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SCP 0516/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 6 de junio de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
6 de junio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
52608-2023-106-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes a través de su representante, denuncian la lesión de sus derechos a la justicia pronta y oportuna y el principio de celeridad; alegando que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancia de Fortunata Calvimontes Mendoza, por la presunta comisión del delito de violación agravada, el Juez demandado luego de disponer su detención preventiva, señaló audiencia pública para el 12 de noviembre de 2022, a objeto de considerar su situación jurídica, en cumplimiento a lo previsto en el art. 235 ter del CPP; sin embargo, dicho actuado judicial no se llevó a cabo, habiendo vencido el plazo de la medida extrema en la indicada fecha, según establece el art. 239.2 de la citada norma legal, existiendo una detención indebida y arbitraria por más de treinta y un días. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 33/2022 de 14 de diciembre, cursante de fs. 21 vta. a 22 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia; 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, conforme a los fundamentos y razonamientos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo que el Juez demandado resuelva con celeridad la situación jurídica de los accionantes, en relación al cumplimiento del plazo de la detención preventiva, salvo que por el transcurso del tiempo ello ya hubiese ocurrido y merecido una resolución a cargo del Tribunal de Sentencia si fuere el caso, o modificada la misma por la naturaleza provisional y temporal de las medidas cautelares de carácter personal al que se hallaban sometidos los ahora peticionantes de tutela; y, 2° DENEGAR respecto a responsabilidad civil o penal y el pago de costas judiciales.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El control jurisdiccional de la detención preventiva y competencia para conocerla ante la interposición de la acusación formal
  2. III.2. La acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho
  3. III.3. La presunción de veracidad de los hechos y los actos denunciados en la acción de libertad
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0516/2025-S3 Sucre, 6 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 52608-2023-106-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 33/2022 de 14 de diciembre, cursante de fs. 21 vta. a 22 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Humberto Quispe Poma en representación sin mandato de Ismael Bernardo Maita Fernández y Wilson Flores Loaiza contra Yiye David Ríos Sarabia, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 13 de diciembre de 2022, cursante de fs. 14 a 17, los accionantes a través de su representante, expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancia de Fortunata Calvimontes Mendoza, por la presunta comisión del delito de violación –agravada-, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, mediante Auto Interlocutorio de 11 de mayo de 2022, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, en cumplimiento a lo previsto en el art. 235 ter. del Código de Procedimiento Penal (CPP), señalando audiencia pública a objeto de considerar y resolver la situación jurídica de ambos, para el 12 de noviembre del mismo año; sin embargo, no se llevó a cabo dicho actuado judicial, vulnerado el art. 233.3 del indicado Código, habiendo vencido el plazo de la detención preventiva el 12 del referido mes y año, según establece el art. 239.2 de la mencionada norma legal, existiendo una detención indebida y arbitraria por más de treinta y un días.

En consecuencia, el Juez demandado transgredió el debido proceso en su elemento legalidad, al no considerar que la medida extrema no puede mantenerse de forma indefinida, teniendo la obligación de revisar la situación jurídica del detenido preventivo periódicamente, en virtud a los alcances de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, concordante con el art. 250 del Adjetivo Penal.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunciaron la lesión de sus derechos a la justicia pronta y oportuna y el principio de celeridad, citando al efecto los arts. 13.I y IV, 22, 23.I, 109.I, 110, 115.II, 116.I, 117.I y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 1, 7.1, 2 y 3, 8.2, 17.1, 19 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo: a) Su inmediata libertad, por haber vencido el plazo de la detención preventiva; b) En su caso ordenar al Juez demandado que dentro de las veinticuatro horas señale audiencia para considerar su situación jurídica, en la cual deberá dictar una resolución debidamente motivada y fundamentada, “…CONSIDERANDO LAS NUEVAS POLITICAS DE LA LEY N° 1173, Y ANALIZAR LOS ELEMENTOS PROBATORIOS CONFORME AL ART. 235 TER, DEL CPP” (sic); c) Se establezca responsabilidad civil y penal con monto indemnizable a su favor en calidad de víctimas, por estar detenidos preventivamente de forma ilegal; y, d) El pago de costas judiciales en calidad de accionantes, a ser calificados en ejecución de fallos contra el demandado.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 14 de diciembre de 2022, según consta en acta cursante a fs. 21 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes a través de su abogado, reiteraron íntegramente los términos de su acción tutelar, y ampliándola expresaron que: a) La Secretaria del juzgado informó que no se llevó a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva fijada para el 12 de noviembre de 2022, porque se encontraban en otra audiencia de medida cautelar; sin embargo, no se instaló la misma y en su caso debieron señalar una nueva fecha, para resolver su situación jurídica; y, b) El Ministerio Público presentó la acusación formal el 10 de igual mes y año; es decir, que aún tenía competencia mientras no se haya remitido el indicado requerimiento conclusivo ante el tribunal de sentencia; reiterando que se conceda la tutela impetrada.

