B.IA.LEGAL

SCP 0516/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 30 de mayo de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
30 de mayo de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
47550-2022-96-AAC
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la petición, a la inamovilidad y a la estabilidad laboral; toda vez que, la autoridad demandada sin causal o justificación legal alguna y, sin tomar en cuenta que gozaba del beneficio de inamovilidad laboral por ser progenitor de un niño menor a 1 año de edad, mediante Memorando Cite: 5592/2021 de 6 de septiembre, dispuso su retiro del cargo que desempeñaba como Técnico de Control de Puntos de Inspección Aduanera, en la Aduana Nacional Regional Tarija; razón por la cual y habiendo agotado la instancia administrativa, sin haber logrado que sus derechos sean restituidos, interpone la presente acción tutelar, pidiendo ser reincorporado a su fuente laboral, más el pago de sueldos devengados y demás derechos sociales hasta que se haga efectiva su reincorporación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se analizarán los siguientes temas: 1) Jurisprudencia respecto al principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional y su flexibilización; 2) Sobre la excepción al principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional respecto a los derechos a la inamovilidad y estabilidad laboral de padres progenitores; 3) La garantía de inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados; y, 4) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 50/2022 de 9 de mayo, cursante de fs. 57 a 59 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Tarija; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada; disponiendo el pago de sueldos devengados, desde la fecha de desvinculación laboral hasta el cumplimiento de un año de edad del hijo del accionante, más el pago de otros derechos sociales que le correspondan. De igual modo, el pago de las asignaciones familiares, por el tiempo que se le privó de dicho beneficio, conforme a la normativa de la materia; sea en el plazo de veinte días hábiles como máximo a partir de su notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y de acuerdo al desarrollo de los Fundamentos Jurídicos de este fallo constitucional.

2° DENEGAR la tutela impetrada respecto al derecho de petición.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Jurisprudencia respecto al principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional y su flexibilización
  2. III.2. Sobre la excepción al principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional respecto a los derechos a la inamovilidad y estabilidad laboral de padres progenitores
  3. III.3. La garantía de inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0516/2023-S1 Sucre, 30 de mayo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 47550-2022-96-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución 50/2022 de 9 de mayo, cursante de fs. 57 a 59 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional presentada por Walter Luis Salinas Salazar contra Karina Liliana Serrudo Miranda, Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 28 de abril de 2022, cursante de fs. 13 a 16 vta., el accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

A partir de marzo de 2021, asumió funciones como Técnico de Control de Puntos de Inspección Aduanera, en la Aduana Nacional Regional Tarija, cargo que cumplió de manera responsable y diligente, trabajando incluso hasta altas horas de la noche; sin embargo, de forma inesperada y sin causal alguna, incumpliendo la normativa contemplada en el Reglamento Interno de Personal de la Aduana Nacional en sus arts. 16 y 24, así como el art. 32 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal aprobada por Decreto Supremo (DS) 26115 de 16 de marzo de 2001, se le hizo entrega del Memorando de retiro Cite: 5592/2021 de 6 de septiembre, mediante el cual fue cesado en sus funciones. Por otra parte, señaló que era de conocimiento de la Aduana Nacional que al momento de su desvinculación era progenitor de AAA, nacido el 25 de junio de 2021, quien contaba con seis meses de edad, puesto que en diferentes oportunidades intentó optar por los beneficios sociales a favor del nombrado, extremo que le fue negado, ya que su esposa y madre de su hijo, lo aseguró en la Caja de Salud de Caminos, al ser servidora pública del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP); por lo que, ambos gozarían de inamovilidad laboral establecida en el art. 48.VI de la Constitución Política del Estado (CPE). En ese sentido, con la finalidad de establecer la existencia de terceras personas afectadas por su acción o con interés legítimo, solicitó a la Aduana Nacional para que se le informe al respecto, pero hasta la fecha de interposición de la presente acción de amparo constitucional no obtuvo respuesta alguna, habiendo transcurrido más de dos meses. Por lo expuesto, por memorial de 10 de septiembre de 2021, dirigida a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la Aduana Nacional solicitó la reincorporación a su cargo, mereciendo como respuesta la Nota AN-PREDC-C-2021/2426 de 13 de octubre de 2021, recibida el 27 de ese mes y año, a través de la cual se le negó su reincorporación, considerando que no existe otro mecanismo para poder evitar se consolide la vulneración de sus derechos.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El peticionante de tutela, considera como lesionados sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la petición, a la inamovilidad y a la estabilidad laboral, citando al efecto los arts. 24 y 115.II de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) Su reincorporación al cargo de Técnico de Control de Puntos de Inspección Aduanera, y se le cancelen todos los sueldos, salarios y beneficios correspondientes hasta la fecha de su reincorporación; y, b) Se conmine a la Aduana Nacional para que responda su solicitud.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 9 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 54 a 56 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante por intermedio de su abogado, ratificó in extenso los argumentos expresados en su memorial de acción de amparo constitucional y añadió que: 1) La autoridad demandada señaló en su informe que su persona se encontraba en calidad de servidor público provisorio; sin embargo, el art. 9 del Reglamento Interno de Personal de la Aduana Nacional, no hace tal diferenciación y denomina a todos como servidores públicos, sometidos al Estatuto del Funcionario Público (EFP) –Ley 2027 de 27 de octubre de 1999– y su “Decreto Modificatorio 26115”; motivo por el cual, la causal de su desvinculación debería adecuarse a las establecidas en el art. 24 del citado Reglamento; y, 2) Si bien es facultad de la autoridad ahora demandada el retirar a los servidores públicos, no obstante, dicho retiro debe adecuarse a las causales y procedimiento contenido en el art. 32 del citado Reglamento.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Karina Liliana Serrudo Miranda, Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional, a través de Carla Antonieta Vásquez Pareja y Juan Manuel Balcázar Ayala, mediante informe escrito presentado el 9 de mayo de 2022, cursante de fs. 48 a 53 vta., y en audiencia manifestó lo siguiente: i) El accionante ingresó de forma interina y provisional el 24 de marzo de 2021, su desvinculación fue dispuesta mediante Memorando Cite: 5592/2021, al amparo del carácter interino y provisional de su designación; ello, en conformidad con lo establecido en el art. 39 inc. d) de la Ley General de Aduanas (LGA); ii) Mediante Nota de 10 de septiembre de 2021, el peticionante solicitó ser reincorporado argumentando inamovilidad laboral por tener un hijo menor a un año, petición que fue respondida a través de la Nota AN-PREDC-C-2021/2426, refiriendo que la institución desconocía la inamovilidad que argüía y que por ende, se encontraba impedida de considerarla; iii) Dentro del presente caso, el accionante no cumplió el principio de inmediatez, dado que fue notificado con el Memorando de despido el 8 de septiembre del referido año y su acción de amparo constitucional fue interpuesta el “27” de abril de 2022, transcurriendo más de los seis meses que prevé la ley; y, iv) Se advierte que dentro del presente caso tampoco cumplió con el requisito de subsidiariedad, debido a que, contra la Nota AN-PREDC-C-2021/2426, emitida en respuesta a su solicitud, el impetrante de tutela no interpuso ningún recurso de impugnación.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

