Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 3 de junio de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a una remuneración o salario justo, a la estabilidad e inamovilidad laboral por su condición de discapacidad y a la prohibición de todo acoso laboral; en virtud a que, la empresa accionada, le desvinculó con desahucio de sus servicios sin considerar que es una persona con discapacidad; motivo por el cual, acudió a la Jefatura Regional de Trabajo de El Alto, solicitando su restitución laboral y habiéndose emitido la Conminatoria MTEPS/VMTEPS/J.R.T.E.A./MEVB/0013/2022, dicha determinación no fue cumplida en su totalidad; puesto que, si bien fue restituido en otro lugar, sufriendo un acoso laboral vinculado con cambios de lugares de trabajo, tampoco se procedió al pago de los sueldos devengados de agosto, septiembre, octubre y noviembre de ese mismo año. Ante ello, la empresa accionada no presentó informe alguno ni concurrió a la audiencia de garantías constitucionales, pese a su legal citación. En consecuencia, corresponde en revisión determinar, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 059/2023 de 23 de marzo, cursante de fs. 201 a 204, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela impetrada, de manera provisional, en los mismos términos dispuestos por la referida Sala Constitucional; y conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en este fallo constitucional; y, 2º DENEGAR la tutela solicitada, con relación al acoso laboral denunciado.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0513/2025-S2 Sucre, 3 de junio de 2025 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 55099-2023-111-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 059/2023 de 23 de marzo, cursante de fs. 201 a 204, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Gabriel Max Roca García contra Jhonny Freddy Vela Machicado, representante legal de la Compañía de Limpieza e Ingeniería Ambiental Sociedad de Responsabilidad Limitada (COLINA S.R.L.).
Por memoriales presentados el 7 y 22, ambos de febrero de 2023, cursantes de fs. 171 a 182 y 186 a 195 vta., el accionante manifiesta lo siguiente:
Mientras cumplía sus funciones laborales en el cargo de Encargado de Almacenes, en la empresa COLINA S.R.L, ubicada en la zona 12 de octubre, calle 9, número 50, de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, el 3 de agosto de 2022, con nivel salarial de Bs6 625,76.- (seis mil seiscientos veinticinco 76/100 bolivianos), fue despedido de manera discrecional, ilegal e intempestiva, mediante la entrega de un memorándum de agradecimiento de servicios. Durante su relación laboral, desarrolló sus funciones con dedicación, eficiencia y compromiso, sin haber incurrido en infracción alguna que justificara su desvinculación, conforme a lo establecido en el art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT) ni en el art. 9 de su Decreto Reglamentario. Frente al despido injustificado, acudió a la Jefatura Regional de Trabajo de El Alto del departamento de La Paz, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que, tras la revisión del caso, emitió la Conminatoria MTEPS/VMTEPS/J.R.T.E.A./MEVB/0013/2022 de 26 de agosto, en la que instó se proceda a su inmediata reincorporación, por inamovilidad laboral, en el mismo puesto que ocupaba, con igual nivel salarial. Sin embargo, la empresa accionada, en lugar de cumplir con la orden administrativa, interpuso de manera dilatoria un recurso de revocatoria que mereció la Resolución Administrativa (RA) 027/2022 de 22 de septiembre, por la que confirmó íntegramente la Conminatoria, ordenando además el pago de los salarios devengados, demás derechos sociales y laborales hasta la fecha de reincorporación; pese a ello, interpuso recurso jerárquico, que fue resuelto por Resolución Ministerial (RM) 1529/22 de 1 de noviembre de 2022, por la que confirmó en todos sus términos las disposiciones anteriores, ratificando la obligación de reincorporación y el pago de sueldos devengados. No obstante, la empresa accionada solo cumplió parcialmente lo dispuesto; puesto que, el 3 de diciembre de 2022, si bien se procedió a su reincorporación, fue en otro lugar de trabajo, distinto a lo determinado, siendo trasladado incluso a reemplazar a un compañero en el área de báscula del relleno sanitario de Villa Ingenio, ubicado a una distancia de aproximadamente treinta minutos del lugar asignado; además, hasta la interposición de la presente acción tutelar no se le pagó los sueldos devengados desde el 3 de agosto al 7 de diciembre del referido año.
