Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 4 de septiembre de 2024
Deniega la tutela
El accionante denuncia que pese a existir una orden judicial que disponía su inclusión en régimen abierto, el Director del Centro Penitenciario de “San Pedro” no cumplió con dicha determinación judicial estando recluido en condiciones de aislamiento en una celda de castigo, limitándose sus derechos de recibir visitas y hacer llamadas y aunque el “Juez de Ejecución Penal”, verificó estas condiciones y ordenó su cambio de régimen, persisten dichas restricciones indebidas. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La acción de libertad correctiva; y, b) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 57/2022 de 20 de julio, cursante de fs. 91 a 92, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0514/2024-S1 Sucre, 4 de septiembre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 49178-2022-99-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 57/2022 de 20 de julio, cursante de fs. 91 a 92, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Ramiro Uriarte Ortíz en representación sin mandato de Maximiliano Dávila Pérez contra David Rodolfo Machicado Cuela, Director del Centro Penitenciario de “San Pedro” del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 19 de julio de 2022, cursante de fs. 74 a 90., la parte accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la supuesta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 49/2022 de 24 de enero, dictado en audiencia de aplicación de medida cautelar ordenó su detención preventiva a cumplirse en el Centro Penitenciario de “San Pedro” del indicado departamento. Así desde su ingreso al citado Centro Penitenciario fue recluido directamente en la celda denominada “buzón”, un espacio destinado al aislamiento y castigo. Esta situación generó las siguientes vulneraciones a sus derechos fundamentales: a) La celda de castigo en la que permaneció estuvo cerrada con llave todo el día, permitiéndosele salir únicamente en los días y horarios de visita; b) Durante las visitas, se encuentra en un pasillo entre los sectores “CHONCHOCORITO” y “GRULLA”, donde se colocan sillas de plástico para el tránsito de visitantes de los sectores de régimen abierto; y, c) Durante los primeros treinta días desde su internación, no se le permitió recibir visitas, tampoco realizar llamadas telefónicas durante los primeros dos meses de reclusión, posteriormente, se le permitió hacer una llamada al día, bajo registro. Ante estos hechos, presentó una queja formal al Juez de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, quien dispuso la verificación de las condiciones inhumanas a las que estuvo sometido. A tal efecto, la trabajadora social elaboró un informe que constató las lesiones sufridas, lo que llevó al Juez de Ejecución Penal a remitir dicho informe y otros documentos al Juez a cargo del control jurisdiccional quien al Director del Centro Penitenciario de “San Pedro”, que se le ingresara a régimen abierto, mejorando parcialmente su situación. Sin embargo, persisten algunas limitaciones graves como el hecho que no se deja la llave de la celda de castigo, no puede recibir visitas en su celda de su abogado y tampoco goza plenamente de los beneficios del régimen abierto; por lo que, solicitó la regularización de esta situación, pero le “…informaron que existe una SOLICITUD DE LA CUAL RECIEN TUVE CONOCIMIENTO Y SOSLAYA MIS DERECHOS Y GARANTÍAS DE LA FORMA EN LA CUAL CUMPLO MI DETENCIÓN PREVENTIVA…” (sic). Por otro lado, según la jurisprudencia constitucional anotada, existe una clara distinción entre el régimen cerrado y el abierto; así no obstante, la orden explícita del Juez a cargo de la dirección del proceso penal de garantizar mi acceso a régimen abierto, esta disposición no ha sido efectivizada, mencionándose un supuesto informe de inteligencia que no ha sido presentado ni justificado, lo cual no es suficiente para impedir su acceso pleno a dicho régimen abierto, por lo tanto, esta situación agrava indebidamente las restricciones de su detención preventiva y vulnera sus derechos fundamentales, incumpliendo las funciones que corresponden al Director del Centro Penitenciario ahora demandado, conforme a la jurisprudencia aplicable.
El impetrante de tutela no expresa de manera concreta el derecho lesionado ni menciona norma constitucional alguna.