La representante del Ministerio Público, señaló que conforme al art. “29 inc. 8)” –no refiere de qué norma– no tiene ninguna observación.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Tarija, mediante Resolución 50/2022 de 9 de mayo, cursante de fs. 57 a 59 vta., denegó la tutela solicitada, sin ingresar al fondo de la problemática planteada; determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: a) De la prueba presentada por las partes, se tiene: el Memorando Cite: 5592/2021, un escrito recibido por la Aduana Nacional el 10 de septiembre de 2021, firmado por el ahora accionante; y la nota dirigida al precitado –AN-PREDC-C-2021/2426– de 13 de octubre de 2021, emitida por la Presidenta Ejecutiva de la Aduana Nacional, sin embargo, contra esta última nota no se activó ningún recurso impugnatorio como establece la norma aplicable al caso; b) También se advierte que el hecho vulnerador de derechos y garantías constitucionales que ahora reclama el impetrante de tutela, viene a ser el referido memorando de retiro; en ese sentido, considerando que la interposición de la presente acción de defensa data de 28 de abril de 2022, se tiene que transcurrió el plazo de más de seis meses previsto para presentar la misma; por lo que, la sanción ante el descuido y negligencia de la parte accionante implica el incumplimiento del principio de inmediatez, motivo por el cual no se puede ingresar a considerar el tema de fondo; y, c) En cuanto al derecho de petición, que el accionante considera vulnerado, señalando que no se le dio respuesta puntual a su memorial presentado el 10 de septiembre de ese año, debe entenderse que existe una respuesta formal, y si es que existía un vacío dentro de la respuesta dada, ello debió reclamarse en su oportunidad, pues también tenía a su alcance mecanismos para poder exigir reclamaciones, aclaraciones, pero no lo hizo; por tal razón tampoco se evidencia que este derecho haya sido vulnerado.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Memorando Cite: 5592/2021 de 6 de septiembre, dirigido a Walter Luis Salinas Salazar –ahora accionante–, Karina Liliana Serrudo Miranda, Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional –autoridad demandada–dispuso su retiro de esa institución, debido al carácter provisional de su cargo (fs. 1). II.2. Mediante memorial presentado el 10 de septiembre de 2021, el ahora solicitante de tutela, pidió a la autoridad demandada su reincorporación a su fuente laboral y puso a conocimiento que goza de inamovilidad laboral por ser progenitor de un menor de 1 año de edad (fs. 2 a 3 vta.). II.3. Cursa Nota AN-PREDC-C-2021/2426 de 13 de octubre de 2021, por la cual la autoridad ahora demandada, respondió negativamente el memorial precedentemente citado, siendo notificado con la misma el impetrante de tutela el 27 de igual mes y año (fs. 4 a 5). II.4. A través del Certificado de nacimiento 0186514 emitido el 6 de enero de 2022, se evidencia el nacimiento de AAA el 25 de junio de 2021, en el cual, el ahora accionante figura como padre y Claudia Bonillas, como madre (fs. 9). II.5. El 15 de febrero de 2022, el impetrante de tutela presentó memorial a la Jefa de Recursos Humanos (RR.HH.) de la Aduana Nacional Regional Tarija, solicitando información en cuanto a que, si el ítem que ocupaba fue dispuesto para otra persona, y de ser así se le proporcione el nombre de la misma (fs. 10).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la petición, a la inamovilidad y a la estabilidad laboral; toda vez que, la autoridad demandada sin causal o justificación legal alguna y, sin tomar en cuenta que gozaba del beneficio de inamovilidad laboral por ser progenitor de un niño menor a 1 año de edad, mediante Memorando Cite: 5592/2021 de 6 de septiembre, dispuso su retiro del cargo que desempeñaba como Técnico de Control de Puntos de Inspección Aduanera, en la Aduana Nacional Regional Tarija; razón por la cual y habiendo agotado la instancia administrativa, sin haber logrado que sus derechos sean restituidos, interpone la presente acción tutelar, pidiendo ser reincorporado a su fuente laboral, más el pago de sueldos devengados y demás derechos sociales hasta que se haga efectiva su reincorporación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se analizarán los siguientes temas: 1) Jurisprudencia respecto al principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional y su flexibilización; 2) Sobre la excepción al principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional respecto a los derechos a la inamovilidad y estabilidad laboral de padres progenitores; 3) La garantía de inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados; y, 4) Análisis del caso concreto.

III.1. Jurisprudencia respecto al principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional y su flexibilización

El Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la SCP 0537/2019-S2 de 15 de julio, estableció lo siguiente:

El plazo de caducidad de seis meses para la acción de amparo constitucional en mérito al principio de inmediatez, fue inicialmente establecido en el Auto Constitucional 112/99-R de 7 de septiembre de 1999[1], posteriormente, la SC 0544/2002-R de 13 de mayo2[2], precisó en seis meses el plazo de caducidad y para la formulación del entonces recurso de amparo constitucional y este criterio fue asumido de manera uniforme por las SSCC 0703/2002-R, 0720/2002-R, 0632/2003-R y 0560/2003-R, entre otras.

La jurisprudencia constitucional también estableció en la SC 1353/2003-R de 16 de septiembre[3], que el plazo de seis meses se interrumpe con la interposición de un recurso constitucional; luego, la SC 0814/2006-R de 21 de agosto[4], aclaró que el cómputo del plazo se suspende durante la interposición y tramitación del recurso constitucional y luego se reinicia a partir de la notificación con la resolución o sentencia constitucional. El art. 129.II de la CPE, con relación a la inmediatez establece que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”; asimismo, el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), refiere expresamente que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho”. Por otra parte, este Tribunal como máximo controlador de derechos fundamentales desarrolló supuestos en los cuales a la luz de los principios de favorabilidad y pro actione, entre otros, flexibilizó el plazo de caducidad, de la siguiente manera: i) La SC 0762/2003-R de 6 de junio[5], señaló que si bien el Tribunal Constitucional estableció un plazo de seis meses para la activación de este recurso, el mismo no es rígido ni cerrado, pues podrá flexibilizarse cuando se hubiese excedido en algunos días y la lesión del derecho fundamental sea evidente y de tal naturaleza que el órgano encargado del control de constitucionalidad no [3]El FJ III.1, establece: “Sobre la supuesta falta de inmediatez. El Tribunal ha establecido que el plazo máximo para interponer el recurso es de seis meses, salvo situaciones especiales que deben ser debidamente acreditadas. En el caso analizado, el plazo aludido fue interrumpido con la interposición, en fecha 7 de marzo de 2003, del recurso de amparo constitucional que mereció la SC 726/2003-R de 30 de mayo de 2003, habiendo presentado la presente acción, en fecha 7 de junio de 2003, es decir dentro del término anteriormente señalado”.

[4]El FJ III.5, dispone: "...resulta necesario establecer que el cómputo del plazo de los seis meses para interponer el recurso de amparo constitucional, se inicia desde ocurrido el acto ilegal vulneratorio de derechos, y si este permite impugnación se inicia el cómputo desde la última actuación efectuada en reponer el derecho vulnerado; empero, en los casos en que como el presente, se interpuso un recurso de amparo constitucional que culminó con una resolución constitucional que no ingresó al fondo; el plazo se suspende durante ese periodo; es decir, que el cómputo se corta con la interposición del recurso de amparo constitucional en este caso, y luego se reinicia o continúa el cómputo desde la notificación de la Resolución o Sentencia Constitucional que no ingresó al fondo, -como la presente Sentencia Constitucional”. [5]El FJ III.1, señala: “si bien es cierto que, a través de su jurisprudencia, este Tribunal ha establecido que el recurso de amparo constitucional, adoptado en Bolivia como una acción tutelar de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, tiene por naturaleza jurídica el de ser un recurso regido por los principios de subsidiariedad e inmediatez, debiendo en atención a este último principio, el recurrente solicitar su tutela en forma inmediata, es decir, una vez que se opere la vulneración del derecho y agote las vías legales ordinarias, a cuyo efecto se ha establecido como un plazo razonable el de seis meses para que la persona afectada presente el recurso; no es menos cierto que, la sub-regla fijada por el Tribunal no es rígida ni cerrada, pues podrá flexibilizarse cuando se hubiese excedido en algunos días y la lesión del derecho fundamental sea evidente y de tal naturaleza que el órgano encargado del control de constitucionalidad no puede ni debe permitir se consume. En el caso objeto del presente recurso, el último reclamo escrito formulado por la recurrente data del 22 de julio de 2002, lo que significa que al 8 de febrero, fecha en que presentó el amparo constitucional, han transcurrido 6 meses y 13 días, lo que, inicialmente, daría lugar a que se declare improcedente el recurso; empero, es importante considerar los siguientes elementos de juicio para no optar por esa vía; a) el exceso del tiempo es de apenas 13 días al plazo fijado en la jurisprudencia; b) la lesión denunciada es evidente, toda vez que los recurridos no han dado una respuesta debidamente motivada a la petición de la recurrente, no obstante que los reclamos fueron permanentes y, según la versión de la recurrente no desmentida por los recurridos, después de haber presentado su última nota el 22 de julio del 2002, siguió presentando su reclamación verbal al Concejo sin obtener una respuesta. En consecuencia, aplicando el principio de favorabilidad, este Tribunal ingresa a la consideración del fondo de la problemática planteada en el recurso”.

