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SCP 0513/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 21 de agosto de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
21 de agosto de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
49150-2022-99-AL
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante reclama conculcados sus derechos al debido proceso -en su elemento de fundamentación, motivación y congruencia, vinculado directamente con su derecho a la libertad-, así como a la presunción de inocencia, a recurrir y a la defensa; aduciendo que, a través del Auto Interlocutorio 125/2022, dictado dentro de la causa penal seguida en su contra por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas y otros, se impuso su detención preventiva; y, luego que formulara apelación incidental impugnando el fallo de primera instancia, señalando conculcado su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y valoración de la prueba en cuanto al requisito sustancial de indicios razonables que lo vinculen con una probable autoría, se emitió por la autoridad hoy accionada, el Auto de Vista 133/2022, en el que no se aprecia razonamiento que le permita entender de qué forma su conducta se adecúa a los tipos penales investigados y con base en qué elementos de convicción lícitamente obtenidos y propuestos por el Ministerio Público se arribó a tal conclusión; constando, contrariamente a lo exigido por los arts. 124, 221 y 235 ter del CPP, afirmaciones genéricas, subjetivas y omisiones de pronunciamiento, que transgreden sus derechos invocados, sobre los riesgos procesales analizados en su caso y conforme los elementos que hacen a su concurrencia, y que no fueron identificados en su vigencia. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 16 de julio de 2022, cursante de fs. 57 vta. a 59 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Beni; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La obligación del tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0513/2024-S2 Sucre, 21 de agosto de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 49150-2022-99-AL Departamento: Beni En revisión la Resolución de 16 de julio de 2022, cursante de fs. 57 vta. a 59 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Henry Alex López Mendoza contra Haider Echalar Justiniano, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 15 de julio de 2022, cursante a fs. 1 y 33 a 39 vta., el accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Se abrió una investigación penal en su contra y otros siete funcionarios del Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE), dependiente de la Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), de la que emergió la imputación formal de 22 de abril de 2022, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas, previsto en los arts. 48 con relación al 33 inc. m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-; cohecho activo, concusión propia, alteración o sustitución del objeto del delito, “…todos de la ley 1008…” (sic), como también de incumplimiento de deberes, concurso real, asociación delictuosa, confabulación y uso indebido de bienes del Estado “…todos de la ley 004…” (sic); solicitándose a la par en ese mismo actuado fiscal, la aplicación de medidas cautelares restrictivas de la libertad. Así, atendido dicho requerimiento por la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Beni, quien actuó en suplencia legal de su similar Cuarto, la citada autoridad dictó el Auto Interlocutorio 125/2022 de 22 de abril, que a “meridiana lux clariori” se limita a nombrar, enumerar, mencionar y citar los elementos de convicción en los que supuestamente tiene base la existencia del hecho y su participación delictual, sin exposición valorativa de la “prueba” y mucho menos indicar de qué forma tales elementos probatorios consolidan objetividad para afirmar que su conducta se subsume a todos los delitos que le endilgaron; es decir, sin explicar de manera clara, lógica, sencilla y concreta, por qué se asumió tal posición, de tal manera que sean comprensibles los motivos de la decisión; pues, se llegó al extremo de asumir que el concurso real es un tipo penal, afirmación aberrante que vulnera sus derechos al debido proceso -en sus elementos de fundamentación y motivación-, a la defensa y a la presunción de inocencia. Sumándose a ello, que los peligros procesales -se entiende, considerados concurrentes en el Auto Interlocutorio 125/2022-, son completamente ajenos a la economía jurídica vigente “…en la que se sobrepone la subjetividad sobre la objetividad…” (sic), con un enfoque de represión judicial que propone la imposibilidad de superar “…los peligros procesales, violaciones y conculcaciones judiciales…” (sic) sobre su derecho a la libertad. En ese contexto, formuló apelación incidental señalando conculcado su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y valoración de la prueba, que mereció el Auto de Vista 133/2022 de 9 de junio, que confirmó el Auto Interlocutorio 125/2022, sin responder los agravios que opuso en su recurso de apelación y esgrimiendo argumentos de tipo general e impropios a la economía jurídica vigente. Inobservándose con ello, por la autoridad accionada, el razonamiento de la SCP 0339/2012 de 18 de junio, respecto a las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva; así como, el tenor de los requisitos de validez previstos en los arts. 124, 221 y 235 ter del Código de Procedimiento Penal (CPP). De donde se advierte que el Auto de Vista 133/2022, no cumple en lo absoluto con las exigencias establecidas por el art. 233 del señalado Código y la SCP 0624/2018-S2 de 8 de octubre; pues, en lo que se refiere a la fundamentación y motivación, en su caso, directamente vinculadas a su derecho a la libertad, ambos elementos están ausentes del fallo de alzada hoy cuestionado en sede constitucional, que no explica de manera suficiente si su detención preventiva se ajusta a las condiciones necesarias para su aplicación, en cuanto al requisito sustancial de indicios razonables que lo vinculen con una probable autoría; toda vez que, dicho Auto de Vista, así como el Auto Interlocutorio de primera instancia, de ninguna manera le permiten conocer o entender de qué forma su conducta se adecúa a los tipos penales investigados; dado que, omiten hacer referencia a básicas cuestionantes -señaladas en el fallo constitucional antes citado-, a fin de verificar “…cuál sería el hecho, quién lo hizo, cuándo lo hizo, dónde lo hizo y cómo lo hizo…” (sic), con base en elementos de convicción lícitamente obtenidos y propuestos por el Ministerio Público.

