Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 15 de mayo de 2025
Deniega la tutela
El accionante a través de su abogado denunció la lesión al debido proceso vinculando con su derecho a la libertad; toda vez que: 1) El Juez codemandado, mediante el Auto Interlocutorio 97/2022, rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva, y sin considerar que el Ministerio Público y la parte querellante hubiese requerido, amplió su detención hasta el 14 de marzo de 2022; asimismo, por Auto Interlocutorio 246/2022, nuevamente rechazó su solicitud de cesación, sin considerar el lineamiento del Tribunal de alzada; y, haciendo caso omiso de la disposición del Auto de Vista 576/2022, no señaló audiencia de consideración de su medida hasta la fecha, más al contrario remitió el cuaderno procesal ante el Tribunal de Sentencia sin haber resuelto su cesación a la detención preventiva; y, 2) Las Vocales demandadas, mediante el Auto de Vista 168/2022, y el Auto de Vista 576/2022 –cada una por su parte–, por el carácter provisional de las medidas cautelares no podían haber anulado en apelación las resoluciones de dichas medidas por falta de motivación sino debían definir su situación jurídica, conforme establece la SCP 0248/2012 de 3 de diciembre. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes y si constituyen actos lesivos de los derechos fundamentales o garantías constitucionales, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado; y, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 022/2022 de 1 de diciembre, cursante de fs. 41 a 43, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0512/2025-S4 Sucre, 15 de mayo de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 52353-2022-105-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 022/2022 de 1 de diciembre, cursante de fs. 41 a 43, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Armin Paredes Quispe contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Presidenta de la Sala Penal Segunda; Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta ambos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez de Instrucción, Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero del aludido departamento.
Por memorial presentado el 30 de noviembre de 2022, cursante de fs. 2; y, 24 a 26 vta.; el accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal que le sique el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación, y estando con detención preventiva en el Centro Penitenciario de Patacamaya de La Paz, mediante disposición del Auto Interlocutorio 232/2021 de 14 de mayo; habiendo cumplido con dicha medida por más de un año y un mes; a través, de un memorial solicitó cesación a la detención preventiva, conforme al art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); empero, por Auto Interlocutorio 97/2022 de 16 de febrero, fue rechazado su requerimiento; posteriormente, al haber interpuesto recurso de apelación incidental contra tal determinación, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista 168/2022 de 9 de marzo, declaró procedente en parte su recurso, y al revocar en parte el Auto Interlocutorio 97/2022, dispuso específicamente con relación al art. 239.2 del CPP, se emita una nueva Resolución; sin embargo, el Juez de Instrucción, Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero del aludido departamento –ahora codemandado–, mediante Auto Interlocutorio 246/2022 de 7 de abril, rechazo su solicitud de cesación a la detención preventiva. Ante tal determinación, interpuso recurso de apelación incidental el 21 de abril de 2022, obteniendo como respuesta el Auto de Vista 576/2022 de 17 de agosto, por el cual la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, revocó el Auto Interlocutorio 246/2022, y ordenó al Juez codemandado, señale una nueva audiencia para considerar su solicitud de cesación a la detención preventiva, en el plazo de cuarenta y ocho horas una vez notificado con la citada Resolución; empero, pese que la aludida autoridad codemandada fue notificada con la misma el 26 de agosto de 2022, no fijó nueva audiencia “hasta la fecha”, más al contrario el 14 de septiembre de igual año, remitió el cuaderno de control jurisdiccional al Tribunal de Sentencia y Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, con la acusación formal, sin haber resuelto su cesación a la detención preventiva. En ese estado del proceso, mediante escrito solicitó al merituado Tribunal de Sentencia, señale día y hora de audiencia de cesación a su medida; es así que, realizado tal verificativo, por Auto Interlocutorio 44/2022 de 15 de octubre, fue rechazado su requerimiento; luego habiendo interpuso recurso apelación incidental contra tal determinación, mediante Auto de Vista 822/2022 de 7 de noviembre, la Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró procedente en parte su recurso, y confirmó el Auto Interlocutorio 44/2022, sin pronunciar respecto a su libertad. Por lo cual, señaló que, el Juez codemandado al haber emitido el Auto Interlocutorio 97/2022 que rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva, vulneró el debido proceso previsto en los arts. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), y 235 y 239.2 del CPP; ya que, sin considerar que el Ministerio Público y la parte querellante, no requirió ampliación de su medida, dicha autoridad amplio el plazo de su medida hasta el 14 de marzo de 2022; asimismo, al pronunciar el Auto Interlocutorio 246/2022, y nuevamente rechazar su solicitud de cesación a la detención preventiva, lesionó otra vez el debido proceso, constituido en los arts. 22, 23, y 115 de la CPE; y, al hacer caso omiso de la disposición del Auto de Vista 576/2022, vulneró dichos derechos mencionados; asimismo, la Presidenta de la Sala Penal Segunda, y la Vocal de Sala Penal Cuarta ambas del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz –ahora demandadas–, al haber emitido el Auto de Vista 168/2022 la primera, y el Auto de Vista 576/2022 la segunda, indicó que: “Por el carácter provisional de las medidas cautelares los tribunales departamentales no pueden anular en apelación las resoluciones de medidas cautelares por falta de Motivación sino deben definir la situación de los detenidos…” (sic), conforme establece la SCP 0248/2012 de 3 de diciembre.
