Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 3 de septiembre de 2024
Concede la tutela
La impetrante de tutela denunció la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la salud y seguridad social y la protección del Estado a personas con discapacidad; toda vez que, ejerciendo funciones como Auxiliar de oficina dependiente del Departamento de Gestión Legal de la Aduana Nacional, recibió memorándum de agradecimiento de servicios desvinculándola de sus funciones; es así que dicha determinación es recurrida, por la vía de revocatoria y jerárquico, empero es respondida mediante notas donde la -autoridad ahora demandada- incurriendo en las siguientes ilegalidades: a) Se la desvinculo porque no presentó carnet de discapacidad actualizada de su hija ya que la misma tendría 20 años de edad y por tales motivos no sería merecedora del beneficio de inamovilidad laboral, pese a haber adjuntado certificados médicos de profesionales en el área psiquiatría de la Caja Nacional de Salud los cuales determinaron que su hija tiene una discapacidad mental o psíquica; y, b) Al indicar que su cargo era interino y de carácter provisional por lo que su desvinculación era en apego a lo dispuesto en el art. 39 inc. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado; los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 222/2022 de 9 de septiembre, cursante de fs. 271 a 274 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a los derechos al trabajo; a la estabilidad laboral; a la salud y seguridad social; y, a la protección del Estado a personas con discapacidad, disponiendo:
a) Dejar sin efecto el Memorándum Cite 5211/2021 de 4 de agosto y los Cites que lo ratifican: Cites: AN-PREDC-C 2021/2452 de 19 de octubre de 2021, AN-PREDC-C-2021/2915 de 25 de noviembre y AN-PREDC-C-2022/0380 de 9 de febrero, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, b) La reincorporación de la accionante al mismo cargo que ocupaba, más el pago de sueldos devengados, beneficios sociales y demás derechos que le correspondan desde el día de su desvinculación.
c) Se exhorta a la Aduana Nacional, para que en futuras situaciones en las que los funcionarios públicos interpongan recursos que la ley provee, otorguen respuesta a los mismos, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0513/2024-S1 Sucre, 3 de septiembre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 51828-2022-104-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 222/2022 de 9 de septiembre, cursante de fs. 271 a 274 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Yolanda Valeriano Fuentes contra Karina Serrudo Miranda, Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional.
Por memorial presentado el 5 de agosto de 2022, cursantes de fs. 96 a 104 vta., la accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
El 6 de junio de 2013, ingresó a trabajar a la Aduana Nacional (AN) mediante Memorándum Cite: 1383/2013, por la cual se la designó Mensajera del Departamento de Control de Concesiones, posteriormente mediante otros dos memorándums fue removida a otros cargos; empero, el 4 de agosto de 2021 se le hizo entrega del Memorándum Cite: 5211/2021, donde se dispuso su retiro de la institución a partir del 6 de agosto de 2021; ante ello, el 12 del citado mes y año, presento memorial solicitando se deje sin efecto el citado Memorándum y se proceda a su reincorporación por tener a su cargo a su hija la cual tiene una discapacidad psicológica según los certificados médicos y que diagnosticaron: “trastorno bipolar, trastorno de límite de personalidad, caracterizado por síntomas depresivos, descontrol de impulsos, irritabilidad, ideas depresivas y de muerte, etc.” (sic), por lo que necesita estar constantemente sometida a un tratamiento psiquiátrico de forma indefinida y también medicada de por vida; ya que anteriormente, el 20 de septiembre de 2014, fue calificada con una discapacidad intelectual de deficiencia psicológica del 50% y mediante la Resolución 1191 de 23 de noviembre de 2016, la Comisión Nacional de Prestaciones de la Caja Nacional de Salud (CNS), dispuso autorizar la inscripción de su hija al seguro de enfermedad sin límite de edad. Asimismo, mediante Cite: AN-PREDC-C-2021/2452 de 19 de octubre de 2021, la Presidenta a.i. de la Aduana Nacional, respondió a su memorial indicándole que la causal de su retiro se enmarca a lo dispuesto por el art. 39 inc. d) de la Ley General de Aduanas (LGA) y que al no contar con carnet de discapacidad actualizado, otro aspecto que indico es que su hija tiene veinte años de edad y conforme al Decreto Supremo (DS) 27477 -modificado por el DS 29608-, determinó que la inamovilidad laboral solamente beneficia a padres de menores de dieciocho años y que al no presentar el carnet de discapacidad vigente requerido, no correspondería atender dicha solicitud; en ese entendido, asumiendo defensa el 27 de octubre de 2021, presentó recurso de revocatoria de los Cites 5211/2021 y AN-PREDAC-C2021/2452, reiterando su reincorporación a su fuente laboral; ante ello, el 30 de noviembre de 2021 fue notificada con el Cite AN-PREDC-C-2021/2915 de 25 de noviembre, emitida por la autoridad ahora demandada, donde le indica que el cargo que ocupaba era provisional y que su desvinculación era conforme a lo establecido por el art. 39 inc. d) de la LGA, por lo que los servidores públicos provisorios no pueden impugnar su decisión administrativa; y, respecto a la inamovilidad laboral se ratificó in extenso el Cite: AN PREDC-C-2021/2452; ante ello, el 7 de diciembre de 2021 presento recurso jerárquico y la cual fue respondida el 11 de febrero de 2022 mediante el Cite: AN-PREDC-C-2022/0380 de 9 de febrero, emitida por la ahora demandada, donde le indica que su cargo era interino y de carácter provisional y que su desvinculación era en apego a lo dispuesto en el art. 39 inc. d) de la LGA, y que es su atribución de contratar, evaluar y remover al personal por lo que los servidores públicos no pueden impugnar su decisión. Asumiendo defensa ante la Aduana Nacional, también procedió a tramitar la renovación de su carnet de discapacidad de su hija, ya que el 20 de septiembre de 2014 fue diagnosticada con una discapacidad intelectual con deficiencia psicológica del 50%; empero en la gestión 2018, solicitó la recalificación de la discapacidad de su hija en el Servicio Departamental de Salud (SEDES) La Paz, sin embargo de los estudios realizados se le determino una discapacidad leve, sin considerar que ella sufre del trastorno límite de personalidad y que por dicha condición el 2016 fue autorizada a la inscripción al seguro de enfermedad sin límite de edad de la CNS; por ello solicito a los dos años siguientes su recalificación, es así que el 2 de septiembre de 2021, se apersono a SEDES La Paz y siendo atendida su hija por un médico general, un psicólogo y una trabajadora social, donde de manera verbal le diagnosticaron que la discapacidad de su hija era leve y no ameritaba la emisión del certificado único de discapacidad; razón por la cual mediante memorial de 6 de septiembre de 2021, dirigido al Director Técnico del SEDES La Paz hizo conocer lo ocurrido, siendo respondida mediante nota GADLP/SEDES/UTRAID/NEX-777/2021 de 4 de octubre, donde se le indica que la emisión de Certificado Único de Discapacidad, se realiza conforme al Manual de Procedimiento para la Calificación, Registro y Carnetización de Discapacidad y que sus porcentajes se asigna conforme al citado manual; el memorial de 2 de septiembre de 2021, también fue de conocimiento del Ministerio de Culturas, por ello, dicha entidad emitió el Informe INF/VDD/DGLCRD 0539/2021 E-MCDyD/2021-06639 de 19 de diciembre de 2021, donde indicó que el citado manual presuntamente no estaría tomando en cuenta a personas con discapacidad psíquica para su carnetización, pudiéndose constituir en un acto de discriminación normativo, por lo que recomendó remitir ese informe al Ministerio de Salud y Deportes para su consideración; producto de ello, nuevamente el 11 de octubre de 2021, solicitó su recalificación a la Jefa de la Unidad de Tratamiento, Rehabilitación, Investigación Social en Drogodependencia y Discapacidad “UTRAID” dependiente del SEDES La Paz, la cual fue respondida mediante nota GADLP/SEDES/ UTRAID/NEX-457/2021 de 13 de octubre, indicándole que su procedimiento se basa en el Manual de Procedimiento para la Calificación, Registro y Carnetización de Discapacidad y que si bien la Ley 223 indica aspectos esenciales de protección a las personas con discapacidad, esta no establece un marco procedimental para su calificación; y de los reclamos realizados y, al verse afectados los derechos de su hija, el 11 de abril de 2022, presentó acción de amparo constitucional contra SEDES y UTRAID, del cual conoció la Sala Constitucional Segunda de La Paz y mediante Resolución 91/2022 de 11 de mayo, le concedió tutela, para que realice una nueva valoración a su hija y también consideren todos los certificados médicos; por lo que el 17 de mayo de 2022, llevo a su hija, para que le hagan una nueva valoración, sin embargo nuevamente es valorada por un médico general, un psicólogo y una trabajadora social, quienes no acataron lo dispuesto por la Sala Constitucional, de garantizar la evaluación de todos y cada uno de los certificados médicos presentados, haciéndole conocer que no calificaba como discapacitada, lo cual hizo conocer al citado tribunal pero a la fecha de presentación de la acción de amparo constitucional no respondieron. Que, al habérsele desvinculado de su fuente laboral, en franca violación de sus derechos y garantías por parte de la autoridad demandada, se encuentra desempleada sin contar con un ingreso que asegure a su familia una vida digna, por no haber presentado el carnet de discapacidad vigente de su hija, no haciéndola merecedora del beneficio de inamovilidad laboral, a pesar haber adjuntado en su momento, su carnet de discapacidad, como certificados médicos de los profesionales en el área de psiquiatría donde confirmó que la enfermedad de su hija se considera como discapacidad mental o psíquica; y que conforme al art. 5.9 de la Ley 233 por cuestiones técnicas por parte de UTRAID SEDES La Paz, al momento de realizar el examen para su calificación, en su evaluación fue realizada por un psicólogo el cual no tiene conocimiento sobre psiquiatría, y que el médico general tampoco estaba calificado para determinar la enfermedad de trastorno de personalidad limite, ya que necesariamente ameritaba la intervención de un especialista, además el Manual de Procedimiento para la Calificación, Registro y Carnetización de Discapacidad, no indica el procedimiento para la calificación de este grupo de personas con discapacidad mental o psíquica. Su desvinculación laboral, induce a la desafiliación al seguro de salud y una ruptura de la relación laboral, afecta a su hija con grado de discapacidad, siendo que la misma debe estar constantemente medicada y con tratamiento médico, ya que su patología que ella padece, está definida como una enfermedad mental grave y crónica, que se caracteriza por la inestabilidad en su estado de ánimo, conductas y en las relaciones interpersonales, conllevando alteraciones en muchas áreas de su vida –formativa, laboral, afectiva, relacional y familiar-, por lo que su hija no está recibiendo el tratamiento médico especializado, ya que los medicamentos sicotrópicos los está comprando de acuerdo a la última receta emitida por el médico psiquiatra.
La impetrante de tutela denunció la vulneración de sus derechos al trabajo; a la estabilidad laboral; a la salud y seguridad social; y, a la protección del Estado a personas con discapacidad citando al efecto, los arts. 13.I, 14.V, 15, 35, 45, 46, 48.I, 49.III, 70, 108, 115, 119 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada solicitando: “.-Se disponga dejar sin efecto el Memorándum Cite N° 5211/2021 de fecha 04 de agosto de 2021 y los Cites que lo ratifican: Cite AN-PREDC-C 2021/2452 fecha 19 de octubre de 2021, Cite AN-PREDC-C-2021/2915 de fecha 25 de noviembre de 2021 con fecha de recepción 30 de noviembre de 2021 y Cite AN-PREDC-C-2022/0380 de fecha 9 de febrero de 2022 con fecha de notificación y recepción 11 de febrero de 2022.-Se disponga ordenar la restitución de todos mis derechos y garantías suprimidos y en aplicación del art. 57.II y III del Código Procesal Constitucional (CPCo), se disponga la inmediata RESTITUCIÓN A MI FUENTE LABORAL, BAJO EL MISMO ITEM, PUESTO LABORAL Y SE ORDENE, SE PAGUE LOS HABERES DEVENGADOS, AGUINALDOS Y DEMÁS OBLIGACIONES SOCIALES DE LAS QUE FUI AFECTADA.” (sic)
La audiencia pública se realizó el 9 de septiembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 267 a 270 vta., produciéndose los siguientes actuados:
La peticionante de tutela, a través de sus abogadas, ratificó in extenso el contenido de su demanda y ampliándola señaló: a) La accionante fue retirada de su fuente laboral el 4 de agosto de 2021, cuando aún tiene a su cargo a una hija con discapacidad, asimismo de acuerdo al principio de subsidiariedad el cual ha sido agostado porque se ha presentado los recursos administrativos para dejar sin efecto el Memorándum de desvinculación; b) En relación al principio de inmediatez la última decisión de la Aduana Nacional es del 9 de febrero de 2022 y notificada el 11 del citado mes y año, por lo que la acción tutelar se encuentra dentro del plazo de los seis meses; c) El objeto de la pretensión se centra en el memorándum de 4 de agosto de 2021 y los cites que lo ratifican, ya que los mismos ratifican su desvinculación y frente a las respuesta emitidas por la ahora demandada en relación al art. 39 inc. b) de la LGA, en el cual manifiesta que puede contratar, evaluar, y promover personal, sin embargo el derecho al trabajo se encuentra regulado por el art. 46 de la Constitución Política del Estado (CPE), el cual establece que toda persona tiene derecho a un trabajo digno y a una fuente laboral estable concordado con la SCP 070/2021 de 1 de noviembre y que la desvinculación debe ser mediante causales legales que justifiquen su despido según la SC 0177/2012, también se debe considerar la inamovilidad de las personas discapacitadas de acuerdo a los DS 27477 y 29608; d) La Aduana Nacional al indicar que su hija tiene veinte años y según los Decretos Supremos citados, la inamovilidad favorece a los padres de menores de dieciocho años, pero también dice salvo se cuente con una declaratoria de invalidez permanente; e) Se aclara que la discapacidad de su hija es un trastorno de personalidad limite que se constituye en una discapacidad mental no psíquica, por lo que la Comisión de Prestaciones de la CNS emitió la Resolución 1191 de 23 de noviembre de 2016, determino el estado de invalidez de su hija; f) Que al no presentar el carnet de discapacidad de su hija actualizado esto se debe porque el SEDES se niega a cumplir lo establecido en el art. 5.9 de la Ley 233, motivo por el cual se planteó una acción de amparo constitucional en la cual se dispuso una conminatoria hacia el SEDES para que presente un informe psiquiátrico y el cual no fue presentado porque no cuentan con un especialista en psiquiatría y que al haberse presentado los certificados médicos que demuestran la discapacidad psíquica de su hija y que la entidad demandada tiene conocimiento; g) Seguramente la parte demandada indicara que se tiene presentar el carnet de discapacidad, empero el art. 34 de la Ley General de Personas con Discapacidad garantiza la inamovilidad laboral, al momento no se ha podido actualizar el Carnet de discapacidad ya que para la parte demandada es el único documento probatorio para establecer que se tiene a cargo una persona con discapacidad y que si bien la Ley establece aspectos esenciales de protección a las personas con discapacidad pero la misma no establece un marco procedimental; h) Su desvinculación al tener un relación con los derechos a la vida, a la salud, al trabajo y la seguridad social y que su ruptura induce a la afectación a una discapacitada y que al no contar con medicamentos los cuales son expedidos bajo receta médica ya que son medicamentos psicotrópicos y que no son de venta libre; y, i) Por todos estos aspectos su retiro vulnera su derecho a la estabilidad laboral y también afecta a todo su grupo familiar ya que se omite el cumplimiento del art. 235.1 de la CPE donde se establece el cumplimiento de la constitución y las Leyes, ya que fue destituida incumpliendo lo indicado en el art. 8 de la Ley 2027, por lo que solicita se deje sin efecto el Memorándum 5211/2021.
Karina Serrudo Miranda, Presidenta Ejecutiva a. i. de la Aduana Nacional, a través de su representante legal, del informe escrito cursante de fs. 252 a 260 vta., y en audiencia solicitó se deniegue la tutela solicitada en razón de los siguientes argumentos: 1) La acción de amparo es totalmente errónea porque la Aduana Nacional no ha vulnerado ningún derecho ni garantía constitucional, ya que la accionante actualmente se encontraría realizando el trámite para obtener el carnet de discapacidad de su hija el cual estuvo vigente durante un lapso de tiempo determinado y que en la gestión 2018 se procedió a actualizar el Carnet, sin embargo no se tiene resultado alguno a la fecha, ya que las autoridades de las reparticiones competentes ya emitieron un criterio técnico especializado al señalar que la hija de la accionante tiene una discapacidad leve, aspecto en que la Aduana Nacional no ha participado, es importante considerar que incluso el fallo del Tribunal de Garantías de la acción de amparo constitucional que planteó la recurrente, únicamente resolvió que en un plazo de setenta y dos horas se realice una nueva evaluación de todos y cada uno de los certificados médicos presentados por la accionante, sin que dicha autoridad constitucional haya determinado en favor de la hija de la accionante y a las pretensiones que ahora invoca; 2) Sobre el principio de subsidiariedad, conforme se establece del art. 129.I de la CPE, vinculado al art. 53.3 de la Ley 254, este se considera como la utilización previa de todos los medios y recursos previstos en el ordenamiento jurídico, y conforme al principio de subsidiariedad es inviable la acción de amparo constitucional presentada por la accionante, porque no agoto los medios ordinarios y administrativos especializados de defensa, ya que es inexcusable la aplicación del art. 53.3 y 54 del CPCo, dado que la acción de amparo no puede ser utilizado como sustituto ni alternativo de los mismos, debiendo considerarse el contendió del art. 129 de Código Penal (CP), y que al existir otro medios legales de protección de los derechos ahora reclamados por los accionantes mediante sus apoderados, corresponde la aplicación del art. 54 de la Ley 254; 3) No se ha desarrollado el nexo de causalidad entre el hecho denunciado y los derechos vulnerados, evidenciándose su ausencia ya que los hechos denunciados están basados en el rechazo de la actualización del carnet de discapacidad a favor de la hija de la accionante, efectuando por las autoridades competentes, pero no identifico los derechos supuestamente vulnerados por la Aduana Nacional, asimismo, también debió plantear la vinculación entre los hechos jurídicos y el petitorio, aspectos que se incumplen por la accionante, porque solicita su reincorporación y dejar sin efecto el Memorándum de retiro, sin justificativo alguno que se origine en vulneraciones de la Aduana nacional, por lo que no se demuestra la lesión al derecho o garantía, no siendo suficientes exponer hechos ajenos a la Aduana Nacional; 4) Sobre el fondo de la acción de amparo constitucional en relación a los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la salud y seguridad social y la protección del estado a personas con discapacidad; al primero y al segundo derecho denunciado, la accionante tenía la calidad de funcionaria provisoria, razón por la cual se aplicó por el art. 39 inc. d) de la LGA, empero el hecho que se denuncia es respecto al rechazo del carnet de discapacidad efectuado por las autoridades competentes lo cual no es atribuible a la AN; sobre el tercero, ya que al existir el rechazo del carnet de discapacidad la AN no vulnero los derechos denunciados; sobre el cuarto derecho denunciado como vulnerado, no ocurrió aquello, ya que existe un rechazo a la emisión del carnet de discapacidad por lo que la AN solamente se ha remitido a cumplir la norma conforme a la Ley 223, Ley 977, DS 1893 que reglamenta la Ley 223, el DS 29608 que complementa el DS 2747, el DS 4420, el DS 4645; 5) La accionante habiendo impugnado las notas emitidas por la Aduana nacional, se debe establecer que la estabilidad laboral e impugnación a toda determinación relacionada al ingreso, promoción o retiro, no le corresponde a un funcionario provisorio por tanto y considerando que el ingreso fue en forma interina y de carácter provisional, lo cual es una facultad privativa de la Presidenta de la AN; y, 6) La accionante indica que su hija actualmente cuenta con más de viente años de edad, tales aspectos incumplen además el DS 27477 de 6 de Mayo de 2004, modificado por el DS 29608 de 18 de junio de 2008, que determina que la inamovilidad beneficiara a los padres y tutores que tenga bajo su dependencia a personas con discapacidad, y solo será aplicable cuando los hijos o los dependientes sean menores de dieciocho años, dichos aspectos fueron aclarados en los Cites AN PREDC-C-2021/2452 y AN-PREDC-C-2022/0380, en la cuales se justifican las razones por la que se procedió al retiro de la accionante, por lo que solicita declarar la improcedencia de la acción o denegar la tutela solicitada por la accionante.
La Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, mediante Resolución 222/2022 de 9 de septiembre, cursante de fs. 271 a 274 vta, denegó la tutela solicitada, indicando que no ingreso al análisis de fondo en observancia del principio de subsidiariedad, la misma que se halla relacionado al fallo emitido por la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz, en base a los siguientes fundamentos: i) Sobre la subsidiariedad, el art. 54 del CPCo, establece que no podrá ser interpuesta la acción de amparo constitucional, mientras no se haya hecho uso de los recursos ordinarios o administrativos y en caso de haber utilizado los mismos deberán ser agotados dentro de ese proceso o vía legal, sea judicial o administrativa, salvo que la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales ocasione perjuicio irremediable e irreparable; ii) Conforme los datos del proceso, la fundamentación expuesta por la parte accionante y el informe de la parte accionada, se tiene en primer lugar aspectos relacionados a que la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz emitió la Resolución 91/2022 de 11 de mayo, por el cual la misma habría sido interpuesta por la ahora accionante en representación de su hija Luz Maribel Villca Valeriano contra Mayber Lenin Aparicio Loayza, Director Técnico; y, Francy Marcela Venegas Arzabe, Jefa de la Unidad de Tratamiento, Rehabilitación e Investigación Social en Drogodependencia y Discapacidad (UTRAID), ambos del Servicio Departamental de Salud (SEDES) La Paz; iii) Tomando en cuenta que la accionante se encuentra a cargo de su hija y quien padece discapacidad con diagnóstico de acuerdo a certificados médicos de trastorno bipolar y que acreditarían 50% de deficiencia psicológica, por lo que esa manera, se pudo establecer, que la ahora accionante hizo conocer una serie de certificaciones que hacen alusión al estado de salud de su hija, quien tendría una discapacidad de 30% y que con ese porcentaje de discapacidad seria nulo; iv) Se debe considerar que la Sala Constitucional Primera de La Paz, conoció una anterior acción de amparo constitucional relacionada al presente caso, emitiendo la Resolución 91/2022 de 11 de mayo, por el cual dispone conceder la tutela solicitada por la accionante, en cuyo mérito instruye que la autoridad accionada en el plazo no mayor a setenta y dos horas, realice una nueva evaluación a la accionante garantizando la evaluación de todos y cada uno de los documentos médicos; v) En este sentido, se tiene que el fallo emitido por dicha Sala al presente se halla en conocimiento del Tribunal Constitucional Plurinacional en revisión, tal cual establece el art. 38 del CPCo., sin embargo el pronunciamiento que emane de la Resolución 91/2022, constituye un parámetro a ser emitido por los profesionales del área y establezcan cual el grado de discapacidad que tenga la hija de la ahora accionante, para asumir lo que en derecho corresponda sobre los beneficios que le corresponda, tomando en cuenta la falta de coherencia y similitud existente en los resultados evaluativos realizados por los especialistas del área médica, que con un acierto de orden legal dicha Sala Constitucional Primera dispuso que se realice una evaluación y que se establezca en definitiva sobre su grado de discapacidad; vi) Dicha disposición debe ser cumplida, toda vez que ya se habría puesto en conocimiento de la Sala en sentido que no se ha dado cumplimiento aun con la Resolución de amparo, situación que también extraña a la Sala Constitucional, toda vez que mediante Decreto de 13 de junio de 2022, dicha Sala se ha pronunciado a efectos de que el Director del SEDES informe en relación al cumplimiento de la Resolución 91/2022, y que ese resultado debe ser de conocimiento de la Aduana Nacional; g) La accionante solicita dejar sin efecto el memorándum CITE: 5211/2021 de 4 de agosto, por el que se habría dispuesto el retiro de la institución a partir del 6 de Agosto de 2021, a la ahora accionante, la misma que está directamente relacionado con el resultado que pueda obtenerse emergente del amparo constitucional que tuvo conocimiento la Sala Constitucional Primera; y, vii) La Sala Constitucional segunda que ahora conoce el presente amparo no puede ingresar al análisis de fondo a efectos de la pretensión que alega, toda vez que no se tiene conocimiento de los resultados de referencia, por lo que se ve impedida de pronunciarse sobre el fondo de la tutela impetrada.
De la revisión y compulsa de antecedentes que cursan en el expediente se establece lo siguiente: II.1. Cursa Memorándum Cite 1383/2013 de 6 de junio, emitido por Marlene Ardaya Vásquez, Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional, por el cual se le designa a la ahora accionante como Mensajera del Departamento de Control de Concesiones de la Gerencia Nacional de Administración de Finanzas de la AN (fs. 4).
Valeriano, -hija de la ahora accionante-, emitido por Juan Carlos Limachi Guarachi, Director del Comité Departamental de la Persona con Discapacidad (CODEPEDIS) La Paz, por el cual, se evidencia un tipo de discapacidad “INTELECTUAL”, deficiencia “PSICOLOGICA” y un porcentaje de discapacidad del 50%; documento vigente del 20 de enero de 2014, a igual data de 2018 (fs. 9).
Valeriano emitido el 30 de agosto de 2016, en el cual se le diagnostica trastorno bipolar, episodio actual moderado y que debe seguir con sus citas en el Hospital de psiquiatría por un tiempo no determinado y recibir el tratamiento de antipsicóticos, anticomiciaticos y ansiolíticos (fs. 39) II.4. Por Resolución N° 1191 de 23 de noviembre de 2016, emitido por la Comisión de Nacional de Prestaciones de la Caja Nacional de Salud, dentro de la evaluación realizada a Luz Maribel Villca Valeriano, se resuelve:
“PRIMERO.- AUTORIZAR la inscripción al seguro de enfermedad SIN LIMITE DE EDAD a favor de, LUZ MARIBEL VILLCA VALERIANO, hija de (…) Valeriano Fuentes Yolanda, en consideración a la siguientes conclusiones de la presente resolución. SEGUNDO,- A través de la Supervisión Regional de Trabajo Social se deberá instruir a la Oficina de Trabajo, Social del Policlínica de adscripción, realizar visitas "sorpresa" al domicilio de la paciente, una o dos veces al año, en coordinación con la titular del seguro, quien debe colaborar con el cumplimiento de esta instrucción, para cuya constancia se elaborará el informe social respectivo, el cual deberá estar adjunto a la Historia Clínica de la paciente. TERCERO.- Siendo responsabilidad de los padres el cuidado, educación y manutención de los hijos, más aún en casos de invalidez, se recomienda a la titular del seguro, cumplir con las prescripciones sanitarias de la C.N.S. a fin de proteger la salud física y mental de su hija Luz Maribel Villca Valeriano, debiendo comunicar a la institución, de forma inmediata, el cambio del estado civil, la independencia y/o la inserción laboral de la misma, a objeto de que no pierda la Declaratoria de Invalidez dispuesta por la presente Resolución; a que reciba la orientación pertinente; y evite conflictos a futuro con la institución.” (sic [fs. 10 a 13)]
Valeriano, de 15 de enero de 2018, se le diagnostica trastorno bipolar episodio actual moderado parcialmente controlado, debiendo seguir con el tratamiento por la especialidad de psiquiatría por un tiempo no determinado; de 15 de junio de 2018, indica que la paciente fue hospitalizada en agosto del 2015 y luego el 10 de junio de 2018 por sintomatología depresiva, por lo que requiere tratamiento psiquiátrico en forma indefinida (fs. 40 a 41); e, Informe Médico de 9 de octubre de 2018, realizado en la paciente Luz Maribel Villca Valeriano y conforme a la Junta Médica del Hospital de Psiquiatría de la CNS, la cual concluyo:
“1. Paciente con los diagnósticos de Trastorno Bipolar I NE, Trastorno de Personalidad Limítrofe; dentro del informe Psicológico Inteligencia Límite. 2. Enfermedad de tipo crónica, sobre la inteligencia Límite genera la dificultad de resolución de problemas en su entorno. 3. La patología Dual crónica de la paciente agrava el pronóstico; por lo cual requiere tratamiento psiquiátrico en forma indefinida, además de supervisión y apoyo familiar continuo.” (sic [fs. 42 y 43])
a la accionante que debe presentar el carnet de discapacidad vigente de su hija (fs. 185); ante ello la accionante mediante nota de 24 de abril de 2018, hace conocer que la evaluación de discapacidad de su hija fue señalado para el 28 de mayo de 2021 (fs. 180); posteriormente por informe de revisión documental Cite GADLP/SEDES/DISCAPACIDAD 118/2018 de 15 de octubre, el cual fue realizado el el 28 de mayo de 2021, por Luis Fernández Gareca, Médico General; Jhovanna Salgueiro Meneses, Trabajadora Social; y, Francy Marcela Venegas Arzabe, Responsable Departamental Discapacidad del SEDES La Paz; por el cual, en virtud a reportes de las áreas de medicina, psicología y trabajo social, establecieron no considerar pertinente la recalificación de la impetrante de tutela (fs. 51).
Villca Valeriano de 24 de febrero de 2020 emitido por el Hospital de Psiquiatría de la CNS donde se le diagnostica trastorno bipolar, trastorno límite de personalidad y pronostico por psicología: inteligencia limite, por lo que requiere tratamiento psiquiátrico de forma indefinida, además de supervisión y apoyo familiar continuo; de 10 de agosto y 17 de noviembre ambos de 2021, los cuales fueron emitidos por el Hospital de Psiquiatría de la CNS, se le diagnostica trastorno bipolar, trastorno límite de personalidad y funcionamiento intelectual limite, indicando que su naturaleza es crónica e irreversible y que se necesita tratamiento de forma indefinida manteniendo el tratamiento farmacológico (fs. 45 a 47) II.8. Se evidencia Memorándum Memorándum Cite N° 1976/2021 de 29 de enero, emitido por la AN, se le reasigna a la ahora accionante como Auxiliar de Oficina dependiente del Departamento de Gestión Legal de la Gerencia Nacional Jurídica de la AN (fs.6). II.9. Cursa Memorándum Cite 5211/2021 de 4 de agosto, emitido por Karina Liliana Serrudo Miranda, Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional -ahora demandada-, por el cual se le notifica a la ahora impetrante de tutela su retiro de la institución, en virtud a su carácter provisional de designación como funcionaria pública (fs. 7). II.10.Mediante escrito presentado el 6 de septiembre de 2021, ante el Director del SEDES La Paz, la peticionante de tutela solicito la calificación para persona con discapacidad (fs. 53 a 55); petición que fue respondida por SEDES a través de Nota Cite: GADLP/SEDES/ UTRAID/NEX-421/2021 de 23 de septiembre, por el cual indicaron que:
“…la emisión del Certificado Único de Discapacidad realizada por el equipo multidisciplinario, se la realiza conforme a procedimiento técnico y requisitos establecidos en el MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA CALIFICACIÓN, REGISTRO Y CARNETIZACIÓN DE DISCAPACIDAD, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 0458, de fecha 21 de octubre de 2020, por el Ministerio de Salud y Deportes… (…) Los porcentajes de discapacidad se asignan conforme a procedimiento técnico establecidos en el MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA CALIFICACIÓN, REGISTRO Y CARNETIZACIÓN DE DISCAPACIDAD y el CERTIFICADO O INFORME MÉDICO presentado por el interesado, calificación que la realiza el equipo multidisciplinario, no siendo la asignación del porcentaje a solicitud del interesado” (sic [fs. 57 a 58]) II.11.Por memorial presentado el 11 de octubre de 2021, a Francy Marcela Venegas Arzabe, Jefa de UTRAID del SEDES La Paz, la accionante solicitó una nueva recalificación para su hija discapacitada (fs. 69 a 71); solicitud que fue respondida mediante Carta Cite: GADLP/SEDES/UTRAID/NEX - 457/2021 de 13 de octubre, donde le indico que se debe cumplir lo señalado en el Manual de Procedimiento de Calificación, Registro y Carnetización de Discapacidad conforme al numeral 25.4; también le aclara que la Ley 233 no establece un procedimiento para el proceso de evaluación y/o calificación pero los equipos multidisciplinarios realizan la calificación conforme al Manual citado; y, en relación a la calificación obtenida en 21 de octubre de 2021 que de las evaluaciones de 28 de mayo de 2018 y 2 de septiembre de 2021 se establecieron un grado discapacidad leve, lo cual fue llevado por los equipos multidisciplinarios. (fs. 72 y 72 a)
Ministerio de Salud y Deportes, la accionante solicita calificación para su hija discapacitada (fs. 73 a 75); siendo respondida mediante la Carta MSyD/VGSS/DGRSS/UGPD/CE/131/2022 de 8 de febrero, indicando que.
“…la documentación del Procedimiento de Calificación de Discapacidad, se realizó la revisión documental del Expediente de Calificación y análisis técnico en las Áreas de Medicina, Psicología y Trabajo Social, concluyendo que la calificación realizada a su hija por la instancia competente del Servicio Departamental de Salud ̶ La Paz, cumple con los parámetros establecidos en la norma vigente y capítulos específicos de cada área (…) en relación a la Calificación de deficiencia de tipo mental o psíquica se debe tomar en cuenta que el diagnostico no es un criterio que por sí solo determine el grado de discapacidad debiendo enfatizar los criterios y parámetros establecidos en el BAREMO de Valoración de Situaciones de Minusvalía, Capitulo 16 Enfermedad Mental, tomando en cuenta la irreversibilidad del trastorno y la persistencia de sintomatología (…) por lo cual, no es procedente dar viabilidad a su solicitud” (sic [fs. 76])
06639 de 19 de diciembre de 2021, emitido por el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, señalo que el citado manual presuntamente no estaría tomando en cuenta a personas con discapacidad psíquica para su carnetización, pudiéndose constituir en un acto de discriminación normativo, por lo que recomendó remitir ese informe al Ministerio de Salud y Deportes para su consideración. (fs. 65 a 68) II.14. Mediante memorial presentado el 13 de agosto de 2021, por la ahora impetrante de tutela, ante la Aduana Nacional, solicitó reincorporación a su fuente laboral por tener a su cargo una persona con discapacidad (fs. 14 a 21); y, por nota con referencia “Respuesta a sus memoriales” AN-PREDC-C-2021/2452 de 19 de octubre de 2021, donde la ahora demandada le responde a la accionante, bajo los siguientes argumentos:
“De otra parte, señalar que su hija tiene actualmente más de veinte (20) años de edad y el Decreto Supremo N° 27477 de 06/05/2004, modificado por el Decreto Supremo N° 29608 de 18/06/2008, determina que la inamovilidad laboral beneficia a los padres o tutores que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad menores a dieciocho (18) años, salvo que cuente con declaratoria de invalidez permanente", contenida en el Certificado Único de Discapacidad, documento que no presentó a la Aduana Nacional. En este entendido, si bien corresponde a la Aduana Nacional cumplir con las normas que garantizan la inamovilidad laboral de las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, no es menos cierto que los beneficiarios también están en la obligación de cumplir la normativa vigente que acredité su derecho, aspecto que usted no cumplió, toda vez que omitió presentar el Carnet de Discapacidad Vigente de su hija, pese a que se le exigió este documento desde la gestión 2018, motivo por el cual no corresponde atender su solicitud de reincorporación.” (sic [fs. 22 a 24]) II.15. Por memorial presentado el 28 de octubre de 2021, por la ahora accionante, ante la Aduana Nacional, donde interpuso recurso de revocatoria contra el memorándum 5211/2021 (fs. 25 a 27 vta); ante ello, la Aduana Nacional mediante la nota AN-PREDC-C-2021/2915 de 25 de noviembre de 2021, le indico lo siguiente:
“En primera que su designación en el cargo de Auxiliar de Oficina dependiente del Departamento de Gestión Legal de la Gerencia Nacional Jurídica fue instancia, señalar manera interina y con carácter provisional por lo cual su retiro de la Aduana Nacional mediante Memorándum con Cite. N° 5211/2021 de 04/08/2021, fue dispuesta en aplicación del Inciso d) del Artículo 39 de la Ley N° 1990 de 28/07/1999, Ley General de Aduanas: "Son Atribuciones del Presidente Ejecutivo las siguientes: “Son Atribuciones del Presidente Ejecutivo las siguientes: (…) d) seleccionar, contratar, evaluar y remover al personal de la Aduana Nacional..." Al respecto, corresponde considerar lo dispuesto por el Artículo 71 de a Ley N° 2027 de 27/10/1999, Estatuto del Funcionario Público, que señala: "(Condición de funcionario provisorio) Los servidores públicos que actualmente desempeñen sus funciones en cargos correspondientes a la carrera administrativa y cuya situación no se encuentre comprendida en el artículo precedente, serán considerados funcionarios provisorios, que no gozarán de los derechos a los que hace referencia el Numeral II del Artículo 7 de la presente Ley. (...)" En este sentido, se entiende que los funcionarios o servidores públicos, cuyo cargo se origine en una designación por parte de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), son considerados como servidores públicos provisorios que, entre otras limitaciones, no pueden impugnar las decisiones administrativas que afecten situaciones relativas a su ingreso, promoción o retiro a las que hace referencia el inciso c). Artículo 7 del citado Estatuto del Funcionario Público. En este entendido, su retiro de la Aduana Nacional se encuentra entre las atribuciones de la Presidenta Ejecutiva de la Aduana Nacional; asimismo, esta determinación, de acuerdo a las normas citadas precedentemente, no admite impugnación.
