Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 30 de mayo de 2023
Concede en parte la tutela
La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y a la salud; además, de los derechos de su hija menor de edad -bebé-; puesto que, el Juez ahora accionado ni la Secretaria en hoy coaccionada atendieron su solicitud presentada el 3 de enero de 2021 -siendo lo correcto 2022-, referente a: 1) Su salida judicial al SEGIP; al hospital materno infantil sección Pediatría; y, al Hospital Municipal, todos de Riberalta, para que pueda realizarse una valoración médica completa, así como a su hija menor de edad -bebé- una valoración pediátrica; y, 2) La modificación de su situación procesal en cuanto a la fianza juratoria en audiencia virtual. Asimismo, su memorial de reiteración presentado el 10 de igual mes y año, no fue pasado a despacho del referido Juez. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2022 de 12 de enero, cursante de fs. 32 a 34, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al Juez y la Secretaria hoy accionados, con relación al memorial presentado el 3 de enero de 2022, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
a) Disponer que la Secretaria hoy coaccionada o a la que se encuentre ejerciendo dicho cargo en el Tribunal de Sentencia Penal Primero -Juzgado de Partido de Sentencia Penal de Riberalta del departamento de Beni, pase inmediatamente a despacho el memorial de 3 de enero de 2022 de la accionante; y el Juez ahora accionado decrete el mismo con celeridad, si es que aún no se hubieran realizado aquello, por el transcurso del tiempo.
2º DENEGAR la tutela solicitada, con referencia al memorial presentado el 10 de enero de 2022.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0514/2023-S3 Sucre, 30 de mayo de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 45738-2022-92-AL Departamento: Beni En revisión la Resolución 02/2022 de 12 de enero, cursante de fs. 32 a 34, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Noel Arturo Vaca López en representación sin mandato de Silvia Justiniano Huary contra Mauricio Antezana Lora, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido de Sentencia Penal de Riberalta del departamento de Beni; y, Mishela Menacho López, Secretaria del Juzgado Público Civil y Comercial y de Familia Tercero de Riberalta del citado departamento en suplencia legal del referido Tribunal.
La accionante a través de su representante sin mandato por memorial presentado el 10 de enero de 2022, cursante de fs. 3 a 5, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, se encuentra detenida preventivamente en el Centro Penitenciario de Riberalta. En vacación judicial no se le concedió las salidas médicas, al no contar con un Tribunal de Sentencia Penal de turno que atienda causas con detenidos y porque su mandamiento de detención preventiva no fue remitido ante el Juez de Ejecución Penal de Trinidad que debía ejercer control jurisdiccional conforme el art. 1 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS). Una vez concluida la vacación judicial, el Juez ahora accionado es el que ejerce el control jurisdiccional y la Secretaria suplente de dicho juzgado tiene la obligación de pasar a despacho las solicitudes en el día. El 3 de enero de 2021 -siendo lo correcto 2022- presentó ante el referido Juez un memorial manifestando que es progenitora de una menor de edad -bebé- y que debía asistir a lo del médico a realizarse una valoración médica completa; asimismo, para su hija menor de edad quien requería de una valoración pediátrica, al cual como progenitora está obligada a asistir de manera personal conforme lo previsto por el art. 20 de la Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014-, al ser su persona la única que puede brindar información sobre el parto, post parto y otros datos únicos que precisa el especialista, pedido que realizó en razón a que en los centros penitenciarios no existe atención médica especializada; por lo que, fue trasladada de emergencia “…EN FIN DE AÑO…” (sic). El Juez Técnico ahora accionado cuenta con las facultades para disponer traslados a los fines de asistencia al Servicio General de Identificación Personal (SEGIP); puesto que, su persona requería asistir, y poder sacar su cédula de identidad, así como para su hija, y posteriormente realizarse una valoración médica de “anamnesis” (sic) a su hija y una auscultación a su persona por profesionales especialistas en medicina familiar y pediatría respectivamente; es así que, solicitó ante la emergencia sanitaria se disponga su salida judicial al SEGIP de Riberalta el 5 de enero de 2022 y luego al hospital materno infantil de Riberalta a Pediatría y al Hospital Municipal de Riberalta el 4 de enero de 2022, desde las 8:00 horas hasta su conclusión. Pedido que no fue atendido por el Juez ahora accionado ni la Secretaria hoy coaccionada, como tampoco su memorial de reiteración presentado el 10 de enero de 2022, fue pasado a despacho del Juez ahora accionado. Finalmente, en el “Otrosí primero” del memorial presentado el 3 de enero de 2022, solicitó al Juez ahora accionado considere en audiencia virtual la modificación de su situación procesal en cuanto a su fianza juratoria, pedido que interpuso en resguardo de su salud y vida en temporada de pandemia, actuado que fue anteriormente programado para el “…VIERNES DE DICIEMBRE DE 2021…” (sic); empero, la misma no fue instalada.
