Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 17 de julio de 2024
Concede en parte la tutela
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, a ser oído, a la defensa y al principio de celeridad; puesto que, el Juez ahora accionado y el Fiscal hoy coaccionado actuaron de forma ilegal e indebida en sentido que: i) El Juez ahora accionado no se pronunció sobre la extinción de la acción penal por duración máxima de la etapa preparatoria, al contrario, remitieron antecedentes al Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, quienes anularon el proceso hasta la conminatoria de la etapa de investigación y cuando el proceso se encontraba en etapa preparatoria, permitiendo que la etapa preparatoria se extienda fuera de los límites del art. 134 del CPP; y, ii) El Fiscal de Materia hoy coaccionado, presentó una nueva imputación formal cuando el plazo de la etapa preparatoria ya había precluido y se sometió a una nueva etapa preparatoria. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 151/2022 de 9 de septiembre, cursante de fs. 1101 a 1104 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a la dilación existente en la resolución de la solicitud de excepción de extinción de la acción penal por vencimiento de plazo de la etapa preparatoria, que vulnera los derechos al debido proceso, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, a ser oído y al principio de celeridad de Luz Flores Guizada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, disponiendo:
a) Que el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, en el plazo de tres días de notificado con este fallo constitucional, resuelva la solicitud de excepción de extinción de la acción penal por vencimiento de plazo de la etapa preparatoria presentada por la accionante, sin incurrir en dilación alguna, excepto si el proceso penal se encontraría en fase de juicio oral, público y contradictorio; puesto que, en esa situación le correspondería resolver esa excepción al Tribunal de Sentencia correspondiente, si en caso no se hubiera resuelto hasta el momento.
b) Que el Fiscal de Materia, actúe con celeridad y diligencia ante las conminatorias emitidas por los Jueces de la causa, sin incurrir en dilaciones ilegales e indebidas. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto al derecho a la defensa, así como a la solicitud de costas y costos, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0512/2024-S3 Sucre, 17 de julio de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 51199-2022-103-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 151/2022 de 9 de septiembre, cursante de fs. 1101 a 1104 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Luz Flores Guizada contra Jaime Rodrigo Buhezo Gómez, Juez de Instrucción Penal Séptimo en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Sexto, ambos de la Capital del departamento de Santa Cruz y Edwin Blanco Marca, Fiscal de Materia.
La accionante por memoriales presentados el 12 y 25 de agosto de 2022, cursantes de fs. 1061 a 1071; y, 1077 a 1078 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley 1008 -Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas de 19 de julio de 1988-, el 2 de agosto de 2018 el Ministerio Público presentó una imputación formal en su contra, por la presunta comisión del citado delito y el 3 de igual mes y año en audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, iniciándose con ello la etapa preparatoria. El “8” de ese mes y año, el Ministerio Público amplió la investigación contra Armando Flores Díaz, Natividad Guizada Sainz -hoy terceros interesados- y Luis Guillen Mejía; empero, no se les imputó.
El 4 de febrero de 2019, el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz emitió la conminatoria por vencimiento de la etapa preparatoria, según lo previsto por el art. 134 del Código de Procedimiento Penal (CPP), la cual fue notificada en la misma fecha al Fiscal Departamental de Santa Cruz para que a través de la Fiscal de Materia se presente el requerimiento conclusivo de la etapa preparatoria -“art. 323” del citado Código-. El 11 de febrero de 2019, la Fiscal de Materia solicitó se deje sin efecto la conminatoria y la ampliación del plazo, conforme con lo previsto por el art. 301 del CPP; por lo que, el Juez de la causa, mediante decreto de 13 de igual mes y año, señaló que no ha lugar a la complementación de las investigaciones, por ello conminó conforme el art. 134 del referido Código, no así para que se presente alguno de los requerimientos establecidos por el art. 301 del indicado Código, concediendo tres días para que las partes se pronuncien sobre la extinción de la acción penal. El 15 de febrero de 2019, solicitó la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de la etapa preparatoria, que mereció el decreto que señala se tiene presente y que será considerado al momento de emitir la resolución respectiva. El 19 de febrero de 2019, el Ministerio Público recién presentó el requerimiento conclusivo de acusación formal; es decir, quince días después de la Conminatoria -se entiende de 4 de febrero de ese año- notificada, que mereció el decreto de 21 de igual mes y año por el que se dispuso traslado; empero, el Juez hoy accionado en lugar de resolver la extinción de la acción penal, el 7 de marzo de ese año la remite al Tribunal de Sentencia Penal de turno de la Capital del departamento de Santa Cruz, quien tampoco se pronunció sobre la citada extinción de la acción penal y por el contrario en juicio oral, público y contradictorio, el 14 de septiembre de 2021, declara infundado el incidente de nulidad de saneamiento procesal planteado por la defensa de la accionante y fundado el incidente de nulidad formulado por el Ministerio Público, hasta el Oficio de Conminatoria de 4 de febrero de 2019, para que el nuevo titular, previamente a emitir la conminatoria prevista por el art. 134 del CPP, proceda a conminar al Ministerio Público de acuerdo al art. 300.II del indicado Código con relación a los investigados que no fueron imputados y devolvió el cuaderno procesal al Juzgado de la causa, sin pronunciarse sobre la extinción de la acción penal. En consecuencia el Juez de la causa conminó al Ministerio Público, conforme con los arts. 300 y 301.2 del CPP retrotrayendo fases procesales y sin tomar en cuenta que ya existe una imputación formal de 3 de agosto de 2018; sin embargo, el Ministerio Público presentó una ampliación de la imputación de forma irregular, abriendo una nueva etapa preparatoria; por lo que, el Juez de la causa en ningún momento se pronunció con relación a la extinción de la acción penal y sobre los abusos en los plazos del Ministerio Público.