Con relación a la inamovilidad laboral que invoca, por estar cargo de persona con discapacidad, ratifico in extenso la nota AN-PREDC-C-2021/2452 de 19/10/2021 misma que, entre otros aspectos, estableció que usted no cumplió con la normativa vigente referida a este derecho y considerando que usted omitió presentar el Carnet de Discapacidad de su hija, pese a que se le solicito este documento desde la gestión 2018, motivo por el cual no corresponde atender su solicitud de reincorporación.” (sic [fs. 28 a 29]) II.16. Mediante memorial presentado el 7 de diciembre de 2021, por la ahora accionante, ante la Aduana Nacional, donde interpuso recurso jerárquico en contra del memorándum 5211/2021 (fs. 30 a 32); por lo que la Aduana Nacional le respondió mediante nota AN-PREDC-C-2022/0380 de 9 de febrero, indicándole lo siguiente:
“Al respecto, corresponde considerar lo dispuesto por el Artículo 71 de la Ley N° 2027 de 27/10/1999, Estatuto del Funcionario Público, que señala: "(Condición de funcionario provisorio) Los servidores públicos que actualmente desempeñen sus funciones en cargos correspondientes a la carrera administrativa y cuya situación no se encuentre comprendida en el artículo precedente, serán considerados funcionarios provisorios, que no gozarán de los derechos a los que hace referencia el Numeral ll del Artículo 7 de la presente Ley. (...)” En este sentido, se entiende que los funcionarios o servidores públicos, cuyo cargo se origine en una designación por parte de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), son considerados como servidores públicos provisorios que, entre otras limitaciones, no pueden impugnar las decisiones administrativas que afecten situaciones relativas a su ingreso, promoción o retiro a las que hace referencia el Inciso c), Artículo 7 del citado Estatuto del Funcionario Público. Bajo ese contexto, su retiro de la Aduana Nacional se encuentra entre las atribuciones de la Presidenta Ejecutiva de la Aduana Nacional dispuesto Inciso d) del Artículo 39 de la Ley N° 1990 de 28/07/1999, Ley General de Aduanas; asimismo, esta determinación, de acuerdo a las normas citadas precedentemente, no admite impugnación. Respecto a relación a la inamovilidad laboral que invoca, con base en lo informado por la Gerencia Nacional de Administración y Finanzas mediante el Informe AN GNAGC-DTHAC-I-60-2022 de 25/01/2022, se tiene entre otros aspectos que usted no cumplió con el Decreto Supremo N° 1893 de 12/02/2014 y el Decreto Supremo N° 27477 de 06/05/2004, modificado por el Decretó Supremo N° 29608 de 18/06/2008, considerando que omitió presentar el Carnet de Discapacidad (vigente) de su hija, por lo que no corresponde atender su solicitud.” (sic [fs. 33 a 34])
Villca Valeriano de 23 de marzo de 2022, el cual fue emitido por el Hospital de Psiquiatría de la CNS, donde se le diagnostica trastorno bipolar, trastorno límite de personalidad y funcionamiento intelectual limite, indicando que su naturaleza es crónica e irreversible y que se necesita tratamiento de forma indefinida manteniendo el tratamiento farmacológico (fs. 50)
La impetrante de tutela denunció la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la salud y seguridad social y la protección del Estado a personas con discapacidad; toda vez que, ejerciendo funciones como Auxiliar de oficina dependiente del Departamento de Gestión Legal de la Aduana Nacional, recibió memorándum de agradecimiento de servicios desvinculándola de sus funciones; es así que dicha determinación es recurrida, por la vía de revocatoria y jerárquico, empero es respondida mediante notas donde la -autoridad ahora demandada- incurriendo en las siguientes ilegalidades: a) Se la desvinculo porque no presentó carnet de discapacidad actualizada de su hija ya que la misma tendría 20 años de edad y por tales motivos no sería merecedora del beneficio de inamovilidad laboral, pese a haber adjuntado certificados médicos de profesionales en el área psiquiatría de la Caja Nacional de Salud los cuales determinaron que su hija tiene una discapacidad mental o psíquica; y, b) Al indicar que su cargo era interino y de carácter provisional por lo que su desvinculación era en apego a lo dispuesto en el art. 39 inc. d) de la LGA, y que siendo su atribución es contratar, evaluar y remover al personal, por tal motivo los servidores públicos no pueden impugnar su decisión. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Inamovilidad laboral de personas con discapacidad o que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad; 2) Del principio de verdad material; 3) La carrera administrativa como regla y el carácter excepcional de los funcionarios provisorios en el orden constitucional; 4) El estándar jurisprudencial más alto en cuanto al derecho a impugnar de los funcionarios provisorios y su protección vía acción de amparo constitucional; 5) Del cumplimiento y ejecución de las resoluciones constitucionales en resguardo del derecho de acceso a la justicia y su tutela judicial efectiva en acciones constitucionales; y, 6) Análisis del caso concreto.
El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0610/2020-S1 de 13 de octubre; 0679/2020-S1 de 3 de noviembre; 0285/2021-S1 de 21 de julio; -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento: Inicialmente corresponde remitirnos a la normativa que regula este aspecto; por ello, la Constitución Política del Estado, a lo largo de sus disposiciones prevé las siguientes prerrogativas y derechos respecto de las personas con discapacidad:
Artículo 14. (…)
II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona (el resaltado nos corresponde).
Artículo 45. (…) III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales (las negrillas adicionadas). Artículo 70. Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos:
1. A ser protegido por su familia y por el Estado. 2. A una educación y salud integral gratuita. 3. A la comunicación en lenguaje alternativo. 4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna. 5. Al desarrollo de sus potencialidades individuales. Artículo 71
I. Se prohibirá y sancionará cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona con discapacidad.
II. El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna.
III. El Estado generará las condiciones que permitan el desarrollo de las potencialidades individuales de las personas con discapacidad. Artículo 72. El Estado garantizará a las personas con discapacidad los servicios integrales de prevención y rehabilitación, así como otros beneficios que se establezcan en la ley. Artículo 300. I. Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, en su jurisdicción: (…)
30. Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad. Artículo 302. I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción:
(…)
39. Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad. Por su parte, la Ley 223 de 2 de marzo de 2012, denominada Ley General Para Personas con Discapacidad, con relación al derecho a la inamovilidad laboral de este sector social, prescribe: Artículo 13. (DERECHO A EMPLEO, TRABAJO DIGNO Y PERMANENTE). El Estado Plurinacional garantiza y promueve el acceso de las personas con discapacidad a toda forma de empleo y trabajo digno con una remuneración justa, a través de políticas públicas de inclusión socio-laboral en igualdad de oportunidades Artículo 34.- (Ámbito de Trabajo)
I. El Estado Plurinacional de Bolivia en todos sus niveles de gobierno, deberá incorporar planes, programas y proyectos de desarrollo inclusivo basado en la comunidad, orientados al desarrollo económico y a la creación de puestos de trabajo para las personas con discapacidad.
justifiquen debidamente su despido.
III. Las entidades públicas y privadas deberán brindar accesibilidad a su personal con discapacidad.
IV. Las personas con discapacidad deberán contar con una fuente de trabajo. (las negrillas son añadidas). Por su parte, el DS 27477 de 6 de mayo de 2004, refiere lo siguiente:
Artículo 3°. - (Principios rectores) La aplicación del presente Decreto Supremo estará regida por los siguientes principios: Principio de preferencia. - Por el que las instituciones públicas y privadas deben considerar con carácter preferente a personas con discapacidad para el acceso, promoción y capacitación laboral, proporcionándoles las condiciones de trabajo necesarias para facilitar su desempeño en tareas para las que sean aptas, evitando todo tipo de discriminación fundada en su discapacidad o deficiencia. Principio de integración. - Por el que se deben adoptar los mecanismos más adecuados para posibilitar la activa incorporación material, laboral y social de las personas con discapacidad en sus lugares de trabajo, a través de procedimientos idóneos que permitan su integración plena. Principio de estabilidad laboral. - Por el que las personas con discapacidad no pueden ser retiradas de sus fuentes de trabajo, salvo por las causales legalmente establecidas, previo proceso interno. Principio de normalización. - Por el que las instituciones deberán contar con condiciones materiales y físicas apropiadas en cuanto a infraestructura, transporte que, cuando sea posible para la institución, deberá servir para llevar y recoger a las personas desde sus domicilios hasta las fuentes de trabajo, equipamiento y seguridad, que permitan a las personas con discapacidad desenvolverse con normalidad. Principio de Calificación. - Por el que las personas con discapacidad podrán participar en exámenes y calificación para ascensos en las instituciones y entidades públicas y privadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades físicas y mentales, en igualdad de condiciones y respetando el derecho preferente en la decisión (el subrayado y negrillas nos corresponden). Artículo 5°.- (Inamovilidad)
II. Los trabajadores o funcionarios que tengan bajo su dependencia personas con discapacidad, en 1° (primer grado) en línea directa y hasta el 2° (segundo grado) en línea colateral, gozarán también de inamovilidad funcionaria en los términos establecidos en el parágrafo precedente” (el resaltado es ilustrativo). Efectuada la precisión normativa respecto al derecho de las personas con discapacidad y sobre el derecho a la inamovilidad laboral del mismo grupo etáreo; incumbe remitirnos a las reflexiones desarrolladas por la máxima instancia de control constitucional; en ese sentido, abordando el derecho de este grupo social, la línea jurisprudencial, fue uniforme y desarrollada en muchas sentencias, siendo una de las primeras la SCP 0235/2007-R de 10 de abril, que en esencia refirió que corresponde otorgar una tutela reforzada a las personas con discapacidad y/o que tengan bajo su dependencia personas con discapacidad, salvo casos expresamente previstos en la ley, garantizando de esa forma su inamovilidad laboral; entendimiento, que fue reiterado en numerosas sentencias, entre ellas, la SCP 0390/2014 de 25 de febrero que 1Fundamento Jurídico III.2. “…el ámbito de protección de los trabajadores o funcionarios que presten servicios en los sectores público o privado, no sólo se refiere al trabajador en sí mismo sino que en prevención a que una ruptura de la relación laboral pueda llegar a afectar a un dependiente discapacitado de ese trabajador o funcionario, garantizando su inamovilidad, instituyendo así una tutela reforzada del derecho al trabajo de las personas, en razón de su discapacidad o de la discapacidad de la persona que tenga bajo su dependencia, excepto que su despido se opere por las causas señaladas por ley y previo proceso que determine haberse incurrido en dichas causales.
Consiguientemente, se establece que, la recurrente no podía ser retirada de su fuente de trabajo, al tener una hija discapacitada bajo su dependencia, salvo por las causales legalmente establecidas y previo proceso interno, conforme establecen los instrumentos normativos establecidos al efecto…”. 2“En ese orden de ideas, de los Fundamentos Jurídicos III.2. desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se extrae que en función a los valores y principios de igualdad y justicia, las personas con capacidades diferentes, son consideradas como un grupo de atención prioritaria, cuyos derechos fundamentales y garantías constitucionales deben ser tutelados de manera inmediata, prescindiendo de cualquier formalidad o aspecto tendiente a dilatar su pronto y efectivo restablecimiento; bajo ese razonamiento, la Ley de la Persona con Discapacidad y el DS 29608, concordantes con los preceptos contenidos en la Ley Fundamental, enaltecen la exclusiva protección a las personas con capacidades diferentes y a los padres o tutores que los tengan bajo su dependencia, estableciendo su inamovilidad laboral como resguardo de sus derechos fundamentales como el trabajo, a la estabilidad laboral y a una remuneración justa que le asegure una vida digna para sí y su familia.
La inamovilidad laboral de la que gozan los padres o tutores que tengan bajo su dependencia a personas con capacidades diferentes, no pueden ser removidos de sus fuentes laborales, debido a la específica finalidad de la misma, cual es asegurar a la persona con capacidad diferente el goce efectivo de sus derechos a través de la satisfacción de sus necesidades como salud, educación, alimentación, desarrollo integral, etcétera, para ello la fuente laboral estable del padre o tutor juega un papel preponderante al constituirse en el medio que le permita alcanzar una vida digna, por lo en base a precedentemente expuesto amerita conceder la tutela solicitada por el accionante; pues se ha establecido que se encuentra dentro del ámbito de protección que establece la Constitución Política del Estado y las disposiciones legales desarrolladas en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que justifican la inmediata protección a sus derechos fundamentales al trabajo que tiene su incide en otros derechos como, la estabilidad laboral, a una remuneración justa, a la salud y a la seguridad social.
refiere: La inamovilidad laboral de la que gozan los padres o tutores que tengan bajo su dependencia a personas con capacidades diferentes, no pueden ser removidos de sus fuentes laborales, debido a la específica finalidad de la misma, cual es asegurar a la persona con capacidad diferente el goce efectivo de sus derechos a través de la satisfacción de sus necesidades como salud, educación, alimentación, desarrollo integral, etcétera, para ello la fuente laboral estable del padre o tutor juega un papel preponderante al constituirse en el medio que le permita alcanzar una vida digna, por lo en base a precedentemente expuesto amerita conceder la tutela solicitada por el accionante; pues se ha establecido que se encuentra dentro del ámbito de protección que establece la Constitución Política del Estado y las disposiciones legales desarrolladas en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que justifican la inmediata protección a sus derechos fundamentales al trabajo que tiene su incide en otros derechos como, la estabilidad laboral, a una remuneración justa, a la salud y a la seguridad social (las negrillas son añadidas). Asimismo, en un supuesto, en el cual el trabajador suscribió contrato laboral indefinido, y fue desvinculado del mismo sin considerar que tenía a su cargo un hijo con discapacidad, la SCP 0580/2019-S2 de 22 de julio, sustentado en su Fundamento Jurídico III.2, indicó: …de estas actuaciones se advierte que la autoridad administrativa, no consideró en absoluto la observancia de los principios laborales constitucionalizados respecto a la garantía de la inamovilidad laboral, que impone su aplicación en los casos controvertidos privilegiando la protección de los trabajadores, como se tiene explicitado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; puesto que implica la continuidad y estabilidad laboral para el caso de personas que tienen a su cargo personas con discapacidad, de tal modo que la entidad empleadora no puede cesar de sus funciones al impetrante de tutela, de manera arbitraria o injustificada, puesto que esta medida no solo afecta al trabajador, sino a su entorno familiar y de manera particular a la persona discapacitada que se encuentra a su cargo. Por ello, corresponde otorgar la 3III.2. La garantía de inamovilidad laboral de las personas con discapacidad o de aquéllos trabajadores que tengan personas con discapacidad bajo su dependencia
A partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 2009, los derechos de las personas con discapacidad, son reconocidos en la Ley Fundamental de manera específica y en los Instrumentos Internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad. En efecto, la garantía de inamovilidad laboral de este grupo de atención prioritaria está consagrado en el art. 70 de la CPE; en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD); art. 4.1 de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad; la Observación General 5 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC); la Declaración de los Derechos de los Impedidos, proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante Resolución 3447 del 9 de diciembre de 1975; y, El Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); que son instrumentos internacionales que reflejan el compromiso de eliminar situaciones discriminatorias contra las personas con discapacidad, procurando la creación de oportunidades de trabajo para este grupo vulnerable. La garantía de inamovilidad laboral, está instituida en el art. 2.V de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad -Ley 977 de 26 de septiembre de 2017… (…)
Conforme a dicha norma, la garantía de inamovilidad laboral alcanza a la persona con discapacidad o a la trabajadora o trabajador que tiene a su cargo una persona con discapacidad; garantía que encuentra su fundamento en la dignidad humana; así como, en la no discriminación, con el objetivo de lograr la igualdad material en las oportunidades de trabajo y la satisfacción de los derechos involucrados, como parte de las obligaciones del Estado; con la aclaración que dicha protección no es absoluta; por cuanto, se mantiene en tanto la o el trabajador cumpla con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación.
tutela del accionante, respecto a la garantía de la inamovilidad laboral, sin perjuicio de que la parte demandada pueda desvirtuar ése estado de protección, en sede judicial (el subrayado nos corresponde). Bajo ese contexto jurisprudencial, es posible concluir que, las personas con discapacidad tienen derecho a la inamovilidad laboral, así como las personas que tienen bajo su guarda y protección a una persona discapacitada, extremo que tiene correspondencia y sustento en el nuevo modelo constitucional, en el cual el constituyente precisó que los derechos fundamentales, son directamente aplicables por mandato del art. 109.I de la CPE, mismo que debe ser comprendido en concordancia con el art. 70 de la misma Norma Suprema al referir que, las personas con discapacidad gozan de protección y del derecho al trabajo en condiciones adecuadas conforme a sus posibilidades; asimismo, es importante agregar que, dichos preceptos constitucionales, en el marco de los arts. 13.IV y 256.I de la referida Ley Fundamental, deben ser interpretados a la luz del bloque de constitucionalidad, buscando una interpretación y aplicación progresiva y garantista en favor de este sector social considerado vulnerable; en ese entender, el contenido de instrumentos internacionales que conforman el mencionado bloque de constitucionalidad descrito y previsto en el art. 410 del Texto Constitucional; como, la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad adoptada el 13 de diciembre de 2006, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 8 de junio de 1999, la Observación General 5 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de los Derechos de los Impedidos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 3447 del 9 de diciembre de 1975 y el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); buscan proscribir situaciones discriminatorias contra las personas con discapacidad, procurando la creación de oportunidades de trabajo para este grupo vulnerable.
Conforme a lo descrito por la referida jurisprudencia, incumbe añadir que los parágrafos II y IV del art. 34 de la Ley 223 de 2 de marzo de 2012, fueron derogados por la Ley 977 de 26 de septiembre de 2017; asimismo, corresponde describir el art. 2 de la citada Ley sobre la inserción laboral obligatoria e intermediación, donde refiere:
“I. Todas las instituciones del sector público que comprenden los Órganos del Estado Plurinacional, instituciones que ejercen funciones de control, de defensa de la sociedad y del Estado, gobiernos autónomos departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinos, universidades públicas, empresas públicas, instituciones financieras bancarias y no bancarias, instituciones públicas de seguridad social y todas aquellas personas naturales y jurídicas que perciban, generen y/o administren recursos públicos, tienen la obligación de insertar laboralmente a personas con discapacidad, a la madre o al padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave o muy grave, en un porcentaje no menor al cuatro por ciento (4%) de su personal. En el mismo porcentaje, están obligados a aplicar las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana respecto a su personal administrativo. II. Todas las empresas o establecimientos laborales del sector privado, que desarrollen cualquier actividad en el territorio nacional, tienen la obligación de insertar laboralmente a personas con discapacidad, a la madre o al padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave, en un porcentaje no menor al dos por ciento (2%) de su personal. III. Las instituciones del sector público señaladas en el Parágrafo I del presente Artículo, podrán insertar laboralmente mediante invitación directa, a personas con discapacidad; de la misma manera hacerlo en el caso de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave. En aquellos casos en los que se requiera la intermediación laboral, ésta será ejercida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de la Bolsa de Trabajo del Servicio Público de Empleo. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, es la única institución autorizada para ejercer la autorización de intermediación laboral. Cualquier persona natural o jurídica que realice intermediación laboral de persona con discapacidad, o la madre o el padre, cónyuge o la tutora o el tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad, será denunciada ante el Ministerio Público por presunta comisión de delitos de trata y tráfico de personas. IV. Las instituciones del sector público y las empresas o establecimientos laborales del sector privado que inserten laboralmente en porcentajes superiores a los establecidos en el presente Artículo, obtendrán distinciones y reconocimientos a establecerse en norma reglamentaria.
con discapacidad grave y muy grave, en los sectores público y privado, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación. VI. Las instituciones del sector público y las empresas o establecimientos laborales del sector privado deberán: a. Brindar accesibilidad a su personal con discapacidad. b. Realizar reportes trimestrales al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, conforme a reglamentación especial. VII. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, es la entidad encargada de coordinar con el Ministerio de Salud, la interoperabilidad de datos en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad – SIPRUN.PCD, y del Sistema de Control de Afiliados – SICOA del Instituto Boliviano de la Ceguera, de acuerdo al Artículo 3 del Decreto Supremo N° 1893.
VIII. Las instituciones del sector público y las empresas o establecimientos laborales del sector privado, tienen la obligación de adjuntar a las planillas que se entregan trimestralmente al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, información sobre las personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave, que hayan sido insertadas laboralmente, y de los puestos laborales vacantes para este mismo fin, debiendo esta cartera de Estado mantener un registro actualizado.