Sumándose a todo ello, que el Auto de Vista 133/2022, “divaga” sobre el tipo penal de concusión, limitándose a señalar que su condición de funcionario público es suficiente para subsumir o adecuar los hechos a ese delito; siendo ello un insulto a su cordura y entendimiento, pues tal ilícito tiene otros elementos de los que no se hace mención, así como tampoco se alude a los elementos de “prueba” que acrediten una legal adecuación también sobre los demás tipos penales que se le atribuyen; vulnerándose con ello su derecho a la presunción de inocencia. Así, en el señalado fallo de alzada, respecto al peligro procesal contenido en el art. 234.7 del CPP, se realiza una argumentación genérica no aplicable al caso concreto, por medio de la cual únicamente se pretende asumir una postura exagerada, que se contrapone al principio de presunción de inocencia, no siendo contrastable con la especificidad en “al medición” del riesgo a la sociedad; por lo que, se trata de un razonamiento injusto, falto de la debida motivación y fundamentación. De otra parte, con relación al peligro de obstaculización previsto “y sancionado” por el art. 235.1 del mismo Código, la autoridad accionada, en franca vulneración de su derecho a la fundamentación, “prácticamente” no se pronuncia; y, en cuanto al riesgo procesal contenido en el numeral 2 del mismo precepto legal adjetivo, el prenombrado Vocal sostiene que podría influir negativamente en testigos, víctimas y peritos; aseveración que contradice lo establecido en la SC 0755/2000-R de 4 de agosto y otras, en cuanto a que la objetividad se sobrepone a la subjetividad, ya que en el fallo de alzada, no se identifica quiénes fueran las personas sobre las que podría ejercer influjo y la medida en que aquello afectaría la investigación penal. Y por último, en cuanto al riesgo procesal previsto en el art. 235.5 del CPP, el Auto de Vista 133/2022, sostiene que directa o indirectamente podría obstaculizar la averiguación de la verdad, sin exponer explicación alguna el hecho que fortalece tal presunción, ni la “prueba” que la respalda; basándose por ello, en meras especulaciones, suposiciones y subjetividades que no tienen sustento en elemento de convicción alguno que permite fundar dicha afirmación. Conforme a lo expuesto, dichos argumentos hacen completamente claro que el fallo de alzada que cuestiona en sede constitucional, se traduce en una resolución arbitraria, lesiva a sus derechos al debido proceso -en su elemento de fundamentación y motivación, vinculado directamente con su derecho a la libertad-, así como a la presunción de inocencia y a la defensa, pues se aparta del razonamiento de la SCP 0210/2019-S2 de 10 de mayo, en lo que concierne a la necesaria argumentación que sustente la concurrencia de peligros procesales, particularmente del art. 235.5 del CPP, que en los hechos impone óbices insalvables para poder optar a la cesación de su detención preventiva, tornándose la restricción de su libertad, en una sanción anticipada.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso -en su elemento de fundamentación y motivación, vinculado directamente con su derecho a la libertad-, así como a la presunción de inocencia, a recurrir y a la defensa, citando al efecto los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.2. inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). En audiencia, añadió la vertiente de congruencia del debido proceso

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada, y reparando su derecho al debido proceso, se disponga la nulidad del Auto de Vista “137”/2022, -lo correcto es 133- debiendo lo autoridad accionada pronunciar nuevo fallo, en estricta observancia de los lineamientos que se determine en sede constitucional, con la debida fundamentación y motivación en derecho, con base probatoria, respecto a la acreditación de los peligros procesales como presupuestos que hacen viable la imposición de su detención preventiva.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 16 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 55 a 57, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó en su integridad el contenido del memorial de la acción de libertad, reiterando a detalle lo expuesto en este. Asimismo, con el uso de la palabra el abogado copatrocinante, con base en la reiteración de dicha argumentación y exposición de agravios, amplió la acción de defensa señalando el derecho que tenía su defendido de tener una resolución “…fundamentada, argumentada y congruente…” (sic); precisando a su vez, sobre la pretensión de su acción en que el nuevo auto de vista a emitirse, esté debidamente fundamentado, motivado y congruente, realizando una valoración integral armónica completa de la carga de la prueba.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Haider Echalar Justiniano, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de libertad ni presentó informe escrito alguno, pese a su citación cursante a fs. 41, vía WhatSapp.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

José Carlos Vargas Chávez, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías refirió que revisada el acta de la audiencia de medidas cautelares -no indica fecha- y su respectivo Auto Interlocutorio, se tiene que el Ministerio Público fundamentó -se entiende, la existencia- de los tipos penales y demostró que la conducta del imputado se adecuaba a estos; siendo dichos argumentos valorados y consecuencia de ello se impuso la detención preventiva del procesado -hoy accionante-. Añade que “las partes” -del proceso penal- plantearon incidentes que fueron rechazados y no se activaron las apelaciones correspondientes; lo que fue de conocimiento “…del accionado que incluso argumento esa situación…” (sic). Solicitando, luego de dicha intervención, se deniegue la tutela impetrada y se confirme el Auto de Vista 133/2022.

I.2.4. Participación del tercero interviniente

Silvana Vaca Ruiz, representante del Ministerio de Gobierno, en audiencia se adhirió a lo manifestado por el Ministerio Público; añadiendo que la presente es la segunda acción de libertad que se intenta por la parte imputada dentro del proceso penal, luego de oponer una anterior en la ciudad de Potosí, en la que dicha Cartera de Estado no fue notificada. Y de otra parte, enfatizó que la parte accionante, no apeló “las resoluciones” que resolvieron “incidentes y excepciones”; por lo cual, el Juez de garantías no debe dejarse confundir con lo argüido en la demanda tutelar, pues el Auto de Vista impugnado, cumple con los elementos del debido proceso cuestionados en sede constitucional. Consiguientemente solicitó el rechazo de la acción de defensa.

