Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 28 de agosto de 2024
Deniega la tutela
El impetrante de tutela, consideró como lesionados sus derechos al debido proceso, a la libertad, a la justicia pronta y oportuna y a la celeridad; toda vez que, el Juez – ahora demandado– a pesar de sus reiteras solicitudes y Recurso de Reposición presentados, no señaló día y hora de audiencia para consideración de modificación de medidas cautelares, pese a contar con Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento en su favor. En consecuencia, corresponde en revisión dilucidar, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 35/2022 de 8 de julio, cursante de fs. 58 a 63, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo Primero del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos, expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0514/2024-S4 Sucre, 28 de agosto de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 48953-2022-98-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 35/2022 de 8 de julio, cursante de fs. 58 a 63, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Pedro Willy Loza Mamani contra Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero en suplencia Legal de su similar Cuarto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 8 de julio de 2022, cursante de fs. 1; y, 47 a 50 vta.; el accionante, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra a instancia del Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de complicidad, estando cumpliendo detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de Chonchocoro de La Paz, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarta del departamento de La Paz, en audiencia de cesación a la detención preventiva, dispuso por Resolución 521/2021 de 8 de julio, medidas “diferentes a la detención preventiva”; tales como, la detención domiciliaria sin salida laboral, el arraigo departamental y nacional, fianza de Bs50 000.- (cincuenta mil bolivianos), prohibición de acercarse a la parte denunciante ni a sus familiares por ningún motivo, prohibición de comunicarse con la parte denunciante y los familiares de la víctima fallecida por ningún medio, salvo que el Ministerio Público lo requiera para algún acto investigativo, garantías unilaterales a favor de la parte víctima denunciante y a sus familiares, una vez que se restablezca la normalidad por la pandemia del COVID-19 el imputado marque todos los lunes en el sistema biométrico de la Fiscalía Departamental de La Paz; y, que todos los viernes deba firmar en el cuaderno de presentaciones del Juzgado, siendo estas salidas solo los lunes y viernes de 08:30 a 09:30. A consecuencia de los antecedentes precitados, se representó lo determinado en cuanto a la fianza; tomando en cuenta, que el imputado es de escasos recursos y que la misma debe ser fijada considerando la situación patrimonial y no debe ser de imposible cumplimiento; además que, por Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento 3/2019 de 23 de diciembre, ya le habrían sobreseído, habiendo sido confirmada dicha determinación por el Fiscal Departamental de La Paz el 6 de julio de 2021, por pronunciamiento LPZ1905746, refiriendo en la misma que no emitirá criterio, conforme al art. 324 del Código de Procedimiento Penal (CPP), considerando que existiría una Resolución de extinción de la acción Penal por duración máxima de la etapa preparatoria, la Resolución 890/2019 de 24 de idéntico mes antes referido. Es así que, el 9 de noviembre de igual año, presentó memorial al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto del departamento antes señalado, pidiendo señalamiento de día y hora de audiencia para modificación de medidas cautelares, mereciendo el mismo el proveído por el cual, se le indicaba que su caso fue remitido al Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero; por lo que, se apersonó al mismo y reiteró su solitud prenombrada; empero, si bien se efectuó la audiencia no se consideró lo peticionado, emitiéndose la Resolución 110/2021 de 2 de diciembre, bajo el argumento que debería volver al Juzgado de donde fue remitida esta solicitud a efecto de que se regularice el procedimiento; puesto que, no se emitió extinción de la acción penal en su favor, sino que fue merecedor de sobreseimiento; consiguientemente el 21 de abril de 2022, nuevamente presenta al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto del departamento ut supra señalado, solicitud de fijación de día y hora de audiencia para modificación de medidas cautelares, emitiéndose el decreto de 21 de abril de “2021” siendo lo correcto 2022, “ En atención al memorial que antecede. Debe estar a la providencia de 31 de marzo de 2022” (sic.) y el proveído de esa fecha solicitaba al representante del Ministerio Público, que en el plazo de cuarenta y ocho horas adjunte la Resolución Jerárquica en relación al Requerimiento de Sobreseimiento 03/2019, bajo advertencia de poner en conocimiento de la Fiscalía Departamental, siendo la dilación atribuible a esa institución; empero, en cumplimiento con el proveído de 31 de marzo de fecha antes referido, el Fiscal de Materia, hizo llegar el informe requerido y el pronunciamiento de la autoridad jerárquica William Eduard Alave Laura, adjuntando además una fotocopia legalizada de la misma; por lo cual, se presentó el 3 de mayo de 2022, Recurso de Reposición contra el referido decreto pidiendo que en definitiva se programe día y hora de audiencia para considerar la modificación de medidas cautelares, rechazándosele otra vez esta solicitud por proveído de 4 de mayo de idéntico año indicado, dejándole en completa indefensión; puesto que, por su calidad de sobreseído, es el Juez cautelar quién tiene la competencia para resolver su situación jurídica; y no así, el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero; sin embargo, el Juez Cautelar remite al Tribunal precitado el cuaderno de control jurisdiccional, manifestándose que ya se encontraba con acusación formal, sin considerar que el único acusado era Marco Antonio Poma Quispe, que incluso ya tuvo su audiencia de juicio y que el referido Tribunal de Sentencia, no puede ser competente para resolver su caso porque su situación jurídica es de sobreseído y no de acusado. Invocando los arts. 89, 90 y 91 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), solicita se conceda la tutela impetrada, y se restablezcan los derechos fundamentales y garantías constitucionales vulnerados, disponiendo que el demandado se pronuncie de manera objetiva a la solicitud de consideración de modificación de medida cautelar y libertad por sobreseimiento, para este efecto señale día y hora de audiencia.