La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y a la salud; además, de los derechos de su hija menor de edad -bebé-; citando al efecto los arts. 9.5, 13.I, 15.I, 18.I, 35 y 37 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia: a) Se otorgue su salida judicial por salud de su persona y de su hija de un año de edad; y, b) El señalamiento inmediato de audiencia virtual de modificación de medidas cautelares.
Celebrada la audiencia pública el 12 de enero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 29 a 31, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo manifestó que: 1) Existió señalamiento de audiencia de modificación de fianza real a económica para el 3 de diciembre de 2021; empero, dicho acto que debía definir su liberad fue suspendido y no existe acta de ello; 2) La Secretaria ahora coaccionada cumplió con su suplencia legal el 3 de enero de 2022; sin embargo, debió pasar su memorial de solicitud de salida judicial en el día, conforme el art. 56 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; por lo que, la nombrada debió actuar con diligencia ante una solicitud de un privado de libertad; 3) Se respeta la salud de los funcionarios de apoyo judicial; empero, también ellos deben respetar el derecho a la salud de una persona detenida con una hija menor de edad -bebé- que debe realizarse controles; 4) El Tribunal Departamental de Justicia de Beni, no designó Jueces Técnicos para el conocimiento de las causas con detenidos en vacación judicial; 5) La Secretaria ahora coaccionada no fue clara en su informe; puesto que, no indicó si pasó o no a despacho su memorial, si no pasó es responsabilidad de dicha funcionaria de acuerdo al art. 154 del Código Penal (CP); empero, si pasó dicho memorial a despacho, la responsabilidad sería del Juez hoy accionado; 6) De la audiencia de 3 de diciembre de 2021, de ser instalada o suspendida, debió existir un nuevo señalamiento de audiencia para que su situación procesal sea resuelta; empero, no existe notificación alguna con el acta; por lo tanto, existe un procesamiento indebido; 7) La Secretaria ahora coaccionada informó que tenía baja médica desde el 4 de enero de 2022; sin embargo, su solicitud lo realizó el 3 de ese mes y año; por lo que ese día debió ingresar a conocimiento del Juez de la causa; 8) Fue evacuada de emergencia hasta un hospital; 9) Solo le falta la audiencia de garantes, siendo el único departamento en el que se aplica esta audiencia a madres que tengan hijos menores de un año; por lo cual reiteró el 13 de enero de 2022, la presentación de sus memoriales, cuando el Juez hoy accionado se encontraba en pleno ejercicio de sus funciones, y su solicitud pasó a la bandeja de entrada de la secretaría del Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido de Sentencia Penal de Riberalta del departamento de Beni; es decir, se pasó de manera física y digitalizada; y, 10) Se dirijan al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Beni para que en el día designe la suplencia de los Jueces del referido Tribunal de Sentencia.
Mishela Menacho López, Secretaria del Juzgado Público Civil y Comercial y de Familia Tercero de Riberalta del departamento de Beni en suplencia legal del Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido de Sentencia Penal de Riberalta del citado departamento, mediante informe presentado el 11 de enero de 2022, cursante de fs. 9 a 10 vta., manifestó que: i) Su suplencia corrió desde el 3 de enero hasta el 3 de febrero de 2022; ii) Tal como refiere la propia accionante, varias autoridades del Órgano Judicial se encuentran impedidas y con baja médica, encontrándose así los tres Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido de Sentencia Penal de Riberalta del departamento de Beni, por estar contagiados con el Coronavirus (COVID-19); iii) Es evidente que su persona se encuentra en suplencia legal del citado Tribunal; empero, es un ser humano, susceptible de contraer cualquier tipo de enfermedad, más aun cuando la Cuarta ola del COVID-19 y la influenza acechan a Riberalta; iv) No se señala claramente en la presente acción de libertad en qué momento su persona vulneró derechos constitucionales al cumplir solamente funciones de apoyo jurisdiccional, las cuales incluso son designadas en suplencia al ser titular del Juzgado Público Civil, Comercial y de Familia Tercero de Riberalta del departamento de Beni, debiendo cumplir primero sus funciones en dicho juzgado y posteriormente en el referido Tribunal; además, la suplencia legal no genera el cumplimiento de plazos procesales; v) El 3 de enero de 2022, fue notificada con la suplencia legal del mencionado Tribunal, constituyéndose ese mismo día al mismo para ejercer dicha suplencia; por lo que, vio a los Jueces resfriados; empero, se quedó a cumplir sus labores; sin embargo, por la noche se puso mal, presentaba fiebre, tos, dolor muscular; por lo que, el 4 de ese mes y año se constituyó a su fuente laboral, donde la Juez encargada de la “…casa judicial de centro…” (sic) quien es su superior en grado le indicó que fuera al médico por el estado en el que se encontraba; vi) El médico le indicó que tenía influenza y procedió a realizarle una prueba de COVID-19; por lo que, habló con la encargada de Recursos Humanos (RR.HH.) del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, para comunicarle su situación, quien le señaló que no fuera a su fuente laboral hasta que se encuentre mejor y conozca el resultado de la prueba que le realizaron, para precautelar su salud y de los demás funcionarios, es así que desde el 4 al 7 de enero de 2022 se ausentó de su fuente laboral, reincorporándose recién el 10 de ese mes y año, en el cual el Juez del Juzgado en el que es titular le indicó que proceda al llenado del informe “REINEJ” el cual es presentado cada mes para estadísticas y control de movimiento de las causas, su incumplimiento es pasible a responsabilidad disciplinaria y penal; vii) No tuvo conocimiento del memorial referido por la accionante, presentado un día antes, en la que tenía incluso señalada una audiencia, fecha en la que se encontraba con vacación; y, viii) Adjunta prueba para que sea valorada.