I.2.2. Informe del demandado

Yiye David Ríos Sarabia, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 de la Capital del departamento de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de garantías y tampoco presentó informe alguno, pese a su notificación cursante a fs. 19.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 33/2022 de 14 de diciembre, cursante de fs. 21 vta. a 22 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) El 10 de noviembre del mismo año, el Ministerio Público presentó la acusación formal, es decir, dos días antes de que se cumplan los ciento ochenta días de plazo otorgados por la autoridad jurisdiccional, con lo cual culminó la etapa preparatoria; 2) A partir de ello, ya no corre el indicado plazo procesal previsto en el art. 233.3 del CPP, porque el Fiscal de Materia presentó el referido acto conclusivo contra los imputados -ahora accionantes-, dentro de plazo, razón por la cual no solicitó la ampliación del mismo; y, 3) La audiencia que debió llevarse a cabo el 12 de noviembre de igual año, no se celebró precisamente porque ya había una acusación formal, y al ser presentada, el Juez a quo está obligado a remitir la causa dentro de las veinticuatro horas, ante el juez o tribunal de sentencia, según corresponda y rever la situación jurídica de los imputados, después de haberse presentado aquella.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Fortunata Calvimontes Mendoza contra Ismael Bernardo Maita Fernández y Wilson Flores Loaiza -ahora accionantes-, por la presunta comisión del delito de violación agravada, previsto y sancionado por el art. 308 con relación al art. 310 inc. c) del Código Penal (CP), en audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares de carácter personal, Yiye David Rios Sarbia Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy demandado, mediante Auto Interlocutorio 85 de 11 de mayo de 2022, dispuso la detención preventiva de los nombrados por el lapso de ciento ochenta días, debiendo cumplir dicha medida en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, computable desde “la fecha” hasta el 12 de noviembre de 2022. Asimismo, de oficio señaló audiencia a objeto de considerar y resolver la situación jurídica de ambos, para el 12 del referido mes y año, a horas 10:00 (fs. 3 a 5 vta.). II.2. Mediante memorial presentado el 10 de noviembre del 2022, la Fiscal de Materia formuló ante el Juez demandado, requerimiento conclusivo de acusación formal contra los peticionantes de tutela por el ilícito imputado (fs. 6 a 11 vta.). II.3. Por providencia de 10 de noviembre de 2022, la citada autoridad judicial señaló: “En atención al memorial que antecede, a lo fines de ley, con el Requerimiento Conclusivo de ACUSACIÓN presentado por el Ministerio Público, de conformidad a lo previsto en el Art. 325.I del CPP, previo sorteo, remítase los antecedentes al Tribunal de Sentencia Penal de Turno de la Capital y sea dentro del plazo de 24 horas” (sic [fs. 12]). II.4. A través de la Nota de 12 de noviembre de 2022, la Secretaria del Juzgado donde se tramita la presente causa, hizo constar que la audiencia de cesación de la detención preventiva fijada para la indicada fecha a horas 10:00, “…no se llevó acabo por encontrarse el juzgado con audiencia Cautelar con aprehendido” (sic [fs.13]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes a través de su representante, denuncian la lesión de sus derechos a la justicia pronta y oportuna y el principio de celeridad; alegando que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancia de Fortunata Calvimontes Mendoza, por la presunta comisión del delito de violación agravada, el Juez demandado luego de disponer su detención preventiva, señaló audiencia pública para el 12 de noviembre de 2022, a objeto de considerar su situación jurídica, en cumplimiento a lo previsto en el art. 235 ter del CPP; sin embargo, dicho actuado judicial no se llevó a cabo, habiendo vencido el plazo de la medida extrema en la indicada fecha, según establece el art. 239.2 de la citada norma legal, existiendo una detención indebida y arbitraria por más de treinta y un días. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El control jurisdiccional de la detención preventiva y competencia para conocerla ante la interposición de la acusación formal