El accionante, denunció como lesionados sus derechos al debido proceso, a la libertad, a la justicia pronta y oportuna, a la celeridad; citando al efecto los arts. 115.II y 125 de la Constitución Política del Estado (CPE); 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) ̶ Pacto de San José de Costa Rica ̶ ; y, 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga que el Juez hoy demandado, “SE PRONUNCIE DE MANERA OBJETIVA A LA SOLICITUD DE CONSIDERACION DE MODIFICACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR Y LIBERTAD POR SOBRESEIMIENTO, EMITIENDO EL CORRESPONDIENTE MANDAMIENTO DE LIBERTAD O EN SU DEFECTO SEÑALE DIA Y HORA DE CONSIDERACIÓN DE LIBERTAD POR SOBRESEIMIENTO” (sic.).
Celebrada la audiencia virtual el 8 de julio de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 57 y vta., presentes el accionante; así como, la autoridad demandada; y, ausente el representante del Ministerio Público; se produjeron los siguientes actuados:
El solicitante de tutela, en audiencia ratificó los fundamentos contenidos en su memorial de acción de libertad, no realizando ampliación alguna.
Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, en audiencia manifestó lo siguiente: a) Es titular del Juzgado ut supra mencionado y ejerció la suplencia legal hasta el mes de abril de 2022, encontrándose actualmente en Suplencia la Jueza de Instrucción Cautelar Tercera; empero, de la revisión en el sistema procesal, el caso estaría en el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz; por lo que, el accionante debería interponer esta acción tutelar contra la autoridad que corresponda; toda vez que, este ejerció la suplencia de forma temporal, no recordando algunos antecedentes que fueron expuestos en la audiencia de consideración de la acción de defensa; y, b) El impetrante de tutela, necesariamente debe agotar las instancias correspondientes; puesto que, la línea jurisprudencial ha establecido “que donde existe control provisional y se viene investigando necesariamente, debe ser puesto en consideración de una autoridad jurisdiccional que les reclamo la denuncia que estaría haciendo conocer y no ir a la vía constitucional directamente” (sic.); por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada, en el entendido que el mismo no está en conocimiento del caso, ni ejerciendo la suplencia legal aproximadamente desde el 15 del mes y año prenombrado.