El 1 de septiembre de 2021, se solicitó saneamiento procesal, haciendo conocer una serie de defectos suscitados en el proceso penal, el mismo que debía resolverse en juicio oral, público y contradictorio. En el Acta de audiencia de juicio oral, público y contradictorio de 14 de septiembre de 2021, no se resolvió la extinción de la acción penal planteada; sin embargo, se resolvieron los incidentes de nulidad planteados por el Ministerio Público y de saneamiento procesal formulado por la defensa de la accionante, declarando infundado el incidente de nulidad de saneamiento procesal planteado por la defensa de la accionante y fundado el incidente de nulidad planteado por el Ministerio Público, hasta el Oficio de Conminatoria de 4 de febrero de 2019, para que el nuevo titular, previamente a emitir la conminatoria prevista por el art. 134 del CPP, proceda a conminar al Ministerio Público de acuerdo al art. 300.II del citado Código en cuanto a la ampliación de la investigación realizada, contra Natividad Guizada Sainz, Armando Flores Díaz ahora terceros interesados y Luis Guillen Mejía a quienes se amplió la misma el 3 de agosto de 2018. El 13 de octubre de 2021, mediante Oficio de la misma fecha se remitió el recurso de apelación incidental, que fue resuelto mediante Auto de Vista 14 de 5 de noviembre de ese año, a través del cual, se confirmó el Auto Interlocutorio 71/2021 de 14 de septiembre, por la inasistencia de la parte apelante -accionante-, a pesar que fue debidamente justificada mediante Certificado Médico presentado por memorial de 5 de noviembre de dicho año; puesto que, el mismo nunca fue considerado por el Vocal -se entiende de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz-, mereciendo el decreto por parte del Secretario de dicha Sala, que señaló “estése” al referido Auto de Vista. El 29 de noviembre de 2021, se radicó la causa ante el Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, que ordenó la conminatoria al Ministerio Público con la finalidad que emita el requerimiento conclusivo de etapa preliminar con referencia a los ahora terceros interesados y Luis Guillen Mejía a quienes se amplió la denuncia, y esa determinación no fue notificada a la defensa. Al efecto, mediante Oficio de 7 de enero de 2022, se conminó al Ministerio Público. El 14 de enero de 2022, se realizó una “presentación” por buzón judicial; sin embargo, recién se presentó físicamente el 4 de febrero de igual año, no obstante que se establece mediante norma que los documentos deben ser presentados al día siguiente hábil en plataforma del -correspondiente Tribunal Departamental de Justicia-, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada. El Ministerio Público, el 4 de febrero de 2022, presentó una nueva imputación formal contra Natividad Guizada Sainz y Armando Flores Díaz hoy terceros interesados, y la misma fecha presentó un requerimiento de rechazo de denuncia en favor de Luis Guillen Mejía.
Existe un nuevo incumplimiento por parte del Ministerio Público de la “conminatoria” del Juez de la causa; ya que, los requerimientos se presentaron veinte días hábiles después de recibida la conminatoria, y nunca se le notificó con la nueva imputación formal, sometiéndola a una nueva etapa preparatoria dentro del mismo proceso penal cuando se debió extinguir por incumplimiento de la conminatoria. Bajo esas circunstancias considera que el Juez ahora accionado y el Fiscal hoy coaccionado cometieron actos ilegales e indebidos; puesto que: a) El Fiscal de Materia hoy coaccionado no cumplió con el plazo establecido por el art. 134 del CPP, al presentar la imputación formal contra su persona el 2 de agosto de 2018; dejando vencer el plazo de la Conminatoria -se entiende 4 de febrero de 2019-presentó la Acusación Formal el 19 de igual mes y año, fuera de plazo de la referida Conminatoria y para evitar que se proceda con la extinción de la acción penal por vencimiento de la etapa preparatoria planteó el incidente de nulidad ante el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, provocando la nulidad del proceso hasta la conminatoria de la etapa preparatoria; por lo que, el 7 de enero de 2022 se le conminó nuevamente, y presentó una imputación formal el 4 de febrero de ese año, incumpliendo nuevamente los plazos procesales. En ese sentido considera que el Ministerio Público actuó contra el principio ‘“Nemo Auditur Porpiam Torpitudinem allegans”’ (sic), provocando un proceso ajeno a la estructura del proceso penal; puesto que, a través de las SSCC 1036/2002-R de 29 de agosto y 0503/2003-R de 15 de abril, se establece claramente que el proceso penal se inicia con la imputación formal que abre la etapa preparatoria de juicio oral, público y contradictorio; empero, la ampliación de la investigación no retrotrae el proceso penal a la etapa de la investigación preliminar, razón por la cual, ante la conminatoria del juez cautelar está obligado a presentar un requerimiento conclusivo, según lo previsto por el art. 323 del citado Código, imposibilitándose de presentar requerimientos conforme lo establece el art. 301 del referido Código por precluirse esa fase procesal; sin embargo, con argumentos astutos logró su objetivo, generando un proceso penal con doble etapa preparatoria, una contra la accionante y otra contra los ahora terceros interesados, vulnerando con ello el derecho al debido proceso y el principio de celeridad porque no cumplió con las conminatorias emitidas por el Juez de la causa; y, b) El Juez hoy accionado no se pronunció oportunamente sobre la citada extinción por vencimiento de la etapa preparatoria, no obstante que corrió en traslado; sin embargo, al presentarse la acusación formal inmediatamente remitió el cuaderno procesal al referido Tribunal, siendo que su obligación era pronunciarse sobre la indicada extinción. Extremo que tuvo como consecuencia que el citado Tribunal anule obrados y en el momento de conminar para que se pronuncien sobre la situación jurídica de algunos de los investigados y ante el nuevo incumplimiento del Ministerio Público no se pronunció sobre el vencimiento de la etapa preparatoria iniciada a través de la imputación formal de 2 de agosto de 2018. Además, al “haberle dado tramite” a la imputación formal de 4 de febrero de 2022, se provocó la existencia de una doble etapa preparatoria que no se encuentra prevista en el Código de Procedimiento Penal, a pesar que la acción penal ya se encontraba extinguida por efecto del art. 134 del indicado Código, provocando con ello una persecución indebida contra su persona. En el caso concreto el Juez ahora accionado y el Fiscal hoy coaccionado no respetaron los plazos procesales y adicionalmente provocaron la ampliación injustificada de los mismos basados en su propia negligencia, provocando con ello distorsiones procesales que repercuten en los derechos humanos de los procesados que se encuentran sometidos al proceso penal de forma indefinida.
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, a ser oído, a la defensa y al principio de celeridad; citando al efecto los arts. 115.I y II, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7.5 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga: 1) La nulidad de todo lo actuado, hasta el momento en el cual el Juez de la causa se pronuncie sobre la extinción de la acción penal por vencimiento de la etapa preparatoria; y, 2) La cancelación de costas y costos.