La parte accionante solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia: 1) “EN EL DIA SE DEJE SIN EFECTO LA SOLICITUD DIRIGIDA AL JUZGADO PRIMERO ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE LA PAZ Y SEA CON LAS FORMALIDADES DE LEY, DEBIENDO DAR CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICION EMITIDA POR EL JUEZ INSTRUCTOR” (sic); y, 2) Se remitan antecedentes al Ministerio Público por la actuación dolosa del Director del Centro Penitenciario de “San Pedro” -ahora demandado-.
La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, fue llevada a cabo el 20 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 86 a 90 vta., produciéndose los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado ratificó de manera íntegra el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliando en audiencia, indicó lo siguiente: i) La ley establece una distinción clara entre el régimen abierto y el cerrado. En el primero, el detenido tiene acceso a más libertades y servicios como áreas de esparcimiento y visitas; no obstante, fue colocado injustificadamente en aislamiento estricto, lo cual violaba los derechos de un detenido preventivo durante los primeros treinta días, se le prohibió recibir visitas y se limitó su comunicación con el exterior, lo que contravenía la normativa y pesar de las quejas presentadas, el aislamiento continuó por meses; ii) Después de varios reclamos, solo pudo recibir visitas en condiciones humillantes, sentado en un pasillo transitado por otros presos y bajo la vigilancia constante de los guardias; además, sus visitas debían conversar y comer en un ambiente público, afectando su derecho a la privacidad, incluido su derecho a recibir a su abogado en condiciones adecuadas; iii) A pesar de existir una orden judicial que establece que debía gozar del régimen abierto, esta no fue cumplida. La burocracia judicial retrasó la regularización de su situación, y la única modificación fue que su celda permanecía sin candado, pero aún no podía acceder a los beneficios del régimen abierto, como lo hacen los demás detenidos; iv) El impetrante de tutela fue colocado en la celda de castigo denominada "Buzón", sin justificación ni sanción disciplinaria que lo justificara. Por lo que, no hubo una resolución que estableciera esta medida, lo cual contraviene los arts. 132 y 133 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), que limitan el uso de celdas de castigo a un máximo de veinte días por faltas muy graves; y, v) Todos los actos atribuidos al Director están documentados en los libros de registro; asimismo, denunció que, pese a la existencia de una resolución judicial que ordenaba la restitución de sus derechos y su incorporación al régimen abierto, el Director no dio cumplimiento a dicha orden, en su lugar, presentó una solicitud de reconsideración acompañada de un informe de inteligencia en el que se alegaba un supuesto riesgo para su vida, argumento que considera infundado.
David Rodolfo Machicado Cuela, Director del Centro Penitenciario de “San Pedro” de La Paz, mediante informe realizado en audiencia, señaló: a) De la parte pertinente del informe del Jefe de Seguridad Interna respecto al privado de libertad Maximiliano Dávila Pérez -ahora accionante-, éste contaba con una celda individual, con baño privado, agua y luz, ubicada en la sección de “Chonchocorito”, junto al Comandante de guardia, lo que garantizaba su seguridad; además, se informó que el accionante tenía acceso irrestricto a la visita de sus abogados, atención médica y visitas durante los horarios establecidos para todos los privados de libertad; y, b) Respecto al “decreto” emitido por el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, explicó que, tras recibir dicha disposición judicial, la Dirección General y la Dirección Departamental del Régimen Penitenciario emitieron un informe sustentado en un informe de inteligencia. Este informe también se basaba en riesgos potenciales para el accionante, solicitando por ende que no se aplique la disposición judicial, el informe fue remitido al Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero, para su consideración, y hasta la fecha de la audiencia de la acción tutelar, se está a la espera de una respuesta sobre si se daría curso a la representación de la Dirección Departamental o se ratificaría la disposición judicial previa. El Asesor Jurídico del Centro Penitenciario de “San Pedro”, en audiencia refirió que: 1) El solicitante de tutela había intentado realizar el mismo pedido anteriormente ante la justicia constitucional, utilizando los mismos fundamentos, y que esas solicitudes habían sido rechazadas, destacó que el demandado había informado debidamente a la superioridad sobre las respuestas negativas de la justicia constitucional, mencionando al “Coronel Dr. Laura Director Departamental”, y al “Licenciado Limpias, Director General”; y, 2) El accionante no había logrado demostrar de manera fehaciente las vulneraciones a sus derechos. Además, señaló que los informes de seguridad del penal indicaban que éste tenía acceso a todos los servicios, incluidas visitas de su pareja y abogado, en las mismas condiciones que los demás privados de libertad.
El Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 57/2022 de 20 de julio, cursante de fs. 91 a 92, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes argumentos: i) La autoridad demandada informó a la Dirección General y a la Dirección Departamental del Régimen Penitenciario sobre la determinación judicial, ante esta situación dichas instancias emitieron un informe de representación en el cual solicitaron que no se aplicará lo ordenado por el Juez, argumentando que, según un informe de inteligencia, existían riesgos para la seguridad para el accionante. Este informe fue remitido al Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del citado departamento, el 8 de junio de 2022; empero, hasta esa fecha no se ha recibido respuesta alguna al respecto; ii) El informe de inteligencia en cuestión fue emitido el 6 de mayo de 2022 por Franz Laura Berrios, Director Departamental de Régimen Penitenciario, quien recomendó tener en cuenta el mismo para futuras decisiones relacionadas con la integridad física del impetrante de tutela; y, iii) De los antecedentes expuesto se tiene que la autoridad penitenciaria demandada no fue responsable de la emisión de este informe, ya que, solo transmitió el contenido del CITE DDRP-CL. 006-005/2022 a la autoridad jurisdiccional. En este sentido, se concluye que no existe coincidencia entre la autoridad que presuntamente vulneró los derechos del accionante y la autoridad contra quien se dirige la acción, lo cual es esencial para la procedencia de la acción de libertad.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Nota Informe T.S./J.4to.E.P./16/22 de 21 de abril de 2022, emitido por Liz Valda de Plaza, Trabajadora Social dirigida al Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz en suplencia legal de su similar Cuarto, sobre la detención preventiva del ahora impetrante de tutela en la que informa “Con relación a sus Derechos y Garantías Constitucionales, al interior del recinto carcelario manifestó: ‘Desde el día que he llegado y he estado encerrado en la celda de castigo llamado el buzón, y por el problema de la pandemia no me dejaron recibir visitas durante 30 días, solo dejaban pasar mi alimentación y solo con mi abogado que me dejaban entrevistar, después de los 40 días me dejaron recibir a mis hijos y mi familia en el pasillo y ellos se trasladan desde Cochabamba, y la Sra. que me trae la comida, que me tengo que servir en el pasillo’ (textual), ‘esto es una violación a los derechos humanos, porque si estoy privado a libre locomoción, pero tengo derecho a estar en mejores condiciones y no encerrado en una celda de castigo (textual) Al respecto, debo informar a su autoridad, que se me negó el ingreso a la celda de castigo por el personal de seguridad del penal, permitiéndome solo a la entrevista en el pasillo’” (sic fs.31 a 32). II.2. Consta Informe 008/2022 de 21 de abril, emitido por el Sbtte. Alejandro Hermogenes Chino Tiñini, Oficial de Registro y Control del Centro Penitenciario de “San Pedro” de La Paz dirigido al Cnl. DESP. David Rodolfo Machicado Cuela, Director, a través del Tte. Winder M. Rodríguez Sánchez, Jefe de Seguridad de la citada penitenciaria que detalla el cumplimiento de la revisión de la Hoja de Ruta 05087 y menciona documentos relevantes, como el Oficio 307/2022, firmado por Javier Flores Mamani, Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz en suplencia legal de su similar Cuarto, y un memorial presentado por Maximiliano Dávila Pérez -ahora accionante- en el que se ordena sobre posibles maltratos al prenombrado para posteriormente describir que éste se encuentra recluido en una celda individual denominada “Buzón”, ubicada cerca de las oficinas de “Gobernación” y la “Dirección Departamental de Régimen Penitenciario”, y cerrada externamente por seguridad, ambiente que se encuentra equipado con baño, ducha, cama, colchones, estufa y otros elementos personales; además de recibir visitas sin restricciones