I.2.5. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Beni, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución de 16 de julio de 2022, cursante de fs. 57 vta. a 59 vta., denegó la tutela solicitada, sobre la base de los siguientes fundamentos: a) En relación al “primer punto” referido a la supuesta falta de fundamentación y argumentación en cuanto al art. 233.1 del CPP, atinente a la presunta autoría por los nueve tipos penales que se le imputan al hoy accionante; se debe considerar que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional vigente, no resulta imprescindible que en la argumentación de las resoluciones judiciales, necesariamente deba realizarse abundantes consideraciones para justificar una determinación judicial (SCP 1234/2017-S1 de 28 de diciembre, entre otras); en el presente caso, se tiene que el Auto de Vista 133/2022, manifestó que sobre la participación de los imputados, no era necesario identificar los “…grados de la policía…” (sic) para tener o entender la participación de cada uno de ellos; b) En cuando al periculum in mora con relación al mismo precepto legal adjetivo penal -el Auto de Vista cuestionado- señaló una serie de circunstancias que permiten tener lugar antes del desarrollo del proceso y que estén ligadas fundamentalmente a la actitud y valores morales del procesado; en ese sentido, independientemente de tales aspectos incursos en el fallo de alzada impugnado, en este se afirma que la Jueza a quo, en cuanto a las “…decisiones preliminares de los diferentes elementes de prueba, aclarando que todos los imputados han participaron en dicho operativo en relación al hecho motivo de todo este proceso, este operativo donde todos y cada uno han tenido su participación de manera conjunta…” (sic); de donde se advierte un pronunciamiento sobre la base de indicios racionales plasmados en la imputación formal -no cita data- y en el referido Auto de Vista, pues además se considera el tenor del art. 5.1 de la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” -Ley 004 de 31 de marzo de 2010-, respecto a que los servidores públicos están inmersos en el Estado Plurinacional como un conjunto en sí mismo; teniéndose claro de ello, que si bien no es una “resolución” ampulosa -se entiende, el Auto de Vista 133/2022-, cumple con la forma y el fondo, al justificar razonablemente su decisión; por lo que, no existe la falta de fundamentación y argumentación en relación a la autoría presunta del ahora impetrante de tutela; c) Respecto a la falta de fundamentación y argumentación sobre la concurrencia del riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, en el segundo considerando del fallo de alzada en cuestión, se hace una relación precisa de los hechos; y luego, se enfatiza que no es suficiente un certificado de antecedentes penales policiales para desvirtuar tal peligro procesal; para posteriormente argumentar y fundamentar en relación a los factores de riesgo para la sociedad y para la víctima. De donde se extrae que el Auto de Vista 133/2022, se encuentra debidamente fundamentado y argumentado en cuanto al agravio mencionado; d) Sobre los riesgos procesales contenidos en el art. 235.1 y 2 del citado Código, en el referido fallo de alzada, se enfatizó que de acuerdo al art. 5.1 de la Ley 004, indistintamente del grado -se entiende de jerarquía policial- del accionante, puede influenciar a testigos, peritos o corromper voluntades a fin de que se tergiverse la verdad de los hechos; lo que también puede ejercerse por intimidación; más al tratarse de delitos de narcotráfico. Asumiendo similar razonamiento respecto al art. 235.5 del CPP, al que sumó los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), enfatizando que en el hecho investigado, todos los imputados están inmiscuidos en el caso sin razón de grado; y, e) De donde se extrae que los argumentos y fundamentos expuestos en el fallo de alzada en cuestión, para confirmar íntegramente el Auto Interlocutorio 125/2022, se encuentran debidamente fundamentados; y si bien, el Auto de Vista 133/2022 no se constituye en una resolución ampulosa, cumple con las formalidades de forma y fondo, para justificar de manera razonable la concurrencia de los riesgos procesales mencionados. En la vía de la complementación, el accionante solicitó se mencione el fallo constitucional que contendría el precedente de no ser necesario identificar sobre quién o quiénes se podría ejercer influencia para dar por vigente el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP. Solicitud que fue declarada no ha lugar por el Juez de garantías, por concernir al fondo de lo resuelto.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa Auto Interlocutorio 125/2022 de 22 de abril, dictado por la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Beni “en suplencia legal de su similar” (sic) -no indica de qué juzgado-, dentro del proceso penal seguido de oficio por el Ministerio Público contra Henry Alex López Mendoza -hoy accionante- y otros, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas y otros; fallo por el cual, se dispuso la detención preventiva del prenombrado imputado (fs. 3 a 25). II.2. Consta Auto de Vista 133/2022 de 9 de junio, emitido por Haider Echalar Justiniano, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni -ahora accionado-; mediante el cual, se confirmó íntegramente el Auto Interlocutorio 125/2022, respecto al hoy impetrante de tutela (fs. 26 a 28 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante reclama conculcados sus derechos al debido proceso -en su elemento de fundamentación, motivación y congruencia, vinculado directamente con su derecho a la libertad-, así como a la presunción de inocencia, a recurrir y a la defensa; aduciendo que, a través del Auto Interlocutorio 125/2022, dictado dentro de la causa penal seguida en su contra por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas y otros, se impuso su detención preventiva; y, luego que formulara apelación incidental impugnando el fallo de primera instancia, señalando conculcado su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y valoración de la prueba en cuanto al requisito sustancial de indicios razonables que lo vinculen con una probable autoría, se emitió por la autoridad hoy accionada, el Auto de Vista 133/2022, en el que no se aprecia razonamiento que le permita entender de qué forma su conducta se adecúa a los tipos penales investigados y con base en qué elementos de convicción lícitamente obtenidos y propuestos por el Ministerio Público se arribó a tal conclusión; constando, contrariamente a lo exigido por los arts. 124, 221 y 235 ter del CPP, afirmaciones genéricas, subjetivas y omisiones de pronunciamiento, que transgreden sus derechos invocados, sobre los riesgos procesales analizados en su caso y conforme los elementos que hacen a su concurrencia, y que no fueron identificados en su vigencia. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La obligación del tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar. Jurisprudencia reiterada

Al respecto, la SCP 0031/2022-S3 de 25 de febrero, asumiendo los entendimientos desarrollados por la jurisprudencia constitucional sobre el particular, señaló que: «En cuanto a la exigencia de cumplimiento de estos parámetros del debido proceso, la SCP 0025/2020-S3 de 12 de marzo, citando a la SCP 0339/2012 de 18 de junio, sostuvo que: “El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’. En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva’. Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar’. De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP”» Asimismo, la SCP 0317/2022-S3, de 22 de abril, citando a su vez la jurisprudencia desarrollada respecto al alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP en relación a la actuación de los Tribunales de alzada, señaló que: «Sobre el particular, la SCP 1134/2019-S1 de 28 de noviembre citando a la SCP 0077/2012 de 16 de abril, sostuvo que: “…la norma contenida en el art. 398 del citado cuerpo legal, establece que ‘Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución ’”. De la norma legal precedente, de manera general es posible concluir que los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir.