El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a una remuneración o salario justo, a la estabilidad e inamovilidad laboral por su condición de discapacidad y a la prohibición de todo acoso laboral; citando al efecto los arts. 46.I, 47, 48.I y VI, 49.III, 67, 68, 70, 71, 72 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); y, 4 y 8 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Solicita se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia: a) Se ordene a la entidad accionada a que dé cumplimiento total a la Conminatoria MTEPS/VMTEPS/J.R.T.E.A./MEVB/0013/2022 respecto al pago de salarios devengados y demás derechos sociales actualizados a la fecha de su reincorporación; y, b) El cese de todo acoso laboral, por cambios bruscos a otros lugares distintos a su fuente laboral.
Celebrada la audiencia pública virtual el 23 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 199 a 202 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela a través de su abogado, ratificó de manera íntegra los argumentos expuestos en el memorial de acción tutelar, y en audiencia señaló que: 1) Inició sus labores el 19 de abril de 2008; sin embargo, fue despedido intempestivamente el 3 de agosto de 2022, pese de que había informado a la empresa sobre su condición de persona con discapacidad física y motora; 2) La empresa accionada, posterior a la emisión de las decisiones administrativas, recién procedió a su reincorporación el 3 de diciembre de 2022; sin embargo, omitió el pago de los sueldos devengados correspondientes a agosto, septiembre, octubre y noviembre de ese mismo año, como consecuencia de esa omisión, se vio obligado a solicitar préstamos para sostener a su familia, ya que su esposa también requería atención médica mediante el seguro social; y, 3) A pesar de haber sido reincorporado, continuó siendo víctima de acoso laboral, ya que la empresa comenzó a cambiarlo constantemente de lugar de trabajo, cuando su fuente laboral inicial se encontraba en la calle “6 de Marzo”, zona 12 de octubre de El Alto del departamento de La Paz, y en reiteradas ocasiones fue obligado a trasladarse a Villa Ingenio, afectando así su estabilidad e inamovilidad laboral, derechos que le corresponden como persona con discapacidad, según las disposiciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Asimismo, ante la pregunta aclarativa formulada por la Vocal de la Sala Constitucional respecto a si, en este caso, ya se había producido la reincorporación, pero ahora se denuncia un acoso laboral vinculado al cambio de lugar de trabajo, se consultó si la denuncia por hostigamiento se refería a que no fue reincorporado al mismo lugar de origen. En respuesta, el accionante manifestó que trabajaba en la av. “6 de marzo”, calle 9, zona 12 de octubre, en la mencionada ciudad y departamento, y que, en efecto, no fue reincorporado en ese lugar. Precisó que el acoso y el hostigamiento consistieron en constantes cambios abruptos de lugar de trabajo, siendo trasladado a la comunidad de Villa Ingenio, donde se encuentra el relleno sanitario, lugar alejado y de condiciones adversas. Además, denunció que no se le proporcionó equipo de protección personal y que, en ocasiones, fue enviado a otras reparticiones de la empresa, incumpliendo así con su función específica de Encargado de Almacenes, tal como había sido dispuesto por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. De igual modo, a la consulta de si estos hechos constituían una nueva vulneración respecto a lo dispuesto en la conminatoria, y cuál era el objeto de su pretensión en la presente acción tutelar, el impetrante de tutela respondió que, la misma consiste en el cumplimiento del pago de los sueldos devengados. Frente a la pregunta sobre si la conminatoria había sido cumplida de manera parcial, el accionante respondió afirmativamente, dejando constancia de que la conminatoria fue notificada a la empresa accionada el 1 de septiembre de 2022; su reincorporación parcial se efectuó el 3 de diciembre del mismo año, una vez agotada la vía administrativa ante la interposición de los recursos de revocatoria y jerárquico. Asimismo, se aclaró que el presente reclamo no se refiere a los sueldos posteriores a la reincorporación, sino específicamente a los sueldos devengados anteriores, correspondientes al tiempo en que se encontraba indebidamente desvinculado. Finalmente señaló que, presentó solicitudes tanto verbales como escritas, entre ellas, una nota formal del 6 de enero de 2023 dirigida a la Jefatura Regional de Trabajo, haciendo conocer que la empresa accionada, no había cumplido con el pago de los sueldos devengados. No obstante, dicha solicitud no mereció ninguna respuesta por parte de la autoridad competente.