adicionales, tiene entrevistas con sus abogados y recibe atenciones médicas constantes (fs. 33 a 34). II.3. Cursa Informe de 4 de marzo de 2022, emitido por la Sbte. Jhoselyn Chirinos Ramírez, Oficial de Control y Supervisión del Centro Penitenciario de “San Pedro” de La Paz dirigido al Cnl. DESP. David Rodolfo Machicado Cuela, Director del citado Centro, a través del Tte. Obed Chino Yujra en cumplimiento a la Hoja de Ruta 03253, en la que se solicitaba información relacionada con un memorial presentado por Maximiliano Dávila Pérez -ahora accionante- ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, en el que solicita que sus visitas no se limitarán a cinco minutos y que estas no se realizaran en el pasillo de requisa, a lo cual en el informe se detalla que, según el libro de registro, el prenombrado recibe visitas de familiares, abogados y amigos sin restricción de tiempo, cumpliendo con los horarios y días establecidos por la normativa interna del penal, adjuntándose fotocopias simples de las hojas de registro de visitas y puesta en conocimiento de la referida autoridad jurisdiccional el 8 de marzo de 2022 según timbre electrónico (fs. 36 a 37). II.4. Mediante Auto Interlocutorio de 1 de junio de 2022, emitido por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, se resuelve el recurso de reposición presentado por Maximiliano Dávila Pérez -ahora impetrante de tutela- en atención a los arts. 401 y 402 del CPP y basándose en los fundamentos y pruebas documentales aportadas, decide reponer el proveído de 24 de mayo de igual año, ordenando al Director del Centro Penitenciario de “San Pedro”, regularizar la situación del ahora accionante, enfatizando que, aunque está privado de libertad, el único derecho restringido es la locomoción, debiendo respetarse sus demás derechos humanos y constitucionales precisando que goza del derecho a recibir visitas familiares y a acceder al régimen abierto del penal (fs. 39). II.5. Cursa Informe de 8 de junio de 2022, emitido por la autoridad penitenciaria demandada, bajo la referencia “Stria. Dir. N°1168/2022” presentado el 9 del mismo mes y año, ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, en respuesta a la providencia de 1 de similar mes y año, que ordenaba regularizar la situación de Maximiliano Dávila Pérez -ahora accionante- y garantizar sus derechos constitucionales, al respecto, se informa que el prenombrado imputado recibe visitas familiares y abogados con normalidad, los días y horarios establecidos para este fin, sin restricción alguna con acceso a servicios básicos y penitenciarios sin restricciones; asimismo, se comunica respecto a una Nota evacuada por Franz Laura Berrios, Director Departamental de Régimen Penitenciario, que destaca un reporte de inteligencia sobre riesgos para la integridad de Maximiliano Dávila Pérez -solicitante de tutela-, sugiriendo medidas de protección debido a amenazas en la sección "GRULLA" pidiéndose a la autoridad jurisdiccional considere este informe para futuras acciones que garanticen la seguridad del interno y una convivencia pacífica, adjuntando copia de la documentación relevante (fs. 40 a 41).
El accionante denuncia que pese a existir una orden judicial que disponía su inclusión en régimen abierto, el Director del Centro Penitenciario de “San Pedro” no cumplió con dicha determinación judicial estando recluido en condiciones de aislamiento en una celda de castigo, limitándose sus derechos de recibir visitas y hacer llamadas y aunque el “Juez de Ejecución Penal”, verificó estas condiciones y ordenó su cambio de régimen, persisten dichas restricciones indebidas. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La acción de libertad correctiva; y, b) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0006/2019-S2 de 19 de febrero, desarrolló el siguiente razonamiento: La jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad- ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.
