Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 3 de septiembre de 2024
Concede en parte la tutela
El demandante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo e inamovilidad laboral; por cuanto la autoridad demandada por Memorándum 57/2022 de 28 de marzo, le comunicó el agradecimiento de sus servicios en el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, sin considerar su inamovilidad laboral al haber sufrido un accidente en el desempeño de sus funciones, lo cual le ocasionó severas lesiones que le provocaron una discapacidad física, motora, permanente e irreversible; y, habiendo hecho notar ese extremo, no obtuvo una respuesta favorable; por tal motivo, solicita se conceda la tutela y en consecuencia se disponga que el Ejecutivo Regional de Desarrollo de la Gobernación Regional del Gran Chaco deje sin efecto el Memorándum 57/2022 de agradecimiento de servicios, ordenando su inmediata restitución al cargo que desempeñaba como Técnico Auxiliar de la Oficina de Almacén, con efecto retroactivo a la fecha de despido, con goce de haberes y demás derechos laborales más daños perjuicios y costas. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para cuyo efecto se desarrollarán los siguientes temas: i) Excepción al principio de subsidiariedad ante despidos intempestivos. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 05/2022 de 15 de noviembre, cursante de fs. 107 a 111 vta., pronunciada por la Jueza Pública de Familia Segunda de Yacuiba del departamento de Tarija; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a los derechos al trabajo e inamovilidad laboral, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional; 2º Disponer que el Gobierno Regional Autónomo del Gran Chaco proceda a la reincorporación inmediata del accionante en el mismo cargo que ocupaba al momento de su desvinculación laboral, con el mismo nivel salarial, sea en el plazo máximo de cinco días a partir de su notificación con esta sentencia; así como al pago de los salarios devengados al nombrado, desde su despido hasta el día de su reincorporación, más los demás derechos sociales que le puedan corresponder. 3° DENEGAR respecto al pago de costas, daños y perjuicios.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0510/2024-S1 Sucre, 3 de septiembre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 51830-2022-104-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución 05/2022 de 15 de noviembre, cursante de fs. 107 a 111 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Miguel Tejerina Tarifa contra José Luis Ábrego Serruto, Ejecutivo Regional del Gobierno Autónoma Regional del Gran Chaco.
Por memorial presentado el 30 de septiembre y 7 de octubre de 2022, cursante de fs. 29 a 35 vta.; y, 48 a 49 vta. respectivamente, el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
El 14 de enero de 2013, ingresó a trabajar en el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, mediante memorándum DS/0042/2013, que lo designó como Técnico II -chofer- de la Dirección Administrativa dependiente de la Secretaría de Hacienda; posteriormente, en varias oportunidades mediante memorándums se lo designó como Técnico en diferentes Secretarías de dicha institución. Durante todo el tiempo de trabajo en el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco se desempeñó de acuerdo a lo establecido en el Manual de Funciones y Cargos de la Institución y en el Reglamento Interno de Personal; sin embargo, grande fue su sorpresa el 31 de marzo de 2022, cuando se le entregó el Memorándum de agradecimiento de servicios 57/2022, sabiendo que tiene graves complicaciones físicas motoras, como se evidencia en los informes médicos de 25 de abril de ese año, por lo que se vulneraron sus derechos, por cuanto tenían conocimiento de que sufrió un accidente de tránsito en horas de trabajo y cumpliendo sus funciones encomendadas a través de la Orden de Servicios 393-A/2013 y el Informe por parte de Rene Justiniano Barbery, Responsable de Tránsito, en el cual mencionó que según la citada orden de servicio se trasladó a Salvador Mazza República Argentina, a cotizar repuestos para la vagoneta Nissan Patrol y que al retornar en su motocicleta tuvo un accidente en la