El accionante alegó lesionado el debido proceso vinculando con su derecho a la libertad; citando al efecto los arts. 22, 23, y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se les conceda la tutela impetrada, y en consecuencia, se disponga su inmediata libertad.
Celebrada la audiencia virtual el 1 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 40 y vta., presente el accionante asistido por su abogado, y ausentes las autoridades demandadas; se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, a través de su abogado, en audiencia virtual, ratificó íntegramente los términos expuestos en su demanda de acción de defensa, y ampliándola manifestó que: a) Interpuso esta acción tutelar; porque, se le había vulnerado lo establecido en la Convención Americana sobre Derecho Humanos, sobre el derecho a la libertad personal, ya que todo individuo tiene derecho a la libertad por disposición del art. 235ter del CPPf; y, cuando el Juez de instrucción pueda resolver, en cumplimiento a su apelación, su detención preventiva, fijando con precisión la fecha exacta en cumplimiento de lo establecido, además señalar día y hora de audiencia para resolver su situación jurídica; en el entendido que, no podría permanecer infinitivamente con detención; y, b) Solicitó se le conceda la tutela impetrada en los siguientes términos: 1) La libertad inmediata, ya que estaría con detención preventiva por más de un año de forma indebida, “vulnerando desde el 14 de febrero hasta la fecha” (sic) siendo diez meses de estar detenido indebidamente; y, 2) Se remita antecedentes ante el Consejo de la Magistratura, para iniciar un proceso disciplinario contra el Juez codemandado”; toda vez que, se ha dado por cuarta vez” (sic), y también contra las “salas penales segunda y cuarta” (sic); por último, requirió se realice una auditoría jurídica en el presente caso para determinar la dilación del proceso.
Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito de 1 de diciembre de 2022, cursante de fs. 38 a 39, manifestó que: i) La Resolución objeto de esta acción de libertad, no fue el último actuado desarrollado por ella en relación al proceso; en la cual, demuestra un consentimiento por la parte accionante y convalidación de los actos desarrollados, motivo por el que no podría activar este mecanismo constitucional cuando ya se desarrolló actuaciones sobre las que se ha dado por bien hecho, y ahora pretende fundar vulneraciones por torpeza propia; ii) El Auto de Vista 576/2022 de 17 de agosto, fue emitido dentro de los plazos establecidos por la norma y en cumplimiento en cuanto a los parámetros y límite de competencia establecidos en los arts. 396 y 398 del CPP, y por medio del cual, dejó sin efecto el Auto Interlocutorio 246/2022 de 7 de abril; y, iii) Posteriormente se emitió el Auto Interlocutorio 44/2022 de 15 de octubre por el Tribunal de Sentencia y Anticorrupción Primero del departamento de La Paz, en cuanto a la consideración de la cesación a la detención preventiva del impetrante de tutela; producto del cual, se pronunció el Auto de Vista 822/2022 de 7 de noviembre, en el cual se confirmó respecto a la subsistencia de la detención preventiva del nombrado, considerando además que el proceso se encuentra en la etapa de juicio oral público y contradictorio; por lo que, conforme a todo lo precitado, solicitó se deniegue la tutela impetrada. Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Presidenta de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez de Instrucción, Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero del mismo departamento, no se presentaron a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, ni remitieron informe escrito alguno, pese a su legal citación, conforme cursa a fs. 30 y 31.