Posteriormente, la SC 0044/2010-R de 20 de abril reiteró dicha clasificación, y la amplió, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. De manera específica, con relación a la acción de libertad correctiva, la SC 0824/2011-R de 3 de junio, estableció que tiene por objeto corregir las condiciones agravantes de la privación de libertad, buscando la supresión de condiciones de maltrato, así como la optimización de aspectos que mejoren la calidad de vida digna y seguridad de los detenidos, aprehendidos y condenados, tomando en cuenta que el único derecho legalmente suprimido es el de la libertad personal, encontrándose subsistentes todos los demás derechos inherentes a la persona; de donde se establece que la acción de libertad correctiva no busca la libertad de la persona, sino, corregir situaciones desfavorables de las personas privadas de libertad, incluidas, de acuerdo a la SC 1199/2005-R de 26 de septiembre, aquellas que lesionan a la integridad 2El FJ III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física. Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…)
Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. 3El FJ III.2, expresa: “…buscando la supresión de condiciones de maltrato, así como la optimización de aspectos que mejoren la calidad de vida digna y seguridad de los detenidos, aprehendidos, acusados y condenados, tomando en cuenta que el único derecho que se encuentra legalmente suprimido es el derecho de la libertad personal y de locomoción, encontrándose subsistentes todos los demás derechos inherentes a la persona, de donde se establece que la acción de libertad en su carácter correctivo no busca la libertad de la persona -a diferencia del reparador-, sino corregir situaciones desfavorables de los privados de libertad.
En ese sentido, este Tribunal respecto al cumplimiento de la detención preventiva, ha establecido jurisprudencia, la misma que no es contraria al nuevo orden constitucional, más al contrario es compatible con el mismo, así la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, dejó establecido que: 'El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras «violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…». Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenado. Por tanto, hallan cobijo dentro del ámbito protectivo de esta modalidad de hábeas corpus, la ilegal imposición de sanciones disciplinarias o el traslado también ilegal de una penitenciaría a otra; pues, al agravar arbitrariamente las condiciones de la detención, restringen con mayor intensidad la libertad personal de los detenidos'” (las negrillas son añadidas). 4El FJ III.1, señala: “`…el hábeas corpus correctivo procede contra los actos lesivos a la integridad personal, integridad que debe entenderse en los planos físico, psicológico y moral, en estrecha conexión con la dignidad personal, que debe entenderse en lo físico, psicológico y moral, en estrecha conexión con la dignidad humana. Similar razonamiento se encuentra, entre otras, en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0480/2013 de 12 de abril y 0174/2013 de 22 de febrero.
De los antecedentes, se advierte que el accionante denuncia que pese a existir una orden judicial que disponía su inclusión en régimen abierto, el Director del Centro Penitenciario de “San Pedro” de La Paz, no cumplió con dicha determinación judicial estando recluido en condiciones de aislamiento en una celda de castigo, limitándose sus derechos a recibir visitas y hacer llamadas y aunque el “Juez de Ejecución Penal”, verificó estas condiciones y ordenó su cambio de régimen, persisten dichas restricciones indebidas. En este sentido, con carácter previo es necesario mencionar los antecedentes administrativos con relevancia procesal y jurisdiccional, relacionados con las actuaciones y omisiones presuntamente irregulares que se han denunciado en la presente demanda tutelar. Así de las Conclusiones II.1, II.2, II.3, II.4 y II.5 del presente fallo constitucional, consistentes en diversos informes pronunciados por funcionarios a cargo del Centro Penitenciario de “San Pedro” de La Paz, se evidencia que Maximiliano Dávila Pérez -ahora accionante-, siempre se mantuvo en un régimen abierto. El Informe del 4 de marzo de 2022, elaborado por la Oficial de Control y Supervisión del Centro Penitenciario de “San Pedro”, destaca que el denunciante recibía visitas de familiares y abogados de manera regular, sin restricciones de tiempo y dentro de los horarios establecidos, hecho que consta en los registros documentados de dichas visitas. El 21 de abril de 2022, la Trabajadora Social -Liz Valda de Plaza-, en su Nota Informe T.S./J.4to.E.P./16/22, señaló que, después de un periodo inicial de