Sobre este punto, la SCP 1821/2014 de 19 de septiembre, estableció que: “Durante la etapa preparatoria, el control jurisdiccional se encuentra a cargo del juez cautelar, instancia judicial encargada del control de todas las actividades de la investigación. Asumiendo un rol de juez de garantías, con la facultad de resolver los conflictos emergentes de la actividad investigativa del Ministerio Público, los derechos del imputado y de los demás sujetos procesales. El control jurisdiccional, se constituye en una garantía del proceso penal, procurando resguardar los derechos de los sujetos procesales y la intervención oportuna en caso de su vulneración. Así, el art. 226 en su segundo párrafo del CPP, determina que: ‘La persona aprehendida será puesta a disposición del Juez, en el plazo de veinticuatro (24) horas…’; asimismo, el art. 251 en su segundo párrafo del Código adjetivo penal, respecto de la apelación de medidas cautelares, dispone que: ‘…las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas’ Por lo que, el Legislador entendió que, dentro de un proceso penal, éste no puede quedarse sin control jurisdiccional por más de veinticuatro horas, lo contrario se constituye en una dilación innecesaria e injustificada, contrario al principio de celeridad procesal que debe regir la tramitación en esta vía ordinaria, más aun tratándose de privados de libertad -aprehendidos o detenidos preventivos−, cuya resolución de sus situación jurídica no puede ser postergada por cuestiones meramente formales y dilatorias” (las negrillas son añadidas). Por su parte, la SCP 0887/2021-S4 de 25 de noviembre, haciendo alusión a lo expresado por la jurisprudencia constitucional, respecto a la competencia que tienen los jueces de instrucción penal, de conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares, hasta que la causa sea radicada ante el juzgado o tribunal de sentencia penal, pese a la presentación de la acusación fiscal, estableció que dicho entendimiento jurisprudencial: “…también es aplicable al control jurisdiccional que debe efectuar el Juez de Instrucción Penal respecto al vencimiento del plazo de la detención preventiva establecido en el marco de lo dispuesto por el art. 233.3 del CPP –de acuerdo a las modificaciones asumidas en la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 [Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres]–, a cuya conclusión, el Juez de instrucción penal debe definir la situación jurídica del imputado, aun cuando ya hubiera sido presentada la acusación formal, pues mientras que no sea radicada la causa penal ante el juez o tribunal de sentencia, el juez de instrucción penal se encuentra compelido a conocer las incidencias vinculadas a la aplicación de medidas cautelares y ejercer el control jurisdiccional correspondiente, lo que inevitablemente incluye al control sobre el cumplimiento del plazo de duración de la detención preventiva” (énfasis agregado). Dicho entendimiento fue reiterado por la SCP 0047/2025-S2 de 25 de febrero.

III.2. La acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho

Sobre este tópico, la SCP 0420/2021-S2 de 16 de agosto, estableció que: “La SC 0044/2010-R de 20 de abril, respecto al hábeas corpus -hoy acción de libertad- traslativo o de pronto despacho, señaló: ‘…a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE (…) establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R)…”. Bajo esta línea de entendimiento, la misma jurisprudencia constitucional ha recogido el desarrollo doctrinal sobre los tipos de acciones de libertad introduciendo precisamente como un componente de los alcances de la tutela que brinda la misma, en su modalidad traslativa, la cual se encuentra reconocida implícitamente por el art. 125 de la Norma Suprema. En el orden señalado, la SCP 0112/2012 de 27 de abril, reiterando la línea jurisprudencial sobre el deber de tramitar todas las cuestiones vinculadas con la libertad personal con la celeridad necesaria recordó que: “La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva”. La SCP 0571/2012 de 20 de julio, refirió: “…el hábeas corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de pronto despacho: ‘ (…) se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’”.