Celebrada la audiencia virtual el 9 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 1094 a 1101, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que: i) En el proceso penal no se puede estar en etapa preliminar y etapa preparatoria al mismo tiempo, si existe una imputación formal se encuentra en etapa preparatoria y cuando finaliza dicha etapa se tiene que conminar para que se cumpla con lo establecido por el art. 134 del CPP; por lo que, lo ocurrido en el caso concreto es totalmente inconstitucional y vulneró el derecho al debido proceso; ya que, el Ministerio Público logró que el proceso penal seguido contra su persona, tenga dos etapas preparatorias; es decir, la primera etapa preparatoria transcurrió desde el 3 de agosto de 2018 hasta el 4 de febrero de 2019, momento en el que se conminó para presentar su requerimiento conclusivo de etapa preparatoria; y la segunda etapa preparatoria, que es en la que se encuentra a partir de la nueva imputación formal que fue presentada en “febrero de 2022”; ii) El presente proceso penal debería estar extinguido porque se cumplieron con los seis meses, se conminó y se vulneró esa conminatoria; sin embargo, ahora se encuentran en un proceso en etapa preparatoria, tres años después de iniciado el proceso; es decir, que no puede existir una etapa preparatoria que dure tres o cuatro años, dentro de un Estado social de derecho; puesto que, el Ministerio Público a través de esos actos jurídicos quiere hacer de la etapa de investigación preliminar y la etapa preparatoria, que se amplíe sin límite y de forma irregular, sin respetar los plazos razonables en la jurisdicción ordinaria; iii) La accionante no puede presentar ningún incidente, ni recurso ordinario en el proceso penal; debido a que, esa ampliación e imputación formal no fue contra su persona; por lo que, no tiene la legitimación activa para solicitar la nulidad de ese acto que vulnera sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, por ello acudieron a la jurisdicción constitucional; iv) El nexo de causalidad se encuentra en el hecho que no puede existir debido proceso si es que se incumplen los plazos procesales y las fases procesales, sobreponiendo unas a otras dentro del proceso penal, en desmedro de la persona que está siendo procesada; v) Solicita se dejen sin efecto todos y cada uno de los actos del proceso penal hasta el momento en el cual el Juez hoy accionado, que era el Juez en suplencia legal en ese momento, se pronuncie efectivamente sobre el incumplimiento del plazo establecido por el citado artículo y de la conminatoria realizada el 4 de febrero de 2018, dentro de la extinción de la acción penal y se pronuncie sobre la misma; vi) Sobre el principio de la inmediatez en la acción de amparo constitucional, ante la pregunta del Vocal de la Sala Constitucional, refirió que con la nulidad del proceso que decretó el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, ordenó que se realice la conminatoria conforme con los arts. 300 y 301 del citado Código de forma ilegal, esa “Resolución” nunca se les fue notificada; sin embargo, existe una que es con relación a otras partes, los terceros interesados donde su persona no podía impugnar; vii) Venció el plazo que tenía el Ministerio Público para presentar la “acusación fiscal” o cualquier acto conclusivo, se hizo el reclamo para que se pronuncie el Juez de la causa en su momento, y ese reclamo pasó al indicado Tribunal, y una vez que se devolvió el Juez de la causa a través de un incidente de nulidad, no se volvió a apersonar al mismo, a efectos de que se pronuncie sobre esa problemática, porque era imposible, debido a que el Auto de Vista 14 emitido por el “Tribunal de Sentencia”, anuló inclusive la conminatoria dictada el 4 de febrero de 2018, por el Juez de la causa; viii) Respecto a los ahora terceros interesados, no tenían incidencia en ese momento; puesto que, al momento de que se les amplió la investigación en su contra no eran parte de ese proceso penal; sin embargo, por todas las manipulaciones que existieron en el proceso penal ahora se amplió la imputación formal contra ellos; por lo tanto, también se ven afectados de sus derechos; y, ix) Esa nueva imputación formal es la que tiene trascendencia constitucional; ya que, vulneró el derecho al debido proceso además bajo los criterios de celeridad.
Manuel Baptista Espinoza actual Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, ni remitió informe alguno pese a su citación cursante a fs. 1089. Edwin Blanco Marca, Fiscal de Materia, no asistió a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, ni remitió informe alguno pese a su citación cursante a fs. 1086.
Armando Flores Díaz a través de su abogado, en audiencia, manifestó que: a) El Ministerio Público, el 3 de agosto de 2018 presentó una ampliación de la investigación contra su persona y su esposa Natividad Guizada Sainz; por lo que, desde ese momento hasta el -4 de febrero de 2022-, se presentó la imputación formal en su contra, cuatro años después de iniciarse la investigación y nunca se les notificó; puesto que, existe un informe en el cuaderno de investigaciones, en el cual se indica que desconocen su domicilio; por lo que, sin tener prueba alguna y sin verificar Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) y otros sistemas que tiene el Gobierno para poder ubicar a las personas, no se les notificó; y, b) Además de las vulneraciones alegadas por la accionante, se lesiona otros derechos fundamentales de su persona y de su esposa, como el de ser oído por autoridad competente. Natividad Guizada Sainz a través de su abogada, en audiencia de esta acción tutelar, manifestó que se adhiere a todo lo manifestado por la defensa de la accionante.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 151/2022 de 9 de septiembre, cursante de fs. 1101 a 1104 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: 1) Frente al Auto Interlocutorio 71/2021 de 14 de septiembre que dispuso no “haber lugar” a la solicitud de explicación, complementación y enmienda interpuesta por la accionante, quien planteó recurso de apelación incidental, de conformidad con los arts. 403.II y 404 del CPP, dio lugar al Auto de Vista 14, que confirmó el referido Auto Interlocutorio, a partir de ello, se advirtió que el citado Auto de Vista al no ser objeto de ningún tipo de acción tutelar ni de observación por parte de la nombrada, dio lugar a su consentimiento, y al no presentar una acción tutelar en su oportunidad consintió los argumentos expuestos en el indicado Auto de Vista; por lo que, el hecho de que se devolvió los antecedentes ante el Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del señalado departamento, generó que la autoridad jurisdiccional nuevamente requiera por parte del Ministerio Público una nueva imputación formal, esta vez dirigida contra los hoy terceros interesados, situación que dio lugar reiteradamente a una ampliación desde la última imputación formal; 2) La accionante no identificó de manera clara su petitorio en la presente acción de defensa, pretendiendo que esa Sala Constitucional se convierta en un Tribunal de cuarta instancia y realice una revisión, cuando existe la “auto restricción” de la legalidad ordinaria y/o valoración de la prueba. Asimismo, el petitorio es el objeto de la pretensión; por lo que, solicitó la nulidad de algo que ya se resolvió en su momento a través del señalado Auto de Vista, y no fue objeto de ninguna acción de defensa, dando lugar a la procedencia del principio de inmediatez y la aplicación del principio de subsidiariedad, razón por la cual, no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; y, 3) Sobre la supuesta vulneración del derecho a la defensa de la nombrada; puesto que, no se le habría notificado con la radicatoria de la causa ante el citado Juzgado, tampoco con la nueva imputación formal, y por ello no pudo presentar ningún mecanismo de defensa para que se emita una conminatoria por parte del Ministerio Público, no pudo plantear algún tipo de excepción e incidente; sin embargo, se evidenció que esos extremos no fueron solicitados -según lo manifestado por la propia accionante- al Juez de la causa, a efectos de que el nombrado se pronuncie en uno u otro sentido, de forma positiva o negativa, con ello también se advirtió que existen causales de subsidiariedad, por lo cual no se ingresó al análisis de fondo sobre alguna actuación ilegal e indebida, en consecuencia se obliga a las partes con carácter previo a agotar todos los mecanismos de impugnación que se puedan activar previamente a acudir a la jurisdicción constitucional.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Mediante memorial presentado el 3 de agosto de 2018, ante el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz; el Fiscal de Materia informó la ampliación de la investigación contra Armando Flores Díaz, Natividad Guizada Sainz -hoy terceros interesados- y Luis Guillen Mejía, solicitud que mereció el decreto de 8 de igual mes y año, a través del cual se tuvo presente (fs. 20 y 21) II.2. Consta Conminatoria por vencimiento de la etapa preparatoria de 4 de febrero de 2019, emitida por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, según lo previsto por el art. 134 del CPP, la misma que es notificada en la citada fecha, al Fiscal Departamental de Santa Cruz (fs. 537).