En audiencia refirió que recién el día de ayer -11 de enero de 2022- a las 15:52 horas le entregaron los memoriales, entre los que se encuentra el de 3 de enero de 2022; por lo que, tiene veinticuatro horas para pasar a despacho. Mauricio Antezana Lora, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero -Juzgado de Partido de Sentencia Penal de Riberalta del departamento de Beni, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de libertad ni remitió informe, pese a su citación cursante a fs. 21; sin embargo, cursa en obrados -fs. 14- certificado de incapacidad temporal por enfermedad desde el 10 al 14 de enero de 2022.
El Juez de Sentencia Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 02/2022 de 12 de enero, cursante de fs. 32 a 34, concedió en parte la tutela solicitada, declarando procedente la solicitud de la accionante contra la Secretaria ahora coaccionada y se denegó contra el Juez hoy accionado, disponiendo que la Secretaria en el plazo de veinticuatro horas pase los memoriales presentados por la accionante a despacho del Juez que ejerce la presidencia del Tribunal de Sentencia Penal de Riberalta del departamento de Beni o en su defecto a los Jueces quienes asumen la suplencia legal del mismo, para que en el plazo que prevé la norma se respondan dichos memoriales con el decreto correspondiente; bajo los siguientes fundamentos: a) La Secretaria ahora coaccionada señala que efectivamente fue notificada el 3 de enero de 2022 con la suplencia legal y que se habría constituido al Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido de Sentencia Penal de Riberalta del departamento de Beni y fue el 4 de ese mes y año que se puso mal de salud, siendo dada de baja hasta el 7 de igual mes y año, reincorporándose recién el 10 del citado mes y año; empero, por las recargadas labores del Juzgado en donde es titular no pudo constituirse al referido Tribunal, motivo por el que no pasó los memoriales a despacho del Juez hoy accionado; empero, de ello no es menos cierto que las funciones que debe cumplir, aunque sea en suplencia legal deben ser a cabalidad y dentro el marco de la responsabilidad y el principio de celeridad, más aun cuando se trata de personas privadas de libertad con niños bajo su responsabilidad; es decir, que la referida Secretaria tenía la obligación de pasar a despacho los memoriales que habrían ingresado para que el Juez proceda a decretarlos conforme a derecho; mas aun cuando se trata del derecho fundamental a la libertad, al no haberlo realizado así, se establece la responsabilidad con relación a la Secretaría coaccionada; y, b) Respecto al Juez ahora accionado como descargo simplemente presenta un certificado de incapacidad temporal de 10 a 14 de enero de 2022, estableciéndose que si se encontraba en funciones el 3 de enero de 2022 y los días siguientes; empero, no es menos cierto que para decretar los memoriales que ingresen a despacho, primero deben ser envidos por secretaría al sistema y al no tener conocimiento material, menos en sistema no se le puede atribuir responsabilidad; asimismo, por la situación de emergencia en la que se encuentra el país por la cuarta ola del COVID-19 es entendible la situación que vienen atravesando muchos servidores públicos, debiendo realizarse una ponderación de ambos derechos de las partes que de algún modo se encuentran vulnerados.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa decreto de 2 de diciembre de 2021, emitido por Mauricio Antezana Lora, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido de Sentencia Penal de Riberalta del departamento de Beni -ahora accionado- por el que señaló audiencia de modificación de fianza personal a real o económica de Silvia Justiniano Huary -hoy accionante-para el 3 de igual mes y año (fs. 28). II.2. Mediante memorial presentado el 3 de enero de 2022, ante el Juez ahora accionado, la accionante solicitó le conceda salida judicial para renovación de cédula de identidad en el SEGIP; atención médica ginecológica para su persona; y, valoración médica pediátrica para su hija menor de edad -bebé-. En el “Otrosí primero”, pidió se considere la modificación de su situación procesal en cuanto a la fianza juratoria en audiencia virtual (fs. 23 y vta.). II.3. Por memorial presentado el 10 de enero de 2022, ante el Juez ahora accionado, la accionante solicitó y reiteró su pedido de salida judicial para renovación de cédula de identidad en el SEGIP; atención médica ginecológica para su persona; y, valoración médica pediátrica para su hija, y en el “Otrosí primero” instó porque se considere la modificación de su situación procesal en cuanto a la fianza juratoria en audiencia virtual (fs. 24 y vta.). Memorial que de acuerdo a la hoja de ruta del Órgano Judicial fue recepcionado el 11 de igual mes y año, a las 15:52 horas (fs. 8). II.4. Cursa certificado de nacimiento de la menor de edad AA, -hija de la accionante-, quien nació el 24 de marzo de 2021 (fs. 25); así como su Liberta de Salud y Desarrollo Integral Infantil de la referida menor (fs. 26 a 27). II.5. Consta certificado de incapacidad temporal por enfermedad del Juez ahora accionado, desde el 10 al 14 de enero de 2022, cinco días de incapacidad (fs. 7); asimismo, cursa Certificación CM/RR.HH./001/2022 de 4 de enero, emitido por el encargado de RR.HH. del Consejo de la Magistratura de Beni, por el que señaló que Mishela Menacho López, Secretaria del Juzgado Público Civil y Comercial y de Familia Tercero de Riberalta del departamento de Beni -ahora coaccionada- en suplencia legal del Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido de Sentencia Penal de Riberalta del citado departamento, no asistió a su fuente laboral por su delicado estado de salud y precautelando la salud de los demás funcionarios de la “…casa judicial de Riberalta…” (sic), desde el 4 al 7 de enero de 2022, haciendo un total de tres días (fs. 17).