Sin embargo, tratándose de la aplicación de medidas cautelares, dicha normativa no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática, por lo que también cabe referirse a lo establecido en el art. 233 del CPP, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, cuando señala que: “Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad”. Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: “3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables”. En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP» (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante reclama conculcados sus derechos aduciendo que a través Auto Interlocutorio 125/2022 de 22 de abril, dictado dentro de la causa penal seguida en su contra por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas y otros, se impuso su detención preventiva; y, luego que formulara apelación incidental impugnando el fallo de primera instancia, señalando conculcado su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación motivación y congruencia en cuanto al requisito sustancial de indicios razonables que lo vinculen con una probable autoría, se emitió por la autoridad hoy accionada, el Auto de Vista 133/2022 de 9 de junio, en el que no se aprecian razonamiento que le permitan entender de qué forma su conducta se adecúa a los tipos penales investigados y con base en qué elementos de convicción lícitamente obtenidos y propuestos por el Ministerio Público se arribó a tal conclusión; constando, contrariamente a lo exigido por los arts. 124, 221 y 235 ter del CPP, afirmaciones genéricas, subjetivas y omisiones de pronunciamiento, que transgreden sus derechos invocados, sobre los riesgos procesales analizados en su caso y conforme los elementos que hacen a su concurrencia, y que en su caso no fueron identificados en su vigencia.

En ese contexto, a fin de verificar la veracidad de la denuncia expuesta, considerando los agravios que fueron planteados por el ahora impetrante de tutela en su demanda de acción de libertad, corresponde por exposición argumentativa, resolver la problemática en función al elemento constitutivo del debido proceso invocado y el agravio alegado; así:

1) Sobre la invocación de congruencia realizada en audiencia

Respecto a la supuesta incongruencia en la que habría incurrido el Vocal accionado a tiempo de emitir el Auto de Vista 133/2022; corresponde señalar que dicha invocación de lesión, fue realizada en audiencia de garantías por el abogado copatrocinante del ahora accionante, causídico que en base a la reiteración de exposición de agravios de la demanda constitucional, amplió la acción refiriendo el derecho que tenía su defendido de tener una resolución “…fundamentada, argumentada y congruente…” (sic), precisando a su vez sobre la pretensión de su acción, en que el nuevo auto de vista a emitirse, esté debidamente fundamentado, motivado y congruente realizando una valoración integral armónica completa de la carga de la prueba; empero sin realizar ninguna precisión argumentativa o expositiva de cuál fue la actuación u omisión que conllevaría una incongruencia en el Auto de Vista cuestionado, sin precisar además si sería en su dimensión externa o interna.

En ese contexto de reclamo, es evidente que el mismo -en cuanto hace a la congruencia- se hizo de manera referencial, sin ningún sustento que posibilite a este Tribunal su consideración; por lo que, al respecto, y sin mayor pronunciamiento, corresponde denegar la tutela solicitada.

2) En cuanto al requisito contenido en el art. 233.1 del CPP

Sobre la probabilidad de autoría como requisito para la imposición de la detención preventiva, el impetrante de tutela alega que en el Auto Interlocutorio 125/2022, que le impuso la medida extrema, la Jueza cautelar con “meridiana lux clariori” se limitó a nombrar, enumerar, mencionar y citar los elementos de convicción en los que supuestamente tiene base la existencia del hecho y su participación delictual, sin exposición valorativa de la “prueba” y mucho menos indicar de qué forma tales elementos probatorios consolidan objetividad para afirmar que su conducta se subsume a todos los delitos que le endilgaron; es decir, sin explicar de manera clara, lógica, sencilla y concreta, por qué se asumió tal posición, de tal forma que sean comprensibles los motivos de la decisión; pues se llegó al extremo de asumir que el concurso real es un tipo penal, afirmación aberrante que vulnera sus derechos; asimismo señaló que el Auto de Vista hoy cuestionado, omitió dar respuesta lógica y legal al agravio planteado de falta de fundamentación y motivación respecto al referido requisito, pues de ninguna forma se sostuvo argumento alguno sobre la adecuación de los supuestos hechos a los diferentes tipos penales “…de los cuales al presente con probabilidad soy autor…” (sic), es más dicha resolución en alzada lo único que hace son afirmaciones y argumentos de orden general; en ese orden dicho Auto de Vista, así como el referido Auto Interlocutorio, omiten hacer referencia a básicas cuestionantes a fin de verificar “…cuál sería el hecho, quién lo hizo, cuándo lo hizo, dónde lo hizo y cómo lo hizo…” (sic), con base en elementos de convicción lícitamente obtenidos y propuestos por el Ministerio Público. Sumándose a todo ello, que el Auto de Vista 133/2022, “divaga” sobre el tipo penal de concusión limitándose a señalar que su condición de funcionario público es suficiente para subsumir o adecuar los hechos a ese delito; siendo ello un insulto a su cordura y entendimiento, pues tal ilícito tiene otros elementos de los que no se hace mención, así como tampoco se alude a los elementos de “prueba” que acrediten una legal adecuación también sobre los demás tipos penales que se le atribuyen; vulnerándose con todo ello su derecho a la presunción de inocencia.