II.3. Por memorial presentado el 11 de febrero de 2019, ante el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, la Fiscal de Materia solicitó se deje sin efecto la conminatoria y la ampliación del plazo, conforme lo previsto por el art. 301 del CPP (fs. 540), por ello, el citado Juez, mediante decreto de 13 de ese mes y año, señaló que no ha lugar a la complementación de las investigaciones, por ello conminó, de conformidad con el art. 134 del indicado Código, no así para que presente alguno de los requerimientos establecidos por el art. 301 del referido Código, concediendo tres días para que las partes se pronuncien sobre la extinción de la acción penal en la etapa preparatoria por falta de presentación de requerimiento conclusivo por parte del Ministerio Público dentro de la vigencia de la conminatoria emitida de acuerdo al art. 134 del señalado Código (fs. 541).
II.4. A través de memorial presentado el 15 de febrero de 2019, ante el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, Luz Flores Guizada -ahora accionante- solicitó al referido Juez, la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de la etapa preparatoria (fs. 544 y vta.), mereciendo el decreto de 18 de igual mes y año; por lo que, el indicado Juez señaló que se tiene presente y que será considerado al momento de emitir la resolución respectiva (fs. 545). II.5. Consta requerimiento conclusivo de acusación formal presentado el 19 de febrero de 2019, por el Fiscal de Materia ante el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz; es decir, quince días después de la conminatoria notificada (fs. 546 a 549 vta.); que mereció el decreto de 21 de igual mes y año, por el que se dispuso traslado (fs. 550). II.6. A través de memorial presentado el 1 de marzo de 2019, ante el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, la accionante ratificó su solicitud de extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de la etapa preparatoria presentada el 15 de febrero de ese año y pidió que se declare la extinción de la acción penal (fs. 551); mereciendo el decreto de 6 de marzo del citado año, emitido por Jaime Rodrigo Buhezo Gómez, Juez de Instrucción Penal Séptimo en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Sexto ambos de la Capital del referido departamento -hoy accionado-, a través del cual, se dispuso el traslado de ley al Ministerio Público, conforme lo previsto por el art. 314 del CPP (fs. 552).
II.7. Por memorial presentado el 28 de febrero de 2019, ante el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, la Fiscal de Materia solicitó se pronuncie sobre la Acusación Formal presentada (fs. 553).
II.8. Consta decreto de 6 de marzo de 2019, emitido por el Juez ahora accionado; por el cual dispuso la remisión del cuaderno procesal por presentación de Acusación Formal, al “…tribunal de sentencia penal de turno…” (sic), en aplicación al art. 325.I del CPP (fs. 554); por lo que, mediante Oficio de 7 de igual mes y año, ante el “TRIBUNAL DE SENTENCIA EN LO PENAL DE LA CAPITAL DE TURNO…” (sic), el referido Juez remitió el cuaderno procesal (fs. 555).
II.9. Cursa Auto de Radicatoria de 8 de abril de 2019, emitido por los Jueces técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz (fs. 556 y vta.). Así también se tiene que por memorial presentado el 8 de mayo de ese año, ante los miembros de dicho Tribunal, la accionante planteó nuevamente la extinción de la acción penal por incumplimiento a la conminatoria emitida por el Juez de la causa, con base al art. 134 del CPP (fs. 565 y vta.), que mereció el decreto de 9 de igual mes y año; por el que se dispuso traslado, haciéndole conocer al Ministerio Público para que se pronuncie en el término de tres días de su notificación (fs. 566). Por memorial presentado el 4 de junio del citado año, ante el referido Tribunal, la Fiscal de Materia presentó su respuesta a la excepción de extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de la etapa preparatoria solicitada (fs. 570 a 573 vta.), mereciendo el decreto de 6 de ese mes y año, a través del cual se determinó que la extinción de la acción penal fue planteada en etapa preparatoria de juicio oral, público y contradictorio, correspondiendo su resolución en ese acto procesal (fs. 574).
II.10. Mediante memorial presentado el 11 de agosto de 2020, ante el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, el Fiscal de Materia planteó un incidente de nulidad, argumentando que tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la situación legal de los hoy terceros interesados y Luis Guillen Mejía (fs. 600 a 603), que mereció el decreto de 12 de igual mes y año, por el que se corrió en traslado (fs. 604).