Jhonny Freddy Vela Machicado, representante legal de COLINA S.R.L., no remitió informe alguno ni se hizo presente a la audiencia de garantías constitucionales pese a su citación cursante a fs. 198.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 059/2023 de 23 de marzo, cursante de fs. 201 a 204, concedió la tutela impetrada, ordenando a la entidad accionada a que en el plazo de cinco días hábiles de cumplimiento cabal e íntegro a la Conminatoria MTEPS/VMTEPS/J.R.T.E.A./MEVB/0013/2022, y a la RM -1529/22-, a efecto de que se proceda a la reincorporación al mismo puesto de trabajo que ocupaba antes de su desvinculación, sin costas ni costos procesales; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) De la revisión de los antecedentes, se tiene que la Conminatoria mencionada no fue cumplida en su totalidad. Si bien formalmente se habría dispuesto la reincorporación del trabajador, el accionante observó dos irregularidades: primero, la falta de pago de haberes de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2022; y segundo, que no fue reincorporado al mismo cargo, sino que fue trasladado constantemente, lo cual fue interpretado como una posible represalia; ii) En cuanto a la eficacia de los actos administrativos, estos deben cumplirse conforme a los términos expresamente establecidos; en el caso, la señalada Conminatoria establecía claramente el pago de los salarios devengados desde la desvinculación hasta la reincorporación, así como el retorno del trabajador al mismo puesto laboral, siendo estos dos aspectos que fueron los señalados como incumplidos y ante la ausencia de prueba, alegato o comparecencia por parte de la empresa accionada para refutarlos, se tiene por cierto los extremos denunciados; y, iii) Finalmente, las resoluciones administrativas deben cumplirse en su totalidad, y no puede considerarse que se ha dado cumplimiento si este ha sido parcial o meramente aparente.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Memorándum ERH 011/10 de 23 de septiembre de 2010, Wandy Sirpa Acarapi, Encargada de Recursos Humanos (RR.HH.) de COLINA S.R.L., designó al hoy accionante en el cargo de Encargado de Almacenes (fs. 17). II.2. Consta Comunicación Interna AT- 102/19 de 8 de noviembre de 2019, a través del cual, Jaime Chávez Solano, Gerente General de COLINA S.R.L., comunicó al hoy impetrante de tutela “Cambio de Lugar de Trabajo” (sic), indicándole que “…habiendo evaluado su actual puesto de trabajo y considerando que su persona goza de inamovilidad laboral de acuerdo a lo que estable la Ley 223, el D.S. 1893 y demás normas conexas, se ha tomado la determinación de cambiar su lugar de trabajo, precautelando mejores condiciones para el desempeño de sus funciones y que las mismas puedan ser de mayor beneficio tanto para la empresa como para su persona.
En este entendido, a partir de la fecha, prestará sus servicios en la oficina ubicada en la ciudad de El Alto, Zona 12 de Octubre, C/9 “Nro.” 50, donde se le explicará sus nuevas funciones en coordinación con su inmediato superior (sic [fs. 16]). II.3. Consta carnet de discapacidad del peticionante de tutela 162866, emitido por el Ministerio de Salud y Deportes, por el cual, evidencia el tipo de discapacidad “FÍSICA MOTORA”, grado moderado; documento vigente del 13 de mayo de 2021 hasta el 13 de mayo de 2027 (fs. 29). II.4. Se tiene recibo de pago 033479 de 30 de junio de 2022, extendido a nombre del accionante por la empresa COLINA S.R.L., correspondiente al periodo “junio-2/2022”, del haber ganado por la suma total de Bs6 625,76.-(fs. 7). II.5. Mediante Memorándum RRHH-AT-CO-138/22 de 3 de agosto de 2022, Sonia Faride Paye Poma, Administrador de Proyecto de la empresa accionada, comunicó al hoy impetrante de tutela su desvinculación con desahucio, prescindiendo de sus servicios a partir de dicha fecha (fs. 15).