Al respecto, es necesario señalar que del contenido del Auto de Vista 133/2022, en su Considerando I, se advierte que de forma extensa, la autoridad judicial hoy accionada, respondió al agravio sobre la concurrencia del requisito previsto por el art. 233.1 del CPP, señalando luego de varias consideraciones que: “…si bien es cierto que se han juntado elementos probatorios en la cual hace mención en cuanto a las certificaciones obtenidas mediante requerimiento fiscal de fecha 09 de mayo del 2022 que el suscrito vocal ha sido enfático en estos elementos probatorios y que además ha tenido la preminencia de poder admitirla dentro de este recurso de apelación (…) los antecedentes policiales y antecedentes penales, pero cabe resaltar también la magnitud de la SS.CC. que fue sustraída no por el hecho de que uno tenga rango mayor y otro tenga rango menor, por haber diferentes situaciones jurídicas en cuanto a la participación de los imputados, no es necesario identificarse los rangos para poder tener la participación de cada uno de ellos, en cuanto al periculum in mora la exigencia o no del peligro procesal debe tener que determinarse a partir de un análisis en cuanto a la situación jurídica del art. 233 núm. 1 con relación a la autoría de una serie de circunstancias que permiten tener lugar antes del desarrollo del proceso y que estén ligadas fundamentalmente a la actitud y los valores morales del procesado” (sic); efectuando al respecto referencia a la valoración integral sobre dicho requisito en vinculación a los peligros procesales contenidos en los arts. 234.7, 235 numerales 1, 2 y 5 del CPP y la labor desarrollada por la jueza cautelar al respecto, para luego continuar señalando “no debe confundirse la pena abstracta prevista en cada tipo penal con la pragnosos de la pena que se va a realizar a momento de resolver la detención preventiva o la pena concreta si es que se va a llegar a una acusación, aquí estamos hablando de simples indicios racionales conforme lo ha determinado el art. 233 y 302 del C.P.P., es decir, el juez en fase de esta fase del análisis jurídico procesal ha realizado una pragnosis y pronostico que permite identificar un nivel razonable de la probabilidad de imponer la detención preventiva no razonando reitero en la situación jurídica del cargo que tenga cada uno de los actores que hoy se encuentra en esta contienda jurisdiccional, se ha basado en los elementos probatorios (…) porque cada uno con la pluralidad de imputados que hay ha hecho mención la suscrita juez a quo en cuanto a la decisiones preliminares de los diferentes elementos de prueba como usted bien ha manifestado Dr. en cuanto al vehículo que perteneciera al ciudadano Galvez Cabrera pero todos han participado en ese operativo, este operativo si bien es cierto ha sido conducido por el citado mayo [r] pero todos y cada uno han tenido su participación de manera conjunta. Por tanto al suscrito vocal le resulta razonable la situación jurídica de la autoría ya que hemos mencionado reiteradamente que las modificaciones a la ley 1970 por la 1173 y 1226 habla de indicios racionales y esos indicios racionales han estado plasmado dentro de la imputación formal, independientemente de lo que usted ha manifestado de que no se ha identificado de manera objetiva en cuanto a la atribución de los delitos pero vuelvo a reiterar y ratifico el art. 5 núm.1 que todos los servidores judiciales, públicos y demás están inmersos en el Estado plurinacional como un conjunto en sí mismo” (sic).

A partir de dicha fundamentación realizada por el Vocal accionado, se advierte la suficiente fundamentación y motivación de sustento sobre la concurrencia de este requisito procesal, dado que la citada autoridad judicial, expuso de forma expresa las razones fácticas por las cuales asumía, en igual sentido y armonía a lo razonado por la Jueza de la causa, que respecto al ahora peticionante de tutela, existían los suficiente elementos de convicción sobre la probabilidad de autoría o participación en el hecho punible, explicando que los grados jerárquicos policiales no estaban en discusión respecto a la participación o no en los hechos delictivos, la consideración de la cantidad de sustancias controladas objeto de los hechos -según antecedentes, 1200 kilos de cocaína, de los cuales solo habrían figurado 431 como secuestrados y 400 se pretendería comercializar por los funcionarios policiales imputados-, así como el deber moral y ético que debe tener todo funcionario público en su conducta, aclarando además que no estaba en discusión la pena en abstracto, pues ello sería motivo de la acusación correspondiente, sino que en medidas cautelares se evalúan simples indicios racionales, mismos que de acuerdo a su criterio, compartido con el expresado por la Jueza a quo, resultaban razonables para establecer la situación jurídica del imputado y probable autor o partícipe de los ilícitos endilgados.

Razonamientos expuestos por el Vocal accionado, que evidencian el suficiente sustento de fundamentación y motivación respecto al requisito previsto por el art. 233.1 del CPP, debiendo a su vez aclarar que el reclamo efectuado por el impetrante de tutela sobre la supuesta “divagación” en la sustentación de autoría y adecuación y subsunción de su conducta al tipo penal de concusión, así como de los otros delitos por los que se lo investiga, vinculado ello además a la presunción de inocencia, no viabiliza un examen de fondo sobre la investigación en curso, la participación o grado de autoría del ahora accionante en cada uno de los tipos penales endilgados, pues ello emerge de la imputación, resultando en su consecuencia la labor del Vocal accionado el establecer la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe de uno o más hechos punibles, como en efecto ocurrió en el caso, y no así efectuar la subsunción de los hechos a cada delito imputado, y determinar el grado de autoría, pues no se está juzgado en el fondo, sino que el fallo de alzada hoy cuestionado se limitó a la verificación de la concurrencia del requisito previsto en la norma procesal penal citada precedentemente, por devenir de la aplicación de medidas cautelares, que por su naturaleza no definen la autoría ni el grado de participación de la parte imputada de un proceso penal, pues ello corresponde propiamente a la investigación y su validación en juicio oral público y contradictorio, que dará lugar, eventualmente, a la acusación y luego sentencia, en la que se definirá su responsabilidad penal o absolución.

Conforme los razonamientos señalados, sobre este punto de reclamo, se debe denegar la tutela solicitada, al no advertirse lesión del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, en vinculación a su vez al principio de presunción de inocencia.

3) En cuanto a la omisión valoratoria

Respecto a la “prueba” que hubiera sido omitida de consideración, se debe señalar que de la lectura íntegra del memorial de la acción de libertad, así como de lo fundamentado en audiencia de garantías; el hoy peticionante de tutela no explicó qué elemento de convicción fue excluido de consideración o valorado erróneamente por la autoridad hoy accionada, a fin de que en sede constitucional pueda verificarse dicho extremo; mucho menos explicó de qué forma la valoración de esa “prueba” podría incidir en la modificación del fondo de lo resuelto en el Auto de Vista 133/2022. Condiciones que, al estar ausentes de la argumentación para activar esta garantía de defensa, hacen inviable emitir pronunciamiento de fondo.

Al respecto, es pertinente aclarar que dicha carencia de condiciones se encuentran relacionadas a la omisión de valoración de prueba invocada como elemento individual del debido proceso, pues en cuanto se refiere a la motivación vinculada a la sana crítica y la valoración en la argumentación fáctica, ello será analizado según corresponda en los acápites siguientes.