El Juez de Sentencia Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, a través de la Resolución 022/2022 de 1 de diciembre, cursante de fs. 41 a 43, denegó la tutela solicitada, con base a los siguientes fundamentos: a) Respecto a la Presidenta Vocal demandada, de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; que, emitió el Auto de Vista 168/2022; si la parte accionante consideraba dicha Resolución en un agravio a su derecho, debió interponer oportunamente el mecanismo constitucional; por lo que, su reclamo en esta acción de defensa convalida el acto procesal, y además tampoco se advierte circunstancias que pueda vincular una al derecho a la libertad; y, b) Respecto a la Vocal codemandada –de la Sala Penal Cuarta del citado Tribunal– que pronunció el Auto de Vista 576/2022; se evidencia que mediante el mismo se ordenó la instalación de la audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva del impetrante de tutela, y con la solicitud de cesación que realizó el nombrado; el Tribunal de Sentencia y Anticorrupción Primero del indicado departamento, atendió su requerimiento; por lo que, nuevamente se evidencia la convalidación del acto que en su momento debió ser reclamado oportunamente en caso de considerar el accionante un agravió contra su derecho a la libertad; toda vez que, fue resuelto su situación mediante el Auto Interlocutorio 44/2022, y al haber sido objeto de recurso de apelación, se emitió el Auto de Vista 822/2022, mismo que resolvió los alcances de su impugnación, y aplicó lo establecido en la SCP 0685/2021-S4 de 12 de octubre; es decir, al encontrarse la causa en la etapa de juicio oral, se debe considerar los alcances para enervar los riesgos procesales, y no así corresponde ya tratar el tiempo de la detención preventiva; por lo que, conforme a todo lo señalado, se advierte que el solicitante de tutela convalidó dichos actuados procesales, y ahora pretende retrotraer los posibles defectos que lesionó su derecho a la libertad, y estas no pueden ser subsanadas por esta instancia constitucional.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Interlocutorio 232/2021 de 14 de mayo, el Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Tercera, dispuso la detención preventiva de Armin Paredes Quispe –hoy accionante–, a cumplir en el Centro Penitenciario de Patacamaya de La Paz, y por el tiempo de tres meses, esto dentro del proceso penal que le sique el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de violación (fs. 4 a 6). II.2. Por Auto Interlocutorio 97/2022 de 16 de febrero, el Juez de Instrucción, Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero del departamento de La Paz –ahora codemandado–, rechazó la solicitud de cesación a la detención del impetrante de tutela, con relación al art. 239.1 del CPP, y asimismo en cuanto al cumplimiento de plazo establecido en el numeral 2 del citado artículo (fs. 7 a 9 vta.). II.3. A través del Auto de Vista 168/2022 de 9 de marzo, la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz –ahora codemandada–, ante el recurso de apelación incidental planteado por el accionante; declaró procedente en parte dicho recurso, únicamente con relación al art. 239.2 del CPP y confirmando en parte el Auto Interlocutorio 97/2022 de 16 de febrero, dispuso que la autoridad a quo emita una nueva Resolución (fs. 10 a 13 vta.). II.4. Mediante Auto Interlocutorio 246/2022 de 7 de abril, el Juez codemandado, en cumplimiento a dicha determinación; rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva del impetrante de tutela (fs. 14 a 16 vta.). II.5. Por Auto de Vista 576/2022 de 17 de agosto, la Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz –hoy demandada–, ante el recurso de apelación incidental planteado por el accionante; declaró procedente dicho recurso, únicamente con relación al art. 239.2 del CPP y revocando el Auto Interlocutorio 246/2022 del citado mes, ordenó que la autoridad a quo reconstituir el acto procesal convocando a una nueva audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva del solicitante de tutela, en el plazo no mayor a las cuarenta y ocho horas a partir de su legal notificación (fs. 17 a 18).
