Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 6 de junio de 2025
Concede en parte la tutela
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y a la impugnación, debido a que el Vocal demandado, a través del Auto de Vista de 5 de diciembre de 2025, dictado en audiencia de consideración del recurso de apelación incidental interpuesto contra la ampliación de su detención preventiva, dio por desistido dicho recurso, apoyado en la manifestación de los mismos de estar de acuerdo con dicho desistimiento y en la ausencia injustificada de su abogado a la referida audiencia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 085/2022 de 6 de diciembre, cursante de fs. 82 vta. a 88 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos de este fallo constitucional, por encontrar vulnerados los derechos a la impugnación y libertad de los accionantes, en consecuencia se dispone dejar sin efecto la audiencia del 5 de diciembre de 2022, así como el Auto de Vista allí emitido y que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí señale nueva fecha y hora de audiencia de consideración de recurso de apelación incidental presentado por los accionantes para que tenga lugar la misma en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas de conocer este fallo y desarrollarla de acuerdo a derecho, siempre y cuando no se hubiere definido la situación jurídica de los solicitantes de tutela. 2º DENEGAR la tutela en cuanto a la petición de disponerse la libertad de los accionantes.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0515/2025-S3 Sucre, 6 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 52572-2023-106-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 085/2022 de 6 de diciembre, cursante de fs. 82 vta. a 88 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Esteban Chillaje Mamani, Eric Mitma Chillaje, Pedro Ignacio Javier y Ramiro Ticona Ríos contra Jaime Vladimir Jiménez Vidaurre, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.
Por memorial presentado el 5 de diciembre de 2022, cursante de fs. 66 a 68, los accionantes, expresaron que:
En la localidad de Porco, el 21 de febrero de 2022, se suscitó un hecho de aparente robo de minerales; sin embargo falleció un funcionario policial; merced a ese hecho, se instauró un proceso investigativo donde se los arrestó por la presunta comisión de los delitos de asesinato, lesiones graves y leves con ampliación por el delito de robo de armamento y munición de uso militar y policial, seguido por el Ministerio Público ante el “…Juzgado de Instrucción Cautelar con lo Penal “de la ciudad de Potosí…” (sic), donde se determinó en audiencia la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, recurrida que fue por el Ministerio Público y la parte civil, se remitió en grado de apelación a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, habiéndose señalado audiencia para el 4 de marzo de 2022, en la que se emitió el Auto de Vista que revocó la determinación del Juez a quo y se ordenó su detención preventiva por cuatro meses. En dicho Auto de Vista también se programó audiencia de control de la detención preventiva para el 4 de julio de ese año; el 7 del mismo mes y año, se llevó a cabo dicha audiencia, pero a solicitud del Ministerio Público de ampliación del tiempo de la detención preventiva por cuarenta y cinco días con el fin de realizar las pericias de georreferenciación, inspección y obtención de pruebas bajo cuyas condiciones, el Juez a quo dio curso a dicha petición y señaló audiencia de control de situación jurídica para el 19 de agosto de 2022. Esta última fecha, el Ministerio Público solicitó ampliación de la imputación por la supuesta comisión del delito de robo de armas argumentando además que faltaba efectuar una pericia informática de los celulares, pero no indicó por qué no se realizó la misma, ya que los celulares se encontrarían bajo su resguardo desde el 22 de febrero de 2022, también refirió que el asunto era complejo, pero no explicó dónde radicó dicha complejidad, por lo que volvió a solicitar ampliación del plazo de la detención preventiva por tres meses más. El 19 de noviembre de 2022, se llevó a cabo la nueva audiencia de ampliación de detención preventiva, en la que se manifestó que aun debían realizarse nuevas diligencias y sin fundamento alguno se procedió a conceder dicha ampliación por dos meses más, es decir, hasta el “…19 de enero de 2022…” (sic), extremo que definitivamente fue recurrido de acuerdo al art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP). El 25 de noviembre de ese año, se señaló audiencia para el 5 de diciembre de dicho año a horas 09:00 por el Vocal ahora demandado, quien, al promediar la referida hora, instaló la audiencia de forma virtual y advirtió su presencia ya que se encontraban detenidos en el Centro Penitenciario Cantumarca Santo Domingo de Potosí y su conexión fue vía internet. Asimismo, advirtió que no se encontraba conectado el abogado defensor Jhonny Alex Urzagaste, por estar en audiencia desde horas 8:30 en la misma Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí y decidió declarar inadmisible su recurso de apelación y finalmente, la rechazó. De esa forma se restringió su derecho a la impugnación de resoluciones judiciales y a la libertad, pues el Vocal demandado debió designar un abogado del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) para tramitar y resolverse su recurso de apelación; por ello, se evidencia una indebida determinación que coarta el derecho a la consideración de su situación jurídico procesal, a través de su recurso de apelación interpuesto contra el plazo de su detención preventiva, constituyendo una decisión arbitraria al no considerar el mencionado recurso.