4) Sobre la denuncia de falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista 133/2022, respecto a la concurrencia del peligro procesal de fuga, contenido en el art. 234.7 del CPP

El accionante alude que el Vocal hoy accionado, realizó una argumentación genérica y exagerada no aplicable a su caso concreto, para concluir que fuera un peligro para la sociedad; vulnerando con ello el principio de presunción de inocencia. Al efecto, es pertinente remitirse al Auto Interlocutorio 125/2022, que impuso la medida extrema, entre otros, por la concurrencia del señalado riesgo procesal, del cual se tiene que en primera instancia, se fundó en esencia en lo siguiente: “…Con relación al Art. 234 Nº 7), se tiene de que el ministerio público, hace mención a la sentencia constitucional, en la cual manifiesta de que es un peligro para la sociedad, para la suscrita juez, con respecto al peligro para la sociedad, se debe establecer de que si bien la sustancias controladas que se han encontrado dentro del presente caso, es más de 800 kg de cocaína, se tiene de que se debe fundamentar, cual es el peligro por parte de la conducta del imputado, en el caso de autos, se constata de que para la suscrita juez, toma este riesgo procesal basándose de que estamos hablando de sustancias controladas, en la cual ha sido secuestrada una gran cantidad de sustancias controladas y que el imputado, no ha hecho llegar la documentación para poder desvirtuar dichos riesgos procesales, tal como establecen las sentencias constitucionales 056/14, es decir de que, si bien las sustancias controladas, es una gran cantidad, en la cual que se encuentran incluido por parte de Henry Alex López Mendoza, misma que no se ha desvirtuando con la documentación pertinente, por lo cual la suscrita juez, va mantener dichos riesgos procesal…” (sic).

Y en apelación, en un amplio apartado -Considerando II- del Auto de Vista 133/2022, superando el exiguo y tenue contenido del fallo de primera instancia, con relación al peligro de fuga contenido en el art. 234.7 del CPP, la autoridad hoy accionada, en apelación, razonó sobre lo siguiente: “Bajo esta tuición debemos ingresar también a lo que se ha resuelto en cuanto al art. 234 núm 7 del C.P.P., es decir, el peligro efectivo para la sociedad, esta legitimidad si bien es cierto que se ha acompañado los respectivos certificados de antecedentes penales, policiales en la cual hace mención que solamente con esto bastaría desvirtuar dicho peligro procesal, pero cabe resaltar que independientemente de los funcionarios que somos y estamos inmiscuido en el Estado Plurinacional de Bolivia es nuestro deber de garantizar dichas situaciones en las anomalías de siempre estar bajo la lucha contra el narcotráfico y los crímenes organizados, a este efecto el precepto exige como factor determinante de la prisión preventiva la existencia del peligro objetivo como habíamos manifestado gramaticalmente el peligro significa un riesgo eminente y efectivo significa la verdad con lo real, si la verdad o lo real que salieron al operativo para obtener e investigar los actos ilícitos que se estuvieran desarrollando en la ciudad de San Borja no constituye un acto verdad y real el habar sustraído esa SS.CC. y llevársela a cabo al centro operativo y posteriormente sacarla, el suscrito vocal está actuando con racionalidad bajo la experiencia objetiva de los elementos probatorios, está el pesaje, las actas, están los fotografías, está el otro vehículo, en este contexto hay una verdad real y material, se debe hacer legitimo este factor de riesgo en estos momentos alternos, peligro para la sociedad y para la víctima, pero nos vamos imbuir lo que ha manifestado la Juez a quo en cuanto a la sociedad, en este caso se invoca el peligro efectivo para la sociedad, se constituye como presupuesto a la alteración del orden público y protección actual de todo el conjunto de la sociedad, mantener en prisión preventiva a un ciudadano como en el presente caso, lo amerita o lo ha ameritado en cuanto a la decisión de la juez a quo que es la obligación de probar en forma objetiva y concluyente las medidas que justifican dicha situación jurídica por el tema de la cantidad que se ha obtenido en cuanto o la SS.CC. que fue objeto del presente proceso, también nos referimos para no ser tan extensivo en cuanto a los informenes que la CIDH lo ha citado anteriormente y el suscrito también lo ha descrito también a través del informe No. 2/97 en cuanto a la incorporación de la función de la prevención del orden publico señalado anteriormente reiterado ya en la ley 004, también haciendo mención en las diferentes casos que ha hecho mención la CIDH como tamasi, letellier y el caso también comanche en cuanto a las previsiones ya señaladas anteriormente en la respectivas foliaciones descritas, por lo que el suscrito vocal razona también conforme a la verdad histórica de los hechos vertido por la juez a quo y traído a colación a través de la imputación formal” (sic [las negrillas son añadidas]).

Así, según la cita que precede y atendiendo el reclamo planteado en sede constitucional por el hoy impetrante de tutela, no resulta cierto que el Vocal hoy accionado, hubiera desplegado razonamientos generales y exagerados para fundar la concurrencia del peligro procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, pues como se tiene explicado en el contenido del Auto de Vista 133/2022, la motivación de la decisión asumida, se basa en los antecedentes que -conforme el relato del Auto Interlocutorio 125/2022 y se replica en parte del fallo de alzada-, emerge de un operativo de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR), en la que el imputado -hoy accionante-, intervino y presuntamente, conjuntamente otros también procesados, desde su condición de funcionario policial adscrito a esa Unidad, está involucrado en la alteración de la cantidad de sustancias controladas que fueron objeto de secuestro obtenido de un operativo en la localidad de San Borja del departamento de Beni. Situación por la cual, tomando en cuenta que se trata de un operativo policial de lucha contra el narcotráfico, así como “…el pesaje, las actas, están los fotografías, está el otro vehículo…” (sic) y la cantidad de sustancias controladas de 1200 kg “de tres caletas”, de las que los involucrados penalmente, incluido el hoy impetrante de tutela, solo hicieron constar cuarenta paquetes en un peso de 431 kg, con 350 g de cocaína -según se tiene del fallo de primera instancia-; el Vocal hoy accionado, consideró -sumado al criterio de la Jueza a quo-, que el tráfico de sustancias controladas tiene un impacto negativo significativo en la sociedad; contexto en el cual, el imputado al participar en estas actividades, habría contribuido a ello; de donde la evidencia de una cantidad significativa de sustancias controladas, o que el imputado hubiese estado involucrado en la organización y distribución de las mismas tras la alteración de su cantidad como resultado del operativo en el que intervino, refuerzan -a criterio del Vocal accionado como él mismo lo explicó- la percepción de que representa un riesgo continuo sumado a su condición de servidor público -funcionario policial- como a su vez lo razonó y consideró en el primer Considerando, haciendo una valoración integral de la concurrencia de los requisitos y riesgos procesales vigentes para la detención preventiva. De donde resulta evidente que el razonamiento intelectivo de la autoridad hoy accionada, se asocia a los antecedentes de la investigación penal y distan de una resolución genérica y exagerada -según fue denunciado en sede constitucional por el hoy accionante-; pues, al contrario de lo afirmado en la acción de libertad que se analiza, el fallo de alzada cuenta con una motivación relacional a los elementos indiciarios aportados, y si bien hace invocación solo nominal a criterios de la “CIDH” sobre la prisión preventiva, aquello no incide ni menoscaba en la valoración basada en la sana crítica y experiencia, que se aprecia de los antecedentes del proceso penal, vinculado a la motivación fáctica, así como tampoco se aparta de la descripción del art. 234.7 del CPP; encontrándose por ello, el Auto de Vista 133/2022, debidamente fundamentado en lo que concierte al citado precepto legal.

