Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 21 de agosto de 2024
Deniega la tutela
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos a no ser procesado dos veces por el mismo hecho, a la libertad, a la defensa, al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; y a la presunción de inocencia; y, del principio de seguridad jurídica; alegando que, las autoridades demandadas a su turno, admitieron y sustanciaron dos procesos penales por el mismo delito, existiendo identidad de sujetos, objeto y hecho; lo que, resulta contrario a la garantía del non bis in idem vinculado al debido proceso, poniendo en riesgo su derecho a la libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 754/2023 de 10 de diciembre, cursante de fs. 234 a 241 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; 2° Se llama severamente la atención a Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, conforme lo señalado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional; y,
3° Se dispone por Secretaria General de este Tribunal, la remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura, para que a través de esa instancia se inicie, si corresponde, el respectivo proceso disciplinario al mencionado Juez de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0510/2024-S2 Sucre, 21 de agosto de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 62019-2024-125-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 754/2023 de 10 de diciembre, cursante de fs. 234 a 241 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Dora Callapa Luna por sí y en representación sin mandato de Luis Alex Apaza Suca, Casiano Luis Gutiérrez Palabra, Adan Elvis Callampa Luna, Julián Huanca Ticona, Cristóbal Apaza Mamani, Hipolinario Callisaya Vargas, Juliana Luna Poma y Claudio Tito contra Guillermo Pongo Pongo, Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz; y, Judith Chávez Bitrón y Luis Fernando Castro Delgado, Fiscales de Materia.
Por memorial presentado el 10 de diciembre de 2023, cursante de fs. 103 a 118, la parte accionante manifestó que:
El Ministerio Público inició una doble persecución penal en su contra por el mismo hecho, debido a dos denuncias interpuestas por Limbert Gonzalo Cuellar Villamiel y Limbert Quispe Callizaya, a las cuales posteriormente se apersonó Domingo Chuquimia Lizares, miembros de la Cooperativa Minera Aurífera “Progreso 15 de Diciembre” Responsabilidad Limitada (R.L.) por la presunta comisión de los delitos de lesiones graves y leves, ampliado a avasallamiento de áreas mineras, con Código Único de Denuncia (CUD) 201102012303371 y CUD 211102112300109, ambos de conocimiento de las autoridades ahora demandadas, las cuales fueron admitidas fueron admitidas, pese a que, denuncian los mismos ilícitos, y existe identidad de sujetos, objeto y hecho; es decir, se trata de un doble procesamiento, contrario al principio non bis in idem vinculado al derecho al debido proceso. El Fiscal de Materia codemandado aperturó las investigaciones penales sin verificar la concurrencia de los elementos constitutivos del delito, basándose únicamente en las declaraciones falaces de los denunciantes en el proceso penal, quienes presentaron documentación que contrario a sus pretensiones, demostraron que no son titulares de las áreas mineras que supuestamente fueron avasalladas ni estuvieron en posesión de las mismas; por ende, no pueden ser considerados víctimas, además que, ilegalmente promovieron acciones penales, poniendo en riesgo su derecho a la libertad. La prueba presentada dentro de los referidos procesos penales, no mereció una correcta valoración por parte del Juez demandado, así se tiene el memorial de apersonamiento de 28 de abril de 2023, ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), por la cual, Gonzalo José Guzmán Alarcón, señaló que Ercilia Arteaga Botello, es titular del área minera denominada Tamampaya Limitada (Ltda.); el Testimonio “0187/2013” referido a la Escritura Pública de minuta de cesión de acciones y derechos de concesión minera que suscribieron Carlos Leónidas Meneses Fernández en representación de Jaime y Ercilia Arteaga Botello, en calidad de cedentes a favor de la Cooperativa Minera Aurífera “Progreso 15 de Diciembre” R.L., representada por Froilán Acho Mamani como beneficiario; al respecto, las autoridades demandadas no contemplaron lo previsto en los arts. 5 y 189 de la Ley de Minería y Metalurgia -Ley 535 de 28 de mayo de 2014-; y, 28 del Reglamento de Adecuación de Derechos Mineros; ya que, la normativa nacional no reconoce como válidas la sucesión o cesión de acciones mineras. De igual forma, el documento privado de ratificación de cesión de acciones y derechos de concesión minera -no señala