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SCP 0512/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 6 de junio de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
6 de junio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
52556-2023-106-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la libertad, por parte de la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quien al emitir la Resolución 827/2022 de 28 de noviembre, no valoró los informes presentados por el Comando General de la Policía Boliviana, que estableció que no contaban con efectivos policiales para designar custodios; y con el mismo argumento del Juez A quo, declaró improcedente el recurso de apelación y confirmó la Resolución 317/2022. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 01/2022 de 7 de diciembre, cursante de fs. 39 a 40, pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia; CONCEDER la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 827/2022 de 28 de noviembre, pronunciada por la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, debiendo emitir nueva Resolución conforme a lo expuesto en el presente fallo constitucional, salvo que la situación jurídica del accionante se hubiera modificado por el transcurso del tiempo.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La detención domiciliaria como medida sustitutiva a la detención preventiva
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0512/2025-S3 Sucre, 6 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 52556-2023-106-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 01/2022 de 7 de diciembre, cursante de fs. 39 a 40, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rubén Gregorio Mallque Quispe contra Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 7 de diciembre de 2022, cursante de fs. 25 a 28, el accionante, señaló que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

A través de la Resolución 216/2021 de 17 de agosto, el Juez de Instrucción Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz, dispuso la medida extrema de su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz; por lo que, solicitó su cesación, emitiéndose el Auto de Vista 669/2022 de 17 de septiembre, pronunciado por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que dispuso la aplicación del art. 231 bis del Código de Procedimiento Penal (CPP), imponiéndole detención domiciliaria con custodio de ley entre otras medidas. El citado Auto de Vista postuló lo previsto por el art 125 del adjetivo penal, indicando que la Policía Boliviana habría señalado que no cuenta con custodios policiales que realicen tal tarea; pese a ello, mantuvo firme y subsistente la medida. Ante dicha determinación, solicitó al Juez de Sentencia Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, oficie al Comando General de la Policía Boliviana para que informe si dicha institución cuenta o no con custodios policiales para cumplir lo determinado por la Sala Penal Cuarta; respondiendo el Comando General mediante oficio de 24 de octubre de 2022 “…que no cuenta con suficientes efectivos policiales para la designación de custodios” (sic). A través del memorial de 15 de noviembre de 2022, postuló la modificación de la medida cautelar, señalándose audiencia para el 17 de similar mes y año, audiencia en la que expuso con carga argumentativa y probatoria la imposibilidad de cumplir con la medida impuesta (custodio de ley), emitiéndose la Resolución 317/2022 en flagrante vulneración de derechos y garantías constitucionales, rechazó la solicitud de modificación de la medida cautelar, bajo el argumento de que no sabría cuál fue la hermenéutica de la tramitación del oficio ante el Comando General de la Policía Boliviana, agregó que solo el personal del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, habría dado respuesta y que no se estaría hablando de todo el personal con el que cuenta la Policía Boliviana. Determinación que fue apelada al amparo del art. 251 del CPP, radicando el proceso en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que emitió el Auto de Vista 827/2022 de 28 de noviembre, ingresando en los mismos subjetivismos del Juez a quo, al señalar que hubo logicidad a momento de la valoración de las documentales remitidas por el Comando General de la Policía Boliviana; empero, no les otorgó valor probatorio alguno, ya que de la misma se podía evidenciar cuál fue la hermenéutica realizada por la institución policial para informar al Juez a quo sobre si contaban o no con custodios policiales. Sin embargo, la autoridad ahora demanda, no otorgó valor a las pruebas, sino ingreso en subjetividades estableciendo que los informes solo serían del personal del Centro Penitenciario de San Pedro y no de todo el personal con el que cuenta la Policía Boliviana, finalizando que no existe agravio que reparar; en consecuencia, confirmó la Resolución 317/2022. Por lo que, mediante memorial de 29 de noviembre de 2022, postuló lo previsto por el art. 125 del CPP y hasta la interposición de la presente acción de defensa su memorial sigue en despacho, así como todo el legajo de apelación.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso y a la libertad, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela disponiendo se libere de custodio de ley, se emita mandamiento de detención domiciliaria en cumplimiento del Auto de Vista 669/2022.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 7 de diciembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 36 a 38, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, ampliándola manifestó que: a) La Vocal demandada en la emisión del Auto de Vista 827/2022, no solo incurrió en error de no valorar la prueba que fue solicitada mediante oficio judicial; sino señaló que no habría agotó la consulta a toda la institución policial, siendo que se trata de un trámite netamente administrativo el cual cumplió su fin, informando a la autoridad judicial sobre lo solicitado; sin embargo, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, hizo caso omiso a todos esos antecedentes y confirmó la Resolución del Juez a quo; y, b) No se valoró el informe emitido por el Comando General de la Policía Boliviana que siguió los trámites pertinentes administrativos, por lo que a la fecha no se puede efectivizar la medida cautelar de detención domiciliaria dispuesta por el Auto de Vista 669/2022; puesto que por las documentales presentadas es de imposible cumplimiento contar con custodio de ley.

