Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 6 de junio de 2025
Concede la tutela
El accionante a través de su representante, denunció la vulneración de su derecho a la libertad, señalando que, por Auto de 14 de noviembre de 2022, goza de una medida cautelar menos gravosa a la detención preventiva, disponiendo su detención domiciliaria con custodio policial; empero, hasta el 28 de noviembre no puede efectivizarse esta salida por negligencia del Comandante Regional de Policía de Quillacollo y el Director del Centro Penitenciario de Quillacollo -demandados-. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 006/2022 de 2 de diciembre, cursante de fs. 48 a 51, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de Quillacollo, del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos expresados por el citado Juez.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0511/2025-S3 Sucre, 6 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 52552-2022-105-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 006/2022 de 2 de diciembre, cursante de fs. 48 a 51, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Dora Florentina Fuentes Ríos en representación sin mandato de Pastor Abdón Quinteros contra Roberto Carlos Torres Cardozo, Director del Centro Penitenciario de Quillacollo; y, Gilmar Armando Quilla Assaf, Comandante Regional de Policía Boliviana de Quillacollo, ambos del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 1 de diciembre de 2022, cursante de fs. 23 a 24 vta., el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:
El 14 de noviembre de 2022, se llevó adelante audiencia de modificación de medidas cautelares del acusado Pastor Abdón Quinteros, en esta, la Jueza Pública Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primera de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba; determinó entre otros, la detención domiciliaria, acreditado en antecedentes, con custodio policial a costo y cargo del imputado -ahora accionante- disponiendo la notificación mediante comisión instruida al Director Regional de la provincia de Quillacollo, a objeto de que ordene a la EPI del Municipio de Sipe Sipe, asignar un custodio policial, a objeto de que pueda cumplir con el arraigo domiciliario. Mediante orden instruida de 25 de noviembre de 2022, la Jueza nombrada, dispuso la notificación al Director del Centro Penitenciario de Quillacollo, para que conduzca a su domicilio al imputado ahora -impetrante de tutela- al haberse ordenado su detención domiciliaria con custodio, procediéndose a su notificación, mediante cédula el 28 de igual mes y año a horas 14:45; en igual fecha se emitió orden instruida, mediante la cual se ordenó al Comandante Regional de Quillacollo de la Policía Boliviana, solicite a la EPI del municipio de Sipe Sipe, asigne un custodio policial a objeto de dar cumplimiento con la detención domiciliaria dispuesta. Siendo notificado mediante cédula el 28 de noviembre de 2022 a horas 11:25. Al incumplimiento, el 29 de igual mes y año, nuevamente se emitió orden instruida, mediante la cual se dispuso la notificación al Comandante -ahora accionado- con el mismo tenor. El accionante denunció como vulnerado su derecho a la libertad por estar privado de manera ilegal; toda vez que, desde el 14 de noviembre de 2022, goza de una medida cautelar menos gravosa a la detención preventiva, donde se dispuso detención domiciliaria con custodio policial y hasta el 28 de igual mes y año, no puede efectivizarse esta salida por negligencia del Comandante Regional de Quillacollo de la Policía Boliviana y del Director del Centro Penitenciario de Quillacollo.
Denunció como lesionado su derecho a la libertad, citando al efecto el art. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, ordenándose se dé cumplimiento a las Ordenes Instruidas de 25 y 29 de noviembre de 2022, emitidas por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primera de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba.
Celebrada la audiencia pública virtual el 02 de diciembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 46 a 47, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante ratificó los argumentos de su acción de libertad de manera íntegra; y ampliándolo señaló que: Se realizaron las notificaciones mediante órdenes instruidas de 25 de noviembre y 1 de diciembre del 2022, al Comandante Regional de Quillacollo de la Policía Boliviana, así como al “Director” del Centro Penitenciario de Quillacollo -demandados-, los cuales desobedecieron la orden judicial dispuesta por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primera de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba, señalando que su “cliente” -hoy solicitante de tutela- se encuentra indebidamente detenido conforme el art. 23 de la CPE, solicitó se conceda la acción de libertad y se dé cumplimiento a las Órdenes Instruidas.