fecha-, estableció que “una de las propietarias” pretendió ceder sus acciones a la Cooperativa Minera Aurífera “Progreso 18 de Diciembre” Ltda.; es decir, a otro ente que no es el denunciante dentro de los mencionados procesos penales; todo lo manifestado, se corroboró con el Informe de la AJAM CITE: AJAMD-LP/DD/NEX/1365/2023 -de 11 de julio-, que estableció respecto a Ercilia y Jaime Arteaga Botello, que son titulares del área minera Tamampaya, con Código Único 5155, e informaron que no consta ninguna solicitud de amparo administrativo minero de la Cooperativa Minera Aurífera “Progreso 15 de Diciembre” R.L.; a ello, debe sumarse que el último nombrado falleció; sin embargo, sus acciones mineras son intransferibles, desconociéndose la extensión actual del área que le pertenece a la mencionada copropietaria. Por otra parte, no se demostró de ninguna forma que hubiesen ingresado al área minera en cuestión; pues, desarrollaron sus actividades de crianza de peces pacú en la colindancia a dicha área; en consecuencia, están ilegalmente perseguidos y son objeto de las autoridades un indebido procesamiento por parte de las autoridades demandadas, quienes a su turno, han vulnerado sus derechos fundamentales a la libertad y a la “seguridad jurídica”, y a la garantía de la presunción de inocencia; y si bien, formularon los recursos que prevé la ley como la excepción de falta de acción, resuelta por el Juez demandado a través del Auto Interlocutorio 111/2023 de 27 de septiembre, que fue confirmada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, ello solo denota la parcialización con la que están obrando en contra suya.
Denunciaron la lesión de sus derechos a no ser procesados dos veces por el mismo hecho, a la libertad, a la defensa, al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; y a la presunción de inocencia; y, del principio de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 22, 23.I, 115, 116.I, 117.I y II, 178 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo que: a) Se deje sin efecto todos los actos procesales que emergieron de los procesos penales signados con el CUD 211102112300109 y CUD 201102012303371, disponiendo el archivo de obrados; y, b) Se remita antecedentes al Ministerio Público para que se inicie proceso penal contra las autoridades demandadas, por los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, y consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados; así como, a las instancias disciplinarias pertinentes.
Celebrada la audiencia pública virtual el 10 de diciembre de 2023, según consta en acta cursante a fs. 233 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante a través de su abogado, ratificó los argumentos del memorial de la acción de libertad, y ampliándolos manifestó que: 1) El caso CUD 201102012303371 se inició por la denuncia interpuesta en “abril” de 2023, por la presunta comisión de los delitos de lesiones graves y leves, y fue ampliada al ilícito de avasallamiento de área minera por el Fiscal de Materia codemandado a petición de la Cooperativa Minera Aurífera “Progreso 15 de Diciembre” R.L.; 2) El caso CUD 211102112300109, inició en razón a que, el 17 de mayo de 2023, en el área de Tamampaya del municipio de Yanacachi, Limber Quispe Callisaya, Limber Cuellar Villamil y Zenobia Hilari Quenta, procedieron a realizar la aprehensión por particulares de Luis Axel Apaza Suca, por supuestamente haber avasallado el área minera de la referida Cooperativa, proceso penal bajo la dirección funcional de la Fiscal de Materia con asiento en la localidad de Chulumani; 3) En el segundo proceso penal precedentemente señalado, ampliaron la investigación contra Luis Gutiérrez Palabra, Adam Elvis Callampa Luna, Julián Huanca Ticona, Cristóbal Apaza Mamani, Hipolinario Callisaya Vargas, Dora Callapa Luna y otros; y, el 19 de julio de 2023, la Fiscal de Materia codemandada inició la persecución penal sin que los denunciantes hubiesen acreditado su derecho sobre el área minera denominada Tamampaya; 4) Demostraron con documentación fehaciente que los propietarios de la mencionada área minera son Ercilia y Jaime Arteaga Botello; y si bien, en el informe -no indicó fecha- elaborado por funcionarios de la AJAM alegan que existe un proceso de adecuación de contrato administrativo, este no concluyó; debido a ello, formularon excepción de falta de acción, resuelto por el Juez demandado, quien pese a contar con todas las pruebas declaró infundado el mismo, vulnerando así sus derechos; y, 5) Las autoridades demandadas aperturaron dos causas penales por el mismo hecho, contraviniendo el principio non bis in idem, lo que desembocó en persecuciones ilegales e indebidas, solicitando se conceda la tutela.