Denunciaron la lesión de sus derechos a la impugnación y a la libertad, a cuyo efecto citaron los arts. 23 y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitaron se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) La nulidad del Auto de Vista de 5 de diciembre de 2022, b) La tramitación del recurso de apelación programada para esa fecha; y, c) Su libertad por estar ilegalmente “detenidos”.
Celebrada la audiencia pública el 6 de diciembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 78 a 82, se produjeron los siguientes actuados:
Esteban Chillaje Mamani a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolos manifestó que: 1) El art. 9 del CPP, es concreto cuando indica que toda persona que se encuentra procesada penalmente desde el principio hasta el final, debe tener la asistencia técnica correspondiente, aspecto que no puede soslayarse y menos por “Vocales de Sala”, dicha norma prevé que todos tienen derecho a la asistencia y defensa técnica de un abogado desde el primer acto del proceso hasta la ejecución de una sentencia, ya sea por un abogado particular o del SEPDEP; 2) En el proceso penal origen de esta acción de tutela, constatada su presencia, el Vocal demandado debió indagar sobre la ausencia de su abogado y asignarles otro, “…decir que se está saliendo de vacaciones no resulta ser excusa para que el recurrido (…) incumpla con este deber formal…”(sic) que refiere el precitado artículo; 3) Cualquier recurso interpuesto podrá ser desistido, debiendo ser informado a quien desiste de las consecuencias de ello y expresar de viva voz ese extremo, pero a través de una defensa técnica; entonces, de la lectura del informe del Vocal demandado, se evidencia que éste no les advirtió de las referidas consecuencias; por ello, se ha dado lugar a una restricción del derecho a la libertad, pues no se les permitió tener una defensa técnica para que se trate el plazo de la detención preventiva, pues el 18 de noviembre de 2022, se dispuso una ampliación de sesenta días, es decir, hasta el 18 de enero del 2023; 4) Presentó la certificación correspondiente de que el abogado Jhonny Alex Urzagaste, se encontraba a horas 8:30 en la misma Sala Penal Segunda del referido Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; 5) Se apeló porque una tercera ampliación de su detención preventiva era injustificada, lo que merecía el control jurisdiccional del Tribunal de segunda instancia, por lo que, no haber resuelto al respecto ni haberles permitido asumir defensa con otro profesional abogado, restringe el derecho a la libertad; y, 6) En el presente caso, se ha limitado dicho derecho con el pretexto de que existiera una renuncia a la apelación planteada, situación a la que se dio curso, pero sin la intervención de una defensa técnica. Eric Mitma Chillaje, Pedro Ignacio Javier y Ramiro Ticona Ríos, se incorporaron a la audiencia de garantías en pleno desarrollo de la misma y el segundo de ellos señaló: El Vocal demandado determinó que dada la ausencia de su abogado y la imposibilidad de notificar a un defensor del SEPDEP, tenían derecho a desistir de la apelación, esa palabra significa suspender o posponer, pero desconocen mayores incidencias de ello.