La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y a la salud; además, de los derechos de su hija menor de edad -bebé-; puesto que, el Juez ahora accionado ni la Secretaria en hoy coaccionada atendieron su solicitud presentada el 3 de enero de 2021 -siendo lo correcto 2022-, referente a: 1) Su salida judicial al SEGIP; al hospital materno infantil sección Pediatría; y, al Hospital Municipal, todos de Riberalta, para que pueda realizarse una valoración médica completa, así como a su hija menor de edad -bebé- una valoración pediátrica; y, 2) La modificación de su situación procesal en cuanto a la fianza juratoria en audiencia virtual. Asimismo, su memorial de reiteración presentado el 10 de igual mes y año, no fue pasado a despacho del referido Juez. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0723/2019-S3 de 9 de octubre, citando a la SCP 0506/2015-S2 de 21 de mayo, respecto al derecho a la vida, realizó el siguiente razonamiento: «La SC 0687/2000-R de 14 de julio, definió el derecho a la vida como: “…el bien jurídico más importante de cuantos consagra el orden constitucional, (…). Es el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos. Es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones. Es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: su respeto y su protección. La autoridad estatal está constitucionalmente impedida de hacer cosa alguna que destruya o debilite el contenido esencial de esos derechos y debiendo crear las condiciones indispensables para que tengan cabal observancia y pleno cumplimiento”. Así también la SC 0370/2012 de 22 de junio señaló que: “…el valor o bien jurídico protegido por el derecho a la vida, es el carácter igualmente valioso de toda vida humana o, si se prefiere, la convicción de que toda vida humana es digna de ser vivida. El derecho a la vida constituye el soporte físico de todos los demás derechos fundamentales y, por su obvia conexión con la idea de dignidad de la persona, es incuestionable que su titularidad corresponde a todos los seres humanos cualquiera que sea su nacionalidad. En cuanto derecho subjetivo, el derecho a la vida presenta una peculiaridad: toda violación del mismo tiene, por definición, carácter irreversible porque implica la desaparición del titular del derecho. Por ello, el derecho a la vida se traduce en la imposición de ciertos deberes al Estado, entendido en su sentido amplio de conjunto de los poderes públicos: el deber de no lesionar por sí mismo la vida humana y el deber de proteger efectivamente la vida humana frente a agresiones de los particulares. 'DIEZ PICAZO, Luis María. Sistema de Derechos Fundamentales'. 2º Edición. Pg. 215-216”. Ahora bien con relación al derecho a la salud vinculada directamente a la vida de las personas que se encuentran privadas de libertad, asumiendo lo desarrollado por la SCP 0618/2012 de 23 de julio, precisó lo siguiente: “…la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido que el derecho a la salud de los privados de libertad, se mantiene intacto durante la ejecución de la medida, entendiendo este derecho como '…el disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social, que incluye, entre otros, la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada; la disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial; el acceso a tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos; la implementación de programas de educación y promoción en salud, inmunización, prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole; y, las medidas especiales para satisfacer las necesidades particulares de salud de las personas privadas de libertad pertenecientes a grupos vulnerables o de alto riesgo, tales como: las personas adultas mayores, las mujeres, los niños y las niñas, las personas con discapacidad, las personas portadoras del VIH-SIDA, tuberculosis, y las personas con enfermedades en fase terminal. El tratamiento deberá basarse en principios científicos y aplicar las mejores prácticas’. (…) Si consideramos que la salud es imprescindible para que el hombre y en general la sociedad alcancen un total desarrollo respecto a sus necesidades personales y sociales, este aspecto es determinante para el buen desenvolvimiento del ser humano como tal, y partiendo de que la salud es vida y este derecho no puede verse afectado por la mera disminución del derecho a la libertad, en base a los razonamientos expuestos en los Fundamentos Jurídicos precedentes, es pertinente establecer respecto a los privados de libertad que éstos reciben atención médica gratuita en los centros de salud o consultorios médicos existentes en todos los recintos penitenciarios, dependiente del Ministerio de Salud… Ahora bien, a objeto de materializar el ejercicio del derecho a la salud dentro de los recintos penitenciarios, el ordenamiento jurídico prevé medios específicos para resguardar este derecho por su directa vinculación con el derecho a la vida de aquellas personas que circunstancialmente se encuentran privadas de libertad, (…) que debe existir en cada centro penitenciario un servicio de asistencia médica (…) y en caso de tratarse de enfermedades o dolencias que precisen tratamiento especializado, será el Director del establecimiento el encargado de comunicar estos hechos a las personas indicadas, pudiendo el interno a solicitud expresa ante el Director del establecimiento, acceder a su costo, a atención médica ajena a la del establecimiento, cuya decisión podrá ser apelada ante el juez de ejecución penal[”]» (las negrillas nos corresponden).