puede ni debe permitir se consume; ii) La SC 1353/2003-R de 16 de septiembre[6], estableció que en el marco del principio de inmediatez, el plazo es de seis meses para la interposición del recurso de amparo constitucional, salvo situaciones especiales que deben ser debidamente acreditadas; iii) La SC 0474/2004-R de 31 de marzo[7], estableció que el plazo de caducidad debe flexibilizarse en supuestos de demora atribuible a la parte demandada, tales como la falta de respuesta al petitorio que hace que el término de los seis meses establecido por la jurisprudencia no corra, ya que la negligencia no es atribuible al accionante sino al demandado, que no tomó en cuenta que por determinación de la citada norma fundamental, toda petición debe ser oportunamente atendida; iv) La SCP 0450/2012 de 29 de junio[8] señaló que cuando la notificación con el actuado judicial o administrativo se efectúa a última hora del día, el Tribunal Constitucional Plurinacional considera que el inicio del plazo para activar la acción de amparo constitucional, debe ser asumido desde el primer momento del día siguiente hábil; v) La SCP 0975/2012 de 22 de agosto[9], señaló que el término de seis meses establecido por el art.

[6]El FJ III.1.2, establece: “Sobre la supuesta falta de inmediatez. El Tribunal ha establecido que el plazo máximo para interponer el recurso es de seis meses, salvo situaciones especiales que deben ser debidamente acreditadas. En el caso analizado, el plazo aludido fue interrumpido con la interposición, en fecha 7 de marzo de 2003, del recurso de amparo constitucional que mereció la SC 726/2003-R de 30 de mayo de 2003, habiendo presentado la presente acción, en fecha 7 de junio de 2003, es decir dentro del término anteriormente señalado.”. [7]El FJ III.3, regula: “III.3. Por otra parte la autoridad recurrida al no haber dado una oportuna respuesta al memorial presentado por el recurrente en el que expuso los motivos y solicitó su reincorporación, infringió el derecho a la petición previsto en el art. 7 inc. k) de la CPE, pues el recurrente en espera de esa respuesta ha dejado transcurrir más de nueve meses para interponer el recurso de amparo, sin embargo, ello no determina que el término para interponer el recurso hubiese caducado, dado que la falta de respuesta al petitorio hace que el término de los seis meses establecido por nuestra jurisprudencia no corra, por lo que esa negligencia no es atribuible a la persona del recurrente sino al recurrido, que no tomó en cuenta que por determinación de la citada norma fundamental toda petición debe ser oportunamente atendida, por lo que no es evidente la falta de inmediatez en la presentación del recurso, por el contrario, es ineludible la protección oportuna y extraordinaria del mismo, toda vez que los derechos fundamentales vulnerados, son de tal magnitud que ponen en riesgo la vida del recurrente, caso contrario quedaría en total estado de indefensión, por lo que es necesario brindar la tutela inmediata del recurso de amparo constitucional, frente a la amenaza de un daño inminente e irreparable que pretende privarle de su derecho a la jubilación por los años trabajados.”. [8]El FJ III.2, señala: “Esta jurisdicción constitucional, en su función específica de proteger los derechos fundamentales de las personas, se encuentra impregnada de los principios informadores de la teoría de los derechos fundamentales, lo que implica, entre otros, aplicar los principios de prevalencia del derecho material o sustantivo sobre las formalidades, así como los de indubio pro homine, favorabilidad y pro actione; en virtud de los cuales, en casos de dudas respecto a la aplicación de una norma restrictiva de la acción tutelar, no se la debe obviar, dando preeminencia en todos los casos, al derecho sustantivo, es decir, a la acción y a la vigencia de los derechos fundamentales de las personas.

En caso de aplicar un razonamiento contrario en la especie, esto es, no tutelando el derecho de acceso a la justicia de la accionante, con el argumento que la notificación realizada a su persona debe computarse a partir de horas 18:00, en la práctica supondría consentir una indebida sustracción de derechos fundamentales, porque, como se explicó, la notificación efectuada a Milvia Gabriel Flores no se realizó en ese preciso momento, sino recién al día siguiente, por ello, la potestad de accionar el amparo constitucional se activó a partir del instante en que pudo materialmente asumir conocimiento efectivo de la Resolución que le causó agravio.

En consecuencia, en la especie, por las características de la acción y los argumentos explicados precedentemente, en cumplimiento del objeto y finalidad del citado mecanismo de defensa, como es la restitución o restablecimiento inmediato de los derechos fundamentales y garantías constitucionales conculcados, teniendo presente que además de los derechos demandados como vulnerados, se encuentran en juego varios otros que guardan estrecha relación, como son, el interés superior de la minoridad, la paternidad y la asistencia familiar; resulta por demás razonable iniciar el cómputo del plazo de caducidad a partir del 29 de septiembre de 2011; fecha en la que recién la ahora accionante pudo tener acceso real al tenor íntegro del “Auto de Vista REG/S.CII/ZGC/AINT.185/06.09.11” que supuestamente le causó agravio, por lo que la interposición de la presente acción se encuentra dentro del plazo de caducidad establecido por la Constitución Política del Estado, la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y la jurisprudencia, y determina la apertura de la vía constitucional a efectos del análisis de los presupuestos demandados. [9]El FJ III.2. puntualiza: “Entonces lo referido provoca que el término de seis meses referido por el art. 129.II de la CPE, se constituya en un parámetro objetivo de un plazo considerado por el legislador constituyente como razonable para interponer la demanda de amparo constitucional pero que en atención al valor justicia, el derecho de acceso a la justicia, el principio de igualdad 129.II de la CPE, se constituye en un parámetro objetivo de un plazo considerado por el legislador constituyente como razonable para interponer la demanda de amparo constitucional pero que en atención al valor justicia, el derecho de acceso a la justicia, el principio de igualdad que impele a otorgar un trato diferente a situaciones disímiles, la interpretación pro homine del texto constitucional, dicho plazo no puede ser automáticamente aplicable, sino debe ser lo suficientemente flexible para considerar las particularidades de cada caso concreto; vi) La SCP 1944/2013 de 4 de noviembre[10], respecto a la vulneraciones del derecho de jubilación que persiste en el tiempo estableció que en estos supuestos, deberá realizarse un análisis de los motivos de la demora y en cada caso deberá establecerse la existencia de desinterés, desidia, negligencia o indiferencia de los actores en cuanto al reclamo de sus derechos; o, si por el contrario, hubo un reclamo continuo de los derechos considerados como vulnerados, similares criterios fueron expresados en las SSCC 2695/2010-R y SCP 0055/2013; y, vii) El Auto Constitucional 0029/2012-RCA-SL de 17 de agosto[11], señaló que la presentación de la acción de amparo constitucional antes del vencimiento del plazo de seis meses, computable desde el conocimiento real del acto u omisión denunciado como lesivo a derechos fundamentales; inequívocamente constituye un requisito a ser verificado en la etapa de admisibilidad, cuyo cumplimiento es una causal reglada de improcedencia y debe ser observado en esta fase, salvo el supuesto en el cual, en esta etapa, ya sea ante instancias del juez o tribunal de garantías o en conocimiento de la causa por la Comisión de Admisión en fase de admisibilidad, se genera una duda razonable sobre una lesión manifiesta grosera a derechos fundamentes que en una análisis de fondo de la problemática, podría implicar la aplicación del principio de justicia material a la luz de la pauta de interpretación denominada pro actione, entendimiento que posteriormente fue asumido por la SCP 0030/2013.