II.6. A través del Auto Interlocutorio 44/2022 de 15 de octubre, el Tribunal de Sentencia y Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz; declaró infundado el requerimiento de cesación a la detención preventiva del accionante (fs. 19 a 21 vta.). II.7. Mediante Auto de Vista 822/2022 de 7 de noviembre, la Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia La Paz, ante el recurso de apelación incidental planteado por el impetrante de tutela; declaró procedente en parte dicho recurso, únicamente con relación al numeral 6 de la parte conclusiva que introduce extremos no fidedignos en el Auto Interlocutorio 44/2022 de 15 de octubre, dejando subsistentes en cuanto a las determinaciones colaterales de la citada Resolución, en específico respecto a la parte dispositiva que declara infundada la solicitud de cesación a la detención preventiva (fs. 22 a 23).
El accionante a través de su abogado denunció la lesión al debido proceso vinculando con su derecho a la libertad; toda vez que: 1) El Juez codemandado, mediante el Auto Interlocutorio 97/2022, rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva, y sin considerar que el Ministerio Público y la parte querellante hubiese requerido, amplió su detención hasta el 14 de marzo de 2022; asimismo, por Auto Interlocutorio 246/2022, nuevamente rechazó su solicitud de cesación, sin considerar el lineamiento del Tribunal de alzada; y, haciendo caso omiso de la disposición del Auto de Vista 576/2022, no señaló audiencia de consideración de su medida hasta la fecha, más al contrario remitió el cuaderno procesal ante el Tribunal de Sentencia sin haber resuelto su cesación a la detención preventiva; y, 2) Las Vocales demandadas, mediante el Auto de Vista 168/2022, y el Auto de Vista 576/2022 –cada una por su parte–, por el carácter provisional de las medidas cautelares no podían haber anulado en apelación las resoluciones de dichas medidas por falta de motivación sino debían definir su situación jurídica, conforme establece la SCP 0248/2012 de 3 de diciembre. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes y si constituyen actos lesivos de los derechos fundamentales o garantías constitucionales, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Jurisprudencia reiterada
En cuanto a la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, pronunció la SCP 0708/2023-S4 de 8 de agosto, expresando lo siguiente: “El art. 125 de la CPE, establece que la acción de libertad tiene por objeto tutelar los derechos a la vida, a la libertad física y de locomoción, en los casos en que aquélla se encuentre en peligro y cuando ésta sea objeto de persecución ilegal, indebido procesamiento u objeto de privación de libertad en cualquiera de sus formas, pudiendo toda persona que considere encontrarse en tales situaciones, acudir ante el juez o tribunal competente en materia penal y solicitar se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Al respecto la SCP 1888/2013, de 29 de octubre, de manera precisa señaló: ‘Conforme a las características esenciales de la acción de libertad anotadas precedentemente, ésta se constituye en una garantía eficaz para la tutela inmediata de los derechos que se encuentran dentro de su ámbito de protección; sin embargo, es también evidente que, cuando en la vía ordinaria existen medios o mecanismos de impugnación que de manera inmediata y eficaz puedan restituir el derecho a la libertad física o personal o el derecho a la libertad de locomoción, los mismos deben ser utilizados previamente antes de acudir a la vía constitucional a través de la acción de libertad. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional, desde la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, entendió que el antes recurso de hábeas corpus -hoy acción de libertad- no implicaba que todas las lesiones al derecho a libertad tuvieran que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus y, en ese sentido, concluyó que «…en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria». Siguiendo dicho razonamiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, estableció que en la etapa preparatoria del proceso penal es el juez cautelar quien debe conocer las supuestas lesiones a derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal, no resultando compatible con el orden constitucional activar directamente, o de manera simultánea la justicia constitucional a través del -antes- recurso de hábeas corpus. Posteriormente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, sistematizó los casos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, siendo el primer supuesto cuando la Policía Nacional o el Ministerio Público, antes de existir imputación formal, cometen arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, las cuales deben ser denunciadas ante el juez cautelar de turno, si aún no existe aviso del inicio de la investigación, o ante el juez cautelar a cargo de la investigación cuando ya se dio cumplimiento a dicha formalidad (el aviso del inicio de la investigación). Dicho fallo fue modulado por la SCP 0185/2012 de 18 de mayo, que sostuvo que la acción de libertad puede ser presentada directamente en los supuestos en los que se restrinja el derecho a la libertad física al