Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 15 de mayo de 2025
Concede la tutela
El solicitante de tutela, denunció la lesión del debido proceso, en su vertiente de legalidad y “plazo razonable” y derecho a la defensa, a la libertad personal, tutela judicial efectiva e igualdad procesal; debido a que, dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, pese a haberse dictado y notificado con un sobreseimiento definitivo por falta de pruebas y haberse confirmado la extemporaneidad de la impugnación interpuesta por la denunciante, el Juez de la causa, no levantó las medidas cautelares impuestas, manteniéndolo sometido a restricciones de su libertad por más de dieciocho meses sin justificación legal, lo que constituye una prolongación injustificada del proceso, por lo que solicitó la aplicación del art. 324 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 025/2022 de 2 de diciembre, cursante de fs. 29 a 30 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0511/2025-S4 Sucre, 15 de mayo de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 52350-2022-105-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 025/2022 de 2 de diciembre, cursante de fs. 29 a 30 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Roberto Tola Torrez contra el “Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto, en suplencia del mes de octubre de 2022 (sic.)”, del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 2 de diciembre de 2022, cursante de fs. 2; y 17 a 22, el accionante, manifestó los siguientes argumentos:
El proceso penal seguido en su contra a instancia del Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, tramitado bajo el Código Único de Renuncia (CUD) 201102032000572, finalizó con Resolución de Sobreseimiento 01/2021 de 21 de octubre, que fue notificado a las partes procesales; dando lugar a que, la denunciante presente una impugnación, pero fuera del plazo legal, hecho que fue confirmado por el Fiscal Departamental mediante un pronunciamiento de 27 de julio de 2022, en el que declaró que no correspondía revisar dicha impugnación por haber sido interpuesta de manera extemporánea. A pesar de estos antecedentes, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto del departamento de La Paz, que actuaba en suplencia legal durante octubre de 2021, no dispuso el levantamiento de las medidas cautelares personales impuestas en su contra; por el contrario, solicitó un nuevo informe al fiscal asignado al caso –Gonzalo Paredes–, para verificar si las notificaciones con la Resolución de sobreseimiento se habían realizado correctamente, a pesar de que esa información ya constaba en el cuaderno de control jurisdiccional y había sido confirmada por la fiscal anterior. Durante más de un año y medio, presentó reiteradas solicitudes para que se señale audiencia con el fin de levantar las medidas cautelares que aún pesaban sobre su persona, no obstante, el citado Juzgado no respondió ni fijó audiencia, manteniéndolo sometido a un proceso sin justificación legal y que en lugar de actuar conforme a ley y levantar las medidas cautelares, tras el vencimiento de los plazos y la inexistencia de impugnación válida, pidió requisitos no contemplados en la norma, generando una prolongación injustificada del proceso; a pesar de que, el Ministerio Público concluyó que no existía prueba para formular una acusación, mantuvo activas medidas restrictivas de libertad, desconociendo no solo el principio de presunción de inocencia, sino también el deber de cesar medidas cuando desaparecen las causas que las motivaron. Finalmente, que el 1 de octubre de octubre de 2022, solicitó cesación a su detención preventiva; sin embargo, hasta la fecha no se fijó ninguna audiencia que resuelva su pretensión; provocando que, continúe procesado ilegalmente por más de dieciocho meses, pese a la emisión del requerimiento de sobreseimiento en su favor; sin que, hasta ahora se levantaran las medidas impuestas, situación que representó una restricción arbitraria de su libertad y una violación grave al principio de legalidad y al derecho de todo ciudadano a no ser sometido a procesos o medidas sin fundamento legal vigente y válido.
El accionante, denunció como lesionado el debido proceso en su vertiente de legalidad “plazo razonable” su derecho a la defensa, a la libertad personal, tutela judicial efectiva e igualdad procesal; citando al efecto los arts. 23.I, 115; 116;119. II. de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se determine la aplicación de la vía constitucional de los arts. 323 y 324 del Código de Procedimiento Penal(CPP) o en su caso al existir sobreseimiento se determine cese a la detención indebida, disponiendo el levantamiento de todas las medidas cautelares personales impuestas en su contra.
