Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 21 de agosto de 2024
Concede en parte la tutela
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos -se entiende- de celeridad y fundamentación; y, a la petición, en razón a que dentro del proceso penal seguido en su contra y otro, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación: a) La Jueza accionada, en audiencia de 15 de junio de 2022, dispuso su detención preventiva por el plazo de un mes, y en ese acto procesal, fijó audiencia de control de cumplimiento del plazo de la misma para el 15 de julio de igual año; empero, sin celebrarla, remitió su expediente ante el respectivo Tribunal de Sentencia Penal de turno, alegando que el Ministerio Público presentó acusación formal en su contra; b) La Fiscal de Materia coaccionada con la presentación de la acusación formal pretendió evitar la realización de la audiencia de control de cumplimiento del plazo y cesación de dicha medida extrema; y, además, por decreto de 6 de ese mes y año, sin motivo fundamentado, negó la realización de actos investigativos correspondientes a pericias; y, c) Formuló objeción contra ese decreto, y la Fiscal Departamental coaccionada, por Resolución RJ/ESGS/263/2022, ratificó la determinación cuestionada, negándole una vez más su petición e impidiéndole de esa manera presentar pruebas para la cesación de su detención preventiva y para la realización del juicio oral. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2022 de 20 de julio, cursante de fs. 36 vta. a 42, pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a la actuación de Teresa Jesús Torrez Torrez, Jueza Pública Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de San Lorenzo del departamento de Tarija, ante la falta de realización de la audiencia de consideración de la situación jurídica relacionada con el control de cumplimiento del plazo de la detención preventiva de la accionante de 15 de julio de 2022, que devino en la lesión del derecho al debido proceso en su elemento de celeridad vinculado con la libertad de la prenombrada. 2º Ordenar que por Secretaría General de este Tribunal, se proceda a la notificación de Minerva Tárraga Gutiérrez, Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de Tarija o quien actualmente ejerza ese cargo, a efectos de la realización inmediata de la antes referida audiencia de consideración de la situación jurídica de la impetrante de tutela, salvo que la extrañada dinámica procesal-jurisdiccional ya hubiese sido efectivizada por el transcurso del tiempo o la condición jurídico-procesal de la mencionada hubiese sido modificada por el carácter provisional y temporal de las medidas cautelares personales. 3º DENEGAR la tutela impetrada, con relación a Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar, Fiscal Departamental de Tarija; y, Gilda Lorena Fernández Valeriano, Fiscal de Materia; respecto a la denuncia de lesión a los derechos al debido proceso en su elemento fundamentación y a la petición, así como a la pretensión de remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura, conforme a lo expuesto en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0511/2024-S2 Sucre, 21 de agosto de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 49139-2022-99-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 03/2022 de 20 de julio, cursante de fs. 36 vta. a 42, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Fani Olgar Tolaba Flores contra Teresa Jesús Torrez Torrez, Jueza Pública Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de San Lorenzo del departamento de Tarija; Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar, Fiscal Departamental de Tarija; y, Gilda Lorena Fernández Valeriano, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 19 de julio de 2022, cursante de fs. 1 y 13 a 18, la accionante manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra y otro, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, mediante Auto Interlocutorio 194/2022 de “14” -lo correcto es 15- de junio, en aplicación de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, Teresa Jesús Torrez Torrez, Jueza Pública Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de San Lorenzo del departamento de Tarija -hoy accionada- dispuso su detención preventiva por el plazo de treinta días en el Centro Penitenciario de Morros Blancos del departamento de Tarija, fijando audiencia de control -de cumplimiento del plazo de dicha medida extrema- para el 15 de julio de 2022.
No obstante lo anterior, a pesar de estar notificada hace un mes para asistir a ese acto procesal, la Jueza accionada no instaló la audiencia, y ante la consulta de los motivos por los cuales procedió de esa manera, la Secretaria del Juzgado en el que radica la causa penal le indicó al abogado que ejerce su defensa técnica, que Gilda Lorena Fernández Valeriano, Fiscal de Materia -ahora coaccionada-, presentó acusación formal y que “ese mismo día” -se entiende 15 de julio de 2022- se remitió el expediente al respectivo Tribunal de Sentencia de turno, por lo que la autoridad judicial accionada ya no tenía competencia, y por lo tanto, la audiencia ya no se realizaría.
Señala que, a la fecha de interposición de esta acción de defensa, el plazo de treinta días fijada para su detención preventiva se venció y la causa no radica en “ningún Juzgado” y, que la Jueza accionada incumplió con su deber de instalar la audiencia de consideración de su situación jurídica, y no tomó en cuenta que existían actos investigativos pendientes e “…hizo todo para desprenderse del proceso, inclusive se tiene que la acusación, fue ingresada al tribunal primero de sentencia, el mismo día, pasada las 9 y 8 minutos, pasada la hora de que debía llevarse la audiencia…” (sic).
Refiere que, la actuación de la Fiscal de Materia coaccionada demostró apuro y celeridad por presentar la acusación formal en su contra, pretendiendo evitar la realización de la audiencia de control -de cumplimiento del plazo de la detención preventiva-; y cesación de la misma, extremo que fue ejecutado por la Jueza accionada.
Asimismo, la Fiscal de Materia coaccionada “…se negó a la realización de actos investigativos correspondientes a pericias sin motivo fundamentado, razón por lo que tuve que objetar ante la fiscal de distrito, quien no ha restablecido la ausencia absoluta de fundamentación de la fiscal para negarme haciendo valer su voluntad por encima de la ley, más bien ha confirmado la injusticia, que en mi caso afecta el derecho inviolable a la defensa, a presentar pruebas defensivas en el juicio y presentar pruebas para la cesación de la detención…” (sic).
Citó las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “0018/2019-S” de 20 de marzo; y, 0134/2018-S4 de 16 de abril, que moduló a la SCP 0415/2015-S3 de 23 de abril, que establecen la obligación del Ministerio Público de realizar actos investigativos y emitir requerimientos para la obtención de documentos que sirvan al imputado para solicitar la cesación de su detención preventiva; empero, esa jurisprudencia que fue puesta a conocimiento de la Fiscal Departamental y la Fiscal de Materia ahora accionadas, no fue considerada, porque igual le negaron la posibilidad de realización de actos investigativos, sin haberle respondido de manera concreta a su petición.
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos -se entiende- de celeridad y fundamentación; y, a la petición, sin citar norma constitucional alguna.
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se ordene al “tribunal primero de sentencia”, la devolución del expediente a la Jueza ahora accionada, con el objeto de que la Fiscal de Materia coaccionada, realice los actos investigativos solicitados y negados sin fundamento alguno; b) Que la Jueza accionada lleve a cabo la audiencia de cesación de su detención preventiva -se entiende de control de cumplimiento del plazo de la medida extrema-, debiéndose notificar a las partes procesales en el día; c) Se llame la atención a los ahora accionados y se remitan antecedentes al Consejo de la Magistratura para su procesamiento, si correspondiere; y, d) Se deje sin efecto la Resolución de la Fiscal Departamental coaccionada, que confirmó la ilegal e infundada Resolución de la Fiscal de Materia, quien negó la realización de actos investigativos sin fundamento, que estaban dirigidos a sustentar su defensa en juicio y para ser utilizadas en audiencia de medidas cautelares.
Celebrada la audiencia pública el 20 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 32 a 36 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La peticionante de tutela, a través de su abogada, ratificó los argumentos de esta acción de defensa; y ampliando en audiencia, señaló que: 1) Fue detenida el 14 de junio de 2022, mientras se trasladaba de la ciudad de Sucre al departamento de Tarija, y en ese ínterin sus derechos fueron vulnerados; 2) No existe ninguna prueba concreta que la vincule con un bolso encontrado en el vehículo en el que viajaba y, pese a la falta de evidencia, la Fiscal de Materia coaccionada negó sus solicitudes para recolectar pruebas adicionales, como la verificación de huellas dactilares o análisis de ácido desoxirribonucleico (ADN) en el bolso, lo que podría demostrar su inocencia; 3) La “Resolución” de 6 de igual mes y año, de la Fiscalía no tomó en cuenta la manipulación del bolso como prueba relevante para vincularla; 4) Se limitó su derecho a la defensa al no permitir la presentación de pruebas que podrían favorecerla, lo cual vulnera la libertad probatoria; 5) Formuló objeción ante la Fiscal Departamental coaccionada; empero, ésta fue desestimada sin una revisión adecuada, lo que refuerza la lesión de sus derechos; 6) Pese a la falta de respuesta a la objeción, la Fiscal de Materia coaccionada presentó una acusación antes de que se cumpliera el plazo de treinta días establecido por la ley para la detención preventiva; y, 7) Finalmente, con relación a la Jueza accionada, la misma tenía la obligación de llevar a cabo la audiencia de cesación de la detención preventiva, incluso después de la presentación de la acusación, y al no hacerlo, lesionó sus derechos, sin tomar en cuenta que solicitó que revise la situación jurídica, destacando que su detención superó los treinta días estipulados por la ley, sin una justificación adecuada, lo que afecta su derecho a la libertad.
Teresa Jesús Torrez Torrez, Jueza Pública Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de San Lorenzo del departamento de Tarija, mediante informe cursante a fs. 25, sostuvo que: i) Actuó conforme a las recomendaciones de normas nacionales e internacionales, como ser los arts. 8 y 25 de la “convención interamericana de derechos humanos” -Convención Americana sobre Derechos Humanos- (CADH) que establecen que las víctimas tienen derecho de acceso a la justicia y la accionante en su condición de acusada, tiene derecho a ser juzgada de forma oportuna sin dilaciones indebidas; asimismo, el art. 178 de la Constitución Política del Estado (CPE), hace referencia al principio de celeridad, el cual fue aplicado por su persona “…es por eso que a la presentación del requerimiento conclusivo por parte del Ministerio PUblico, lo que hice es cumplir el mandato de lo que establece la Constitución y la Ley” (sic); ii) Al haber presentado el Ministerio Público, acusación formal contra la peticionante de tutela, cumplió a cabalidad con el plazo previsto por el art. 325 del Código de Procedimiento Penal (CPP), y no podía haber instalado audiencia -de “control” de cumplimiento de plazo de la detención preventiva de la accionante- un día antes de lo señalado, porque ya no tenía competencia, al haber remitido la causa ante la autoridad que llevará a cabo el juicio oral, no siendo su responsabilidad que no pueda desvirtuar los peligros procesales y, menos aún asumir defensa de fondo, por lo que no se lesionó derecho alguno; y, iii) La impetrante de tutela pretende temerariamente sorprender a su autoridad, porque la audiencia de control de vencimiento de plazo no se podía instalar de manera adelantada, además existe la necesidad de la presencia de la antes nombrada para el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley “…en tal sentido pido rechazar” (sic). Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar, Fiscal Departamental de Tarija, mediante informe cursante de fs. 30 a 31, expresó que: a) La accionante cuestiona la Resolución Jerárquica RJ/ESGS/263/2022 de 15 de julio, que ratificó una decisión -fiscal- previa de 6 de igual mes de 2022, alegando que carece de fundamentación y motivación, vulnerando el debido proceso y afectando su derecho a la libertad, lo cual implicaría un procesamiento indebido e ilegal, lo cual no resulta evidente; b) Si bien, la antes nombrada sostuvo que su “vida” está en peligro y que está siendo ilegalmente procesada; empero, la citada Resolución Jerárquica no emitió órdenes de detención ni realizó actos de hostigamiento o persecución ilegal, dicha determinación simplemente ratificó la decisión de la Fiscal de Materia coaccionada de no realizar ciertas diligencias por no ser útiles para la investigación; c) Respecto a esa negativa la peticionante de tutela no impugnó tal decisión ante la Jueza accionada, lo que hubiera sido el mecanismo adecuado según el art. 54.1 del CPP; por lo tanto, no se vulneraron sus derechos; d) Si bien, la impetrante de tutela refirió que la Resolución Jerárquica no está debidamente fundamentada; sin embargo, del análisis minucioso de las objeciones a la Resolución de la Fiscal de Materia, se advierte que ello no es evidente, puesto que desestimaron las solicitudes de pericias adicionales por no ser pertinentes al caso; e) Asimismo, se debe considerar que según la jurisprudencia constitucional, las resoluciones, ya sean judiciales o administrativas, deben estar debidamente fundamentadas, lo cual incluye a las decisiones del Ministerio Público; f) En el presente caso, la Resolución Jerárquica RJ/ESGS/263/2022 cumple con estos requisitos al expresar claramente los motivos de hecho y derecho que sustentan la decisión; g) La accionante debió recurrir al control jurisdiccional para agotar los medios ordinarios de defensa antes de interponer la acción de libertad y, la falta de utilización de ese recurso se presenta como una “deficiencia” en el proceso de defensa de sus derechos; h) Con base en los argumentos presentados, solicitó se considere que la indicada Resolución Jerárquica está debidamente fundamentada y motivada y, no se vulneraron los derechos fundamentales de la accionante; e, i) La antes mencionada debió haber recurrido al control jurisdiccional para resolver sus quejas sobre el proceso, por lo que solicitó se deniegue la tutela impetrada.
Gilda Lorena Fernández Valeriano, Fiscal de Materia, mediante informe cursante de fs. 27 a 29, expresó que: 1) La peticionante de tutela refirió que se encuentra detenida preventivamente en el Centro Penitenciario de Morros Blancos del departamento de Tarija, desde el 14 de junio de 2022 y el “auto interlocutorio” que disponía su detención preventiva establecía esta medida de última ratio, por el término de treinta días, en aplicación de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, estando señalada la audiencia de control de esa medida cautelar para el 15 de julio de dicho año; sin embargo, a pesar de estar notificada desde hace más de un mes para esa audiencia, la Jueza ahora accionada no instaló tal acto, ya que la Fiscal de Materia coaccionada presentó acusación dentro de dicha causa penal y ese mismo día el expediente fue remitido al “Tribunal de Sentencia”, por lo que la indicada autoridad judicial, ya no tenía competencia dentro del causa penal; y, hasta la fecha de interposición de esta acción de defensa transcurrió más de un mes y la causa no radicó en ningún juzgado y, además existían actos de investigación pendientes, afectando su derecho a “obtener pruebas”; 2) El incidente ocurrió el 14 de junio del referido año, cuando funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) realizaban una revisión de vehículos, equipajes y pasajeros en el punto de control ubicado en la localidad de Puesto Grande, provincia Méndez, departamento de Tarija, durante esa revisión, arribó un vehículo tipo vagoneta, marca Toyota, modelo Ipsum, de color blanco, con placa de control 1925-CTS, perteneciente a la empresa de transporte interdepartamental "SINDICATO 25 DE MAYO", conducido por Edgar Rodrigo Soliz Ocampo, quien fue identificado como el conductor por los agentes de la FELCN; 3) Los funcionarios procedieron a revisar los pasajeros y equipajes del vehículo y, durante la inspección de la maletera, encontraron una mochila negra de lona con la inscripción
"CATERPILLAR", la cual pertenecía a Florencio Tolaba Medina, ocupante del asiento número 2, dentro de la mochila, hallaron prendas de vestir y dos paquetes de forma ovoide envueltos en bolsa negra y cinta masquín transparente, que contenían una sustancia verde que parecía ser marihuana; además, en el bolsillo lateral derecho de la mochila, se encontró una libreta de anotaciones roja con una cédula de identidad a nombre de Florencio Tolaba Medina; 4) Continuando con la revisión, los agentes encontraron en la parrilla del vehículo un bolsón de viaje color blanco y azul, que contenía diez paquetes de forma ovoide envueltos en bolsa de nylon negra, cinta masquín café y nylon transparente, los cuales contenían una sustancia verde similar a la marihuana, ese bolsón pertenecía a Fani Olga Tolaba Flores -hoy accionante-, quien ocupaba el asiento número 3; 5) Ante esa situación y al tratarse de un hecho ilícito flagrante, los funcionarios de la FELCN procedieron a realizar una prueba de campo, la cual confirmó que la sustancia era marihuana, inmediatamente se realizó el secuestro de la sustancia controlada y la aprehensión de la actual accionante y Florencio Tolaba Medina, tras la lectura de sus derechos y garantías constitucionales; 6) Posteriormente, se realizó el pesaje de la marihuana incautada, dando un peso total de 12.780 gramos; y, 7) En el proceso legal, la parte accionante no consideró la aplicación de los arts. 230, 393 Bis, 393 Ter del CPP y “233” de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, que hubieran sido relevantes en el contexto del caso.
“Karina Fabiola Soria Peña”, representante del Ministerio Público, en audiencia, sostuvo que: i) La acción de libertad es un recurso jurídico que permite a una persona reclamar la protección de sus derechos y garantías constitucionales, especialmente cuando estos fueron vulnerados; sin embargo, esta acción es subsidiaria, lo que significa que solo debe recurrirse a ella cuando se han agotado otras vías legales; ii) Con relación con los agravios presentados por la accionante, se tiene que no identificó claramente cuál de los derechos o garantías constitucionales habría sido vulnerado; por lo tanto, la entidad a la que representa no encuentra justificación para la acción de libertad planteada; iii) Respecto a la Jueza accionada, la peticionante de tutela cuestionó la falta de realización de la audiencia cautelar; empero, argumentó que dicha autoridad judicial perdió su competencia sobre el caso una vez que la Fiscal de Materia coaccionada emitió su requerimiento conclusivo, y en mérito a ello, se remitió la causa al Tribunal correspondiente, tal como lo estipula la SCP “0582/2020-S4”, denotándose de ello que esa remisión es parte de los deberes procesales y evita que el Juez incurra en incumplimiento de sus funciones; iv) Sobre la Fiscal Departamental coaccionada, esa autoridad actuó correctamente al rechazar una solicitud de diligencia planteada por la defensa de la impetrante de tutela, ya que consideró que dicha diligencia no era útil ni pertinente para la investigación y, ese rechazo fue evaluado y ratificado por la citada autoridad fiscal, cumpliendo con los plazos y términos procesales establecidos; v) Según los principios que rigen la actuación del Ministerio Público, no se identificó ninguna violación a derechos o garantías constitucionales en los procedimientos cuestionados; además, la accionante no agotó los recursos procesales correspondientes antes de recurrir a la acción de libertad; y, vi) Por lo mencionado, solicitó se deniegue la tutela, al no cumplir con la subsidiariedad y no haberse demostrado una lesión clara de derechos constitucionales.
La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 03/2022 de 20 de julio, cursante de fs. 36 vta. a 42, concedió en parte la tutela solicitada, con relación a la Jueza accionada, llamándole la atención vía correctiva para que no vuelva a incurrir en lesión al principio de celeridad; y, denegó la tutela impetrada, respecto a la Fiscal Departamental de Tarija y la Fiscal de Materia coaccionadas, con base en los siguientes fundamentos: a) La Jueza de la causa accionada fijó un plazo de detención preventiva de treinta días, que vencía el 15 de julio de 2022, a horas 9:30; b) El Ministerio Público presentó su acusación formal el 13 del indicado mes y año, a horas 11:50, es decir, dos días antes del vencimiento del plazo de detención; c) La Jueza accionada remitió inmediatamente los actuados al respectivo Tribunal de Sentencia, el “13” de igual mes y año; d) Dicho Tribunal, al recibir los actuados el 15 de julio de ese año, observó errores en la foliatura y cuestionó su competencia para conocer el caso bajo el procedimiento inmediato; por lo que, decidió devolver los actuados a la Jueza accionada; e) El 15 de julio de 2022, a horas 11:00, la aludida autoridad judicial recibió la devolución y nuevamente remitió el caso al Juzgado de Sentencia, que recibió el expediente el 18 del mismo mes y año; f) La causa radicó en el Juzgado de Sentencia Penal el 19 de julio de 2022; g) La accionante argumentó que la Jueza accionada vulneró su derecho a la libertad al no llevar a cabo la audiencia de control de la duración de la detención preventiva, que estaba fijada para el 15 del citado mes y año y, el hecho de remitir los actuados al Tribunal de Sentencia antes de cumplir con la “audiencia de control de plazo” se considera una vulneración a la garantía de su derecho a una “audiencia oportuna”; h) La mencionada autoridad judicial debió haber llevado a cabo la audiencia de “control de plazo de detención” antes de remitir el caso al Tribunal de Sentencia, conforme a lo desarrollado por la reiterada jurisprudencia constitucional reiterada, como ser en la SCP “192/2022-S4”; y, SSCC “745/2006-R” y “487/2005”, entre otras, que señalan que el juez de control jurisdiccional sigue siendo competente para conocer solicitudes relacionadas con la detención preventiva, incluso después de la presentación de la acusación, hasta que la causa esté radicada adecuadamente en el respectivo tribunal de sentencia; i) En ese entendido, la Jueza accionada incumplió su obligación de realizar la audiencia de control de la detención preventiva antes de remitir el caso al Tribunal de Sentencia, lo cual constituye una vulneración del derecho a la libertad de la accionante, ya que la audiencia debía haberse llevado a cabo con la debida celeridad; j) Con relación a la Fiscal Departamental de Tarija y a la Fiscal de Materia ahora coaccionadas, la peticionante de tutela alegó la lesión de sus derechos a la petición y al debido proceso en su elemento de fundamentación de las respuestas otorgadas por dichas autoridades, centrando su reclamo a una solicitud de pericias que fue denegada; k) En ese entendido, en cuanto al derecho a la petición, se tiene que la SCP 0819/2012 de 20 de agosto, establece que el mismo es fundamental en una democracia, permitiendo a las personas solicitar respuestas a sus peticiones de manera individual o colectiva y, de acuerdo al art. 24 de la CPE, garantiza una respuesta sin exigir más que la identificación del peticionario; asimismo, de acuerdo con las SSCC 0195/2010-R de 24 de mayo y 0962/2010-R de 17 de agosto, implica obtener una respuesta formal y oportuna, independientemente si la respuesta es positiva o negativa y, las autoridades están obligadas a resolver las peticiones de manera rápida para que el derecho sea efectivo; l) La SC 1068/2010-R de 23 de agosto, respecto al mismo derecho, describe a su lesión al no notificar al peticionario sobre la respuesta, negarse a recibir la petición u obstaculizar su presentación, no responder en un plazo razonable y, no atender la solicitud de manera clara, precisa, completa y congruente; m) El 5 de julio de 2022, la impetrante de tutela pidió la realización de pericias huellográficas y de ADN, y ante ello, la Fiscal de Materia coaccionada, el 6 de dicho mes y año, negó su solicitud, argumentando que las pericias solicitadas no eran pertinentes para establecer la vinculación de la imputada; n) El 15 del referido mes y año, esa decisión fue ratificada por la Fiscal Departamental accionada, quien también consideró que las pericias no eran útiles para el caso, que se trataba de un hecho en flagrancia; o) El Código de Procedimiento Penal establece que el juez debe admitir pruebas útiles para la investigación y que las partes pueden proponer diligencias en cualquier momento de la etapa preparatoria y, la negativa de un fiscal debe ser fundamentada, y las partes pueden objetar ante un superior jerárquico, quien debe resolver en un plazo máximo de setenta y dos horas; p) En el caso sub judice, la negativa de la Fiscal de Materia fue debidamente fundamentada y ratificada por la Fiscal Departamental, ambas coaccionadas, otorgando a la peticionante de tutela una respuesta de manera oportuna y fundamentada, aunque negativa; y, q) Por lo mencionado, no se demostró la lesión a los derechos a la petición y al debido proceso en su elemento de fundamentación, toda vez que, se reitera la accionante mereció respuesta a su solicitud, misma que cumplió con los requisitos legales establecidos.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:
II.1. Cursa acta de -audiencia de- medidas cautelares de 15 de junio de 2022, en la que Teresa Jesús Torrez Torrez, Jueza Pública Mixta, Civil y Comercial, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de San Lorenzo del departamento de Tarija -hoy accionada-, por Auto Interlocutorio 194/2022 dispuso la detención preventiva de Florencio Tolaba Medina y Fani Olga Tolaba Flores -ahora accionante-, a cumplirse en el Centro Penitenciario de Morros Blancos de ese departamento, por el plazo de un mes, a efectos de que el Ministerio Público realice actos investigativos, fijando audiencia de control de cumplimiento de plazo para el 15 de julio de dicho año, a horas 9:30 y aceptó el procedimiento inmediato, otorgando al Ministerio Público el plazo de treinta días para que presente el requerimiento conclusivo correspondiente; constando que en ese mismo acto procesal la defensa técnica de la accionante formuló recurso de apelación incidental contra esa determinación (fs. 2 a 5 vta.). II.2. Consta acta de audiencia de apelación incidental de medida cautelar de 23 de junio de 2022, en la cual, por Auto de Vista 163/2022-SP2, el Vocal de la Sala Penal Primera en suplencia legal de su similar Segundo del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró “CON LUGAR EN PARTE” el recurso de apelación incidental formulado por la ahora accionante contra el Auto Interlocutorio 194/2022 de 15 de junio, manteniendo los riesgos procesales establecidos por el art. 234.1, 2 y 7 del CPP; y, “desactivando” el art. 235.2 de dicho Código, manteniendo la detención preventiva de la impetrante de tutela por el plazo de un mes (fs. 97 a 103 vta.). II.3. Por memorial presentado el 5 de julio de 2022, la ahora peticionante de tutela, solicitó a Gilda Lorena Fernández Valeriano, Fiscal de Materia -hoy coaccionada-: 1) La realización de pericias y actos investigativos; y, 2) La extensión de Certificaciones de domicilio y trabajo (fs. 6 a 7 vta.); mereciendo el decreto de 6 de igual mes y año, por el que respecto al inc. 1), dispuso no ha lugar y en cuanto al inc. 2), ordenó se emita lo solicitado (fs. 8). II.4. A través del memorial presentado el 6 de julio de 2022, la impetrante de tutela solicitó a la Jueza accionada control jurisdiccional y recusó al Perito asignado a su causa (fs. 105 a 106); mereciendo el decreto de 7 de igual mes y año, por el que aclaró a la peticionante de tutela que el art. 279 del CPP, limita los actos jurisdiccionales; toda vez que, la entidad que investiga es el Ministerio Público, emitiendo requerimiento de investigación preliminar, lo que implica que el funcionario policial actúa bajo la supervisión de la citada entidad, y en los delitos flagrantes la situación fáctica de un sospechoso está vinculada la prueba directa y habilita la intervención oportuna del funcionario destinado a resguardar el orden público; sin embargo, debe actuar en el marco del respecto a las garantías constitucionales; y, sobre el Perito recomendó a la “autoridad fiscal” a cumplir con las exigencias en la obtención de las pruebas (fs. 107) II.5. Cursa memorial presentado mediante ciudadanía digital el 11 de julio de 2022, por la ahora accionante, por el que dirigiéndose a la Fiscal de Materia coaccionada, formuló objeción contra el decreto de 6 de ese mes y año (fs. 9 a 10); mereciendo la Resolución RJ/ESGS/263/2022 de 15 de igual mes, mediante la cual, Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar, Fiscal Departamental de Tarija -hoy coaccionada- ratificó la determinación cuestionada (fs. 11 a 12). II.6. Por memorial de 13 de julio de 2022, la Fiscal de Materia ahora coaccionada presentó ante la Jueza accionada, acusación formal contra la accionante y otro, solicitando: i) Se dicte auto de apertura para el juicio de los acusados como autores de la comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación y, en aplicación del art. 325 del CPP, se fije audiencia de preparación de juicio; y, ii) Una vez transcurrido el juicio oral, se dicte sentencia condenatoria y se imponga el máximo de la pena a los antes mencionados (fs. 108 a 112); mereciendo el decreto de la misma fecha, por el que, la autoridad judicial accionada tuvo por presentada la acusación y ordenó que por Secretaría de esa despacho judicial, se remita la causa al Tribunal de Sentencia Penal de turno de la Capital del departamento de Tarija (fs. 113). II.7. Mediante Nota J.P.M.S.L. Cite: Of. 186/2022 de 14 de julio, la Jueza accionada, remitió al Tribunal de Sentencia Penal de turno de la Capital del departamento de Tarija, el expediente correspondiente al proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la accionante y otro (fs. 114); constando el sello de recepción del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital de dicho departamento de 15 de igual mes y año, a horas 9:06 (fs. 114 vta.). II.8. Por decreto de 15 de julio de 2022, Irma Marina Castellón Betancur, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Tarija, señaló que: “Por secretaría devuélvase actuados a la Oficina Gestora, para que sea devuelta al Juzgado de origen, toda vez que el proceso se encuentra mal foliado, asimismo de acuerdo a la Ley 1173 no es competencia del Tribunal de Sentencia, considerando que en resolución de fecha de 15 de junio de 2022 se concede el procedimiento inmediato” (sic [fs. 116]). II.9. Mediante nota J.P.M.S.L. Cite: Of. 198/2022 de 15 de julio, la Jueza accionada remitió al juzgado de sentencia de turno el expediente correspondiente al proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la accionante y otro; mereciendo decreto de 19 de julio de 2022, por el que Minerva Tárraga Gutiérrez, Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de Tarija, señaló: “RADÍQUESE.-” (sic); y, dispuso que: “De conformidad al Art. 340 del Código de Procedimiento Penal, notifíquese al fiscal asignado al caso para la presentación física de las pruebas ofrecidas en su pliego acusatorio, sea en el plazo de (24) veinticuatro horas de su legal notificación, bajo responsabilidad.
Cumplido el plazo establecido ut supra notifíquese a los ACUSADOS, en su domicilio REAL y PROCESAL para que ofrezca prueba de descargo dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su legal notificación” (sic [fs. 120 y vta.]).
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos -se entiende- de celeridad y fundamentación; y, a la petición, en razón a que dentro del proceso penal seguido en su contra y otro, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación: a) La Jueza accionada, en audiencia de 15 de junio de 2022, dispuso su detención preventiva por el plazo de un mes, y en ese acto procesal, fijó audiencia de control de cumplimiento del plazo de la misma para el 15 de julio de igual año; empero, sin celebrarla, remitió su expediente ante el respectivo Tribunal de Sentencia Penal de turno, alegando que el Ministerio Público presentó acusación formal en su contra; b) La Fiscal de Materia coaccionada con la presentación de la acusación formal pretendió evitar la realización de la audiencia de control de cumplimiento del plazo y cesación de dicha medida extrema; y, además, por decreto de 6 de ese mes y año, sin motivo fundamentado, negó la realización de actos investigativos correspondientes a pericias; y, c) Formuló objeción contra ese decreto, y la Fiscal Departamental coaccionada, por Resolución RJ/ESGS/263/2022, ratificó la determinación cuestionada, negándole una vez más su petición e impidiéndole de esa manera presentar pruebas para la cesación de su detención preventiva y para la realización del juicio oral. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0317/2021-S3 de 9 de julio, enfatizó: [La SCP 0033/2019-S1 de 25 de marzo, precisando la competencia del Juez o Tribunal para conocer medidas cautelares, inherente ello al momento procesal en el que se activa la solicitud, y sistematizando los entendimientos jurisprudenciales al respecto, señala que: “Sobre esta temática, la SCP 1084/2017-S3 de 18 de octubre, mantuvo el entendimiento asumido por la jurisprudencia constitucional, señalando que: «…el Tribunal Constitucional a través de la SC 1584/2005-R de 7 de diciembre, concluyó que: “…cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación, así la SC 0487/2005-R de 6 de mayo, dice: ‘(…) Situación agravada con el hecho de que el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteó la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros coimputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido este Tribunal de conformidad al art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de Sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares, así la SC 143/2004-R, de 2 de febrero, razón por la cual corresponde otorgar la tutela solicitada únicamente respecto a este punto denunciado (…)’”»] (las negrillas nos pertenecen).
Sobre el particular, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, estableció que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad.
Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”’ (énfasis agregado).
En lo que respecta al ámbito de protección de la acción de libertad cuando se invoca la presunta existencia de un acto u omisión que constituya procesamiento indebido, la SCP 0448/2018-S1 de 29 de agosto, asumiendo el desarrollo jurisprudencial sobre este tópico, sostuvo que: «La amplia jurisprudencia emanada por el Tribunal Constitucional Plurinacional es coincidente en señalar que el debido proceso, como garantía procesal, tiene por finalidad lograr un proceso judicial o administrativo que efectivice las garantías procesales para las partes mediante la aplicación correcta de la normativa por el cual se rigen, siempre observando y precautelando los derechos fundamentales y garantías constitucionales como convencionales de las partes involucradas, debiendo la pertinencia de cada actuación supeditarse a las normas que la regulan; en caso de su inobservancia o aplicación arbitraria o errada, el procedimiento judicial ha previsto mecanismos para su análisis y reversión de ser procedentes; y, sólo en caso de mantenerse vigentes dichas actuaciones pese a su reclamo oportuno, es posible acudir a la vía constitucional en procura de la restitución de los derechos y garantías vulnerados con el acto denunciado, a través de la acción de defensa idónea para ello, de acuerdo a la situación fáctica que la motiva. Bajo estos parámetros, para que un acto denunciado de indebido o ilegal sea analizado a través de esta acción tutelar, el mismo debe guardar íntima relación con la libertad del accionante; lo que conlleva a que cuando se trate de presuntas lesiones al debido proceso, estas deben ser la causa directa que generó la restricción, supresión o puesta en peligro del derecho a la libertad; además de existir el absoluto estado de indefensión. En ese sentido se ha pronunciado la SCP 0139/2015-S3 de 19 de febrero señalando que: “Con relación al procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional fue uniforme, al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales -se reitera- el procesamiento indebido constituye la causa directa que originó la restricción o supresión del derecho a la libertad y además hubiese existido absoluto estado de indefensión. (…) En ese orden, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, que contiene los entendimientos asumidos en la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente: ‘…en los procesos instaurados de acuerdo al 8 ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre la tutela constitucional'. (…) para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”» (las negrillas nos corresponden).
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos -se entiende- de celeridad y fundamentación; y, a la petición, en razón a que dentro del proceso penal seguido en su contra y otro, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación: 1) La Jueza accionada, en audiencia de 15 de junio de 2022, dispuso su detención preventiva, por el plazo de un mes, y en ese acto procesal, fijó audiencia de control de cumplimiento del plazo de la misma para el 15 de julio de igual año; empero, sin celebrarla, remitió su expediente ante el respectivo Tribunal de Sentencia Penal de turno, alegando que el Ministerio Público presentó acusación formal en su contra; 2) La Fiscal de Materia coaccionada con la presentación de la acusación formal pretendió evitar la realización de la audiencia de control de cumplimiento del plazo y cesación de dicha medida extrema; y, además, por decreto de 6 del indicado mes y año, sin motivo fundamentado, negó la realización de actos investigativos correspondientes a pericias; y, 3) Formuló objeción contra ese decreto, y la Fiscal Departamental coaccionada, por Resolución RJ/ESGS/263/2022 de 15 de ese mes, ratificó la determinación cuestionada, negándole una vez más su petición e impidiéndole de esa manera presentar pruebas para la cesación de su detención preventiva y para la realización del juicio oral.
Delimitadas las problemáticas planteadas, y a efectos de su resolución, resulta necesario efectuar la contextualización del caso, de cuya revisión de antecedentes, se tiene que, cursa acta de medidas cautelares de 15 de junio de 2022, en la que la Jueza accionada, por Auto Interlocutorio 194/2022 dispuso la detención preventiva de la accionante y otro, a cumplirse en el Centro Penitenciario de Morros Blancos del departamento de Tarija, por el plazo de un mes, a efectos de que el Ministerio Público realice actos investigativos, fijando audiencia de control de cumplimiento de plazo para el 15 de julio de dicho año, a horas 9:30 y aceptó el procedimiento inmediato, otorgando al Ministerio Público el plazo de treinta días para que presente el requerimiento conclusivo correspondiente; constando que en ese mismo acto procesal la defensa técnica de la accionante formuló recurso de apelación incidental contra esa determinación (Conclusión II.1). En mérito a ello, se llevó a cabo la audiencia de apelación incidental de medida cautelar de 23 de junio del citado año, en la cual, por Auto de Vista 163/2022-SP2, el Vocal de la Sala Penal Primera en suplencia legal de su similar Segundo del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró con lugar en parte el recurso de apelación incidental formulado por la accionante, manteniendo los riesgos procesales establecidos por el art. 234.1, 2 y 7 del CPP; y, “desactivando” el art. 235.2 de dicho Código, manteniendo la detención preventiva de la antes mencionada por el plazo de un mes (Conclusión II.2). Por otra parte, la peticionante de tutela, a través de memorial presentado el 5 de julio de 2022, solicitó a la Fiscal de Materia coaccionada: i) La realización de pericias y actos investigativos; y, ii) La extensión de certificaciones de domicilio y trabajo; mereciendo el decreto de 6 de igual mes y año, por el que respecto al inc. i), dispuso no ha lugar y en cuanto al inc. ii), ordenó se emita lo solicitado (Conclusión II.3). Posteriormente, por memorial presentado el 6 de julio de 2022, la accionante solicitó a la Jueza accionada control jurisdiccional y recusó al Perito asignado a su causa; mereciendo el decreto de 7 de igual mes y año, por el que se aclaró a la impetrante que el art. 279 del CPP, limita los actos jurisdiccionales; toda vez que, la entidad que investiga es el Ministerio Público, emitiendo requerimiento de investigación preliminar, lo que implica que el funcionario policial actúa bajo la supervisión de la citada entidad, y en los delitos flagrantes la situación fáctica de un sospechoso está vinculada a la prueba directa y habilita la intervención oportuna del funcionario destinado a resguardar el orden público; sin embargo, debe actuar en el marco del respeto a las garantías constitucionales; y, sobre el Perito recomendó a la “autoridad fiscal” a cumplir con las exigencias en la obtención de las pruebas (Conclusión II.4). Así también, a través del memorial presentado mediante ciudadanía digital el 11 de julio de 2022, la impetrante de tutela dirigiéndose a la Fiscal de Materia coaccionada, formuló objeción contra el decreto de 6 de ese mes y año; mereciendo la Resolución RJ/ESGS/263/2022, mediante la cual, la Fiscal Departamental de Tarija coaccionada ratificó la determinación cuestionada (Conclusión II.5). Por su parte, la Fiscal de Materia coaccionada por memorial de 13 de julio de 2022, presentó ante la Jueza accionada, acusación formal contra la accionante y otro, solicitando: a) Se dicte auto de apertura para el juicio de los acusados como autores de la comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación y, en aplicación del art. 325 del CPP, se fije audiencia de preparación de juicio; y, b) Una vez transcurrido el juicio oral, se dicte sentencia condenatoria y se imponga el máximo de la pena a los antes mencionados; mereciendo el decreto de la misma fecha, por el que, la autoridad judicial accionada tuvo por presentada la acusación y ordenó que por Secretaría de ese despacho judicial, se remita la causa al Tribunal de Sentencia Penal de turno de la Capital del departamento de Tarija (Conclusión II.6).
Consecuentemente, ante ello, por Nota J.P.M.S.L. Cite: Of. 186/2022 de 14 de julio, la Jueza accionada, remitió al Tribunal de Sentencia Penal de turno de la Capital del departamento de Tarija, el expediente correspondiente a la causa en referencia; constando el sello de recepción del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital de dicho departamento de 15 de igual mes y año, a horas 9:06 (Conclusión II.7). Recibida la causa, por decreto de 15 de julio de 2022, la Jueza integrante del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Tarija, señaló que: “Por secretaría devuélvase actuados a la Oficina Gestora, para que sea devuelta al Juzgado de origen, toda vez que el proceso se encuentra mal foliado, asimismo de acuerdo a la Ley 1173 no es competencia del Tribunal de Sentencia, considerando que en resolución de fecha de 15 de junio de 2022 se concede el procedimiento inmediato” [(sic) Conclusión II.8]. Finalmente, mediante Nota J.P.M.S.L. Cite: Of. 198/2022 de 15 de julio, la Jueza accionada remitió al Juzgado de Sentencia de turno el expediente correspondiente al proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la accionante y otro; mereciendo el decreto de 19 del citado mes y año, por el que la Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de Tarija, señaló: “RADIQUESE.-” (sic); y, dispuso que: “De conformidad al Art. 340 del Código de Procedimiento Penal, notifíquese al fiscal asignado al caso para la presentación física de las pruebas ofrecidas en su pliego acusatorio, sea en el plazo de (24) veinticuatro horas de su legal notificación, bajo responsabilidad. Cumplido el plazo establecido ut supra notifíquese a los ACUSADOS, en su domicilio REAL y PROCESAL para que ofrezca prueba de descargo dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su legal notificación” (Conclusión II.9). Precisados los antecedentes fáctico-procesales y delimitado el objeto procesal de esta acción de defensa, corresponde puntualizar lo siguiente: Sobre el inc. 1) del objeto procesal Con relación a la Jueza accionada, la accionante denuncia que en audiencia de 15 de junio de 2022, dispuso su detención preventiva por el plazo de un mes, y en ese acto procesal, fijó audiencia de control de cumplimiento del plazo de la misma para el 15 de julio del citado año; empero, sin celebrarla, remitió su expediente ante el respectivo Tribunal de Sentencia Penal de turno, alegando que el Ministerio Público presentó acusación formal en su contra; corresponde considerar que conforme al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, cuando se trata de una solicitud de cesación de la detención preventiva o modificación de dicha medida, es viable que el Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver la situación jurídica -en esa esfera- de la o el procesada/o aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal. En ese entendido, en el caso sub judice, se advierte que la audiencia de consideración de la situación jurídica de la accionante -en el marco del control de cumplimiento del plazo de la detención preventiva- fijada para el 15 de julio de 2022, efectivamente pudo haber sido llevada a cabo por la Jueza ahora accionada; toda vez que, si bien la acusación formal se presentó el 13 de ese mes y año; y, la inicial remisión al respectivo Tribunal de Sentencia fue efectuada el 15 del indicado mes y año, empero, en igual data, el expediente original fue devuelto al Juzgado de origen por haber foliado mal el cuaderno procesal y advertirse falta de competencia; y al ser nuevamente remitido recayó en el Juzgado de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Tarija, el cual fue radicado por decreto de 19 del mencionado mes y año. En ese contexto, en cumplimiento con el entendimiento jurisprudencial del precitado Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, correspondía a la autoridad judicial accionada, llevar a cabo la audiencia que la ahora peticionante de tutela extraña en su efectivización, fijada para el 15 de julio de 2022, con un mes de antelación, tomando en cuenta que, pese a la presentación de la acusación formal por parte del Ministerio Público, el proceso penal en cuestión aún no estaba radicado en el citado Juzgado Sentencia Penal al que finalmente fue remitido. En ese sentido, se evidencia que la Jueza accionada lesionó el derecho al debido proceso en su elemento de celeridad vinculado a la libertad de la impetrante de tutela, al no haber cumplido con la instalación y celebración de la audiencia fijada para el 15 de julio de 2022; por lo que, corresponde conceder la tutela impetrada, debiéndose activar la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho que, conforme se tiene glosado en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos.
No obstante lo anterior, se aclara que, tal como se revisó de antecedentes, existe evidencia de que por Nota J.P.M.S.L. Cite: Of. 198/2022 de 15 de julio, la Jueza accionada remitió al Juzgado de Sentencia Penal de turno el expediente correspondiente al proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la accionante y otro -del cual deviene esta acción de defensa-; constando el cargo de recepción de 18 de ese mes y año, a horas 10:30, en el Juzgado de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Tarija; y, mereciendo el decreto de 19 del referido mes y año, por el que la Jueza de ese despacho judicial, señaló: “RADIQUESE.-” (sic [fs. 120 vta.]); por lo que, la audiencia de consideración de la situación jurídica de la accionante debe ser realizada en el citado Juzgado de Sentencia en el que fue radicado, salvo que ya hubiese sido efectivizada por el transcurso del tiempo y/o la condición jurídico-procesal de la mencionada hubiese sido modificada por el carácter provisional y temporal de las medidas cautelares personales. Sobre los incs. 2) y 3) del objeto procesal Respecto a que la Fiscal de Materia coaccionada con la presentación de la acusación formal pretendió evitar la realización de la audiencia de control de cumplimiento del plazo y cesación de dicha medida extrema; y, además, por decreto de 6 de julio de 2022, sin motivo fundamentado, negó la realización de actos investigativos correspondientes a pericias; por lo que, formuló objeción contra ese decreto, y la Fiscal Departamental coaccionada, por Resolución RJ/ESGS/263/2022, ratificó la determinación cuestionada, negándole una vez más su petición e impidiéndole de esa manera presentar pruebas para la cesación de su detención preventiva y para la realización del juicio oral; corresponde precisar que, de acuerdo al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, se enfatiza que, la protección otorgada por la acción de libertad cuando se denuncian lesiones al debido proceso, no abarca a todas las formas en que puede ser vulnerado, sino queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción; en consideración a ello, esta acción de defensa procede cuando de manera concurrente se cumplen con los siguientes presupuestos: 1) El acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública denunciadas, deben estar vinculadas con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, 2) Debe existir absoluto estado de indefensión. Respecto al primer presupuesto, cabe advertir que, el hecho de que la Fiscal de Materia coaccionada -como se reclama- hubiese pretendido evitar la realización de la audiencia de control de cumplimiento de plazo de la detención preventiva y cesación de dicha medida extrema, presentando acusación formal en su contra el 13 de julio de 2022, es decir, dos días antes de vencer el plazo de un mes fijado para cumplir la misma; y, que por decreto de 6 de ese mes y año, sin motivo fundamentado, se le negó la realización de actos investigativos correspondientes a pericias; ratificada por la Resolución RJ/ESGS/263/2022, negándole una vez más su petición e impidiéndole de esa manera presentar pruebas para la cesación de su detención preventiva y para la realización del juicio oral; no constituyen en aspectos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad de la accionante; por cuanto, para que recupere su libertad se requiere previamente un despliegue procesal que debe ser tramitado y resuelto por la autoridad judicial que conoce la causa, considerando además que la restricción a dicho derecho emerge de la decisión judicial de aplicación de la medida cautelar personal de la detención preventiva -Auto Interlocutorio 194/2022- en función de la concurrencia de requisitos procesales-legales correspondientes, confirmado en lo sustancial de efecto de aplicación en instancia de alzada, a través del Auto de Vista 163/2022-SP2.
Respecto al segundo presupuesto, tampoco se advierte que hubiese existido indefensión absoluta de la accionante, en razón a que se encuentra participando de manera activa dentro de la tramitación del proceso penal seguido en su contra, asumiendo conocimiento de los diferentes actuados; tal es así que en audiencia de 15 de junio de 2022, su defensa técnica formuló recurso de apelación incidental contra la decisión jurisdiccional de disponer su detención preventiva; así también, por memorial presentado el 5 de julio del indicado año, solicitó a la Fiscal de Materia coaccionada la realización de pericias, actos investigativos y la extensión de certificaciones de domicilio y trabajo; a través de memorial presentado el 6 de julio de 2022, solicitó a la Jueza accionada control jurisdiccional y recusó al Perito asignado a su causa; y, por memorial presentado mediante ciudadanía digital el 11 de dicho mes y año, dirigiéndose a la Fiscal de Materia coaccionada, formuló objeción contra el decreto de 6 de julio de igual año, evidenciándose el despliegue procesal que viene ejerciendo de acuerdo la estrategia procesal considerada pertinente, sin que en virtud a ello se constate que se encuentre imposibilitada de hacer uso de los medios y recursos previstos por ley para el reclamo de las presuntas irregularidades del debido proceso ahora denunciadas, que siendo agotados, si considera que las mismas persisten, recién es permisible que acuda a esta jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional, que se constituye en la vía idónea para la tutela del derecho al debido proceso no vinculado a la libertad ni cuando se advierte el absoluto estado de indefensión.
Bajo tales razonamientos, al no cumplirse con los dos presupuestos concurrentes que permitan tutelar mediante esta acción de defensa las lesiones al debido proceso denunciadas, corresponde denegar la tutela impetrada al respecto. Con relación a la invocada vulneración del derecho a la petición, se debe señalar que, la misma no se encuentra dentro del campo de acción de esta vía de protección tutelar; por lo que, no corresponde efectuar ninguna análisis de fondo; al margen de ello por didáctica constitucional cabe aclarar que, no se puede confundir el referido derecho en su dimensión pura, llana y con autonomía propia, cuya regulación de validez constitucional se encuentra establecida en el art. 24 de la CPE; con la pretensión contenida en una acción ordinaria -como la penal-, por cuanto respecto a este componente de índole procesal corresponde que todos los aspectos inherentes al mismo sean sustanciados en el marco de la normativa adjetiva aplicable y resueltos en observancia del debido proceso, en cuanto a la regulación y cumplimiento de plazos, etapas e instancias procesales, en virtud al carácter de orden público y acatamiento obligatorio de las normas procesales, con base en lo cual no es posible que una pretensión activada dentro de un proceso sea tratada en el marco de las implicancias del derecho de petición (SCP 0285/2022-S3 de 20 de abril, entre otras). Finalmente, en cuanto a la pretensión de que se remitan antecedentes al Consejo de la Magistratura para el procesamiento, si correspondiere, el mismo no es acogido en razón al alcance parcial de la tutela asumida. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada con relación a la Jueza accionada; y, denegar respecto a la Fiscal Departamental y Fiscal de Materia coaccionadas, aunque en parte con otros fundamentos, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2022 de 20 de julio, cursante de fs. 36 vta. a 42, pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a la actuación de Teresa Jesús Torrez Torrez, Jueza Pública Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de San Lorenzo del departamento de Tarija, ante la falta de realización de la audiencia de consideración de la situación jurídica relacionada con el control de cumplimiento del plazo de la detención preventiva de la accionante de 15 de julio de 2022, que devino en la lesión del derecho al debido proceso en su elemento de celeridad vinculado con la libertad de la prenombrada. 2º Ordenar que por Secretaría General de este Tribunal, se proceda a la notificación de Minerva Tárraga Gutiérrez, Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de Tarija o quien actualmente ejerza ese cargo, a efectos de la realización inmediata de la antes referida audiencia de consideración de la situación jurídica de la impetrante de tutela, salvo que la extrañada dinámica procesal-jurisdiccional ya hubiese sido efectivizada por el transcurso del tiempo o la condición jurídico-procesal de la mencionada hubiese sido modificada por el carácter provisional y temporal de las medidas cautelares personales. 3º DENEGAR la tutela impetrada, con relación a Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar, Fiscal Departamental de Tarija; y, Gilda Lorena Fernández Valeriano, Fiscal de Materia; respecto a la denuncia de lesión a los derechos al debido proceso en su elemento fundamentación y a la petición, así como a la pretensión de remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura, conforme a lo expuesto en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0511_2024-S2.pdf · páginas 1 a 22.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6a47d5117f8b3fd23dce10116e2b65c3e7f3568edcf50ea7001908a0f22ecfe1
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