margen de los casos y formas establecidas por ley y que dicha restricción no esté vinculada a un delito o no se hubiere dado aviso de la investigación al juez cautelar. En ese marco, la SCP 0482/2013 de 12 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2.1., sostuvo que «i) Cuando no exista un hecho relacionado a un delito ni aviso de inicio de la investigación al Juez cautelar, corresponde activar de forma directa la acción de libertad; y, ii) El Juez de Instrucción de turno, no tiene competencia al no conocer ni el inicio de la investigación y al no tratarse de la comisión de un presunto delito». La misma Sentencia (SCP 0482/2013) efectuando una integración jurisprudencial sobre las subreglas para la aplicación de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, estableció en el Fundamento Jurídico III.2.2: «1.Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley; aclarando que el Juez de Instrucción de turno, no tiene competencia para el efecto conforme se ha señalado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional. 3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiaridad. 4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. 5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar»’. En consecuencia se concluye que la acción de libertad es la garantía constitucionalmente establecida, a través de la cual el accionante puede impetrar de manera inmediata la concesión de tutela, de los derechos que se encuentran dentro de su ámbito de protección, sin embargo, para que esta acción de defensa sea efectiva y cumpla con su objeto, es necesario tener presente que antes de plantearla, se debe agotar instancia ante la autoridad jurisdiccional que ejerce control en el caso”. De lo expresado, se infiere que si bien la acción de defensa, por su naturaleza jurídica y configuración procesal es el medio idóneo y eficaz para restituir cualquier vulneración que atente derechos fundamentales vinculados a la vida, libertad y persecución o procesamiento indebido; sin embargo, bajo el principio de subsidiariedad, en caso de que el accionante a través de esta acción de libertad identifique como vulnerador de sus derechos fundamentales y garantías constitucional tanto la resolución de primera instancia como el fallo de alzada, en aplicación al indicado principio, la Sentencia Constitucional Plurinacional a emitirse se debe circunscribirse únicamente al análisis de la Resolución emitida en apelación; debido a que, ésta fue la que definió en última instancia la situación jurídica que el impetrante de tutela considera lesiva a sus derechos invocados como vulnerados en la presente acción tutelar” (las negrillas nos pertenecen).
El accionante a través de su abogado denunció la lesión al debido proceso vinculando con su derecho a la libertad; toda vez que: i) El Juez codemandado, mediante el Auto Interlocutorio 97/2022, rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva, y sin considerar que el Ministerio Público y la parte querellante hubiese requerido, amplió su detención hasta el 14 de marzo de 2022; asimismo, por Auto Interlocutorio 246/2022, nuevamente rechazó su solicitud de cesación, sin considerar el lineamiento del Tribunal de alzada; y, haciendo caso omiso de la disposición del Auto de Vista 576/2022, no señaló audiencia de consideración de su medida hasta la fecha, más al contrario remitió el cuaderno procesal ante el Tribunal de Sentencia sin haber resuelto su cesación a la detención preventiva; y, ii) Las Vocales demandadas, mediante el Auto de Vista 168/2022, y el Auto de Vista 576/2022 –cada una por su parte–, por el carácter provisional de las medidas cautelares no podían haber anulado en apelación las resoluciones de dichas medidas por falta de motivación sino debían definir su situación jurídica, conforme establece la SCP 0248/2012 de 3 de diciembre.
Identificada que fue las problemáticas jurídicas venidas en revisión, de antecedentes y Conclusiones del presente fallo constitucional; se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, en contra de Armin Paredes Quispe –hoy accionante–, por la presunta comisión del delito de violación; mediante Auto Interlocutorio 232/2021 de 14 de mayo, el Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Tercera, dispuso la detención preventiva del nombrado por el tiempo de tres meses, y debiendo cumplir en el Centro Penitenciario de Patacamaya de La Paz; posteriormente, por Auto Interlocutorio 97/2022 de 16 de febrero, el Juez de Instrucción, Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero del departamento de la Paz –ahora codemandado–, rechazó la solicitud de cesación a la detención del impetrante de tutela, con relación al art. 239.1 del CPP, y asimismo en cuanto al cumplimiento de plazo establecido en el numeral 2 del citado artículo; luego, a través del Auto de Vista 168/2022 de 9 de marzo, la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz –hoy codemandada–, ante el recurso de apelación incidental planteado por el solicitante, declaró procedente en parte dicho recurso, únicamente con relación al art. 239.2 del CPP y confirmando en parte el Auto Interlocutorio 97/2022, dispuso que la autoridad a quo emita una nueva resolución (Conclusiones II.1., II.2., y II.3.).