Celebrada la audiencia virtual el 2 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 27 a 28, ausente la autoridad demandada, presente el impetrante de tutela asistido de su abogado, se produjeron los siguientes actuados:
El solicitante de tutela en audiencia, a través de su abogado, ratificó su demanda de acción tutelar y, ampliándola refirió que: a) El Juez de control jurisdiccional no levantó el arraigo ni otras restricciones; como, la firma periódica y la detención domiciliaria, y durante un año la defensa solicitó sin éxito el levantamiento de dichas medidas, mientras el Juzgado suspendía audiencias sin emitir decisión de fondo; b) Esta inacción provocó una privación indebida de su libertad, porque no podía salir de La Paz ni trabajar con normalidad; a pesar de que, el proceso ya debía estar archivado; por lo que, solicitó que se le restituya el orden legal, se levanten las medidas cautelares y se conmina a la autoridad demandada, señalar audiencia conforme al procedimiento establecido por ley; y c) En la vía de complementación y enmienda, solicitó la aplicación de lo previsto por el art. 324 del CPP. Asimismo, en respuesta a las preguntas formuladas por el Juez de garantías, el accionante manifestó lo siguiente: 1) En relación a si se encontraba detenido, indicó que la detención domiciliaria ya fue levantada, pero que el resto de las medidas cautelares no fueron revocadas. Señaló que el Juez únicamente se limitó a consultar al Fiscal si el sobreseimiento fue notificado en primera instancia, lo cual, según su criterio, no correspondía; 2) Respecto a si requirió la cesación o modificación de las medidas cautelares, afirmó que ya realizaron dicha petición, pero que las demás, como el arraigo y la devolución de la garantía económica, no fueron levantadas, a pesar de que venía solicitándolo desde hace un año; y, 3) En cuanto a si pidió la modificación de las medidas cautelares, reiteró que sí lo hizo, y explicó que tras ello, el Juez instó nuevamente un informe al fiscal sobre la notificación con el sobreseimiento, a pesar de que el caso ya había sido remitido y resuelto por la Fiscalía Departamental. Con base en ese argumento, las audiencias continuaron siendo suspendidas sin emitir una resolución de fondo.
El Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto, en suplencia del mes de octubre de 2022 (sic.)”, del departamento de La Paz, no acudió a la audiencia ni presentó informe alguno, a pesar de su legal notificación que cursa a fs. 24.
El Juez de Sentencia Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, a través de la Resolución 025/2022 de 2 de diciembre, cursante de fs. 29 a 30 vta., concedió la tutela impetrada, ordenando a la autoridad demandada, atender a la solicitud del solicitante de tutela, sea en la vía incidental o en aplicación del art. 324 del CPP, con una respuesta debidamente fundamentada, con base a los siguientes argumentos: i) Conforme a las pruebas presentadas, el accionante solicitó formalmente al Juez demandado, el levantamiento de las medidas cautelares que continuaban vigentes; entre ellas, el arraigo y la obligación de presentarse ante el Ministerio Público, pues estas restricciones afectaban directamente su derecho a la libertad; sin embargo, dicha autoridad no resolvió la petición, y únicamente pidió un informe al fiscal respecto al estado del sobreseimiento, sin emitir un pronunciamiento alguno; ii) Del análisis de los hechos denunciados por el impetrante de tutela, se evidenció que la autoridad judicial actuó fuera del procedimiento establecido en los arts. 314 y ss. del CPP; toda vez que, la solicitud debía tramitarse como incidente o conforme al art. 324 del CPP, que regula el procedimiento ante la firmeza de un sobreseimiento no impugnado; de modo que, el Juez debía pronunciarse mediante resolución sobre lo solicitado, conforme a los principios del debido proceso; y, iii) La omisión del Juez hoy demandado, al no resolver la petición de levantamiento de medidas cautelares mediante una decisión judicial expresa, vulneró el derecho a la libre locomoción del accionante; afectación que fue aún más grave, considerando que existía una resolución de sobreseimiento firme, lo que hacía injustificable la dilación del proceso y la subsistencia de las restricciones impuestas.