Guillermo Pongo Pongo, Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz, en audiencia de garantías manifestó que: i) En atención a la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, asumió defensa oral; pues, debido al transcurso del tiempo, considerando el momento de su notificación, no pudo presentar informe escrito; ii) Conoció ese proceso penal, tal como señaló la parte accionante; y, iii) La valoración psicológica -no indicó fecha ni emisor- indica que los niños están siendo utilizados para que no se cumpla con la referida orden, y temen que se les quite la mencionada propiedad; por lo que, solicitó se deniegue la tutela pedida. Judith Chávez Bitrón, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías señaló que, con relación a la presente acción de libertad interpuesta “…la defensa técnica de la ahora accionante, su autoridad podrá evidenciar que ha sido el mismo abogado de la defensa, quien ha referido que ya ha hecho uso del mecanismo de la defensa descrito en el Art. 314” (sic). Luis Fernando Castro Delgado, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías indicó que se debe considerar los arts. 54.I y 58 del Código Procesal Constitucional (CPCo).
El Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 754/2023 de 10 de diciembre, cursante de fs. 234 a 241 vta., concedió en parte la tutela solicitada, con relación a las autoridades demandadas por haber vulnerado la garantía constitucional de non bis in idem y el derecho a la libertad a causa de una persecución ilegal e indebida, disponiendo: a) Dejar sin efecto la admisión y ampliación de la denuncia, comunicación, inicio de denuncia al juez contralor de garantías constitucionales y todas las actuaciones procesales que emergieron de la doble persecución por parte del Ministerio Público contra los denunciados en el proceso penal por la presunta comisión del ilícito tipificado como avasallamiento en área minera, caso CUD 211102112300109, debiendo archivar obrados tanto el Fiscal de Materia como el Juez de la causa -demandados-; y, b) Dejar sin efecto la ampliación de la denuncia por la supuesta comisión del delito de avasallamiento en área minera dentro del proceso CUD 201102012303371, debiendo el Fiscal de Materia codemandada “…seguir los lineamientos establecidos en la presente Resolución Constitucional al momento de emitir cualquier determinación…” (sic); y, denegó la tutela respecto a la remisión de antecedentes a la Fiscalía General del Estado para que se inicien procesos penales en contra de las autoridades demandadas; y, en cuanto a los procesos disciplinarios contra los prenombrados, aquello será definido por el Tribunal Constitucional Plurinacional; con base en los siguientes fundamentos: 1) Se denunció procesamiento ilegal e indebido por parte del Ministerio Público y el Juez demandado, siendo este último el encargado de velar por la no vulneración de derechos de los sujetos procesales; por lo que, debió pronunciarse sobre las lesiones persistentes a los derechos de los impetrantes de tutela, quienes se encuentran con detención domiciliaria; es decir, limitada su libre locomoción, activándose la procedencia de la acción de libertad para reclamar la reparación de sus derechos; 2) En cuanto a la subsidiariedad, de la revisión de obrados se tiene que dos de los peticionantes de tutela son adultos mayores; en ese sentido, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “010/2018” y 0130/2018-S2 de 16 de abril, y otras, así como, instrumentos internacionales; debe tomarse en cuenta la vulnerabilidad de los prenombrados, y atender esa situación de forma inmediata al merecer protección reforzada; 3) Se acreditó que el caso CUD 201102012303371, está bajo la dirección funcional de Luis Fernando Castro Delgado, Fiscal de Materia