Por otra parte, la SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero, de igual manera puntualizó: “...la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”. Asimismo, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, sostuvo que: “...la acción de libertad (antes hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”. (…) De todo lo anteriormente glosado, se puede concluir que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por finalidad acelerar los trámites judiciales o administrativos, cuando existan dilaciones ilegales o indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad» (el resaltado y subrayado corresponden al texto original).

III.3. La presunción de veracidad de los hechos y los actos denunciados en la acción de libertad

Sobre el particular, la SCP 0550/2021-S2 de 20 de septiembre sostuvo que: “El art. 232 de la CPE, establece que: ‘La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados’; por otra parte, el art. 235.1 de la misma Norma Suprema, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes.

En ese marco, la SC 0181/2010-R de 24 de mayo, señaló que: ‘…conforme lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional, en los supuestos en los que la autoridad demandada no desvirtúa ni niega los extremos denunciados en el hábeas corpus, ya sea por no asistir a la audiencia, ni prestar su informe de ley, o cuando asiste a la audiencia y/o presta el informe y confirma los actos ilegales demandados (SSCC 1164/2003-R, 0630/2004-R), el recurso, ahora acción de libertad, debe ser concedido’. Por otra parte, la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió que: ‘…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley. En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto, ha señalado que: 'Los hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación ...' Asimismo, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, desarrolló el siguiente entendimiento: ‘…en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía constitucional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos. En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: ‘Los hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso' y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: '…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso'; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R’” (las negrillas corresponden al texto original). Entendimiento reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0033/2015-S2, 0183/2019-S4 de 25 de abril, 0748/2020-S4, entre otras.