Roberto Carlos Torres Cardozo, Director del Centro Penitenciario de Quillacollo, mediante informe escrito presentado el 2 de diciembre de 2022, cursante de fs. 34 a 35 indicó: El suscrito funcionario policial subsume sus actos velando el cumplimiento del deber de resguardo, el cual está supeditado a una cadena de mando, la falta de requisitos formales como la asignación de custodio no es atribución de este funcionario policial; asimismo, esta exigencia a efecto de materializar la salida del accionante del centro penitenciario forma parte de las condiciones impuestas en el auto de fecha 14 de noviembre, por tanto el funcionario solo cumplió su deber; debiendo denegarse la tutela respecto a su persona. Gilmar Armando Quilla Assaf, Comandante Regional de Quillacollo de la Policía Boliviana, en audiencia señaló: Solo tiene cuarenta efectivos policiales para custodios y veinte son relevos; manifestó que no tiene personal y que tiene que atender problemas sociales de la comunidad de Bruno Moco y Aguas Residuales; siendo este uno de los motivos por lo que no se puedo dar cumplimiento, pero esta en la predisposición de otorgar el custodio requerido. Indicó que el departamento de inteligencia tiene que constituirse al domicilio para ver las condiciones de habitabilidad para el custodio y si este domicilio tiene las condiciones; solicitando se rechace la tutela de acción de libertad.
El Juez de Sentencia Penal Cuarto de Quillacollo del departamento de Cochabamba, mediante Resolución 006/2022 de 02 de diciembre, cursante de fs. 48 a 51, concedió la tutela solicitada en relación a Gilmar Armando Quilla Assaf Comandante Regional de Quillacollo de la Policía Boliviana, y denegó la tutela respecto a Roberto Carlos Torres Cardozo Director del Centro Penitenciario de Quillacollo, con base en los siguientes fundamentos: 1) El Comandante Regional accionado, tiene conocimiento de la asignación de custodio policial mediante Orden Instruida emitido por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primera de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba, desde el 28 de noviembre de 2022, este presenta representación solicitando la modificación de la medida cautelar por una medida más benigna con controles esporádicos, por lo que dicho petitorio no puede ser considerado; toda vez que, el Comandante Regional de Quillacollo de la Policía Boliviana, no es parte del proceso y una modificación a una medida cautelar debe cumplir lo dispuesto por el procedimiento penal, sustanciarse en una audiencia pública, oral, continúa y contradictoria, conforme a la pretensión de las partes del proceso, es así que la resolución judicial es de cumplimiento obligatorio, no pudiendo cuestionar la orden dispuesta por autoridad jurisdiccional competente; 2) Asimismo, el demandado Roberto Carlos Torres Cardozo, como Director del Centro Penitenciario de Quillacollo, tiene un deber de resguardo, el cual está supeditado a una cadena de mando; por tanto la falta de requisitos formales como la asignación de custodios no es atribución de este funcionario policial; arguyendo que esta exigencia a efecto de materializar la salida del citado Centro Penitenciario forma parte de las condiciones impuestas en el Auto de 14 de noviembre de 2022; es decir, se determinó detención domiciliaria con custodio policial, por tanto, solamente cumplió con su deber, no pudiendo concederse la tutela respecto a este funcionario policial; 3) Las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0093/2012 de 19 de abril y 1233/2012 de 7 de septiembre, entre otras, señalan que la acción de libertad se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, todas aquellas solicitudes vinculadas con la libertad del imputado, en especial la cesación a la detención preventiva, debe ser tratadas con la debida celeridad; y, 4) El Comandante Regional de Policía de la localidad de Quillacollo, no obró de manera pronta y oportuna al designar el custodio policial, retardó su cumplimiento, por lo que la libertad no se materializó, asumiendo una actitud pasiva que derivó en una dilación indebida de derechos y garantías constitucionales del imputado, manteniéndolo detenido sin argumento legal a la presente fecha desde el 28 de noviembre del 2022 hasta el 2 de diciembre del presente año, por lo que la eficacia del cumplimiento o ejecución de las resoluciones es un derecho fundamental que emerge del derecho fundamental a la jurisdicción o acceso a la justicia constitucional consagrado en los arts. 115.I de la CPE; 8.1 y 25 de la CADH; y, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que se constituye en el derecho protector de los demás derechos, que implica, no solamente el acceso propiamente a la justicia constitucional sin obstáculos ni limitaciones carentes de justificación racional y razonable y lograr un pronunciamiento judicial.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. El 25 de noviembre de 2025, se emitió Orden Instruida por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primera de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba, disponiendo notificar al Director del Centro Penitenciario de Quillacollo, para que conduzca a su domicilio al imputado, Pastor Abdon Quinteros, al haberse ordenado su detención domiciliaria con custodio, notificado mediante cédula el 28 de noviembre de 2022 a horas. 