III.2. Sobre la excepción al principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional respecto a los derechos a la inamovilidad y estabilidad laboral de padres progenitores

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0081/2018-S2 de 23 de marzo, reiterada por la SCP 0181/2019-S2 de 24 de abril, asumió el siguiente razonamiento:

Con relación a la garantía de inamovilidad laboral, la SC 505/00-R de 24 de mayo de 2000 constituye el antecedente de la línea jurisprudencial sobre la excepción al principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional, en los casos de despidos intempestivos de padres progenitores; en la cual, se estableció que la tutela de los derechos del trabajador y del ser en gestación, no pueden estar pendientes de otros recursos o vías administrativas; dicho entendimiento, fue confirmado por la SC 1749/2003-R de 1 de diciembre[13]; y posteriormente, por la SCP 0102/2012 de 23 de abril[14], reiterando que tratándose de resguardar y/o proteger derechos primarios de la mujer trabajadora embarazada y del ser en gestación, cuyo resguardo es urgente e inmediato ante el despido intempestivo de su fuente laboral, la activación de la acción de amparo constitucional no se sujeta al principio de subsidiariedad. Por su parte, la SCP 0735/2013 de 6 de junio[15], interpretando las normas reglamentarias dispuestas en el Artículo Único del DS 0496 de 1 de mayo de 2010, complementario del art. 6 del DS 0012 de 19 de febrero de 2009, estableció que dado que el art. 1 del DS 496, es una norma permisiva, si el trabajador así lo decide, puede prescindir del medio administrativo de acudir ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para pedir su reincorporación y acudir directamente a la acción de amparo constitucional.

[12] El Cuarto Considerando, señala: “…el derecho que se debe proteger no es solamente al trabajo, sino otros derechos primarios de la recurrente y el ser en gestación, los cuales necesitan protección urgente e inmediata, ya que el retiro intempestivo de la recurrente importa también la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez, resguarda y garantiza el derecho a la salud, derechos que con la medida adoptada ponen en riesgo el primer derecho, la vida, que no puede estar pendiente de otros recursos o vías administrativas que establece la Ley (…)”. [13] El FJ III.3, indica: “…en el momento de producirse la destitución, la agraviada era madre de un menor que aún no había cumplido un año de edad, por lo que de no brindarse la protección solicitada, aquel despido causaría efectos irreparables, no sólo a la recurrente, sino principalmente al mencionado menor, en cuyo mérito es preciso prescindir de la subsidiariedad que caracteriza al amparo; teniendo en cuenta que en situaciones análogas, este Tribunal en invariable jurisprudencia ha concedido la tutela que brinda el amparo constitucional (…)”. [14]El FJ III.2, refiere: “…en consecuencia, conforme a la Sentencia Constitucional citada, y teniendo en cuenta que el art. 15 de la CPE, establece que toda persona tiene derecho a la vida, siendo el mismo un derecho fundamental, en este caso de la mujer en gestación así como de la niña nacida, no correspondía denegar la tutela de la presente acción respecto al codemandado Luis Adolfo Flores Roberts, Gobernador del departamento de Pando por el principio de subsidiariedad, sino por el contrario ingresar al análisis del fondo respecto de la presente acción y determinar si la autoridad corecurrida también vulneró el derecho de la accionante”. [15]El FJ III.2, manifiesta que: “Lo que significa que vía construcción jurisprudencial este Tribunal Constitución Plurinacional ha establecido que la normativa reglamentaria contenida en Artículo Único del DS 496, es una norma permisiva, debido a que le otorga a la trabajadora o el trabajador sujeto de protección constitucional al tenor de lo dispuesto en el art. 48.VI de la CPE, la posibilidad por un lado de solicitar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social instruya su reincorporación, o de otro, si así lo decide, prescindir de este medio administrativo y acudir directamente al amparo constitucional, en aplicación correcta de la excepción al principio de subsidiariedad”.

En torno a la jurisprudencia constitucional relativa a la protección del derecho a la estabilidad laboral por vía de la acción de amparo constitucional, la SC 873/01-R de 20 de agosto de 2001[16] sentó la línea jurisprudencial de denegatoria de tutela de reincorporación laboral por vía constitucional, en caso de despidos, en mérito al principio de subsidiariedad; ya en vigencia del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, la SC 0274/2007-R de 17 de abril[17], refiriéndose a una conminatoria de reincorporación laboral, señaló que el amparo constitucional no era el mecanismo idóneo para exigir la ejecución de las resoluciones definitivas emergentes de los procedimientos administrativos, debiendo acudirse a la misma instancia que emitió la resolución; entendimiento reiterado por la SC 1613/2010–R de 15 de octubre[18]. Posteriormente, la SCP 0138/2012 de 4 de mayo[19] efectuó una mutación implícita, ya que concedió la tutela de reincorporación laboral dispuesta en la conminatoria laboral. Luego, la SCP 0177/2012 de 14 de mayo[20] moduló el entendimiento sobre la excepción del principio de subsidiariedad, en el caso que el [16]El Tercer Considerando, establece: “Que los hechos relacionados, deben ser adecuadamente compulsados dentro de la jurisdicción laboral no correspondiendo hacerlo dentro del presente Recurso, una vez que el Amparo Constitucional no sustituye a los medios ordinarios que la Ley reconoce para la defensa de los derechos”. [17]El FJ III.3, infiere: “De los fundamentos expuestos, se llega a la firme convicción de que, no siendo el recurso de amparo constitucional la vía idónea para exigir la ejecución de las resoluciones definitivas emergentes de los procedimientos administrativos, en el presente caso no se activa la protección que otorga, pues la recurrente no agotó la vía idónea para solicitar la ejecución de la Resolución de la Jefatura Departamental de Trabajo del Ministerio de Trabajo, dictada por el Jefe Departamental. En consecuencia, los hechos denunciados, no se adecuan a los presupuestos jurídicos previstos por los preceptos del art. 19 de la CPE para otorgar la tutela solicitada”. [18]El FJ III.4, refiere: “…conforme se ha señalado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo, el recurso de amparo constitucional no es la vía idónea para exigir la ejecución de las resoluciones definitivas emergentes de los procedimientos administrativos y judiciales, por lo cual en el presente caso no se activa la protección que otorga esta acción tutelar, pues el accionante no agotó la vía idónea para solicitar la ejecución de la resolución dictada por el Director Departamental de Trabajo”. [19] El FJ III.2, dispone: “De lo expuesto, se puede establecer que con la resolución de reincorporación por parte del Ministerio de trabajo se acaba con la vía administrativa, pudiendo acudir el trabajador ante la justicia ordinaria, siendo dicha opción optativa del trabajador antes de acudir a la vía constitucional, toda vez que, conforme la jurisprudencia constitucional, una vez agotada la vía administrativa, no se necesita agotar también la vía ordinaria, para acudir a la jurisdicción constitucional ya que la vía administrativa y la ordinaria son dos vías diferentes.

Ahora bien, si en materia laboral, es permitido a la trabajadora o al trabajador solicitar su reincorporación por la vía administrativa ante el Ministerio del ramo, y existiendo una resolución que ordena la reincorporación a la fuente laboral, debe estimarse la misma como el fin de la vía administrativa, y ante una negativa por parte del empleador, se abre la posibilidad de que el trabajador acuda a la vía ordinaria, o conforme jurisprudencia, acuda en acción de amparo constitucional para que se le restituyan sus derechos, sin tener que agotar la vía judicial con carácter previo, más aún cuando existen normas que así le faculta al trabajador, en este caso, los DDSS 28699 y 0495”. [20] El FJ III.3, señala: “1) En caso de que una trabajadora o un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo; entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo si corresponde la conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el empleador incumpla la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional, misma que resulta más idónea en estos casos por las razones antes expuestas.

2) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria, conforme previene el referido Decreto Supremo; vale decir interponiendo una acción laboral dentro los alcances establecidos por el art. 65 del Código Procesal del Trabajo (CPT), precepto que otorga la posibilidad al empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal justificada.

trabajador opte por la reincorporación, estableciendo los siguientes supuestos: a) Deberá denunciar este hecho ante las jefaturas departamentales de trabajo, entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010, emitiendo, si corresponde, la conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, y en caso que el empleador incumpla la referida conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional; b) La conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en los alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto, el empleador puede impugnar esta determinación en la justicia ordinaria, interponiendo la acción laboral, instancia en la que en definitiva, se establecerá si el despido fue o no justificado; y, c) En los casos en que el trabajador, fuera sometido a un proceso interno; dentro del cual, se determine su despido por una de las causales establecidas en los arts. 16 de la LGT y 9 de su Decreto Reglamentario, en su caso, por vulneración a su Reglamento Interno, el procedimiento previsto por el DS 0495 no será aplicable; debiendo la trabajadora o trabajador, que estime que su destitución fue ilegal o injustificada, incoar la correspondiente demanda de reincorporación ante la judicatura laboral; dicho entendimiento fue modulado implícitamente por la SCP 0735/2013[21], la que en razón a la protección de los derechos a la estabilidad e inamovilidad laboral reforzada de los padres, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad, interpretando las normas reglamentarias dispuestas en el Artículo Único del DS 0496 complementario del art. 6 del DS 0012, estableció que dado que el art. 1 del DS 0496 es una norma permisiva, si el trabajador así lo decide, puede prescindir del medio administrativo de acudir ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a pedir su reincorporación e interponer directamente la acción de amparo constitucional. A partir de lo señalado y efectuado el examen de la línea jurisprudencial, en cuanto a la abstracción del principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional, en los casos en que se denuncia vulneración a la inamovilidad y estabilidad laboral de madres gestantes y padres progenitores por efecto de despidos intempestivos, resulta aplicable el entendimiento contenido en la SCP 0735/2013, por cuanto permite un acceso directo a la justicia constitucional, para el restablecimiento inmediato de los derechos primarios vulnerados, al establecer que en mérito a la protección reforzada de la garantía de inamovilidad laboral y del derecho a la estabilidad laboral de padres progenitores hasta el año de edad del hijo o hija a través de la acción de amparo constitucional, no se encuentra sujeta al principio de subsidiariedad; por consiguiente, si el trabajador así lo decide, ante un despido intempestivo, puede prescindir de la vía administrativa y acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; razonamiento que será aplicado en el presente fallo.

III.3. La garantía de inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0862/2019-S2 de 25 de septiembre, reiterada por la SCP 0916/2019-S2 de 4 de octubre, asumió el siguiente razonamiento:

El periodo de embarazo y la maternidad son épocas de particular vulnerabilidad para la trabajadora y su familia. La mujer trabajadora embarazada requiere de protección jurídica para brindar al núcleo familiar condiciones de seguridad y los medios de subsistencia necesarios. La Constitución Política del Estado, reconoce y protege a las familias al tenerlas como el núcleo fundamental de la sociedad, que involucra prestaciones de tipo económico a favor de su desarrollo integral; asimismo, reconoce a cada integrante derechos, obligaciones y oportunidades en condiciones de igualdad (art. 62 de la CPE). Por otro lado, cabe mencionar, que la protección reforzada de la mujer embarazada y gestante, no es el trabajo simple y llano de la trabajadora como un medio de subsistencia para su familia, sino que adicionalmente la mujer embarazada y consecutivamente la madre en período de lactancia, requiere una protección especial y reforzada, con el fin de precautelar y evitar; por un lado, daños a su vida y salud, así como la integridad y el buen desarrollo del concebido, durante la gestación, el nacimiento y la lactancia, aspecto que da lugar a un amparo y trato diferencial justificado a la trabajadora embarazada durante la gestación y en periodos posteriores al parto, de manera que esta goce de garantías y niveles de salvaguarda mayores para hacer efectivo el derecho a la igualdad. En este sentido, el art. 45.V de la CPE, en general otorga una protección especial a la maternidad estableciendo que: “Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal”.

Entonces, a partir de obligaciones del estado contenidas en el referido art. 45.V de la CPE, la SCP 0076/2012 de 12 de abril[22], entendió que el Estado está obligado a resguardar que las etapas de gestación, periodo prenatal y posnatal se desarrollen en condiciones adecuadas; de tal forma que no afecten la salud física y emocional o psíquica de la madre y del recién nacido. En el mismo sentido, se encuentra la SC 1497/2011-R de 11 de octubre[23]. Lo que implica además la protección del ser en gestación; así en el contexto del art. 15 de la CPE, que reconoce los derechos a la vida y a la salud, el otrora Tribunal Constitucional a través de la SC 130/2005-R de 10 de febrero[24], hace referencia a la protección jurídica otorgada al que está por nacer, la cual se sustenta sobre el principio de que, las personas que no han nacido aún, por la simple calidad de ser humanos, tienen garantizada la protección de sus derechos fundamentales desde el momento mismo de la concepción. En esta línea, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 1277/2012 de 19 de septiembre, en el Fundamento III.8, estableció que la garantía de inamovilidad laboral:

…es una garantía constitucional creada con la finalidad de proteger una pluralidad de derechos fundamentales, pero el núcleo protectivo esencial es el bienestar de la madre gestante o el progenitor y los derechos del ser en concepción o de la niña o niño hasta un año de edad, en miras a que el periodo [22] El F.J. III.4, señala: “…durante la gestación, periodo prenatal y posnatal, son etapas en los que se presenta un alto grado de vulnerabilidad, colocándola en una situación de desventaja material, lo cual no puede concebirse teniendo en cuenta que bajo el nuevo modelo constitucional, se pretende la eficacia máxima de los derechos. En ese sentido, es preciso que dichas etapas se desarrollen en condiciones adecuadas de tal forma que no afecten la salud física y emocional o psíquica de la madre y del recién nacido”. [23]El F.J. III.4, refirió que: “De esta disposición constitucional, se desprende que la intención del Constituyente no fue únicamente proteger a la mujer en estado de gravidez, sino a la futura madre. Reconocimiento no sólo constitucional sino que se halla en innumerables tratados y convenios internacionales ratificados por Bolivia, que forman parte del bloque de constitucionalidad.

Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), en el art. 25, señala: ‘La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales’. Estableciendo por su parte, el art. 10.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, que: ‘Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto’.

La protección otorgada a este sector de la sociedad, cobra una importancia trascendental en cuanto involucra el derecho a la vida del nasciturus, que recibe amparo jurídico en nuestro ordenamiento. Por lo que, la madre en estado de embarazo recibe protección especial. Debiendo al efecto, brindarle toda la atención y cuidados necesarios que le permitan el desarrollo de un embarazo normal preservando la vida del futuro ser. En secuela, si la madre no recibiera un apoyo específico, su embarazo podría verse gravemente afectado, en inobservancia de la protección integral que la sociedad y el Estado están constreñidos a otorgarle. Los fundamentos constitucionales de la protección a la mujer embarazada deben materializarse y no ser simples enunciados que desconozcan sus derechos; estando por ende, el Estado a través de sus autoridades y la sociedad, en la obligación de brindar una garantía especial y efectiva de los derechos de la maternidad. En especial cuando su desconocimiento, compromete el mínimo vital de la futura madre, del feto o recién nacido”. [24] En el FJ III.1, señala: “En principio, corresponde señalar que en la Constitución Política del Estado, la protección a la vida del no nacido, encuentra sustento en los arts. 7 inc. a) y 193, pues es deber de las autoridades públicas, asegurar el derecho a la vida de “todas las personas”, y obviamente, al estar tutelada la maternidad, dicho amparo comprende la protección de la vida durante su proceso de formación y desarrollo, por ser condición para la viabilidad del nacimiento, que da origen a la existencia legal de las personas”. “En este sentido, cuando la Constitución, consagra el derecho a la vida de toda persona, protege a la mujer embarazada y garantiza la protección de los derechos de la infancia, no hace otra cosa que reiterar el principio de que las personas que no han nacido aún, por la simple calidad de ser humanos, tienen garantizada la protección de sus derechos fundamentales desde el momento mismo de la concepción. Así lo proclaman también diversos tratados internacionales, como en el art. 4 inc. 1) de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica”.

de gestación hasta que el nuevo ser cumpla un año se desarrolle con los mayores estándares de bienestar y en condiciones de dignidad protegiendo a la futuras generaciones y garantizando la dignidad de las mujeres gestantes y de los progenitores.

