia, citando al efecto el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) El señalamiento de día y hora de audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva y se defina su situación jurídica; b) Se remitan antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de la Magistratura, respecto al Juez demandado por faltas disciplinarias; y, c) Sea con costas procesales.
Celebrada la audiencia pública virtual el 4 de marzo de 2022, según consta en acta cursante a fs. 30 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó los argumentos de la acción de libertad, y ampliándolos manifestó que: 1) El Secretario en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, el 8 de febrero de 2022, suspendió la audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva; en razón a que, el Juez demandado se encontraba con baja médica; empero, desde dicha data no se programó ese verificativo hasta el 3 de marzo del mismo año; 2) El prenombrado después de haber sido notificado con este mecanismo de defensa, señaló ese acto procesal para el 4 de marzo de “2020” -siendo lo correcto 2022- a horas 14:00; sin embargo, conforme el art. 49 -se entiende del Código Procesal Constitucional (CPCo)-, pese a que hubiera cesado la vulneración a sus derechos por lo que presentó esta acción tutelar, corresponde el desarrollo de la audiencia a efectos de establecer responsabilidades; y, 3) “Hasta ayer” estaba internado en COSSMIL; dado que “…tiene otros problemas de salud más graves, pone en riesgo a la propia comunidad de san pedro debido a la presión psicológica en la que se encontraba en el centro hospitalario…” (sic).
Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito -no refirió la fecha-, cursante a fs. 29 y vta., señaló que: i) Por Auto Interlocutorio 13/2022 de 28 de enero, dispuso la ampliación de la detención preventiva del peticionante de tutela por seis meses, debido a la complejidad del proceso penal y la multiplicidad de imputados; ii) A través de escrito de 28 de igual mes y año, el prenombrado solicitó la cesación de la citada medida cautelar; por lo que, a efectos de su análisis programó verificativo para el 2 de febrero de igual año; paralelamente, por memorial de 28 de enero del referido año, el mismo pidió salida judicial por enfermedad, que fue concedida por decreto de 31 del señalado mes y año, habiéndose enviado el Oficio Cite Of. 51/2022 -de 1 de febrero- no precisó la fecha- al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; posteriormente, el 2 del indicado mes y año, por escrito se puso a su conocimiento sobre la necesidad de la salida inmediata del peticionante de tutela, habiendo otorgado lo impetrado en la misma data, conforme se pudo advertir del Oficio Cite Of. 58/2022 de la citada fecha; iii) Del acta del mencionado acto procesal, se tiene que en su intervención el abogado del peticionante de tutela requirió la suspensión del mismo, programándose una nueva audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva para el 8 del indicado mes y año; iv) El 7 de “noviembre” -lo correcto es febrero- de 2022, se le hizo conocer sobre el estado de salud del impetrante de tutela indicando que se encontraba en COSSMIL, sin identificar algún detalle más; razón por la que, no se lo notificó ni pudo ser conectado a la audiencia virtual; además, su persona estaba con baja médica; en consecuencia, no se instaló dicho verificativo; y, v) Pese a que desconocía los datos precisos de donde se hallaría internado el prenombrado, el 3 de marzo de igual año, de oficio señaló el correspondiente acto procesal, no encontrándose el solicitante de tutela en ningún momento en indefensión; por lo que, pidió se deniegue la tutela impetrada.
La Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 14/2022 de 4 de marzo, cursante de fs. 30 a 34, concedió la tutela impetrada, exhortando a que el Juez demandado, en pedidos vinculados al derecho a la libertad, actúe con mayor diligencia en apego al principio de celeridad y en atención a los plazos procesales establecidos; con base en los siguientes fundamentos: a) Cabe considerar que en caso de solicitud de cesación de la detención preventiva, la autoridad judicial debe señalar la correspondiente audiencia en el término de cuarenta y ocho horas; sin embargo, de obrados pudo comprobar que el verificativo de consideración de la citada medida cautelar de 2 de febrero de igual año, fue suspendida para el 8 del citado mes y año; y, el 7 del mismo mes y año, se puso bajo conocimiento del demandado que el accionante fue intervenido quirúrgicamente en COSSMIL, adjuntándose la admisión hospitalaria; b) No se tiene acta de cesación de la detención preventiva de 8 de febrero de 2022, donde correspondía se considere la internación del prenombrado, y el señalamiento virtual o presencial del correspondiente verificativo; empero, de los antecedentes del proceso penal evidenció nota emitida por el Secretario en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del indicado departamento, informando que dicha audiencia no se llevó adelante por la baja médica del Juez demandado, programándose otro para el 4 de marzo del señalado año; acto procesal que se halló vinculado al derecho a la libertad; c) Concluyó que el aludido incurrió en una dilación de aproximadamente un mes, no siendo un justificativo la falta de datos del peticionante de tutela; tampoco, expuso la baja médica referida de parte de la autoridad demandada; no obstante, en caso de ser evidente, tenía la obligación de fijar a la brevedad posible la reclamada audiencia; asimismo, advirtió que el citado funcionario de apoyo judicial no efectuó la nota marginal cuando correspondía -ese día o al siguiente-, con el fin de que se hubiera fijado uno nuevo; empero, el prenombrado no fue demandado; y, d) Si bien el Juez demandado programó el reclamado verificativo, corresponde aplicar la acción de libertad innovativa, la cual tiene el objeto de sentar un precedente a omisiones vinculadas al principio de celeridad y al derecho a la libertad. En vía de complementación y enmienda, el peticionante de tutela a través de su abogado, indicó que, al haberse concedido la tutela impetrada, solicitó se pronuncie sobre la remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura y al Ministerio Público; a su turno el Juez demandado manifestó que: 1) No se tomó en cuenta la prueba que remitió en formato Portable Document Format (PDF); 2) En la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, el impetrante de tutela mediante su defensa técnica solicitó se suspenda la misma; 3) A efectos de resguardar la salud del prenombrado, se remitió la correspondiente nota al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; y, 4) El solicitante de tutela no comunicó donde se encontraba; por ello, al no haberse considerado el principio de lealtad procesal, pidió se remitan al Ministerio Público los sesenta cuerpos del proceso penal en cuestión; del mismo modo, al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional a efectos de que aplique lo establecido por la Ley del Ejercicio de la Abogacía y al Colegio Nacional de Abogados por la carencia de ética del citado profesional. En sustanciación y resolución la Jueza de garantías, refirió que: i) Sobre el accionante, en el análisis del caso, no obvió ninguna pretensión realizada; al enviarse en revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional se pronunciará sobre la posible responsabilidad disciplinaria; y, ii) Respecto al Juez demandado, el hecho lesivo refiere a la audiencia de consideración de la detención preventiva de 8 de febrero de 2022, y no a la del 2 del citado mes y año; y, que la nota efectuada por el Secretario en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, debió ser emitida con antelación; más aún, cuando se presentó memorial de “el día anterior”, haciendo conocer el lugar donde se encontraba el peticionante de tutela.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. A través de escrito presentado el 28 de enero de 2022, ante Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz -hoy demandado-, Moisés Orlando Mejía Heredia -accionante- pidió la cesación de su detención preventiva; mereciendo providencia de 31 de igual mes y año, programándose el correspondiente verificativo para el 2 de febrero del mismo año (fs. 3 a 5). II.2. Se tiene acta de audiencia de consideración de cesación de la medida extrema de 2 de febrero de 2022, la cual fue suspendida; debido a que, por memorial presentado en la referida data por el peticionante de tutela, solicitó la evacuación a un centro médico; ya que, su vida se encontraba en riesgo; en consecuencia, el Juez demandado señaló un nuevo verificativo para el 8 del indicado mes y año, a horas 14:00 (fs. 6 a 9).