I.2.2. Informe de la demandada

Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del informe escrito presentado el 7 de diciembre de 2022, cursante a fs. 35 y vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, en mérito a los siguientes argumentos: 1) El accionante no señaló por cuál de las causales previstas en la Constitución Política del Estado o el Código Procesal Constitucional, interpuso la acción de libertad que su vida esté en peligro, o estaría ilegalmente perseguido, indebidamente procesado o indebidamente privado de su libertad; 2) El impetrante de tutela señaló que el Auto de Vista 827/2022, carecería de fundamentación y congruencia, no se habría otorgado valor probatorio, pero no tomó en cuenta que la Sala Penal Primera no ingresó a revalorizar pruebas o antecedentes conforme el art. 398 del CPP, simplemente ingresó a una revisión, sin que ello implique una revalorización de los elementos de convicción; y, 3) Por otro lado, cómo el Comando General de la Policía Boliviana, podría establecer que no cuenta con suficientes efectivos policiales para la designación de custodios, cuando el trámite se basó solo en informes emitidos por el Centro Penitenciario de San Pedro.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 01/2022 de 7 de diciembre, cursante de fs. 39 a 40, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) Lo que pretende el accionante es tomar la vía constitucional como una vía de apelación, lo cual constitucionalmente está prohibido; lo que manifestó la autoridad demandada es evidente, el Tribunal de alzada, no puede revalorizar la prueba que el Juez a quo ya realizó, no está dentro de las atribuciones de la Sala Penal; ii) El peticionante de tutela refirió que la documentación recabada a través de los oficios emitidos por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, acreditó que la vía administrativa para conocer la existencia o no de custodios se habría agotado; empero, de ser así no hubiera existido observación, pues de la documentación que se adjuntó a la presente acción de defensa, no existe cual hubiera señalado de forma expresa que ya habría agotado la vía administrativa, para la consulta sobre custodios policiales; y, iii) Es lógica la duda que tuvo la autoridad de primera instancia y que fue ratificada por el Tribunal de alzada, no evidenciando que existió vulneración en cuanto al procedimiento y mucho menos fundamentación respecto al Auto de Vista 827/2022, objeto de la acción de libertad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa la Resolución 669/2022 de 17 de septiembre, pronunciada por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que resolvió la apelación incidental de consideración de cesación a la detención preventiva interpuesta por Rubén Gregorio Mallque Quispe -ahora accionante- dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de corrupción de niño, niña o adolescente, determinando admitir el recurso y declarar la procedencia en parte, disponiendo revocar en parte la Resolución 242/2022 de 24 de agosto y la aplicación del art. 231 bis del CPP: “Núm. 9) la detención domiciliaria de la parte recurrente, a ser cumplida en el domicilio demostrado ante el Juez A quo, sea con presencia de custodio de Ley” (sic [fs. 3 a 4 vta.]). II.2. Por memorial de 4 de octubre de 2022, Rubén Gregorio Mallque Quispe