Jaime Vladimir Jiménez Vidaurre, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, a través de informe escrito presentado el 6 de diciembre de 2022, cursante de fs. 76 a 77 vta., solicitó que se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos: i) El 5 de diciembre de 2022 a horas 9:00, se instaló la audiencia de consideración del recurso apelación interpuesto contra la ampliación de detención preventiva de los solicitantes de tutela, y la Secretaria de la indicada Sala informó que los cuatro hoy accionantes se encontraban conectados a la referida audiencia, encontrándose ausente su abogado, Jhonny Alex Urzagaste y también las víctimas; ii) Con carácter previo se dio la palabra a los nombrados a efectos de que justifiquen la inasistencia de su abogado defensor, quienes se encontraban extrañados por esa situación; ante esa circunstancia, se informó que se encontraban en vísperas de la vacación judicial colectiva y esa audiencia no podría ser diferida para otra fecha. En ese antecedente los peticionantes de tutela desistieron expresamente del recurso planteado, atribuyendo esa circunstancia a su abogado defensor, tal cual consta en el acta de dicha fecha; esa decisión se puso en conocimiento del Fiscal de Materia, quien solicitó que se dé por desistido el recurso de la apelación incidental; consiguientemente, emitió el “Auto de Vista” ahora cuestionado haciendo referencia a que el abogado de la defensa no se hizo presente y que tampoco justificó su inasistencia, que esa eventualidad generó que los peticionantes de tutela hayan desistido expresamente de su recurso y se hizo conocer que por el principio dispositivo podían desistir de dicho recurso, como lo prevé el art. 396.2 del CPP y en esa consecuencia se aceptó el desistimiento efectuado por los precitados y se declaró inadmisible su apelación; dicha inadmisibilidad impide un pronunciamiento de fondo, en tanto que el rechazo se refiere a que el Tribunal hubiera considerado el fondo del recurso planteado; iii) Con relación a la restricción del derecho a la impugnación previsto en el art. 180.II de la CPE, se advierte que este ha sido garantizado plenamente desde su planteamiento, el sorteo informático, la asignación a la Sala de turno y el consiguiente señalamiento de audiencia dentro del plazo legal; iv) En cuanto a la restricción del derecho a la libertad de los ahora accionantes, por no haberse designado a un abogado del SEPDEP, cabe aclarar que los referidos nunca solicitaron la suspensión de la audiencia respectiva, sino que desistieron expresamente de su recurso; v) Los accionantes no tomaron en cuenta en esta acción tutelar, que están plenamente vigentes los requisitos que hacen a la medida cautelar dispuesta en su contra; y, vi) Este recurso extraordinario no puede suplir la irresponsabilidad de los profesionales que tienen a su cargo la defensa técnica de las personas que confiaron en su legal patrocinio.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Resolución 085/2022 de 6 de diciembre, cursante de fs. 82 vta. a 88 vta., concedió la tutela solicitada y en ese orden, dejó sin efecto la audiencia de 5 de diciembre de 2022, llevada a cabo por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, debiendo dictarse una nueva resolución dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, con habilitación de días y horas inhábiles e ingresar al fondo del recurso de apelación incidental planteado por los ahora accionantes asimismo, declaró; no ha lugar disponerse la libertad de los impetrantes de tutela, por no corresponder a dicha Sala pronunciarse al respecto, todo ello, con base en los siguientes fundamentos: a) El Vocal demandado pretendió aplicar el art. 8 del CPP en la audiencia de 5 de diciembre de 2022, pero no hizo conocer a los imputados cuál era el significado del desistimiento; b) El Vocal demandado no analizó que los accionantes no tenían el conocimiento de un abogado con relación al alcance del desistimiento del recurso de apelación; c) En aplicación del art. 113 del CPP, que se refiere a cómo se deben llevar a cabo las audiencias, lo que correspondía es que el Vocal demandado nombre un abogado de oficio o suspender la audiencia de consideración del recurso de apelación; sin embargo, procedió a consultar a los accionantes si iban a desistir de su pretensión; sin embargo, estaba claro el interés de los imputados hoy solicitantes de tutela en su recurso de apelación, ya que estaban presentes en la audiencia virtual instalada