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene Resolución de Sobreseimiento 01/21 de 21 de octubre de 2021, mediante la cual, Lourdes Pilar Díaz Berrios, Fiscal de Materia; emitió requerimiento conclusivo de sobreseimiento en favor de Roberto Tola Torrez –actual impetrante–, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, al considerar que los elementos de prueba resultaron insuficientes para fundamentar una acusación (fs. 11 a 13). Dicha Resolución fue notificada el 26 de noviembre de 2021, a los denunciantes Mario Quispe Condori y Dora Torrez Carita (fs. 8 y 9). II.2. Memorial del 6 de enero de 2022, mediante el cual, el hoy solicitante de tutela pidió a la Jueza Cuarto Anticorrupción y de Violencia Contra la Mujer del departamento de La Paz, que levantara las medidas cautelares interpuestas en su contra, al no existir impugnación legal dentro del término oportuno presentado. Por lo tanto, solicitó el cumplimiento del art. 324 del CPP, dado que dicha disposición establece que, ante la no presentación de la impugnación al sobreseimiento en el plazo de cinco días siguientes a la notificación, este debe ser comunicado sin perjuicio al Juez de control jurisdiccional en un plazo de veinticuatro horas, para que disponga la conclusión del proceso respecto al imputado y la cancelación de sus antecedentes. En consecuencia; peticionó que, en mérito de los arts. 279, 323.3, 324 del CPP y 24 de la CPE, se lleve a cabo la audiencia de levantamiento de las medidas cautelares interpuestas en su contra, al no existir impugnación al sobreseimiento (fs. 14 y vta.).
II.3. Cursa memorial del 9 de febrero de 2022, en el que el accionante requirió una nueva fecha y hora para la audiencia de levantamiento de las medidas cautelares impuestas en su contra; esto se debió a que, la audiencia del 26 de enero de 2022, fue suspendida por problemas de conexión del Ministerio Público y por la renuncia de los denunciantes a su patrocinio. En esa audiencia se ordenó notificar a los denunciantes en sus domicilios y se programó una nueva audiencia para el 7 de febrero de 2022, pero esta no se llevó a cabo aun estando presentes en sala; por ello, y en cumplimiento del art. 324 del CPP, solicitó que se fije una nueva fecha y hora para dicha audiencia (fs. 15 y vta.). II.4. Consta Resolución 158/2022 de 8 de junio, “auto interlocutorio de consideración de cesación de medidas cautelares de carácter personal”, por la cual, Lorena Maureen Camacho Ramírez, Jueza de Instrucción Penal Tercera del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Cuarto, dispone la procedencia en parte del pedido del imputado –hoy accionante– por ello modificar las medidas cautelares de carácter personal que han sido dispuestas mediante Resolución 663/2021 de 20 de agosto, como consecuencia:
“1. Se va dejar sin efecto la detención domiciliaria. 2. En relación al arraigo se mantiene. 3. También la fianza económica. 4. Las medidas de protección se mantienen. 5. Se mantienen las terapias. 6. La prohibición de consumir bebidas alcohólicas se mantiene. 7. La presentación al juzgado, así como también al biométrico los numerales 7 y 8 se va a modificar simplemente con la presentación al ministerio público cada dos meses” (sic), hasta que se emita un requerimiento conclusivo acorde a los datos por el Fiscal jerárquico; es decir, revocar o ratificar la Resolución de sobreseimiento (fs. 5 a 6 vta.). II.5. Mediante Resolución de 27 de julio de 2022, el Fiscal Departamental de La Paz, en atención a la impugnación interpuesta por los denunciantes, concluyó que no podía ingresar a resolver el recurso de impugnación contra el sobreseimiento, debido a que este fue presentado fuera del plazo establecido por la normativa procesal penal (fs. 4 y vta.). II.6. Por memorial del 9 de noviembre de 2022; mediante el cual, el impetrante de tutela solicitó al Juez –ahora demandado– que señale un nuevo día y hora para la audiencia de levantamiento de las medidas impuestas. Indicó que, tras la emisión de la Resolución Jerárquica de 27 de julio de 2022, se emitió un decreto en el que se solicitó al Fiscal a cargo de la investigación, que informe si se notificó personalmente a las partes sobre el sobreseimiento; aspecto que, ya había sido informado previamente a los Jueces anteriores en suplencia. Por lo tanto; solicitó, en conformidad con el art. 324 del CPP, que se fije una nueva fecha y hora para la audiencia de levantamiento de medidas cautelares (fs. 16 y vta.).