El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0610/2020-S1 de 13 de octubre; 0679/2020-S1 de 3 de noviembre; 0285/2021-S1 de 21 de julio; -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento: En relación a este principio, debe considerarse que tuvo su raigambre a partir de su inclusión en nuestra Norma Suprema, siendo su art. 180.I que determina: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez” (negrilla agregada). Así, en relación al principio verdad material, este Tribunal Constitucional Plurinacional en su SC 0713/2010-R de 26 de julio, señaló que el mismo comprende:
“…la obligación del juzgador, al momento de emitir sus resoluciones, de observar los hechos tal como se presentaron y analizarlos dentro de los acontecimientos en los cuales encuentran explicación o que los generaron; de ello, se infiere que la labor de cumplimiento de este principio, refiere a un análisis de los hechos ocurridos en la realidad, anteponiendo la verdad de los mismos antes que cualquier situación, aunque, obviamente, sin eliminar aquellas formas procesales establecidas por la ley, que tienen por finalidad resguardar derechos y garantías constitucionales. El ajustarse a la verdad material, genera la primacía de la realidad de los hechos sobre la aparente verdad que pueda emerger de los documentos; aplicando este principio, debe prevalecer la verificación y el conocimiento de éstos, sobre el conocimiento de las formas. En ese contexto, el régimen de nulidades, estará subordinado únicamente a la violación de derechos o garantías constitucionales; y en consecuencia, la inobservancia de las formalidades que no vulnere derechos o garantías constitucionales, tendrá menos relevancia que justifique una declaratoria de nulidad a momento de realizar el trabajo de valoración de la actividad procesal que adolezca de algún defecto formal. El principio consagrado por la Constitución Política del Estado, exige además a los litigantes y a los abogados que los patrocinan, lealtad procesal e idoneidad profesional, debida precisamente a que sus actuaciones y pretensiones deben encontrar pleno respaldo en la realidad fáctica.”
A partir de la comprensión del principio de verdad material, se fue forjando la justicia material frente a la formal, en tal sentido, la SC 2769/2010-R de 10 de diciembre, estableció:
“El principio de prevalencia de las normas sustanciales implica un verdadero cambio de paradigma con el derecho constitucional y ordinario anterior, antes se consideraba el procedimiento como un fin en sí mismo, desvinculado de su nexo con las normas sustanciales, en cambio, en el nuevo derecho constitucional, las garantías del derecho procesal se vinculan imprescindiblemente a la efectividad del derecho sustancial, puesto que no se trata de agotar ritualismos vacíos de contenido o de realizar las normas de derecho sustancial de cualquier manera.” (…) “El principio de prevalencia del derecho sustancial o material sobre el formal, está consagrado en el art. 180.I de la CPE, como uno de los principios de la justicia ordinaria, el de "verdad material", aclarando que este principio es aplicado en todas las jurisdicciones, inclusive en la justicia constitucional.”
En igual sentido, la SCP 0144/2012 de 14 de mayo, indicando que el sistema de administración de justicia nacional es un medio para acceder a los valores constitucionales, el cual propende a buscar la solución de fondo obviando nulidades que obedezcan a meros formalismos o ritualismos procesales. . La SCP 1662/2012-S1 de 1 de octubre, reiterando los entendimientos contenidos en las SC 2769/2010 y la SCP 0144/2012 que fueron citadas en párrafos anteriores, concluyó y puntualizó que:
…se debe puntualizar que el principio de verdad material consagrado por la propia Constitución Política del Estado, corresponde ser aplicado a todos los ámbitos del derecho; en ese orden, debe impregnar completamente la función de impartir justicia. Por ende, no es posible admitir la exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo ciudadano tiene derecho a una justicia material, como se desprende de lo estipulado por el art. 1 de la CPE, por lo que, debe garantizarse que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean producto de apreciaciones jurídicas, procurando la resolución de fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia; pues si bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz social evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello con el objetivo final de que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento del juez. Consecuentemente, a partir del entendimiento desarrollado en la SCP 1662/2012, que se constituye en el precedente constitucional en vigor, se tiene que el principio de prevalencia del derecho sustancial respecto al formal, se vincula con el principio de verdad material, por los cuales se busca el reconocimiento de que las finalidades superiores de la justicia no puedan resultar sacrificadas por reglas procesales o consideraciones de forma, que no son estrictamente indispensables para el fondo de los casos
El presente Fundamento Jurídico, fue citado en la Sentencia Constitucional Plurinacional: 0512/2020-S1 de 16 de septiembre, que formuló el siguiente razonamiento: Sobre la base del art. 44 de la Constitución abrogada, que establecía que el Estatuto del Funcionario Público contendrá las disposiciones que garanticen la carrera administrativa, se puso en vigencia la Ley 2027, entre cuyas disposiciones transitorias y finales (art. 71), asigna la condición de funcionarios provisorios, a quienes desempeñan funciones en cargos correspondientes a los de carrera administrativa y que no hayan cumplido las condiciones impuestas para ser incorporados como funcionarios de carrera (art. 70); estableciendo además un mandato, que en el ámbito de su competencia el poder ejecutivo programará la sustitución gradual de los funcionarios provisorios por funcionarios de carrera, mediante la implementación de programas de desarrollo institucional; por lo que, a los funcionarios provisorios no les corresponde acogerse a los derechos de los funcionarios de carrera, quienes fueron sometidos a un proceso de reclutamiento de personal conforme a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal y el Estatuto del Funcionario Publico.
Otras diferencias entre estas categorías de servidores públicos, enfatizan que los funcionarios provisorios no pueden impugnar la resolución que implique su remoción; es decir, no goza de inamovilidad laboral como el de carrera administrativa; a los funcionarios provisorios basta comunicarles el cese de sus funciones, no sucede lo mismo con los funcionarios de carrera a quienes se requiere someterlos a un proceso administrativo por la comisión de alguna falta para cesarlo de sus funciones; si por el contrario, para el retiro del funcionario provisorio se invocare alguna causal para cesarlo de sus funciones, ello conlleva la realización del debido proceso previamente, incluyendo el respecto del derecho a la defensa y a la impugnación; es decir, para la cesación de las funciones de los funcionarios provisorios, no requiere la invocación de algún motivo en particular, pueden ser cesados en cualquier momento y solo por la calidad de ser funcionarios provisorios. Línea jurisprudencial que fue reiterándose de manera sostenida y uniforme, incluso en vigencia de la actual Constitución Política del Estado. Bajo ese criterio se fueron repitiendo los casos de cesación de servidores públicos, con el solo fundamento de corresponder al carácter provisorio de los mismos, en los diferentes niveles de gobierno, central, departamental, municipal, etc., convirtiéndose en una práctica habitual que, sometido a conocimiento y control de éste Tribunal Constitucional Plurinacional, se ha mantenido en una posición inmutable respecto a los servidores públicos provisorios, convalidando esta práctica que provoca la inestabilidad laboral de los servidores públicos, la inseguridad jurídica en la que se desenvuelven, afectando todo el sistema de la administración pública, en suma convirtiendo esta situación en una regla general, cuando en realidad debería ser una excepción.
Sin embargo, es preciso revisar dicho entendimiento a la luz del nuevo orden constitucional, puesto que no se puede ignorar el mandato que establece la carrera administrativa como regla y la excepcionalidad del funcionario provisorio, en cuyo mérito el art. 233, establece que las personas que desempeñan funciones públicas son servidoras y servidores públicos y forman parte de la carrera administrativa, con excepción de aquellas que desempeñan cargos electivos, las designadas y designados, y de libre nombramiento. Mandato que sintoniza con los principios constitucionales que rigen la administración pública como el de compromiso e interés social, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, responsabilidad y resultados, entre otros, a los cuales se sujetan los principios fijados por el Estatuto del Funcionario Público, precedentemente citado, entre los que destaca el de servicio exclusivo a los intereses de la colectividad, reconocimiento al mérito, capacidad e idoneidad funcionaria, igualdad de oportunidades, reconocimiento de la eficacia, competencia y eficiencia en el desempeño de las funciones públicas para la obtención de resultados en la gestión, capacitación y perfeccionamiento de los servidores públicos, entre otros. En ese sentido, es necesario remarcar que el Estatuto del Funcionario Público dispone la sustitución gradual de los funcionarios provisorios por funcionarios de carrera, mediante la implementación de programas de desarrollo institucional, como se tiene citado precedentemente; esto implica, la sujeción a la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales y los diferentes sistemas que le conciernen, de tal forma que se cumpla con la finalidad establecida por el mandato constitucional, la vigencia de la carrera administrativa como regla, en los que no se encuentran incluidos los que desempeñan cargos electivos, las designadas y designados y de libre nombramiento, a los que es pertinente sumar los funcionarios provisorios que fueron configurados por el Estatuto y la jurisprudencia constitucional precedentemente citada, que, en sintonía con los razonamientos que anteceden, puede inferirse que alcanzan la categoría de excepcionales; es decir, los funcionarios provisorios ocupan o desempeñan un cargo de la carrera administrativa que debe ser institucionalizado en procura de su especialización y del cumplimiento de las metas y fines institucionales del servicio público, hasta que la administración pública realice el proceso de reclutamiento y selección del personal para su ingreso a la carrera administrativa, proceso dentro el cual, al funcionario provisorio le asiste el derecho de participar sin restricción alguna que los establecidos por ley, en igualdad de condiciones.
Consiguientemente, los funcionarios provisorios que ocupan o desempeñan un cargo de la carrera administrativa que debe ser institucionalizado, no podrán ser destituidos o removidos si acaso no se ha iniciado el proceso de reclutamiento y selección de personal, proceso en el cual tendrán derecho de participar, salvo que se invocare alguna causal para cesarlo de sus funciones, supuesto que conlleva la realización de un proceso previo en la que puedan ejercer el derecho a la defensa.
Estos razonamientos encuentran correspondencia con el mandato constitucional que establece el deber que impone al Estado, de proteger al trabajo en cualquiera de sus formas incluyendo como ya se dijo al servidor público provisorio, transitorio o temporal, pues el ejercicio del derecho al trabajo importa el aseguramiento de los medios de subsistencia de la persona y su entorno familiar; su continuidad y estabilidad laboral debe quedar garantizada en tanto no medie una causal justificada, proscribiendo toda forma de arbitrariedad y en tanto se cumpla la regla general de la implementación de la carrera administrativa en todos y cada uno de los niveles y entidades de la administración pública. Lo contrario implicaría, la inversión de una situación definida por mandato constitucional, como es la carrera administrativa como regla y el funcionario provisorio como excepción; de tal forma que los cargos públicos destinados a ser ocupados por funcionarios de carrera, continúen ocupados por funcionarios provisorios de turno, de manera indefinida y sin restricción o control algún, afectando no solo a los servidores públicos que ocupen dichos cargos, en un ambiente de inestabilidad e incertidumbre, sino, a la colectividad en su conjunto.
El presente Fundamento Jurídico, fue citado en la Sentencia Constitucional Plurinacional 1416/2022-S1 de 30 de noviembre que formuló el siguiente razonamiento: A efectos de identificar la línea más garantista respecto del ejercicio material del derecho a la impugnación de parte de los funcionarios provisorios, esta instancia constitucional, efectuará una revisión de la línea jurisprudencial; empero, previamente surge la necesidad de hacer referencia a “la fuerza vinculante del precedente constitucional con relación al estándar jurisprudencial más alto” y luego al razonamiento de la “aplicación del estándar más alto, ante la existencia de dos líneas jurisprudenciales contradictorias” a) La fuerza vinculante del precedente constitucional con relación al estándar jurisprudencial más alto El art. 196.I de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales”; conforme a ello, una de las funciones que tiene mayor incidencia sobre los ciudadanos, es la tutela vinculada a la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales a través de la resolución de las acciones de defensa; por ende, este Tribunal está obligado a maximizar el acceso a la justicia constitucional, efectuando una interpretación favorable de las causales de procedencia de las diferentes acciones tutelares, a partir de las normas constitucionales previstas en los arts. 13 y 256 de la CPE, que exigen que, entre varias interpretaciones o normas jurídicas aplicables a un caso concreto, se debe elegir aquella que resulte más favorable al derecho o garantía constitucional.
Este criterio de interpretación está contenido en el art. 2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que reitera los criterios de interpretación que deben ser utilizados por el Tribunal Constitucional Plurinacional en su labor jurisdiccional descritos en el art. 196.II de la CPE, referidos a la voluntad del constituyente, de acuerdo a sus actas y resoluciones -interpretación histórica- al tenor literal del texto de la Constitución Política del Estado-interpretación gramatical-; haciendo además referencia a otros criterios, como la aplicación de la interpretación sistemática de la Norma Suprema; y, de la interpretación según los fines establecidos en los principios constitucionales -interpretación teleológica-.
El art. 2.II.2 del CPCo reitera los criterios específicos de interpretación de los derechos humanos que están señalados expresamente en los arts. 13 y 256 de la CPE, conforme quedó indicado precedentemente; el Tribunal Constitucional Plurinacional podrá aplicar:
“Los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado, de acuerdo con los Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el país, cuando éstos prevean normas más favorables. En caso de que esos tratados declaren derechos no contemplados en la Constitución Política del Estado se considerarán como parte del ordenamiento constitucional.” Por otra parte, el art. 3.5 del citado cuerpo legal, hace referencia a los principios procesales de la justicia constitucional, entre los que se encuentra el principio de no formalismo, por el cual "...sólo podrán exigirse aquellas formalidades estrictamente necesarias para la consecución de los fines del proceso”; siendo los fines del proceso, en armonía con las funciones del Tribunal Constitucional Plurinacional que fueron detalladas en el art. 196 de la CPE, antes referido, precautelar el respeto y vigencia de los derechos fundamentales y de las garantías constitucionales; consecuentemente, haciendo efectivos los principios constitucionales, procesales y la finalidad de la justicia constitucional, corresponde que este Tribunal propugne una protección efectiva de los derechos y garantías, exigiendo las mínimas formalidades para impartir una justicia constitucional pronta, efectiva y sin obstáculos, que respondan a las necesidades de la o el ciudadano.
(…)
Ahora bien, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en el marco de los principios de favorabilidad y progresividad, pronunció las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014- S3 de 27 de octubre, en las que se estableció que el precedente constitucional en vigor o vigente, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocada, esto es, aquella decisión que hubiera resuelto un problema jurídico de manera más progresiva, a través de una interpretación que tienda a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; estándar, que se escoge después del examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, ya no solamente a partir del criterio temporal de las sentencias constitucionales - si fue anterior o posterior- que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento jurisprudencial, sino sobre todo, aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho. Consiguientemente, a partir de las Sentencias anotadas, el Tribunal Constitucional Plurinacional está obligado a elegir los precedentes que contengan el estándar jurisprudencial más alto en los diferentes temas que analice, vinculados a derechos fundamentales o garantías constitucionales… El presente Fundamento Jurídico fue desarrollado en el Voto Aclaratorio de la SCP 0373/2019-S2 de 14 de junio.
b) Aplicación del estándar más alto, ante la existencia de dos líneas jurisprudenciales contradictorias En cuanto a la aplicación del estándar más alto de la jurisprudencia constitucional y sus efectos, la SCP 2233/2013 de 16 de diciembre, en su Fundamento Jurídico III.3, expresa lo siguiente:
“Nos referimos, con la expresión estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, para resaltar aquélla o aquéllas decisiones del Tribunal Constitucional que hubieran resuelto un problema jurídico recurrente y uniforme, pero de manera progresiva a través de una interpretación que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad. El método de identificación del estándar más alto en la jurisprudencia constitucional, es a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, de tal forma que el precedente constitucional en vigor se constituirá en aquél que resulte de dicha comparación. Sobre el análisis dinámico de la jurisprudencia constitucional a través de las líneas jurisprudenciales, se tiene la SCP 0846/2012 de 20 de agosto, que estableció: ’No es suficiente la identificación del precedente constitucional, a través del análisis estático de la jurisprudencia, se debe analizar la jurisprudencia constitucional también a través de un análisis dinámico, es decir, se debe apreciar de manera sistemática el desarrollo de la jurisprudencia, para ubicar el precedente constitucional en vigor en la línea jurisprudencial. Las líneas jurisprudenciales, son la técnica para hacer el análisis dinámico de la jurisprudencia constitucional. Son las respuestas o soluciones que la jurisprudencia ha dado a determinado problema jurídico, está conformada por un conjunto de sentencias que abordaron determinada temática. La jurisprudencia constitucional al ser en esencia evolutiva, se van modulando, ya sea extendiendo, o en su caso, restringiendo sus alcances, de ahí que es preciso hacer un recorrido entre las sentencias básicas o creadoras de líneas, sentencias moduladoras de líneas, sentencias confirmadoras o reiteradoras de línea, sentencias mutadoras o cambiadoras de línea y sentencias reconductoras de línea, porque sólo con este análisis dinámico de las sentencias que conforman la línea jurisprudencia se identifica el precedente constitucional en vigor’. En este sentido, el uso del estándar más alto de la jurisprudencia constitucional al menos tiene dos consecuencias prácticas: i) Provoca que un juez o tribunal en caso de contar con dos sentencias constitucionales contradictorias elija de acuerdo a las particularidades de cada caso el entendimiento que tutele de manera más adecuada los derechos fundamentales que llega a ser el estándar más alto. ii) Asimismo, de existir diversos entendimientos jurisprudenciales no antagónicos sino progresivos los mismos deben armonizarse para la resolución más adecuada del caso en atención a los derechos fundamentales obteniéndose vía integración de jurisprudencia el estándar más alto.
Este entendimiento tiene su fundamento en lo establecido por los arts. 13.IV y 256 de la CPE, que configuran la obligación de interpretación más favorable en materia de Derechos Humanos, teniendo como parámetros las cláusulas de interpretación contenidas en los Tratados y Convenios Internacionales sobre la materia, entre ellas, el principio pro homine, que establece que el juzgador debe aplicar aquellas normas y criterios de interpretación que resulten más favorables al respeto y goce de los derechos constitucionales de las personas.” (las negrillas nos corresponden). De lo desarrollado por la jurisprudencia descrita, se infiere que, esta instancia constitucional, con el propósito de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado y el respeto de la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, efectúa una labor hermenéutica que genera una amplia jurisprudencia, que luego de su análisis dinámico e integral se identifica aquellas que resolvieron un problema jurídico recurrente y uniforme con razones e interpretaciones consideradas progresivas y favorables en cuanto a la protección de los derechos fundamentales, mismas que, según sus particularidades se constituyen en el estándar más alto.
Ahora bien, en lo que respecta a la aplicación de los precedentes que pertenecen a la doctrina del estándar más alto, según lo descrito por la antedicha jurisprudencia constitucional, su uso conlleva dos consecuencias prácticas; una de ellas, referida a que el juzgador al momento de resolver un caso concreto y después de corroborar la existencia de dos razonamientos contrarios al interior de la jurisprudencia constitucional, puede optar por vincularse a la que responde al estándar más alto, que otorga tutela de manera más progresiva y favorable; lo cual, dentro la dinámica hermenéutica constitucional, así como el carácter progresivo y el principio de favorabilidad de los derechos fundamentales previsto en los arts. 13.I y 256.I de la CPE, resulta constitucionalmente permisible y se constituye en una obligación conforme a los tratados internacionales que prevén derechos más favorables a las contenidas en la misma Norma Suprema e impele a nuestro Estado a su aplicación como parte suscribiente de dichos tratados.
A continuación, siguiendo la SCP 2233/2013 de 16 de diciembre se procederá a revisar la línea jurisprudencial:
En el marco de lo desarrollado en los Fundamentos Jurídicos que preceden, con relación al derecho a impugnar del funcionario provisorio, corresponde señalar que el mismo mereció un amplio desarrollo jurisprudencial desde su ideación pasando por un cambio de línea.
Es así que la SC 825/2002-R de 15 de julio, dentro un amparo constitucional, donde el recurrente señaló que a través de un memorando se le comunicó que quedaba suspendido de sus funciones, por lo que solicitó su inmediata restitución a sus funciones y cancelación de haberes por el término de su suspensión, la referida Sentencia Constitucional señaló que, los funcionarios públicos no eran acreedores de los derechos contenidos en el art. 7 núm II. de la ley 2027 de 27 de octubre de 1999, argumentando lo siguiente:
“…son funcionarios públicos provisorios, aquellos incorporados a las entidades públicas hasta la vigencia de la Ley 2027, sin proceso de convocatorias públicas competitivas y evaluación de méritos, funcionarios que no serán acreedores de los derechos contenidos en el numeral II del art. 7 de dicha Ley, conforme establecen los arts 71 de la Ley 2027 y 36 del D.S. 25749, Reglamentario del Estatuto del Funcionario Público” (el resaltado es añadido).