-peticionante de tutela-, solicitó al Juez de Sentencia Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, oficie al Comando General de la Policía Boliviana, para que por la Dirección y/o Unidad que corresponda, informen a su autoridad, si cuenta o no con efectivo policial para el cumplimiento a lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional (fs. 5 a 9). II.3. A través de la Nota con CITE: 02436/22 de 20 de octubre de 2022, Orlando Vladimir Ponce Málaga, Comandante General de la Policía Boliviana a.i., informó al Juez de la causa, que remitió a su conocimiento en fojas cinco útiles presentados por el Cnl. DESP. Hernán Romero Segovia, Director Nacional de Seguridad Penitenciaria, mediante el cual hizo conocer que NO cuenta con suficientes efectivos policiales para la designación de custodios (fs. 12). II.4. Mediante Resolución 317/2022 de 17 de noviembre, el Juez de Sentencia Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, resolvió la solicitud planteada por el accionante sobre la modificación de medida cautelar dispuesta por la Sala Penal Primera mediante Resolución 669/2022, determinando rechazar la modificación de medida cautelar personal impetrada por Rubén Gregorio Mallque Quispe (fs. 20 a 21). II.5. Cursa la Resolución 827/2022 de 28 de noviembre, dictada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que resolvió declarar la admisibilidad del recurso de apelación interpuesta por la parte imputada (Rubén Gregorio Mallque Quispe), declarando la improcedencia de las cuestiones planteadas y en el fondo CONFIRMÓ la Resolución 317/2022 (fs. 32 a 34 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la libertad, por parte de la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quien al emitir la Resolución 827/2022 de 28 de noviembre, no valoró los informes presentados por el Comando General de la Policía Boliviana, que estableció que no contaban con efectivos policiales para designar custodios; y con el mismo argumento del Juez A quo, declaró improcedente el recurso de apelación y confirmó la Resolución 317/2022. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La detención domiciliaria como medida sustitutiva a la detención preventiva

La SCP 1065/2013 de 16 de julio, en análisis de las figuras jurídicas llamadas a colación, refirió que: “El art. 240.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, establece como medida sustitutiva de la detención preventiva la detención domiciliaria o lo que en el lenguaje usual se conoce como arresto domiciliario, que es una medida cautelar de carácter personal y provisional impuesta como una alternativa a la detención ante circunstancias especiales establecidas en el artículo referido precedentemente, concordante con el art. 196 de la LEPS. Esta medida excepcional restringe la libertad de ciertas personas, con la finalidad de cautelar, esto es, proseguir la tramitación del proceso y garantizar la eficacia de la eventual sentencia condenatoria, evitando la fuga del imputado. Esta restricción de la libertad personal se cumple en el propio domicilio o en el de otra persona sin vigilancia alguna o con la que el tribunal disponga.

Tal medida podrá ser impuesta frente a dos supuestos: a) Ante la improcedencia de la detención preventiva; y, b) Cuando se pide la cesación de la detención preventiva. La autoridad jurisdiccional dispondrá la modalidad de la detención domiciliaria y el régimen de vigilancia a la que el imputado deberá someterse.

En ese sentido entendió este Tribunal Constitucional por la SC 0289/2011-R de 29 de marzo, que estableció: ‘…La detención domiciliaria responde al principio de presunción de inocencia y a la doctrina del derecho penal de última ratio, por cuanto al ser un instrumento jurídico, excepcional y transitorio durante la tramitación del proceso, el imputado no necesariamente debe estar detenido en un recinto penitenciario, sino también en un domicilio propio o ajeno, con vigilancia o sin ella, e inclusive con la posibilidad de poder ausentarse a su fuente laboral; siendo su finalidad la de asegurar su presencia en el proceso y/o juicio y que el mismo se desarrolle con normalidad; es decir, la detención domiciliaria busca materializar la facultad punitiva del Estado, por cuanto sólo se da en los casos en que si bien no procede la detención preventiva del imputado; empero, está latente el peligro de fuga o de obstaculización del procedimiento, como también su sustitución a la cesación de detención preventiva por ser menos gravosa, pero que sigue justificando su existencia como medida cautelar’” (las negrillas son agregadas).