El Juez de Sentencia Penal Décimo Primero del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 35/2022 de 8 de julio, cursante de fs. 58 a 63, denegó la tutela solicitada por el impetrante de tutela, en base a los siguientes fundamentos: “…la propia parte ahora accionante nos presenta que la situación jurídica la determina el lineamiento que establece el Tribunal 1º de Sentencia Penal Anticorrupción y Violencia Hacia la Mujer, realiza ante el mismo pedido de modificación de medida cautelar, no se le da curso, empero no cuestiona ese rechazo, sino cuestiona el accionar de la autoridad judicial cautelar, es decir del Juzgado 4º de Instrucción Penal Cautelar Anticorrupción de la ciudad de La Paz, empero el mismo ya no tiene el control respectivo, porque remite antecedentes precisamente ante el Tribunal Anticorrupción, no ha demostrado la parte accionante mínimamente acudir al juez que actualmente estaría ejerciendo suplencia legal en el Juzgado 4º de instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer de la ciudad de La Paz, tampoco en lo que es la Fiscalía Departamental o en Tribunal de Sentencia 1º Anticorrupción, sin antes dejar clara constancia que estas autoridades no son accionadas en el presente caso, debe demostrar la parte accionante que el derecho que alega como vulnerado, el derecho a la libertad está directamente relacionado con el accionar de la autoridad que ahora está demandando” (sic.).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Memorial de 23 de diciembre de 2019, suscrito por la Fiscal de Materia, dirigido a la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Cuarta del departamento de La Paz, se presenta el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento 3/2019 de 23 de diciembre, en favor de Pedro Willy Loza Mamani ‒hoy impetrante de tutela‒ por el delito de feminicidio en grado de complicidad; mereciendo el decreto correspondiente el 26 de igual mes y año referido, por la autoridad precitada (fs. 3 a 8 vta.). II.2. El Fiscal Departamental de La Paz, con relación al Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento 3/2019; aclara que no corresponde emitir ningún pronunciamiento de conformidad al art. 324 del CPP (fs.9 y vta.). II.3. Mediante Resolución 521/2021 de 8 de julio, emitida por el Jueza Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Cuarta del departamento antes precitado, se dispuso medidas cautelares personales para el solicitante de tutela, indicando el mismo en audiencia que hará uso de su derecho e interpondrá el Recurso de Apelación Incidental, al considerar que las medidas eran excesivas (fs.12 a 13). II.4. Por memorial de 9 de noviembre de 2021, presentado al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto del departamento ya mencionado ut supra, el accionante pidió señalamiento de día y hora de audiencia, para modificación de medidas cautelares, mereciendo el mismo el proveído por el cual, se le indicaba que su caso fue remitido al Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero y que dicha solicitud sería remitida a esa instancia (fs. 18 a 20). II.5. Cursa memorial de 26 de noviembre de 2021, suscrito por el impetrante de tutela, dirigido al Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento antes mencionado, reiterando su pedido de señalamiento de día y hora de audiencia de modificación de medidas cautelares, programándose por decreto para el 2 de diciembre de igual año prenombrado (fs. 21 a 23). II.6. Por Resolución 110/2021 de 2 de diciembre, emitida por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, se dispone devolver los antecedentes al Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Cuarto del mencionado departamento a efectos de que se regularice el procedimiento; puesto que, no se emitió extinción de la acción penal para el hoy accionante, que fue merecedor de sobreseimiento (fs. 27 a 30).
II.7. Consta informe de 30 de marzo de 2022, suscrito por la Secretaria del Juzgado Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto del citado departamento, dirigido al Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero en Suplencia Legal de su similar Cuarto del departamento antes señalado –hoy demandado−, en el mismo asevera que “no cursa la Resolución Jerárquica de Fiscalía Departamental en relación al requerimiento de sobreseimiento” (sic.); por lo que, el Juez ut supra indicado, mediante proveído de 31 de igual mes y año prenombrado, solicitó al representante del Ministerio Público, que en el plazo de cuarenta y ocho horas adjunte la Resolución Jerárquica en relación al requerimiento de sobreseimiento 03/2019, bajo advertencia de poner en conocimiento de la Fiscalía Departamental, siendo la dilación atribuible a esa institución (fs. 31 a 32). II.8. Consta memorial de 21 de abril de 2022, presentado por el impetrante de tutela al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto del departamento antes mencionado, pidiendo se fije día y hora de audiencia para modificación de medidas cautelares, emitiéndose el decreto de 21 de abril de “2021” siendo lo correcto 2022, indicándose que: “En atención al memorial que antecede. Debe estar a la providencia de 31 de marzo de 2022” (sic [fs. 34 a 38]). II.9. Cursan Recursos de Reposición, presentados al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto y al Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento antes mencionado, solicitando se revoque el proveído de 21 de abril de 2022 y de 20 de marzo de igual año, respectivamente, y en definitiva se señale día y hora de audiencia de consideración de medidas cautelares y la libertad por sobreseimiento (fs. 40 a 44)
El impetrante de tutela, consideró como lesionados sus derechos al debido proceso, a la libertad, a la justicia pronta y oportuna y a la celeridad; toda vez que, el Juez – ahora demandado– a pesar de sus reiteras solicitudes y Recurso de Reposición presentados, no señaló día y hora de audiencia para consideración de modificación de medidas cautelares, pese a contar con Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento en su favor. En consecuencia, corresponde en revisión dilucidar, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0291/2015-S3 de 19 de marzo, estableció que: “Esta acción de defensa carece de formalidades rígidas en su presentación, posibilitando su admisión inmediata; sin embargo, el accionante tiene la obligación de señalar a las personas o funcionarios públicos que supuestamente protagonizaron la vulneración de su derecho fundamental a la libertad; dado que, en caso de encontrarse cierta la transgresión alegada, debe existir un responsable identificado con el fin de poder ordenarle el cese de la amenaza, la restitución del derecho o la reparación del daño ocasionado.