Entonces, la interpretación finalista de la norma constitucional contenida en el art. 48.VI de la CPE, como expresión normativa y axiológica de la igualdad en razón de sexo (art. 14.I de la CPE), que establece que: “Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad” (énfasis añadido), está en el reconocimiento de la garantía de la inmovilidad laboral tanto de mujeres gestantes o padre progenitor con hijos o hijas menores a un año, en razón a sus finalidades implícitas, cuales son la protección reforzada de los derechos a la seguridad social, a la salud del niño o niña o ser en gestación en el periodo desde su concepción hasta que cumple un año, finalidad que garantiza la Constitución Política del Estado, a través de otorgar inamovilidad del progenitor sin distinción de sexo, en un contexto de alto grado de mortalidad infantil, aspecto que a su vez provoca que toda decisión administrativa o judicial incluyendo a la justicia constitucional deba encontrarse regida y guiada por el interés superior del mismo. Otro elemento que involucra la protección y resguardo de estos derechos se vincula con la obligación del Estado en resguardo del derecho a la seguridad social y el derecho a la salud. El derecho a la seguridad social consagrado en el art. 45 de la CPE, incluye las contingencias de maternidad, paternidad y asignaciones familiares. Así, dicha norma sostiene que:

I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social. III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales. IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo. V. Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatales y posnatal. VI. Los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados.

En ese orden, referente al régimen de asignaciones familiares inherentes a la contingencia de la maternidad, la SC 0841/2006-R de 29 de agosto, que ha sido reiterada en numerosas Sentencias como la SCP 1006/2015-S2, entre otras, señala que, de acuerdo al Código de Seguridad Social, debe garantizarse que las y los trabajadores y sus beneficiarios tengan cubiertas las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez y muerte, así como de las asignaciones familiares, concluyendo dicha Sentencia en el Fundamento Jurídico III.3 que:

…todo trabajador del sector público o privado tiene derecho a contar con las prestaciones de corto plazo previstas por el Código de Seguridad Social; más aún en el caso de una mujer trabajadora embarazada, que cuenta con protección especial por la Constitución así como por las leyes en vigencia, en cuyo mérito, el empleador está obligado por ley a asegurarla en el ente gestor de salud que corresponda, así como cumplir con el régimen de asignaciones familiares referidas a la contingencia de la maternidad. Finalmente, en cuanto al alcance de la garantía de inamovilidad laboral, la jurisprudencia constitucional precisó que la protección que brinda la Constitución Política del Estado está orientada a proteger a las madres y padres progenitores, garantizándole su inamovilidad laboral, sea cual fuese la modalidad de trabajo o la calidad de servidora o servidor público hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad. Así efectuó pronunciamiento refiriéndose a las diferentes calidades de servidoras y servidores públicos, entre ellos, los de libre nombramiento, provisorios, así como los cargos electivos. La SCP 1417/2012 de 20 de septiembre[25] en el Fundamento Jurídico III.2, refiriéndose a los padres progenitores que tienen la calidad de servidoras y servidores públicos de libre nombramiento, determina que dicha garantía también les es aplicable señalando que:

…se establece que las servidoras públicas de libre nombramiento, que se encuentren en estado de embarazo o en su caso el servidor público de libre nombramiento, que sea progenitor, merecerá la protección del Estado, a través de todas sus instancias y órganos, reconociéndoles el derecho establecido en el art. 48.IV de la CPE[26].

[25]El FJ.III.2 expresa: “…se establece que las servidoras públicas de libre nombramiento, que se encuentren en estado de embarazo o en su caso el servidor público de libre nombramiento, que sea progenitor, merecerá la protección del Estado, a través de todas sus instancias y órganos, reconociéndoles el derecho establecido en el art. 48.IV de la CPE; sin embargo, dadas sus características especiales en las que se encuentran, como servidores públicos que no se encuentran en la carrera administrativa, deberá otorgarse la protección -en aplicación de lo dispuesto por el art. 48.IV de la CPE- permitiendo se mantengan desempeñando funciones en la misma institución en la que fueron agradecidas sus labores, hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad; empero, tomando en cuenta que al no gozar ya de la confianza de la autoridad que los eligió, deberán permanecer -excepcionalmente- en otro cargo similar o idéntico, con similar o idéntico sueldo y con reconocimiento pleno de sus derechos a la seguridad social, para que de esta manera cuenten con la certidumbre de que no se les retirará del cargo, por razón del embarazo y que se protegerá el derecho a la vida y salud de su hijo; ello en razón, a que al estar aquellos cargos a decisión y disposición de los electos o designados; y se hubiese perdido la confianza prestada en dicho personal, no podrá obligarse a dicha autoridad, a permanecer con aquel personal con el que ya no goza de aquella confianza".

[26]Cabe precisar que la SCP 1417/2012, cambió el entendimiento contenido en la SCP 1277/2012, que en su oportunidad estableció que la inamovilidad de la mujer embarazada y de la o el progenitor no podía ser aplicada a todos los funcionarios Por su parte, la SCP 0227/2013-L de 2 de abril[27], efectuó pronunciamiento con relación a las servidoras y servidores públicos provisorios, determinando que la condición de servidora o servidor público provisorio[28] no se encuentra fuera del marco de protección constitucional de inamovilidad funcionaria prevista en el art. 48.IV de la CPE, por cuanto si bien dichos funcionarios no gozan de las prerrogativas previstas para los funcionarios de carrera; sin embargo, la inamovilidad laboral que por mandato constitucional les asiste, responde a su condición de padres progenitores. Asimismo, en cuanto a los servidores con cargos electivos, la SCP 1277/2012[29] entiende que respecto de dichos cargos, no hay inamovilidad funcionaria, pero sí acceso al sistema de seguridad social, porque no resultaría razonable extender el periodo de mandato por el que fueron electos. Consecuentemente, la garantía de inamovilidad funcionaria de madre o padre progenitores, a partir de una interpretación desde y conforme a la Constitución Política del Estado, es una garantía normativo constitucional de carácter general y extensivo que no admite discriminación alguna, sea cual fuese la modalidad de trabajo, naturaleza del contrato o modalidad contractual, condición laboral o calidad de funcionario o trabajador hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad, salvo los supuestos de excepción establecidos por las disposiciones normativas y jurisprudenciales desarrolladas para el efecto.

III.4. Análisis del caso concreto

o funcionarias públicas, entre ellas, los funcionarios de libre nombramiento; entendimiento que en el marco de la jurisprudencia desarrollada, contenía un entendimiento restrictivo.

[27]El FJ.III.5. señala que “(…) al ser la protección que brinda el Estado, una respuesta a los derechos del binomio madre-hijo, su condición de servidora pública provisoria no se encuentra fuera del marco de dicho resguardo; es evidente que conforme al art. 71 del Estatuto del Funcionario Público (EFP), los funcionarios que no se encuentren comprendidos en la carrera administrativa, no gozan de los derechos a los que hace referencia el parágrafo II del art. 7 del referido Estatuto; sin embargo, la situación de la accionante, resulta ser diferente, por cuanto la inamovilidad laboral que por mandato constitucional le asiste, responde a su condición de madre en estado de gestación, situación que representa para el Estado de primordial protección.