codemandado, por la denuncia interpuesta por Jaime Surco Mamani, representando al Consejo de Vigilancia de la Cooperativa Minera Aurífera “Progreso 15 de Diciembre” R.L., contra Juliana Luna Poma, Cristóbal Apaza Mamani y Casiano Luis Gutiérrez Palabra, por la presunta comisión del ilícito de lesiones graves y leves, que luego fue ampliada al delito de avasallamiento en área minera; es decir, el mismo ilícito, solicitud que fue atendida de manera favorable por la referida autoridad fiscal, quien dictó imputación formal contra Adan Elvis Callampa Luna, Casiano Luis Gutiérrez Palabra, Cristóbal Apaza Mamani, Juliana Luna Poma e identifica como víctima a Jaime Surco Mamani; 4) Un segundo proceso con CUD 211102112300109, por la presunta comisión de avasallamiento y explotación ilegal de recursos mineros, bajo la dirección funcional de la Fiscal de Materia codemandada, que inició el 17 de mayo de 2023, por la aprehensión por particulares en el área minera Tamampaya; 5) Las autoridades demandadas vulneraron la garantía del non bis in idem tras haber aperturado de forma simultánea dos investigaciones penales por el mismo hecho, aunque las circunstancias cambien, tal como entendió la SCP 0003/2013 de 3 de enero; 6) De la documentación adjunta, se evidenció que el área minera denominada Tamampaya tiene como titular de derechos mineros a Ercilia y Jaime Arteaga Botello y no así a favor de la citada Cooperativa; por lo que, de acuerdo a lo establecido en el art. 371 de la CPE, el Estado otorgará derechos mineros en toda la cadena productiva, suscribirá contratos mineros con personas individuales y colectivas, ello se concreta a través de la AJAM, que es la única institución que otorgó derechos sobre áreas mineras a fin de frenar los avasallamientos; 7) En el caso concreto, el Fiscal de Materia codemandada debió verificar si la Cooperativa Minera Aurífera “Progreso 15 de Diciembre” R.L., es titular de derechos mineros sobre el área minera Tamampaya, y si los hechos denunciados se constituyen en ilícitos penales; asimismo, el Juez demandado tiene el deber de verificar que no se transgredan los derechos de los accionantes, con el fin de evitar que se produzcan persecuciones ilegales e indebidas; y, 8) Ante la cuestionante de las autoridades demandadas; en sentido que, la parte impetrante de tutela debió interponer el incidente de excepciones que son medios de defensa, siendo que se encuentran en vacaciones judiciales no existe otro mecanismo inmediato; por lo que, al estar en riesgo la libertad de los prenombrados corresponde conceder parcialmente la tutela pedida.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 18 de mayo de 2023, ante el Juzgado Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz, Luis Fernando Castro Delgado, Fiscal de Materia -codemandado-, dentro del caso CUD 211102112300109, imputó formalmente a Luis Alex Apaza Suca -impetrante de tutela- por la presunta comisión del delito de avasallamiento, determinando suficientes indicios sobre la existencia del hecho y su participación; por lo que, solicitó la detención preventiva del sindicado en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por seis meses (fs. 75 a 79 vta.). II.2. Mediante memorial presentado el 30 de junio de 2023, ante el Juzgado Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz, Judith Chávez Bitrón, Fiscal de Materia -codemandada-, dentro del mismo caso -CUD 211102112300109-formuló imputación formal contra Casiano Luis Gutiérrez Palabra -accionante- por la presunta comisión del delito de avasallamiento en área minera, y ante la existencia de la probabilidad de autoría y riesgos procesales de fuga y obstaculización, solicitó su detención preventiva por dos meses en el Centro Penitenciario Patacamaya de La Paz (fs. 80 a 83 vta.).