Luego y en cumplimiento de dicha disposición, el Juez codemandado, en un nuevo acto procesal mediante Auto Interlocutorio 246/2022 de 7 de abril, rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva del impetrante de tutela; quien al haber interpuesto recurso de apelación contra tal determinación, por Auto de Vista 576/2022 de 17 de agosto, la Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz –hoy demandada–, declaró procedente dicho recurso, únicamente con relación al art. 239.2 del CPP y revocando el Auto Interlocutorio 246/2022, ordenó que la autoridad a quo reconstituya el acto procesal convocando a una nueva audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva del solicitante de tutela, en el plazo no mayor a las cuarenta y ocho horas a partir de su legal notificación (Conclusiones II.4., y II.5.).
Y; por último, el accionante habiendo requerido cesación a su medida de detención preventiva; a través del Auto Interlocutorio 44/2022 de 15 de octubre, el Tribunal de Sentencia y Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, declaró infundada dicha solicitud de cesación; y, ante el recurso de apelación incidental planteado por el impetrante de tutela, mediante el Auto de Vista 822/2022 de 7 de noviembre, la Vocal codemandada, declaró procedente en parte dicho recurso, únicamente con relación al numeral 6 de la parte conclusiva que introduce extremos no fidedignos en el Auto Interlocutorio 44/2022, y dejó subsistente en cuanto a las determinaciones colaterales de la citada Resolución, en específico respecto a la parte dispositiva que declara infundada la solicitud de cesación a la detención preventiva (Conclusiones II.6., y II.7.).
Ahora bien, identificado el problema jurídico planteado a través de esta acción de libertad, y desarrollado los antecedentes remitidos a este Tribunal, corresponde efectuar el siguiente análisis:
En cuanto a la primera problemática, el accionante manifiesta que el Juez a quo ahora codemandado hubiera vulnerado el debido proceso, y su derecho a la libertad; toda vez que, al haber rechazado su solicitud de cesación a la detención preventiva, y sin considerar que el Ministerio Público y la parte querellante hubiese requerido, amplió su detención hasta el 14 de marzo de 2022 mediante el Auto Interlocutorio 97/2022; asimismo, al rechazar nuevamente su solicitud de cesación por Auto Interlocutorio 246/2022, sin considerar el lineamiento del Tribunal de alzada; y, haciendo caso omiso de la disposición del Auto de Vista 576/2022, no señaló audiencia de consideración de su medida hasta la fecha, más al contrario remitió el cuaderno procesal ante el Tribunal de Sentencia sin haber resuelto su cesación a la detención preventiva. Es preciso aclarar que, habiendo el impetrante de tutela a través de esta acción de libertad identificado primeramente como vulnerador de sus derechos fundamentales al Auto Interlocutorio 97/2022, y al Auto Interlocutorio 246/2022, no es posible realizar el análisis de cada uno de estas Resoluciones, en aplicación del principio de subsidiariedad excepcional que rige en esta acción de defensa conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional; dado que, las citadas Resoluciones fueron recurridas en apelación y tuvieron como efecto la respuesta del Tribunal de alzada; es decir, contra la determinación del Auto Interlocutorio 97/2022 que rechazo la solicitud de cesación a la detención preventiva, el accionante interpuso recurso de apelación, y tuvo como respuesta la emisión del Auto de Vista 168/2022; asimismo, contra la decisión del Auto Interlocutorio 246/2022 que nuevamente rechazó dicho requerimiento de cesación, el impetrante de tutela también formuló recurso de apelación, obteniendo como respuesta el Auto de Vista 576/2022; y, de la misma forma aplica el principio de subsidiariedad, respecto a la denuncia de que la citada autoridad codemandada haciendo caso omiso de la disposición del Auto de Vista 576/2022, no señaló audiencia de consideración de la medida hasta la fecha, más al contrario remitió el cuaderno procesal ante el Tribunal de Sentencia sin haber resuelto la cesación a la detención preventiva; en el entendido de que el propio accionante –en su demanda de acción tutelar– refiere que mediante memorial presentado al Tribunal de Sentencia y Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz; solicitó, cesación a su detención preventiva, y en obrados cursa que dicho Tribunal emitió el Auto Interlocutorio 44/2022, mismo que también fue recurrido en apelación, obteniendo como respuesta el Auto de Vista 822/2022. En ese marco de lo expuesto se infiere por un lado que el accionante pretende retrotraer etapas precluidas pretendiendo el control de legalidad de los referidos Autos Interlocutorios denunciados como vulnerados, al haberlos recurrido en apelación cada uno en su momento, y por otro lado ante tal actuación obtuvo las mencionadas Resoluciones de alzada; por lo que, en ese entendido, corresponde denegar la tutela solicitada con relación al mencionado Juez de Instrucción, Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero del departamento de La Paz; debido a que, los fallos emitidos por dicha autoridad ya fueron objeto de revisión en apelación e interposición de una nueva solicitud de cesación; como asimismo la denuncia de falta de fijación de audiencia, ya fue realizado por el indicado Tribunal de Sentencia a petición de la parte accionante.