La SCP 0256/2020-S3 de 14 de julio, estableció al respecto que: “Por disposición del art. 58 de la CPE: ‘Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones’; marco dentro del cual, el art. 59.I y III de la Norma Suprema, dispone: ‘I. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral. (…). III. Todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción de su origen, tienen iguales derechos y deberes respecto a sus progenitores. La discriminación entre hijos por parte de los progenitores será sancionada por la ley’. Asimismo, a efectos de garantizar la materialización de estos derechos, el art. 60 de la CPE, impone deberes al Estado y a la familia, disponiendo que: ‘Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado’, prohibiendo y sancionando toda forma de violencia contra ellos, a través del art. 61.I de la Norma Suprema. En el contexto normativo internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Bolivia mediante Ley 1152 de 14 de mayo de 1990 -entre otros aspectos- establece en su art. 3, que: ‘1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño’; es decir, que otorga al niño el derecho a que se considere y tenga en cuenta de manera primordial su interés superior en todas las medidas o decisiones que le afecten, tanto en la esfera pública como en la privada, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, imponiendo con ello a los Estados parte, el deber de atención primordial del interés superior del niño, debiendo garantizarse su protección y cuidado necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres. Los lineamientos de esos instrumentos internacionales universales, también se encuentran reconocidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuando el art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), sobre los derechos del niño establece que: ‘Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado’. Conforme a la normativa señalada, así como la del Sistema Universal e Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SUDH y SIDH), se consolida la vigencia y el respeto del principio del interés superior del niño, el cual constituye el principio rector y básico de preeminencia del resguardo a las niñas, niños o adolescentes, que tiene un alcance esencialmente interpretativo de las medidas que puedan afectarles directa o indirectamente; permitiéndose conforme a ese postulado a partir de una interpretación sistemática del texto constitucional y de la normativa especial familiar, reforzar el deber de garantizar la prioridad del interés superior de los menores de edad, que dentro del mandato constitucional conlleva actuaciones imperativas tendientes al respeto de sus derechos y la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia -art. 60 de la CPE-, y/o en su caso garantizando el ejercicio y materialización de sus derechos. Por su parte, el art. 1 del CNNA prevé y regula el régimen de prevención, protección y atención integral que el Estado y la sociedad deben garantizar a toda niña, niño y adolescente; esto con el fin de asegurarles un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia; determinando además en su art. 12 inc. b) del mismo cuerpo legal, como prioridad social, que es deber de la familia, de la sociedad y el Estado asegurar al niña, niño y adolescente, con absoluta prioridad el ejercicio y el respeto pleno de sus derechos, estableciendo el inciso b) del citado artículo, que toda niña, niño y adolecente, tiene derecho a ser atendido con prioridad por las autoridades, judiciales y administrativas. En ese marco, la SCP 0195/2018-S4 de 14 de mayo, establece que: ‘Teniendo en cuenta que las niñas, niños y adolescentes carecen de la madurez biológica y psicológica suficiente y necesaria, para afrontar un conflicto por sí solos, debido a las etapas de desarrollo que atraviesan antes de convertirse en adultos, diferenciándose de estos incluso por sus necesidades emocionales y educativas, el Estado está obligado a adoptar políticas especiales y acciones afirmativas en favor de ellos, al constituir un grupo vulnerable reconociendo previamente su condición de sujetos de derechos y garantías, destinadas a eliminar las situaciones de discriminación o intolerancia que sufren en razón de su edad, promoviendo la efectiva observancia del principio de igualdad, en consideración a sus características especiales’. La SCP 1879/2012 de 12 de octubre, luego de exponer el ámbito de protección constitucional y a través de los instrumentos internacionales sobre materia de derechos humanos, en favor de las niñas, niños y adolescentes, asumió que: ‘…son un grupo de vulnerabilidad que tienen amparo privilegiado por parte del Estado, traducido en un tratamiento jurídico proteccionista en relación a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; a objeto de resguardarlos de manera especial garantizando su desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia. Siendo imprescindible resaltar que tal circunstancia de prevalencia concedida no sólo por consagración constitucional sino por expreso reconocimiento de diversas disposiciones de derecho internacional, obliga a que todas las decisiones que deban tomar las autoridades en conocimiento de situaciones que puedan afectar los intereses del niño, sean asumidas velando por su interés superior; cumpliendo de esa manera la protección constitucional a la que están compelidos en su favor la familia, la sociedad y el Estado. En ese orden, la Corte Constitucional de Colombia, en su Sentencia T-397/04 de 29 