II.3. Por Auto Interlocutorio 77/2023 de 30 de junio, Guillermo Pongo Pongo, Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz -demandado-dispuso la aplicación de las medidas cautelares personales contra Casiano Luis Gutiérrez Palabra consistentes en: detención domiciliaria sin salida laboral, arraigo, presentación para la firma del libro de control ante el Ministerio Público y el despacho a su cargo, fianza económica de Bs15 000.- (quince mil bolivianos); y, expresa prohibición de comunicarse con Luis Alex Apaza Suca y Adan Elvis Callampa Luna -peticionante de tutela-de forma personal, o medios electrónicos de comunicación, sea por WhatsApp, Facebook y Messenger, y de acercarse a la Cooperativa Minera Aurífera “Progreso 15 de Diciembre” R.L. (fs. 95 a 98). II.4. Mediante Auto Interlocutorio 111/2023 de 27 de septiembre, la referida autoridad judicial rechazó las excepciones de falta de acción y prejudicialidad planteados por Julián Huanca Ticona, Cristobal Apaza Mamani, Hipolinario Callisaya Vargas -impetrante de tutela- y Dora Callapa Luna, declarando infundada la misma, así como dilatoria y maliciosa (fs. 99 a 102 vta.). II.5. A través de memorial presentado el 29 de noviembre de 2023, ante el Juzgado Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz, dentro del caso CUD 201102012303371, el Fiscal de Materia codemandado imputó formalmente a Adan Elvis Callampa Luna, Casiano Luis Gutiérrez Palabra, Cristóbal Apaza Mamani y Juliana Luna Poma por la presunta comisión de los delitos de lesiones graves y leves, y avasallamiento en área minera, pidiendo su detención preventiva por seis meses en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz (fs. 84 a 88 vta.).
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos a no ser procesado dos veces por el mismo hecho, a la libertad, a la defensa, al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; y a la presunción de inocencia; y, del principio de seguridad jurídica; alegando que, las autoridades demandadas a su turno, admitieron y sustanciaron dos procesos penales por el mismo delito, existiendo identidad de sujetos, objeto y hecho; lo que, resulta contrario a la garantía del non bis in idem vinculado al debido proceso, poniendo en riesgo su derecho a la libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0904/2021-S2 de 1 de diciembre, sostuvo que: “La acción de libertad es una acción de defensa instituida en el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE), concordante con el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que se rige por el principio de informalismo, y puede ser activada de forma oral o escrita por cualquier persona que considere que su vida está en peligro, ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de su libertad personal, por sí o cualquiera a su nombre, solicitando que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. En armonía con lo señalado precedentemente, el art. 47 del mencionado Código, individualiza los casos en los que procede esta acción de defensa, consignándose en el numeral 3 el indebido procesamiento. Bajo ese contexto, y recurriendo a la jurisprudencia constitucional, se advierte que el extinto Tribunal Constitucional en sus inicios respecto al indebido procesamiento acertadamente entendió en la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, que: ‘…el procesamiento ilegal al que hace referencia la norma fundamental del país en su art. 18 de la CPE, no es comprensivo de la garantía del debido proceso, pues ésta encuentra protección en el art. 19 de la CPE, sino de aquel procesamiento ilegal, es decir sin respaldo alguno en el ordenamiento jurídico, que opera como causa para la privación de la libertad. Esto con la finalidad de evitar que a través de un procedimiento arbitrario, se imponga una sanción o condena penal…’; además precisó que el recurso de hábeas corpus es: ‘…el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad’. Posteriormente, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, moduló la SC 1865/2004-R, estableciendo que: ‘…cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad’. Entendimiento que fue confirmado y reiterado por este Tribunal a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1225/2012, 1328/2012, 1615/2012, 0348/2013, 0250/2013-L, 1133/2013 y 1364/2013, entre