Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 17 de julio de 2024
Concede en parte la tutela
Las accionantes a través de su representante legal denuncian la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social, al principio de seguridad jurídica, a la legalidad y al estado de derecho; puesto que COSSMIL, asumió medidas de hecho suspendiéndoles del Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias dispuestos mediante Resoluciones 108/10 y 109/10 ambas 3 de septiembre de 2010, ya que padecen de una enfermedad multidisciplinaria que con el transcurso de los años afecta su sistema inmunológico, causando nuevas enfermedades e infecciones llamadas oportunistas que aprovechan esa condición para atacar y desarrollarse, encontrándose plenamente vigente a la fecha y solo con el pretexto del cumplimiento de requisitos de orden administrativo reglamentario para la renovación del Carnet del Seguro Vitalicio. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 114/2022 de 26 de julio, cursante de fs. 242 a 248 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada disponiendo que la Corporación del Seguro Social Militar:
a) Deje sin efecto las medidas de hecho que dieron origen a las Notas Stria. Gral. RSC 028/22 y Stria. Gral. RSC 029/22 ambas de 1 de febrero de 2022, que dispusieron la suspensión del Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias de la Corporación del Seguro Social Militar y como efecto restituyan de manera inmediata los servicios de salud que comprende el referido Seguro en favor de María Ángeles y María Aracely ambas de apellidos Rodríguez Soliz.
b) Se abstenga de nuevas suspensiones emergentes de medidas de hecho, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto al pago de daños y perjuicios, e imposición de costas, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0511/2024-S3 Sucre, 17 de julio de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 51186-2022-103-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 114/2022 de 26 de julio, cursante de fs. 242 a 248 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carmen del Rosario Rodríguez Soliz en representación legal de María Ángeles y María Aracely ambas de apellidos Rodríguez Soliz contra Raúl Vicente Burgos Pérez, Agente Macro Regional de la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL) Santa Cruz.
Las accionantes a través de su representante legal por memoriales presentados el 5 y 11 de julio de 2022, cursantes de fs. 98 a 110 y 115 a 116 vta., manifestaron lo siguiente:
La Junta Médica de 30 de mayo de 2010 y los Informes 02/10 y 03/10 ambos de 14 de junio de 2010, emitidos por la Trabajadora Social de COSSMIL, para las pacientes María Ángeles y María Aracely ambas de apellidos Rodríguez Soliz, -gemelas- que fueron diagnosticadas a los nueve años de edad, con nefropatía hereditaria, cuyo origen es la enfermedad de base denominada hematuria microscópica idiopática, TB latente e hipersensibilidad Tipo I, con antecedente de fallecimiento del padre, con un cuadro clínico de insuficiencia renal crónico terminal, por lo que la referida Junta Médica estableció: ʽ“La recomendación en esta Glomerulopatía de base hereditaria -Hematuria benigna familiar, con enfermedad basal delgada a diagnosticar anatomopatológicamente, con importante posibilidad de complicación a la insuficiencia renal terminal y otras enfermedades. En este caso intervienen varias especialidades médicas, conforme a los informes de salud proporcionados anteriormente y el cuadro clínico que manifiestan las pacientes; la institución debe considerar la vigencia permanente del seguro de forma general y amplia (Seguro Vitalicio)…”ʹ (sic). El Informe Médico de 8 de abril de 2009, emitido por la Jefa de la Unidad de Hemodiálisis del Hospital de Clínicas de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, respecto a la paciente María Aracely Rodríguez Soliz, señala que: “ʽ…debido a que no existe un tratamiento específico para esta enfermedad, requieren de controles por nefrología cada 6 meses durante su vida”ʹ (sic). Los Informes Médicos 21/2009 y 22/2009 ambos de 20 de mayo, emitidos por el Auditor Médico y Evaluador Médico del “INASES” para María Ángeles y María Aracely ambas de apellidos Rodríguez Soliz, respectivamente, son coincidentes con los Informes de la Junta Médica que establecieron: “ʽRECOMENDACIONES: La enfermedad de base: glomerulopatia de base hereditaria- hematuria benigna familiar, con enfermedad de membrana basal delgada a diagnosticar anatomopatológicamente, con importante posibilidad de complicación a la insuficiencia renal terminal, la institución debe considerar el reconocimiento al seguro vitalicio en cumplimiento a los derechos inalienables de proteger la vida y la salud consagrados en la Constitución Política del Estado”ʼ (sic). En atención a los antecedentes, el Comité de Prestaciones de Salud de COSSMIL, mediante Resoluciones 108/10 y 109/10 ambas de 3 de septiembre de 2010 de COSSMIL, resolvieron otorgar el Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias en favor de su personas, que en ese entonces tenían veintidós años de edad, al considerar que la enfermedad que padecen es multidisciplinaria y que a medida que transcurren los años se verán afectadas en su sistema inmunológico padeciendo otras enfermedades a infecciones llamadas oportunistas, que aprovechan esta condición del organismo para atacar y desarrollarse. En ese entendido, se vieron beneficiadas con el Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias de COSSMIL, constituyéndose en un derecho adquirido. Como se tiene previsto en los Informes Médicos 21/2009 y 22/2009 y en las Resoluciones 108/10 y 109/10, ambas desarrollaron lupus eritematoso sistémico, nefropatía lúpica, neuro lupus, resistencia a la insulina, urticaria atópica y pérdida auditiva, conforme se evidencia de los Informes Médicos de COSSMIL de 8 de diciembre de 2021 y de 14 de igual mes y año. Esas enfermedades deterioraron considerablemente su salud; por lo que requieren de tratamiento de por vida; debido a su condición deben recibir atención médica y tratamiento mensual, con medicamentos de alto costo que el Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias de COSSMIL les cubría, como se puede evidenciar de las recetas médicas correspondientes de “diciembre” de 2021. En “enero” de 2022, se presentaron a dependencias del seguro médico de COSSMIL Santa Cruz, con el propósito de sacar fichas para su atención médica y recoger su medicación mensual; sin embargo, grande fue su sorpresa, cuando les informaron que no podían obtener sus fichas para ninguna especialidad ni recabar su medicación, porque su Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias de COSSMIL feneció. Teniendo presente que dicho Seguro no puede fenecer y se extingue con el fallecimiento del beneficiario, por lo que buscaron información en la propia entidad, sin recibir una respuesta coherente. El 28 de enero de 2022, presentaron dos notas ante la oficina de COSSMIL Santa Cruz, haciéndoles conocer que era de vital importancia que se les suministren la medicación requerida, de continuar su suspensión, se ponía en riesgo sus vidas; puesto que, sus enfermedades no tienen cura; por lo que solicitaron certificados e informes de los motivos o causas que les impedían hacer uso del al Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias de COSSMIL. En respuesta el Agente ahora accionado, emitió lo siguiente: a) Nota Stria. Gral. RSC 028/22 y Stria. y Nota Gral. RSC 029/22 ambas de 1 de febrero de 2022, dirigidas a sus personas receptivamente, con el mismo texto, “ʽ…ha sido elevada a la Gerencia de Seguros ʽCOSSMILʼ La Paz, para su correspondiente CERTIFICACION”ʹ (sic); y, b) Respecto al Carnet de Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias de COSSMIL con el que cuentan, debían efectuar los trámites correspondientes para su renovación, para tal efecto adjuntar los requisitos exigidos por la Gerencia de Salud, para que sea aprobado mediante resolución por el Comité de Prestaciones de Salud. Asimismo se adjuntaron una serie de requisitos para actualizar el Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias de COSSMIL, que requieren la realización del trámite cumplido el 2010, es decir nuevamente, lo cual es de imposible cumplimiento; puesto que, exigen un informe médico de especialidad médica -médico COSSMIL- de los últimos tres meses; empero, cuando solicitaron la ficha para su atención, les fue negada con el pretexto de que ya no cuentan con el Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias de COSSMIL, y se les exigió una cédula de discapacidad del Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (CONALPEDIS), al respecto su personas no son discapacitadas, sino que sufren de una enfermedad crónica, hereditaria, autoinmune que no tiene cura y que requieren tratamiento de por vida. Por los Certificados Médicos de 17 de junio de 2022, emitidos para sus personas, respectivamente, que refiere de manera textual: “ʽ…se sugiere el seguimiento por la especialidad, en el contexto de un mejor control, puesto que depende su vida y estabilidad de la enfermedad, sus complicaciones sistémicas con equipo multidisciplinario (…)”ʼ (sic).
Debido al corte arbitrario, unilateral, ilegal, sin previo aviso ni comunicación, se suspendió sus seguros de salud, evitándoles el acceso al tratamiento que requieren de por vida, viéndose impedidas para acudir a la atención médica del Seguro Social de COSSMIL, poniendo en peligro sus vidas y siendo “a la fecha” -se entiende de interposición de esta acción de defensa- su pronóstico reservado; por lo que, su hermana -representante legal- se vio en la necesidad de cubrir esos enormes gastos; empero, por la situación económica precaria de la misma, a los muchos requerimientos médicos de sus personas -accionantes- ya que los ingresos como Oficial de Registro Civil apenas alcanzan para sus necesidades básicas del hogar, tomando en cuenta que sus personas como hermanas gemelas son totalmente dependientes de su referida representante legal. Razón por la cual se vieron obligadas en acudir a la acción de amparo constitucional para la defensa y salvaguardar sus derechos y garantías.
Las accionantes a través de su representante legal denuncian la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social, al principio de seguridad jurídica, a la legalidad y al estado de derecho; citando al efecto los arts. 15.I, 18 y 45 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitan se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: 1) Se anulen las ilegales y arbitrarias Notas Stria. Gral. RSC 028/22 y Stria. Gral. RSC 029/22 ambas de 1 de febrero de 2022, de retiro o suspensión del Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias de COSSMIL y la inmediata reactivación del Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias de COSSMIL en favor de sus personas; 2) La disposición de abstenerse de suspenderlo nuevamente; y, 3) El pago de daños y perjuicios causados, y la imposición de costas.