II.6. Por nota presentada el 4 de agosto de 2022, a la Directora de CODEPEDIS, el ahora peticionante de tutela requirió apoyo legal por atropello a su persona que tiene discapacidad con memorándum de desvinculación con desahucio de COLINA S.R.L., cuando previamente ya le fue reconocida su inamovilidad laboral. En efecto, mediante CITE: GADLP/SDDSC/DC/NEX-117/2022 de 10 de agosto, dirigido al Gerente General de dicha empresa, solicitó al amparo de los arts. 34 de la Ley General para Personas con Discapacidad -Ley 223 de 2 de marzo de 2012-, y 2.II de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad -Ley 977 de 26 de septiembre de 2017- en relación a la inamovilidad laboral; la consideración del precitado con discapacidad, con tipo de discapacidad física motora inscrito en el Sistema de Información del Programa del Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (SIPRUNPCD) del Comité Departamental de la Persona con Discapacidad del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (fs. 10 a 12). II.7. Mediante la Conminatoria MTEPS/VMTEPS/J.R.T.E.A./MEVB/0013/2022 de 26 de agosto, Mary Elizabeth Velasco Bautista, Jefa Regional de Trabajo de El Alto del departamento de La Paz, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, conminó la inmediata reincorporación del hoy accionante, al mismo puesto que ocupaba en el cargo de Técnico de Almacenes, ubicado en la zona 12 de octubre, calle 9, número 50, con el nivel salarial Bs6 625.76.- a la fecha de despido; determinación que fue notificada a COLINA S.R.L. -ahora accionada-, el 30 del citado mes y año, conforme se advierte del sello de recibido que consta en la primera hoja (fs. 59 a 64). II.8. Se tiene informe de 13 de septiembre de 2022, de verificación de cumplimiento de lo dispuesto en la Conminatoria antes mencionada, emitido por Nuguer Heriberto Gutiérrez Quisbert, Inspector de Trabajo de El Alto, por el que, en sus conclusiones refirió que, no se dio cumplimiento a la indicada determinación (fs. 69 a 70).
II.9. Ante la interposición del recurso de revocatoria por la empresa accionada se emitió la RA 027/2022 de 22 de septiembre, por la que, confirmó la Conminatoria antes señalada, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que correspondan a la fecha de su respectiva reincorporación (fs. 83 a 89 vta.); determinación que habiendo merecido la presentación del recurso jerárquico, fue resulta por RM 1529/22 de 1 de noviembre de 2022, por la que, Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, confirmó totalmente la RA 027/2022 y consiguientemente la Conminatoria dispuesta; decisión que fue complementada por Auto de 21 de ese mes y año, disponiendo más el pago de sueldos devengados desde la fecha de despido hasta el día de su reincorporación (fs. 116 a 119; 133 a 137 vta.; y, 162 a 163).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a una remuneración o salario justo, a la estabilidad e inamovilidad laboral por su condición de discapacidad y a la prohibición de todo acoso laboral; en virtud a que, la empresa accionada, le desvinculó con desahucio de sus servicios sin considerar que es una persona con discapacidad; motivo por el cual, acudió a la Jefatura Regional de Trabajo de El Alto, solicitando su restitución laboral y habiéndose emitido la Conminatoria MTEPS/VMTEPS/J.R.T.E.A./MEVB/0013/2022, dicha determinación no fue cumplida en su totalidad; puesto que, si bien fue restituido en otro lugar, sufriendo un acoso laboral vinculado con cambios de lugares de trabajo, tampoco se procedió al pago de los sueldos devengados de agosto, septiembre, octubre y noviembre de ese mismo año. Ante ello, la empresa accionada no presentó informe alguno ni concurrió a la audiencia de garantías constitucionales, pese a su legal citación. En consecuencia, corresponde en revisión determinar, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Al respecto, SCP 0457/2021-S3 de 10 de agosto, citando y aplicando los entendimientos de la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021, sostuvo que: «Con la finalidad de unificar la línea jurisprudencial de los precedentes constitucionales emitidos por las Salas de este Tribunal, respecto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral y sobre todo para lograr la materialización del derecho al trabajo de toda