otras. No obstante, mediante la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, se produjo un cambio de línea jurisprudencial respecto a la acción de libertad y su vinculación con el indebido procesamiento, donde refirió que: ‘…la acción de libertad se podrá activar en los siguientes supuestos: 1) Cuando se encuentre en peligro la vida; 2) Cuando exista o se denuncie persecución ilegal; 3) Cuando exista o se denuncie procesamiento indebido; y, 4) Cuando exista amenaza o privación efectiva de la libertad; es decir que, en cualquiera de estos supuestos, podrá acudirse a la acción constitucional a efectos de que los derechos vulnerados sean protegidos o restituidos, no siendo imprescindible la concurrencia simultánea de dos o más de estos presupuestos para activar la presente acción tutelar y tampoco que se encuentren vinculados directamente con el derecho a la libertad o se desprendan de ella (…) la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone…’. El anterior razonamiento estuvo vigente solo por unos meses, y atendiendo a la naturaleza de la acción de libertad, este Tribunal recondujo ese entendimiento en la SCP 1609/2014 de 19 de agosto, señalando que: ‘…el Tribunal Constitucional Plurinacional considera que, partiendo de la propia naturaleza jurídica de la acción de libertad, desarrollada en el Fundamento Jurídico anterior y cuyo principal objetivo es precisamente tutelar de manera específica el derecho a la libertad, no puede modificarse su esencia y ampliar su espectro de acción a aquellos asuntos netamente procedimentales que, aún cuando devengan del área penal, no se hallen en vinculación con el derecho a la libertad; en consecuencia, mediante la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se hace necesario reconducir el anterior entendimiento y restablecer la jurisprudencia constitucional previa, respecto a la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso. Este entendimiento, emerge precisamente de la interpretación literal y teleológica del art. 125 CPE, que establece la procedencia de la acción de libertad, cuando se produzca una restricción o amenaza de restricción ilegal o indebida a los derechos fundamentales a la vida y a la libertad física a raíz de una persecución ilegal o un indebido procesamiento; en consecuencia, tratándose de la procedencia de la acción de libertad en relación al debido proceso, debe entenderse que la inobservancia a éste -debido proceso-, ha sido la causal principal para la afectación del bien jurídico libertad; pues, de lo contrario, si los actos emergentes del procesamiento no ponen en riesgo la libertad y no ocasionan su restricción, no podrán ser evaluados y considerados a través de la acción de libertad, correspondiendo su tratamiento, una vez agotados todos los medios intra procesales, a la acción de amparo constitucional, como medio de defensa idóneo en el jurisdicción constitucional para reparar y subsanar los defectos procesales en que pudieran haber incurrido tanto servidores públicos como personas particulares. En este contexto, corresponde reconducir al entendimiento asumido anteriormente por las SSCC 0219/2004-R de 19 de octubre y 1865/2004-R de 1 de diciembre’. Por la reconducción de línea jurisprudencial, es que el razonamiento desplegado en la SC 0619/2005-R, fue nuevamente aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0996/2014, 0077/2015-S1, 0100/2015-S2, 0135/2015-S3, 0053/2016-S1, 0091/2016-S3, 0085/2017-S3, 0508/2017-S1, 0022/2019-S4, 0047/2019-S3, 0768/2019-S1 y 0012/2020-S2, entre otras. En consecuencia, como puede advertirse, este Tribunal de manera reiterada -exceptuando un corto periodo de tiempo- estableció que la tutela del indebido procesamiento vía acción de libertad, procede cuando los actos procesales denunciados sean la causa directa de la restricción o supresión del derecho a la libertad y que exista estado absoluto de indefensión, siendo ambos requisitos necesarios, concurrentes e indivisibles a fin de abrir la competencia de la jurisdicción constitucional; salvo en los casos de medidas cautelares de carácter personal, en los que no será posible exigir el estado absoluto de indefensión, sino el agotamiento de los medios de impugnación intraprocesal, tal como precisó la SCP 0037/2012 de 26 de marzo” (las negrillas son nuestras).