El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; y, de los principios de celeridad y transparencia; alegando que, al haberse suspendido la audiencia de cesación de su detención preventiva de 2 de febrero de 2022, se señaló una nueva para el 8 de similar mes y año; sin embargo, al no haberse celebrado la misma, el Juez demandado hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, no programó otro verificativo, omitiendo lo establecido por el art. 239 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, señaló que: “…La jurisprudencia constitucional en sus diferentes fallos, ha establecido que el derecho a la libertad física, supone un derecho fundamental de carácter primario para el desarrollo de la persona, entendimiento que se sustenta en la norma prevista por el art. 6.II CPE, pues en ella el Constituyente boliviano ha dejado expresamente establecido que la libertad es inviolable y, respetarla y protegerla es un deber primordial del Estado. Atendiendo esta misma concepción de protección es que creó un recurso exclusivo, extraordinario y sumarísimo a fin de que el citado derecho goce de especial protección en casos de que se pretenda lesionarlo o esté siendo lesionado. Bajo esa premisa fundamental, debe entenderse que toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud” (las negrillas son nuestras). Asimismo, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, refirió que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad.
(…)
Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’”.
Al respecto, la SCP 0547/2021-S2 de 20 de septiembre, sostuvo que: «La SCP 0547/2020-S3 de 15 de septiembre, señalando a la SCP 0766/2014 de 21 de abril, que a su vez cita a la SCP 0011/2014 de 3 de enero, respecto a la celeridad hizo énfasis en que: “‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’. Es a partir de esta sólida línea jurisprudencial que propende al cumplimiento del principio de celeridad en la tramitación de toda solicitud de cesación de la detención preventiva y con la finalidad de la resolución pronta y oportuna de los conflictos penales, que el legislador implementó procedimientos para agilizar y dinamizar la tramitación de las causas penales, a efecto de descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de justicia para garantizar una justicia pronta, oportuna, en el marco de los principios consolidados en la Constitución Política del Estado; en ese sentido se promulgó la Ley 1173 -Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, de 3 de mayo de 2019- que introduce modificaciones al Código de Procedimiento Penal, concretamente al art. 239 de la citada norma referido al plazo que se tiene para resolver la cesación de la detención preventiva, cuando señala: ‘(CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio; 5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o, 6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria y crímenes de guerra. Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.
En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código. La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente. Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código’”. En ese sentido, se concluye que conforme prevé el art. 239 del CPP, el juez o tribunal ordinario que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva, que se encuentre comprendida en los numerales 1, 2, 5 y 6, deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas; en efecto, el artículo es taxativo para la programación del referido acto procesal; además, la autoridad judicial deberá garantizar bajo su responsabilidad, la comparecencia de los sujetos procesales, desplegando de forma eficaz y efectiva todas las acciones que devengan de su poder ordenador y disciplinario, a fin de cumplir con lo dispuesto en el citado artículo y evitar su diferimiento -audiencia de cesación de la detención preventiva-; un actuar contrario, supondría una dilación indebida, que merecerá tutela por parte de este Tribunal. En armonía con lo expuesto en el acápite que precede, se advierte que en concordancia con lo previsto en el art. 239.2 del citado Código, el art. 235 ter de dicha norma, en lo que respecta a la aplicación de la detención preventiva refiere lo siguiente: “…si se resuelve la aplicación de la detención preventiva, la resolución deberá fijar con precisión su duración indicando la fecha exacta de su cumplimiento y el día y hora de audiencia pública para resolver la situación jurídica de la persona cautelada, quedando las partes notificadas al efecto, sin otra formalidad” (…) con lo que, se confirma la obligación que tiene la