a ese fin; además, la presencia de un abogado defensor es necesario para no provocar un vicio de nulidad, pues ello se constituiría en un defecto absoluto, al tenor del art. 169.2 del Código Adjetivo Penal; d) El Juzgador que no está dispuesto a suspender la audiencia y “…reconoce la urgencia de resolver la apelación mínimamente…” (sic) debe consultar al recurrente los motivos de la apelación para que ejerza su derecho a la defensa material y pueda fundamentar el recurso planteado aun sea en simples palabras y lo que pasó en la audiencia de 5 de diciembre de 2022, fue que en ningún momento el Vocal demandado consultó a la parte imputada si podían expresar los agravios que permitan resolver la correspondiente apelación, sino que por el contrario se los indujo a responder si desistían de su recurso, sin consultar el alcance de ello; y, e) Se vulneró el derecho a la impugnación, porque la autoridad demandada no permitió que se lleve a cabo la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental en mérito a que no hubiese realizado en dicha audiencia una designación de un abogado de oficio o del SEPDEP defensa pública, pues si bien se les hizo ejercer su derecho a la defensa a los accionantes, estos no tienen el conocimiento legal suficiente, respecto al instituto jurídico del desistimiento, en ese marco también se ha vulnerado el derecho a la libertad, pues no se ingresó al fondo del recurso de apelación, lo que hubiera llevado a revisar lo relativo a la libertad de los hoy solicitantes de tutela; también se menoscabó el derecho a la defensa técnica de los imputados, ya que no se les permitió el ejercicio de una defensa técnica, causándoles indefensión.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Consta imputación formal de 22 de febrero de 2022, emitida dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Esteban Chillaje Mamani, Eric Mitma Chillaje, Pedro Ignacio Javier y Ramiro Ticona Ríos -hoy accionantes-, por la presunta comisión de los delitos de asesinato, lesiones graves y leves presentada ante el Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Potosí, en la que se solicitó la detención preventiva de los nombrados por el plazo de seis meses; asimismo, la indicada imputación fue ampliada por la presunta comisión del delito de hurto o robo de armamento y munición de uso militar o policial, por memorial de 18 de agosto de dicho año presentado ante el Juez de Instrucción Penal Primero de Uyuni del citado departamento, así como se solicitó la ampliación de dicha medida cautelar por el tiempo de tres meses (fs. 6 a 17 vta.). II.2. Cursa Auto Interlocutorio de 18 de noviembre de 2022, dictado en audiencia de consideración de situación jurídica de los imputados -ahora impetrante de tutela-, por el que el Juez a quo dispuso la ampliación de la detención preventiva por dos meses, a cuyo efecto señaló nuevo día y hora de audiencia de consideración de su situación jurídica procesal para el 18 de enero de 2023 a horas 9:00. Asimismo, la defensa planteó oralmente recurso de apelación incidental contra el indicado Auto (fs. 38 vta. a 44). II.3. Consta decreto de 25 de noviembre de 2022, dictado por Jaime Vladimir Jiménez Vidaurre, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Potosí -ahora demandado-, por el que se señaló audiencia virtual de consideración de apelación para el 5 de diciembre de 2022, de horas 9:00 (fs. 49). II.4. Se evidencia acta de audiencia pública de consideración y resolución de apelación incidental de medida cautelar de 5 de diciembre de 2022 a horas 9:00, en la que se advirtió la ausencia del abogado defensor de los ahora accionantes, por lo que se concedió la palabra a estos para que justifiquen dicha incomparecencia, uno de los cuales señaló que su abogado debía estar conectado a la referida audiencia virtual; sin embargo, dada su ausencia desconocen de dicha situación. Aquello fue considerado por el Vocal hoy demandado y señaló que ese día era el último día laboral; pues, debían ingresar en vacación judicial colectiva, y no podía quedar pendiente dicha audiencia y señaló que: “…lamentablemente no tenemos el justificativo de su abogado, no podemos tampoco notificar en este momento a defensa pública, tal vez están desistiendo del recurso?” (sic), ante lo que contestó uno de los hoy accionantes: “…Dr. nuestro abogado tiene el conocimiento no conocemos por eso, tenía que estar y no nos dijo nada más, señor Vocal” (sic), a ello el Vocal demandado señaló: “…Por eso