II.11. Por memorial presentado 1 de septiembre de 2021, ante el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz; la accionante, solicitó saneamiento procesal y pidió que se anulen las actuaciones procesales realizadas por el citado Tribunal, debiendo darse de baja del sistema y en definitiva se disponga la devolución del cuaderno procesal al Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del referido departamento, para que se resuelva su excepción de extinción de la acción penal por vencimiento del plazo de la etapa preparatoria formulada el 15 de febrero de 2019 ante el Juez del indicado Juzgado, al ser de previo y especial cumplimiento (fs. 715 a 718). Mereciendo el decreto de 2 de septiembre de 2021, a través del cual se indicó que en mérito al incidente de nulidad de obrados por saneamiento procesal planteado por la accionante, estese a lo resuelto en la audiencia suspendida para el día de “hoy” -se entiende la misma fecha-. Respecto a que los principios procesales de unidad, concentración, economía procesal, así como de eficacia y eficiencia previstos por los arts. 180 de la CPE y 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), el referido Tribunal decidió en pleno revolver el incidente planteado junto con el incidente de nulidad, también por saneamiento procesal presentado por el Ministerio Público el 11 de agosto de 2020. En ese sentido, y de acuerdo a lo previsto por los arts. 314 y 315 del CPP, con la finalidad de resolver el mismo, se mantiene el señalamiento dispuesto en la “audiencia” de “hoy” -se entiende 2 de septiembre de 2021-, para el 14 de igual mes y año a las 15:00 horas, se resolverán ambos incidentes (fs 719).
II.12. Cursa Acta de audiencia de juicio oral, público y contradictorio de 14 de septiembre de 2021, en la cual los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, emitieron el Auto Interlocutorio 71/2021 de la misma fecha, en el que se declaró infundado el incidente de nulidad de saneamiento procesal planteado por la defensa de la accionante y fundado el incidente de nulidad planteado por el Ministerio Público, hasta el Oficio de Conminatoria de 4 de febrero de 2019, para que el nuevo titular, previamente a emitir la conminatoria prevista por el art. 134 del CPP, proceda a conminar al Ministerio Público de acuerdo al art. 300.II del citado Código con relación a la ampliación de la investigación contra los ahora terceros interesados y Luis Guillen Mejía de 3 de agosto de 2018, ante ello la defensa de la accionante solicitó explicación, complementación y enmienda que fue declarada no ha lugar (fs. 764 a 772 vta.). II.13. Consta Oficio de 13 octubre de 2021, dirigido a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por el cual, el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del referido departamento remitió el expediente original en grado de apelación incidental del Auto Interlocutorio 71/2021 (fs. 778), que es resuelto en audiencia de apelación incidental de 5 de noviembre de ese año, en la cual la referida Sala Penal emitió el Auto de Vista 14 de 5 de igual mes y año, confirmando el indicado Auto Interlocutorio, por la inasistencia de la apelante -accionante- pese a su legal notificación, en dicha audiencia debió exponer los agravios sufridos en el citado Auto Interlocutorio (fs. 786 y vta.).
II.14. Cursa decreto de 29 de noviembre de 2021, emitido por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, por el que ordenó que se conmine al Ministerio Público con la finalidad de que emita el requerimiento conclusivo de etapa preliminar con referencia a los denunciados Armando Flores Díaz, Natividad Guizada Sainz, hoy terceros interesados y Luis Guillen Mejía (fs. 907).
II.15. A través del memorial presentado el 4 de febrero de 2022, ante el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, Edwin Blanco Marca, Fiscal de Materia -ahora coaccionado-presentó una nueva imputación formal, ahora contra los hoy terceros interesados (fs. 925 y 933); asimismo, por memorial presentado en la misma fecha ante el referido Juez, el Fiscal de Materia hoy coaccionado presentó requerimiento de rechazo de denuncia en favor de Luis Guillen Mejía (fs. 940 a 943 vta.).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, a ser oído, a la defensa y al principio de celeridad; puesto que, el Juez ahora accionado y el Fiscal hoy coaccionado actuaron de forma ilegal e indebida en sentido que: i) El Juez ahora accionado no se pronunció sobre la extinción de la acción penal por duración máxima de la etapa preparatoria, al contrario, remitieron antecedentes al Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, quienes anularon el proceso hasta la conminatoria de la etapa de investigación y cuando el proceso se encontraba en etapa preparatoria, permitiendo que la etapa preparatoria se extienda fuera de los límites del art. 134 del CPP; y, ii) El Fiscal de Materia hoy coaccionado, presentó una nueva imputación formal cuando el plazo de la etapa preparatoria ya había precluido y se sometió a una nueva etapa preparatoria. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0165/2019-S2 de 24 de abril, establece que: «El art. 178.I de la Ley Fundamental, dispone: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”. Previendo el art. 180.I de la CPE, que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez”. Expresando finalmente el art. 115.II de la Norma Suprema, la obligación del Estado de garantizar: “…el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”.
Así, el principio de celeridad consagrado en la Constitución Política del Estado, constriñe a quienes administran justicia a evitar retardaciones o dilaciones indebidas, ilegales e innecesarias, en las causas sometidas a sus conocimientos.
En ese orden, en cuanto a la aplicación de los principios constitucionales de la función de impartir justicia en la actividad judicial; la SCP 0507/2012 de 9 de julio, refiere que: “Para impartir justicia conforme imponen los mandatos de la Constitución Política del Estado, las autoridades jurisdiccionales deben cultivar los valores y principios que son la base del nuevo documento constituyente, el cual contiene una vocación axiológica, principista y finalista que configura un Estado sustentado en valores y principios con una convicción progresista en relación a la clásica confección estatal de tipo positivo; dicho de otro modo, nuestra Carta Fundamental construye el Estado Plurinacional sobre la base de valores, principios y principios ético morales, que erigen una sociedad respetuosa de la libertad, la igualdad, la equidad y la justicia, los cuales se encuentran previstos en muchos de los artículos del texto constitucional, además del Capítulo Segundo del Título Primero, de la Primera Parte, titulado: ‘Principios, Valores y Fines del Estado’.
En ese contexto, de la lectura del texto constitucional, es posible identificar valores y principios en los arts. 1, 2, 11, 178, 180, 186, 190, 196 y otros del documento constitutivo del Estado Plurinacional boliviano; muchos de esos principios son dedicados con exclusividad a la función de impartir justicia, siendo imprescindibles en la labor jurisdiccional, por lo que se constituyen en la dogmática constitucional inexcusable en todo acto judicial. Por ello, este Tribunal afirma que la labor del juez sólo será acomodada a la Constitución Política del Estado, cuando cada uno de los actos jurisdiccionales sea ejecutado tomando en cuenta los principios que rigen la función de impartir justicia; a tal efecto, no es suficiente la simple enunciación de los principios constitucionales rectores de la jurisdicción, pues su aplicación debe ser verificable por medios de la racionalización y análisis del acto jurisdiccional; de modo tal, que el usuario del sistema judicial, luego de cumplidos los actos jurisdiccionales, pueda percibir en los resultados de tal actuación, la vigencia y materialización de los principios constitucionales que otorgan validez a los eventos judiciales.