La jurisprudencia constitucional, sobre la legitimación pasiva en esta acción de defensa, determinó que: ‘Para la procedencia del recurso de hábeas corpus, actualmente acción de libertad, se debe observar la legitimación pasiva; es decir, que la acción sea dirigida contra la autoridad, funcionario o persona que cometió el acto ilegal u omisión indebida que atenta contra el derecho a la libertad, o a la vida, ya sea a través de una persecución, procesamiento o detención ilegales o indebidas; vale decir, que se deberá demandar a quien impartió la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, o en su caso, a la que directamente incurrió en los actos u omisiones que derivaron en que la aprehensión o detención sea ilegal o indebida, como por ejemplo pueden darse casos de la ejecución de una orden pero con notoria arbitrariedad al margen de lo encomendado. De lo contrario la acción carecería de falta de legitimación pasiva; es decir, en la no coincidencia o correspondencia entre la persona, autoridad o funcionario contra quien se interpuso la acción de defensa de derechos fundamentales, con quien efectivamente causó la supuesta lesión a derechos que se denuncia y que motiva la interposición de la misma.
Situación que neutraliza este mecanismo de defensa de rango constitucional e imposibilita ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, puesto que si bien la acción de libertad está exenta de formalismos en su presentación; sin embargo, ello no libera al accionante de la responsabilidad de señalar o identificar a quién se demanda, que en el caso de funcionarios o autoridades públicas, no siempre es exigible el nombre, pues bastaría la indicación del cargo, lo cual se corrobora con la narración de los hechos que motivan la petición de tutela y la prueba aparejada, como también ante situaciones de notoria arbitrariedad; empero, en los casos en que la acción de libertad es emergente de un proceso judicial ordinario, como sucede en este caso, la exigencia de la legitimación pasiva debe ser necesariamente cumplida por el accionante’ (SC 0192/2010-R de 24 de mayo, entendimiento asumido en las SSCC 0253/2010-R, 0392/2010-R y 2219/2010-R, entre otras).
En este sentido, la legitimación pasiva en una acción de libertad necesariamente recae sobre la autoridad que en definitiva tiene el poder de corregir una actuación irregular pero no lo hace; es decir, que dicha acción debe estar dirigida contra la o las personas o autoridades responsables o ejecutantes del acto considerado ilegal y que lesiona sus derechos, los cuales necesariamente deben encontrarse vinculados o conexos con el derecho a la libertad; de lo contrario, se neutraliza la acción de libertad impidiendo que el Tribunal Constitucional Plurinacional, ingrese al análisis de la problemática planteada; razón por la cual, se constituye en un requisito fundamental para que el Tribunal de garantías y este Tribunal en revisión, puedan dilucidar aspectos inherentes al objeto de tutela de la acción de libertad” (las negrillas nos pertenecen).
El impetrante de tutela, consideró como lesionados sus derechos al debido proceso, a la libertad, a la justicia pronta y oportuna y a la celeridad; toda vez que, el Juez –ahora demandado– a pesar de sus reiteras solicitudes y Recurso de Reposición presentados, no señaló día y hora de audiencia para consideración de modificación de medidas cautelares, pese a contar con un Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento en su favor. De la configuración de la problemática constitucional planteada, resulta pertinente conocer el contexto fáctico de origen de la presente acción tutelar a objeto de emitir el correspondiente fallo constitucional; en ese sentido, conforme los antecedentes del caso, expuestos por el accionante y el demandado; así como, de las literales cursantes en el expediente, se tiene que, el impetrante de tutela se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de San Pedro de Chonchocoro de La Paz; por lo que, por Resolución 521/2021, emitida por la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Cuarta del departamento antes precitado, se dispuso medidas cautelares personales; empero, debido a que no pudo cumplir con la fianza económica establecida, permanece recluido; además, de existir en su favor el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento 3/2019, por el delito de feminicidio en grado de complicidad; mismo que, fue puesto a conocimiento del Fiscal Departamental de la Paz, quien se pronunció indicando que no corresponde emitir ningún pronunciamiento de conformidad al art. 324 CPP (Conclusiones II.1, II.2 y II.3); por lo cual, bajo esos antecedentes, en forma reiterada fue presentando memoriales de señalamiento de día y hora de audiencia para consideración de sus medidas cautelares, emitiendo el 2 de diciembre el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, la Resolución 110/2021, disponiendo devolver los antecedentes al Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Cuarto del departamento antes mencionado, a efecto de que se regularice el procedimiento, puesto que, no