III.4. Análisis del caso concreto

De la compulsa de los antecedentes aparejados al expediente, se llega a evidenciar que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Fortunata Calvimontes Mendoza contra Ismael Bernardo Maita Fernández y Wilson Flores Loaiza -ahora accionantes-, por la presunta comisión del delito de violación agravada, previsto y sancionado por el art. 308 con relación al art. 310 inc. c) ambos del CP; en audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares de carácter personal, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan Tres mil de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy demandado-, mediante Auto Interlocutorio 85 de 11 de mayo de 2022, dispuso la detención preventiva de los prenombrados, por el lapso de ciento ochenta días, computable desde “la fecha” hasta el 12 de noviembre de 2022. Asimismo, señaló audiencia a objeto de considerar y resolver la situación jurídica de ambos, para el 12 del referido mes y año, a horas 10:00. Conforme al desarrollo jurisprudencial glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, vencido el plazo de la detención preventiva, en el marco de lo dispuesto en el art. 233.3 del CPP, el Juez de instrucción penal a cargo del control jurisdiccional, debe definir la situación jurídica del imputado, aun cuando ya se hubiese presentado el requerimiento conclusivo de acusación formal; puesto que, mientras que no sea radicada la causa penal ante el juez o tribunal de sentencia, la indicada autoridad judicial se halla obligada a conocer las incidencias vinculadas a la aplicación de medidas cautelares, incluyendo el control sobre el cumplimiento del plazo de duración de la extrema medida. El razonamiento jurisprudencial citado, es aplicable al caso que se analiza; ya que, si bien luego de haberse dispuesto la detención preventiva de los peticionantes de tutela, la Fiscal de Materia el 10 de noviembre de 2022, presentó la acusación formal contra los prenombrados, por el ilícito imputado, ordenando el Juez demandado la remisión de los antecedentes al tribunal de sentencia penal de turno, dentro del plazo de las veinticuatro horas; sin embargo, no existe constancia o la certeza evidente del envío del legajo procesal a la instancia judicial correspondiente, menos que la causa penal haya sido radicada ante la misma; por el contrario, simplemente se advierte una nota suscrita por la Secretaria del Juzgado donde se tramita el proceso, indicando que la audiencia señalada para el 12 de igual mes y año, no se habría llevado a cabo, por encontrarse el juzgado en otro actuado procesal con aprehendido (Conclusiones II.2 a II.4). En consecuencia, mientras no se hubiera radicado la causa en el Tribunal de sentencia que asumiría la etapa de juicio oral, le correspondía al Juez demandado, pronunciarse respecto a la situación jurídica de los impetrantes de tutela, en la audiencia fijada para tal efecto, pese a la presentación de la acusación formal por parte de la Fiscal de Materia; considerando que, el control jurisdiccional se constituye en una garantía de los privados de libertad, no pudiendo prescindirse del mismo por más de veinticuatro horas y menos que exista un vacío o total ausencia de dicho control por cuestiones atribuibles al sistema judicial, lo contrario se constituye en una dilación innecesaria e injustificada, opuesto al principio de celeridad procesal, según se razonó en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; máxime si la referida autoridad jurisdiccional, en audiencia de aplicación de medidas cautelares de 11 de mayo del mismo año, determinó señalar dicho acto procesal para el 12 de noviembre de 2022, en observancia de lo dispuesto por el art. 235 ter del Código Adjetivo Penal, que señala: “Si se resuelve la aplicación de la detención preventiva, la resolución deberá fijar con precisión su duración indicando la fecha exacta de su cumplimiento y el día y hora de audiencia pública para resolver la situación jurídica de la persona cautelada, quedando las partes notificadas al efecto, sin otra formalidad” (énfasis añadido). Más aún si se toma en cuenta que, el Juez demandado no presentó informe alguno y tampoco asistió a la audiencia de garantías, pese a su legal notificación, a efectos de aclarar los aspectos cuestionados y en su caso controvertir los hechos denunciados por los accionantes, teniéndose por probados los extremos los mismos, al tenor de lo previsto en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; puesto que, al tratarse de un funcionario judicial, en consideración de los principios que rigen la función judicial, así como la naturaleza de los derechos tutelados por esta acción de defensa, éste tenía la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia de garantías a fin de desvirtuar los hechos o actos alegados como lesivos a los derechos de los peticionantes de tutela, presumiéndose su veracidad; entendimiento que es aplicable al presente caso.

En ese marco, el actuar negligente de la referida autoridad judicial, permite colegir que la acusación no cuenta con radicatoria ante el Tribunal que le correspondía conocer la causa, habiendo transcurrido más de un mes desde la providencia de remisión del legajo (10 de noviembre de 2022), hasta la interposición de esta acción tutelar (13 de diciembre de igual año) -según denunciaron los prenombrados- al no existir evidencia de su radicatoria ante dicha instancia jurisdiccional; omisión que denota dilación injustificada, incumpliendo la obligación de imprimir celeridad en la definición de la situación jurídica de los impetrantes de tutela, vinculada con su derecho a la libertad; por lo que, corresponde conceder la tutela impetrada, al encontrarse la problemática planteada dentro de los alcances de la acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho, la misma que se constituye en el mecanismo procesal idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad, respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; vale decir, cuando existe demora o dilaciones injustificadas o indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad, según se tiene plasmado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 33/2022 de 14 de diciembre, cursante de fs. 21 vta. a 22 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia; 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, conforme a los fundamentos y razonamientos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo que el Juez demandado resuelva con celeridad la situación jurídica de los accionantes, en relación al cumplimiento del plazo de la detención preventiva, salvo que por el transcurso del tiempo ello ya hubiese ocurrido y merecido una resolución a cargo del Tribunal de Sentencia si fuere el caso, o modificada la misma por la naturaleza provisional y temporal de las medidas cautelares de carácter personal al que se hallaban sometidos los ahora peticionantes de tutela; y, 2° DENEGAR respecto a responsabilidad civil o penal y el pago de costas judiciales. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0516_2025-S3.pdf · páginas 1 a 12.

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