persona, reconocido por instrumentos internacionales como por nuestra Norma Suprema, este Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, unificó la línea jurisprudencial sobre esta temática: “1) En cuanto al cumplimiento integral de la conminatoria de reincorporación, esto es además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, conforme a los entendimientos y la sistematización realizada en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, es decir: 1.i) Cuando una trabajadora o trabajador sea despedido injustificadamente o por causas no contempladas en el art. 16 de la LGT, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación; 1.ii) Es posible interponer directamente la acción de amparo constitucional -abstrayendo el principio de subsidiariedad-cuando la trabajadora o el trabajador demande el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo por parte de su empleador; 1.iii) La referida conminatoria no constituye una resolución definitiva respecto a la situación laboral de la trabajadora o el trabajador siendo netamente provisional la otorgación de la tutela puesto que las autoridades administrativas o judiciales en materia laboral son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador; 1.iv) El prenombrado tiene el deber de dar cumplimiento inmediato a la conminatoria precitada aunque hubiera planteado recurso de revocatoria o jerárquico que este pendiente de resolverse o hubiera interpuesto cualquier otro recurso en la vía judicial o administrativa; 1.v) La justicia constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar -incluyendo la prueba-, ameritaban tal determinación, debido a que ese aspecto le corresponde a la jurisdicción ordinaria; y, 1.vi) La conminatoria de reincorporación antedicha debe ser acatada en su integridad, sin omitir ninguna de las determinaciones dispuestas. (…) A partir de los precedentes establecidos ut supra y, con la facultad prevista en la norma procesal constitucional, este Tribunal en la parte resolutiva de dicho fallo de doctrina constitucional, dispuso ̀(…) UNIFICAR la línea jurisprudencial relativa al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral denunciada a través de la acción de amparo constitucional, en los siguientes términos:
1° En cuanto al alcance de la conminatoria de reincorporación laboral de trabajadoras y trabajadores en general, que contemple además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, se dispone la vigencia de los entendimientos y la sistematización asumidos en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, correspondiendo a la jurisdicción constitucional velar por el cumplimiento integral de la conminatoria sin omitir ninguna de sus determinaciones; 2° Respecto de la conminatoria de reincorporación laboral emitida en favor de trabajadoras y trabajadores que cuentan con fuero sindical, se dispone la aplicación del razonamiento establecido en la SCP 0476/2018-S3 de 1 de octubre, la cual, considerando al fuero sindical como un medio de protección constitucional contra arbitrariedades o represalias de los empleadores, ordenó el cumplimiento integral de la conminatoria de reincorporación laboral incluyendo todos los derechos concedidos; y, 3° Debiendo tener presente que, si la trabajadora o el trabajador escoge aceptar el despido injustificado en el marco del art. 10 del Decreto Supremo 28699 de 1 de mayo de 2006, el empleador deberá acreditar el pago de la totalidad de los beneficios y derechos sociales, además de sus obligaciones patronales, a los efectos de brindar seguridad jurídica en la relación jurídico-laboral que se extingue conforme a los fundamentos expresados en la presente Resolución de Doctrina Constitucional”ʹ» (las negrillas nos corresponden). Normativa constitucional que en coherencia al art. 203 de la CPE, dado su carácter vinculante y obligatorio, aun para la propia justicia constitucional, deben ser aplicados en todos aquellos casos en los cuales una trabajadora o un trabajador, denuncie a través de la acción de amparo constitucional, el incumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral, emitida por las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo, quedando abierta la vía administrativa y/o judicial, a efectos de que el empleador pueda impugnarla, sin perjuicio de su inmediato cumplimiento.