de abril de 2004, consideró que: ‘…las autoridades administrativas y judiciales encargadas de determinar el contenido del interés superior de los niños en casos particulares cuentan con un margen de discrecionalidad importante para evaluar, en aplicación de las disposiciones jurídicas relevantes y en atención a las circunstancias fácticas de los menores implicados, cuál es la solución que mejor satisface dicho interés; lo cual implica también que dichas autoridades tienen altos deberes constitucionales y legales en relación con la preservación del bienestar integral de los menores que requieren su protección deberes que obligan a los jueces y funcionarios administrativos en cuestión a aplicar un grado especial de diligencia, celo y cuidado al momento de adoptar sus decisiones, mucho más tratándose de niños de temprana edad, cuyo proceso de desarrollo puede verse afectado en forma definitiva e irremediable por cualquier decisión que no atienda a sus intereses y derechos’. En suma, resulta evidente que los derechos de los niños son prevalentes mereciendo un trato prioritario al contar con interés superior dentro del contexto jurídico vigente; por lo que tanto los jueces y tribunales de garantías como este Tribunal Constitucional Plurinacional, no podrán abstenerse de conocer acciones de tutela que los involucren, precisamente como se tiene establecido por la preeminencia que da la Norma Suprema a este sector de vulnerabilidad y la tutela necesaria que deben merecer en casos de evidente transgresión a sus derechos fundamentales…” (las negrillas nos pertenecen).
La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, citando a la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, sostuvo que:“…La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: 'La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…' (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas. En ese sentido, este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema indicó que esta acción: '…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”’ (las negrillas nos corresponden).
La SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, estableció que: “De la[s] citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (las negrillas nos pertenecen).
La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y a la salud; además, de los derechos de su hija menor de edad -bebé-; puesto que, el Juez ahora accionado ni la Secretaria en hoy coaccionada atendieron su solicitud presentada el 3 de enero de 2021 -siendo lo correcto 2022-, referente a: i) Su salida judicial al SEGIP; al hospital materno infantil sección Pediatría; y, al Hospital Municipal, todos de Riberalta, para que pueda realizarse una valoración médica completa, así como a su hija menor de edad -bebé- una valoración pediátrica; y, ii) La modificación de su situación procesal en cuanto a la fianza juratoria en audiencia virtual. Asimismo, su memorial de reiteración presentado el 10 de igual mes y año, no fue pasado a despacho del referido Juez.
De la revisión de antecedentes, se tiene el decreto de 2 de diciembre de 2021, emitido por el Juez del ahora accionado, por el que señaló audiencia de modificación de fianza personal a real o económica de la accionante para el 3 de igual mes y año (Conclusión II.1.). Por otro lado se tiene memorial presentado el 3 de enero de 2022, ante el Juez ahora accionado, por el que la accionante solicitó se le conceda salida judicial para renovación de cédula de identidad en el SEGIP; atención médica ginecológica para su persona; y, valoración médica pediátrica para su hija menor de edad -bebé-. En el “Otrosí primero”, pidió se considere la modificación de su situación procesal en cuanto a la fianza juratoria en audiencia virtual (Conclusión II.2.), pedido que fue reiterado por memorial presentado el 10 de igual mes y año (Conclusión II.3.). Cursa Certificado de Nacimiento la menor de edad AA -hija de la accionante-, quien nació el 24 de marzo de 2021, así como su Libreta de Salud y Desarrollo Integral Infantil de la referida menor (Conclusión II.4.); también consta certificado de incapacidad temporal por enfermedad del Juez ahora accionado, desde el 10 al 14 de enero de 2022, cinco días de incapacidad; asimismo, cursa Certificación CM/RR.HH./001/2022, emitido por el encargado de RR.HH. del Consejo de la Magistratura de Beni, por el que señaló que la Secretaria ahora coaccionada, no asistió a su fuente laboral por su delicado estado de salud y precautelando la salud de los demás funcionarios de la “…casa judicial de Riberalta…” (sic), desde el 4 al 7 del referido mes y año, haciendo un total de tres días (Conclusión II.5.). Respecto a la primera problemática Conforme con la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el bien jurídico más importante que consagra el orden constitucional, es el derecho de toda persona al ser y a la existencia; es decir, a la vida, siendo la base para el ejercicio de los demás derechos; por lo que, el Estado está obligado a su respeto y su protección, misma que se encuentra relacionada al derecho a la salud de los privados de libertad, la cual se mantiene intacto mientras una persona se encuentre en dicha situación, lo que conlleva al goce de atención médica adecuada. En ese entendido, se tiene que la accionante evidentemente solicitó salida médica ginecológica y pediátrica para su persona y su hija de casi diez meses de edad, el 3 de enero de 2021, señalando incluso que en vacación judicial no pudo hacerlo por falta de