Entendimiento que fue seguido por la SC 0371/2004-R de 17 de marzo; empero, ésta con mayor precisión señaló que los funcionarios provisorios no tienen derecho a la estabilidad y por ende a la impugnación de los motivos de su retiro, bajo los siguientes términos:
“… al no ser funcionario de carrera, calidad que debe acreditar para exigir los derechos previstos en el art. 7.II. a) y c) EFP, no puede gozar del derecho a la estabilidad, así como tampoco puede impugnar las decisiones administrativas relativas a su retiro, ya que éste es un derecho exclusivo de los funcionarios públicos de carrera y no de los provisorios” (el añadido es ilustrativo). A partir de dicho razonamiento jurisprudencial, esta instancia contralora de garantías, en la resolución de los casos, de manera uniforme y reiterada siguió la referida reflexión mediante las siguientes Sentencias Constitucionales: 0533/2003-R de 22 de abril; 0371/2004-R de 17 de marzo; 0901/2005-R de 4 de agosto; 0453/2007-R de 6 de junio; 1133/2010-R de 27 de agosto; 1462/2011-R de 10 de octubre; además de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 1198/2012 de 6 de septiembre; 1204/2015-S2 de 11 de noviembre; 0013/2016-S3 de 4 de enero; 1151/2017-S2 de 6 de noviembre; 0652/2021-S2 de 11 de octubre, entre otras.
g. A que se le proporcionen los recursos materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
b. A la capacitación y perfeccionamiento técnico o profesional, en las condiciones previstas en el presente
Estatuto. c. A impugnar, en la forma prevista en la presente Ley y sus reglamentos, las decisiones administrativas que afecten situaciones relativas a su ingreso, promoción o retiro, o aquellas que deriven de procesos disciplinarios. d. A representar por escrito, ante la autoridad jerárquica que corresponda, las determinaciones que se juzguen violatorias de alguno de sus derechos. e. A recibir y conocer información oportuna, de las autoridades institucionales sobre aspectos que puedan afectar el desarrollo de sus funciones. f. A representar fundadamente, observando la vía jerárquica que corresponda, las instrucciones que considere técnica, legal y/o administrativamente inadecuadas, que pudiesen ocasionar un daño a la entidad. g. Al goce de especiales incentivos económicos, conforme a las previsiones establecidas en el presente
Estatuto. h. A recibir la protección necesaria en materia de higiene y seguridad en el trabajo. III. Los derechos reconocidos para los servidores públicos en el presente Estatuto y su régimen jurídico, excluyen otros derechos establecidos en la Ley General del Trabajo y otras disposiciones del régimen laboral que rige únicamente para los trabajadores.
De otra parte, la SC 1715/2012 de 1 de octubre, luego de advertir la emisión de la Resolución Ministerial 014/10 de 18 de enero de 2010, precisó que, los funcionarios designados, de libre nombramiento, de carrera e interinos, tienen derecho a la impugnación ante infracciones laborales; para ello, efectuó el siguiente razonamiento:
“…el art. 3.II del Estatuto del Funcionario Público (EFP), señala que: “Igualmente están comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Estatuto los servidores públicos que presten servicios en las entidades públicas autónomas autárquicas y descentralizadas” (las negrillas nos corresponden), estableciendo además que el parágrafo III de dicho artículo, sufrió modificaciones mediante la Ley Modificatoria al Estatuto del Funcionario Público (Ley 2104 de 21 de junio de 2000), el cual quedo redactado de la siguiente manera: “Las carreras administrativas en los Gobiernos Municipales, Universidades Públicas, Escalafón Judicial del poder judicial, Carrera Fiscal del Ministerio Público, Servicio Exterior y Escalafón Diplomático, Magisterio Público, Servicio de Salud Pública y Seguridad Social, se regularán por su legislación especial aplicable en el marco establecido en el presente Estatuto”. De tal derivación, se concluye que el Estatuto del Funcionario Público y el Decreto supremo (DS) 25749 de 20 de abril de 2000 que lo reglamenta instituyen el régimen laboral aplicable a la relación jurídica laboral entre el Estado y los servidores públicos. A su vez, el art. 139 del DS 29894 de 7 de febrero de 2009, que aprobó la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, modificado por el DS 071 de 9 de abril de 2009, determina la extinción de la Superintendencia del Servicio Civil y que sus atribuciones serán asumidas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través del Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas. En sincronía técnica, el art. 86 inc. r) del precitado Decreto Supremo, establece que el Ministro o Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, tiene la atribución de formular políticas relacionadas con el Servicio Civil, régimen laboral, carrera administrativa, registro, ética y capacitación, emergentes del vínculo laboral entre el Estado y los servidores públicos. Es a partir del marco legal señalado, que se emitió la Resolución Ministerial (RM) 014/10 de 18 de enero de 2010 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, cuyo art. 2 establece que la misma, es aplicable a todas las acciones de impugnación del régimen laboral que se presentan en las entidades públicas sujetas al ámbito de aplicación del Estatuto del Funcionario Público, comprendiendo a las servidoras y los servidores públicos previstos en los incs. b), c), d) y e) del art. 5 del EFP, incluyendo a los funcionarios de libre nombramiento, citados en el inc. c) (…) En esta perspectiva, los medios de impugnación previstos, se ajustan al procedimiento de los recursos de revocatoria y jerárquico, “mediante los cuales las servidoras y servidores públicos contemplados” (sic), podrán impugnar las infracciones al régimen laboral, señaladas en el Título IV del Estatuto del Funcionario Público, en el que se encuentra comprendido el derecho de uso de las vacaciones, establecido en los arts. 49 y 50 del EFP” (resaltado es nuestro).
Lo descrito precedentemente por la aludida SC 1715/2012, implica un cambio de razonamiento tácito a la línea jurisprudencial que establecía que, los servidores públicos provisorios, no tenían derecho a la impugnación.
Prosiguiendo con la revisión de la jurisprudencia constitucional, se tiene a la SC 2570/2012 de 21 de diciembre, que al referirse en su Fundamento Jurídico III.2.2 a la impugnación al régimen laboral de las y los servidores públicos, siguió el razonamiento de la SC 1715/2012, al manifestar en esencia que, el Ministerio de Trabajo a través de la Resolución Ministerial (RM) 14/10 del 18 de enero de 2010, emitió el Reglamento de Impugnación al Régimen Laboral de las Servidoras y Servidores Públicos, cuya finalidad es establecer el procedimiento administrativo para la sustanciación y resolución del proceso de impugnación al régimen laboral establecido en el Estatuto del Funcionario Público.
Razonamientos que, fueron reiterados en la SC 0355/2014 de 21 de febrero; y, en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0191/2019-S4 de 9 de mayo; 0369/2022-S4 de 24 de mayo; y, 0841/2022-S4 de 21 de julio, al precisar que los servidores públicos de libre nombramiento tienen derecho a la impugnación. De otra parte, la SCP 0180/2019-S4 de 25 de abril, siguiendo de cierta forma el razonamiento jurisprudencial descrito en cuanto al ejercicio material del derecho a la impugnación de los servidores públicos de libre nombramiento, manifestó que efectivamente estos servidores tienen derechos no sólo para aspectos que impliquen su remoción, sino a todo acto administrativo definitivo que lesione sus derechos; pero 10 El Estatuto del Funcionario Público (EFP) en el art. 45 y ss., así como el Reglamento al Estatuto del Funcionario Público (DS 25749 de 24 de abril de 2000), determinan el régimen de derechos laborales aplicables a servidoras y servidores públicos…
Estos derechos laborales de los servidores y las servidoras públicas son reconocidos en el seno de la normativa que regula el ejercicio de la función pública, existen disposiciones laborales que por su naturaleza también deben abarcar a los servidores públicos, pues si bien éstos no se encuentran dentro del régimen laboral común, al brindar servicios públicos para el Estado en relación de dependencia, éstos ejercen el derecho al trabajo, mismo que como todos los derechos fundamentales tiene un contenido mínimo esencial (núcleo esencial) que no puede ser desconocido ni restringido.
Al respecto, reconocido el derecho fundamental para los servidores públicos es menester que éste cuente con las garantías jurisdiccionales que permitan su materialización, porque la garantía jurisdiccional es la posibilidad concreta de que un derecho se efectivice, sin la existencia de la garantía correspondiente al derecho, éste se convierte en una declaración prosaica de una aspiración que nunca podrá llegar a efectivizarse. El Constituyente en Bolivia, al diseñar el modelo de Estado ha tomado las previsiones al trazar el contenido normativo de los derechos fundamentales, de crear los marcos normativo procesales, para que estos derechos al igual que los derechos legales cuenten con aptos mecanismos procesales de efectivización, en miras a no permitir la impunidad en el incumplimiento del principio del goce efectivo de los derechos fundamentales por parte del Estado y de particulares (en los casos de aplicación horizontal).
En esa dimensión para efectivizar elementos del derecho al trabajo de las servidoras y servidores públicos, se ha previsto en el art. 52 del EFP, que el Órgano Rector del Sistema de Administración de Personal, propondrá al Poder Ejecutivo, ahora Órgano Ejecutivo, en un plazo no mayor a seis meses a partir de la publicación del Estatuto del Funcionario Público, para su vigencia mediante decreto supremo, las normas reglamentarias referidas al Régimen Laboral. De ahí que el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, dicta a través de la Resolución Ministerial (RM) 14/10 del 18 de enero de 2010, el Reglamento de Impugnación al Régimen Laboral de las Servidoras y Servidores Públicos, que tiene por objeto establecer el procedimiento administrativo que regula el conocimiento, sustanciación y resolución del proceso de impugnación al régimen laboral establecido en el Estatuto del Funcionario Público.
La norma descrita determina concretamente el procedimiento de impugnación por incumplimiento del régimen laboral, el mismo procesalmente está contenido por dos recursos el de revocatoria y el jerárquico; el primero se presenta ante la misma autoridad que hubiese emitido el acto administrativo objeto de impugnación, ante la negativa expresa de concesión del recurso o ante la negativa emergente del silencio administrativo, el impugnante podrá presentar el recurso jerárquico ante la misma autoridad que no concedió el recurso de revocatoria, quien elevará el recurso a conocimiento del Ministro del Trabajo, Empleo y Previsión Social. El art. 34 del glosado Reglamento, establece los presupuestos en los que queda agotada la vía administrativa impugnatoria en relación a los derechos de las servidoras y servidores públicos por infracción de derechos laborales.
además, precisó que dicho reconocimiento de derechos no implica el reconocimiento del derecho a la estabilidad laboral. Para tal finalidad, desarrolló el siguiente argumento:
…tomando en cuenta el principio de progresividad en materia de derechos laborales que tiene como sustento y base el principio protector; con el que se busca con preferencia precautelar al trabajador como uno de los pilares fundamentales de la relación laboral, corresponde señalar que al entrar en vigencia la RM 014/10, es posible que los servidores públicos de la clasificación antes mencionada gocen del derecho a impugnar las resoluciones que impliquen no solo su remoción; sino todos aquellos actos administrativos definitivos o resoluciones administrativas que lesionen o infrinjan los derechos reconocidos a estos en el Régimen Laboral previstos en el Estatuto del Funcionario Público y su Decreto Reglamentario, a través de la interposición de los recursos de revocatoria y jerárquico, con estricto cumplimiento de las condiciones, plazos y requisitos para su tramitación. Dicho razonamiento, de ninguna manera implica el reconocimiento de la estabilidad laboral a los citados servidores públicos, puesto que la única finalidad, es la de dar estricto cumplimiento a la Resolución Administrativa en favor de los servidores públicos y el de resguardar el derecho de impugnación que les asiste, a través de los recurso de revocatoria y jerárquico, permitiéndoles cuestionar, contradecir o refutar una decisión que a más de no estar acorde a sus interés, presuntamente les causaría agravios en su emisión. Razonamiento jurisprudencial, que fue reiterado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0709/2019-S3 de 7 de octubre; 0519/2020-S4 de 29 de septiembre; 0523/2020-S4 de 29 de septiembre; 0108/2021-S2 de 10 de mayo; 0123/2021-S1 de 2 de junio; 0246/2021-S4 de 10 de junio; 0263/2021-S4 de 17 de junio; 0280/2021-S4 de 22 de junio; 0487/2021-S2 de 30 de agosto; 0564/2021-S4 de 20 de septiembre; 0700/2021-S4 de 18 de octubre; 0829/2021-S4 de 12 de noviembre; 0156/2022-S4 de 25 de abril; 0221/2022-s4 de 3 de mayo; 0427/2022-S4 de 2 de junio; 0628/2022-S4 de 27 de junio de 2022; 0609/2022-S4 de 27 de junio; 1267/2022-S4 de 26 de septiembre; 1620/2022-S4 de 12 de diciembre; 0111/2023-S4 de 10 de abril; 1267/2022-S4 de 26 de septiembre; 1620/2022-S4 de 12 de diciembre; 0111/2023-S4 de 10 de abril; 0126/2023-S4 de 17 de abril; y, 0267/2023-S4 de 8 de mayo. Posteriormente, no obstante, lo desarrollado anteriormente por las Sentencias Constitucionales citadas que, con una visión progresiva y garantista otorgaban un reconocimiento de derechos en favor de los servidores públicos como el derecho a la impugnación; la SCP 0916/2021-S2 de 2 de diciembre, en el Fundamento Jurídico III.1. referido a: “Sobre el retiro de los funcionarios públicos o de libre nombramiento. Jurisprudencia reiterada” con una visión restrictiva y por demás formalista, señaló que no obstante gozar de los derechos previstos en el art. 7.I del EFP, los servidores públicos provisorios no pueden impugnar las resoluciones que impliquen su remoción, compulsando para ello el siguiente razonamiento:
Los servidores públicos provisorios gozan de los mismos derechos establecidos en el art. 7.I EFP; empero, no pueden impugnar las resoluciones que impliquen su remoción; es decir no gozan de la inamovilidad laboral. Otra diferencia consiste en que al servidor público de carrera se le deberá especificar la falta por la cual es destituido de su fuente laboral previo el inicio de un proceso administrativo interno, en cambio, a los servidores públicos provisorios, simplemente se les comunicará el cese de sus funciones sin invocar la comisión de ninguna falta por lo que tampoco se les iniciará proceso administrativo interno. La jurisprudencia constitucional, precisó que si para el retiro de un funcionario provisorio se invocare una causal, ello conlleva la realización de un proceso previo y en su caso el derecho a la impugnación de ese acto administrativo” Lo señalado por la indicada SCP 0916/2021-S2, se constituye en un cambio de línea que retorna al primer razonamiento restrictivo expresado por la SC 0825/2002-R de 15 de julio; es decir, del reconocimiento del derecho a la impugnación en favor de los funcionarios provisorios razonada por las Sentencias Constitucionales 1715/2012 de 1 de octubre; y, 2570/2012 de 21 de diciembre, se retorna de forma restrictiva a un razonamiento jurisprudencial el cual; contra toda visión garantista, orienta a que los servidores provisorios no tienen derecho a impugnar resoluciones que impliquen su remoción; entendimiento que fue reiterado en la SCP 0231/2023-S3 de 12 de abril.
Identificación de la línea jurisprudencial con un contenido de estandar más alto
Ahora bien, siguiendo lo descrito por la SCP 2233/2013 de 16 de diciembre, y con la finalidad de identificar el razonamiento jurisprudencial con estandar más alto en cuanto al reconocimiento del derecho a la impugnación en favor de los servidores públicos de libre nombramiento o provisorios, luego de haber descrito las lineas jurisprudenciales efectuando una sistematización de la evolución dinámica de la jurisprudencia constitucional en torno al derecho a impugnar de los funcionarios provisorios; la suscrita Magistrada identificó dos razonamientos constitucionales diferentes y opuestos entre sí; en consecuencia se tiene que:
La primera reflexión refiere que los funcionarios públicos provisorios no son acreedores de los derechos contenidos en el art. 7.II de la Ley 2027 de 27 de octubre de 1999, Estatuto del Funcionario Público; es decir que no pueden impugnar las decisiones administrativas relativas a su retiro, ya que éste es un derecho exclusivo de los funcionarios públicos de carrera. La segunda reflexión, señala que la Resolución Ministerial 014/10 de 18 de enero de 2010 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en su art. 2 establece que la misma, es aplicable a todas las acciones de impugnación del régimen laboral que se presentan en las entidades públicas sujetas al ámbito de aplicación del Estatuto del Funcionario Público, comprendiendo a las servidoras y los servidores públicos previstos en los incs. b), c), d) y e) del art. 5, incluyendo a los funcionarios de libre nombramiento, estando previstos los medios de impugnación de los recursos de revocatoria y jerárquico; en ese contexto, el Tribunal Constitucional Plurinacional, fue aplicando la primera reflexión constitucional para la resolución de los casos concretos donde se invocaba vulneración al derecho a impugnar por parte de funcionarios provisorios en acciones de amparo constitucional hasta que sufrió el cambio de razonamiento identificado. En ese contexto, la suscrita Magistrada, en atención a lo desarrollado en el inciso a), respecto a la aplicación del estándar más alto, ante la existencia de dos líneas jurisprudenciales contradictorias, considera que, en un Estado constitucional de derecho, como lo asumido por el nuestro, que por voluntad del constituyente, se incorporaron en la Constitución Política del Estado, un conjunto de derechos y garantías constitucionales en favor de las personas, que constituyen al Estado Plurinacional de Bolivia, en un Estado garantista; lo cual, implica que, el Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme al art. 196 de la CPE en su misión de precautelar por la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, debe ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales (arts. 13.I y 256.I de la CPE); en ese entender, es imperioso aplicar entendimientos y razonamientos más favorables y menos restrictivos para el acceso a la justicia constitucional en cuanto a su invocación de tutela vía acción de amparo constitucional referida al derecho a la impugnación de los funcionarios provisorios; razón por la cual, esta Magistratura luego de advertir dos entendimientos diferentes y opuestos en cuanto a la resolución de un problema similar referido al derecho a la impugnación de los funcionarios en este caso provisorios, en apego a la jurisprudencia constitucional desarrollada en relación a la aplicación del estándar más alto, opta por seguir y aplicar las razones jurisprudenciales desarrolladas en la SCP 1715/2012 de 1 de octubre, que se constituye en el estándar más alto conforme lo desplegado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo. Precisando que la suscrita, ya siguió con anterioridad dichos razonamientos progresivos en la SCP 0123/2021-S1 de 2 de junio; oportunidad en la cual, ante la negativa de concesión del recurso jerárquico se concedió la tutela, señalando que resulta indiferente si la accionante tiene la calidad de servidora pública de carrera o provisoria o de libre nombramiento, en el entendido que no se puede limitar el derecho a impugnar.