Consideración Previa Con carácter previo, es menester realizar una precisión de forma antes de ingresar al análisis de fondo de esta acción tutelar, en lo concerniente a la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales -Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022-, con vigencia a partir de 3 de noviembre de igual año; empero, no corresponde su aplicación en el caso; debido a que, los hechos que originaron la acción de amparo constitucional, fue a consecuencia del incumplimiento de la Conminatoria MTEPS/VMTEPS/J.R.T.E.A./MEVB/0013/2022 -objeto de tutela-, emitida el 20 de agosto de dicho año y ratificada por la RM 1529/22 de 1 de noviembre de 2022, estando regida por el anterior procedimiento determinado por el Decreto Supremo (DS) 28699 -de 1 de mayo de 2006-modificado por el DS 0495 -de 1 de mayo de 2010-; por ende, son aplicables los alcances de la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 desglosada precedentemente.
Sobre la cuestión material planteada En el marco de la problemática identificada, es importante resaltar que, los derechos fundamentales previstos en la Norma Suprema por disposición del art. 109 son directamente aplicables, lo que implica que todos los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado, se aplican de manera directa, gozan de iguales garantías para su protección, y se constituye en una concreción del carácter normativo de la Ley Fundamental; en ese contexto, el principio de aplicación directa de los derechos, supone la superación formalista del sistema jurídico y se constituye en un postulado para consolidar el valor normativo de dicha Constitución; así la SCP 0121/2012 de 2 de mayo, sostuvo que: “…la premisa en virtud de la cual se debe asegurar la eficacia máxima de los derechos fundamentales, exige en términos de teoría del derecho, la superación de una concepción ius-positivista y formalista del sistema jurídico, e implica la adopción de postulados jurídicos enmarcados en cánones constitucionales no solamente destinados a limitar el poder, sino fundamentalmente direccionados a consagrar y consolidar la vigencia material de los derechos fundamentales”; en ese entendido, para lograr esa materialización de los derechos fundamentales incumbe tanto para las autoridades jurisdiccionales como para este Tribunal en su labor de interpretación constitucional, la aplicación del principio de progresividad de los derechos que se desprende del art. 13 de la CPE, a efectos de aplicar una interpretación más favorable y extensiva para la protección de los derechos. De manera que, en casos como el presente, en el que se demande el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, que no supone análisis alguno sobre la relación laboral en sí; corresponde tutelar de manera pura y llana dicho incumplimiento, considerando la provisionalidad de la conminatoria de reincorporación laboral, conforme estableció la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021, al señalar que: “1.iii) La referida conminatoria no constituye una resolución definitiva respecto a la situación laboral de la trabajadora o el trabajador siendo netamente provisional la otorgación de la tutela puesto que las autoridades administrativas o judiciales en materia laboral son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador…”; por lo que, el Tribunal Constitucional Plurinacional, está impedido de analizar si hubo o no despido injustificado. Dicho de otro modo, la tutela otorgada no es definitiva sino temporal por cuanto existe la posibilidad que sea modificada en otra instancia -ordinaria- que cuente con el procedimiento respectivo para interpretar y aplicar la normativa respectiva y valorar la prueba que demuestre las pretensiones de las partes, a objeto de la consolidación de los derechos que se consideren conculcados a consecuencia de la ruptura aparentemente injustificada de la relación laboral.