El solicitante de tutela, denunció la lesión del debido proceso, en su vertiente de legalidad y “plazo razonable” y derecho a la defensa, a la libertad personal, tutela judicial efectiva e igualdad procesal; debido a que, dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, pese a haberse dictado y notificado con un sobreseimiento definitivo por falta de pruebas y haberse confirmado la extemporaneidad de la impugnación interpuesta por la denunciante, el Juez de la causa, no levantó las medidas cautelares impuestas, manteniéndolo sometido a restricciones de su libertad por más de dieciocho meses sin justificación legal, lo que constituye una prolongación injustificada del proceso, por lo que solicitó la aplicación del art. 324 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Respecto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, expresó el siguiente entendimiento: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos´.
Además, enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad…’” (Las negrillas son nuestras).
El Tribunal Constitucional Plurinacional, recogiendo entendimientos jurisprudenciales establecidos en numerosos fallos constitucionales, ha ido desarrollándolos y reconduciéndolos, como en la SCP 1206/2012 de 6 de septiembre, de la que se glosará lo pertinente a la problemática planteada, misma señaló que: “…establece un término brevísimo (art. 324 del CPP) para resolver la impugnación a un sobreseimiento que debe cumplirse porque los fiscales que tienen el deber de realizar sus actuados con la mayor diligencia y celeridad al encontrarse de por medio la libertad del accionante (SC 0214/2011-R) y si bien puede acudirse al juez cautelar para observar la falta de celeridad en las actuaciones de los Fiscales de Materia y los Fiscales Departamentales (SC 0833/2004-R de 1 de junio), la finalidad es otorgar certeza a su situación jurídica con la resolución de la impugnación del sobreseimiento, sin embargo, cuando el imputado se encuentra privado de su libertad una actuación negligente de dichas autoridades no puede perjudicar al imputado quien goza de presunción de inocencia y en definitiva no le es atribuible el referido incumplimiento de deberes. Los principios de favorabilidad y proporcionalidad en la materia, deducidos del art. 23.I de la CPE, que establece: ‘Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales' y expresamente reconocido por el art. 7 del CPP, cuando sostiene que: ‘La aplicación de medidas cautelares establecidas en este Código será excepcional. Cuando exista duda en el aplicación de una medida cautelar o de otras disposiciones que restrinjan derecho o facultades del imputado, deberá estarse a lo que sea más favorable a éste', impelen a adoptar una interpretación favorable a la libertad del imputado. Si bien durante la tramitación a una impugnación a un sobreseimiento es posible solicitar la cesación a una detención preventiva (SC 0217/2005-R de 11 de marzo) por faltar uno de los requisitos contenidos en el art. 233.1 del CPP, como es 'La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad autor o participe de un hecho punible', no existe argumento para mantener la detención preventiva de una o un imputado respecto al cual dicho elemento ya no concurriría, existe demora que no le es imputable en la resolución de una impugnación a un sobreseimiento y se reitera se presume inocente.
En consecuencia, sintetizando lo anteriormente desarrollado, corresponde precisar lo siguiente: 1) Una vez que el Fiscal inferior presenta el sobreseimiento al juez, ya sea como efecto de una impugnación o de oficio, deberá remitir dicho actuado dentro del plazo máximo de veinticuatro horas al Fiscal Departamental para su revisión, y el Fiscal Departamental, o superior jerárquico, una vez recibido el sobreseimiento deberá emitir su resolución de ratificación o de revocatoria al sobreseimiento, indefectiblemente dentro de los cinco días siguientes; y, 2) Una vez transcurrido el lapso señalado, sin que el Fiscal Departamental se haya pronunciado en cualquiera de sus formas, el juez a cargo del proceso, dispondrá de oficio o a petición de parte la libertad inmediata del imputado sobreseído. Entendimiento que implica una superación de la SCP 0068/2012 de 12 de abril” (Las negrillas son añadidas).