5) Sobre la denuncia de falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista 133/2022, respecto a la concurrencia del peligro procesal de obstaculización, contenido en el art. 235 numerales 1, 2 y 5 del CPP

El impetrante de tutela alude que el Vocal hoy accionado, no se pronunció sobre la concurrencia del peligro procesal previsto en el art. 235.1 del CPP; que no se identificó quiénes fueran las personas sobre las que podría ejercer influjo y la medida en que aquello afectaría la investigación penal; así como tampoco expuso cómo, directa o indirectamente, podría obstaculizar la averiguación de la verdad, ni explicó la “prueba” que basa tal presunción, para asumir como concurrentes -además- los numerales 2 y 5 del señalado precepto. En principio, conviene destacar que en el Auto Interlocutorio 125/2022, la autoridad de primera instancia, a tiempo de fundar la concurrencia de peligro de obstaculización previsto en el art. 235 numerales 1.2 y 5 del CPP, señaló lo siguiente:

“Con respecto a que al peligro de obstaculización establecido en el Art 235 en su Nº 1), el imputado destruya, suprima, modifique o falsifique un elemento de prueba, se tiene que Henry Alex Lopez Mendoza es funcionario del Gioe conducta nacional del número de la cantidad de sustancias controladas ha sido a 40 paquetes dando un peso de 431 kg de cocaína, de acuerdo a la prueba del caso 801102012200549, en la cual se acredita y se adjunta, que en la presente imputación, se tiene de que de acuerdo a las pruebas indiciarias que se han obtenido, que existen que se hubiere ocultado de acuerdo a la muestra fotográfica en la cual se hubiera ocultado, una camioneta Blanca, de acuerdo a las declaraciones del encargado, así también puede verificar que, el imputado puede influir negativamente sobre participe a objetivo que informe falsamente, existe un informe policial de fecha 21 de abril del 2.002, en la que manifiesta de que puede influir toda vez de que tiene que fundamentar que, están en el mismo trabajo, por el cual ambos realizan actividades de manera conjunta, así también se puede establecer que, no se ha encontrado la camioneta de color blanca, marca Ford, además de ello, se puede verificar, de que también con relación a este riesgo procésales, se puede establecer de que con relación a las sustancias controladas, tampoco ha sido recuperada por lo que para la suscrita Juez, va tomar en cuenta con relación a dicho riesgo procesal, así como también el Nº 5), que cualquier otra circunstancia acreditada, que permite sostener fundamentalmente que los imputados, no obstaculizara la averiguación de la verdad, toda vez que es funcionario policial del Gioe, ha obstaculizara directamente la averiguación de la verdad la sustancias controladas como también el tipo de vehículo” (sic [negrillas añadidas]).

Ahora bien, revisado el fallo de alzada traído a verificación en esta jurisdicción constitucional a través del presente mecanismo de defensa, se advierte lo siguiente:

“En lo concerniente al art. 235 núm. 1, 2 y 5 cabe también hacer mención a lo que claramente estipula el art. 235 núm. 1 en sus diferentes componentes, destruya, modifique, oculte suprima o falsifique elementos de prueba, ya lo hemos descrito anteriormente lo que se va a redundar la conceptualización que tiene cada uno de ellos, para no hacerlo tan dilatorio el acto, se va a ratificar dicha situación jurídica también, en cuanto a que el imputado amenace, destruya, influya negativamente a los partícipes, víctimas y testigos a objeto de que informes falsamente o se comporten de manera reticente, voy a ser enfático en esta situación jurídica también en cuanto a la ley 004 en su art. 5 núm. 1, si bien es cierto que no tiene la misma condición el Mayor Gálvez, no cabe hacer distinción aquí de rango o cursos que hayan pasado, sino en la distinción que la ley ha mencionado y menciona que todos estamos involucrados de manera conjunta sin distinción de grado, raza, religión o credo, al mismo tiempo hacía mención el suscrito en el ejemplo en cuanto al órgano jurisdiccional la competencia que tiene cada juez o la jerarquía de un juez de instrucción, juez de anticorrupción, de un vocal, o de un magistrado, esa maniobras usuales para desvirtuar una imputación que es la que se puede ver en cuanto a la situación jurídica que tiene el Sargento de influenciar a testigos, peritos o corrompiendo voluntades a fin de que se tuerza la verdad de los hechos, amenace o la influencia puede también ser ejercida por intimidación, no es necesario tener un grado para distinguir una intimidación o una violencia, esto pueden realizarse por distintos medios y sin necesidad de un grado de formación académica, sobre todo en casos de delitos graves como en el caso que se está realizando que se trata de narcotráfico, bajo este contexto también he hecho hincapié bajo los distintos fallos de la CIDH por supuesto también ya mencionados anteriormente, lo que no cabe resaltar reiterando bajo la misma circunstancia, también he hecho referencia al art. 235 núm. 5 en cuanto a cualquier otra circunstancia debidamente acreditada que permita sostener que el imputado directa o indirectamente obstaculizara la averiguación de la verdad, hemos hecho mención y el análisis de las condiciones generales de este numeral específico concluye lo importante de este texto legal es que el legislador establece los presupuestos para valorar o formular la detención preventiva, da las pautas generales de cada presupuesto, al desarrollar las conductas y condiciones específicas de cada presupuesto solo se aboca a las líneas generales, respecto al peligro procesal de obstaculización destacamos que el juez debe valorar la conducta procesal del imputado dentro de todo el proceso como habíamos dicho anteriormente, solamente el señor Gálvez si bien es cierto ha sido que ha comandado dicha diligencia y por supuesto el ciudadano cumple esa función, reitero el suscrito vocal no actúa de manera subjetiva, sino aplicando la ley conforme a determinado la ley 004, es decir que todos estamos inmiscuido sin razón de grado o pertinencia en cuanto a la situación jurídica que tenemos todos y cada uno de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia” (sic [negrillas añadidas]).