Celebrada la audiencia virtual el 26 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 231 a 242, se produjeron los siguientes actuados:
Las accionantes a través de su representante legal y su abogado, en audiencia, ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo, manifestaron que: i) Se encuentran ante una determinación arbitraria y abusiva de COSSMIL que comunicó la suspensión de la cobertura de su Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias de COSSMIL, respecto al cual se tendría que agotar los recursos; empero, debido al riesgo irreparable o perjuicio irremediable vinculados al derecho a la vida de sus personas, y el peligro de muerte; puesto que, su padre falleció por la enfermedad de insuficiencia renal terminal crónica que es la que afecta también a sus personas; por lo que de manera excepcional se activó directamente la acción de amparo constitucional, debido a la inexistencia de otro medio de protección inmediata; ii) Por la actuación oficiosa y sorpresiva de COSSMIL, para dejarles sin cobertura médica de salud desde “enero” de 2022, sin ninguna comunicación e indicando que se tiene que renovar el carnet del Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias de COSSMIL bajo el pretexto que se debe cumplir el reglamento y que se suprimieron los seguros de vida a nivel general como fueron informadas en ventanilla, cuando COSSMIL ya no tenía competencia para dejar sin efecto, revocar o declarar la nulidad de las Resoluciones 108/10 y 109/10, por las que les otorgaron el Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias de COSSMIL, incumplimiento la prohibición de irrevocabilidad o de anular de oficio actos administrativos que otorgan derechos; iii) María Ángeles y María Aracely ambas de apellidos Rodríguez Soliz, el 25 de julio de 2022, de 15:04 a las 15:45 horas, con su número de Matrícula MAT. B. 86-5616-RSM y MAT. B. 86-5616-RSM respectivamente, ingresaron a la página virtual de COSSMIL con el propósito de obtener una cita médica; empero, no pudieron acceder a la misma, el mensaje que recibieron fue que deben ingresar una matrícula válida; iv) En ningún momento se refirieron a discapacidad, ni los informes médicos se describieron a discapacidad, de modo que la norma que leyeron y pretenden aplicar a la disminución o incremento de discapacidad, no es aplicable a ese caso, lo que sus personas tienen es una enfermedad crónica y terminal, no es discapacidad; por lo que, los supuestos requisitos; además, de ser impertinentes son de imposible cumplimiento, debido a que a los enfermos crónicos y terminales como los enfermos de cáncer, renales y terminales, no se les otorga ningún carnet de discapacidad, ya que corresponden a otro régimen; por lo que, no se acogerán a ningún trámite de revalidación cada dos años; y, v) Desde “enero” de 2022, se materializó una suspensión de hecho, sin ninguna comunicación expresa de una decisión de fondo de COSSMIL, en los oficios que se impugnan refieren que se debe efectuar una renovación, para que sea aprobado mediante una nueva resolución con el comité de prestación; sin embargo, se renueva lo que está caduco y si amerita una nueva resolución significa que la anterior resolución ya no se encuentra en vigencia, en tres líneas de la notas impugnadas, prácticamente se dejó sin efecto y eficacia las Resoluciones 108/10 y 109/10, por las que les otorgaron el Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias de COSSMIL.
Raúl Vicente Burgos Pérez, Agente Macro Regional de COSSMIL Santa Cruz, en audiencia a través de su abogado manifestó que: a) La presente acción de amparo constitucional incumple con los requisitos de admisibilidad; puesto que, se cuestionan dos Notas Stria. Gral. RSC 028/22 y Stria. Gral. RSC 029/22, ambas de 1 de febrero de 2022, que son simples notas o actos de comunicación que hacen referencia a la renovación del carnet del Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias de COSSMIL con el que cuentan, en respuesta a las referidas notas presentadas, su autoridad; señaló que no tiene competencia, facultad para establecer la anulación de algún acto administrativo o que cierto carnet quede sin vigencia, esa decisión fue asumida en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, que se encuentra a cargo de un Órgano Colegiado del Departamento de Seguros, ya que ni el Gerente General de COSSMIL se encuentra dentro de ese Órgano Colegiado y no constituyen actos administrativos como toda declaración, disposición o decisión de la administración pública; b) No existe un acto o disposición ilegal, es el Departamento de Seguros, el órgano encargado de disponer cualquier acto administrativo en materia de seguros de afiliación y desafiliación conforme a la Ley de Seguridad Social Militar (LSSM) -Decreto Ley 1191 de 21 de octubre de 1974-; por lo que “…el agente regional de la macro regional COSSMIL Santa Cruz no forma parte ni del órgano colegiado del departamento de salud ni del departamento de seguros, entonces las notas que la parte accionante ha identificado como supuestos actos vulneratorios, solamente son actos de comunicación…” (sic); c) Si en la presente acción de amparo constitucional se dejan sin efecto las Notas Stria. Gral. RSC 028/22 y Stria. Gral. RSC 029/22, no tendrá ninguna relevancia constitucional, porque los funcionarios de la Macro Regional de COSSMIL Santa Cruz, simplemente cumplieron con los actos de mera comunicación y no son actos administrativos; por lo que no cometieron ningún acto vulneratorio y la acción de amparo constitucional debía ser interpuesta contra quienes cometieron la vulneración de derechos fundamentales; d) El art. 13 del Reglamento de Prestaciones de Salud de COSSMIL, establece que el Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias debe ser renovado cada dos años, lógicamente una discapacidad podría disminuir o podría incrementarse, no obstante el Reglamento de Afiliaciones y Desafiliaciones de COSSMIL, en vigencia por Resolución 23/2020 de 5 de noviembre, establece que el seguro vitalicio de salud por discapacidad, es otorgado a las personas que lo requieran, siempre y cuando, realicen su actualización cada dos años y en el presente caso no se efectuó su actualización; e) La Macro Regional de COSSMIL Santa Cruz, no efectuó modificación o anulación de ninguna Resolución de 2010, en la que se dispuso el beneficio del Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias de COSSMIL en favor de las accionantes, simplemente se solicitó el cumplimiento del Reglamento; f) Agregó “…nosotros nos encontramos prestos en cualquier circunstancia para colaborar a la hoy accionantes debido a su estado delicado de salud para que se agilicen los trámites correspondientes, para que se realicen los tramites, las verificaciones en la Agencia Regional de la ciudad de Santa Cruz a efectos de que podamos renovar nuevamente el carnet…” (sic); g) La autoridad competente para dilucidar si lo que padecen las accionantes merece algún grado de discapacidad, no son los abogados ni la autoridad judicial en la presente causa, entonces claramente se evidenció que se está ante hechos controvertidos que la jurisdicción constitucional no puede dilucidar; por lo que el Tribunal Constitucional Plurinacional solo protege derechos consolidados; y, h) El Jefe del Departamento de Afiliación de COSSMIL, mediante Nota 62/22 de 14 de febrero de 2022, refirió que “En atención a oficios secretaria general tengo a bien informar referente a la baja de las beneficiarias María de los Ángeles Rodríguez Solíz y María Aracely Rodríguez Soliz, que de acuerdo a reglamento de afiliación y desafiliación COSSMIL de la gestión 2020 (…) solicito que las interesadas cumplan con los requisitos indicados en la normativa vigente, asimismo presente en el carnet de invalidez…” (sic). Por lo expuesto, piden se deniegue la tutela solicitada.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 114/2022 de 26 de julio, cursante de fs. 242 a 248 vta., concedió la tutela solicitada de manera provisional, disponiendo que: 1) De manera inmediata se proceda a la restitución y reactivación del Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias de COSSMIL en favor de las accionantes, así como la atención médica requerida, debiendo garantizar la continuidad del tratamiento de la enfermedad que padecen; 2) Se deja sin efecto las Notas Stria. Gral. RSC 028/22 y Stria. Gral. RSC 029/22, emitidas por el Agente ahora accionado; y, 3) El abogado o representante legal de COSSMIL que intervino en la audiencia de consideración de esta acción de defensa, comunique de manera inmediata ante la respectiva Comisión de la Gerencia Nacional de COSSMIL, esa determinación a efectos que de manera pronta habilite la posibilidad que las accionantes puedan acceder al servicio continuo de salud que presta COSSMIL. Todo ello bajo los siguientes fundamentos: i) La existencia de las Resoluciones 108/10 y 109/10, por las que el Comité de Prestaciones de Salud de COSSMIL resolvieron otorgar a las accionantes el Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias de COSSMIL, sustentado en informes médicos de auditoria médica del Institutito Nacional de Salud, Informes Médicos del Hospital de Clínicas de La Paz, entre otros, al considerar que las enfermedades que padecen es multidisciplinaria y con el transcurso de los años afectará su sistema inmunológico, padeciendo nuevas enfermedades e infecciones oportunistas, que aprovechan estas condiciones del organismo para atacar y desarrollarse, constituyen hechos incontrovertibles; ii) No obstante al encontrarse vigente las citadas Resoluciones, pudieron apreciar en audiencia que al ingresar a la página web de COSSMIL las accionantes no pudieron obtener servicio, recibiendo el mensaje de que deben ingresar una matrícula válida; por lo que se desconoce quién autorizó u ordenó la mencionada restricción, razón por la cual se torna en medida de hecho; iii) Mediante Notas de Stria. Gral. RSC 028/22 y Stria. Gral. RSC 029/22, con similar contenido, el Agente ahora accionado hizo conocer que la solicitud de las accionantes fue elevada a la Gerencia de Seguros COSSMIL La Paz, para su certificación respecto a los motivos de por qué no pueden hacer uso del Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias y respecto al carnet del referido Seguro deben realizar trámites para su renovación, haciendo conocer los requisitos exigidos por la Gerencia de Salud, aprobados por Resolución del Comité de Prestaciones de Salud; iv) Sin embargo, las exigencias de índole administrativo no pueden condicionar las prestaciones en salud, los servicios médicos, más aun si los mismos deben ser continuos, porque pueden provocar un daño irreparable a las accionantes en su salud, incluso en su vida, tomando en cuenta que las Resoluciones que otorgaron el Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias de COSSMIL se encuentran vigentes, no fueron dejados sin efecto por autoridad competente; v) El Agente hoy accionado condicionó a aspectos netamente administrativos las prestaciones en servicios de salud en favor de las accionantes para el tratamiento de sus enfermedades crónicas que padecen, de conocimiento de COSSMIL; puesto que, cuenta con el historial médico de las nombradas, afectando su derecho a la salud, correspondiendo la restitución inmediata del Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias de COSSMIL, la continuidad de la atención médica y el tratamiento de sus enfermedades que les aqueja, hasta que sea una resolución debidamente ejecutoriada, deje sin efecto las mencionadas Resoluciones 108/10 y 109/10; y, vi) No obstante que la imposición de costas se encuentran previstas por el Código Procesal Constitucional, es una facultad potestativa otorgada a la jurisdicción constitucional y bajo dicha permisibilidad procesal, la pretensión no se asume por conveniente. En vía de aclaración, complementación y enmienda, el Agente ahora accionado a través de su representante legal manifestó a la Sala Constitucional que COSSMIL siempre se caracterizó por velar por los derechos de sus asegurados, en ese entendido dicha Sala modificó el objeto procesal constitucional a la existencia de medidas de hecho, por esa razón la tutela es provisional sin que el Agente hoy accionado haya vulnerados derechos y que con la Resolución 114/2022 debe comunicarse a la “Gerencia de COSSMIL” para que se cumpla de manera inmediata, para lo cual solicitó se emita “…hasta el día de mañana se emita la resolución constitucional por escrito…” (sic) y se otorgue tres copias legalizadas para su remisión a las autoridades pertinentes. En mérito a esa solicitud, la Sala Constitucional señaló que las resoluciones de la acción de amparo constitucional son de cumplimiento inmediato a cuyo efecto elabórese un oficio para que sea de conocimiento del Directorio del Seguro de COSSMIL para su cumplimiento inmediato y sea bajo su responsabilidad en caso de incumplimiento.