Bajo esa comprensión, la suscrita Magistrada, a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se adhiere a la reflexión constitucional desarrollada en la SCP 1715/2012 de 1 de octubre, por considerar que, desarrolla entendimientos más progresivos para el acceso a la justicia constitucional en cuanto a su invocación de tutela vía acción de amparo constitucional respecto al derecho a la impugnación de los funcionarios provisorios; en ese entender, según la jurisprudencia constitucional citada, la Resolución Ministerial 014/10 de 18 de enero de 2010 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, es aplicable a todas las acciones de impugnación del régimen laboral que se presentan en las entidades públicas sujetas al ámbito de aplicación del Estatuto del Funcionario Público, comprendiendo a las servidoras y los servidores públicos previstos en los incs. b), c), d) y e) del art. 5, incluyendo a los funcionarios de libre nombramiento, citados en el inc. c). En esta perspectiva, el procedimiento de impugnación por incumplimiento del régimen laboral, está contenido por dos recursos, el de revocatoria y el jerárquico; el primero se presenta ante la misma autoridad que hubiese emitido el acto administrativo objeto de impugnación, ante la negativa expresa de concesión del recurso o ante la negativa emergente del silencio administrativo, el impugnante podrá presentar el recurso jerárquico ante la misma autoridad que no concedió el recurso de revocatoria, quien elevará el recurso a conocimiento del Ministro del Trabajo, Empleo y Previsión Social. De tal manera que en un marco garantista y progresivo de los derechos y garantías fundamentales previstos por el constituyente en la Norma Suprema, los servidores públicos de la clasificación antes mencionada gozan del derecho a impugnar las resoluciones que impliquen no solo su remoción; sino todos aquellos actos administrativos definitivos o resoluciones administrativas que lesionen o infrinjan los derechos reconocidos a estos en el Régimen Laboral previstos en el Estatuto del Funcionario Público y su Decreto Reglamentario, a través de la interposición de los recursos de revocatoria y jerárquico, con estricto cumplimiento de las condiciones, plazos y requisitos para su tramitación; sin que dicho razonamiento implique el reconocimiento de la estabilidad laboral a los citados servidores públicos, puesto que la única finalidad, es la de dar estricto cumplimiento a la Resolución Administrativa en favor de los servidores públicos y el de resguardar el derecho de impugnación que les asiste, permitiéndoles cuestionar, contradecir o refutar una decisión
El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las SCP 0943/2022-S1 de 13 de septiembre, 1209/2023-S1 de 10 de noviembre; mismos que describen lo siguiente: Previamente, es necesario dejar en claro que, el Tribunal Constitucional Plurinacional se constituye en el supremo guardián y máximo intérprete de la Constitución Política del Estado, al tener la potestad exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad sobre las diferentes modalidades de acciones constitucionales y de defensa conforme prevé el art. 202 de la CPE, emitiendo resoluciones con un conjunto de razonamientos relacionados al estudio sobre los supuestos que son de su conocimiento que, en muchos de los casos se constituyen en precedentes en materia de derechos fundamentales y garantías constitucionales; bajo esa comprensión, el constituyente ha previsto que toda persona, grupo social o autoridad con legitimación activa reconocida que se sientan perjudicadas en el ejercicio material de sus derechos, pueden interponer las acciones constitucionales contra los actos u omisiones que consideren lesivas buscando la tutela constitucional en resguardo de sus derechos, ejerciendo de esta forma su pleno derecho de acceso a la justicia conforme prevé el art. 115.I de la Norma Suprema, arts. 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); y, art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Bajo ese entender, y en cuanto a la comprensión sobre el derecho al acceso a la justicia, la SC 600/2003-R de 6 de mayo, manifestó lo siguiente:
“…según la norma prevista por el art. 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica, ‘toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecidas con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter´, como podrá advertirse la norma transcrita consagra dos derechos humanos de la persona: 1) el derecho de acceso a la justicia; y 2) el derecho al debido proceso, entendiéndose por aquélla la potestad, capacidad y facultad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad jurisdiccional competente para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o violada que lesiona o desconoce sus derechos e intereses, a objeto de lograr, previo proceso, una decisión judicial que modifique dicha situación jurídica. Conocido también en la legislación comparada como ´derecho a la jurisdicción´ (art. 24 de la Constitución Española), es un derecho de prestación que se lo ejerce conforme a los procedimientos jurisdiccionales previstos por el legislador, en los que se establecen los requisitos, condiciones y consecuencias del acceso a la justicia; por lo mismo, tiene como contenido esencial el libre acceso al proceso, el derecho de defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre el fondo de la pretensión planteada en la demanda, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas, el derecho de acceso a los recursos previstos por ley. Finalmente, este derecho está íntimamente relacionado con el derecho al debido proceso y la igualdad procesal” (el resaltado es nuestro). Por su parte, la SCP 1388/2010-R de 21 de septiembre, en su Fundamento Jurídico III.3.4 epigrafiado como “Derechos a la tutela judicial efectiva”, manifestó que:
“La tutela judicial efectiva comprende la posibilidad de activar o iniciar ante los órganos jurisdiccionales un proceso, en el que obtenga una sentencia fundamentada que declare el derecho de cada una de las partes conforme corresponda en justicia, además implica la posibilidad de poder interponer los recursos que la ley establezca y la eventualidad de obtener el cumplimiento efectivo de la sentencia, con el objeto de garantizar el restablecimiento de una situación jurídica vulnerada, evitando la indefensión, involucrando el acceso a los tribunales; la efectividad de las decisiones judiciales; y el ejercicio del recurso previsto en la ley” (el resaltado nos corresponde). De dicha jurisprudencia, se extrae que, el acceso a la justicia no solamente gravita en acudir a las instancias jurisdiccionales o administrativas competentes invocando se resguarden sus derechos mediante una resolución, sino que estas decisiones a ser emitidas deben ser ejecutadas y cumplidas en su verdadera dimensión y precisión; toda vez que, al no materializarse dicha ejecución y cumplimiento efectivo de lo dispuesto se desconoce y vulnera el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, generando contrariamente incertidumbre y desamparo en las personas que obtuvieron resguardo de sus derechos mediante resoluciones que en muchas ocasiones son cumplidas parcialmente o en definitiva no son cumplidas totalmente, o en la tarea de cumplirlas otorgan un alcance diferente desfigurando lo establecido en el fallo conforme lo señaló la SCP 1206/2010-R de 6 se septiembre; así, en el caso de las demandadas constitucionales emergentes de las diferentes acciones constitucionales, el art. 203 de la CPE prevé que “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario alguno” (las negrillas y subrayado son adicionados), al respecto la SCP 1787/2014 de 19 de septiembre, indicó que las resoluciones 11 “En consecuencia, se desconoce y vulnera el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva y a razón de ello, el derecho a la eficacia jurídica de los fallos ejecutoriados pasados en autoridad de cosa juzgada consagrados en el art. 115.I de la CPE, cuando los mismos no son acatados, y si son cumplidos parcialmente, se les da un alcance diferente al establecido en el fallo, es decir, no son concretados en la medida de lo determinado, o cuando su cumplimiento es tardío; esto, en razón a que el acceso a la justicia no implica sólo la posibilidad de presentar una causa ante un tribunal y que éste emita una sentencia definitiva sobre el asunto planteado sino que, además, tal acceso debe ser efectivo. Es por eso, que la CIDH, determinó que el Estado, tiene la obligación de implementar todas las medidas para dar pleno cumplimiento a las sentencias de sus órganos judiciales y no puede apartarse del cumplimiento de éstas, so pena de incurrir en violación a la protección judicial prevista en el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al deber derivado del art. 2 del mismo instrumento internacional. Es decir, la inejecución de sentencias, su ejecución parcial, distorsionada o tardía, acarrea la violación del derecho fundamental de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, y dentro de éste a la eficacia jurídica de los fallos ejecutoriados pasados en autoridad de cosa juzgada y la protección judicial por parte del Estado”. 12 El FJ III.1 señala que: “El carácter vinculante y obligatorio de las Resoluciones pronunciadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, según lo previsto por el art. 203 de la CPE, de forma taxativa, determina lo siguiente ‘Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno’; así también el art. 15.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), refiere que: ‘Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares’, y en concordancia con el art. 19 del citado código, establece: ‘Las Sentencias, declaraciones y autos constitucionales se publicaran en la Gaceta Constitucional Plurinacional, cuya periodicidad será mensual. El Tribunal Constitucional Plurinacional difundirá sus resoluciones, además de los mecanismos electrónicos, a través de los medios que vea conveniente’, cuyo entendimiento permite especificar que la publicación de las Resoluciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, revisten importancia ya que no sólo son de carácter ilustrativo o de información, sino por su carácter vinculante el conocimiento oportuno de las mismas es imprescindible, especialmente para la jurisdicción ordinaria, para el uso profesional y el estudio en genera”.
emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, revisten una gran importancia por su carácter vinculante para la jurisdicción ordinaria, uso profesional y estudio general, que luego recogiendo estos entendimientos, la SCP 1032/2015-S3 de 29 de octubre, concluyó que, la parte vinculante de una Resolución Constitucional es la ratio decidendi, constituyéndose en la parte más relevante de toda la fundamentación dentro de la sentencia, generando precedentes obligatorios. En ese marco, incumbe precisar respecto a lo previsto por el mencionado art. 203 de la Norma Suprema, ya que de ella se extrae dos principios o características elementales relacionados a la vinculatoriedad y la obligatoriedad que si bien a primera vista supondría un alcance similar; sin embargo, las mismas difieren conforme se verá seguidamente, pero antes incumbe señalar que toda resolución constitucional, se funda en razones o reflexiones (ratio decidendi) desarrolladas que sirven de sustento para la decisión final expresada en la parte resolutiva -por tanto-. Bajo esa comprensión: a) El carácter vinculante de las decisiones constitucionales, se encuentra en los razonamientos desarrollados, que deben ser aplicados por los jueces y tribunales a casos análogos; esto implica que, las reflexiones o razones desplegadas en las resoluciones deben ser aplicadas a otros casos con hechos similares o análogos, otorgando de esta forma certeza y seguridad jurídica a los justiciables en el entendido que al tener conocimiento que el Tribunal Constitucional dio una determinada solución a un caso parecido al suyo, con seguridad acudirá a la misma instancia constitucional para obtener similar solución (pretensión que posteriormente deberá ser compulsada por la instancia constitucional a objeto de verificar la analogía o no del caso concreto). En ese marco, el carácter vinculante de las decisiones constitucionales se constituye en un principio relevante dentro la justicia constitucional y debe ser entendida desde dos dimensiones, la dimensión horizontal y la vertical; en tal sentido, la primera se refiere a que las sentencias y decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional son también vinculantes para ella misma u otras instancias de igual jerarquía; la segunda, referida a que dichas decisiones pronunciadas por la máxima instancia de control constitucional son vinculantes para los jueces y tribunales ordinarios de menor jerarquía; y, por su parte, b) El carácter obligatorio de las decisiones constitucionales, se encuentra en la parte dispositiva -por tanto- de las resoluciones, misma que debe ser cumplida por las partes procesales de forma obligatoria; es decir, en este caso, la obligatoriedad del cumplimiento de la decisión asumida está prevista para las partes intervinientes dentro los procesos constitucionales o excepcionalmente para aquellas no intervinientes que la instancia constitucional así lo justifique en cada caso concreto; extremo, que cobra mayor relevancia en amparos constitucionales y acciones de libertad como muestras, donde se dilucidan derechos subjetivos que merecen tutela inmediata que conlleva a la obligatoriedad del cumplimiento de la resolución constitucional conforme prevén los arts. 125.IV y 129.IV de la CPE.
Consecuentemente, y a efectos de ahondar en el verdadero acceso a la justicia y su tutela efectiva, incumbe focalizar sobre el carácter obligatorio de las resoluciones constitucionales y su ejecución, que conllevan un cumplimiento inmediato, conforme prevé el art. 15. del Código Procesal Constitucional (CPCo), que bajo el epígrafe (CARACTER OBLIGATORIO, VINCULANTE Y VALOR JURISPRUDENCIAL DE LAS SENTENCIAS), en su parágrafo I, prevé que: “Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos que tienen efecto general”, contenido legal que tiene su sustento constitucional en el citado art. 203 de la CPE que dice: “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario alguno” (resaltado añadido); en tal sentido, como se vio la obligatoriedad como característica esencial de las resoluciones constitucionales radica en que las partes procesales cumplan inmediatamente con lo dispuesto en las resoluciones emergentes de las acciones constitucionales como amparos constitucionales, acciones de libertad, acción de protección de privacidad, acción de cumplimiento o acciones populares. No obstante, ante el incumplimiento de las decisiones constitucionales, el legislador ordinario mediante los arts. 16 y 17 del CPCo, ha previsto la ejecución y cumplimiento de las resoluciones bajo los siguientes términos:
“Artículo 16.- (Ejecución)
I. La ejecución de una Resolución Constitucional con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción. II. Corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional conocer y resolver las quejas por demora o incumplimiento en la ejecución antes referida; asimismo el corresponde la ejecución en los procesos que directamente se presenten ante el mismo. Artículo 17.- (Cumplimiento de resoluciones)
I. El Tribunal Constitucional Plurinacional y las Juezas, Jueces y Tribunales de garantías constitucionales adoptarán las medidas que sean necesarias para el cumplimiento de sus resoluciones.
II. Podrán requerir la intervención de la fuerza pública o la remisión de antecedentes ante la autoridad administrativa a fin de la sanción disciplinaria que corresponda.
III. Podrán imponer multas progresivas a la autoridad o persona individual o colectiva, que incumpla sus decisiones, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran emerger.” De las normas procesales constitucionales descritas, se extrae inicialmente que, la ejecución de toda resolución constitucional con calidad de cosa juzgada corresponde al juzgado o tribunal que conoció la acción y en casos de demora o incumplimiento en la ejecución, el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene la atribución de conocer y resolver las mismas a través del instituto procesal denominado “queja”; empero, en esta parte incumbe precisar dos aspectos que tienen relación con el cumplimiento y ejecución inmediata de las resoluciones constitucionales emergentes de aquellas que previamente son resueltas por los jueces y tribunales de garantías; primero, una resolución constitucional adquiere la calidad de cosa juzgada cuando en revisión es emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional ratificando o revocando la inicial decisión asumida por el juez o tribunal de garantías, sólo después de este acto procesal emerge el tratamiento del instituto procesal de la “queja” para verificar la demora o su incumplimiento; y, segundo, cuando una resolución emerge del desarrollo de la audiencia efectuada ante el juez o tribunal de garantías, su ejecución es inmediata conforme lo prevén los arts. 126.IV (acción de libertad), 129.V (amparo constitucional), 131.III y IV (acción de protección y privacidad), 134.IV y V (acción de cumplimiento), y 136 (acción popular), todos de la CPE, ello supone que no es exigible la remisión previa de la resolución al Tribunal Constitucional Plurinacional para ejecutar las decisiones emitidas por los jueces y tribunales de garantías. Ahora bien, con referencia al cumplimiento (art. 17 CPCo), la disposición procesal refiere que, tanto los jueces, tribunales y el Tribunal Constitucional Plurinacional, adoptaran las medidas necesarias para el cumplimiento de sus resoluciones, pudiendo requerir la intervención de la fuerza pública o remitir antecedentes ante la autoridad administrativa con la finalidad de imponer las sanciones que correspondan; asimismo, tienen la potestad de aplicar multas progresivas a la autoridad o persona (individual o colectiva), sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran emerger; regulación, que encuentra sustento constitucional en el carácter inmediato de las acciones de defensa que por su naturaleza protectiva de las garantías y derechos fundamentales, merecen atención prioritaria y reparación inmediata de los derechos vulnerados. Consecuentemente, está claro que los jueces, tribunales y el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, tienen las amplias prerrogativas para ejercer las acciones necesarias a efectos de hacer cumplir sus decisiones acudiendo a la fuerza pública e imponer multas progresivas o inclusive remitir antecedentes al Ministerio Público para su procesamiento por atentado a las garantías constitucionales, conforme dispone el art. art. 127 de la Norma Suprema, que señala: “I. Los servidores públicos o personas particulares que resistan las decisiones judiciales en los casos previstos por esta acción, serán remitidos por orden de la autoridad que conoció de la acción ante el Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales. II. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a sanción, de acuerdo con la Constitución y la ley.” (resaltado ilustrativo); previsión constitucional, que es aplicable para todas las acciones de defensa por mandato de la misma Norma Suprema.
De lo ampliamente descrito, es posible concluir en que, se desconoce y vulnera el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva y a razón de ello, el derecho a la eficacia jurídica de los fallos constitucionales, cuando los mismos: 1) No son acatados, 2) Son cumplidos parcialmente, 3) Se les da un alcance diferente al establecido en el fallo, al no ser concretados en la medida de lo determinado; y, 4) Cuando su cumplimiento es tardío (SC 1206/2010-R de 6 de septiembre); consecuentemente, una vez puestas en conocimiento de los jueces, tribunales y el Tribunal Constitucional Plurinacional, estas instancias, se encuentran facultadas para adoptar las medidas necesarias que sean requeridas para el cumplimiento efectivo de las resoluciones, pudiendo asumir las siguientes acciones: i) Requerir la intervención de la fuerza pública, ii) Remitir antecedentes ante la autoridad administrativa en busca de la sanción disciplinaria que corresponda, iii) Imponer multas progresivas a la autoridad o persona individual o colectiva, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran emerger; y, iv) Remitir antecedentes al Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales, precisando que la autoridad judicial que no proceda conforme a lo dispuesto estará sujeta a sanción conforme la Norma Suprema y la ley (art. 127 de la CPE). Consecuentemente, tratándose de resoluciones emergentes de procesos constitucionales en las cuales se compulsan denuncias sobre conculcaciones a derechos y garantías constitucionales, su cumplimiento por parte de los demandados o accionados debe ser inmediato conforme a la naturaleza de las acciones de defensa; toda vez que, al no efectivizar o materializar dicho cumplimiento se vulnera el derecho al acceso a la justicia y su tutela efectiva conforme prevé el art. 115.I de la CPE, concordante con los arts. 8.1 y 25 de la CADH, y el art. 14.1 del PIDCP. En ese orden, conforme a lo ampliamente desarrollado y en estrecha relación con el art. 9.4 de la Norma Suprema, que prevé como uno de los fines y funciones esenciales del Estado: “Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución”, las autoridades constitucionales (jueces y tribunales) al ser parte integrante del Estado como operadores de la justicia constitucional, tienen el deber constitucional y legal de ejercer todas las acciones necesarias destinadas a garantizar la ejecución y cumplimiento inmediato de sus resoluciones en resguardo de los accionantes que acudieron a la justicia constitucional en busca de tutela, so pena de ser sancionados conforme a la Norma Suprema y disposiciones legales.
La impetrante de tutela denunció la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la salud y seguridad social y la protección del Estado a personas con discapacidad; toda vez que, ejerciendo funciones como Auxiliar de oficina dependiente del Departamento de Gestión Legal de la Aduana Nacional, recibió Memorándum de agradecimiento de servicios desvinculándola de sus funciones; es así que dicha determinación es recurrida, por la vía de revocatoria y jerárquico, empero es respondida mediante notas donde la -autoridad ahora demandada- incurriendo en las siguientes ilegalidades: a) Se la desvinculo porque no presentó carnet de discapacidad actualizada de su hija ya que la misma tendría viente años de edad y por tales motivos no sería merecedora del beneficio de inamovilidad laboral, pese a haber adjuntado certificados médicos de profesionales en el área psiquiatría de la Caja Nacional de Salud los cuales determinaron que su hija tiene una discapacidad mental o psíquica; y, b) Al indicar que su cargo era interino y de carácter provisional por lo que su desvinculación era en apego a lo dispuesto en el art. 39 inc. d) de la LGA, y que siendo su atribución es contratar, evaluar y remover al personal, por tal motivo los servidores públicos no pueden impugnar su decisión.