en esta sala tampoco no ha justificado, tal vez ya no los quiere atender, pero ustedes son los dueños osea el titular del derecho al recurso y sin abogado no se puede llevar adelante” (sic). A continuación, otro de los imputados -ahora solicitante de tutela- señaló: “…Si no está presente nuestro abogado señor Vocal, vamos a desistir será…” (sic). En ese contexto se le dio la palabra al Fiscal de Materia, quien solicitó se dé por desistida la apelación incidental, por ausencia de la defensa técnica. En esos antecedentes, emitió el Auto de Vista de dicha fecha y dispuso: “…El informe evacuado por la cursora, acreditando la legal notificación a todos los sujetos procesales; asimismo lo manifestado por los cuatro coimputados recurrentes, haciendo el desistimiento expreso de su recurso, lo requerido por el señor fiscal…” (sic) y tomando en cuenta que es un derecho de los imputados -ahora demandantes de tutela- y no una obligación, por lo que, pueden plantear su desistimiento al amparo del principio dispositivo se acepta este y se declara inadmisible el recurso (fs. 74 y vta.).
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y a la impugnación, debido a que el Vocal demandado, a través del Auto de Vista de 5 de diciembre de 2025, dictado en audiencia de consideración del recurso de apelación incidental interpuesto contra la ampliación de su detención preventiva, dio por desistido dicho recurso, apoyado en la manifestación de los mismos de estar de acuerdo con dicho desistimiento y en la ausencia injustificada de su abogado a la referida audiencia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
El derecho a la defensa está protegido por los arts. 115.II y 119.II de la CPE que prevén: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa…” y “Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa…”. Por su parte, de forma específica, el art. 9 del CPP prevé: “Todo imputado tiene derecho a la asistencia y defensa de un abogado desde el primer acto del proceso hasta el fin de la ejecución de la sentencia.
Este derecho es irrenunciable” (las negrillas fueron añadidas). Asimismo, la SCP 0767/2024-S1 de 31 de diciembre dispuso que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de las SSCC 0299/2018-S2 de 18 de junio y 0665/2021-S1 de 17 de noviembre, -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional fue uniforme al establecer el carácter irrenunciable del derecho a la defensa técnica, determinando que las autoridades judiciales no deben permitir que el imputado asista a una audiencia sin la asistencia técnica de su abogado; y en caso de darse este supuesto, tienen la obligación de nombrarle un defensor de oficio; en ese marco, se desarrolló la siguiente línea jurisprudencial. Así, la SC 1556/2002-R de 16 de diciembre, señaló que el derecho a la defensa es inviolable; indicando además que tiene dos dimensiones: 1) El derecho a la defensa material; y, 2) El derecho a la defensa técnica. Entendimiento asumido también por las Sentencias Constitucionales 347/2002-R de 2 de abril y 1272/2002-R de 21 de octubre, entre otras. Con el fin de hacer efectiva la garantía de contar con un defensor y materializar el derecho a la defensa técnica, mediante Ley de Creación del Servicio Nacional de la Defensa Pública -Ley 2496 de 4 de agosto de 2003-, se creó el Servicio Nacional de Defensa Pública, con la finalidad de garantizar la inviolabilidad de la defensa del imputado; posteriormente, esta Ley fue abrogada por la Ley 463 de 19 de diciembre de 2013, que lo sustituyó por el Sistema Plurinacional de Defensa Pública. El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0155/2012 de 14 de mayo, haciendo mención al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la Constitución Política del Estado, estableció que la defensa técnica no está constituida como una facultad o potestad, sino más bien, es un derecho irrenunciable que trata de precautelar y resguardar la defensa del imputado; por lo cual, debe contar con su abogado de confianza o con un defensor de oficio designado por la autoridad competente. Más tarde, este entendimiento fue precisado por la SCP 0045/2014-S3 de 14 de octubre, indicando que las autoridades judiciales no deben permitir que, durante el desarrollo del proceso, el imputado asista a la audiencia sin asistencia técnica, de lo contrario, deberán nombrar un defensor de oficio; siendo la exigencia de la defensa técnica determinante para sus decisiones durante el desarrollo de la audiencia.