autoridad judicial de señalar audiencia en el mismo acto que resuelve una cuestión planteada por los sujetos procesales; es así que, a la luz del principio de celeridad, los operadores de justicia deben realizar un uso efectivo del tiempo, medios y herramientas jurídicas contenidas en los procedimientos y, ante cualquier falencia esta debe corregirse a la brevedad, evitando dilatar, diferir o retrasar actuaciones que quebrantan el mencionado principio, el cual se encuentra en relación con otros principios inmersos en el proceso penal. De forma excepcional, de acuerdo a lo previsto en el art. 113.II del CPP se puede suspender la audiencia de cesación de la detención preventiva, siempre y cuando sea atribuible a causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado, debiendo la autoridad judicial en el mismo acto, señalar de oficio fecha y hora del nuevo verificativo, caso contrario incurriría en actos dilatorios e indebidos, lesionando con ello el debido proceso y por la naturaleza del acto procesal, comprometería el derecho a la libertad del justiciable, resultando en consecuencia, viable su tutela a través de la acción de libertad en la modalidad de pronto despacho; así también lo entendió la SCP 1322/2014 de 30 de junio, que refirió: “…del acta de suspensión de la audiencia, se evidencia que la autoridad demandada no habría fijado nueva fecha de audiencia (…) dicha omisión justamente vulnera el derecho del accionante, pues si bien al encontrarse los sujetos procesales en la audiencia correspondía programar de oficio una nueva fecha quedando los mismos notificados en dicha audiencia y al no haberlo hecho así, afecta la celeridad que amerita la tramitación de una solicitud vinculada a la libertad del accionante”» (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
De los antecedentes del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante y otros, por la presunta comisión de los delitos de homicidio y lesiones graves y leves, se tiene memorial presentado el 28 de enero de 2022, en la que el prenombrado solicitó la cesación de su detención preventiva, misma que fue programada para el 2 de febrero de igual año (Conclusión II.1); de igual forma, por intermedio del acta de audiencia de consideración de la citada medida cautelar de la indicada data, se suspendió dicho acto procesal, señalándose un nuevo verificativo para el 8 del referido mes y año (Conclusión II.2). En mérito a la acción de libertad presentada, el peticionante de tutela a través de su representante, alega que habiéndose suspendido la audiencia de consideración de la detención preventiva de 2 de febrero de 2022, el Juez demandado dispuso otra para el 8 de igual mes y año, la cual no fue instalada ni programada una nueva, hasta la presentación de este mecanismo de defensa, cuando dicha autoridad judicial tenía el término de cuarenta y ocho horas para realizar aquello.
Del informe emitido por la autoridad demandada, se tiene que manifestó: “…de oficio en fecha 03 de marzo de 2022, se señaló audiencia de cesación a la detención preventiva, debido a que la parte impetrada interesada hasta la fecha, no aclar[ó] NO EN QUE SALA SE ENCUENTRA INTERNADO, NO SEÑALÓ EN QUE PISO, NO SEÑALÓ EN QUE ESPECIALIDAD, NO SEÑALÓ ESPECIFICAMENTE LA HABITACI[Ó]N EN LA QUE SE ENCUENTRA O SE ENCONTRABA INTERNADO, motivo por el cual la misma parte hoy accionante causa incertidumbre respecto a su situación puesto que a la fecha no se cuenta con el informe solicitado al Escolta encargado del ciudadano y no se cuenta con un informe por parte de la abogada patrocinante, no pudiendo realizar las diligencia[s] correspondientes conforme a procedimiento para llevar a cabo la audiencia de Cesación de la Detención Preventiva, y pese a estos aspectos mi autoridad de oficio ya program[ó] la audiencia correspondiente” (sic). Conforme al desarrollo jurisprudencial expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, toda autoridad administrativa o judicial, debe atender las tramitaciones a su cargo en el plazo otorgado por la norma; más aún, cuando se trata de privados de libertad y si estos se ven afectados por alguna dilación relacionada con el citado derecho, pueden activar la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, con el fin de acelerar la resolución del trámite judicial impetrado. En el caso concreto, de obrados se puede advertir que ante la solicitud de cesación de la detención preventiva efectuada por el impetrante de tutela, se instaló la correspondiente audiencia en la que en atención a la petición de 2 de febrero de 2022, efectuada por el prenombrado -traslado a un nosocomio-, fue suspendido