De las conclusiones del presente fallo constitucional se tiene que: a través de Memorándum Cite 1383/2013 de 6 de junio, se la designo a la accionante como Mensajera del Departamento de Control de Concesiones de la Gerencia Nacional de Administración de Finanzas de la AN (Conclusión II.1); asimismo, presento el carnet de discapacidad perteneciente a su hija Luz Maribel Villca Valeriano, donde se evidencia un tipo de discapacidad “INTELECTUAL”, deficiencia “PSICOLOGICA” y un porcentaje de discapacidad del 50%; documento vigente del 20 de enero de 2014, a igual data de 2018 (Conclusión II. 2); y de acuerdo al Informe Médico realizado en la paciente Luz Maribel Villca Valeriano emitido el 30 de agosto de 2016, se le diagnostica trastorno bipolar, episodio actual moderado y que debe seguir con sus citas en el Hospital de psiquiatría por un tiempo no determinado y recibir el tratamiento de antipsicóticos, anticomiciaticos y ansiolíticos (Conclusión II.3); asimismo, la Comisión de Nacional de Prestaciones de la Caja Nacional de Salud, emitió la Resolución N° 1191 de 23 de noviembre de 2016, donde se autoriza la inscripción al seguro de enfermedad sin límite de edad a Luz Maribel Villca Valeriano (Conclusión II.4); por Informes Médicos realizados en la paciente Luz Maribel Villca Valeriano, de 15 de enero y, 10 de junio ambas del 2018, se le diagnostica sintomatología depresiva, por lo que requiere tratamiento psiquiátrico en forma indefinida y por Informe Médico de 9 de octubre de 2018, realizado en la paciente Luz Maribel Villca Valeriano y conforme a la Junta Médica del Hospital de Psiquiatría de la CNS, y por el cual la diagnóstico: Trastorno Bipolar I NE, Trastorno de Personalidad Limítrofe; dentro del informe Psicológico Inteligencia Límite (Conclusión II.5); sin embargo, del informe de revisión documental de 15 de octubre de 2018, suscrito por Unidad de Redes y Seguros del Programa de Discapacidad de SEDES, en virtud a reportes de las áreas de medicina, psicología y trabajo social, establecieron no considerar la recalificación de la hija de la impetrante de tutela (Conclusión II.6); empero por Informes Médicos realizados en la paciente Luz Maribel Villca Valeriano de 24 de febrero de 2020, 10 de agosto y 17 de noviembre ambos de 2021, emitidos por el Hospital de Psiquiatría de la CNS, donde se le diagnostica trastorno bipolar, trastorno límite de personalidad y funcionamiento intelectual límite, indicando que su naturaleza es crónica e irreversible y que se necesita tratamiento de forma indefinida manteniendo el tratamiento farmacológico (Conclusión II.7). Por Memorándum Cite N° 1976/2021 de 29 de enero, emitido por la AN, se le reasigna a la ahora accionante como Auxiliar de Oficina dependiente del Departamento de Gestión Legal de la Gerencia Nacional Jurídica de la AN (Conclusión II.8); y, mediante Memorándum Cite 5211/2021 de 4 de agosto, emitido por la Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional -ahora demandada-, por el cual se le notifica a la impetrante de tutela su retiro de la institución, en virtud a su carácter provisional de designación como funcionaria pública (Conclusión II.9); por escrito presentado el 6 de septiembre de 2021, ante el Director del SEDES La Paz, la accionante solicito la calificación para su hija discapacitada, la cual fue respondida a través de Nota Cite: GADLP/SEDES/ UTRAID/NEX-421/2021 de 23 de septiembre, indicándole que la calificación la realiza un equipo multidisciplinario no siendo la asignación del porcentaje a solicitud del interesado (Conclusión II.10); por memorial presentado el 11 de octubre de 2021, a la Jefa de UTRAID del SEDES La Paz, la accionante solicitó una nueva recalificación para su hija discapacitada y la cual fue respondida mediante Carta Cite: GADLP/SEDES/UTRAID/NEX 457/2021 de 13 de octubre, donde le indico que en la evaluaciones a la hija de accionante se le diagnosticó un grado discapacidad leve (Conclusión II.11); mediante memorial presentado el 28 de octubre de 2021, ante el Ministerio de Salud y Deportes, la accionante solicita calificación para su hija discapacitada, siendo respondida mediante la Carta MSyD/VGSS/DGRSS/UGPD/ CE/ 131/2022 de 8 de febrero, indicándole que no es procedente dar viabilidad a su solicitud (Conclusión II.12); por Informe INF/VDD/DGLCRD 0539/2021 E-MCDyD/2021-06639 de 19 de diciembre de 2021, emitido por el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, señalo que el citado manual presuntamente no estaría tomando en cuenta a personas con discapacidad psíquica para su carnetización (Conclusión II.13). Por memorial presentado el 13 de agosto de 2021, por la accionante, ante la Aduana Nacional, solicitó su reincorporación a su fuente laboral por tener a su cargo una persona con discapacidad la misma fue respondida mediante nota AN-PREDC-C-2021/2452 de 19 de octubre de 2021, donde le indica que omitió presentar el Carnet de Discapacidad Vigente de su hija (Conclusión II.14); ante ello, por memorial presentado el 28 de octubre de 2021, la accionante interpuso recurso de revocatoria contra el Memorándum 5211/2021, siendo respondida por la AN mediante la nota AN-PREDC-C-2021/2915 de 25 de noviembre de 2021, donde le indica que se ratifica en la nota AN-PREDC-C-2021/2452 (Conclusión II.15); producto de ello, presenta memorial interponiendo recurso jerárquico el 7 de diciembre de 2021, por la accionante, ante la Aduana Nacional, asimismo, le responden mediante nota AN-PREDC-C-2022/0380 de 9 de febrero, indicándole que de acuerdo al art. 39 inc. d) de la Ley 1990 su determinación no admite impugnación, además que omitió presentar el Carnet de Discapacidad vigente de su hija (Conclusión II.16); por Informe Médico realizado en la paciente Luz Maribel Villca Valeriano de 23 de marzo de 2022, el cual fue emitido por el Hospital de Psiquiatría de la CNS, donde se le diagnostica trastorno bipolar, trastorno límite de personalidad y funcionamiento intelectual límite, indicando que su naturaleza es crónica e irreversible y que se necesita tratamiento de forma indefinida manteniendo el tratamiento farmacológico. (Conclusión II.17) Con esos antecedentes, corresponde ingresar al análisis de fondo de las problemáticas planteadas, considerando en todo momento la situación de vulnerabilidad de la hija de la ahora accionante con grado discapacidad y lo previsto por el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional que estableció de manera general que las autoridades públicas y privadas que tengan que resolver procesos administrativos o legales relativos a personas con discapacidad, tienen la obligación de hacerlo velando por el interés superior de dichos menores, así como de forma particular, las autoridades jurisdiccionales también deben proceder de esa manera.
Con esos antecedentes y a fines de ingresar a compulsar la problemática anteriormente identificada, resulta pertinente abordar de forma previa el análisis de la subsidiariedad, causal observadas y alegada por Karina Serrudo Miranda, Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional -ahora demandada- en su informe presentado; en ese orden, con referencia a esta regla de improcedencia la entidad hoy demandada a través de su representante refirió que “al no haberse agotado los medios ordinarios y administrativo especializados de defensa, es de inexcusable aplicación el art. 53.3 y 54 del CPCo, dado que el amparo no puede ser utilizado como sustituto ni alternativo de los mismos, debiendo considerarse el contendió del art. 129 CPE. Por lo expuesto y siendo que EXISTEN OTROS MEDIOS LEGALES DE PROTECCION DE LOS DDERECHOS AHORA RECLAMADOS POR LA ACCIOANNTE MEDIANTE SUS APODERADOS, corresponde la APLICACIÓN DEL ART. 54 DE LA LEY 254, declarando la IMPROCEDNECIA de esta acción.” (sic [fs. 255 a vta.]), aspecto que debe ser dilucidado a fines de dar certeza a los sujetos procesales; por lo que a efectos de superar dicha barrera corresponde remitirnos a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, que determinó que en determinados casos, que involucren a personas discapacitadas, debe aplicarse la excepción al principio de subsidiariedad, toda vez que la Constitución Política del Estado establece un marco de protección para los derechos fundamentales de las personas discapacitadas, que al ser un grupo vulnerable merece un trato especial por parte del Estado; en consecuencia, estando acreditada la discapacidad de la hija de la impetrante de tutela (Conclusión II.2), corresponde la excepción al mencionado principio. Ahora bien, superada la regla de improcedencia de la presente acción tutelar, en merito a la problemática identificada y las conclusiones desarrolladas
La accionante alega que, la ahora demandada, la desvinculo porque no presentó carnet de discapacidad actualizada de su hija ya que la misma tendría 20 años de edad y por tales motivos no sería merecedora del beneficio de inamovilidad laboral, pese a haber adjuntado certificados médicos de profesionales en el área psiquiatría de la Caja Nacional de Salud los cuales determinaron que su hija tiene una discapacidad mental y psíquica Conforme se tiene del Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, donde se establece que las personas que tienen bajo su guarda y protección a una persona con discapacidad tienen garantizado su derecho a la inamovilidad laboral; ello, en correspondencia y sustento del nuevo modelo constitucional que establece que los derechos fundamentales son directamente aplicables por mandato del art. 109.I de la CPE; además, se debe tomar en cuenta que dentro del marco de los arts. 13.IV y 256.I de la referida Ley Fundamental, los derechos de este grupo poblacional, deben ser interpretados a la luz del bloque de constitucionalidad, buscando una interpretación y aplicación progresiva y garantista en favor de este sector social considerado vulnerable; en ese entender, el contenido de instrumentos internacionales que conforman el mencionado bloque de constitucionalidad descrito y previsto en el art. 410 del Texto Constitucional; como, la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad adoptada el 13 de diciembre de 2006, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 8 de junio de 1999, la Observación General 5 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de los Derechos de los Impedidos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 3447 del 9 de diciembre de 1975 y el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); buscan proscribir actuaciones contrarias contra las personas con discapacidad. Dicho ello, es evidente que la autoridad ahora demandada, no consideró la situación de vulnerabilidad de la hija con discapacidad de la accionante, pese a que este aspecto fue de conocimiento de la Aduana Nacional ya que la misma institución le solicita la actualización de información mediante la Nota AN-DRHAC 0207/2018 de 2 de marzo de 2018, donde le indica que debe presentar el carnet de discapacidad vigente de su hija; y, por ende, la accionante intento cumplir con lo solicitado a efecto de realizar la evaluación, empero del Informe 118/2018 de 15 de octubre, se establece que el equipo disciplinario lo conformaba un médico general, una trabajadora social y la responsable departamental de discapacidad, no siendo participe un especialista en psiquiatría, lo cual fue observado por la accionante; asimismo, que pese a adjuntar toda la documentación que establece el grado discapacidad de su hija, y la cual fue conocida ampliamente por la Aduana Nacional como ser la Resolución N° 1191 de 23 de noviembre de 2016, emitido por la Comisión de Nacional de Prestaciones de la Caja Nacional de Salud (Conclusión II.4) y los Certificados emitidos por el Hospital de Psiquiatría de la CNS (Conclusiones II.5 y 16) los cuales en ningún momento fueron refutados por la parte demandada, y por el principio de verdad material debió primar la prevalencia del derecho sustancial o material sobre el formal conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; más aún de los recursos planteados revocatorio y jerárquico planteados por la accionante, los mismos no fueron respondidos conforme prevé la Ley de Procedimiento Administrativo; ya que ante el anuncio de una posible lesión a los derechos de una persona con discapacidad, la Aduana Nacional pudo servirse de los medios legales, como el establecido por el art. 62 de la Ley 2341, que le permite en etapa de recursos aperturar un periodo de prueba; o pudo servirse también de cualquier otro método que conlleve a garantizar la efectividad de los derechos como madre de una persona con discapacidad tomando en cuenta la informalidad que rige el análisis de los derechos de grupos vulnerables, más aun se debe tomar en cuenta el Informe INF/VDD/DGLCRD N° 0539/2021 E-MCDyD/2021-06639 de 19 de diciembre de 2021 emitido por el Ministerio de Culturas, donde indica que el citado Manual de evaluación para personas con discapacidad, presuntamente no estaría tomando en cuenta a personas con discapacidad psíquica para su carnetización, por lo que tenía que ser revisado por el Ministerio de Salud y Deportes (Conclusión II.11); otro aspecto es que la misma entidad no permitió que la hija de la accionante pueda acceder a una valoración especializada ya que de la documentación presentada por la Aduana Nacional se verifica que elaboro una nota AN-GNAGC-DRHAC-C832-2021 de 6 de septiembre, dirigida al Comité Nacional de la Persona con Discapacidad CONALPEDIS, pero en ningún momento fue presentado porque no tiene cargo de recepción, por ello se establece una total desatención a la reconsideración de la solicitud de la accionante. Por lo descrito, respecto al pedido de reincorporación a las funciones de la accionante, se establece que el actuar de la ahora demandada, debió considerar lo establecido por el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, que le otorga a la ahora accionante inamovilidad laboral al tener una hija con discapacidad; aspecto que se acredita con la documental descrita en las Conclusiones II. 2, 3, 4, 5 y 16 del presente fallo constitucional; correspondiente al Carnet de Discapacidad, Informes médicos y la Resolución N° 1191 de 23 de noviembre de 2016 emitida por la Comisión de Nacional de Prestaciones de la Caja Nacional de Salud, y conforme al principio de verdad material, se estableció que la hija de la ahora accionante se encontraría con un diagnóstico de trastorno bipolar, trastorno límite de personalidad y funcionamiento intelectual limite, indicando que su naturaleza es crónica e irreversible y que se necesita tratamiento de forma indefinida manteniendo el tratamiento farmacológico; elementos que fueron anunciados en los recursos planteados por la ahora accionante y que la autoridad demandada, debió responder a dicho anuncio en consideración a la situación de vulnerabilidad de la persona discapacitada, cuando ya fue advertida la posible lesión a sus derechos, pudo servirse de los medios legales, que establece el art. 62 de la Ley 2341; o también pudo servirse también de cualquier otro método que conlleve a garantizar la efectividad de los derechos de la persona discapacitada tomando en cuenta la informalidad que rige el análisis de los derechos de grupos vulnerables; y, tomando el razonamiento de la SCP 1261/2022-S1 de 24 de marzo, la cual estableció que: “…si bien el DS 1983 exige la obtención del certificado de discapacidad para la acreditación de dicha condición; sin embargo, dicho certificado debe ser entendido como una garantía para el ejercicio de los derechos específicos de este grupo de atención prioritaria y de los familiares que los cuidan y protegen, entre ellos, el derecho a la inmovilidad laboral, pero de ninguna manera puede constituirse en una exigencia que imposibilite la protección de las personas con discapacidad notoria y evidente, pero que, formalmente, no han obtenido aún el certificado que lo acredite.”; conforme a lo señalado, se establece que el Carnet de Discapacidad no puede constituirse en una exigencia que imposibilite la protección de personas con discapacidad, más aun, cuando la beneficiaria en el caso concreto ya tenía esa condición, pero por las evaluaciones realizadas, donde la cuales fueron observadas al no contar con un especialista que corrobore su condición; no obstante, tenía certificaciones emitidas por la Caja Nacional de Salud donde se evidencian el grado de discapacidad; por tal motivo, la entidad aduanera podía recurrir a otros medios que establece la Ley 2341 para poder corroborar lo alegado por la parte accionante. Otro aspecto señalado por la parte demandada es que la hija de la ahora accionante tendría más de veinte años y conforme a lo establecido en el art. 5.II. inc. a) del Decreto Supremo 29608, el mismo indica que la persona, -ya sea el hijo o dependiente debe ser menor de dieciocho años-; asimismo, la Ley 977 en su art. 2.V. estableció que el Estado garantiza la inamovilidad de las personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de personas con discapacidad menores de dieciocho años y también con discapacidad grave y muy grave, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación; además, la accionante, no cuenta con una Resolución judicial que disponga la tutoría de la persona con discapacidad mayor de edad a su cargo y que es su hija; ante ello, la autoridad demandada debió darle un tiempo a la demandante a efectos de cumplir con lo dispuesto por la entidad aduanera; sin embargo con su decisión expresada en la emisión del memorándum Cite 5211/2021 de 4 de agosto y los que lo ratifican: Cite AN-PREDC-C 2021/2452 de 19 de octubre de 2021, Cite AN-PREDC-C-2021/2915 de 25 de noviembre de 2021 y Cite AN-PREDC-C-2022/0380 de 9 de febrero de 2022, la autoridad demandada no podía cesar de sus funciones a la impetrante de tutela, sin proceso previo, por lo que dicha medida no solo afecta al trabajador, sino a su entorno familiar y de manera particular a la persona discapacitada que se encuentra a su cargo. En ese contexto, se comprueba que la accionante tiene una hija con grado de discapacidad, por ello, al amparo de los criterios de interpretación pro homine y de favorabilidad, contenidos en los arts. 13.IV y 256 de la CPE, esta instancia constitucional en merito a la progresividad de los derechos y garantías constitucionales, comprenden que es necesario garantizar el derecho a la inamovilidad laboral de la madre con hija con discapacidad, por ello corresponde disponer su reincorporación laboral por haberse vulnerado dicho derecho y otorgarle un tiempo a efectos de que regularice los tramites advertidos dentro la presente resolución constitucional; en consecuencia corresponde otorgar la tutela solicitada.