[28]El art. 71 del EFP, que refiere: “(CONDICION DE FUNCIONARIO PROVISORIO). Los servidores públicos que actualmente desempeñen sus funciones en cargos correspondientes a la carrera administrativa y cuya situación no se encuentre comprendida en el artículo precedente, serán considerados funcionarios provisorios, que no gozarán de los derechos a los que hace referencia el Numeral II del Artículo 7° de la presente Ley. El Poder Ejecutivo programará, en el ámbito de su competencia, la sustitución gradual de los funcionarios provisorios por funcionarios de carrera, mediante la implementación de programas de desarrollo institucional”. [29]El FJ.III.8, expresa: La inamovilidad laboral es una garantía constitucional creada con la finalidad de proteger una pluralidad de derechos fundamentales, pero el núcleo protectivo esencial es el bienestar de la madre gestante o el progenitor y los derechos del ser en concepción o de la niña o niño hasta un año de edad, en miras, a que el periodo de gestación hasta que el nuevo ser cumpla un año se desarrolle con los mayores estándares de bienestar y en condiciones de dignidad protegiendo a la futuras generaciones y garantizando la dignidad de las mujeres gestantes y de los progenitores. Sin embargo, al considerar esa garantía, se tiene que la inamovilidad no puede ser aplicada en todos los casos, ya que como se desarrolló anteriormente no todas las funciones públicas son iguales y algunas contienen ciertas características concretas. Es por ello que en los casos en los que se aplique la garantía de inamovilidad laboral podrían ser desvirtuadas las antedichas funciones públicas; así, a modo de ejemplo, se puede afirmar que no resultaría razonable que un Alcalde o un Ministro de Estado pretendan justificar su permanencia en mérito a la garantía de inamovilidad pretendiendo una extensión de mandato, no obstante de ello el Estado debe evitar dejarlos en desprotección por su condición de progenitores a través de los sistemas de seguridad social, pero no mediante la inamovilidad laboral”.

El impetrante de tutela, acusa la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la petición, a la inamovilidad y a la estabilidad laboral; debido a que, sin causal alguna ni haber considerado que gozaba del beneficio de inamovilidad laboral por ser progenitor de un niño menor a un año de edad, la Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional, a través del Memorando Cite: 5592/2021 de 6 de septiembre, dispuso su retiro del cargo que desempeñaba como Técnico de Control de Puntos de Inspección Aduanera, en la Aduana Nacional Regional Tarija; y, habiendo agotado la instancia administrativa sin ser reincorporado laboralmente, acude a la jurisdicción constitucional a fin que se restablezcan sus derechos y sea reincorporado a su fuente laboral, procediéndose al pago de sueldos devengados y demás derechos sociales que le corresponden por ley. De la revisión de los antecedentes del caso, se tiene que por Memorando Cite: 5592/2021, emitido por Karina Liliana Serrudo Miranda, Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional –autoridad demandada–, se dispuso el retiro del cargo de Técnico de Control de Puntos de Inspección Aduanera, en la Aduana Nacional Regional Tarija de Walter Luis Salinas Salazar –ahora accionante– (Conclusión II.1). En ese sentido, mediante memorial presentado el 10 de septiembre de 2021, el prenombrado, solicitó ante la autoridad demandada su reincorporación a su fuente laboral y puso a conocimiento que goza de inamovilidad laboral por ser progenitor de un niño menor de 1 año de edad (Conclusión II.2); mereciendo la Nota AN-PREDC-C-2021/2426 de 13 de octubre de 2021, por la que la autoridad demandada, respondió negativamente el memorial precedentemente citado, siendo el impetrante de tutela notificado con la misma el 27 de igual mes y año (Conclusión II.3). Por otro lado, del Certificado de nacimiento 0186514 emitido el 6 de enero de 2022, se evidencia el nacimiento de AAA el 25 de junio de 2021, figurando como padre el ahora accionante y como madre, Claudia Bonillas (Conclusión II.4).

Finalmente, el 15 de febrero de 2022, el ahora impetrante de tutela presentó memorial ante la Jefa de RR.HH. de la Aduana Nacional Regional Tarija, solicitando información respecto a que si el ítem que ocupaba fue dispuesto para otra persona, y de ser así se le proporcione el nombre de la misma (Conclusión II.5).

Ahora bien, con carácter previo a ingresar al análisis de fondo de la problemática jurídica planteada, tomando en cuenta lo referido por la autoridad demandada y lo resuelto por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Tarija, resulta menester verificar si el principio de inmediatez fue cumplido por la parte accionante, entendiendo al mismo como al término de tiempo razonable entre la vulneración del derecho y la interposición de la presente acción tutelar, término que en nuestra legislación está establecido en el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo) que a la letra dice: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho”; sin embargo, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, dicho plazo será flexibilizado cuando se hubiese excedido en algunos días y la lesión del derecho fundamental sea evidente y de tal naturaleza que este Tribunal Constitucional Plurinacional no pueda pasarlo por alto. En ese sentido, se tiene que en el caso de autos, se notificó al accionante el 27 de octubre de 2021, con la respuesta negativa a su memorial de 10 de septiembre de igual año, mediante el cual solicitó a la autoridad denunciada su reincorporación haciendo constar que al momento de su retiro, tenía un hijo recién nacido; constando de antecedentes que acudió a la jurisdicción constitucional mediante la acción de amparo constitucional que nos ocupa el 28 de abril de 2022; es decir, un día después del plazo citado precedentemente; por lo que, considerando los antecedentes mencionados, aplicando el principio pro homine que implica una interpretación jurídica que importa el mayor beneficio para el ser humano y el principio favor debilis, teniendo en cuenta que la problemática recae en un derecho emergente del nacimiento de un menor, corresponde se ingrese al análisis de fondo del asunto planteado. De igual manera, previamente corresponde referirse a la concurrencia de la subsidiariedad acusada por la parte demandada y considerado por la Sala Constitucional que emitió la Resolución objeto de revisión; al respecto la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, en relación a mujeres embarazadas y padres progenitores con niños menores a un año señaló que no es necesario que se agote ninguna vía judicial o administrativa ante un despido de mujer embarazada o progenitor, bajo la protección de la garantía de inamovilidad hasta el año de nacimiento de la hija o hijo, sino que puede interponer directamente la acción de amparo constitucional en procura de hacer valer sus derechos y garantías; por lo que, el ahora impetrante de tutela al activar directamente la acción de amparo constitucional, sin haber interpuesto algún recurso de impugnación respecto a la Nota AN-PREDC-C-2021/2426, emitida en respuesta a su solicitud de reincorporación, actuó conforme a derecho, aspecto que a su vez permite ingresar al análisis de fondo de la problemática. En ese marco, de la revisión del Memorando Cite: 5592/2021, de retiro del accionante, se advierte que el precitado tenía el carácter provisional o de libre nombramiento en su designación como Técnico de Control de Puntos de Inspección Aduanera, respecto a los cuales la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, estableció que sea cual fuese la modalidad de trabajo o la calidad de servidora o servidor público, entre los que se encuentran los de libre nombramiento, provisorios, y los de cargos electivos, debiéndose entender a la inamovilidad laboral como “estabilidad laboral” hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo, que –a diferencia de la inamovilidad– implica la posibilidad que pueden ser movidos o reincorporados a otro cargo sin que se afecte su nivel salarial; al efecto señala que se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en etapa de gestación y de los progenitores desde la concepción de la niña o niño hasta que el mismo cumpla un año de edad. Bajo ese contexto, de la revisión de antecedentes se establece que la autoridad demandada, en su condición de Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional retiró al ahora accionante de fuente laboral, y ante la solicitud de reincorporación no tomó en cuenta que era padre progenitor de un niño menor a un año de edad; toda vez que, en el Certificado de nacimiento 0186514 emitido el 6 de enero de 2022, consta el nacimiento de AAA el 25 de junio de 2021, teniendo al accionante como padre y a Claudia Bonillas como madre; por lo que, realizando el correspondiente cálculo se tiene que a la fecha del despido del impetrante de tutela su hijo tenía aproximadamente dos meses y doce días de nacido, y en mérito al art. 48.IV de la CPE y la referida jurisprudencia, gozaba del referido derecho por ser padre progenitor de un niño menor de 1 año de edad; consiguientemente, ante la solicitud de reincorporación a su fuente de trabajo conocida el 10 de septiembre de igual año, correspondía a la autoridad demandada atender la misma en resguardo del recién nacido; sin embargo, no lo hizo, al contrario, señaló que el peticionante de tutela durante el tiempo de permanencia en sus funciones no puso en conocimiento de la Aduana Nacional su condición de padre progenitor de un hijo menor a 1 año; apartándose de esa manera de la línea jurisprudencial, por cuanto los derechos del niño, de la madre y el progenitor de un niño menor a un año, conforme la aludida jurisprudencia, están protegidos desde su concepción hasta que el menor cumpla 1 año de edad, debiéndose considerar que la obligación que tiene el trabajador (a) de poner a conocimiento del empleador respecto al estado de gestación o nacimiento de hijo (a) del que emerge el beneficio de inamovilidad, fue superada por ser un mero formalismo que a la postre no impedirá que el beneficiario (a) acceda a dicho beneficio; consecuentemente, corresponde conceder la tutela solicitada, ante la evidente vulneración del derecho a la inamovilidad laboral. Corresponde señalar que, en mérito al tiempo pasado desde la emisión de la Resolución de la Sala Constitucional y la revisión de ésta por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, se advierte que dentro del presente caso no es posible determinar la reincorporación del accionante a su fuente laboral, ya que el niño tiene más de un año de edad; por lo que, corresponde solo disponer el pago de sueldos desde el momento del despido hasta la fecha de cumplimiento del año del hijo menor de edad del accionante. Finalmente, respecto al derecho de petición, considerando que el accionante denuncia mediante la presente acción de amparo constitucional que no recibió respuesta al memorial presentado el 15 de febrero de 2022, dirigido a la Jefa de RR.HH. de la Aduana Nacional Regional Tarija, solicitando información en cuanto a que si el ítem que ocupaba fue dispuesto para otra persona, y de ser así se le proporcione el nombre de la misma; empero, resulta que esta acción de defensa fue planteada únicamente contra Karina Liliana Serrudo Miranda, Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional, quien -en esta denuncia- no tiene la legitimación pasiva correspondiente, la cual se entiende como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la vulneración de los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción (SSCC 691/01-R de 9 de julio de 2001 y 0192/2010-R de 24 de mayo, entre otras); por lo que, no se puede considerar dicha problemática, correspondiendo denegar la tutela solicitada al respecto. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, efectuó una revisión parcialmente correcta de los antecedentes del proceso.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 50/2022 de 9 de mayo, cursante de fs. 57 a 59 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Tarija; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada; disponiendo el pago de sueldos devengados, desde la fecha de desvinculación laboral hasta el cumplimiento de un año de edad del hijo del accionante, más el pago de otros derechos sociales que le correspondan. De igual modo, el pago de las asignaciones familiares, por el tiempo que se le privó de dicho beneficio, conforme a la normativa de la materia; sea en el plazo de veinte días hábiles como máximo a partir de su notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y de acuerdo al desarrollo de los Fundamentos Jurídicos de este fallo constitucional.