Constatándose de dicho contenido argumentativo que, en efecto, en cuanto al peligro procesal de obstaculización previsto en el art. 235.1 del CPP, la autoridad hoy accionada se remite a lo razonado por la Jueza a quo, en el Auto Interlocutorio 125/2022. Aspecto que si bien no contiene un nuevo análisis intelectivo en alzada, sino que -se reitera- se remite al fallo de primera instancia, no significa per se una omisión de consideración en los términos planteados por el hoy accionante, quien en la formulación de dicho agravio en sede constitucional, se limitó a señalar que hubo una omisión de consideración sobre la concurrencia del precitado peligro procesal, sin explicar en qué elemento o tenor fue soslayado, o cómo aquello incidiría en la fundamentación y motivación que extraña; pues, a más de no ser evidente que tal pronunciamiento haya sido omitido, -como se tiene de la cita precedente-, tampoco se hace factible efectuar mayor análisis, habida cuenta de la vaguedad en el planteamiento de esta denuncia, como se advierte en la dimensión de alegación sobre este punto de la demanda tutelar. Más aún, cuando el Auto Interlocutorio 125/2022, es enfático en señalar como motivación de la decisión de declarar concurrente el peligro procesal descrito en el art. 235.1 del CPP, el hecho que fue ocultada la sustancia controlada, así como desaparecida una camioneta blanca con la que se hubieran cometido los hechos investigados. Aspecto que no fue refutado en sede constitucional de forma alguna por el hoy impetrante de tutela, siendo indeterminado su alegato sobre el cuestionamiento de enervarse tal peligro procesal en alzada; y que a contrario, en una valoración integral de los supuestos de concurrencia y vigencia del peligro de obstaculización en sus diferentes dimensiones, convergería más bien en que la autoridad accionada desarrolló una suficiente y razonada motivación y fundamentación sobre este riego procesal. En esa misma línea de análisis, en lo que concierne a los numerales 2 y 5 del mismo precepto legal adjetivo, atinentes a “Que el imputado amenace o influya negativamente sobre los partícipes, víctima, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente” (sic) y “Cualquier otra circunstancia debidamente acreditada, que permita sostener fundadamente que el imputado, directa o indirectamente, obstaculizará la averiguación de la verdad” (sic) -respectivamente-; al contrario de lo argüido por el hoy impetrante de tutela, el Auto de Vista 133/2022 se muestra suficientemente motivado y fundamentado para decantar la concurrencia de ambos peligros procesales, pues si bien es escueto, en su integridad argumentativa no resulta lesivo al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, pues se remite de forma clara y precisa a la valoración integral fáctico en sentido de la constatación de que la presunta comisión de los ilícitos investigados involucra como presuntos autores a servidores públicos policiales precisamente abocados a la lucha contra el narcotráfico, e independientemente del rango y -con ello- la injerencia que pudieran ejercer, dicha cualidad lleva consigo comprometido el interés de la sociedad, precisamente por representar una institución de tales características. Siendo constatable que si bien no menciona con precisión sobre quiénes podría ejercerse tal influjo o amenaza negativa que obstaculice la averiguación de la verdad, no es menos evidente que el Vocal hoy accionado, es claro al momento de plasmar en el fallo de alzada, que la parte imputada guarda condición de funcionario público, misma en la que presuntamente incurrió en los hechos que están sometidos a investigación y por lo mismo, esa cualidad, hace meritoria la concurrencia del riesgo procesal cuestionado. Y por lo mismo, razona igualmente la autoridad hoy accionada, que la conducta del encausado penalmente, ahora accionante, basada en su condición de funcionario, hace concurrente el riesgo de obstaculización del art. 235.5 del CPP, concatenado a las modificaciones e incorporaciones efectuadas al Código Penal por la Ley 004. De donde se advierte que, en lo que concierne a la concurrencia de los riesgos procesales previstos en el art. 235 numerales 1.2 y 5 del CPP, el Auto de Vista 133/2022, no transgrede el debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, puesto que se pronuncia de forma suficiente y basada en los elementos indiciarios de la investigación penal, de forma clara y suficiente, en una exposición argumentativa, además que evidencia una valoración integral de los presupuestos para sostener la vigencia de la detención preventiva.

En la línea de análisis expuesta, se hace incuestionable que no existe vulneración a los derechos invocados por el impetrante de tutela, puesto que el Auto de Vista 133/2022, en los elementos que fueron denunciados en sede constitucional en la acción de libertad resuelta como se tiene, contiene una adecuada motivación y valoración para concluir en la concurrencia del requisito previsto por el art. 233.1 y los peligros procesales contenidos en los arts. 234.7, 235 numerales 1, 2 y 5, todos del CPP, que determinaron la imposición de la detención preventiva del ahora impetrante de tutela; a cuya consecuencia, la restricción de su libertad, no deviene de un procesamiento indebido ni de una resolución judicial arbitraria. Finalmente, en cuanto a la supuesta vulneración de los derechos del accionante, a la presunción de inocencia, a recurrir y a la defensa; a más de su sola invocación, el nombrado no explicó en la acción de defensa analizada, cómo es que estos fueron transgredidos por la autoridad accionada mediante el Auto de Vista 133/2022; más aún, cuando de los antecedentes del proceso penal atinentes al objeto procesal de esta acción de defensa, que deviene de la imposición de medidas cautelares contra el imputado-accionante, se advierte que respecto a la defensa y a recurrir, interpuso el medio de impugnación idóneo que dio lugar al referido fallo de alzada, y en cuanto a la presunción de inocencia, con meridiana claridad ello fue desvirtuado en el análisis de la fundamentación sobre los peligros procesales, conforme se tiene desarrollado precedentemente, lo que no sugiere dar mérito alguno ni amerita efectuar mayor análisis al respecto.

En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 16 de julio de 2022, cursante de fs. 57 vta. a 59 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Beni; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0513_2024-S2.pdf · páginas 1 a 24.

Huella digital del PDF (SHA-256): 8abc398fe35aca0b90293f1daeb63c957e34b449526e2816a12d5d37c9b1c4a5

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