La accionante alega que la autoridad demandada incurrió en una ilegalidad al indicar en sus respuestas que su cargo era interino y de carácter provisional por lo que su desvinculación era en apego a lo dispuesto en el art. 39 inc. d) de la LGA, y que siendo su atribución es contratar, evaluar y remover al personal, por tal motivo los servidores públicos no pueden impugnar su decisión. A efectos de ejecutar un debido análisis, se dividirá el análisis de la presente problemática en dos partes; analizando primero el derecho a impugnar; y, la segunda en relación al carácter provisorio de la accionante; así, se tiene que: a) Sobre el derecho a impugnar
Sobre este primer aspecto, se tiene que de la verificación del memorándum de desvinculación y el cual fue ratificado por notas emitidas por la autoridad demandada, se advierte que en las notas de respuesta AN-PREDC-C-2021/2915 de 25 de noviembre de 2021; y, AN-PREDC-C-2022/0380 de 9 de febrero de 2022, la base legal utilizada en todas, fue la prevista en el art. 39 inc. d) de la Ley General de Aduanas, ello en mérito a las atribuciones propias de la Presidencia Ejecutiva de la Aduana Nacional; conforme a lo expuesto, resulta necesario en primera instancia, determinar la situación laboral de la impetrante de tutela al interior de la Aduana Nacional; en ese entendido, se tiene que su última designación como Auxiliar de Oficina dependiente del Departamento de Gestión Legal de la Gerencia Nacional Jurídica de la AN, a través de Memorándum Cite 1976/2021 de 29 de enero (Conclusión II.8), por lo que, se puede establecer que la ahora accionante, se encuentra bajo la modalidad de funcionaria provisoria. En ese orden de ideas, se advierte que, como consecuencia del Memorándum Cite 5211/2021 de 4 de agosto (Conclusión II.9) por la que se le comunicó su retiro de la entidad aduanera, en virtud al carácter provisional de su designación, por lo que interpuso los recursos de revocatoria y jerárquico (Conclusiones II.15 y 16); sin embargo, ninguno de ellos fue resuelto en el fondo por la Aduana Nacional, más al contrario, tan solo se limitó a emitir las Notas AN-PREDC-C-2021/2915 de 25 de noviembre de 2021; y, AN-PREDC-C-2022/0380 de 9 de febrero de 2022, en las que sustentó su decisión en que, al ser funcionarios o servidores públicos provisorios, no pueden impugnar las decisiones administrativas que afecten situaciones relativas a su ingreso, promoción o retiro, conforme a lo establecido en el art. 7 inc. c) del Estatuto del Funcionario Público, en ese entendido, su retiro se encontraría dentro de las atribuciones que la Ley 1990 le confiere a la Presidenta Ejecutiva de la Aduana Nacional; motivo por el cual no le asistía el derecho a impugnar. Ahora bien, tal como fue precisado en la SCP 1416/2022-S1 de 30 de noviembre, referido al régimen constitucional de protección al trabajo y el deber del Estado de protegerlo en todas sus formas, incluyendo el trabajo del funcionario provisorio, señaló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizando una interpretación progresiva de los derechos económicos y sociales dispuesto en el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la Sentencia de 31 de agosto de 2017 del Caso Lagos del Campo vs. Perú, expresó que el Estado debe disponer de mecanismos efectivos de reclamo frente a una situación de despido injustificado, a fin de garantizar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva de tales derechos y que en caso de despido se realice éste bajo causas justificadas, lo cual implica que el empleador acredite las razones suficientes para imponer dicha sanción con las debidas garantías; asimismo, tomando el razonamiento de la SCP 0568/2022-S1 de 6 de julio, estableció que las garantías del debido proceso no se restringen a los procesos judiciales o jurisdiccionales, se refiere a cualquier acto administrativo que determine algún tipo de sanción o resoluciones que determine derechos y obligaciones de las personas o que produzca efectos jurídicos que indudablemente repercuten en los derechos de las personas, quienes tienen el derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo, cuyo alcance se encuentra establecido por la jurisprudencia de la CIDH, de lo que se puede concluir que su eficacia se encuentra vinculada con el derecho a la defensa, entendida en la jurisprudencia constitucional como la potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio, presentar pruebas que estime convenientes en su descargo, hacer uso efectivo de los recursos que le franquea la ley, la observancia de los requisitos mínimos en cada instancia procesal, a fin de que puedan defenderse adecuadamente las personas ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. Conforme a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional; y, en sintonía con lo precedentemente expuesto, los funcionarios provisorios gozan del derecho a impugnar las resoluciones que impliquen no solo su remoción; sino todos aquellos actos administrativos definitivos o resoluciones administrativas que lesionen o infrinjan los derechos reconocidos a estos en el Régimen Laboral previstos en el Estatuto del Funcionario Público y su Decreto Reglamentario, a través de la interposición de los recursos de revocatoria y jerárquico. De donde se tiene que, el derecho a la defensa y a la impugnación, no solo asiste a los funcionarios de carrera; sino también, a todos los funcionarios, incluyendo a los provisorios; en el presente caso, la Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional no resolvió los Recursos de Revocatoria y Jerárquico presentados por la peticionante de tutela contra el Memorándum Cite 5211/2021 de 4 de agosto, de agradecimiento de servicios; al contrario, respondió a los referidos recursos a través de las Notas AN-PREDC-C-2021/2915 de 25 de noviembre de 2021; y, AN-PREDC-C-2022/0380 de 9 de febrero de 2022, las cuales no resuelven las impugnaciones presentadas por la recurrente; toda vez que, no ingresó a analizar los argumentos expuestos por la funcionaria pública desvinculada de su fuente laboral; por lo que, no resulta evidente lo razonado por la autoridad demandada.
Bajo ese entendido, se exhorta a la Aduana Nacional, que para posteriores situaciones en las que funcionarios públicos interpongan recursos, den respuesta a las solicitudes y recursos planteados por los recurrentes, mediante resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas. b) Respecto al carácter provisorio de la accionante
En relación a este segundo aspecto, la autoridad demandada al momento de emitir el Memorándum Cite 5211/2021 de 4 de agosto (Conclusión II.9), determinó prescindir de los servicios de la ahora accionante, porque su designación es de carácter provisional; por este acto administrativo se puede advertir un ejercicio discrecional y desproporcionado por parte de la autoridad aduanera en contra de la impetrante de tutela, más aún cuando emite las notas de respuesta AN-PREDC-C-2021/2915 de 25 de noviembre de 2021; y, AN-PREDC-C-2022/0380 de 9 de febrero de 2022 (Conclusiones II.15 y 16) las cuales no resuelven los recursos de revocatoria y jerárquico, y de manera uniforme indican que su designación en el cargo de Auxiliar de Oficina dependiente del Departamento de Gestión Legal de la Gerencia Nacional Jurídica de la Aduana Nacional fue de carácter provisional conforme a los dispuesto en el art. 39 inc. d) de la Ley General de Aduanas, la cual indica que es una atribución del Presidente Ejecutivo -seleccionar, contratar, evaluar y remover al personal de la Aduana Nacional-; y, conforme al art. 71 de la Ley 2027 -Estatuto del Funcionario Público- establece la condición de la accionante como servidora pública provisoria por lo que no tendría derecho a impugnar las decisiones administrativas que afecten situaciones relativas a su ingreso, promoción o retiro, según el art. 7 inc. c) de la citada Ley 2027; de lo mencionado en las notas de respuesta, resulta contrario al orden constitucional, porque los servidores o funcionarios provisorios al igual que los demás trabajadores -Ley General del Trabajo y de Carrera Administrativa- merecen el resguardo a su derecho al trabajo, tomando en cuenta que ocupan cargos que deben ser sometidos a un proceso de reclutamiento para consolidar la carrera administrativa, observándose en el presente caso, ese uso abusivo y discrecional contra la prenombrada que no se encuentra protegida por el ámbito de la carrera administrativa, esto tras haberla cesado de sus funciones, sin haber llevado a cabo el proceso de reclutamiento y selección de personal, al cual debía someterse el cargo que ocupaba. Además, la continuidad y estabilidad laboral también concierne a los funcionarios provisorios, en la medida en que la carrera administrativa constituye una regla en toda institución pública, como lo es en la Aduana Nacional, a la cual se le impone el deber de implementar la carrera administrativa, con la consiguiente sustitución gradual de los funcionarios provisorios por funcionarios de carrera, proceso en el que, obviamente la peticionante de tutela podrá participar en igualdad de condiciones; además la accionante tiene la condición de madre de una hija con discapacidad la cual fue establecida en la anterior problemática; en relación a estos aspectos la SCP 0400/2022-S1 de 3 de junio, efectuó el siguiente razonamiento:
“…los funcionarios provisorios que ocupan o desempeñan un cargo de la carrera administrativa que debe ser institucionalizado, no podrán ser destituidos o removidos si acaso no se ha iniciado el proceso de reclutamiento y selección de personal, proceso en el cual tendrán derecho de participar, salvo que se invocare alguna causal para cesarlo de sus funciones, supuesto que conlleva la realización de un proceso previo en la que puedan ejercer el derecho a la defensa”. Conforme a la jurisprudencia constitucional y a los antecedentes, se puede advertir que el nombramiento de la solicitante de tutela, fue como funcionaria provisoria o transitoria tal cual ella misma lo señala y la autoridad demandada admito en las indicadas notas descritas; sin embargo, no significa que la accionante en su condición de funcionaria provisoria esté desprovista de protección o continuidad laboral que brinda el Estado conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Resolución Constitucional, pues la protección al trabajo en cualquiera de sus formas se constituye en un deber del mismo Estado, no pudiendo desconocerse por parte de la entidad la relación de dependencia laboral por el simple hecho de su condición de provisorio o transitorio, cuando a la fecha de su retiro no se demostró la existencia del proceso de reclutamiento conforme lo establece las NB-SABS o alguna causal que justifique previo un proceso interno la legalidad de su desvinculación. En ese análisis la cesación de funciones impuesta, fue efectuada sin que la misma obedezca o sea consecuencia del proceso de reclutamiento o selección de personal para el cargo que se encontraba ocupando conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, denotándose que la medida del prescindir de sus servicios fue absolutamente arbitraria, que por consiguiente vulnera los derechos al trabajo y a la estabilidad laboral de personas que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad; no obstante de lo señalado, si bien la accionante tendría derecho a participar de una futura convocatoria al cargo que ocupa (cargo de carrera administrativa), empero debe quedar establecido que ella cuenta con el derecho a la inamovilidad laboral, tal como se concluyó en la anterior problemática, lo cual conlleva a que no puede ser removida de su cargo sin que exista un proceso administrativo sancionatorio previo, donde se demuestre las causales de su destitución, lo cual no ocurrió en el presente caso; por lo que corresponde corregir dichas vulneraciones con la reincorporación laboral de la accionante, más el pago de sus sueldos devengados y otros derechos sociales que le pertenecen; en consecuencia se concede la tutela sobre este aspecto. Otras consideraciones
Finalmente, en el marco de lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.5 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, las resoluciones asumidas dentro las acciones constitucionales conforme al art. 203 de la CPE y arts. 16 y 17 del CPCo, son de cumplimiento obligatorio por las partes procesales y su ejecución es inmediata; lo cual, conlleva a que en el caso presente, la parte accionada, este impelida a dar cumplimiento total, efectivo, cabal e inmediato a lo dispuesto en la presente resolución constitucional pudiendo el Tribunal de Garantías, conforme dispone el indicado art. 17 del CPCo, ejecutar las siguientes acciones a efectos de garantizar el cumplimiento de la presente: i) Requerir la intervención de la fuerza pública, ii) Remitir antecedentes ante la autoridad administrativa en busca de la sanción disciplinaria que corresponda, iii) Imponer multas progresivas a la autoridad o persona individual o colectiva, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran emerger; y, finalmente iv) Remitir antecedentes al Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales, precisando que la autoridad judicial que no proceda conforme a lo dispuesto estará sujeta a sanción conforme la Norma Suprema y la ley conforme determina el art. 127 de la CPE. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado; los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 222/2022 de 9 de septiembre, cursante de fs. 271 a 274 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a los derechos al trabajo; a la estabilidad laboral; a la salud y seguridad social; y, a la protección del Estado a personas con discapacidad, disponiendo:
a) Dejar sin efecto el Memorándum Cite 5211/2021 de 4 de agosto y los Cites que lo ratifican: Cites: AN-PREDC-C 2021/2452 de 19 de octubre de 2021, AN-PREDC-C-2021/2915 de 25 de noviembre y AN-PREDC-C-2022/0380 de 9 de febrero, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, b) La reincorporación de la accionante al mismo cargo que ocupaba, más el pago de sueldos devengados, beneficios sociales y demás derechos que le correspondan desde el día de su desvinculación.
c) Se exhorta a la Aduana Nacional, para que en futuras situaciones en las que los funcionarios públicos interpongan recursos que la ley provee, otorguen respuesta a los mismos, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MCs. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo es de Voto Aclaratorio
MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA
4 El FJ III.1 sostuvo: “La finalidad y realidad anteriormente descrita provoca reconocer que la estructura del sistema de administración de justicia boliviano, no pueda concebirse como un fin en sí mismo, sino como un medio para obtener el logro y realización de los valores constitucionales, por otra parte impele a reconocer la prevalencia del derecho sustantivo sobre el derecho adjetivo o sobre las formas procesales, que a su vez y en el marco del caso analizado obliga a los administradores de justicia entre otros a procurar la resolución del fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia dejando de lado toda nulidad deducida de formalismos o ritualismos procesales que impidan alcanzar un orden social justo en un tiempo razonable.”
5 Respecto a esta elemental diferencia entre el funcionario de carrera y el funcionario provisorio, la jurisprudencia constitucional en la SC 1068/2004-R de 6 de julio, expreso: En consecuencia, al no haberse observado en la contratación de la recurrente el proceso de reclutamiento de personal previsto por las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal y el Estatuto del funcionario público ésta no puede ser considerada como funcionaria de carrera, siendo por lo tanto como funcionaria provisoria, sin que pueda acogerse a los derechos de los funcionarios de carrera.
6 La jurisprudencia constitucional pronunciada en la SC 0474/2011-R de 18 de abril, enfatizo las siguientes diferencias: Los servidores públicos provisorios gozan de los mismos derechos establecidos en el art. 7.I EFP; empero, no pueden impugnar las resoluciones que impliquen su remoción; es decir no gozan de la inamovilidad laboral. Otra diferencia consiste en que al servidor público de carrera se le deberá especificar la falta por la cual es destituido de su fuente laboral previo el inicio de un proceso administrativo interno, en cambio, a los servidores públicos provisorios, simplemente se les comunicará el cese de sus funciones sin invocar la comisión de ninguna falta por lo que tampoco se les iniciará proceso administrativo interno. La jurisprudencia constitucional, precisó que si para el retiro de un funcionario provisorio se invocare una causal, ello conlleva la realización de un proceso previo y en su caso el derecho a la impugnación de ese acto administrativo.
7 La referida línea jurisprudencial sobre el servidor público provisorio fue reiterada en la SCP 1038/2014 de 9 de junio, citada por la SCP 0209/2018-S3 de 13 de junio: … si pese a tener la condición de funcionario provisorio y a momento de su destitución se invocare una causal, como en el caso concreto, donde se hizo referencia a una supuesta 'reestructuración administrativa', la institución se obliga a demostrar que dentro de su estructura organizacional ya no existe o no existirá ese cargo; motivo por el cual, se prescinde de los servicios del funcionario público. Por lo tanto, reiterando, cuando se trate de la conclusión de servicios de funcionarios provisorios, no es necesario invocar una causal para su destitución, de lo contrario, da lugar a la realización de un proceso administrativo previo a objeto de demostrar la causal y donde el afectado asuma defensa en el marco de un debido proceso.
8 Los criterios respecto a la relación entre la vigencia de la carrera administrativa como regla y el carácter excepción de los funcionarios provisorios, ya se emitieron en la SCP 0019/2017-S3 de 8 de febrero, en los siguientes términos: “… debe quedar establecido que al ser un funcionario provisorio, ocupa un puesto de la carrera administrativa que de acuerdo al Estatuto del Funcionario Público debe ser institucionalizada, en procura de la especialización y el cumplimiento de las metas y fines institucionales del servicio público, por lo cual la inamovilidad relacionada a la discapacidad, en cualquiera de las circunstancias establecidas por ley; es decir, beneficio directo del trabajador por su condición de discapacitado, o por que tenga bajo su dependencia a personas con discapacidad, en funcionarios que tengan la condición de provisorios, será únicamente hasta que la administración inicie y concluya el proceso de selección de personal e institucionalización, proceso del cual por supuesto podrá ser participe la persona discapacitada que ocupa el puesto o aquella que tiene bajo su directa dependencia una persona con discapacidad”.
9 ARTÍCULO 7º (DERECHOS). I. Los servidores públicos tienen los siguientes derechos: a. A desempeñar las funciones o tareas inherentes al ejercicio de su cargo. b. Al goce de una justa remuneración, correspondiente con la responsabilidad de su cargo y la eficiencia de su desempeño. c. Al respecto y consideración por su dignidad personal en la función. d. Al goce de vacaciones, licencias, permisos y otros beneficios conforme al presente Estatuto y los Reglamentos respectivos. e. A la percepción de las pensiones jubilatorias, así como de invalidez y sobrevivencia para sus derechohabientes. f. Al derecho de las prestaciones de salud.
13 El FJ III.1 indicó que: “Así, podemos advertir que la parte vinculante de una Sentencia Constitucional Plurinacional es la ratio decidendi, que en otras palabras es la parte relevante de la fundamentación de la sentencia, que tiene la capacidad de generar precedentes obligatorios, los cuales deben ser aplicables por los Jueces y Tribunales que forman parte del Órgano Judicial en la resolución de todos los casos que presenten supuestos fácticos análogos, además de todos los administradores de justicia, conforme la línea jurisprudencial que se encuentre vigente a momento de su aplicación.”
14 Constitución Política del Estado “Artículo 127. I. Los servidores públicos o personas particulares que resistan las decisiones judiciales en los casos previstos por esta acción, serán remitidos por orden de la autoridad que conoció de la acción ante el Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales. II. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a sanción, de acuerdo con la Constitución y la ley”.
15 La SC 2769/2010-R de 10 de diciembre, estableció: “El principio de prevalencia de las normas sustanciales implica un verdadero cambio de paradigma con el derecho constitucional y ordinario anterior, antes se consideraba el procedimiento como un fin en sí mismo, desvinculado de su nexo con las normas sustanciales, en cambio, en el nuevo derecho constitucional, las garantías del derecho procesal se vinculan imprescindiblemente a la efectividad del derecho sustancial, puesto que no se trata de agotar ritualismos vacíos de contenido o de realizar las normas de derecho sustancial de cualquier manera.” (…) “El principio de prevalencia del derecho sustancial o material sobre el formal, está consagrado en el art. 180.I de la CPE, como uno de los principios de la justicia ordinaria, el de "verdad material", aclarando que este principio es aplicado en todas las jurisdicciones, inclusive en la justicia constitucional.”
16 La SCP 1261/2022-S1 de 24 de marzo, conforme el FFJJ.III.2, refiere que: “Por lo que, si bien el DS 1983 exige la obtención del certificado de discapacidad para la acreditación de dicha condición; sin embargo, dicho certificado debe ser entendido como una garantía para el ejercicio de los derechos específicos de este grupo de atención prioritaria y de los familiares que los cuidan y protegen, entre ellos, el derecho a la inmovilidad laboral, pero de ninguna manera puede constituirse en una exigencia que imposibilite la protección de las personas con discapacidad notoria y evidente, pero que, formalmente, no han obtenido aún el certificado que lo acredite. Consiguientemente, a la luz de los principios de favorabilidad y justicia material, corresponderá flexibilizar la exigencia de presentación de certificado discapacidad expedido por el Comité de la Persona con Discapacidad (CODEPEDIS) en los casos en que la situación de discapacidad sea notoria, evidente y pueda ser verificable a través de otros medios de prueba; pues, la existencia de derechos y garantías específicas para este grupo de atención prioritaria, reside en la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran y en la necesidad de crear condiciones que les permitan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones; por ello, la existencia o no de un certificado de discapacidad, de ninguna manera puede constituirse en un requisito para la protección material de las personas con discapacidad; ya que, independientemente de la existencia de dicho certificado, la situación de discapacidad de la persona existe y es deber del Estado protegerla.”
17 Art. 39 de la Ley General de Aduanas, refiere que: “El Presidente Ejecutivo, como máxima autoridad ejecutiva, es responsable de cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la presente Ley y normas legales vigentes. Ejercerá sus funciones a tiempo completo y dedicación exclusiva, con excepción del ejercicio de la docencia universitaria. Son atribuciones del Presidente Ejecutivo las siguientes: d) Seleccionar, contratar, evaluar, promover y remover al personal de la Aduana Nacional cuya selección y evaluación recaiga bajo su competencia, incluyendo al personal de la Unidad de Control Operativo Aduanero, de acuerdo a las normas legales vigentes y a su reglamento interno.”
18 La SCP 1416/2022-S1 de 30 de noviembre, en su FFJJ.III.1., refiere que “… las obligaciones del Estado en cuanto a la protección del derecho a la estabilidad laboral, en el ámbito privado, se traduce en principio en los siguientes deberes: a) adoptar las medidas adecuadas para la debida regulación y fiscalización de dicho derecho; b) proteger al trabajador y trabajadora, a través de sus órganos competentes, contra el despido injustificado; c) en caso de despido injustificado, remediar la situación (ya sea, a través de la reinstalación o, en su caso, mediante la indemnización y otras prestaciones previstas en la legislación nacional). Por ende, d) el Estado debe disponer de mecanismos efectivos de reclamo frente a una situación de despido injustificado, a fin de garantizar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva de tales derechos” (las negrillas son nuestras)
19 La SCP 0568/2022-S1 de 6 de julio, en su FFJJ III.2, señaló: “En ese marco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ha expresado que el derecho de recurrir de un fallo, no se satisface con la mera existencia de un órgano de grado superior al que juzgó, ante el que pueda tener acceso[7]; complementando este entendimiento, la misma Corte en el párrafo 158 de la Sentencia del Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica de 2 de julio de 2004 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), expreso que “…es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona”. (las negrillas son nuestras)
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0513_2024-S1.pdf · páginas 1 a 58.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4f584fbccecd8a98b61ca049de1da266de6b276904fb92f1865950fe8a7cc3af
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