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. A través del Comité de Prestaciones de Salud se emitieron las siguientes disposiciones: a) Resolución 108/10 de 3 de septiembre de 2010, que resolvió declarar procedente la solicitud de concesión del Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias en favor de la beneficiaria María Ángeles Rodríguez Soliz -ahora accionante-, con Matrícula MAT. B. 86-5616-RSM, al considerar que la enfermedad que padece es multidisciplinaria y que a medida que transcurran los años se verá afectada su sistema inmunológico padeciendo otras nuevas enfermedades e infecciones llamadas oportunistas que aprovechan esta condición del organismo para atacar y desarrollarse; el Departamento de Afiliación en coordinación con el Departamento de Vigencia de Derechos del Hospital Militar Central, quedan encargados del cumplimiento de esa Resolución (fs. 31 a 37); y, b) Resolución 109/10 de igual fecha, que resolvió declarar procedente la solicitud de concesión del Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias en favor de la beneficiaria María Aracely Rodríguez Soliz -ahora coaccionante-, con Matrícula B 86-5616-RSM, al considerar que la enfermedad que padece es multidisciplinaria y que a medida que transcurran los años se verá afectada su sistema inmunológico padeciendo otras nuevas enfermedades e infecciones llamadas oportunistas que aprovechan esta condición del organismo para atacar y desarrollarse; el Departamento de Afiliación en coordinación con el Departamento de Vigencia de Derechos del Hospital Militar Central, quedan encargados del cumplimiento de esa resolución (fs. 38 a 44). II.2. Cursan Notas de 28 de enero de 2022, dirigidas al Gerente Regional de COSSMIL Santa Cruz, por las cuales las accionantes, respectivamente solicitaron certificación e informe respecto al motivo por el que no pueden hacer uso del Seguro Médico de COSSMIL y pidieron una pronta respuesta, ya que se encuentran privadas del uso del mismo, tomando en cuenta la nueva ola de contagios de Coronavirus (COVID-19) y recordándoles que pertenecen a un grupo de riesgo por tener enfermedades de base -ambas notas con el idéntico contenido-, recibidas en la misma fecha (fs. 51 y 52); en respuesta, Raúl Vicente Burgos Pérez, Agente Macro Regional de COSSMIL Santa Cruz -ahora accionado-, emitió las siguientes Notas: 1) Stria. Gral. RSC 028/22 de 1 de febrero de dicho año; y, 2) Stria. Gral. RSC 029/22 de igual fecha, dirigidas a las accionantes, respectivamente, con idéntico contenido, alegando conocer sus Notas de 28 de enero de igual año, por las que solicitaron los motivos por los que no pueden hacer uso del Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias de COSSMIL, y comunicó que dichas Notas fueron remitidas a la Gerencia de Seguros COSSMIL La Paz para su correspondiente certificación; asimismo, respecto al Carnet de Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias de COSSMIL, informó que deben efectuar los trámites correspondientes para su renovación adjuntando los requisitos exigidos por la Gerencia de Salud de esa entidad para que “…sea aprobado mediante Resolución por el Comité de Prestaciones de Salud” (sic [fs. 53 a 55]).
Las accionantes a través de su representante legal denuncian la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social, al principio de seguridad jurídica, a la legalidad y al estado de derecho; puesto que COSSMIL, asumió medidas de hecho suspendiéndoles del Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias dispuestos mediante Resoluciones 108/10 y 109/10 ambas 3 de septiembre de 2010, ya que padecen de una enfermedad multidisciplinaria que con el transcurso de los años afecta su sistema inmunológico, causando nuevas enfermedades e infecciones llamadas oportunistas que aprovechan esa condición para atacar y desarrollarse, encontrándose plenamente vigente a la fecha y solo con el pretexto del cumplimiento de requisitos de orden administrativo reglamentario para la renovación del Carnet del Seguro Vitalicio. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La acción de amparo constitucional prevista por el art. 128 de la CPE, es una de las acciones de defensa para la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, contra actos u omisiones indebidas de servidores públicos y personas particulares que restrinjan o supriman o amenacen restringir o suprimir derechos fundamentales o garantías constitucionales. En ese marco la jurisprudencia constitucional razonando sobre su naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional expresó que esta acción de defensa se configura como una garantía jurisdiccional extraordinaria, de tramitación especial y sumarísima para la restitución o restablecimiento de los derechos fundamentales o garantías constitucionales cuando están restringidos, suprimidos o amenazados por servidores públicos o personas físicas o jurídicas; en otros términos, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, busca el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados. Constituye la acción de defensa más amplia en cuanto al alcance de su ámbito de tutela y protección de derechos fundamentales y garantías constitucionales en el marco de los valores y principios establecidos en la Constitución Política del Estado.
1 El art. 128 de la CPE, expresamente establece: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley” (las negrillas no pertenecen). 2 Respecto a la naturaleza de la acción de amparo constitucional, la SCP 1476/2012 de 24 de septiembre, expresó textualmente que: “La acción de amparo constitucional, se configura como una garantía jurisdiccional extraordinaria, de tramitación especial y sumarísima, que tiene por objeto la restitución o restablecimiento de los derechos fundamentales, consagrados en la Constitución Política del Estado, cuando éstos son restringidos, suprimidos o amenazados por parte de particulares o funcionarios públicos y siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para su protección…” (las negrillas son nuestras), confirmada por la SCP 0415/2013 de 3 de junio, mediante su cita textual. 3 La SCP 0132/2012 de 4 de mayo, expresó que la acción de amparo constitucional: “…establece un procedimiento de protección cuyo objeto es el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, frente a situaciones de lesión provenientes de la acción u omisión de servidores públicos o particulares; siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida” (las negrillas son añadidas). 4 La SCP 0046/2012 de 26 de marzo, estableció respecto al objeto de protección de la acción de amparo constitucional que: “Se constituye entonces en una de las acciones de defensa más amplia en cuanto al alcance de su ámbito de tutela y protección de derechos, rigiendo para su interposición, los principios de inmediatez y subsidiariedad, conforme lo establece el art. 129 de la Ley Fundamental; denotándose de la naturaleza de esta acción su objeto de protección y resguardo de derechos en el marco de los valores y principios ético-morales establecidos en la Constitución Política del Estado, contribuyendo desde la justicia constitucional a efectivizar y materializar esos Esta acción de defensa se encuentra regida por los principios de subsidiariedad e inmediatez prevista implícitamente por el art. 129.I y II de la Norma Suprema. Respecto a la subsidiariedad, expresa que podrá interponerse siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados; en lo que atañe al principio inmediatez prescribe que podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, desde el hecho vulneratorio que se denuncia o desde la notificación con la última decisión administrativa o judicial presuntamente lesivo. La jurisprudencia constitucional concluyó que la acción de amparo constitucional es subsidiaria porque no es posible utilizarlo si previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa, en todo caso implica el agotamiento previo de los medios, mecanismos y recursos intraprocesales que la ley le franquea al accionante; de persistir las lesiones de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, podrá acudir a la justicia constitucional para su protección y restablecimiento. En caso de existencia de otros medios o recursos que la ley establece, para la protección inmediata de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, el caso recae en uno de los supuestos de improcedencia de la acción de amparo constitucional previstas en el Código Procesal Constitucional.
valores y principios para una vida armoniosa, con equidad, igualdad de oportunidades y dignidad, entre otros valores, en los que se sustenta el Estado Plurinacional y que son parte de la sociedad plural” (las negrillas son añadidas). 5 Respecto a los principios de subsidiariedad e inmediatez, el art. 129 del Código Procesal Constitucional (CPCo), en su establece que:
“I. La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados.
II. La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial” (las negrillas son nuestras). 6 Respecto al carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, expresa textualmente que: “…el recurso de amparo se constituye en un instrumento subsidiario y supletorio en la protección de los derechos fundamentales, subsidiario porque no es posible utilizarlo si es que previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa y supletorio porque viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria” (las negrillas nos pertenecen). 7 Con relación a la subsidiariedad la SCP 0196/2014-S2 de 24 de noviembre, expresó que: “Esta acción de defensa, instituida para la protección y el restablecimiento de los derechos y garantías constitucionales que se denuncian como lesionados, exige para su procedencia, el agotamiento previo por parte de quien la plantea, de los medios, mecanismos y recursos intraprocesales, que la ley le franquea, los que utilizados y en caso de persistir la lesión, podrá acudirse a la justicia constitucional” (las negrillas son agregadas). 8 Respecto a los casos de improcedencia el art. 53 del CPCo, establece que:
“1. Contra resoluciones cuya ejecución estuviere suspendida por efecto de algún medio de defensa o recurso ordinario o extraordinario interpuesto con anterioridad por el recurrente, y en cuya razón pudieran ser revisadas, modificadas, revocadas o anuladas. 2. Contra actos consentidos libre y expresamente, o cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. 3. Contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso, del cual no se haya hecho uso oportuno.
Sin embargo, por mandato del art. 54.II del CPCo, ésta regla reconoce supuestos excepcionales plenamente justificados: i) Cuando la protección pueda resultar tardía; y, ii) Exista el riesgo inminente de un daño irremediable e irreparable; en ese entendido, el extinto Tribunal Constitucional, cuyos razonamientos resultan vinculantes en tanto sean coherentes y no contradigan los postulados de la vigente Constitución Política del Estado, fue estableciendo en sus diferentes fallos constitucionales, supuestos excepcionales que excluyen la aplicación del principio de subsidiariedad en esta acción tutelar y que continuó la doctrina constitucional del actual Tribunal Constitucional Plurinacional, destacando entre ellos las medidas o vías de hecho.