2° DENEGAR la tutela impetrada respecto al derecho de petición. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

[1]El Considerando Segundo, numeral cuarto, indica: “Que, la censura y destitución del recurrente se ha producido en fecha 4 de junio de 1998 a través de la Resolución Municipal No. 019/98, pretendiendo dejarla sin efecto a través de este recurso de amparo constitucional presentado recién en fecha 26 de marzo de 1999, habiendo dejado transcurrir 9 meses y 22 días, al margen de los cinco meses que ha durado su tramitación, por lo que el presente recurso no cumple con uno de los requisitos fundamentales que son inherentes a su naturaleza y procedencia que es la inmediatez, lo que hace presumir la existencia de libre y expreso consentimiento, resultando improcedente el recurso de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 96 inc. 2) de la Ley del Tribunal Constitucional”. [2]El Considerando Cuarto, señala que: “En el caso que se examina, el Amparo ha sido demandado después de más de seis meses de haberse emitido la Resolución que se impugna - referida al rechazo del recurso de apelación formulado contra el rechazo del incidente de nulidad de remate- desnaturalizando así la esencia de este Recurso, porque uno de los elementos primordiales que lo caracterizan y son inherentes a su fundamento mismo, es precisamente la inmediatez de la protección jurídica que se pretende; sin embargo, el demandante ha cumplido con este requisito de buscar la protección jurídica inmediata, inviabilizando, por extemporánea, la aplicación de la garantía prevista en el art. 19 de la Constitución Política del Estado”.

que impele a otorgar un trato diferente a situaciones disímiles, la interpretación pro homine del texto constitucional dicha consideración no puede ser automática sino lo suficientemente flexible para considerar las particularidades de cada caso en concreto.” [10]El FJ III.2, señala: “Comprobándose que en el caso de autos, es posible efectuar dicha excepción en cuanto al petitorio solicitado, por la naturaleza de los derechos invocados y no existiendo motivo alguno para no ingresar al análisis de fondo de esta acción de defensa conforme a lo expuesto en el presente Fundamento Jurídico, corresponde referirse en los siguientes, al problema jurídico central denunciado por el accionante.”. [11]El FJ III.2, señala: “En el contexto expuesto, la presentación de la acción de amparo constitucional antes del vencimiento del plazo de seis meses, computable desde el conocimiento real del acto u omisión denunciado como lesivo a derechos fundamentales, inequívocamente constituye un requisito a ser verificado en la etapa de admisibilidad, cuyo incumplimiento constituye una causal reglada de improcedencia, por lo que la observancia del principio de inmediatez vinculado con el plazo de caducidad de la acción de amparo constitucional, debe ser resguardada en etapa de admisibilidad como regla general aplicable a todos los casos, salvo el supuesto en el cual, en esta etapa, ya sea ante instancias del juez o tribunal de garantías o en conocimiento de la causa por la Comisión de Admisión en fase de admisibilidad, se genere una duda razonable sobre una lesión manifiesta y “grosera” a derechos fundamentales que en un análisis de fondo de la problemática, podría implicar la aplicación del principio de justicia material a la luz de la pauta de interpretación denominada pro-actione.”

3 ) En aquellos casos en que la trabajadora o trabajador, fuera sometido a un proceso interno dentro el cual se determine su despido por una de las causales establecidas en el art. 16 de la LGT y art. 9 del DR, en su caso por vulneración a su Reglamento Interno, el procedimiento previsto por el DS 0495, no será aplicable; debiendo la trabajadora o trabajador, que estime que su destitución fue ilegal o injustificada, incoar la correspondiente demanda de reincorporación ante la judicatura laboral”. [21]El FJ III.2, indica: “Lo que significa que vía construcción jurisprudencial este Tribunal Constitución Plurinacional ha establecido que la normativa reglamentaria contenida en Artículo Único del DS 496, es una norma permisiva, debido a que le otorga a la trabajadora o el trabajador sujeto de protección constitucional al tenor de lo dispuesto en el art. 48.VI de la CPE, la posibilidad por un lado de solicitar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social instruya su reincorporación, o de otro, si así lo decide, prescindir de este medio administrativo y acudir directamente al amparo constitucional, en aplicación correcta de la excepción al principio de subsidiariedad”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0516_2023-S1.pdf · páginas 1 a 21.

Huella digital del PDF (SHA-256): 14ff036460cd8bec11198cb2b1d15e3cb12e4acf5e063df001786bc5e324316e

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