III.2. Análisis del caso concreto

En la presente acción de defensa el accionante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la libertad, por parte de la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quien al emitir la Resolución 827/2022 de 28 de noviembre, no valoró los informes presentados por el Comando General de la Policía Boliviana que estableció que no contaban con efectivos policiales para designar custodios; y con el mismo argumento del Juez a quo, declaró improcedente el recurso de apelación y confirmó la Resolución 317/2022. Conforme a los antecedentes que ilustran el expediente se advierte que Rubén Gregorio Mallque Quispe -ahora accionante- se encuentra cumpliendo detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz, por lo que habría solicitado cesación a la detención preventiva y en apelación mereció el pronunciamiento de la Resolución 669/2022 de 17 de septiembre, pronunciada por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que resolvió la apelación incidental de consideración de cesación a la detención preventiva interpuesta por el impetrante de tutela dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de corrupción de niño, niña o adolescente, determinado admitir el recurso y declarar la procedencia en parte, disponiendo revocar en parte la Resolución 242/2022 de 24 de agosto y la aplicación del art. 231 bis del CPP: “Núm.

9) la detención domiciliaria de la parte recurrente, a ser cumplida en el domicilio demostrado ante el Juez A quo, sea con presencia de custodio de Ley” (sic [Conclusión II.1]). En tal circunstancia, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la autoridad de alzada, mediante memorial de 4 de octubre de 2022, solicitó al Juez de Sentencia Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, oficie al Comando General de la Policía Boliviana, para que por la Dirección y/o Unidad que corresponda Informen, si cuentan o no con un efectivo policial para el cumplimiento de lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional. Emitiéndose por parte del Comando General de la Policía Boliviana la Nota con CITE: 02436/22 de 20 de similar mes y año, por la cual informó al Juez de la causa que remitió a su conocimiento en fojas cinco útiles presentados por el “Cnl. DESP.” Hernán Romero Segovia, Director Nacional de Seguridad Penitenciaria, haciendo conocer que NO cuenta con suficientes efectivos policiales para la designación de custodios (Conclusiones II.2 y II.3). El impetrante de tutela solicitó al Juez de Sentencia Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, la modificación de la medida cautelar dispuesta por la Sala Penal Primera del mismo departamento, mediante Resolución 669/2022, respecto a la supresión del custodio de ley, pronunciando la Resolución 317/2022 de 17 de noviembre, determinando rechazar la modificación de medida cautelar personal impetrada por Rubén Gregorio Mallque Quispe. Resolución que fue apelada y resuelta por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de la emisión de la Resolución 827/2022 de 28 de noviembre, determinando la admisibilidad del recurso de apelación interpuesta por la parte imputada, declarando la improcedencia de las cuestiones planteadas y en el fondo CONFIRMÓ la Resolución 317/2022 (Conclusiones II.4 y II.5). En el caso concreto se advierte que el impetrante de tutela denuncia la falta de valoración de la prueba presentada, por parte de la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia de la Paz, consistente en la Nota presentada por el Comando General de la Policía Boliviana que informó que no cuenta con efectivos policiales para designar como custodio, tal cual dispuso la Resolución 669/2022 y hacer efectiva la detención domiciliaria de la que se benefició el accionante. En ese contexto, ingresaremos a analizar si la denuncia efectuada sobre la falta de valoración de la prueba es evidente o no. En tal circunstancia, se advierte que conforme al art. 398 del CPP, el Tribunal de alzada tiene competencia para conocer y resolver los puntos recurridos en la apelación incidental, es así que la Resolución 827/2022, resolvió:

“…ese mismo Juzgado hubiera remitido y que habría sido presentado al Comando General de la Policía el mismo 11 de octubre del presente año, y el Juez efectivamente refiere que desconoce cuál ha sido la hermenéutica con la cual se ha atendido esta solicitud de designación de custodios, realizando una valoración de los elementos de convicción presentados, se hace referencia que el encargado de seguridad externa del recinto penitenciario de San Pedro le hubiera informado al Director del Recinto Penitenciario de San Pedro, que dicho recinto no cuenta con los suficientes efectivos policiales, bajo diferentes argumentos, los cuales también esta audiencia ha referido al recurrente, aquello fue puesto en conocimiento del Director del recinto Penitenciario de San Pedro Cnl. Machicado Cuela, al Director de Seguridad Penitenciaria y él a su vez ha remitido al Comando General de la Policía, en relación al punto 3, justifica y fundamenta porque dice que ha desconocido la hermenéutica, señala claramente aspectos que amerita resaltarse en el entendido de que, en la resolución emitida por la Sala Penal Cuarta, en ninguna de sus partes ha establecido que la aplicación de esta medida en relación a los custodios, indefectiblemente tenga que ser con funcionarios policiales del Recinto Penitenciario de San Pedro, únicamente se ha dispuesto de forma general que dicha detención domiciliaria, sea cumplida en presencia de custodios policiales, pero no especifica que sean exclusivamente funcionarios del Penal de San Pedro, para establecer si evidentemente la determinación asumida por el A quo hubiera ocasionado agravios (…). Entonces la suscrita Autoridad entiende que cómo el Comando General de la Policía Boliviana, podría establecer que no se cuenta con suficientes efectivos policiales para la designación de custodios, cuando todo el trámite que se ha seguido, únicamente se basa en informes y criterios emitidos por autoridades del Recinto Penitenciario de San Pedro, de lo que se infiere que ahí se encuentra que la Autoridad Jurisdiccional A quo, de ninguna manera ha ingresado en una incongruencia, porque resulta lógicamente claro que no se puede llegar a establecer una conclusión general, según informe presentado ante la Autoridad Jurisdiccional, cuando el sustento de ese informe, únicamente se ha basado en criterios emitidos por funcionarios policiales del Recinto Penitenciario de San Pedro y así se tiene establecido en la resolución apelada, por lo que conforme a lo precedentemente desarrollado no se evidencia ningún agravio que reparar” (sic). En ese orden de cosas, se advierte que la Vocal demandada al resolver el recurso de apelación planteado por el peticionante de tutela asevera que el Informe presentado por el Comando General de la Policía Boliviana respecto a no contar con personal para realizar el trabajo de custodio, solo tomó en cuenta que dicha información fue proporcionada por el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, aseverando que dicha información sería incompleta al no consignar información de otras Unidades policiales. En ese contexto, se advierte que los encargados del resguardo de personas detenidas en Centros Penitenciarios o en su caso que cumplan detención domiciliaria recaería en los efectivos policiales de estos centros por ser los indicados para desarrollar esa labor, ya que otras Unidades de la Policía Boliviana tendrían funciones específicas diferentes a la requerida; por lo que, la Vocal demandada debió tomar en cuenta el informe presentado y disponer la modificación de la medida de detención domiciliaria con custodio de ley, ya que lo dispuesto se tornó de imposible materialización ante la falta de efectivos policiales; lo contrario incidió en la restricción de la libertad del accionante que fue prolongada indebidamente, ya que avalar dicha determinación de la autoridad judicial demandada, en sentido que todas las Unidades dependientes de la Policía Boliviana acrediten que no cuentan con efectivos policiales, implicó que el accionante se encuentre supeditado a que todas la Unidades policiales certifiquen dicha carencia, lo que generó una prolongación en el cumplimiento de lo dispuesto como es la medida personal de detención domiciliaria, convirtiéndose la espera de información requerida en una afectación directa a su libertad. En consecuencia, la decisión asumida por la Vocal demandada no fue la correcta por no ser razonable con el Informe presentado por el Comando General de la Policía Boliviana, pues exigir que se certifique por todas las Unidades Policiales que no cuentan con efectivos policiales para custodios, conllevó a ingresar a una prolongada e indebida restricción de la libertad del peticionante de tutela, advirtiéndose de ello la falta de valoración razonada del medio probatorio propuesto por el accionante; por lo que, corresponde conceder la tutela impetrada, más aun si se toma en cuenta que la detención domiciliaria con custodio policial se tornó de imposible cumplimiento con el consecuente desmedro de los derechos del impetrante de tutela. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 01/2022 de 7 de diciembre, cursante de fs. 39 a 40, pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia; CONCEDER la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 827/2022 de 28 de noviembre, pronunciada por la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, debiendo emitir nueva Resolución conforme a lo expuesto en el presente fallo constitucional, salvo que la situación jurídica del accionante se hubiera modificado por el transcurso del tiempo.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0512_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.

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