(…)
En ese orden de ideas, el principio de celeridad, comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones de la actuación judicial, y el subprincipio ‘oportunidad’ importa la conveniencia de tiempo y de lugar del acto judicial.
Conforme a lo desarrollado, el contenido del principio de celeridad, de un lado implica el cumplimiento de los plazos procesales evitando dilaciones; y de otro, comprende la actuación conveniente en tiempo y espacio de la autoridad judicial, lo que obliga a la evaluación de las circunstancias particulares de cada situación jurídica, para discernir una oportuna respuesta judicial; así como abreviar los plazos procesales de acuerdo a esas diferencias”».
La SCP 1241/2012 de 17 de septiembre, señala que: «El debido proceso tiene como componente o elemento el derecho a la defensa que tiene “…dos connotaciones: …’la primera el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarle y defenderle oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos con igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello mismo es inviolable por las personas o autoridad que impidan o restrinjan su ejercicio’” (SC 0943/2010-R de 17 de agosto) (razonamiento asumido a través de la SC 0183/2011-R de 11 de marzo). (…) Bajo ese razonamiento, se concluye que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso sea en el ámbito judicial o administrativo, permitiéndole tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas en igualdad de condiciones, en las diferentes etapas del proceso» (entendimiento reiterado por la SCP 0842/2020-S3 de 4 de diciembre [las negrillas nos pertenecen]).
La SCP 0193/2023-S4 de 2 de mayo, citando a la SCP 0389/2022-S4, al respecto, establece que: «Ante la modificación de los arts. 314, 315 y 345 del CPP, por el art. 8 de la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal (LDESP) -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, el Tribunal Constitucional Plurinacional, interpretando el nuevo contenido de los mismos, y modulando los entendimientos jurisprudenciales establecidos con anterioridad a la vigencia de la citada ley, estableció en la SCP 1092/2016-S2, en forma concreta respecto al planteamiento y resolución, de las excepciones extintivas perentorias o substanciales, como son la de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, de prescripción y cosa juzgada, que: “…el permitir el planteamiento y resolución de las excepciones sobre todo extintivas, perentorias o substanciales (extinción de la acción penal, cosa juzgada), no solamente en la fase se sustanciación del juicio, sino también en la fase de preparación del mismo, permite eliminar todo obstáculo u óbice para la dilucidación del problema de fondo, así la doctrina también ha entendido, que: …el proceso penal es un conjunto concatenado de procedimientos que se van suscitando uno tras otro de manera lógica, de ahí que una vez superada la etapa preparatoria y decidida la acusación, se ingresa a la etapa de juicio, empezando por la preparación del juicio que es donde deben presentarse y resolverse las excepciones - salvo que los jueces decidan hacerlo en sentencia - de forma que durante la audiencia de juicio, lo único que se discuta sea ‘…la comprobación del delito y la responsabilidad del imputado..’. Además se debe considerar que el sustanciarse y resolverse las excepciones en la fase de preparación del juicio, de proceder las mismas, se evitaría llevar a cabo actos procesales innecesarios. Consecuentemente, conforme a los argumentos señalados, corresponde concluir que evidentemente es posible el planteamiento y resolución de las excepciones extintivas, perentorias o substanciales (extinción de la acción, cosa juzgada) en la fase de preparación del juicio oral, a efectos de que en los casos que corresponda se evite la realización de actos procesales innecesarios y se reduzca la carga procesal sin que necesariamente tenga que iniciarse la substanciación del juicio, o en caso que no procedan las mismas, se ingrese a dilucidar o discutir el problema de fondo para el cual se sustancia el juicio, por lo que corresponde aplicar en este caso el trámite previsto por los art. 314 y 315 del CPP”. Del entendimiento jurisprudencial citado, se extrae que las excepciones de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, como la de prescripción y cosa juzgada, planteadas en la fase preparatoria de juicio oral, deben ser resueltas por el Tribunal de Sentencia, al ser de especial y previo, pronunciamiento y para evitar actos procesales innecesarios, en mérito a que pueden dar la conclusión del proceso» (las negrillas nos pertenecen).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, a ser oído, a la defensa y al principio de celeridad; puesto que, el Juez ahora accionado y el Fiscal hoy coaccionado actuaron de forma ilegal e indebida en sentido que: a) El Juez ahora accionado no se pronunció sobre la extinción de la acción penal por duración máxima de la etapa preparatoria, al contrario, remitieron antecedentes al Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, quienes anularon el proceso hasta la conminatoria de la etapa de investigación y cuando el proceso se encontraba en etapa preparatoria, permitiendo que la etapa preparatoria se extienda fuera de los límites del art. 134 del CPP; y, b) El Fiscal de Materia hoy coaccionado, presentó una nueva imputación formal cuando el plazo de la etapa preparatoria ya había precluido y se sometió a una nueva etapa preparatoria. De la revisión de antecedentes que cursan en obrados se tiene que el 3 de agosto de 2018, el Ministerio Público amplió la investigación contra los ahora terceros interesados y Luis Guillen Mejía, misma que mereció el decreto de 8 de igual mes y año, a través del cual se tuvo presente (Conclusión II.1.)
El 4 de febrero de 2019, el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, emitió la Conminatoria por vencimiento de la etapa preparatoria, según lo previsto por el art. 134 del CPP, la misma que es notificada el 4 de igual mes y año, al Fiscal Departamental de Santa Cruz (Conclusión II.2.).
El 11 de febrero de 2019, la Fiscal de Materia, solicitó que se deje sin efecto la conminatoria y la ampliación del plazo, conforme a lo previsto por el art. 301 del CPP, por ello, el Juez de la causa, mediante decreto de 13 de ese mes y año, señaló que no ha lugar a la complementación de las investigaciones, por lo tanto, conminó de conformidad al art. 134 del citado Código, no así para que presente alguno de los requerimientos establecidos en el art. 301 del referido Código, concediendo tres días para que las partes se pronuncien sobre la extinción de la acción penal en la etapa preparatoria por falta de presentación de requerimiento conclusivo por parte del Ministerio Público dentro de la vigencia de la conminatoria emitida conforme el art. 134 del indicado Código (Conclusión II.3.).
El 15 de febrero de 2019, la accionante solicitó al Juez de la causa, la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de la etapa preparatoria, que mereció el decreto de 18 de igual mes y año, que señala se tiene presente y que será considerado al momento de emitir la resolución respectiva (Conclusión II.4.).
El 19 de febrero de 2019, el Ministerio Público presentó ante el Juez de la causa, el requerimiento conclusivo de acusación formal; que mereció el decreto de traslado de 21 de ese mes y año (Conclusión II.5.).
El 1 de marzo de 2019, mediante memorial presentado por la accionante ante el Juez de la causa, se ratificó en la solicitud de extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de la etapa preparatoria presentada el 15 de febrero de ese año y pidió que se declare la extinción de la acción penal, que mereció el decreto de 6 de marzo del citado año, a través del cual, se dispuso el traslado de ley al Ministerio Público, conforme lo previsto por el art. 134 del CPP (Conclusión II.6.).
El 28 de febrero de 2019 la Fiscal de Materia solicitó al Juez de la causa se pronuncie sobre la Acusación Formal presentada (Conclusión II.7.).
El 6 de marzo de 2019, el Juez hoy accionado, dispuso la remisión del cuaderno procesal por presentación de Acusación Formal, al “…tribunal de sentencia de turno…” (sic), en aplicación al art. 325.I del CPP; por lo que, mediante Oficio de 7 de igual mes y año, se remitió el cuaderno procesal ante el “TRIBUNAL DE SENTENCIA EN LO PENAL DE LA CAPITAL DE TURNO…” [sic (Conclusión II.8.)].
Cursa Auto de Radicatoria de 8 de abril de 2019, en el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, donde la accionante planteó nuevamente la extinción de la acción penal por incumplimiento a la conminatoria emitida por el Juez de la causa, con base al art. 134 del CPP, que mereció el decreto de traslado de 9 de mayo de ese año, haciéndole conocer al Ministerio Público para que se pronuncie en el término de tres días de su notificación. Al efecto el 4 de junio del citado año, el Ministerio Público presentó su respuesta a la excepción de extinción de la acción penal solicitada, mereciendo el decreto de 6 de igual mes y año, a través del cual, se determinó que la extinción de la acción penal fue planteada en etapa preparatoria de juicio oral, público y contradictorio correspondiendo su resolución en ese acto procesal (Conclusión II.9.). El 11 de agosto de 2020, el Fiscal de Materia planteó un incidente de nulidad, argumentando que tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la situación legal de los ahora terceros interesados y Luis Guillen Mejía, que mereció el decreto de 12 de igual mes y año, se corrió en traslado (Conclusión II.10.).
Por memorial presentado el 1 de septiembre de 2021, ante el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, la accionante solicitó saneamiento procesal y pidió que se anulen las actuaciones procesales realizadas por el citado Tribunal, debiendo darse de baja del sistema y en definitiva se disponga la devolución del cuaderno procesal al Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del referido departamento, para que se resuelva su excepción de extinción de la acción penal por vencimiento del plazo de la etapa preparatoria formulada el 15 de febrero de 2019 ante el Juez del indicado Juzgado, al ser de previo y especial cumplimiento. Mereciendo el decreto de 2 de septiembre de 2021, a través del cual se indicó que en mérito al incidente de nulidad de obrados por saneamiento procesal planteado por la nombrada, estese a lo resuelto en la audiencia suspendida para el día de “hoy” -se entiende la misma fecha-. Respecto a que los principios procesales de unidad, concentración, economía procesal, así como de eficacia y eficiencia previstos por los arts. 180 de la CPE y la Ley del Órgano Judicial, el referido Tribunal decidió en pleno devolver el incidente planteado junto con el incidente de nulidad, también por saneamiento procesal presentado por el Ministerio Público el 11 de agosto de 2020. En ese sentido, y de acuerdo a lo previsto por los arts. 314 y 315 del CPP, con la finalidad de resolver el mismo, se mantiene el señalamiento dispuesto en la “audiencia” de “hoy” -se entiende 2 de septiembre de 2021”, para el 14 de igual mes y año a las 15:00 horas, se resolverán ambos incidentes (Conclusión II.11.).
Cursa Acta de juicio oral, público y contradictorio de 14 de septiembre de 2021 y Auto Interlocutorio 71/2021 emitido por los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, a través del cual, se declaró infundado el incidente de nulidad de saneamiento procesal planteado por la defensa y fundado el incidente de nulidad planteado por el Ministerio Público, hasta el Oficio de Conminatoria de 4 de febrero de 2019, para que el nuevo titular, previamente a emitir la conminatoria prevista por el art. 134 del CPP, proceda a conminar al Ministerio Público de acuerdo al art. 300.II del citado Código con relación a la ampliación de la investigación contra los hoy terceros interesados y Luis Guillen Mejía de 3 de agosto de 2018, ante ello la defensa de la accionante presentó explicación, complementación y enmienda que fue declarada no ha lugar (Conclusión II.12.). Cursa Oficio de 13 octubre de 2021, de remisión de recurso de apelación incidental del Auto de 14 de septiembre de ese año, a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que es resuelto en audiencia de apelación incidental de 5 de noviembre de dicho año en la cual la referida Sala emitió el Auto de Vista 14, a través del cual, se confirmó el Auto Interlocutorio 71/2021, por la inasistencia de la parte apelante -accionante- pese a su legal notificación, en dicha audiencia debió exponer los agravios sufridos en el citado Auto Interlocutorio (Conclusión II.13.).
Consta decreto de 29 de noviembre de 2021, emitido por el Juez de la causa, quien ordenó que se conmine al Ministerio Público con la finalidad de que emita el requerimiento conclusivo de etapa preliminar con referencia a los denunciados ahora terceros interesados y Luis Guillen Mejía (Conclusión II.14.).
El 4 de febrero de 2022, el Fiscal de Materia hoy coaccionado presenta una nueva imputación formal, ahora contra los ahora terceros interesados y en la misma fecha presentó requerimiento de rechazo de denuncia en favor de Luis Guillen Mejía (Conclusión II.15.).