En ese entendido, se puede establecer que la defensa técnica es un derecho irrenunciable que trata de precautelar y resguardar el derecho a la defensa del imputado; razón por la cual, mínimamente debe contar con la asistencia de una persona con conocimiento jurídico, ya sea el abogado de su confianza o el defensor de oficio designado por autoridad competente; por lo que, el juez o tribunal no puede permitir que el imputado asista a una audiencia sin el acompañamiento de su abogado, y si se diera este caso, el juez debe nombrar de inmediato a un defensor de oficio, caso contrario, vulneraria sus derechos a la igualdad y a la defensa técnica” (las negrillas fueron añadidas). Igualmente, la SCP 0155/2012 de 14 de mayo -reseñada por la SCP 0002/2020-S4 de 9 de enero- asumió el siguiente entendimiento: “Antes de ingresar al análisis de la problemática planteada en el presente caso, es preciso referir que dentro del sistema jurídico diseñado por la Constitución Política del Estado, se ha establecido el reconocimiento del bloque de constitucionalidad integrado por los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos (arts. 256 y 410.II de la CPE), entre ellos se encuentra la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por Bolivia mediante Decreto Supremo (DS) 18950 de 17 de mayo de 1982, (elevado a rango de Ley 2119 promulgada el 11 de septiembre de 2000), establece el derecho fundamental de toda persona sometida a proceso, sujeto a una serie de garantías mínimas, entre las que se encuentra reconocida la defensa material, expresada como el derecho: ‘A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección, a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo; y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo’ Por otra parte, la Constitución Política del Estado en su art. 119.II, dispone que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa; es decir, que el Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en casos que no cuenten con los recursos económicos necesarios y según los arts. 8 y 9 del CPP y la jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional a través de la SC 1556/2002-R de 16 de diciembre, el derecho a la defensa: ‘…tiene dos dimensiones: a) La defensa material: que reconoce a favor del imputado el derecho a defenderse por sí mismo y le faculta a intervenir en toda la actividad procesal -desde el primer acto del procedimiento-, de modo que siempre pueda realizar todos los actos que le posibiliten excluir o atenuar la reacción penal estatal; principio que está garantizado por la existencia del debate público y contradictorio; y, b) La defensa técnica, consiste en el derecho irrenunciable del imputado de contar con asistencia de un abogado desde el inicio del procedimiento hasta el final de la ejecución de la condena…’. Asimismo y con el fin de hacer efectiva la garantía de contar con un defensor, mediante Ley 2496 de 4 de agosto de 2003, se ha creado el Servicio Nacional de Defensa Pública, con la finalidad de garantizar la inviolabilidad de la defensa del imputado. Al respecto y según la opinión de Jorge Eduardo Vásquez Rossi, se puede decir que si bien es importante la defensa material del imputado, la defensa técnica sigue constituyendo, la más efectiva garantía para el resguardo de sus derechos, sea que se ejerza por el abogado de su confianza, abogados de Defensa Pública o el defensor de oficio, sostiene que en el art. 9 del actual Código Adjetivo, le otorga prevalencia a la defensa técnica al declarar su carácter irrenunciable, ya que con similares características se encuentra contenida y regulada en los arts. 