cuarenta días en una celda de castigo conocida como "el buzón" durante la pandemia de COVID-19, el denunciante pudo recibir visitas en el área de pasillo. Este hecho demuestra que, pese a las medidas sanitarias restrictivas, se le permitió interactuar con sus visitantes y realizar entrevistas en el pasillo, reafirmando su acceso a derechos compatibles con el régimen abierto, información que se complementa con el Informe 008/2022 -de 21 de abril-, en el que se resalta que el impetrante de tutela ocupaba una celda individual con comodidades básicas y continuaba recibiendo visitas sin restricciones adicionales a las aplicables al resto de la población penitenciaria. Finalmente, el Informe de 8 de junio de 2022, en cumplimiento de la providencia del 1 de junio del mismo año, confirma que el accionante seguía recibiendo visitas familiares y de sus abogados de forma regular y sin limitaciones de horario comunicándose a la autoridad de control jurisdiccional ciertos riesgos a su integridad que fueron puestas a su conocimiento, estas en definitiva no afectaron su régimen abierto, manteniéndose los derechos de comunicación y visitas garantizados. Estos documentos, en conjunto, ratifican que el impetrante de tutela se mantuvo bajo un régimen abierto y sus derechos a la comunicación y visitas fueron respetados a lo largo de este periodo. Ahora bien, cabe también señalar que el art. 142 de la LEPS, que regula el Régimen Penitenciario, establecido como un conjunto de normas y medidas destinadas a asegurar una convivencia ordenada y pacífica en los centros penitenciarios, busca propiciar un ambiente adecuado para el tratamiento penitenciario, así como la retención y custodia de los internos. Dentro de esta normativa, se reconocen dos regímenes principales: el régimen cerrado y el régimen abierto, cada uno con características y finalidades específicas. El régimen cerrado, según el art. 143 de la LEPS, se distingue por un estricto control sobre las actividades del condenado y por la limitación de sus relaciones con el exterior. Este tipo de régimen implica una supervisión rigurosa y restringe las interacciones con el entorno externo, lo que busca garantizar la seguridad y disciplina dentro del establecimiento. Por otro lado, el régimen abierto, descrito en el art. 144, se basa en un sistema fundamentado en la confianza y la responsabilidad del condenado hacia la comunidad en la que reside. Este régimen permite al condenado hacer uso de ciertas libertades, fomentando un comportamiento responsable sin abusar de los privilegios otorgados. Se enfoca en la reintegración social del interno, alentándolo a participar de la vida comunitaria y a aprovechar las oportunidades de libertad que se le conceden. La Ley contempla la posibilidad de que los condenados puedan ser admitidos en un régimen abierto desde su primera clasificación, siempre y cuando se determine que es más beneficioso para su readaptación social, independientemente de la categoría penal o de la pena impuesta (art. 145). Sin embargo, el art. 146 establece que si un condenado no se adapta al régimen abierto o si su conducta afecta negativamente a otros internos, se procederá a su traslado a un establecimiento de régimen cerrado. Estos elementos muestran un enfoque dual en el tratamiento penitenciario, buscando equilibrar control y libertad para facilitar la reintegración social de los condenados de acuerdo con su comportamiento y adaptación. Bajo ese fundamento desarrollado y los documentos y registros se infiere que el impetrante de tutela mantuvo un régimen abierto en todo momento y que sus derechos fundamentales, como la comunicación y el acceso a visitas, fueron garantizados conforme a la normativa vigente, sin evidencia de perjuicio o limitación que pudiera considerarse una vulneración de sus garantías constitucionales; consiguientemente, no se presenta la casual establecida en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela, aunque con otros fundamentos, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 57/2022 de 20 de julio, cursante de fs. 91 a 92, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
1 El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenado (…)”.
humana. Bajo esa perspectiva, no es obtener la libertad de la persona, sino que cesen los maltratos, estado de incomunicación, las condiciones de detención, inclusive de hospitalización que puedan considerarse inhumanas, humillantes y degradantes´” (las negrillas nos corresponden).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0514_2024-S1.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 8062c585e3e3a326ab97abef000e23121e2e1f67c9e6b6098e91e3d517f770f0
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