Efectuadas las precisiones precedentes, corresponde conocer el contexto de la problemática expuesta, así de los antecedentes descritos en las Conclusiones de este fallo constitucional, se evidencia que, a través de Memorándum ERH 011/10 de 23 de septiembre de 2010, Wandy Sirpa Acarapi, Encargada de RR.HH. -de COLINA S.R.L.-, designó al hoy accionante en el cargo de Encargado de Almacenes; con nivel salarial de Bs6 625,76.-; durante dicha relación laboral, Jaime Chávez Solano, Gerente General de la citada empresa -ahora accionado-, mediante una Comunicación Interna AT- 102/19 de 8 de noviembre de 2019, dispuso el cambio de lugar de trabajo del prenombrado a una oficina ubicada “…en la ciudad de El Alto, Zona 12 de Octubre, C/9 Nro. 50…” (sic [Conclusión II.2]); ello, considerando que el mismo gozaba de inamovilidad laboral, con el objetivo de precautelar condiciones más adecuadas para el desempeño de sus funciones; cursando al efecto el carnet de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud y Deportes, en el que se describe como tipo de, discapacidad física motora de grado moderado, con vigencia a partir de 13 de mayo de 2021 hasta el 13 de mayo de 2027 (Conclusión II.3). Sin embargo, por Memorándum RRHH-AT-CO-138/22 de 3 de agosto de 2022, el Administrador de Proyecto de la empresa accionada, comunicó al ahora accionante su desvinculación laboral con desahucio, prescindiendo de sus servicios a partir de esa fecha; situación que habiendo sido cuestionada, mereció la Conminatoria MTEPS/VMTEPS/J.R.T.E.A./MEVB/ 0013/2022 de 26 de agosto, a través de la cual la Jefa Regional de Trabajo de El Alto del departamento de La Paz, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, ordena la reincorporación inmediata del nombrado, por inamovilidad laboral al mismo puesto que ocupaba, en el cargo de Técnico de Almacenes, ubicado en la zona 12 de octubre, calle 9, número 50, con el mismo nivel salarial de Bs6 625,76.- a la fecha de su despido; señalando que: “…más aun cuando el trabajador siendo una persona que presenta una discapacidad Física Motora, debe precautelarse los derechos de las personas con discapacidad y que se efectivizan a través de la Estabilidad laboral ya que de ser afectada la condición económica laboral del (…[accionante]), esto-repercutiría en la vulneración de sus derechos establecidos en el Artículo 70 de la Constitución Política del Estado que refiere: ‘Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos: 1. A ser protegido por su familia y por el Estado (…) 4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna (…)’, por tanto en resguardo de los derechos del trabajador, siendo que además de que se establece en la Ley 223 de 02 de marzo de 2012 en su artículo 34 y parágrafo II) El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad, conyugues, padres y madres y/o tutores de hijos con discapacidad, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su despido y Decreto Supremo 1893 de 12 de febrero de 2014 en su artículo 22 (inamovilidad laboral) menciona en sus parágrafos I y II señala: Para garantizar la inamovilidad laboral de personas con discapacidad y/o cónyuges, padres, madres y/o tutores de personas con discapacidad del sector privado, se procederá conforme a normativa en vigencia. El Ministerio de Trabajo, Empleo Previsión Social, elaborará y aprobará un procedimiento específico para la reincorporación de servidoras u servidores públicos con discapacidad y/o cónyuges, padres, madres y tutores de personas con discapacidad, ante un despido injustificado. Según el Marco normativo y jurisprudencial de la que regula el derecho a la inamovilidad laboral de las personas con discapacidad y de quienes tienen a su cargo a un familiar con discapacidad (SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0457/2017-S3 de fecha 26 de mayo de 2017)” (sic) (Conclusiones II.5 a II.7); dicha determinación fue notificada a la empresa accionada el 30 de agosto de 2022; empero, de acuerdo al informe de 13 de septiembre del mismo año, de verificación de cumplimiento de lo dispuesto en la aludida Conminatoria, por parte del Inspector de Trabajo de la referida Jefatura, se concluyó que no fue cumplida (Conclusión II.8).