92 y 94 del CPP; asimismo afirma que, su inobservancia, conforme a lo establecido por el art. 100 del mismo Código, no sirve para fundar ninguna decisión contra el imputado. En ese entendido, se puede establecer que la defensa técnica y la defensa material, se encuentran estrechamente relacionadas, puesto que para asumir el derecho a la defensa, el imputado tiene la posibilidad de que ambas puedan concurrir al mismo tiempo durante el desarrollo de todo el proceso penal, pues nadie puede ser condenado, sin ser previamente oído y juzgado en proceso legal; sin embargo, la defensa técnica es un derecho que no está constituido como una facultad o potestad, sino más bien, es un derecho irrenunciable que trata de precautelar y resguardar el derecho a la defensa del imputado, razón por la cual, mínimamente debe contar con la asistencia de una persona con conocimiento jurídico, ya sea el abogado de su confianza o el defensor de oficio designado por la autoridad competente…”. (las negrillas son nuestras). Finalmente, el art. 180.II de la CPE determina: “Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales”. Ahora bien, una de las formas más recurrentes de ejercer el derecho a la defensa es a través de la impugnación; consiguientemente, su ejercicio hace al derecho a la defensa. Una vez advertida la importancia de la defensa técnica al ser esta irrenunciable, corresponde desapegarse de la noción de que el apelante, o de quien plantee algún recurso, en ejercicio de su derecho a la defensa material lo asuma prescindiendo del derecho a la defensa técnica, pues esta es la que garantiza la anterior y que esta se lleve a cabo en el marco de los principios y garantías previstos en la Norma Suprema, salvo que se demuestre que su defensa técnica estuviera actuando en el orden de un patrocinio desleal, es decir, en detrimento del apelante o impugnante.
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y a la impugnación, debido a que el Vocal demandado, a través del Auto de Vista de 5 de diciembre de 2025, dictado en audiencia de consideración de apelación incidental interpuesta contra la ampliación de su detención preventiva, dio por desistido dicho recurso, apoyado en la manifestación de los mismos de estar de acuerdo con dicho desistimiento y en la ausencia injustificada de su abogado a la referida audiencia.
Al respecto, cabe referir que los accionantes se encuentran detenidos preventivamente, como emergencia de una imputación formal emitida en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de asesinato, lesiones graves y leves, ampliada al delito de hurto o robo de armamento y munición de uso militar o policial, ante el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí (Conclusión II.1). Asimismo, se puede advertir que mediante Auto Interlocutorio de 18 de noviembre de 2022 se amplió la detención preventiva de los hoy accionantes por dos meses más, ante lo que estos plantearon su recurso de apelación (Conclusión II.2). Señalada que fue la audiencia de apelación para el 5 de diciembre de 2022 a horas 9:00, una vez instalada por el Vocal demandado, este emitió Auto de Vista que declaró por desistido el referido recurso de apelación, dada la injustificada ausencia de su abogado defensor (Conclusión II.3 y II.4).
Ahora, corresponde revisar la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la cual contiene el entendimiento que desarrolló el alcance del derecho a la defensa técnica, en el sentido de que es irrenunciable, tal como lo dispuso claramente el art. 9 del CPP, norma que reconoce el derecho a la defensa previsto por los arts. 115.II y 119.II de la CPE.