dicho verificativo para el 8 de igual mes y año, data en la que conforme a lo señalado por el solicitante de tutela no se llevó a cabo ese acto procesal; aspecto que, no fue controvertido por el Juez demandado; por el contrario, lo corroboró; toda vez que, indicó que si bien por memorial de 7 de ese mes y año, el aludido le puso bajo su conocimiento que se encontraba internado en COSSMIL, adjuntando la hoja de admisión hospitalaria y el informe estadístico de admisión y egreso de hospitalización; empero, no brindó mayores datos para ser habido; llevándolo a que “…de oficio en fecha 03 de marzo de 2022, se señal[e] audiencia de cesación de la detención preventiva…” (sic). De lo cual, analizando únicamente lo reclamado en este mecanismo de defensa, se puede evidenciar que hasta la presentación del mismo -3 de marzo de 2022-, la autoridad demandada si bien programó la audiencia de consideración de cesación de la medida cautelar extrema solicitada por memorial presentado el 28 de enero del señalado año, fue a consecuencia de la notificación con esta acción tutelar, no pudiendo el aludido justificar su actuar debido a la falta de precisión respecto al lugar donde se encontraría el accionante, a efectos de practicarse la diligencia; en razón a que, al momento de apersonarse el imputado tiene la obligación de señalar el domicilio procesal, o en su caso, notificarlo en el buzón de notificaciones de ciudadanía digital; incurriendo por ello, en una dilación indebida, vulnerando de esa manera el principio de celeridad, en el entendido de que: “…la celeridad procesal: ‘…impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas y resueltas de forma inmediata sino existe una norma que establezca un plazo, y si existe una norma que establezca un plazo, y si existe, debe ser cumplido estrictamente…’’’ (SC 0544/2010-R de 12 de julio). Lo que conlleva a concluir que, el Juez demandado desconoció que bajo ningún caso tenía la facultad de no instalar la audiencia denunciada; pese a ello, debió considerar que la norma de forma expresa señala que al haberse planteado la solicitud de cesación de la detención preventiva, en aplicación al art. 239.1, 2, 5 y 6 del CPP, le correspondía señalar dicho actuado en el término de cuarenta y ocho horas, y en caso de suspenderse el verificativo por causas de fuerza mayor o caso fortuito adecuadamente justificados, el juzgador de oficio en el mismo acto tenía la obligación de programar una nueva, conforme al entendimiento del Fundamento Jurídico II.2 de este fallo constitucional; ahora, si bien la audiencia de 2 de febrero de 2022, fue suspendida para el 8 de igual mes y año, en ese acto procesal una vez instalado, correspondía que la autoridad demandada, con base en el informe del estado del cuaderno procesal lleve a cabo o suspenda la misma, fijando otra a efectos de la consideración del pedido del impetrante de tutela; por ello, al haber dejado transcurrir más de un mes sin la resolución de la situación jurídica del prenombrado, denota que el aludido Juez no actuó con la rapidez que deben ser atendidos los casos vinculados a la libertad, ocasionando incertidumbre al peticionante de tutela, lesionando de esta manera el principio de celeridad, vinculado a los derechos a la libertad y al debido proceso; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada. Finalmente, con relación a la presunta vulneración al principio de transparencia, este Tribunal no tutela principios de forma directa, siendo necesaria su vinculación con derechos y garantías constitucionales, condición que no se advierte en el presente caso; por tal razón, corresponde denegar la tutela requerida. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela impetrada, aunque con distinto entendimiento, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14/2022 de 4 de marzo, cursante de fs. 31 a 34, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, por la dilación ocasionada por el Juez demandado en la resolución de la situación jurídica del accionante, disponiendo que la aludida autoridad, celebre la audiencia de cesación de la detención preventiva impetrada por el prenombrado; salvo que, por el tiempo transcurrido, la misma ya hubiese sido considerada; y, 2° DENEGAR la tutela respecto al principio de transparencia; la remisión de antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de la Magistratura; y, costas procesales. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0517_2023-S2.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9d1f9cdf3df6b822fc06e06a2d5875f3cb5fd255cf10ea78d4cc1186bbcab1ea
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