No obstante, si bien, conforme explica el accionante, el 3 de diciembre de 2022, se procedió a su reincorporación; sin embargo, no fue en las condiciones dispuestas por la autoridad administrativa laboral, sino fue asignado a un nuevo puesto en el área de báscula del relleno sanitario de Villa Ingenio, aproximadamente treinta minutos de distancia del lugar habitual de trabajo, donde no se le proporcionó equipo de protección personal ni se le permitió ejercer sus funciones específicas como Encargado de Almacenes; así como, tampoco se cumplió con el pago de los sueldos devengados correspondientes a agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2022. Estos extremos fueron corroborados por la Sala Constitucional; en consecuencia, se asumen como ciertos los hechos y actos lesivos que se denunció a través de la presente acción de amparo constitucional, pues con dicho actuar desnaturalizó el contenido y efecto de la mencionada Conminatoria, que fue emitida por autoridad administrativa competente previa constatación de los hechos denunciados, verificación de pruebas y aplicación de las normas legales laborales. Adicionalmente, se debe tener presente que la indicada Conminatoria, fue confirmada por la RA 027/2022 de 22 de septiembre, disponiendo además el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que correspondan a la fecha de su respectiva reincorporación, así como por la RM 1529/22, por la que, la titular del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, confirmó totalmente la RA 027/2022 y consiguientemente la Conminatoria dispuesta; decisión que fue complementada por Auto de 21 de ese mes y año, disponiendo de manera expresa que, dicha confirmación incluía el pago de sueldos devengados desde la fecha de despido hasta el día de su reincorporación (Conclusión II.9). En ese sentido, es evidente que la empresa ahora accionada al no haber procedido con el cumplimiento de la Conminatoria MTEPS/VMTEPS/J.R.T.E.A./MEVB/0013/2022 y la RM 1529/22 complementada por la RA 027/2022, en los términos que fue dispuesto en ellas, efectivamente incumplió la indicada Resolución administrativa, y con ello afectó los derechos invocados en la presente acción tutelar; en razón a que, fue emitida por autoridad administrativa competente previa constatación de los hechos denunciados, verificación de pruebas y aplicación de las normas legales laborales. Por consiguiente, en aplicación al razonamiento jurisprudencial y la sistematización mencionadas en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, amerita conceder la tutela solicitada de manera provisional, en cuanto a la reincorporación del accionante a su fuente laboral, en el lugar que ejercía sus funciones antes de su desvinculación; es decir, al mismo puesto que ocupaba en el cargo Técnico de Almacenes, ubicado en la zona 12 de octubre, calle 9, “Nro.” 50, con el nivel salarial Bs6 625,76.- a la fecha de despido; más el pago de sueldos devengados desde la fecha de despido hasta el día de su reincorporación.
En esa línea de análisis, cabe aclarar que, lo señalado no implica una negación del derecho a la defensa de la parte empleadora; ello, considerando que, conforme se tiene de antecedentes, las vías impugnativas en sede administrativa fueron activadas por la empresa accionada a través de los recursos de revocatoria y jerárquico respectivamente; de ahí que, debe tenerse presente que la competencia de la justicia constitucional se limita a verificar el incumplimiento de la Conminatoria de reincorporación, sin que corresponda analizar la fundamentación o la legalidad de dicha determinación; labor que es propia de la jurisdicción laboral. Finalmente, en cuanto a la denuncia referida al acoso laboral que estaría sufriendo el accionante a cuyo efecto solicita se ordene el cese de las mismas, no amerita efectuar pronunciamiento de fondo alguno, en virtud a que éste Tribunal, no tiene facultades de valoración probatoria o, en su caso, de investigación a efecto de determinar la veracidad de dicha denuncia; en todo caso, si el nombrado lo considera pertinente, puede acudir a la autoridad ordinaria competente, a fin de que resuelva lo que corresponda en derecho; por lo que, amerita denegar la tutela impetrada, con la aclaración de que no se ingresó al fondo de la cuestión planteada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 059/2023 de 23 de marzo, cursante de fs. 201 a 204, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela impetrada, de manera provisional, en los mismos términos dispuestos por la referida Sala Constitucional; y conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en este fallo constitucional; y, 2º DENEGAR la tutela solicitada, con relación al acoso laboral denunciado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0513_2025-S2.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 3cce2a38b2a0badb7a909f07757fac3fb60a742062b7f524df8141f12733afff
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