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos a no ser procesado dos veces por el mismo hecho, a la libertad, a la defensa, al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; y a la presunción de inocencia; y, del principio de seguridad jurídica; alegando que, las autoridades demandadas a su turno, admitieron y sustanciaron dos procesos penales por el mismo delito, existiendo identidad de sujetos, objeto y hecho; lo que, resulta contrario a la garantía del non bis in idem vinculado al debido proceso, poniendo en riesgo su derecho a la libertad. Se colige de antecedentes que, dentro del caso CUD 211102112300109, por memorial presentado el 18 de mayo de 2023, ante el Juzgado Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz, Luis Fernando Castro Delgado, Fiscal de Materia -codemandado-, determinó que existen suficientes indicios sobre la existencia del hecho y la participación de Luis Alex Apaza Suca -peticionante de tutela- por la presunta comisión del delito de avasallamiento; asimismo, pidió aplicación de medidas cautelares de carácter personal consistente en la detención preventiva por seis meses en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz (Conclusión II.1); en la misma causa, mediante memorial presentado el 30 de junio de 2023, Judith Chávez Bitrón, Fiscal de Materia codemandada, formuló imputación formal contra Casiano Luis Gutiérrez Palabra -accionante- por la supuesta comisión del delito de avasallamiento en área minera y ante la existencia de la probabilidad de autoría y riesgos procesales de fuga y obstaculización, solicitó su detención preventiva por dos meses en el Centro Penitenciario Patacamaya de La Paz (Conclusión II.2); posteriormente, por Auto Interlocutorio 77/2023 de 30 de junio, Guillermo Pongo Pongo, Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz -demandado- dispuso la aplicación de medidas cautelares personales consistentes en: detención domiciliaria sin salida laboral, arraigo, presentación para la firma del libro de control ante el Ministerio Público y el despacho a su cargo, fianza económica de Bs15 000.-; y, expresa prohibición de comunicarse con Luis Alex Apaza Suca y Adan Elvis Callampa Luna -impetrante de tutela- de forma personal, o medio electrónicos de comunicación sea por WhatsApp, Facebook y Messenger y de acercarse a la Cooperativa Minera Aurífera “Progreso 15 de Diciembre” R.L. (Conclusión II.3). Dentro del caso CUD 201102012303371, por memorial presentado el 29 de noviembre de 2023, ante el Juzgado Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz, el Fiscal de Materia codemandado, imputó formalmente a Adan Elvis Callampa Luna, Casiano Luis Gutiérrez Palabra, Cristóbal Apaza Mamani y Juliana Luna Poma -accionante- por la presunta comisión de los delitos de lesiones graves y leves, y avasallamiento en área minera, solicitando su detención preventiva por seis meses en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz (Conclusión II.5). Finalmente, mediante Auto Interlocutorio 111/2023 de 27 de septiembre, el referido Juez demandado rechazó las excepciones de falta de acción y prejudicialidad planteados por Julián Huanca Ticona, Cristóbal Apaza Mamani, Hipolinario Callisaya Vargas y Dora Callapa Luna, declarando infundada la misma, así como, dilatoria y maliciosa (Conclusión II.4).
Ahora bien, contextualizada la problemática planteada, resulta pertinente citar la jurisprudencia descrita en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, misma que fue contundente al afirmar que, la línea jurisprudencial vigente establece dos requisitos sine qua non para la tutela de derechos ante el indebido procesamiento vía acción de libertad, los cuales condicen con la naturaleza de este mecanismo de defensa y, por tal razón, son de cumplimiento insoslayable; por lo que, corresponde verificar su observancia. En ese contexto, de la relación de antecedentes, se tiene que la parte solicitante de tutela identifica como acto lesivo que las autoridades demandadas a su turno, admitieron y sustanciaron dos causas penales siendo que existe entre ambas identidad de sujeto, objeto y causa; por lo que, estarían incurriendo en inobservancia a la garantía del non bis in idem; empero, tal como afirman en su demanda tutelar, los impetrantes de tutela pretenden dejar sin efecto dichas causas judiciales a través del presente mecanismo constitucional, aspecto que no condice con la naturaleza jurídica de esta acción de defensa. En ese sentido, si la parte peticionante de tutela considera que existe identidad de sujeto, objeto y causa entre las causas penales con CUD 211102112300109 y CUD 201102012303371, debió acudir ante la autoridad competente y agotar la vía idónea exponiendo las reclamaciones que formula en la presente acción tutelar, sin desconocer el alcance y límites que han sido determinados y establecidos en el art. 125 de la CPE; en ese sentido, considerando que el indebido procesamiento que alegan los prenombrados, necesariamente deben tener vinculación directa con su derecho a la libertad, es posible advertir que no cumplen con el primer presupuesto previsto en la SC 0619/2005-R de 7 de junio, que sostuvo: “…a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión…”. En similar sentido este Tribunal a tiempo de resolver una de