Con relación a la segunda problemática, el accionante únicamente refiere que las Vocales demandadas –cada una por su parte– al haber emitido el Auto de Vista 168/2022, y el Auto de Vista 576/2022: “Por el carácter provisional de las medidas cautelares los tribunales departamentales no pueden anular en apelación las resoluciones de medidas cautelares por falta de Motivación sino deben definir la situación de los detenidos…” (sic), conforme establece la SCP 0248/2012 de 3 de diciembre. Ahora bien, en ese marco de lo expuesto precedentemente, además de que se tiene que la argumentación respecto a dicho agravio resulta genérica y poco clara; pues no establece de qué, manera las autoridades demandadas incurrieron en alguna vulneración de sus derechos fundamentales, con respecto a la emisión de las aludidas Resoluciones de alzada; tampoco las mismas podrían ser analizadas como tal; ya que, también rige la aplicación del principio de subsidiariedad excepcional conforme se tiene desarrollado en el mencionado Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional; en el entendido que, si bien estas Resoluciones definieron de alguna forma y en su momento la situación jurídica del solicitante de tutela;
empero, existe una última Resolución que definió la situación jurídica del nombrado; es decir, el accionante en vez de interponer alguna acción constitucional contra el Auto de Vista 576/2022 de 17 de agosto, que presuntamente le causo alguna lesión a sus derechos fundamentales, optó voluntariamente realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica; puesto que, conforme refirió el propio impetrante de tutela en su demanda de acción defensa, ante la solicitud de cesación a su detención preventiva, el Tribunal de Sentencia y Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, por Auto Interlocutorio 44/2022, declaró infundado su requerimiento de cesación; y, al haber formulado recurso de apelación incidental, se pronunció el Auto de Vista 822/2022 de 7 de noviembre, declarando procedente en parte dicho recurso, únicamente con relación al numeral 6 de la parte conclusiva que introduce extremos no fidedignos en el Auto Interlocutorio 44/2022, dejando subsistentes en cuanto a la parte dispositiva que declara infundada la solicitud de cesación a la detención preventiva. Por lo tanto, en el marco de lo expuesto, se establece que el accionante al haber optado que se considere nuevamente su situación jurídica, obteniendo como respuesta no solo el Auto Interlocutorio 44/2022, sino que ante su interposición de recurso de apelación, también obtuvo como respuesta la emisión del Auto de Vista 822/2022, entonces en estos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional denunciando el Auto de Vista 168/2022 y el Auto de Vista 576/2022 –que ahora cuestiona–; puesto que, regiría el principio de subsidiariedad, ya que conforme expuesto ut supra; además, de no haberse denunciado en su momento las referidas Resoluciones cuestionadas, se advierte una última Resolución de alzada (Auto de Vista 822/2022) que definió la situación jurídica del accionante y contra el cual no se existiría ninguna denuncia de vulneración; por lo que, según lo señalado también corresponde denegar la tutela solicitada, con relación a las actuaciones de las Vocales de la Sala Penal Segunda y Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado; y, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 022/2022 de 1 de diciembre, cursante de fs. 41 a 43, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0512_2025-S4.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): c5bc10bf8ac365c5480fca08e448207e403b9b8603442283dc84a0ca5fa9c500
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