En ese marco, está claro que el Vocal demandado inicialmente introdujo en el tema de la audiencia un elemento ajeno a su fin programado y además lo hizo en ausencia del abogado defensor particular de los impetrantes de tutela, pero no tomó en cuenta que el derecho a la defensa técnica es irrenunciable, lo cual indica que -como dicha jurisprudencia contenida en el indicado Fundamento Jurídico- no se puede prescindir de la defensa de un profesional abogado; en ese marco, al estar los accionantes en absoluta desventaja por no contar con un abogado defensor, la inducción del Vocal demandado a tomar la decisión de desistir de su recurso de apelación, violó su derecho a la impugnación y lo que es peor, lo hizo so pretexto de que ya no había oportunidad de una nueva audiencia, pues al día siguiente comenzaban las vacaciones colectivas del Órgano Judicial, sin tomar en cuenta que se trataba de detenidos preventivos que precisamente estaban cuestionando una prolongación de la medida cautelar impuesta y si esperaban dicha vacación la causa inmediata de ello era que se extendiera la indicada detención. Al efecto, el Vocal demandado tenía la obligación de convocar a un abogado de oficio y de no ser posible contar con uno, suspender la audiencia para una fecha dentro del plazo legal para ello y que se lleve a cabo por la autoridad de turno en la vacación judicial anual colectiva; sin embargo, los accionantes se vieron en absoluta indefensión al haber elegido una opción propuesta por dicho Vocal sin la presencia de su abogado, y con ello la pérdida de ejercer su derecho a la impugnación contra la determinación de la prolongación de su detención preventiva.
En mérito a lo analizado, la autoridad demandada ha vulnerado el derecho a la impugnación de los accionantes, es decir, causó que estos no puedan lograr que en una segunda instancia de control jurisdiccional se revise y valore una decisión de primera instancia en el marco de los argumentos de la apelación que puso en tela de juicio la prolongación de su detención preventiva, y en ese orden, también se afectó el derecho a la libertad de los impetrantes de tutela, por alargarla como emergencia de una decisión al margen del derecho; sin embargo, en atención a la petición de libertad de los accionantes, corresponde señalar que no se puede asumir una determinación de fondo relativa a una disposición de libertad, pues esa decisión debe ser considerada por el Tribunal de segunda instancia luego de que se desarrolle acorde a los Fundamentos de este fallo constitucional, la audiencia de apelación contra la ampliación del plazo de la medida cautelar impuesta a los impetrantes de tutela; consiguientemente, corresponde conceder la tutela en parte, a cuyo fin se debe dejar sin efecto la audiencia del 5 de diciembre de 2022, así como el Auto de Vista allí emitido y que el Vocal demandado señale nueva fecha y hora de audiencia de consideración del recurso de apelación formulado por los accionantes para que tenga lugar la misma en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas de conocer este fallo y desarrollarla de acuerdo a derecho. Finalmente, tomando en cuenta el Fundamento Jurídico de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí extractado del inc. iv del acápite I.2.3 de este fallo constitucional, cabe señalar que aun los accionantes hubieran ejercido su derecho a la defensa material, en la audiencia de 5 de diciembre de 2022 en cuanto al fondo de los agravios contenidos en su apelación, por lo irrenunciable del derecho a la defensa, ese ejercicio no tiene el carácter de suficiente que permita una decisión que disponga sobre lo pretendido con dicha apelación, sino que solo podría tener un carácter informativo de su defensa, debiendo esperar la defensa de un profesional abogado que proteja sus intereses. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 085/2022 de 6 de diciembre, cursante de fs. 82 vta. a 88 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos de este fallo constitucional, por encontrar vulnerados los derechos a la impugnación y libertad de los accionantes, en consecuencia se dispone dejar sin efecto la audiencia del 5 de diciembre de 2022, así como el Auto de Vista allí emitido y que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí señale nueva fecha y hora de audiencia de consideración de recurso de apelación incidental presentado por los accionantes para que tenga lugar la misma en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas de conocer este fallo y desarrollarla de acuerdo a derecho, siempre y cuando no se hubiere definido la situación jurídica de los solicitantes de tutela. 2º DENEGAR la tutela en cuanto a la petición de disponerse la libertad de los accionantes. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
1 El art. 8 del CPP establece: “El imputado, sin perjuicio de la defensa técnica, tendrá derecho a defenderse por sí mismo, a intervenir en todos los actos del proceso que incorporen elementos de prueba y a formular las peticiones y observaciones que considere oportunas”
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0515_2025-S3.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2eb5501e3ee14fe1d29fa71702f88bcf9f6a47793c685699a2db8a32ec623dcc
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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