control jurisdiccional, extremo que fue confirmado a través del informe emitido por la Secretaria hoy coaccionada, quien señaló que se encontraba en suplencia legal del Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido de Sentencia Penal de Riberalta del departamento de Beni, del 3 de enero al 3 de febrero de 2021 (fs. 11), siendo notificada el 3 de enero de 2022 con el memorando correspondiente; por lo que, se constituyó en dicho Tribunal ese mismo día para cumplir sus labores -según afirma la propia coaccionada-; ahora bien, también manifestó en audiencia que “…el memorial presentado en fecha 3 de enero pensaba pasarlo al otro día dentro las 24 horas…” (sic); es decir, que tuvo conocimiento del memorial de 3 de enero de 2022 de la accionante, ese mismo día -3 de enero de 2022-; por lo que, la Secretaria ahora coaccionada debió cumplir con la obligación determinada para su cargo, que se encuentra previsto por el art. 94.I.1 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) que establece: “Pasar en el día, a despacho, los expedientes en los que se hubiera presentado escritos y otros actuados, para su providencia…” (las negrillas son nuestras); empero, al no hacerlo adecuó su accionar a la excepción del inc. b) de la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.4. del presente fallo constitucional, que dispone: “…la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos”, en ese sentido dicha funcionaria de apoyo jurisdiccional adquirió legitimación pasiva para ser accionada en esta acción de libertad, al no pasar en el día el memorial de la accionante, más aun cuando se trataba de una solicitud de una persona privada de libertad que tiene a su cargo a una hija menor -bebé- de casi diez meses de edad, para la cual se solicitaba atención pediátrica al igual que para la accionante -privada de libertad- atención ginecológica, mismas que, si bien la accionante se encuentra con detención preventiva, no obstante se mantiene incólume sus demás derechos fundamentales inherentes a la persona, entre los que está el derecho a la salud que tiene una relación intrínseca con el derecho a la vida, derechos que menos aún pueden ser negados a una menor de edad, de menos de diez meses de edad, la cual, al ser un sujeto de derechos tiene derecho a la salud, que es clave para su desarrollo posterior al ser una etapa de crecimiento donde se les debe realizar controles pediátricos de niño sano, para controlar su crecimiento y desarrollo -peso y estatura- al igual que las vacunas, con la finalidad de controlar o prevenir problemas, así lo reconoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva Oc-29/22 de 30 de Mayo de 2022 respecto a enfoques diferenciados respecto de determinados grupos de personas privadas de la libertad, al establecer que “211. (…) En definitiva, los hijos e hijas de reclusas tienen el mismo derecho a acceder a los servicios de salud en las mismas condiciones que los niños y niñas que viven fuera de las cárceles. Para ello debe asegurarse: (…) (ii) controles periódicos y el acceso gratuito y en condiciones de igualdad a la atención en salud pediátrica especializada…”, razón por lo cual, todo funcionario judicial debe considerar el interés superior del niño, niña y adolescente en todas las decisiones que les afecten, como el asumido por la Secretaria ahora accionada quien no observó que el memorial de la accionante implicaba también a una menor de edad, no constituyéndose un justificativo válido que la misma hubiera estado delicada de salud del 4 al 7 de enero de 2022, al haber tenido conocimiento previo -el 3 de enero de 2022- de la solicitud realizada por la accionante y una vez que retomó sus labores -10 de enero de 2021- no actuó con la celeridad debida que el caso amerita, como se analizó precedentemente. Con relación al mismo punto, se tiene que el Juez hoy accionado el 3 de enero de “2021” -2022- se encontraba ejerciendo sus labores jurisdiccionales; puesto que, su incapacidad temporal por enfermedad era del 10 al 14 de enero de 2022, por lo que, si bien es evidente que la Secretaria ahora coaccionada no ingresó a despacho el memorial de la accionante, conforme a lo analizado precedentemente, no es menos cierto que el Juez ahora accionado tiene la obligación de controlar la actuación del personal de apoyo jurisdiccional de su Juzgado a través del seguimiento de sus labores, más aún cuando era de su conocimiento que su personal sub alterno como ser la Secretaria suplente no se encontraba realizando su trabajo por varios días, lo que conllevó la paralización del ingreso de memoriales a su despacho; por lo que, debió asumir una actitud activa solicitando el nombramiento de otra Secretaria o en su caso designando sus labores a otro funcionario subalterno, para evitar perjuicios en los procesos que se encontraban sustanciando en dicho Tribunal, más aun en casos que tuvieran repercusión en la libertad de las personas; consecuentemente, corresponde conceder la tutela solicitada respecto al Juez y la Secretaria ahora accionados al respecto. Respecto a la segunda problemática Conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional, toda solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física de una persona, debe ser tramitada con la mayor celeridad posible; puesto que, no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, activándose en ese caso la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la cual busca acelerar los trámites judiciales cuando existen dilaciones indebidas.