14:45 (fs. 3 y 4). II.2. El 25 de noviembre de 2025, se emitió Orden Instruida por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primera de Sipe Sipe, disponiendo notificar al Comandante Regional de Policía de Quillacollo, para que solicite a la EPI del municipio de Sipe Sipe, asigne un custodio policial a objeto de dar cumplimiento con la detención domiciliaria del imputado Pastor Abdon Quinteros -accionante-; notificado mediante cédula el 28 de noviembre de 2022 a horas 11:25 (fs. 5 a 10). II.3. Nuevamente el 29 de noviembre de 2025, se emitió otra Orden Instruida emitida por la Jueza de la causa, disponiendo la notificación al Comandante Regional de Policía de Quillacollo, a objeto de que solicite a la EPI del Municipio de Sipe Sipe, que pueda asignar un custodio policial correspondiente a objeto de que pueda cumplir con la detención domiciliaria el imputado Pastor Abdon Quinteros -hoy impetrante de tutela- (fs. 11 a 12). II.4. Mediante representación de 29 de noviembre de 2022, el Comandante Regional de Policía de Quillacollo, Gilmar Armando Quilla Assaf, señaló que: “…para que ordene a la E.P.I., del Municipio de Sipe Sipe para que, pueda asignar un custodio policial para el imputado -solicitante de tutela-beneficiado con detención domiciliaria, puesto que en antecedentes no cursa croquis domiciliario mucho menos una dirección exacta del domicilio real donde va a pernoctar el imputado, por lo que solicitó a la Juez considerar la modificación de las medidas sustitutivas por supervisiones esporádicas (fs. 16). II.5. La Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primera de Sipe Sipe del mencionado departamento, por decreto de 29 de igual mes y año, señaló que por secretaría se extienda nueva comisión instruida en la que deberá consignar los datos de domicilio real del imputado Pastor Abdon Quinteros -peticionante de tutela-, notificando mediante cédula el 30 de noviembre de 2022, al Comandante Regional de Policía de Quillacollo (fs. 17 y vta.).
El accionante a través de su representante, denunció la vulneración de su derecho a la libertad, señalando que, por Auto de 14 de noviembre de 2022, goza de una medida cautelar menos gravosa a la detención preventiva, disponiendo su detención domiciliaria con custodio policial; empero, hasta el 28 de noviembre no puede efectivizarse esta salida por negligencia del Comandante Regional de Policía de Quillacollo y el Director del Centro Penitenciario de Quillacollo -demandados-. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señaló que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”.
A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R; la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir, que determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: “a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial (…); y, c) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia…”.
Complementando dicho entendimiento, la SCP 0188/2018-S2 de 14 de mayo, citando la SC 1349/2013 de 15 de agosto, mencionó que: “incluye dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en la ejecución inmediata de las decisiones jurisdiccionales, que dispongan detenciones domiciliarias o mandamientos de libertad, o cualquier demora en el diligenciamiento del cumplimiento eficaz de una decisión judicial, que implica una afectación del derecho a la libertad; el cual podrá ser tutelado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.
En este entendido, se tiene que la acción de libertad expeditiva o de pronto despacho, en una interpretación evolutiva del art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE), tiene la finalidad de tutelar una garantía sustantiva y esencial, como es la celeridad procesal vinculada a la libertad física o de locomoción. Por lo que, en una interpretación acorde con el bloque de constitucionalidad imperante y en el marco del objeto de protección de la denominada acción de libertad expeditiva o de pronto despacho; es preciso establecer que la activación de este mecanismo tutelar, para su eficacia, no necesita el agotamiento previo de mecanismos intraprocesales de defensa y puede ser interpuesta de manera directa por los afectados o cualquier persona a su nombre, cuando su libertad física o de locomoción se encuentre afectada por dilaciones indebidas, provocadas por autoridades públicas o particulares”.
Al respecto, la SCP 0188/2018-S2 de 14 de mayo, manifestó que: “Si bien la medida cautelar de detención domiciliaria tiene algún elemento en común con la preventiva, de ningún modo, una y otra pueden equipararse; de hecho, tal como está regulada en nuestra legislación procesal penal, la primera, no aparece como una forma de detención preventiva, sino, como una medida sustitutiva a ésta. Por lo que, ambas medidas tienen en común, la restricción de la libertad y se muestran como cautelares, que ayudan a la consecución de la finalidad del proceso penal; sin embargo, esas semejanzas no alteran el hecho de ser distintas, pues no pueden equipararse en sus efectos personales ni en el análisis de las condiciones de procedencia.
Si bien ambas medidas cautelares afectan la libertad de locomoción del individuo, lo hacen en intensidades distintas; pues, la detención domiciliaria es una medida alternativa a la detención preventiva, cuando no concurrieron los requisitos exigidos por el art. 233 del Código Procesal Penal (CPP) para disponerla. No cabe duda que la libertad del individuo se resiente más, cuando se dispone su procesamiento con mandato de prisión preventiva, que cuando se la restringe con detención domiciliaria.
La detención domiciliaria supone una intromisión menos grave a la libertad; pues, resulta una menor carga psicológica, no siendo lo mismo, permanecer por disposición judicial en el domicilio, que en prisión. En definitiva, tal como están reguladas tanto la detención domiciliaria como la preventiva, aun cuando comparten la condición de medidas cautelares personales, son supuestos distintos en lo que a su incidencia sobre el derecho a la libertad personal respecta. En ese sentido, la demora en sustituir la medida cautelar de detención preventiva por la domiciliaria, dispuesta por la autoridad judicial, vulnera el derecho a la libertad.
En ese sentido, cabe mencionar que la SCP 0702/2012 de 13 de agosto estableció que el cumplimiento de la aplicación de la medida sustitutiva de detención domiciliaria por parte de una autoridad policial, no debe justificarse por falta de personal; entendiendo que el ejercicio de los derechos no puede supeditarse a la disponibilidad de recursos económicos ni materiales del Estado; al respecto, en el Fundamento Jurídico III.2, refiere:
Asimismo, el ejercicio de los derechos puede requerir de ciertas condiciones materiales, pero estas no pueden constituir un obstáculo, ello porque el Estado boliviano tiene el deber de adoptar las medidas que sean necesarias para efectivizar los derechos, así el art. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ( CADH), determina que: ‘Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades’, deber que alcanza entonces a medidas administrativas, presupuestarias, de asignación de recursos humanos, entre otras.
Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia de 6 de mayo de 2008, dentro del caso Yvon Neptune vs. Haití se sostuvo: “es jurisprudencia de este Tribunal que las condiciones en las cuales se encuentra un país, no importa cuán difíciles sean éstas, no son causas de justificación para que los estados Parte en la Convención Americana estén liberados de cumplir con las obligaciones consagradas en ella’ y en la sentencia de 3 de abril de 2009 dentro del caso Kawas Fernández vs. Honduras, señaló: ‘…los estados no pueden invocar privaciones económicas para justificar condiciones de detención que no cumplan con los estándares mínimos internacionales en esta área y no respeten la dignidad del ser humano”.
En este contexto, excusar el cumplimiento de condiciones mínimas para el ejercicio de los derechos bajo el alegato de la falta de recursos económicos de un sector poblacional, como lo es la privada de libertad implicaría dispensar el ejercicio de los otros derechos con el mismo razonamiento por ejemplo los derechos de la personas adultas mayores, los derechos de los niños, los derechos de las personas con discapacidad, etc. aspecto que resulta intolerable en un “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario…” (art. 1 de la CPE).
Finalmente, sostener que los derechos prestacionales y el establecimiento de las condiciones materiales para el ejercicio de los derechos en su generalidad vía justicia constitucional no es nuevo sino que en el marco de una Constitución incluso menos garantista se efectuó por el Tribunal Constitucional en casos de personas que requerían hemodiálisis (SSCC 433/2000-R, 26/2003-R y 1294/2004-R, entre otras), previendo el legislador constituyente en el nuevo marco constitucional incluso acciones constitucionales específicas para efectivizar las condiciones y realizar la normativa constitucional y legal como son las acciones de cumplimiento y la acción popular.
Dicho entendimiento fue reiterado por la SCP 0154/2016-S1 de 1 de febrero, indicando que la carencia de efectivos policiales, no se encuentra determinada como causal para la no ejecución de un mandamiento de libertad o para la demora en su efectivización; más aún, cuando el solicitante de tutela fue beneficiado con medidas sustitutivas a la detención preventiva.
En similar sentido, la SCP 1275/2013 de 2 de agosto, que en un caso similar concedió la tutela solicitada, exhortó al Ministerio de Gobierno y a la Dirección General de Régimen Penitenciario, que en un plazo razonable realice los estudios necesarios para la implementación de mecanismos de soporte tecnológico, para la efectiva aplicación de las medidas sustitutivas de la detención preventiva”.
El accionante denuncia la vulneración de su derecho libertad, alegando que el Comandante Regional de Policía de Quillacollo y el Director del Centro Penitenciario de Quillacollo -ahora demandados- no dieron cumplimiento oportuno al Auto de 14 de noviembre de 2022, emitido por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primera de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba, en sentido de asignarle un custodio, para que se haga viable la detención domiciliaria dispuesta.
De los antecedentes, tenemos que el ahora accionante tras haber sido favorecido con la detención domiciliaria, cumplió con los requisitos establecidos en el citado Auto; sin embargo, en el trámite para hacer efectiva esta medida dispuesta a su favor, el -codemandado-, emitió un informe señalando que en antecedentes no cursa croquis domiciliario mucho menos una dirección exacta del domicilio real donde va a pernoctar el imputado -accionante-, por lo que solicitó a la Jueza de la causa considerar la modificación de las medidas sustitutivas por supervisiones esporádicas, generando que la Jueza, emitiera nuevo decreto de 29 de noviembre de 2022, señalando que se extienda nueva Comisión Instruida en la que deberá consignar los datos de domicilio real del imputado, sin tenerse respuesta alguna hasta la presentación de la presente acción tutelar (Conclusión II.4 y Conclusión II.5).
Del análisis de los antecedentes, se puede evidenciar que Comandante Regional de Policía de Quillacollo, ahora codemandado, incumplió con la determinación judicial que ordenaba el cumplimiento del mandamiento de detención domiciliaria con custodio policial, justificando su omisión, en el hecho de carecer de efectivos policiales suficientes. Al efecto, debe tenerse en cuenta que el Estado, a través de los funcionarios encargados de la ejecución de las disposiciones judiciales, no puede vulnerar derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado, con el argumento de falta de personal, en todo caso, debe prever estas situaciones, en resguardo de los derechos y garantías de las personas privadas de libertad, cabe hacer notar que la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primera de Sipe Sipe del mencionado departamento, emitió el mandamiento de detención domiciliaria con custodia policial, conminando su observancia a cualquier autoridad policial no impedida, para ejecutarlo inmediatamente y se encuentren cumplidas las exigencias impuestas al ahora impetrante de tutela; pues, su dilación conlleva a la vulneración de derechos fundamentales; en ese sentido, la jurisprudencia constitucional señaló de manera reiterada, que los servidores públicos deben cumplir sus tareas con agilidad y mayor prontitud (Fundamento Jurídico III.1), más aún, cuando hay una orden judicial expresa para la efectivización de un mandamiento de detención domiciliaria con escolta, dado que está íntimamente ligado con el derecho a la libertad, como se explicó en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Resolución constitucional. De acuerdo a la prueba aportada y considerada en Conclusiones del presente fallo constitucional; el Comandante Regional de Policía de Quillacollo, el 25 de noviembre de 2022, recibió la Orden Instruida de la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primera de Sipe Sipe de dicho departamento, mediante la cual solicita se asigne un custodio policial para dar cumplimiento de la detención domiciliaria de Pastor Abdon Quinteros -ahora impetrante de tutela-, el cual debió ser acatado; sin embargo, pese a conocer tal situación, la advertencia de existir responsabilidad sobreviniente en caso de incumplimiento y estar vinculado el derecho a la libertad del accionante, omitió dar cumplimiento. Respecto al demandado Roberto Carlos Torres Cardozo, Director de Centro Penitenciario de Quillacollo; se evidenció que, conforme a la asignación de funciones de su cargo, no tiene la atribución de asignar custodios policiales en este tipo de detenciones domiciliarias; por lo que, se deniega la tutela contra su persona. Conforme a los razonamientos expresados precedentemente, al tratarse de una pretensión relacionada con el derecho a la libertad, la autoridad demandada tenía el deber de observar su agilidad y concreción, sin que se pueda alegar la falta de personal como un impedimento para materializar la detención domiciliaria con custodia policial, en consideración y aplicación de lo establecido por la jurisprudencia constitucional en casos análogos; por lo que, corresponde conceder la tutela impetrada. Consecuentemente, el Juez de garantías al haber concedido en parte la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 006/2022 de 2 de diciembre, cursante de fs. 48 a 51, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de Quillacollo, del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos expresados por el citado Juez. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0511_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 342a1728ef4b6c0e6d12518bc292c084fde3cf24ff26d7bb4b5130f862e7cee4
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