El accionante denunció la lesión del debido proceso, en su vertiente de legalidad y “plazo razonable” y derecho a la defensa, a la libertad personal, tutela judicial efectiva e igualdad procesal; debido a que, dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, pese a haberse dictado y notificado un sobreseimiento definitivo por falta de pruebas y haberse confirmado la extemporaneidad de la impugnación interpuesta por la denunciante, el Juez de la causa no levantó las medidas cautelares impuestas, manteniéndolo sometido a restricciones de libertad por más de dieciocho meses sin justificación legal, lo que constituye una prolongación injustificada del proceso, por lo que, solicita la aplicación del art. 324 del CPP. Precisada la problemática planteada en la presente acción de defensa y revisados los antecedentes del caso; se estableció que, dentro del proceso penal por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica contra Roberto Tola Torrez –hoy impetrante-, tramitado bajo el CUD 201102032000572, el 21 de octubre de 2021, la Fiscalía emitió la Resolución de Sobreseimiento 01/21, declarando la falta de elementos suficientes para formular acusación y notificando esta decisión a los denunciantes el 26 de noviembre del citado año. El 6 de enero de 2022, el solicitante de tutela solicitó formalmente a la Jueza Cuarta Anticorrupción y de Violencia Contra la Mujer del departamento de La Paz, que se levantaran las medidas cautelares impuestas en su contra, argumentando que no existía impugnación legal válida dentro del plazo, y fundamentando su petición en el art. 324 del CPP; en este contexto, el 26 de enero del mismo año se programó una audiencia para tratar el levantamiento de medidas cautelares, la cual fue suspendida por problemas técnicos y renuncia de los denunciantes a su patrocinio.
Posteriormente, el 7 de febrero de 2022, se fijó una nueva audiencia, que finalmente no se llevó a cabo, situación que motivó al accionante a presentar un memorial el 9 del mismo mes y año solicitando nuevamente que se señale fecha para la audiencia de levantamiento de medidas cautelares. Durante este periodo, el Juez que conocía el caso, mantuvo vigentes las restricciones como el arraigo y la obligación de presentación periódica, sin resolver las solicitudes de la defensa. El 8 de junio de 2022, la Jueza de Instrucción Penal Tercera en suplencia legal modificó parcialmente las medidas cautelares impuestas en agosto de 2021, levantando la detención domiciliaria, pero manteniendo otras como el arraigo, la fianza económica, medidas de protección y la obligación de presentarse ante el Ministerio Público cada dos meses. Consecuentemente, el 27 de julio de 2022, el Fiscal Departamental de La Paz confirmó la inadmisibilidad de la impugnación presentada por los denunciantes contra el sobreseimiento, por haberse presentado fuera del plazo legal, reforzando la firmeza de la Resolución de sobreseimiento. A pesar de estos antecedentes, el 9 de noviembre de 2022, el accionante reiteró mediante memorial, su solicitud para que se fije fecha y hora para la audiencia destinada a levantar las medidas cautelares, recordando que la notificación del sobreseimiento había sido debidamente confirmada y que correspondía cumplir con el procedimiento establecido en el art. 324 del CPP. Ahora bien, en atención a lo desarrollado en los Fundamentos Jurídicos III.2. del presente fallo constitucional, debe tenerse presente que cuando procesalmente la autoridad Fiscal ratifica el sobreseimiento, el Juez a cargo del proceso, dispondrá de oficio o a petición de parte, la libertad inmediata del imputado sobreseído, por supuesto previamente emitiendo al efecto la providencia de notificación que resulte pertinente, disponiendo su notificación a las partes; además de lo cual, toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables; pues, de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho. En el presente caso, la autoridad jurisdiccional demandada incurrió en una omisión grave al no resolver con celeridad la solicitud de levantamiento de medidas cautelares personales, pese a contar con una resolución de sobreseimiento firme emitida por el Ministerio Público; tal conducta, omisiva constituye una violación directa del derecho fundamental a la libertad, así como una transgresión al debido proceso en su componente de legalidad, tutela judicial efectiva y plazo razonable.