las problemáticas identificadas en la SCP 0653/2020-S3 de 9 de octubre, señaló que: “…como se tiene precisado, la restricción de ese derecho deviene de la detención preventiva aplicada dentro del régimen de medidas cautelares inherentes al proceso penal seguido en su contra, y que al presente permanecería incólume no obstante de las peticiones de cesación que hubiere presentado, por ende, el supuesto defecto alegado respecto a la imputación formal, es una cuestión del debido proceso no vinculada a la libertad por no operar como la causa directa de su restricción, pues la imputación en sí se constituye en un acto investigativo procesal que evidentemente tiene entre sus efectos que pueda derivar en que se asuman medidas cautelares, pero ello es emergente del curso del proceso investigativo penal y dentro del régimen de medidas cautelares referido que tiene su propio trámite, despliegue probatorio, consideración de presupuestos y otros elementos procesales inherentes al mismo y que será objeto de un análisis propio en la presente acción, pero la actuación y determinación investigativa de imputación formal en sí, es un actuado procesal inherente al proceso investigativo dentro la causa penal, en otras palabras la imputación y la acusación, entre otras actuaciones fiscales, son parte del despliegue investigativo-procesal que por sí mismos no restringen la libertad y tampoco podrían ser actuaciones acusadas de persecución ilegal, pues -se reitera- emergen de un proceso penal en curso” (negrillas añadidas). En consecuencia, el presunto doble procesamiento que se les atribuye a las autoridades demandadas, de ningún modo esta vinculado con el derecho a la libertad que asiste a los accionantes, por no haber sido ni ser la causa directa que generó su restricción, evidenciándose el incumplimiento del primer presupuesto señalado en la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, ante un presunto ilegal e indebido procesamiento vía acción de libertad. Respecto al segundo presupuesto la citada Sentencia Constitucional Plurinacional precisó que: “…b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”, aquello tampoco resulta evidente; toda vez que, los impetrantes de tutela no demostraron que estuviesen en un absoluto estado de indefensión; es decir, que se les hubiese impedido activar algún mecanismo o recurso previsto en la norma, o que hubiesen tomado recién conocimiento del presunto indebido procesamiento; máxime cuando se tiene que formularon las excepciones de falta de acción y prejudicialidad, resuelto por el Auto Interlocutorio 111/2023; por lo tanto, se concluye que los accionantes también incumplieron con este requisito. Consiguientemente, al no concurrir los presupuestos previstos en la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde denegar la tutela impetrada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
Es preciso referirse a la conducta de Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, quien suplió las actuaciones de las autoridades judiciales ordinarias, al disponer de forma arbitraria e irracional dejar sin efecto los dos procesos penales, máxime cuando esa es una labor estrictamente ordinaria y que requiere seguir el procedimiento específico, así como, la ponderación de los elementos de convicción necesarios; es decir, es una función única y exclusiva de los jueces y tribunales ordinarios en materia penal; así también, lo entendió la SCP 0281/2012 de 4 de junio, que indicó: “…no corresponde a la jurisdicción constitucional efectuar la función de ponderación que compete única y exclusivamente a los jueces y tribunales que tienen a su cargo la causa; en el entendido, que este Tribunal tiene por función exclusiva ejercer el control de constitucionalidad y resguardar el respeto de los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado y en la ley y no así la ponderación de los suficientes elementos que motivaron la imposición o no de una medida cautelar, como sería el caso de la detención preventiva” (las negrillas son nuestras). En ese sentido, siendo que la conducta del Juez de garantías desconoció la jurisprudencia constitucional, excediendo sus facultades y atribuciones, corresponde a este Tribunal remitir antecedentes al Consejo de la Magistratura, para que sea esa la instancia que investigue y determine las responsabilidades que correspondan respecto a la referida autoridad judicial. En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido en parte la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 754/2023 de 10 de diciembre, cursante de fs. 234 a 241 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; 2° Se llama severamente la atención a Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, conforme lo señalado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional; y,
3° Se dispone por Secretaria General de este Tribunal, la remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura, para que a través de esa instancia se inicie, si corresponde, el respectivo proceso disciplinario al mencionado Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0510_2024-S2_id65560.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): a8364be0c2e8977b92dacc6868a5ca8854fc947d8e099f75ebb6d36d12f5ad7b
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