Bajo esas circunstancias se evidencia que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la accionante, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, en virtud a la solicitud de excepción de extinción de la acción penal por vencimiento del plazo de la etapa preparatoria, el Juez de la causa en reiteradas oportunidades conminó al Ministerio Público -4 de febrero de 2019 y 7 de enero de 2022-, para que emita un requerimiento conclusivo de etapa preparatoria, o en su caso, la resolución que debería de emitirse sobre la referida excepción de extinción de la acción penal; sin embargo, hasta la emisión del Auto de Vista 14 emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y la interposición de la presente acción de defensa, se demuestra la falta de pronunciamiento sobre dicha excepción de extinción de la acción penal; es decir que, el Ministerio Público hizo caso omiso a dichas conminatorias, incumpliendo con lo previsto por el art. 134 del CPP y generando con ello que dicho proceso se prolongue más allá de los plazos establecidos sin tomar en cuenta que el mismo no puede durar indefinidamente -más de tres años-; es decir, que en el curso del proceso surgieron manipulaciones que crean irregularidades que afectan tanto a la accionante como a los otros imputados; ya que, el Ministerio Público amplió la investigación sin tomar en cuenta que no se pronunció sobre la indicada excepción de extinción de la acción penal, sin considerar un límite temporal razonable particularmente sobre la aplicación y el cumplimiento de plazos procesales de la etapa preparatoria que prevé la norma y con la presentación de una nueva imputación contra otras personas, incumpliendo con los plazos establecidos en la norma adjetiva penal. Asimismo, se advierte que al no resolver la excepción de extinción de la acción penal por vencimiento de plazo de la etapa preparatoria, a pesar de las múltiples solicitudes y reclamos de la accionante -15 de febrero y 1 de marzo de 2019-, existen diferentes irregularidades procesales, tanto en la actuación del Juez hoy accionado, así como del Fiscal de Materia ahora coaccionado -cada uno en su momento-, que afectan los derechos al debido proceso, a ser oído y el principio de celeridad; puesto que, el Ministerio Público presentó un requerimiento de Acusación Formal el 19 de febrero de ese año, quince días después de la conminatoria del Juez de la causa, con ello también se evidencia el incumplimiento de los plazos establecidos en la etapa preparatoria y a pesar que el citado Juez no resolvió sobre la extinción de la acción penal debido a la dilación del Ministerio Público el caso fue remitido al “…tribunal de sentencia penal de turno…” (sic) el 6 de marzo del indicado año, sin pronunciarse sobre el incumplimiento de plazos y sin resolverse dicha solicitud de excepción de extinción de la acción penal. De igual forma, se evidencia que los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, emitieron el Auto Interlocutorio 71/2021, entre otros, por el cual se declaró infundado el incidente de nulidad de saneamiento procesal y no se pronunciaron sobre la extinción de la acción penal, y que el Ministerio Público presentó una nueva imputación formal el 4 de febrero de 2022 sin resolver la citada extinción de la acción penal solicitada por la accionante, lo que se constituye en una vulneración a los derechos mencionados anteriormente y que efectivamente existe dilación procesal al no considerarse que la celeridad en la administración de justicia es un principio constitucional consagrado en el art. 178.I de la CPE y que se encuentra reflejado en la jurisprudencia constitucional, como ser en la SCP 0165/2019-S2 se establece que el Juez hoy accionado y el Fiscal ahora coaccionado deben evitar dilaciones indebidas en los procesos; puesto que, la administración de justicia debe ser oportuna, eficiente y sin dilaciones, es por ello que en el presente caso según los antecedentes expuestos, se advierte que existe demora en la resolución de las solicitudes de extinción de la acción penal y la falta de respuesta o resolución de las excepciones procesales presentadas por la nombrada se evidencia la existencia de dilación ilegal e indebida, no obstante a ello el proceso penal continuó con la remisión al referido Tribunal, razón por la cual, corresponde conceder la tutela solicitada.
En cuanto a la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0193/2023-S4 establece que tales excepciones son de naturaleza perentoria y deben ser resueltas durante la fase preparatoria del proceso penal por el Juez de la causa, ello implica que, en situaciones en la que se presente dilaciones o incumplimiento de plazos procesales, la parte afectada puede solicitar la extinción de la acción penal antes de llegar a la etapa de juicio oral, público y contradictorio; y, deben ser resueltas por el Juez de la causa; sin embargo, en el presente caso, la accionante presentó la solicitud de extinción de la acción penal varias veces, tanto ante el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, así como ante el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del referido departamento; empero, no fue resuelta por ninguna autoridad de forma oportuna, demostrando con ello que fue víctima de un retardo procesal injustificado e indebido, razón por la cual, corresponde conceder la tutela solicitada, con la aclaración de que no se dispone la anulación de obrados en sede constitucional; puesto que, el accionante no se encuentra en un estado de indefensión al tener la posibilidad de presentar en varias oportunidades la solicitud de excepción de extinción de la acción penal por vencimiento de plazo de la etapa preparatoria, y además según lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional, específicamente es el Juez de la causa, o en su caso, el Tribunal de Sentencia correspondiente, quienes deben resolver y pronunciarse sobre la solicitud de extinción de la acción penal.
Finalmente, respecto a la solicitud de pago de costas y costos, estas no pueden ser consideradas en razón a la tutela concedida y la regulación potestativa establecida en el art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo). En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 151/2022 de 9 de septiembre, cursante de fs. 1101 a 1104 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a la dilación existente en la resolución de la solicitud de excepción de extinción de la acción penal por vencimiento de plazo de la etapa preparatoria, que vulnera los derechos al debido proceso, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, a ser oído y al principio de celeridad de Luz Flores Guizada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, disponiendo:
a) Que el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, en el plazo de tres días de notificado con este fallo constitucional, resuelva la solicitud de excepción de extinción de la acción penal por vencimiento de plazo de la etapa preparatoria presentada por la accionante, sin incurrir en dilación alguna, excepto si el proceso penal se encontraría en fase de juicio oral, público y contradictorio; puesto que, en esa situación le correspondería resolver esa excepción al Tribunal de Sentencia correspondiente, si en caso no se hubiera resuelto hasta el momento.
b) Que el Fiscal de Materia, actúe con celeridad y diligencia ante las conminatorias emitidas por los Jueces de la causa, sin incurrir en dilaciones ilegales e indebidas. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto al derecho a la defensa, así como a la solicitud de costas y costos, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0512_2024-S3.pdf · páginas 1 a 22.
Huella digital del PDF (SHA-256): c4cac91a37c2a316735bb6f9fc3a8b42e193df6c42ea20de6c3952ee17d2d320
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