se emitió extinción de la acción penal para el hoy accionante, que fue merecedor de sobreseimiento; es así que, el 21 de abril de 2022, presenta memorial al Juzgado Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto del departamento de La Paz, pidiendo de fije día y hora de audiencia para modificación de medidas cautelares, emitiéndose el decreto en el día, indicándose que: “En atención al memorial que antecede. Debe estar a la providencia de 31 de marzo de 2022” (sic.), que en la misma se solicitaba al representante del Ministerio Público, que en el plazo de cuarenta y ocho horas adjunte la Resolución Jerárquica, en relación al requerimiento de sobreseimiento 03/2019, bajo advertencia de poner en conocimiento de la Fiscalía Departamental, correspondiendo este pronunciamiento al informe evacuado por la Secretaria del Juzgado prenombrado, dirigido ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero en Suplencia Legal de su similar Cuarto del departamento antes señalado –hoy demandado−, que asevera que “no cursa la Resolución Jerárquica de Fiscalía Departamental en relación al requerimiento de sobreseimiento” (sic.); por lo cual, presenta Recurso de Reposición en contra de la providencia ut supra indicada, considerando que el Fiscal de Materia ya cumplió con el requerimiento solicitado por el Juez, mediante memorial de 22 de abril de idéntico año antes manifestado; empero, el 4 mayo del mismo año referido, este Recurso también fue rechazado por el demandado (Conclusiones II.4, II.5, II.6, II.7, II.8 y II.9); así mismo, del informe verbal realizado por el hoy demandado Helmer Laura Picavia, Juez del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, menciona que estaba en suplencia legal de forma temporal de su similar Juzgado Cuarto y que a la fecha es otra Jueza la que realiza la suplencia en ese Juzgado “Dra. Maureen Camacho, Juez Tercero de Instrucción Cautelar” (sic.) aspecto no controvertido por la parte accionante.
De conformidad al Fundamento Jurídico III.1 glosado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, referidos a la falta de legitimación pasiva, se manifiesta que: La Acción de libertad es una acción de defensa que carece de formalidades rígidas en su presentación, posibilitando su admisión inmediata; sin embargo, el impetrante de tutela tiene la obligación de señalar a las personas o funcionarios públicos que supuestamente protagonizaron la vulneración de su derecho fundamental a la libertad; dado que, en caso de encontrarse cierta la transgresión alegada, debe existir un responsable identificado con el fin de poder ordenarle el cese de la amenaza, la restitución del derecho o la reparación del daño ocasionado; empero, si bien la acción de libertad está exenta de formalismos en su presentación; sin embargo, ello no libera al solicitante de tutela de la responsabilidad de señalar o identificar a quién se demanda, que en el caso de funcionarios o autoridades públicas, no siempre es exigible el nombre; pues, bastaría la indicación del cargo. En este sentido, la legitimación pasiva en una acción de libertad que necesariamente recae sobre la autoridad que en definitiva tiene el poder de corregir una actuación irregular pero no lo hace; es decir, que dicha acción debe estar dirigida contra la o las personas o autoridades responsables o ejecutantes del acto considerado ilegal y que lesiona sus derechos, los cuales necesariamente deben encontrarse vinculados o conexos con el derecho a la libertad; sin embargo, la presente acción de libertad no ha sido dirigida contra la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Violencia Hacia la Mujer Cuarta del departamento de La Paz, que ejerce actualmente el control jurisdiccional del proceso, a quien el accionante de acuerdo a los antecedentes del proceso no acudió para impetrar el señalamiento de audiencia de medidas cautelares alegado en la presente acción tutelar desde el 3 de mayo hasta la interposición de la presente acción de defensa 8 de julio de 2022 (dos meses); en consecuencia, al no haber demandado a dicha autoridad, corresponde denegar la tutela por falta de legitimación pasiva, siendo que la legitimación recae, en el caso de autos, sobre la autoridad que ejerce el control jurisdiccional del proceso; debido a que, será esta última quien tiene la facultad de revisar y corregir, en su caso, las actuaciones ilegales hoy denunciadas.
Por lo que este Tribunal no puede ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada; por lo cual, corresponde declarar la denegatoria de esta acción tutelar.
En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, obro de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 35/2022 de 8 de julio, cursante de fs. 58 a 63, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo Primero del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos, expuestos en el presente fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0514_2024-S4.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6fc1c81a398aba8ee7956e6aac6608c08471d8c0d11ca77a4a1ebde0cac2c828
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