Uno de los supuestos excepcionales al principio de subsidiariedad son las medidas de hecho, se encuentran definidos como aquellos actos ilegales y graves cometidos por particulares o funcionarios públicos al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes vinculados a la administración de justicia, afectando derechos fundamentales y garantías constitucionales reconocidos en el bloque de constitucionalidad, por lo mismo, atentan o infringen los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho; en esa 4. Cuando la omisión de la Servidora o Servidor Público, vulnere un mandato expreso de la Constitución Política del Estado o la Ley, tutelado por la Acción de Cumplimiento. 5. Cuando los derechos o garantías vulnerados correspondan ser tutelados por las Acciones de Libertad, de Protección de Privacidad o Popular” (las negrillas son nuestras). 9 El art. 54.II del CPCo., establece que: “Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando:
La protección pueda resultar tardía. 1. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela” (las 2. negrillas nos pertenecen). 10 Respecto a la vinculatoriedad de la jurisprudencia desarrollada por el extinto Tribunal Constitucional en vigencia de la derogada Constitución Política del Estado, la SCP 2140/2012 de 8 de noviembre, expresó que: “Del razonamiento expuesto, se infiere que la definición de la jurisdicción por razón de materia a aplicarse sobre las acciones reales de bienes inmuebles cuando se produce el cambio de uso de suelo de propiedad rural a urbana, no puede quedar simplemente librada exclusivamente a lo que dispongan los gobiernos municipales, sino también debe considerarse otros elementos como el destino de la propiedad y de las actividades desarrolladas; razonamiento que si bien fue efectuado por el extinto Tribunal Constitucional; sin embargo, este resulta plenamente aplicable y coherente por cuanto no contradice a los nuevos postulados de la actual Constitución Política del Estado…”, entre otros. 11 La SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, refirió que: “…las vías de hecho se definen como el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo para la tutela comprensión, en términos de la SC 0832/2005-R de 25 de julio, en medidas o vías de hecho “…el amparo entra a tutelar de manera directa e inmediata, prescindiendo inclusive de su carácter subsidiario, está la tutela contra acciones o medidas de hecho cometidas por autoridades públicas o por particulares, entendidas éstas como los actos ilegales arbitrarios que desconocen y prescinden de las instancias legales y procedimientos que el ordenamiento jurídico brinda, realizando justicia directa, con abuso del poder que detentan frente al agraviado, actos que resultan ilegítimos por no tener respaldo legal alguno y que por el daño ocasionado y la gravedad de los mismos, merecen la tutela inmediata que brinda el amparo por vulnerar derechos fundamentales. La idea que inspira la protección no es otra que el control al abuso del poder y el de velar por la observancia de la prohibición de hacerse justicia por mano propia, control que se extiende tanto a las autoridades públicas como a los particulares que lo ejercen de manera arbitraria por diferentes razones y en determinadas circunstancias” (las negrillas son nuestras). En esa comprensión, la jurisprudencia constitucional debido a la frecuencia y gravedad de las medidas de hecho, que han propiciado la afectación recurrente de una serie de derechos fundamentales y garantías constitucionales de manera directa o indirecta, por las que sus víctimas tuvieron que acudir a la jurisprudencia constitucional con la pretensión de obtener la protección de los mismos frente a vías de hecho, precisó algunas de las modalidades que la comprenden: a) Avasallamientos u ocupaciones por medidas o vías de hecho de predios urbanos o rurales privados o públicos con limitación arbitraria del derecho a la propiedad, la perturbación o pérdida de la posesión o tenencia del bien inmueble; b) Cortes de servicios públicos (agua, energía eléctrica, entre otros); y, c) Desalojos extrajudiciales de viviendas. En esas circunstancias, la jurisprudencia constitucional es uniforme en determinar la prescindencia o excepción al principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional; puesto que, ésta acción tutelar es el medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales vulnerados como consecuencias de las vías de hecho, dando lugar a la activación directa e inmediata de ésta acción de defensa para la salvaguardia de derechos fundamentales y garantías constitucionales vulnerados.
En cuanto a la inmediatez vinculada a las medidas de hecho, es necesario aclarar que la jurisprudencia constitucional ya razonó que el tiempo transcurrido no constituye un obstáculo para la otorgación de tutela de la acción de amparo constitucional en caso de las medidas de hecho -avasallamiento- vulneratorias de derechos fundamentales y garantías constitucionales del accionante, que continuaron al momento de solicitarlo. En el mismo sentido, el mismo Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante una labor hermenéutica en base a pautas de una interpretación teleológica, extensiva y progresiva, y que favorezca al acceso a la justicia constitucional, establecida en la SCP 1938/2012 de 12 de octubre, concluyo que: “…en vías de hecho, pueden existir actos lesivos que generen una afectación a derechos mediata en el tiempo, es decir, cuando a partir del acto inicial lesivo a derechos fundamentales que emerja de una medida de hecho, de manera conexa y como consecuencia directa del primer acto lesivo, se realicen actos ulteriores vulneratorios de derechos fundamentales, al tener directa relación los actos continuos vulneratorios de derechos emergentes de vías de hecho, el afectado, podrá pedir tutela constitucional, desde el último acto lesivo, supuesto en el cual, al estar los actos denunciados en estricta conexitud y directamente vinculados con el primer acto lesivo que surja de vías o medidas de hecho, una vez verificadas las lesiones a derechos fundamentales, en el ejercicio del control tutelar de constitucionalidad, deberá tutelarse los derechos hasta el primer acto que origine la lesión…” (las negrillas son nuestras). En correspondencia con esta línea de razonamiento es necesario citar lo expresado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la Sentencia de 30 de noviembre de 2016, dentro el caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal Vs. Guatemala, resalando las consecuencias continuas o permanentes de las detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales y otras formas de violencia sexual, trabajos forzosos y destrucción y robos de propiedad presuntamente cometidos entre 1981 y 1986, que se siguieron cometiéndose en la actualidad. En ese entendido, cuando las medidas de hecho persisten causan una permanente vulneración de derechos fundamentales por tal razón no es posible admitir que el transcurso del tiempo sea suficiente para denegar la tutela solicitada; puesto que, los actos ilegales continúan en el tiempo impidiendo que el plazo de caducidad transcurra normalmente, para cuyo cómputo no solo debe tomarse en cuenta el primer acto lesivo, sino, la continuidad actual del mismo acto ilegal ejercido por el demandado; consiguientemente la acción 16 La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Sentencia de 30 de noviembre de 2016, del Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, se pronunció respecto a las consecuencias continuas o permanentes de las detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales y otras formas de violencia sexual, trabajos forzosos y destrucción y robos de propiedad, hechos vulneratorios de la Convención, en los siguientes términos: “En consecuencia, la Corte considera que en el presente caso no tiene competencia ratione temporis para declarar violaciones a la Convención Americana por las detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales y otras formas de violencia sexual, trabajos forzosos y destrucción y robos de propiedad presuntamente cometidos entre los años 1981 y 1986 en perjuicio de los habitantes indígenas mayas achí de la aldea Chichupac y comunidades vecinas, en lo cual lleva razón el Estado. No obstante, no le asiste la razón al Estado en cuanto a las consecuencias continuas o permanentes de estos hechos, sea que se trate de delitos instantáneos o permanentes conforme al derecho penal interno. Cualquiera sea la calificación penal interna, lo continuo es la violación a la Convención que se sigue cometiendo en la actualidad, toda vez que la infracción de que conoce esta Corte es la de derecho internacional actual, dado que no juzga penalmente a los funcionarios, sino al Estado por violación a la Convención. En tal sentido, yerra el Estado en cuanto objeta la competencia de la Corte respecto de la alegada desaparición forzada y la alegada omisión por parte del Estado de implementar garantías de retorno o un reasentamiento voluntario a favor de aquellas personas que permanecieron desplazadas luego del 9 de marzo de 1987, fecha a partir de la cual el Estado reconoció la competencia de la Corte, como también respecto de su alegada omisión de diligencia investigadora frente a graves violaciones a los derechos humanos, por ende, tampoco respecto de la reparación de los hechos. En vista de lo anterior, este Tribunal acoge parcialmente la excepción preliminar de falta de competencia ratione temporis” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen). 17 Respecto a la flexibilización del plazo de la inmediatez la SCP 0060/2017-S2 de 6 de febrero, expresó que: “En definitiva, cuando las vías o medidas de hecho persisten en el tiempo, ocasionan una permanente y continua conculcación de los derechos denunciados en la acción de amparo constitucional, prolongando la consumación irregular del hecho y la vulneración de tales derechos, situación por la que no es posible admitir como válida, la alegación del transcurso del tiempo para denegar la tutela impetrada, pues los actos ilegales perviven en el de amparo constitucional puede interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos o garantías constitucionales, circunstancia excepcional que debe tomarse en cuenta para el computo del plazo de la caducidad en medidas de hecho.
Uno de los Órganos que forman parte de la estructura orgánica del Estado Plurinacional es el Órgano Judicial, que ejerce la potestad de administrar justicia o función de impartir justicia, que, en atención al nuevo diseño constitucional, la doctrina constitucional promovió su redefinición para asumirla como un servicio al pueblo, concebida como facultad/obligación, para constituirlo en un instrumento destinado a la materialización de los derechos fundamentales, garantías constitucionales, principios y valores contenidos en la Constitución Política del Estado, en oposición a aquella administración de justicia extremadamente formal, cuasi sacramental y señorial sustentado por todo un aparato normativo, doctrinal e institucional, fruto de las prácticas judiciales desde la colonia y el periodo republicano que reprodujeron relaciones y prácticas coloniales en el ámbito social, cultural, político e institucional. En ese marco precisamente, es necesario señalar que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano, constituye una función única, no obstante, esa función es ejercida a través de la jurisdicción ordinaria, tiempo impidiendo que el plazo de caducidad discurra normalmente; en tal sentido, el cómputo de dicho plazo no debe realizarse desde el primer acto lesivo, tratándose de medidas de hecho, sino que debe tomarse en cuenta la continuidad de tal acto ilegal ejercido por el demandado” (las negrillas son nuestras). 18 Respecto al cambio o giro conceptual de la potestad a servicio de impartir justicia, la SCP 0790/2012 de 20 de agosto, razonó en los siguientes términos: “Por ello, la construcción de la institucionalidad plurinacional parte del desmontaje de las lógicas de colonialidad, desmistificando la idea de que impartir justicia es solamente una ‘potestad’; sino por el contrario, asumirla como un servicio al pueblo, concebida como facultad/obligación, pues fruto de la colonialidad antes construida, se ha estructurado una ‘administración de justicia’ extremadamente formal, cuasi sacramental, reproductora de prácticas judiciales desde la colonia y el periodo republicano, fundadas en la señorialidad de esta actividad bajo la concepción de ‘potestad’ antes que de ‘servicio’, sustentado por todo un aparato normativo, doctrinal e institucional. Corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional, romper esas relaciones y prácticas que se reproducen en lo social, cultural, político e institucional, constituyéndose en un instrumento destinado a la generación de espacios de diálogo y relacionamiento de las diferentes concepciones jurídicas en el marco del Estado Plurinacional Comunitario, aportando al proceso de interpretación intercultural de los derechos humanos y fundamentales, así como de las garantías constitucionales, con énfasis en los derechos colectivos y de las naciones y pueblos indígena originario campesinos” (las negrillas son nuestras). 19 El art. 178.I de la CPE, señala que:
“I. La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos” (las negrillas nos pertenecen).
agroambiental, indígena originaria campesina y especializada, con igual jerarquía; en estas cuatro jurisdicciones se encuentra concentrada la actividad decisoria para la solución de conflictos, controversias, que determine derechos y obligaciones de las personas, que imponga algún tipo de sanción; como establece la doctrina constitucional, sin desconocer la existencia de otros medios alternativos de solución de conflictos reconocidos por el orden constitucional y legal, como son: la conciliación, la mediación, el arbitraje, entre otros. Ante la existencia de este monopolio del ejercicio de la potestad de administrar justicia o función de impartir justicia, por parte del Órgano Judicial reconocido constitucionalmente, se ha impuesto la proscripción de la justicia directa o justicia por sí mismo, o justicia por mano propia. En esa comprensión, por mandato legal establecido por el art. 1282 del Código Civil (CC), se encuentra proscrita la justicia por mano propia en los siguientes términos: “ARTÍCULO 1282. (PROHIBICIÓN DE LA JUSTICIA DIRECTA).-
incurrir en las sanciones que la ley establece. II. Esta prohibición no impide, sin embargo, los actos de legítima defensa permitidos y calificados por la ley, ni los que conduzcan inmediatamente a la intervención de los órganos jurisdiccionales” (las negrillas son nuestras). Pertinente a este mandato legal, la jurisprudencia constitucional fue desarrollando la doctrina constitucional de manera uniforme con relación a la prohibición de la justicia directa o justicia por sí mismo, o justicia por mano propia en términos de la 20 El art. 179 de la CPE, expresamente establece que:
“I. La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades; existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley.
II. La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozarán de igual jerarquía.
III. La justicia constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional Plurinacional.
IV. El Consejo de la Magistratura es parte del Órgano Judicial” (las negrillas son nuestras). 21 Respecto al reconocimiento y validez de la solución alternativa de conflictos, la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, refirió que: “Entonces, si el reconocimiento del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, supone una concreción del Estado constitucional de derecho, como instrumento para promover que la solución de conflictos se realice a través de la jurisdicción (sin desconocer otros medios alternativos de solución de conflictos reconocidos por el orden constitucional y legal, como son: la conciliación, la mediación, el arbitraje, entre otros), para evitar la justicia por mano propia, su exclusión, supone que el primer derecho fundamental común vulnerado en acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, es precisamente el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, que no es infrecuente acarree consigo la lesión a otros derechos conexos a partir de su supresión” (las negrillas son nuestras).
jurisprudencia constitucional, ejercido por autoridades públicas como por los particulares sobre la base del abuso del poder, cuyo control exige de manera urgente la activación directa e inmediata de la acción de amparo constitucional, no solo porque afectan derechos fundamentales y garantías constitucionales, sino infringen los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, un modelo de Estado más avanzado en la protección de derechos fundamentales y garantías constitucionales, en el cual, tanto el poder público (órganos ejecutivo, legislativo, judicial y electoral), como la convivencia social de los ciudadanos están sometidos a la Constitución a través del principio de constitucionalidad, que sustituye el principio de legalidad e impone la proscripción de las acciones vinculadas a medidas de hecho o vías de hecho por el propio Estado o los particulares en cualesquiera de sus formas; consiguientemente, la justicia directa o justicia por sí mismo o la justicia por mano propia -proscrita en nuestro sistema normativo- al estar al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales provistos por la administración de justicia, configuran clara e indudablemente, medidas de hecho.
22 Sobre la proscripción de la justicia mano propia vinculado a medidas de hecho, la SC 0832/2005-R de 25 de julio, refirió que: “La idea que inspira la protección no es otra que el control al abuso del poder y el de velar por la observancia de la prohibición de hacerse justicia por mano propia, control que se extiende tanto a las autoridades públicas como a los particulares que lo ejercen de manera arbitraria por diferentes razones y en determinadas circunstancias. Frente a estas medidas de hecho, el criterio de este Tribunal ha sido uniforme en declarar la procedencia del amparo como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos fundamentales considerados lesionados” (las negrillas nos pertenecen). 23 Respecto a la transición al modelo de Estado Constitucional de Derecho, la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, señaló:
“A ese efecto, sin ingresar a repasos históricos o formulaciones teóricas, es posible señalar que la afortunada concepción de ʽEstado de derechoʼ o ʽEstado bajo el régimen de derecho׳ cuya base ideológica es ʽun gobierno de leyes y no de hombresʼ, nace sepultando el modelo de ʽEstado bajo el régimen de la fuerza׳, el que no obstante haber sido llenado de diversos contenidos en diferentes épocas históricas (Estado de Derecho legislativo y actualmente Estado Constitucional de Derecho) tuvo una trascendencia unívoca: La proscripción de la arbitrariedad pública y privada en las reglas de convivencia social y contención del poder, garantizando con ello, el respeto a la ley.
En efecto, el Estado de derecho en principio tuvo una versión particular configurada como ʽEstado de derecho legislativoʹ o ʽEstado legal de Derechoʼ, empero, esta concepción reducía a un simple sistema de dominación mediante el instrumento de la ley, pues todo Estado era de Derecho, por el sólo hecho de que la actividad estatal se desarrolle bajo cánones legales (del legislador), siendo irrelevante si las leyes fueran opresoras o autoritarias, concepción que se sustentaba en que la ley (con características de generalidad y abstracción) era la más alta expresión de la soberanía y, por ello, quedaba al margen de cualquier límite o control, con lo cual, las constituciones terminaron siendo meras cartas políticas, afianzándose el imperio de la ley y el principio de legalidad.
Actualmente, el Estado de derecho, se configura como ‘Estado constitucional de Derecho’, que es ‘…un estadio más de la idea de Estado de Derecho, o mejor, su culminación’, o en palabras de Prieto Sanchís ‘…no cabe duda que el Estado constitucional representa una fórmula del Estado de Derecho, acaso su más cabal realización”’ (las negrillas nos pertenecen). 24 La SCP 1478/2012, expresa respecto a la prohibición de la justicia por mano propia. “Este modelo, supone una profunda transformación en la concepción general de ‘Estado de derecho’, debido a que en esta última fórmula ‘Estado Constitucional de Derecho’: a) El poder público (órganos ejecutivo, legislativo, judicial y electoral); y, b) La convivencia social de los ciudadanos están sometidos a la Constitución a través del principio de constitucionalidad que viene a sustituir el principio de legalidad y, por ende, -en el tema que ocupa a esta sentencia constitucional-, supone la proscripción de las acciones vinculadas a medidas de hecho o vías de hecho por el propio Estado o los particulares en cualesquiera de sus formas”.
proposición de prueba
El Código Procesal Constitucional establece las normas comunes en los procedimientos de las acciones de defensa, en ese marco el art. 33 del citado Código, establece entre sus requisitos para la presentación de la acción: En el numeral dos la identificación de la persona o funcionario público contra quien se dirige la acción o los datos básicos para identificarlo; y, en el numeral siete la proposición de las pruebas que tenga el accionante o el señalamiento del lugar donde se encuentren. Estos requisitos que la ley procesal establece como regla general, encuentran excepción en la jurisprudencia constitucional, en ese entendido junto a las circunstancias excepcionales que justifican la abstracción de los principios de subsidiariedad e inmediatez que rigen la acción de amparo constitucional en el ámbito de las medidas de hecho, la jurisprudencia constitucional resaltó la flexibilización de algunas reglas de esta acción de tutelar. En ese entendido, si bien constituye una exigencia por mandato legal, la identificación de las autoridades o personas particulares demandadas; empero, en lo que concierne a medidas de hecho en el contexto a actos ilegales graves, cuando no sea posible identificar a las persona demandadas, la jurisprudencia constitucional estableció algunas sub reglas; por lo que manera excepcional se deberá flexibilizar la legitimación pasiva y el accionante podrá activar la protección de la acción de amparo constitucional; sin embargo, para asegurar el derecho al debido proceso, la equidad procesal de las partes, en la mayor medida posible el derecho a la defensa de la personas que sin ser demandadas o citadas como terceros, pueden ser afectadas en sus derechos ante una eventual otorgación dela tutela solicitada, no se les aplica el principio de preclusión, para su apersonamiento posterior a la audiencia pública en el ejercicio de su derecho inviolable a la defensa y la presentación de los medios de prueba, incluso en la etapa de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para asegurar la vigencia de una justicia material.
Como se tiene señalado en líneas precedentes, la consumación de medidas de hecho cometidas por autoridades públicas o por particulares, constituyen actos ilegales arbitrarios desconociendo y prescindiendo de los mecanismos institucionales que el ordenamiento jurídico brinda, realizando en su lugar de manera arbitraria, abusiva y unilateral justicia directa o por sí mismo o justicia por mano propia -proscrita en nuestro sistema normativo-, en ese contexto, la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, concluyó de manera categórica que, con la consumación de medidas de hecho en cualquiera de sus formas, el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia del afectado, constituye en el primer derecho fundamental vulnerado.
identificación de las personas demandadas, se deberán flexibilizar las reglas de la legitimación pasiva; empero este presupuesto, debe cumplir ciertos requisitos y además debe responder a fundamentos que aseguren un derecho al debido proceso, tanto para la parte accionante como para la parte demandada a través de este mecanismo tutelar de defensa. En consecuencia, la acción de amparo en su tramitación debe asegurar la equidad procesal de las partes; por tal razón, para consolidar un equilibrio procesal armónico que respete las reglas de un debido proceso y que asegure la vigencia de una justicia material, la flexibilización excepcional de la legitimación pasiva para vías de hecho debe asegurar en la mayor medida posible un amplio derecho a la defensa de todas las personas que sin haber sido demandadas expresamente o citadas como terceros interesados, pudieran ser afectadas por los efectos de la concesión de tutela. Por lo señalado, se tiene que la parte peticionante de tutela para el caso de vías de hecho, de manera excepcional podrá activar la tutela sin identificar a la parte demandada cuando por las circunstancias particulares del caso no sea posible una determinación de personas que incurran en vías de hecho; en ese orden, para asegurar una equidad procesal, a las personas que no hayan sido expresamente citadas como demandados y que pudieran ser afectados con los efectos de una eventual concesión de tutela por vías de hecho, no se les aplica el principio de preclusión procesal para la presentación ulterior a la audiencia pública de medios de defensa. En mérito a lo señalado, las personas que no hayan sido expresamente demandadas en acciones tutelares vinculadas a medidas de hecho, en mérito a esta flexibilización excepcional de la legitimación pasiva para estos casos, y en resguardo de un equilibrio procesal, en cualquier etapa del proceso de amparo, incluso en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, podrán hacer valer sus derechos, debiendo en estos casos ser oídos de manera amplia y admitidos sus medios probatorios en cualquier instancia procesal. En efecto, el entendimiento antes indicado, tiene la finalidad esencial de asegurar un equilibrio procesal, ya que si bien para asegurar el acceso a la justicia y una tutela judicial efectiva, de manera excepcional y cuando no sea posible la identificación de personas para supuestos de vías de hecho se flexibiliza las reglas de la legitimación pasiva disciplinadas para la acción de amparo constitucional, es imperante a su vez, flexibilizar también de manera excepcional para estos casos los alcances del principio de preclusión, facultando así a las personas que eventualmente pudieran ser afectadas con una decisión de tutela emergente de denuncias de vías de hecho, a asumir defensa en cualquier estado del proceso de amparo constitucional”. 26 En cuanto a la lesión del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia por medidas de hechos, la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, expresó que: “…excluyen el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia del afectado, que se constituye en el primer derecho fundamental común vulnerado en acciones vinculadas a medidas de hecho en cualesquiera de sus formas.
El derecho fundamental a la jurisdicción o acceso a la justicia está consagrado en los arts. 115.I de la CPE, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y se constituye en ‘el derecho protector de los demás derechos’ y, por lo mismo, en una concreción del Estado Constitucional de Derecho.
Esta misma jurisprudencia constitucional estableció de manera ilustrativa el alcance del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, refiriendo que: “…-sin pretender agotar todas las perspectivas de este derecho tan ampliamente concebido y desarrollado-contiene: 1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho” (las negrillas son nuestras).
El debido proceso se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado como un derecho fundamental, garantía constitucional y En efecto, es la Constitución, la que determina cuáles son los órganos que tienen la potestad de impartir justicia (art. 179.I, II y III de la CPE) para la oponibilidad de derechos no solamente vertical sino también horizontal, entonces, es reprochable y censurable acudir a acciones vinculadas a medidas de hecho, so pena de excluir arbitrariamente el ejercicio del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia de la otra parte, quien tiene la seguridad jurídica y certeza (art. 178.I de la CPE) que para la solución de cualquier diferencia, interés o derecho en conflicto, éste será resuelto por una de las jurisdicciones reconocidas por la Constitución”. 27 Respecto al debido proceso como derecho, el art. 115.II de la CPE, establece:
“I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.
II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (las negrillas son nuestras). 28 Respecto al debido proceso como garantía, el art. 117.I de la CPE, establece:
“I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada.
II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su condena.
principio procesal constitucional que disciplina la función de impartir justicia, en atención a estas cualidades, la jurisprudencia constitucional se encargó de resaltar su carácter tridimensional del debido proceso, en sus diferentes fallos; también fue la jurisprudencia constitucional del extinto Tribunal Constitucional, cuyos razonamientos resultan vinculantes en tanto sean coherentes y no contradigan los postulados de la vigente Constitución Política del Estado, la que se encargó de asignarle la calidad de garantía general. Razonamiento que continuó en la doctrina constitucional del actual Tribunal Constitucional Plurinacional. En ese sentido la jurisprudencia constitucional configuró su contenido, alcance o los elementos constitutivos que le conciernen, en los siguientes términos: “En consonancia con los Tratados Internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones” (las negrillas son nuestras). Contenido que no se encuentra en un sistema limitado o cerrado, al contrario, debido al carácter progresivo de los derechos, previsto por el III. No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos por la ley” (las negrillas nos pertenecen). 29 Respecto al debido proceso como derecho, el art. 180.I CPE, establece que:
“I. La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez.
II. Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales.
III. La jurisdicción ordinaria no reconocerá fueros, privilegios ni tribunales de excepción. La jurisdicción militar juzgará los delitos de naturaleza militar regulados por la ley” (las negrillas son nuestras). 30 El carácter tridimensional del debido proceso fue referido en la SSCC 0086/2010-R de 4 de mayo, 902/2010-R, de 10 de agosto, 0533/2011-R de 25 de abril, entre otros. 31 El debido proceso como garantía general en la jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, fue referido en las SSCC 902/2010-R de 10 de agosto, 0981/2010-R de 17 de agosto, 1145/2010-R de 27 de agosto, entre otras. 32 El debido proceso como garantía general en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, fue referido en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0270/2012, 2493/2012, 0903/2019-S4, 0618/2018-S1, entre otras. 33 El debido proceso como garantía general en la jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional Plurinacional, fue referido en la SCP 0270/2012 de 4 de junio, SCP 2493/2012 de 3 de diciembre, SCP 0903/2019-S4 de 16 de octubre, SCP 0618/2018-S1 de 11 de octubre, entre otros.
34 La jurisprudencia constitucional pronunciada en la SCP 1840/2013 de 25 de octubre, formuló razonamientos respecto al contenido, alcance o los elementos constitutivos del debido proceso.
art. 13.1 de la CPE, esos elementos constitutivos, tienen un carácter enunciativo; puesto que, el debido proceso, al haberse constituido en una garantía general, del mismo, pueden derivar otros elementos conforme al desarrollo doctrinal y jurisprudencial, así como al desarrollo del proceso, cuya finalidad viene a constituir en un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. Por otra parte, la Corte IDH señaló que las garantías del debido proceso no se restringen a los procesos judiciales o jurisdiccionales, se refiere a cualquier autoridad pública -administrativa, legislativa o judicial- que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional; es decir, a cualquier acto administrativo que determine algún tipo de sanción o resoluciones que determinen derechos y obligaciones de las personas o que produzca efectos jurídicos que indudablemente repercuten en los derechos de las personas, entendimiento que fue recogido en la SCP 0567/2012 de 20 de julio; en ese contexto, corresponde señalar que el derecho, principio y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino, es extensivo a cualquier procedimiento en el que deba determinarse derechos, obligaciones. En ese marco general, en el ámbito administrativo, el art. 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-establece expresamente que el acto administrativo es “...toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo” (las negrillas son nuestras); además, se presume válido y produce efectos jurídicos desde la fecha de su notificación o publicación y en cumplimiento al principio de legalidad y presunción de legitimidad, y control judicial, al encontrarse sometidas a la ley, se presumen legítimas, salvo expresa declaración judicial en contrario. En armonía con la disposición legal, el art. 48 de su Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo, aprobado mediante DS 27113 de 23 de julio de 2003, establece que: “El acto administrativo se presume válido mientras la nulidad del mismo no sea declarada en sede administrativa mediante resolución firme o en sede judicial mediante sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada” (las negrillas son nuestras). Como regla general establece que “El acto administrativo individual que otorga o reconoce un derecho al administrado, una vez notificado, no podrá ser revocado en sede administrativa…” (las negrillas nos pertenecen); de manera complementaria, es necesario tomar en cuenta la improcedencia de revocatoria de oficio de los actos administrativos estables, su contravención impone a la autoridad administrativa, la obligación de dejar sin efecto la revocatoria de oficio.
desde la fecha de su notificación o publicación.
II. La eficacia del acto quedará suspendida cuando así lo señale su contenido”. 37 Respecto a los principios de legalidad y presunción de legitimidad, y control judicial, la Ley de Procedimiento Administrativo, en el art. 4 establece: “ARTICULO 4º (Principios Generales de la Actividad Administrativa).- La actividad administrativa se regirá por los siguientes principios:
(…)
g) Principio de legalidad y presunción de legitimidad: Las actuaciones de la Administración Pública por estar sometidas plenamente a la Ley, se presumen legítimas, salvo expresa declaración judicial en contrario;
(…)
i) Principio de control judicial: El Poder Judicial, controla la actividad de la Administración Pública conforme a la Constitución Política del Estado y las normas legales aplicables;” 38 Respecto estabilidad del acto administrativo como regla general, el art. 51 del Reglamento de la LPA, establece:
“ARTICULO 51.- (ESTABILIDAD).
a) La revocación sea consecuencia de un recurso administrativo interpuesto en término por un administrado. b) El administrado, de mala fe, que teniendo conocimiento no hubiera informado del vicio que afectaba al acto administrativo. c) La revocación favorezca al interesado y no cause perjuicio a terceros. d) El derecho hubiese sido otorgado válida y expresamente a título precario. e) Se trate de un permiso de uso de bienes del dominio público.
II. El acto administrativo individual, firme en sede administrativa, podrá ser impugnado ante el órgano judicial competente por el órgano administrativo que lo emitió o el superior jerárquico, cuando esté afectado de vicios y sea contrario a un interés público actual y concreto” (las negrillas son nuestras).
39 Respecto a la improcedencia de revocar de oficio el acto administrativo estable, el art. 59 del Reglamento de la LPA, estable:
“ARTICULO 59.- (EXTINCION POR REVOCACION).
I. La autoridad administrativa, de oficio, mediante declaración unilateral de voluntad, podrá revocar total o parcialmente un acto administrativo por vicios existentes al momento de su emisión o por razones de oportunidad para la mejor satisfacción del interés público comprometido.
a la autoridad emisora del acto ilegal o a la superior jerárquica a revocarlo” (las negrillas nos pertenecen).
En ese marco normativo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional expresó que “…tanto la nulidad como la anulabilidad de los actos administrativos, sólo pueden ser invocadas mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la ley y dentro del plazo por ella establecido; en consecuencia, en virtud a los principios de legalidad, presunción de legitimidad, y buena fe, no es posible que fuera de los recursos y del término previsto por ley se anulen los actos administrativos, aún cuando se aleguen errores de procedimiento cometidos por la propia administración, pues la Ley, en defensa del particular, ha establecido expresamente los mecanismos que se deben utilizar para corregir la equivocación; por ende, fuera del procedimiento previsto y los recursos señalados por la ley, un mismo órgano no podrá anular su propio acto administrativo (conocido en la doctrina como acto propio), por cuanto una vez definida una controversia y emitida la Resolución, ésta ingresa al tráfico jurídico y por lo tanto ya no está bajo la competencia de la autoridad que la dictó, sino a la comunidad…” (las negrillas son nuestras). En ese entendido, la jurisprudencia constitucional llegó a pronunciar respecto a la irrevocabilidad de oficio de los actos administrativos estables que reconocen derechos al administrado, al señalar que la nulidad de actos administrativos es procedente a través de los recursos administrativos -de revocatoria y jerárquico- previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo; sin embargo, para el supuesto que la administración pública pretenda anular o revocar de oficio un acto administrativo individual estable que otorgó o reconoció derechos al administrado, la autoridad administrativa debe acudir a control jurisdiccional ulterior de los actos administrativos, mediante el proceso contencioso administrativo, en observancia a los 40 SC 1464/2004-R de 13 de septiembre, en el mismo sentido también se pronunció la SC 1173/2003-R de 19 de agosto:
“Conviene precisar aquí, que una vez que la autoridad competente, sea judicial o administrativa, define la controversia o pretensión sometida a su conocimiento, y se notifica a las partes con la resolución pertinente, la misma no puede ser modificada en circunstancia alguna; pues dicha resolución ya no está bajo el alcance de la competencia de la autoridad que la dictó y, al ingresar al tráfico jurídico, trasciende tal esfera y límites, salvo los casos expresamente señalados por ley”. 41 Respecto a la irrevocabilidad de oficio de los actos administrativos estables que reconocen derechos al administrado, la SC 1074/2010-R de 23 de agosto, establece: “Ahora bien, es imperante señalar también, que un acto administrativo, puede ser anulado de acuerdo a las causales establecidas taxativamente en el art. 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en ese contexto, interpretando teleológica y sistémicamente el parágrafo II de esta disposición, se tiene que la nulidad de actos administrativos es procedente a través de los recursos administrativos disciplinados en la propia LPA, empero, para el supuesto en el cual, la propia administración pública, pretenda anular un acto administrativo estable en virtud del cual se generaron efectos jurídicos a favor del administrado, ésta no puede alegar la nulidad de ‘oficio’, sino debe acudir al control jurisdiccional ulterior de los actos administrativos, a través del proceso contencioso administrativo”. En el mismo sentido, la SCP 0592/2019-S1 de 11 de septiembre, al expresar: “De lo citado, se concluye que los actos administrativos emitidos por autoridades públicas, no pueden ser revocados o anulados por propia voluntad, sino únicamente cuando exista en curso un proceso administrativo previo contra el administrado y que dentro la sustanciación del mismo a solicitud de una de las partes la nulidad sea invocada” (las negrillas son nuestras).
principios que rigen el ámbito administrativo de legalidad y presunción de legitimidad, de control jurisdiccional, de eficacia y el principio constitucional de seguridad jurídica entendida como la condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y los individuos que la integran, representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, por el que, los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio.
El derecho de acceso a la seguridad social se encuentra consagrado en el art. 45.I de la CPE; asimismo, como en los arts. 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) 43; XVI Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y, 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo De San Salvador”. En ese marco constitucional y convencional, establece que la cobertura o protección que brinda la seguridad social se rige por los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia (art. 45.II de la CPE) y tiene por objeto la cobertura o protección de las contingencias vinculadas a enfermedad, epidemias y 42 SC 0391/2003-R de 26 de marzo. 43 El art. 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos expresamente establece en su: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad” (las negrillas nos pertenecen). 44 El art. XVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, establece: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia” (las negrillas son nuestras). 45 El art. 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), señala: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social” (las negrillas son nuestras). 46 El art. 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo De San Salvador”, establece que el derecho a la seguridad social, en los siguientes términos:
“Artículo 9 Derecho a la seguridad social.
1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes.
2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto” (las negrillas nos pertenecen).
enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales (art. 45.III de la CPE). En esa comprensión, la jurisprudencia desarrollada por el extinto Tribunal Constitucional, cuyos razonamientos resultan plenamente aplicables y coherente en tanto no contradigan a los nuevos postulados de la actual Constitución Política del Estado, en correspondencia con las citadas normas constitucionales, en la SC 0058/2004 de 24 de junio, expresó que el derecho a la seguridad social “…es la potestad o facultad que tiene toda persona a la cobertura integral de sus contingencias y a que se le garanticen los medios materiales que le aseguren una existencia humana digna, preservando su vida y salud física y mental, su seguridad económica, el descanso y la protección de su núcleo familiar. Este derecho comprende la cobertura a contingencias inmediatas y mediatas. Por lo mismo, resulta ser un derecho irrenunciable de carácter prestacional para el trabajador activo o retirado” (las negrillas son nuestras). Asimismo, respecto al alcance del derecho a la seguridad social, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Muelle Flores vs. Perú, expresó que: “…es un derecho que busca proteger al individuo de contingencias futuras, que de producirse ocasionarían consecuencias perjudiciales para la persona, por lo que deben adoptarse medidas para protegerla. En particular y en el caso que nos ocupa, el derecho a la seguridad social buscar proteger al individuo de situaciones que se presentarán cuando éste llegue a una edad determinada en la cual se vea imposibilitado física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia necesarios para vivir un nivel de vida adecuado, lo que a su vez podría privarlo de su capacidad de ejercer plenamente el resto de sus derechos. Esto último también da cuenta de uno de los elementos constitutivos del derecho, ya que la seguridad social deberá ser ejercida de modo tal que garantice condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso” (las negrillas son nuestras). De las normas constitucionales y convencionales citadas y los razonamientos de la jurisprudencia constitucional citada, se puede concluir que el derecho a la seguridad social se sustenta en el principio de universalidad, por lo que debe abarcar a la población en general, sin exclusión de ninguna naturaleza, tiene la finalidad de cubrir las contingencias inmediatas y mediatas que surgen de toda actividad laboral, vinculada a la salud preventiva y curativa, coberturas de riesgos profesionales, accidentes de trabajo, rentas de invalidez, de vejez, de derechohabientes y las asignaciones familiares previstas por Ley; éste derecho, tiene su fundamento en el derecho a la vida y a la salud.
Las accionantes a través de su representante legal denuncian la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social, al principio de seguridad jurídica, a la legalidad y al estado de derecho; puesto que COSSMIL, asumió medidas de hecho suspendiéndoles del Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias dispuestos mediante Resoluciones 108/10 y 109/10 ambas 3 de septiembre de 2010, ya que padecen de una enfermedad multidisciplinaria que con el transcurso de los años afecta su sistema inmunológico, causando nuevas enfermedades e infecciones llamadas oportunistas que aprovechan esa condición para atacar y desarrollarse, encontrándose plenamente vigente a la fecha y solo con el pretexto del cumplimiento de requisitos de orden administrativo reglamentario para la renovación del Carnet del Seguro Vitalicio. De la revisión de antecedentes que cursan en obrados se evidencia que que COSSMIL, mediante el Comité de Prestaciones de Salud emitió las siguientes disposiciones: 1) Resolución 108/10, en favor de la beneficiaria María Ángeles Rodríguez Soliz, con MAT. B. 86-5616-RSM; y, 2) Resolución 109/10, en favor de la beneficiaria María Aracely Rodríguez Soliz con Matrícula MAT.B 86-5616-RSM. En ambos casos, con idéntico texto, declararon procedente la solicitud de concesión del Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias, al considerar que la enfermedad que padecen las accionantes es multidisciplinaria y que a medida que transcurran los años se verán afectadas sus sistemas inmunológicos padeciendo otras nuevas enfermedades e infecciones llamadas oportunistas que aprovechan esta condición del organismo para atacar y desarrollarse; ordenando al Departamento de Afiliación en coordinación con el Departamento de Vigencia de Derechos del Hospital Militar Central, quedan encargados del cumplimiento de esas Resoluciones (Conclusión II.1.). Mediante Notas de 28 de enero de 2022, dirigidas al Gerente Regional COSSMIL Santa Cruz, por las cuales las accionantes, respectivamente solicitaron certificación e informe respecto del por qué no pueden hacer uso del Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias de COSSMIL y pronta respuesta ya que se encuentran privadas del uso del seguro médico, tomando en cuenta la nueva ola de contagios por el COVID-19 y recordándoles que pertenecen a un grupo de riesgo por tener enfermedades de base -ambas notas con el mismo contenido-, recibidas en la misma fecha; en respuesta, el Agente -ahora accionado-, emitió las siguientes Notas: i) Stria. Gral. RSC 028/22; y, ii) Stria. Gral. RSC 029/22, dirigidas a las accionantes respectivamente, con idéntico contenido, aludiendo conocer sus Notas de 28 de enero de igual año, por las que solicitaron los motivos por los cuales no pueden hacer uso del Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias de COSSMIL, comunicó que las mismas fueron remitidas a la Gerencia de Seguros COSSMIL La Paz para su correspondiente certificación; asimismo, respecto al Carnet del Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias, informó que deben hacer los trámites correspondientes para su renovación adjuntando los requisitos exigidos por la Gerencia de Salud para que “…sea aprobado mediante Resolución por el Comité de Prestación de Salud” (sic [Conclusión II.2.]).
En ese contexto se ingresarán a analizar los hechos de relevancia constitucional que motivan la acción de amparo constitucional respecto a las presuntas medidas de hecho que suspendieron el Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias de COSSMIL del que las accionantes fueron beneficiarias por disposición de las Resoluciones 108/10 y 109/10, impidiéndoles el acceso a los servicios de salud para el tratamiento de sus enfermedades multidisciplinaria, sin comunicarles y en vigencia de las citadas Resoluciones con el solo pretexto del cumplimiento de una disposición reglamentaria para la renovación del Carnet de Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias de COSSMIL. En ese entendido es necesario tener presente que una resolución firme en el ámbito administrativo emitida por una autoridad competente, en el que reconoce derechos en favor del administrado, tiene un carácter obligatorio, exigible, ejecutable y legítimo; por lo que constituye un acto administrativo, se presume válido y surte todos los efectos en tanto no sea declarado su nulidad o sea revocada en sede administrativa a través de los medios de impugnación o revisados en sede judicial; en ese entendido la jurisprudencia constitucional, refirió respecto a la irrevocabilidad de oficio de los actos administrativos estables que reconocen derechos al administrado, ampliamente desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En el marco jurídico señalado, en la presente causa, las resoluciones emitidas por el Comité de Prestaciones de Salud de COSSMIL determinaron: a) Resolución 108/10, en favor de la beneficiaria María Ángeles Rodríguez Soliz -accionante-, con Matrícula MAT. B. 86-5616-RSM; y, b) Resolución 109/10, en favor de la beneficiaria María Aracely Rodríguez Soliz -coaccionante- con Matrícula MAT. B. 86-5616-RSM, constituyen actos administrativos que reconocen derechos en favor de las accionantes, al concederles el al Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias de COSSMIL, al considerar que la enfermedad que padecen es multidisciplinaria y que a medida que transcurran los años se verán afectadas sus sistemas inmunológicos padeciendo otras nuevas enfermedades e infecciones llamadas oportunistas que aprovechan esta condición del organismo para atacar y desarrollarse. Ahora bien, esos actos administrativos -que adquirieron firmeza en sede administrativa-, que conceden a las accionantes el Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias de CCOSSMIL, tienen un carácter obligatorio, son exigibles, ejecutables y legítimos, en ese entendido, desde su emisión las beneficiarias -accionantes- recibieron las prestaciones en salud que conciernen el Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias, así lo reconocen las partes procesales en la presente acción de amparo constitucional; consiguientemente, respecto a las Resoluciones 108/10 y 109/10 se tiene establecido la irrevocabilidad de oficio de los actos administrativos estables que reconocen derechos al administrado. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta lo siguiente. Por una parte, las respuestas a las solicitudes de las accionantes, expresadas por el Agente ahora accionado a través de las Notas: 1) Stria. Gral. RSC 028/22; y, 2) Stria. Gral. RSC 029/22, comunicaron que, para la renovación del carnet del Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias de COSSMIL “…debe realizar los trámites correspondientes para su renovación, para tal efecto se adjunta los requisitos exigidos por la Gerencia de Salud, para que el mismo sea aprobado mediante Resolución por el Comité de Prestaciones de Salud” (sic [fs. 53 y 55]); es decir, condicionan la vigencia del Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias de las accionantes, al cumplimiento de los trámites y los requisitos exigidos para la renovación del carnet del Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias de COSSMIL y posterior aprobación mediante resolución del Comité de Prestación de Salud. Por otra parte, el propio Agente ahora accionado, al presentar su informe en la presente acción tutelar deslindó de toda responsabilidad a la Macro Regional de Santa Cruz, de la supresión del Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias de COSSMIL a las accionantes, señalando expresamente que “…el agente regional de la macro regional COSSMIL Santa Cruz no forma parte ni del órgano colegiado del departamento de salud ni del departamento de seguros, entonces las notas que la parte accionante ha identificado como supuestos actos vulneratorios, solamente son actos de comunicación…” (sic), reiterando que se limitó a cumplir con los actos de comunicación a las accionantes para la renovación del carnet de Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias, informándoles el deber de cumplimiento del trámite, los requisitos, para su posterior aprobación mediante una resolución por el Comité de Prestación de Salud, con sede en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, en cumplimiento del Reglamento de Afiliaciones y Desafiliaciones de COSSMIL, en vigencia por Resolución 23/2020. Asimismo, el Agente ahora accionado -a través de su abogado-, al presentar su informe en la presente acción de defensa, hizo referencia a la Nota 62/22, del Jefe del Departamento de Afiliación de COSSMIL, en el que refirió la situación de las accionantes en los siguientes términos “En atención a oficios secretaria general tengo a bien informar referente a la baja de las beneficiarias María de los Ángeles Rodríguez Solíz y María Aracely Rodríguez Soliz, que de acuerdo a reglamento de afiliación y desafiliación COSSMIL de la gestión 2020 (…) solicito que las interesadas cumplan con los requisitos indicados en la normativa vigente, asimismo presente en el carnet de invalidez…” (sic), de su lectura, claramente puede advertirse que se dio de baja a las accionantes, condicionando la renovación de su carnet de seguro, la vigencia del Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias reconocidas mediante una resolución administrativa, al cumplimiento de los requisitos previstos en el Reglamento de Afiliaciones y Desafiliaciones de COSSMIL, en vigencia por Resolución 23/2020. De los hechos descritos en líneas precedentes, si bien no puede identificarse con claridad y precisión quién y mediante qué acto, se suspendieron los servicios de salud concernientes al Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias de COSSMIL en favor de las accionantes beneficiarias; empero, también resulta un hecho incuestionable que la suspensión de dichas prestaciones -concedidas mediante resolución administrativa firme- no obedeció a ninguna otra resolución en sede administrativa emergente de actos que hubiesen promovido algún medio de impugnación o sentencia en sede judicial emergente de alguna demanda que hubiese motivado la revisión o control jurisdiccional de las mencionadas Resoluciones. En otros términos, se prescindieron de todo medio o mecanismos institucionales que la ley establece para dejar sin efecto las resoluciones que concedieron el Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias de COSSMIL en favor de las beneficiarias -accionantes-, suprimiendo arbitrariamente las prestaciones en salud del mencionado seguro, en síntesis, incurrieron en medidas de hecho para suspender de manera arbitraria de las prestaciones de salud de las accionantes. En ese entendido, vulneraron los derechos fundamentales a la seguridad social de las accionantes al impedirles el acceso a los servicios de salud que comprende o que presta COSSMIL en favor de las nombradas, dejándolas en una situación de total incertidumbre; consecuentemente, pusieron riesgo su salud y su vida; puesto que, resulta de primordial importancia la situación en la que se encuentran las accionantes al padecer de una enfermedad multidisciplinaria y que a medida que transcurran los años se verán afectadas sus sistemas inmunológicos padeciendo otras nuevas enfermedades e infecciones llamadas oportunistas que aprovechan esa condición del organismo para atacar y desarrollarse, circunstancia que precisamente fue el fundamento para concederles el Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias de COSSMIL. Tomando en cuenta que en el presente caso se consumaron medidas de hecho contra las accionantes y la jurisprudencia constitucional flexibilizó la legitimación pasiva en esos casos; por una parte, es posible aplicar esa flexibilización en la legitimación pasiva al no poder determinar con claridad y precisión qué autoridad y mediante qué actos se suspendieron los servicios de salud que comprende el Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias de COSSMIL, concedidas en favor de las accionantes. Asimismo, es necesario señalar que el Agente ahora accionado, en oportunidad de presentar su informe en la presente acción de amparo constitucional a través del abogado de COSSMIL, señaló de manera expresa que “Bien en virtud al testimonio poder 140/2022 de fecha 11 de abril del año 2022 sus autoridades podrán evidenciar la revocatoria de poder especial N° 46/2022 otorgado ante la Notaria de fe publica N° 55 y el otorgamiento del nuevo poder especial en favor del Coronel Daen Raúl Vicente Burgos Pérez en su condición de Agente Macro Regional de la ciudad de Santa Cruz, este poder ha sido otorgado por el coronel Daen Helam Paulo Ferreira Zenteno en su condición de Gerente General de la Corporación del Seguro Social Militar” (sic); en ese entendido, en la presente causa, el Agente ahora accionado no solo interviene por sí, sino, en representación legal de Helam Paulo Ferreira Zenteno en su condición de Gerente General de COSSMIL; consiguientemente, el Agente hoy accionado no puede alegar falta de legitimación pasiva y que a COSSMIL se le puso en estado de indefensión; puesto que, se apersonó a esta acción tutelar, concurrió a la audiencia de consideración de la misma, tuvo la oportunidad de intervenir en el debate, presentó pruebas y observó las pruebas contrarias. Consiguientemente, en atención a los razonamientos expuestos en líneas precedentes, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional encuentra suficiente mérito para la otorgación de la tutela solicitada. Finalmente, respecto a la pretensión del pago de daños y perjuicios, e imposición de costas, estas no pueden ser consideradas en razón de la tutela concedida y la regulación potestativa establecida por el art. 39 del CPCo. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicita, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 114/2022 de 26 de julio, cursante de fs. 242 a 248 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada disponiendo que la Corporación del Seguro Social Militar:
a) Deje sin efecto las medidas de hecho que dieron origen a las Notas Stria. Gral. RSC 028/22 y Stria. Gral. RSC 029/22 ambas de 1 de febrero de 2022, que dispusieron la suspensión del Seguro Vitalicio de Prestaciones Sanitarias de la Corporación del Seguro Social Militar y como efecto restituyan de manera inmediata los servicios de salud que comprende el referido Seguro en favor de María Ángeles y María Aracely ambas de apellidos Rodríguez Soliz.
b) Se abstenga de nuevas suspensiones emergentes de medidas de hecho, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto al pago de daños y perjuicios, e imposición de costas, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de hecho”.
12 Jurisprudencia constitucional citada por la SCP 0344/2018-S2 de 18 de julio, entre otras.
13 Respecto a las variadas formas con las que se manifiesta las vías de hecho, la jurisprudencia constitucional expresada en la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, señaló que: “Este Tribunal Constitucional Plurinacional, ha verificado con preocupación que recurrentemente se ha activado la acción de amparo para denunciar: i) Avasallamientos u ocupaciones por medidas o vías de hecho de predios urbanos o rurales, privados o públicos con limitación arbitraria del derecho a la propiedad, la perturbación o pérdida de la posesión o tenencia del bien inmueble; ii) Cortes de servicios públicos (agua, energía eléctrica, etc.);y, iii) Desalojos extrajudiciales de viviendas; entre otros supuestos…” (las negrillas son nuestras).
14 La SCP 1938/2012 de 12 de octubre, expresó que: “Tal como se señaló precedentemente, al constituir las vías de hecho actos contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes, los cuales afectan derechos fundamentales reconocidos por el Bloque de Constitucionalidad, por lo que de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, deben ser tutelados a través de la acción de amparo constitucional, por ser éste un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de hecho, corresponde ahora, en el marco del principio de favorabilidad plasmado en el art. 256.I de la CPE, interpretar el art. 129.II de la Constitución, como génesis constitucional para la tutela de actos lesivos continuos en vías de hecho” (las negrillas nos pertenecen).
15 La SCP 0309/2012 de 18 de junio, en el Fundamento Jurídico III.3., señaló que: “…el tiempo transcurrido, no constituye un óbice para la no concesión de la presente acción de amparo constitucional, toda vez que el avasallamiento y la consiguiente vulneración de los derechos fundamentales del accionante, continuaban a momento de solicitar se prosiga con la tramitación de la misma” (las negrillas son agregadas).
25 En cuanto a la flexibilización de las reglas de la legitimación pasiva, la proposición de la prueba y el ejercicio del derecho a la defensa en medidas de hecho, la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, estableció que: “En el marco de lo indicado, para la activación de la acción de amparo constitucional y para dar fiel observancia al presupuesto de la legitimación pasiva, el accionante deberá cumplir en primera instancia con la identificación de los particulares o autoridades demandadas, así lo establece el art. 77.2 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC) y el art. 33.2 del Código Procesal Constitucionales (CPCo)., norma que por su fecha de vigencia no es aplicable al caso concreto, pero que sin embargo, es citada de manera referencial para su aplicación a casos futuros en relación a los cuales tenga validez temporal. En este entendido, para peticiones de tutela vinculadas con vías de hecho, la parte accionante deberá cumplir con esta exigencia; sin embargo, de manera excepcional y siempre y cuando no sea posible la
35 El Fundamento Jurídico III.4.1., indica que: “La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948, en su art. 7 dispone: `Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley´. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, determina que las garantías inherentes al debido proceso, no únicamente son exigibles a nivel judicial, sino también que deben ser de obligatorio cumplimiento por cualquier autoridad pública, señalando que: `De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo (...). Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un «juez o tribunal competente» para la «determinación de sus derechos», esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana´. El debido proceso es una garantía de orden constitucional, que en virtud de los efectos de irradiación de la Constitución Política del Estado, es aplicable a cualquier acto administrativo que determine algún tipo de sanción de ése carácter que produzca efectos jurídicos que indudablemente repercuten en los derechos de las personas (las negrillas son nuestras).
36 Respecto a la validez y eficacia, la Ley del Procedimiento Administrativo expresa: “ARTICULO 32º (Validez y Eficacia).
47 SCP 2140/2012 de 8 de noviembre.
48 Citado textualmente por la SC 0051/2005, de 18 de agosto, entre otros; y en el mismo sentido en las SC 0062/2005-R de 19 de septiembre, SC 0653/2010-R de 19 de julio, SC 1825/2011-R de 7 de noviembre, entre otras.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0511_2024-S3.pdf · páginas 1 a 33.
Huella digital del PDF (SHA-256): b0c676a7d7303fc5c3d2336e05b734a8f30c752308b5d612faac0c3d5226e042
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