Ante los antecedentes detallados precedentemente, resulta necesario aplicar la jurisprudencia constitucional consolidada en el Fundamento Jurídico III.2., en la que se establece que una vez ratificado el sobreseimiento por la autoridad fiscal jerárquica, corresponde al Juez de control jurisdiccional disponer de oficio o a petición de parte la libertad del imputado, previa emisión de la providencia de notificación correspondiente. Esta actuación judicial no solo es procedimentalmente obligatoria, sino que responde a la naturaleza garantista del sistema penal acusatorio, que impone el deber de verificar el cumplimiento de los plazos y cesar de inmediato cualquier medida restrictiva cuando desaparecen los motivos que la sustentaban. En el caso concreto, el Juez de instrucción penal no emitió pronunciamiento alguno pese a tener conocimiento sobre la existencia de una resolución firme de sobreseimiento, tampoco tramitó con prontitud la solicitud del impetrante de tutela de cesación de medidas, generando una dilación irrazonable e injustificada; que se prolongó por varios meses; lo que, no puede considerarse como una simple demora procesal, sino constituye una infracción directa al principio de celeridad (art. 180.I de la CPE) y los arts. 54.1 y 279 del CPP, que establecen el deber de ejercer un control activo de la legalidad y de los plazos procesales. En consecuencia, habiendo quedado demostrado que entre la comunicación de la Resolución jerárquica y la interposición de la acción de tutela transcurrieron varios meses sin respuesta judicial, y que incluso desde la presentación de los memoriales iniciales en enero de 2022, transcurrieron plazos excesivos, se configura una dilación indebida que compromete directamente el derecho a la libertad. Bajo esta línea, se hace plenamente aplicable la jurisprudencia constitucional que exige resoluciones inmediatas y fundadas en casos en los que se cuestiona la legalidad de las medidas restrictivas, no siendo válida excusa alguna para omitir dicho deber. Por tanto, corresponde conceder la tutela solicitada, ordenando a la autoridad jurisdiccional demandada, emitir de forma inmediata y fundamentada la resolución correspondiente que disponga el levantamiento de todas las medidas cautelares impuestas al accionante, conforme previene el art. 324 del CPP, garantizando de esta forma, el restablecimiento del orden constitucional vulnerado. Finalmente, corresponde a este Tribunal, referirse a la inadecuada identificación de la autoridad demandada; toda vez que, el accionante no señala el nombre y apellido del Juez hoy demandando, limitándose a citar al “Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto, en suplencia del mes de octubre de 2022 (sic.)” del departamento de La Paz, en ese marco, considerando la naturaleza jurídica de la acción de libertad, la interpretación de las normas debe realizarse conforme a los principios que rigen la protección de los derechos fundamentales; uno de estos principios es el principio pro persona, consagrado tanto en instrumentos internacionales de derechos humanos como en el ordenamiento constitucional interno; este principio impone al juzgador la obligación de interpretar y aplicar las normas de la manera más favorable a la persona, en especial cuando se trata de derechos fundamentales como la libertad personal; en consecuencia, la falta de una identificación precisa de la autoridad presuntamente responsable no puede erigirse como un obstáculo insalvable para el conocimiento del fondo del caso, si de los hechos relatados y de la evidencia presentada se desprende la posible existencia de una vulneración de derechos. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, evaluó de forma correcta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 025/2022 de 2 de diciembre, cursante de fs. 29 a 30 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0511_2025-S4.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4eb0452a0c63eeb4dd595521b57eb18d187397b2a9b4ece1ab3ecbb8e187c267
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