En dicho marco, y en el entendido que la accionante solicitó audiencia de modificación de fianza, se colige que la nombrada anteriormente obtuvo que se disponga la cesación de su detención preventiva, donde debió disponerse que cumpla otras medidas cautelares personales, entre las que estaba la fianza personal, la cual, al no ser cumplida por la accionante solicitó su modificación, es así que mediante decreto de 2 de diciembre de 2021 el Juez ahora accionado señaló audiencia de modificación de fianza personal a real o económica, para el día 3 de igual mes y año, acto procesal que de acuerdo a lo manifestado por la accionante no se instaló en dicha fecha, y se tiene que, no se realizó hasta el momento en el que se interpuso esta acción de defensa, al continuar la privación de libertad de la accionante; por lo que, la nombrada tuvo que solicitar a través del memorial de 3 de enero de 2021 que en audiencia se considere dicha modificación y al no ser atendido su pedido lo reiteró por memorial presentado el 10 de enero de 2022, dilación en la que incurrió el Juez ahora accionado, que se constituye ineludiblemente un actuar negligente por parte de la citada autoridad judicial, que provocó una demora innecesaria e incertidumbre en la resolución de la situación jurídica de la accionante; puesto que, para que se efectivice el mandamiento de libertad a su favor debe cumplir esta medida cautelar personal que le impusieron y que aún se encuentra pendiente de ser cumplida; por lo que, el accionar del Juez ahora accionado en el marco de análisis realizado en la anterior problemática -falta de control de su personal subalterno de forma activa y diligente- vulneró el derecho a la libertad de la nombrada vinculada a la celeridad, al igual que la Secretaria ahora coaccionada, quien no ingresó a despacho el memorial de la accionante en el día -3 de enero de 2022-, a pesar de haber tenido conocimiento del mismo, actuar en el que volvió a incurrir respecto al memorial presentado el 10 de igual mes y año; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada en su modalidad traslativa o de pronto despacho respecto al accionar del Juez y la Secretaria ahora accionados. Ahora bien, respecto al memorial de reiteración presentado el 10 de enero de 2022, por la accionante ante la falta de atención a su memorial de 3 de ese mes y año, -el cual denuncia que no fue pasado a despacho por la Secretaria ahora coaccionada, si bien el mismo fue presentado a las 9:56 horas del 10 de enero de 2022, y siendo que la presente acción de libertad fue interpuesta en la referida fecha, a las 15:25 horas, existía aun plazo para que el mismo sea pasado a despacho; sin embargo, se tiene del Informe de 11 de enero de 2022, de la Secretaria ahora coaccionada, que no remitió en el día dicho memorial al despacho del Juez hoy accionado; al haber señalado en su informe que, desconocía dicho memorial. Y el 10 de enero de 2022 -fecha en la que retomó sus labores- se quedó a realizar un informe en el Juzgado en el cual es titular; no obstante, no hubiera sido posible que la Secretaria ahora coaccionada cumpla con sus funciones, conforme el art. 94.I.1 de la LOJ, debido a que de acuerdo a la hoja de ruta del Órgano Judicial dicho memorial fue recepcionado por la Secretaria hoy coaccionada el 11 del citado mes y año a las 15:52 horas; consecuentemente, corresponde denegar la tutela solicitada al respecto. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2022 de 12 de enero, cursante de fs. 32 a 34, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al Juez y la Secretaria hoy accionados, con relación al memorial presentado el 3 de enero de 2022, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
a) Disponer que la Secretaria hoy coaccionada o a la que se encuentre ejerciendo dicho cargo en el Tribunal de Sentencia Penal Primero -Juzgado de Partido de Sentencia Penal de Riberalta del departamento de Beni, pase inmediatamente a despacho el memorial de 3 de enero de 2022 de la accionante; y el Juez ahora accionado decrete el mismo con celeridad, si es que aún no se hubieran realizado aquello, por el transcurso del tiempo.
2º DENEGAR la tutela solicitada, con referencia al memorial presentado el 10 de enero de 2022. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
1 https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_29_esp.pdf
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0514_2023-S3.pdf · páginas 1 a 19.
Huella digital del PDF (SHA-256): fa704193ad0daf8b65a2aef2c84bff9b60220c8a29b0b2d51645bb127af1b2ca
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →