B.IA.LEGAL

SCP 0510/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 28 de agosto de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
28 de agosto de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
51487-2022-103-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela denunció la lesión al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, y su derecho al trabajo, vinculado a los principios de legalidad, aplicación objetiva de la Ley y seguridad jurídica; dado que: a) La Resolución Ejecutiva 464/2021, no se pronunció en relación a los fundamentos expuestos en el recurso jerárquico presentado contra la RA 0193/2021; además que, aplicó legislación de otro país para resolver el caso y no resolvió lo solicitado respecto a la compensación económica de las vacaciones; y, b) La indicada Resolución jerárquica fue emitida fuera del plazo establecido por la Ley 2341; de manera que, no es válida, porque la autoridad ya había perdido competencia, operando el silencio administrativo positivo a su favor; pues, la radicatoria decretada mediante Auto de 12 del mismo mes y año no tiene sustento jurídico, por no estar prevista dicha figura en la precitada Ley; razón por la que, fue rechazada y objetada; aun ello, dicha objeción también fue rechazada por Auto de 20 de diciembre del mismo año. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 197/2022 de 23 de agosto, cursante de fs. 210 a 216 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos del debido proceso
  2. III.2. El silencio administrativo y sus efectos jurídicos
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0510/2024-S4 Sucre, 28 de agosto de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 51487-2022-103-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 197/2022 de 23 de agosto, cursante de fs. 210 a 216 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Eduardo Mario Vargas Aliaga contra Hernán Iván Arias Durán, Alcalde; Raúl Fernando Ayala España, ex Director; Roger Alejandro Vásquez Paredes, actual Director, ambos de Gestión de Recursos Humanos (RR.HH.); y, José Antonio Gonzáles López, Director General de Asuntos Jurídicos, todos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 20 de mayo de 2022, cursante de fs. 78 a 92; de subsanación el 30 de igual mes y año (fs. 95 a 98); y, de ampliación de fundamentos de 8 de julio del mismo año, (fs. 110 a 112), el accionante, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En su condición de funcionario público desde el 2007 en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, participó de la convocatoria pública interna 001/2009, sobre reclutamiento de personal para la entonces Oficialía Mayor de Gestión Territorial del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, habiendo logrado su incorporación como funcionario de carrera, en el cargo de asesor legal de la señalada oficialía mayor; en ese sentido, a partir de la gestión 2015, fue designado como asesor legal III, dependiente de la Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo, habiendo ocupado el cargo de asesor legal del despacho de la indicada Secretaría Municipal, siempre como servidor público de carrera; sin embargo, debido a la decisión de la nueva autoridad municipal electa y la designación de los secretarios municipales, se procedió con la reestructuración del personal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ejerciéndose con ese motivo acoso laboral contra los funcionarios municipales; razón por la que, a través de nota de 6 de mayo de 2021, puso a disposición su puesto; a fin de que, sea evaluado en el cargo y la expectativa de ser ratificado en el mismo, habiendo señalado en la nota, que de ser ratificado dicha confianza sería retribuida y que de prescindirse sus servicios, continuaría trabajando desde el lugar que Dios elija, haciendo saber que tenía vacaciones pendientes de uso; las cuales, solicitó que se le permita hacer uso, o sean procesadas para su pago correspondiente, aclarando que nunca tuvo la intención de renunciar a la carrera administrativa municipal y a su cargo, sino que la nueva autoridad defina su destino administrativo, sea ratificándolo en el cargo o definiendo su rotación correspondiente. No obstante lo indicado, la referida nota fue utilizada por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz para prescindir de sus servicios; dado que, mediante memorándum D.G.RR.HH.02475/2021 de 12 de mayo, se le comunicó que, en atención a la nota por la que se puso a disposición el cargo, se aceptaba su renuncia, sin que tal decisión fuera expresada en la nota presentada el 6 de mayo de 2021, tergiversándose de esa forma lo solicitado por su persona; por lo que, interpuso recurso de revocatoria el 13 de igual mes y año, que fue resuelto mediante Resolución Administrativa (RA) 0193/2021 de 11 de junio de “2020” (sic.), confirmando el acto de cesación, y disponiendo contradictoriamente la compensación económica de sus vacaciones en la parte considerativa de la resolución; pero no así, la parte dispositiva para su pago en el plazo establecido por el Reglamento de Pago de Beneficios Sociales y otros derechos, aprobado por Decreto Municipal 028/2020 de 23 de julio; y no obstante que presentó solicitud de enmienda y complementación contra dicha resolución, solo se dio curso respecto a la enmienda del año en la resolución administrativa; motivo por el cual, el 7 de julio de 2021 presentó recurso jerárquico contra la RA 0193/2021, cuyo plazo, según la Ley de Procedimiento Administrativo, vencía el 16 de noviembre de igual año; empero, el 12 del mismo mes y año, la autoridad jerárquica dispuso su radicatoria, sin que esta diligencia se encuentre prevista en la Ley 2341 de 23 de abril de 2002, haciendo referencia simplemente al art. 45.3 de la Ley del Ordenamiento Jurídico y Administrativo Municipal, aprobada por las Leyes Autonómicas GAMLP 007/2011, modificada por sus similares 013/2011, 014/2012, 222/2017 y 269/2017, pero que, en nada refieren sobre dicha figura (radicatoria); razón por la que, el 18 de noviembre de 2021 presentó memorial de observación y rechazo; la misma que, fue declarada improcedente por Auto de 20 de diciembre del mismo año, en tanto que, por Resolución Ejecutiva 464/2021 de 19 de noviembre, se resolvió el recurso jerárquico, confirmando la resolución recurrida, emitiéndose esta, tres días hábiles posteriores al vencimiento del plazo establecido por la ley; es decir, con pérdida de competencia administrativa, y por tanto, aplicable el silencio administrativo positivo, al tratarse de un tema laboral que tiene protección constitucional reforzada.

La Resolución Ejecutiva 464/2021, al haber sido emitida fuera del plazo legal, lesionó el debido proceso, operando en consecuencia el silencio administrativo positivo; sobre el cual, el Auto de 20 de diciembre de 2021, que resolvió la observación y rechazo al decreto de radicatoria del recurso jerárquico, sostuvo que en todos los casos el silencio administrativo debe interpretarse de manera negativa, y que al no existir reglamentación en el municipio respecto a memorándums que aplique el silencio administrativo positivo, dicha figura resultaba inaplicable a su caso; sin considerar que, el derecho al trabajo y el servicio público se encuentran contemplados como verdaderos derechos constitucionales, gozando de una protección reforzada; de manera que, cuando se tratan de actos administrativos, como un memorándum de aceptación de renuncia que nunca se ha formulado, las normas jurídicas deben interpretarse a favor del trabajador; por lo que, en su caso, operó el silencio administrativo positivo en resguardo de sus derechos; y aunque se pretende justificar la demora a la tardía remisión del recurso por la Dirección de Gestión de RR.HH. a Gabinete de Despacho, dicho aspecto no es responsabilidad del recurrente. En cuanto a la omisión de pago de sus vacaciones, las autoridades ahora demandadas debieron instruir a la Dirección de Gestión de RR.HH. de la misma entidad, la emisión de los informes técnico y jurídico, más su envío a la Secretaría Municipal de Finanzas para su cancelación en el plazo de trece días desde su desvinculación, conforme al Reglamento de Pago de Beneficios Sociales y otros derechos ya indicado, y al no haber ocurrido aquello, debe incluirse la multa del 30% y adicionales. En ese sentido, tanto la Resolución Ejecutiva 464/2021, como el Auto de 20 de diciembre de 2021, lesionaron el debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; debido a que, la primera resolución indicada, al confirmar sin mayor argumentación la RA 0193/2021, ratificada por Auto Administrativo de 22 de junio de 2021, confirmando el memorándum D.G.RR.HH.02475/2021, se constituye una decisión sin fundamentación y con decisión arbitraria, porque no se respondió a las observaciones realizadas en su recurso, limitándose únicamente a indicar lo que se entiende por funcionario de carrera, funcionario provisorio, funcionarios sujetos a la Ley General del Trabajo y normas complementarias y los que gozan de estabilidad laboral, desconociendo lo entendido por “renuncia” en los arts. 41.a) de la Ley del Estatuto del Funcionario Público y 34.a) del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, aprobado por Ordenanza Municipal GMLP 421/2008; pretendiendo forzar conceptos contenidos en legislación de otro país (Perú), no aplicable al Estado Plurinacional de Bolivia; además de incurrir en una incongruencia omisiva al reconocer en la parte considerativa la compensación económica de sus vacaciones, pero no señalar nada en su parte dispositiva.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denunció la lesión al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, y su derecho al trabajo, vinculado a los principios de legalidad, aplicación objetiva de la Ley y seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 115.II, 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticas (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se declare nula la Resolución Ejecutiva 464/2021, y el Auto Municipal de 20 de diciembre de igual año, al haberse pronunciado fuera de plazo legal; b) Al haber operado el silencio administrativo positivo a su favor, se deje sin efecto el memorándum D.G.RR.HH.02475/2021, disponiendo su reincorporación inmediata a sus funciones como asesor legal III de la Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; c) Se disponga que la autoridad demandada, en el plazo de tres días de emitirse la resolución constitucional, pague a su favor los sueldos devengados desde el 12 de mayo de 2021, hasta el presente; así como, todos los demás derechos laborales inherentes y conexos al mismo; d) Se ordene a los demandados procedan con el pago en compensación económica de las vacaciones devengadas, computadas hasta la fecha, más la multa del 30% y adicionales, sea en el plazo fatal e improrrogable de trece días calendario a partir de la concesión del amparo, bajo alternativa de ley en caso de negativa; e) Se disponga la remisión de antecedentes al Ministerio Público para que prosiga con la investigación correspondiente contra los demandados, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes, ante la omisión en el cumplimiento y debida aplicación del Decreto Municipal 028/2020, que aprobó el Reglamento de Pago de Beneficios Sociales y otros Derechos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; f) Se declare haber lugar al pago de daños y perjuicios provocados a su persona por la ilegal desvinculación laboral, privándolo de su sustento desde el 12 de mayo de 2021; y, g) Se condene en costas y costos a los demandados.

I.2. Audiencia y resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 23 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 204 a 209, presentes el accionante asistido de su abogado; así como, las autoridades demandadas a través de sus abogados apoderados, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte impetrante de tutela ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Edwin Castro Escobar y Germán Marcelo Aguilar Usquiano, en representación legal de Hernán Iván Arias Durán, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por memorial presentado el 23 de agosto de 2022, cursante de fs. 195 a 203 y en audiencia, informaron lo siguiente: 1) Ante la entrega del memorándum de aceptación de renuncia presentada por el servidor público, este presentó recurso de revocatoria, solicitando en parte de su nota “pongo a disposición el cargo” pero luego dijo “presenté renuncia al cargo”, además de solicitar contradictoriamente el pago por la compensación de sus vacaciones, consintiendo de esa manera en el corte de su relación de servicios, lo que motivó la emisión de la RA 0193/2021, modificada en su fecha por el Auto Complementario, que explicó las razones fundadas por las que se dispuso del cargo del solicitante de tutela, pero debido a su disconformidad interpuso recurso jerárquico, argumentando temas accesorios a su reincorporación, cuyo aspecto recién es alegado cuando solicitó la aplicación del silencio administrativo positivo a su favor; de manera que, no existe violación al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, la resolución jerárquica dio respuesta fundamentada sobre la interpretación de su nota de poner a disposición el cargo que ocupaba, conforme se transcribe parte de la respuesta; 2) El accionante consintió lo alegado en cuanto al Auto de radicatoria de 12 de noviembre de 2021, al haber presentado memorial de impugnación el 18 de igual mes y año, solicitando su rechazo y la aplicación del silencio administrativo, el que fue rechazado por Auto de 20 de diciembre de 2021; en ese mismo sentido, al interponer acción de amparo constitucional contra la Resolución Ejecutiva 464/2021, también incurre en un acto de consentimiento de esta; 3) El impetrante de tutela pretende la nulidad de la Resolución Ejecutiva ya mencionada, bajo una errónea interpretación del silencio administrativo positivo contenido en la Ley 2341, sin considerar que por disposición del art. 23.V de la citada norma, la decisión es positiva únicamente en los trámites expresamente previstos en norma reglamentaria especial; por lo cual, no correspondía en el caso del solicitante de tutela, aclarando que el Auto de radicatoria de 12 de noviembre de 2021, se sujeta a la remisión de obrados al despacho del Alcalde, y que para el caso era el 13 de julio de 2021; 4) Al haber decidido la nueva administración municipal no contar más con los servicios del accionante, no se vulneró ningún derecho laboral del mismo, por cuanto este ocupaba un cargo de libre nombramiento y de confianza; por lo que, se encontraba sujeto a lo dispuesto por el art. 233 de la CPE; de manera que, tampoco se encontraba alcanzado por la Ley 321; 5) El propio impetrante de tutela confunde su reclamo al solicitar el cumplimiento del Reglamento de Pago de Beneficios Sociales y otros Derechos, en relación a la compensación de sus vacaciones, aceptando de esa manera indirectamente su desvinculación del cargo, además que el pago de vacaciones debe tramitarse por cuerda separada; 6) Ante la entrega del memorándum D.G.RR.HH.02475/2021, el solicitante de tutela tenía “cuatro meses” (sic) para impugnar la determinación, conforme disponen los arts. 128 y 129 de la CPE, y no lo hizo, lo que hace que su derecho se encuentre caducado; 7) Ante la entrega del indicado memorándum, el accionante no acudió a la vía llamada por ley, como es la queja ante la Dirección de Servicio Civil dentro de los noventa días para reclamar su reincorporación, conforme al razonamiento establecido en la SCP 0135/2013-L de 20 de marzo; 8) Si bien el impetrante de tutela señaló que hubiera tenido un cargo de carrera, el mismo renunció a la misma el 2015, cuando fue nombrado asesor legal del Despacho de la Secretaría, cargo que era de libre nombramiento; y, 9) El solicitante de tutela no cumplió con el principio de subsidiariedad; pues, si consideraba que la resolución jerárquica fue emitida sin apego a la ley, debió haber acudido al proceso contencioso administrativo. Bajo esos fundamentos, solicitaron que se deniegue la tutela impetrada. Raúl Fernando Ayala España, Ex Director de Gestión de RR.HH. del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en audiencia señaló que, como manifestaron los abogados del gobierno municipal, el accionante no ha expresado ningún argumento legal contra el indicado memorándum de cesación mientras su persona estaba en funciones; por lo que, solo le queda ratificar lo señalado por los abogados de la parte demandada, al haberse cumplido con los procesos administrativos que correspondían.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de Resolución 197/2022 de 23 de agosto, cursante de fs. 210 a 216 vta., concedió en parte la tutela impetrada, en consecuencia: i) Declaró nula la Resolución Ejecutiva 464/2021, y el Auto de 20 de diciembre de 2021, al haberse pronunciado fuera del plazo legal; y, ii) Al haber operado el silencio administrativo positivo, se dejó sin efecto el memorándum D.G.RR.HH.02475/2021, ordenando reincorporar al impetrante de tutela a sus funciones en el cargo que venía desempeñando, en el plazo de setenta y dos horas, sin perjuicio de llegar a un acuerdo entre las partes; y, denegó la tutela en relación a lo solicitado en los puntos 3, 4, 5, 6 y 7 del petitorio del solicitante de tutela; decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: a) Al haberse interpuesto el recurso jerárquico el 7 de julio de 2021, la autoridad administrativa tenía la obligación de emitir la resolución administrativa en el término de noventa días hábiles, conforme dispone el art. 67.I de la Ley 2341; es decir, hasta el 16 de noviembre; de manera que, al haberse pronunciado esta el 19 de igual mes y año, la misma se encuentra fuera del plazo previsto, siendo aplicable en consecuencia lo establecido en el parágrafo II del artículo precitado, al haber operado el silencio administrativo positivo; pues, la emisión del Auto de 12 de noviembre de 2021, que dispuso la radicatoria de la causa en el despacho del Alcalde, es contradictorio a las normas expuestas precedentemente, que establece que el cómputo del plazo es desde la interposición del recurso; y, b) La nota presentada por el accionante el 6 de mayo de 2021; a través de la cual, se puso a disposición el puesto que ocupaba en el gobierno municipal, no expresa de ninguna manera renuncia al cargo, no siendo lo mismo, una renuncia que poner a disposición el cargo.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Eduardo Mario Vargas Aliaga, ahora impetrante de tutela, por memorial presentado el 29 de agosto de 2023, cursante a fs. 304 y vta., solicitó adelanto de sorteo; la misma que, fue resuelta a través de Auto Constitucional (AC) 158/2023-CA/S de 12 de septiembre (fs. 308 a 311), declarando no ha lugar a lo peticionado; por lo que, la presente causa fue sorteada el 25 de julio de 2024 y la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Por nota de 6 de mayo de 2021, Eduardo Mario Vargas Aliaga, hoy accionante, comunicó a Vladimir Rodolfo Ameller Terrazas, Secretario Municipal de Planificación para el Desarrollo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, su tiempo de servicio en la entidad municipal y su condición de asesor legal en el indicado despacho desde el 2015, precisando que, “bajo ese contexto” (sic), pone a disposición su puesto, señalando que de ser ratificado retribuirá dicha confianza con mayor dedicación, no obstante, de prescindirse de sus servicios continuará trabajando desde el lugar que Dios elija, haciendo conocer que teniendo vacaciones pendientes se le permita hacer uso de las mismas o, que por su intermedio, estas sean procesadas para su pago ante la unidad correspondiente, en el marco de la norma respectiva (fs. 3). II.2. A través de memorándum D.G.RR.HH.02475/2021 de 12 de mayo, con constancia de recepción el mismo día, el Director de Gestión de RR.HH. del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, comunicó al hoy solicitante de tutela que, en atención a la carta por la que se puso a disposición el cargo de asesor legal III del despacho de la Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo, por cambio de gestión municipal, se aceptaba su renuncia a esa fecha (fs. 4). II.3. Mediante memorial presentado el 13 de marzo de 2021, el ahora accionante formuló recurso de revocatoria contra el memorándum D.G.RR.HH.02475/2021, alegando en lo esencial una errónea interpretación de su nota en cuanto a los términos “poner a disposición el cargo” y “renuncia”, término último que según el impugnante jamás fue utilizado; asimismo, que en el referido memorándum no mereció ningún pronunciamiento en referencia a las vacaciones pendientes de uso (fs. 5 a 7). II.4. Por nota de 26 de mayo de 2021, con constancia de recepción el mismo día, el hoy impetrante de tutela solicitó al Director de Gestión de RR.HH. del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, el pago de sus vacaciones devengadas; nota cuya respuesta sería el CITE. DGRH.UAP KP-BS/OF.0675/2021 de 20 de septiembre, señalando que serán canceladas de acuerdo a disponibilidad presupuestaria y que las duodécimas de aguinaldo, de acuerdo a la normativa, hasta el 20 de diciembre (no consta recepción). En ese mismo sentido, cursa nota de 17 de septiembre de 2021; por la cual, el hoy impetrante de tutela solicita al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, el cumplimiento de la normativa para el pago de vacaciones pendientes de uso (fs. 37, 38 y 39 a 41). II.5. Por RA 0193/2021 de 11 de junio, el Director de Gestión de RR.HH. del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, confirmó el precitado memorándum de cesación, manteniendo firme y subsistente sus efectos jurídicos; resolución contra la que el impugnante presentó solicitud de aclaración, enmienda y complementación sobre varios aspectos, y que fue declarada improcedente por Auto de 23 de junio de 2021; no obstante, por Auto de 22 de igual mes y año, la indicada autoridad municipal rectificó lo correspondiente al año de la RA “0193/21”, por el correcto de “2021” (fs. 13 a 16, 18 a 19 vta., 20 y 21). II.6. De acuerdo a memorial presentado el 7 de julio de 2021, Eduardo Mario Vargas Aliaga formuló recurso jerárquico contra la RA 0193/2021, alegando en lo sustancial: 1) Que el derecho comparado sobre la presunta sinonimia entre los términos “disposición del cargo” y “renuncia”, utilizado como argumento para resolver el caso concreto, fue invocado de manera parcial; puesto que, para que ello sea así, debe ser decidida libremente por el trabajador y debe contar con la aceptación del empleador, lo que no se aplicaría al caso; por lo que, la resolución impugnada es carente de fundamentación y motivación al respecto; y, 2) La lesión al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, por omisión de pronunciamiento a solicitudes realizadas en oportunidad de formular aclaración, complementación y enmienda, referidas a: 2.i) Sobre la suspensión en la ejecución del memorándum D.G.RR.HH.02475/2021, mientras se tramite el recurso formulado en contra del mismo; 2.ii) El procedimiento a seguir con relación al pago de vacaciones acumuladas, especificando el tiempo para su efectivización y el monto a ser cancelado; 2.iii) Si en su file cursa documento de pronunciamiento expreso de aceptación de alguna autoridad del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a su nota presentada el 6 de mayo de 2021, si esta fue notificada a su persona y porque medio; y, 2.iv) La enmienda de incoherencias señaladas en el considerando tercero y cuarto de la resolución impugnada (fs. 22 a 25 vta.). II.7. Por Auto de 12 de noviembre de 2021, Hernán Iván Arias Durán, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, dispone la radicatoria de la causa en su despacho, a los efectos del numeral 3 del art. 45 de la Ley del Ordenamiento Jurídico y Administrativo Municipal, aprobado mediante Ley Municipal Autonómica G.A.M.L.P. 007/2011, modificada por las Leyes Municipales Autonómicas 013/2011, 014/2012, 222/2017 y 269/2017, y el Manual de Procesos y Procedimientos del Órgano Ejecutivo Municipal de la gestión 2021 (fs. 26). II.8. A través de memorial presentado el 18 de noviembre de 2021, el hoy solicitante de tutela rechazó el Auto de 12 de igual mes y año (Auto de radicatoria), solicitando su reincorporación inmediata en aplicación al principio de silencio administrativo positivo (fs. 27 a 30). II.9. Mediante Resolución Ejecutiva 464/2021 de 19 de noviembre, Hernán Iván Arias Durán, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, resolviendo el recurso jerárquico ya indicado, confirmó la RA 0193/2021, rectificada por Auto de 22 de junio de 2021, dejando vigente el memorándum D.G.RR.HH.02475/2021 (fs. 31 a 33). II.10. Con Auto de 20 de diciembre de 2021, el Alcalde Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz declaró improcedente la solicitud efectuada por el hoy accionante, sobre el rechazo al decreto de radicatoria de la causa en ese despacho; así como, su solicitud de reincorporación en aplicación al silencio administrativo positivo (fs. 34 a 35).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela denunció la lesión al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, y su derecho al trabajo, vinculado a los principios de legalidad, aplicación objetiva de la Ley y seguridad jurídica; dado que: a) La Resolución Ejecutiva 464/2021, no se pronunció en relación a los fundamentos expuestos en el recurso jerárquico presentado contra la RA 0193/2021; además que, aplicó legislación de otro país para resolver el caso y no resolvió lo solicitado respecto a la compensación económica de las vacaciones; y, b) La indicada Resolución jerárquica fue emitida fuera del plazo establecido por la Ley 2341; de manera que, no es válida, porque la autoridad ya había perdido competencia, operando el silencio administrativo positivo a su favor; pues, la radicatoria decretada mediante Auto de 12 del mismo mes y año no tiene sustento jurídico, por no estar prevista dicha figura en la precitada Ley; razón por la que, fue rechazada y objetada; aun ello, dicha objeción también fue rechazada por Auto de 20 de diciembre del mismo año. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos del debido proceso

La exigencia de que una resolución sea debidamente fundamentada y motivada, y sea congruente entre lo peticionado, lo discutido y lo resuelto, forma parte de la garantía del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y principio en los arts. 115.II, 117.I y 180.I de la CPE, y como derecho humano en los arts. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). La SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, precisó que entre los presupuestos del debido proceso se exige que toda autoridad que debe pronunciar una resolución debe exponer imprescindiblemente los hechos y la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la decisión, cuya omisión, además de alterar la estructura de la resolución, afecta al debido proceso, porque la decisión será arbitraria debido a que impide a las partes saber las razones tanto jurídicas como fácticas de la decisión que se asume. Entre las garantías del debido proceso y la tutela judicial efectiva se encuentra también el ejercicio del derecho a la defensa, siendo uno de sus componentes el recurrir de las resoluciones y obtener de los jueces o tribunales correspondientes una respuesta sobre lo planteado en los recursos o escritos. Pues para impugnar una resolución es necesario conocer las razones que condujeron al juez o tribunal a dictar la resolución que se controvierte; las cuales, deben estar referidas a los hechos (pruebas) y a los fundamentos jurídicos en los que se apoya la decisión, cuya omisión limitará a la parte afectada a presentar un adecuado recurso; dado que, este no podrá esgrimir contra la resolución más que argumentos generales, que repetirían lo que él ya habría señalado en el transcurso del proceso. Precisamente, entre los fines del deber de motivar las sentencias, se encuentra el de facilitarle a la parte afectada la posibilidad de impugnar una resolución judicial que es adversa a sus intereses.

En ese sentido, se establece la exigencia de que toda resolución tiene que exponer imprescindiblemente los hechos y el fundamento legal que sustenta la decisión, cuya omisión conlleva la lesión al debido proceso, y con ello al derecho a la defensa en juicio; garantía que no sólo resulta aplicable a las resoluciones pronunciadas en el ámbito judicial, sino también a las emitidas en el ámbito administrativo u otros escenarios en los que se afectan o se tiene el riesgo de afectar los derechos fundamentales. Criterio que fue razonado en la SC 0946/2004-R de 15 de junio y las SSCCPP 0910/2021-S4 de 25 de noviembre y 0545/2022-S4 de 14 de junio, entre muchas otras sentencias. Bajo ese razonamiento, la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, precisó los requisitos que debe contener toda resolución judicial o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elementos configurativos del debido proceso, como: Determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales; contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes; describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto; describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales; valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada; y, determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa o judicial en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. La SC 0802/2007-R de 2 de octubre, precisó algunos supuestos en los cuales una resolución puede ser considerada arbitraria; empero, fue la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolló el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas que son: i) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; ii) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; iii) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; iv) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, v) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes –quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero–. En cuanto se refiere a la segunda finalidad, es decir, lograr el convencimiento a las partes de que la resolución no es arbitraria, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013, precisaron que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. En ese sentido, ilustrando al respecto, señalaron que: La decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones simplemente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria o irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; en cambio la motivación es insuficiente, cuando no se dan razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se presenta, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas –normativa y fáctica– y la conclusión –por tanto–; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio; así como, en la SC 0358/2010 de 22 de junio, al establecerse que, en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; sino que, además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. A su vez, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. Cabe señalar que, si bien el razonamiento antes expuesto está enfocado a las resoluciones de primera instancia, dicha exigencia no resulta ajena a los ámbitos de apelación y casación en procesos ordinarios, que en el marco de su competencia también están obligados a fundamentar y motivar sus decisiones; asimismo, a las instancias reconocidas en la ley para el ámbito administrativo, como es el caso de los recursos de alzada, revocatoria, reconsideración o jerárquico, pues al estar revestidos de la competencia para emitir resoluciones definitivas en los procedimientos previstos, también están reatados a fundamentar y motivar sus decisiones; así la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio, refiriéndose a la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales en apelación, señaló la importancia que tiene el Tribunal de alzada de fundamentar y motivar sus resoluciones; debido a que, en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior; de manera que, al pronunciar sus fallos están igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos fácticos y normativos que la norma legal prevé al respecto; cabe aclarar que, a pesar de que la indicada Sentencia Constitucional Plurinacional fue pronunciada en una acción de libertad derivada de un proceso penal, el razonamiento allí expuesto resulta aplicable a todas las materias, tomando en cuenta que el debido proceso no solo aplica a materia penal, sino a todo tipo de proceso. Bajo el mismo razonamiento, el Tribunal de casación tampoco se encuentra exento de la obligación de fundamentar y motivar sus resoluciones al analizar los motivos expuestos por el o los recurrentes en sus recursos; pues, aunque este recurso es una cuestión de responsabilidad entre la ley y sus infractores, de modo que solo es posible su formulación bajo los supuestos expresamente previstos en la ley, ello no implica que al resolver los motivos expuestos por las partes no deban otorgarse las razones tanto jurídicas como fácticas sobre lo decidido, cuya exigencia es aún mayor cuando se toma la decisión de casar el fallo recurrido, caso en el cual, no solo está en la obligación de pronunciarse sobre los motivos expuestos, sino también sobre las pretensiones expuestas por las partes en el proceso, de manera fundamentada y motivada, en observancia al debido proceso y el derecho a la defensa en juicio. Exigencia que también es aplicable al ámbito administrativo en fase recursiva. Es importante anotar que, la exigencia de motivación de las resoluciones no significa que estas sean extensas en cuanto a las razones de la decisión, sino que se requiere de una estructura tanto de forma como de fondo, en cuyo caso, una motivación concisa pero clara en cuanto a cada uno de los puntos demandados o reclamados por las partes en el proceso y que exprese las convicciones determinativas del juzgador en cuanto a la decisión que se asume, es suficiente para entender que la exigencia de motivación fue cumplida, caso contrario, si el fallo aun siendo extenso o ampuloso en argumentaciones no expresa las razones o motivos que formaron la convicción de la autoridad judicial o administrativa en cada caso, dicha garantía se entenderá que no fue cumplida. En ese sentido se tiene razonado en la SC 0632/2010-R de 19 de julio. Sobre la base de la indicada jurisprudencia constitucional es posible concluir que, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa. No obstante lo señalado, la jurisprudencia precedentemente citada fue complementada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones; es decir, se deberá analizar la incidencia del acto supuestamente ilegal en la Resolución que se cuestiona a través de la acción de amparo constitucional; dado que, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela a concederse por el juez o tribunal de garantías o la sala constitucional, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; de manera que, partiendo de una interpretación previsora, se estableció que, aún de ser evidente la arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación, si esta carece de relevancia, la tutela debe ser denegada por carecer de relevancia constitucional, aclarando que dicho entendimiento sólo es aplicable a la justicia constitucional, que para efectuar el análisis no debe exigir que la o el accionante cumpla con la carga argumentativa.

III.2. El silencio administrativo y sus efectos jurídicos

En el marco del principio de eficacia, contemplado en el art. 4 inc. j) de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), todo procedimiento administrativo debe lograr su finalidad, evitando dilaciones indebidas; de manera que, la administración pública está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos, independientemente de la forma en que estos hubieran sido iniciados (art. 17.I de la LPA); las mismas que, bajo el principio de sometimiento pleno a la ley (art. 4 inc. c) de la LPA), deben ser pronunciadas dentro de los plazos establecidos por el "bloque de legalidad" imperante, lo que garantiza una tutela administrativa efectiva, brinda seguridad y certeza jurídica, además de un debido proceso al administrado. Conforme fue señalado en la SCP 0353/2012 de 22 de junio, el silencio administrativo constituye una verdadera garantía constitucional en virtud de la cual, se da certeza jurídica al administrado; toda vez que, las peticiones realizadas no quedan en incertidumbre de manera indefinida. La doctrina distingue dos clases de silencio administrativo, el negativo y el positivo. En cuanto al primero, debe decirse que no se equipara a un acto administrativo desestimatorio propiamente dicho; debido a que, tiene simplemente efectos procedimentales, en virtud de los cuales se apertura el control administrativo o jurisdiccional ulterior para la impugnación de esta presunción desestimativa; razón por la cual, se afirma que esta técnica constituye una ficción legal de efectos puramente procesales, bajo este espectro, se tiene por tanto que la administración pública –sin perjuicio de la responsabilidad emergente del ejercicio de la función pública–, puede emitir las llamadas resoluciones tardías, sin que este acto implique vulnerar la garantía de la competencia de la autoridad que omitió pronunciarse dentro de los plazos procedimentales establecidos por ley; empero, una vez operado el silencio administrativo negativo y en caso de haberse impugnado la presunción de desestimación a la petición del administrado por mora de la administración, la autoridad administrativa que omitió pronunciarse en plazo hábil pierde competencia, por tanto solamente en este supuesto, ya no podría emitir acto administrativo alguno. En cuanto al silencio administrativo positivo, considerando que sus efectos se equiparan a un acto administrativo estimatorio, la autoridad administrativa que no cumplió su obligación de emitir el fallo en el plazo establecido por la normativa vigente, no puede emitir un nuevo acto posteriormente, salvo que esta resolución tardía conceda la petición del administrado, razonamiento por demás lógico si se considera que una de las características del acto administrativo es su firmeza y presunción de legitimidad y más comprensible aun porque la administración pública no puede anular de oficio actos administrativos, sino únicamente a través de los medios administrativos de impugnación o en su caso a través de un control jurisdiccional posterior. Debe precisarse que el silencio administrativo negativo, genera para el administrado dos efectos jurídicos esenciales: El primero por el que se considera que la petición realizada fue negada de manera inmotivada; y, el segundo, una vez que opera el silencio administrativo negativo, el administrado o peticionante se encuentra facultado para activar los mecanismos de impugnación reconocidos en el bloque de legalidad imperante, entre los cuales en materia administrativa se encuentran los recursos de revocatoria y jerárquico. En tanto que, el silencio administrativo positivo, al constituirse en un verdadero acto administrativo con efectos estimatorios, es un acto presunto que concede al administrado su petición en el marco de los fundamentos por este expuestos; y del cual, queda exigir su cumplimiento, debido a las características de firmeza, legitimidad, obligatoriedad y exigibilidad, aplicable a todo acto administrativo. Ahora bien, el art. 17.III de la LPA, dispone que: “Transcurrido el plazo previsto sin que la Administración Pública hubiera dictado la resolución expresa, la persona podrá considerar desestimada su solicitud por silencio administrativo negativo, pudiendo deducir el recurso administrativo que corresponda o, en su caso jurisdiccional”; texto normativo que permite establecer que, la legislación nacional regula como regla general la técnica del silencio administrativo negativo con los efectos y características descritas anteriormente; empero, de acuerdo al contenido del art. 17.V de la LPA y al amparo del principio de taxatividad, se advierte que el silencio administrativo positivo está disciplinado como excepción a la regla general ya que solamente opera cuando exista normativa expresa que así lo determine. En el caso de los recursos jerárquicos, el art. 67.II de la LPA, de forma expresa señala lo siguiente: “El plazo se computará a partir de las interposición del recurso, si vencido dicho plazo no se dicta resolución, el recurso se tendrá por aceptado y en consecuencia revocado el acto recurrido, bajo responsabilidad de la autoridad pertinente", en el marco del contenido de esta disposición, el art. 125 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo, de manera expresa señala en su parágrafo segundo que: "…el silencio de la administración establecido en el Parágrafo II del art. 67 de la Ley de Procedimiento Administrativo, será considerado una decisión positiva, exclusivamente previstos en disposiciones reglamentarias específicas, conforme establece el Parágrafo V del art. 17, de la citada ley" (las negrillas son añadidas). Es así que, con base en las citadas disposiciones legales, en el bloque de legalidad imperante y para el caso específico de los recursos jerárquicos, se encuentra disciplinado el silencio administrativo positivo como excepción y no así como regla general; es decir, únicamente cuando una normativa específica determine expresamente los efectos del acto presunto estimatorio, denominado también silencio administrativo positivo, en consecuencia, considerando que en esta instancia procedimental administrativa opera como regla general el silencio administrativo negativo, en concordancia con lo señalado anteriormente, se establece que en esta etapa, por los efectos procesales propios del silencio administrativo negativo, los actos tardíos pronunciados por una autoridad administrativa, no vulneran la garantía de la competencia.

III.3. Análisis del caso concreto

En el caso de análisis, el accionante denuncia la lesión al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, y su derecho al trabajo, vinculado a los principios de legalidad, aplicación objetiva de la ley y seguridad jurídica; dado que: 1) La Resolución Ejecutiva 464/2021, no se pronunció en relación a los fundamentos expuestos en el recurso jerárquico presentado contra la RA 0193/2021, además que aplicó legislación de otro país para resolver el caso y no resolvió lo solicitado respecto a la compensación económica de las vacaciones; y, 2) La indicada resolución jerárquica fue emitida fuera del plazo establecido por la Ley 2341; de manera que, no es válida, porque la autoridad ya había perdido competencia, operando el silencio administrativo positivo a su favor; pues, la radicatoria decretada mediante Auto de 12 del mismo mes y año no tiene sustento jurídico, por no estar prevista dicha figura en la precitada Ley; razón por la que, fue rechazada y objetada, aun ello, dicha objeción también fue rechazada por Auto de 20 de diciembre del mismo año. Así precisado el problema jurídico constitucional a resolver, de la revisión de los datos del expediente y lo señalado en las Conclusiones de esta resolución constitucional; se tiene que, mediante nota de 6 de mayo de 2021, Eduardo Mario Vargas Aliaga, hoy impetrante de tutela, comunicó a Vladimir Rodolfo Ameller Terrazas, Secretario Municipal de Planificación para el Desarrollo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, su tiempo de servicios en la entidad municipal y su condición de asesor legal en el indicado despacho desde el año 2015, precisando que, “bajo ese contexto” (sic), pone a disposición su puesto, indicando que, de ser ratificado retribuirá dicha confianza con mayor dedicación, no obstante, de prescindirse de sus servicios continuará trabajando desde el lugar que Dios elija, haciendo conocer que teniendo vacaciones pendientes se le permita hacer uso de las mismas o, que por su intermedio, estas sean procesadas para su pago ante la unidad correspondiente, en el marco de la norma respectiva; nota que dio lugar a que la entidad municipal, a través de Memorándum D.G.RR.HH.02475/2021, con constancia de recepción el mismo día, comunicara al hoy solicitante de tutela, la cesación de funciones, indicando que se aceptaba su renuncia a esa fecha. Ante tal determinación, el hoy accionante formuló recurso de revocatoria contra el Memorándum D.G.RR.HH.02475/2021, alegando en lo esencial, una errónea interpretación de su nota en cuanto a los términos “poner a disposición el cargo” y “renuncia”, término último que según el impugnante jamás fue utilizado; asimismo, que el referido Memorándum no se pronunció en referencia a las vacaciones pendientes de uso; recurso que fue resuelto por RA 0193/2021, confirmando el Memorándum de cesación y manteniendo firme y subsistente sus efectos jurídicos; fallo contra el que, el impugnante presentó solicitud de aclaración, enmienda y complementación sobre varios aspectos, y que fue declarada improcedente por Auto de 23 de junio de 2021; no obstante, por Auto de 22 de igual mes y año, la indicada autoridad municipal rectificó lo correspondiente al año de la RA “0193/21”, por el correcto de “2021”. La señalada decisión fue impugnada mediante recurso jerárquico por el hoy impetrante de tutela, alegando en lo sustancial: i) Que el derecho comparado sobre la presunta sinonimia entre los términos “disposición del cargo” y “renuncia”, utilizado como fundamento para resolver el caso concreto, fue invocado de manera parcial; puesto que, para ello debe existir una decisión libre del trabajador y debe contarse con la aceptación del empleador, lo que no se aplicaría al caso; por lo que, la resolución impugnada sería carente de fundamentación y motivación al respecto; y, ii) La lesión al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, por omisión de pronunciamiento a solicitudes realizadas en oportunidad de formular aclaración, complementación y enmienda, referidas a: ii.a) Sobre la suspensión en la ejecución del Memorándum D.G.RR.HH.02475/2021, mientras se tramite el recurso formulado en contra del mismo; ii.b) El procedimiento a seguir con relación al pago de vacaciones acumuladas, especificando el tiempo para su efectivización y el monto a ser cancelado; ii.c) Si en su file cursa documento de pronunciamiento expreso de aceptación de alguna autoridad del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a su nota presentada el 6 de mayo de 2021, si esta fue notificada a su persona y porque medio; y, ii.d) La enmienda de incoherencias señaladas en el considerando tercero y considerando cuarto de la resolución impugnada; recurso que fue resuelto por Resolución Ejecutiva 464/2021, confirmando la RA 0193/2021, rectificada por Auto de 22 de junio de 2021, dejando vigente el Memorándum D.G.RR.HH.02475/2021. Cabe señalar que, por Auto de 12 de noviembre de 2021, Hernán Iván Arias Durán, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, dispuso la radicatoria de la causa en su despacho, a los efectos del numeral 3 del art. 45 de la Ley del Ordenamiento Jurídico y Administrativo Municipal, aprobado mediante Ley Municipal Autonómica G.A.M.L.P. 007/2011, modificada por las Leyes Municipales Autonómicas 013/2011, 014/2012, 222/2017 y 269/2017, y el Manual de Procesos y Procedimientos del Órgano Ejecutivo Municipal de la gestión 2021; Auto que fue rechazado por el ahora solicitante de tutela, a través de memorial presentado el 18 de noviembre de 2021, quien solicitó su reincorporación inmediata en aplicación al principio de silencio administrativo positivo; solicitud que fue declarada improcedente mediante Auto de 20 de diciembre de 2021. Ahora bien, revisada la Resolución Ejecutiva 464/2021, en cuanto al primer motivo de esta acción de amparo constitucional, relativo a la sinonimia entre los términos “disposición del cargo” y “renuncia”, la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (Alcalde), citando lo razonado en la SC 0515/2004-R de 7 de abril, precisó que la condición de aceptación expresa de la desvinculación corresponde a la normativa y jurisprudencia peruana; no así al caso boliviano, cuya legislación no establece dicha condición; que si bien la normativa externa puede ser analizada como derecho comparado, para entender o comprender los hechos, ello no implica que todos los parámetros de la norma extranjera deban ser aplicados, al ser solo un marco referencial, no una obligación; y que, en el caso de análisis, a través del Memorándum D.G.RR.HH.02475/2021, se aceptó la desvinculación laboral del recurrente; de modo que, no se podía alegar el desconocimiento de tal documento.

Lo indicado permite establecer que la autoridad ejecutiva municipal se pronunció en relación a dicho argumento expuesto por el ahora accionante, no siendo evidente la omisión denunciada al respecto, como tampoco la afirmación de que se hubiera aplicado la legislación de otro país para resolver el caso concreto; tomando en cuenta que, en la Resolución Ejecutiva 464/2021 se expresó claramente que la legislación extranjera puede ser analizada como derecho comparado pero que ella no era obligatoria, y en ese marco que fundó su decisión en la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 0515/2004-R, en sentido que, el poner a disposición el cargo, implicaba la renuncia voluntaria del mismo. En cuanto a la compensación económica de las vacaciones pendientes de uso, la indicada resolución ejecutiva precisó que se trataba de un derecho irrenunciable y que el recurrente se encontraba habilitado para ser compensado por los días de vacación no utilizados, no obstante que la impugnación accionada por el ex servidor público no tenía por objeto dilucidar la pertinencia o no de la compensación económica de las vacaciones; es más, en dicha resolución se señaló el procedimiento que debe seguir el solicitante. En relación a los demás aspectos que fueron parte de la solicitud de aclaración, complementación y enmienda, y que según el ahora impetrante de tutela no merecieron pronunciamiento fundamentado, motivado y congruente, revisada la indicada Resolución Ejecutiva se advierte que la misma se refirió a la solicitud de suspensión del acto administrativo (Memorándum de cesación); señalando que, dicha figura solo opera de manera excepcional, que por regla general la apertura de la vía recursiva no implica la suspensión de la ejecución del acto administrativo; por lo que, es una facultad y no una obligación para la autoridad administrativa, refiriéndose de esa manera al art. 59 de la LPA; en cuanto al pago de las vacaciones, como se señaló anteriormente, la indicada resolución explicó el procedimiento a seguir para la compensación económica de las vacaciones, observándose en antecedentes respecto a esta cuestión, que el ahora solicitante de tutela, mediante nota de 26 de mayo de 2021, con constancia de recepción el mismo día, solicitó al Director de Gestión de RR.HH. del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, el pago de sus vacaciones devengadas; similar solicitud fue formulada también por nota de 17 de septiembre de 2021, a través de la cual, la misma persona solicitó al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, el cumplimiento de la normativa para el pago de vacaciones pendientes de uso. Cabe señalar que, respecto a la primera nota mencionada, la respuesta sería el CITE. DGRH.UAP KP-BS/OF.0675/2021; por la cual, se señala que serán canceladas de acuerdo a disponibilidad presupuestaria y que las duodécimas de aguinaldo, de acuerdo a la normativa, hasta el 20 de diciembre. Con relación a si en los antecedentes cursaba documento de pronunciamiento expreso de aceptación de alguna autoridad del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a su nota presentada el 6 de mayo de 2021, si esta fue notificada a su persona y porque medio; así como, las acusadas incoherencias señaladas que según el accionante, existen en el considerando tercero y considerando cuarto de la Resolución impugnada, referidas a la terminología utilizada en sede administrativa para la desvinculación laboral, tales aspectos tienen que ver con las razones de la decisión de cesación, aspecto sobre el que la Resolución Ejecutiva 464/2021, ha fundamentado ampliamente en su contenido el por qué no correspondía dejar sin efecto el memorándum de desvinculación y la resolución pronunciada en atención al recurso de revocatoria, señalando principalmente que el recurrente cumplía funciones como servidor público de libre nombramiento; de manera que, no estaba alcanzado por la carrera administrativa, precisando al respecto, tanto normativa legal y jurisprudencia constitucional, la misma que no es objetada o cuestionada en esta acción de defensa. Ahora bien, conforme fue precisado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo, una resolución es arbitraria cuando carece de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente, o cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa; supuestos que en el caso de análisis no se encuentran presentes en la Resolución Ejecutiva 464/2021, al haberse verificado que la misma se pronunció en relación a los argumentos expuestos por el ahora impetrante de tutela en el recurso jerárquico presentado contra la RA 0193/2021; de manera que, no resulta evidente la omisión denunciada en esta primera parte de la acción de amparo constitucional. Es importante dejar señalado que, la indicada Resolución Ejecutiva aclaró que no fundó su decisión en la legislación comparada, como erróneamente sostiene la parte solicitante de tutela en su acción de amparo cuando señala que se aplicó la legislación de otro país para resolver el caso; pues, de la revisión de la indicada resolución se puede ver que los fundamentos de la resolución ejecutiva tienen que ver con la Ley del Estatuto del Funcionario Público y la jurisprudencia constitucional contemplada en la SC 0515/2004-R. En cuanto al pago de vacaciones pendientes de uso, en todo caso constituye una pretensión laboral que debe ser accionada ante la instancia correspondiente; dado que, la misma se encuentra sujeta a la determinación de hechos, como el tiempo de servicios en la administración pública, las vacaciones pendientes de uso y el cálculo del monto a ser compensado, los mismos que no pueden ser resueltos por la justicia constitucional.

De otro lado, el accionante alega que la Resolución jerárquica fue emitida fuera del plazo establecido por la Ley 2341; de manera que, no sería válida, porque la autoridad ya hubiera perdido competencia, operando el silencio administrativo positivo a su favor; pues, la radicatoria decretada mediante Auto de 12 del mismo mes y año no tendría ningún sustento jurídico. Sobre este motivo de amparo, es importante hacer mención a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta resolución constitucional, en sentido que, si bien de acuerdo al bloque de legalidad imperante se tiene prevista la técnica del silencio administrativo negativo y silencio administrativo positivo, de acuerdo a lo razonado en dicho Fundamento, este último únicamente es aplicable cuando la norma específica determine expresamente los efectos del acto presunto estimatorio (silencio administrativo positivo), en consecuencia, considerando que en esta instancia procedimental administrativa opera como regla general el silencio administrativo negativo, en concordancia con lo señalado anteriormente, se establece que en esta etapa, por los efectos procesales propios del silencio administrativo negativo, los actos tardíos pronunciados por una autoridad administrativa, no vulneran la garantía de la competencia. En tal sentido, si bien el ahora impetrante de tutela presentó el 7 de julio de 2021 el recurso jerárquico contra la RA 0193/2021; fecha a partir de la cual, se computó el plazo para que la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz emita resolución, plazo que se extendía hasta el 16 de noviembre de 2021; el mismo que, no se cumplió; dado que, esta recién fue expedida el 19 de noviembre de 2021; es decir, tres días posteriores al vencimiento, ello no significa la perdida de competencia de la autoridad ejecutiva indicada y menos que deba aplicarse el silencio administrativo positivo a favor del ahora solicitante de tutela, al no encontrarse prevista su aplicación en norma específica que así lo determine; pues, el procedimiento administrativo es una norma genérica; de manera que, la Resolución Ejecutiva 464/2021 y el Auto de 20 de diciembre de 2021, no lesionan los derechos y garantías denunciados acusados como vulnerados en la presente causa. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela impetrada, no efectuó un correcto análisis de los antecedentes.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 197/2022 de 23 de agosto, cursante de fs. 210 a 216 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0510_2024-S4.pdf · páginas 1 a 22.

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