Av. Bolivia, quedando con una discapacidad física, motora, permanente e irreversible que debe sufrir por el resto de su vida. En ese sentido por nota de 27 de abril y 27 de mayo de 2022, solicitó su reincorporación a su puesto de trabajo amparado en la inamovilidad funcionaria de las personas con discapacidad dentro de las instituciones públicas, más aún si la misma ocurrió cuando cumplía con una orden instruida dentro del desempeño de sus funciones. Desde ese momento se procedió a la injusta ilegal y discriminatoria destitución de sus funciones sin considerar que su persona es inamovible en sus funciones laborales de acuerdo a lo establecido en los arts. 5 núm. 1 del DS 29608; 34.I y II de la Ley General para Personas con Discapacidad -Ley 223 de 2 de marzo de 2012; y, 1 inc. a) y 2.III de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad -Ley 977 de 26 de septiembre de 2017-. En ese sentido fue despedido de manera ilegal e intempestiva, sin que se le haya iniciado un proceso, ni exista causal alguna para ese efecto, pese a contar con el carnet de discapacidad desde el 8 de agosto de 2015, ya que tiene el funcionamiento solo de una pierna, motivo que lo obliga a utilizar muletas para poder movilizarse, por lo que tiene una discapacidad permanente por el resto de su vida, aclarando que se encontraba tramitando la renovación del mismo; sin embargo, ese extremo no fue considerado por el Ejecutivo Regional ahora demandado, pese a que le solicitó se deje sin efecto el memorándum de despido y se instruya su reincorporación inmediata a su fuente laboral.
Denuncia la lesión de sus derechos al trabajo e inamovilidad laboral; citando al efecto los arts. 46, 48, 49, 70, 71 y 72 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7, 8 y 23 núm. 1, 2 y 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).
Solicita se conceda la tutela impetrada y en consecuencia se disponga que el Ejecutivo Regional de Desarrollo de la Gobernación Regional del Gran Chaco deje sin efecto el Memorándum 57/2022 de agradecimiento de servicios, ordenando su inmediata restitución al cargo que desempeñaba como Técnico Auxiliar de la Oficina de Almacén, con efecto retroactivo a la fecha de despido, con goce de haberes y demás derechos laborales más daños perjuicios y costas.
La audiencia pública de consideración de la presente acción tutelar se realizó el 15 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 106 a 107, produciéndose los siguientes actuados:
El peticionante de tutela ratificó los términos de la acción tutelar, y ampliando los mismos, señaló que presentó todos sus papeles a la Gobernación, pero cuando fue a Recursos Humanos estos no habían, “como es posible que se pierda mi documentación” (sic).
José Luis Ábrego Serruto, Ejecutivo Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, mediante informe escrito presentado el 24 de octubre de 2022, cursante de fs. 76 a 81, así como en audiencia, indicó: a) El hoy accionante tiene acumuladas llamadas de atención en su file personal respecto a faltas leves con sanción económica por atrasos, inasistencia y ausencias en su puesto de trabajo establecidas en el Reglamento Interno de Personal, así como también por falta de cumplimiento del certificado de no violencia y cuenta con evaluaciones de personal en la que se constató que el puntaje que mereció el nombrado es menor a 70 %,; por lo que estando en restructuración de personal y considerando esos motivos señalados se emitió el Memorándum 57/2022 de 28 de marzo, de agradecimiento de servicios, el cual fue recibido el 31 ese mes y año; b) Respecto a la inamovilidad que pretende el accionante se debe indicar que como entidad si bien se les hizo conocer ese extremo y se les solicitó la misma por incapacidad, este no adjunto ninguna otra información que pudiera reflejar ese hecho ya que de acuerdo a normativas vigentes de las personas con discapacidad deben cumplir con ciertos requisitos que harán prevalecer ese derechos, tal es el caso de Registro, Calificación y Carnetización del CONALDEPIS, lo cual no pudo ser constatado, existiendo dejadez en el nombrado; c) En ese sentido, se lo considero al hoy accionante como un servidor público de libre nombramiento, por lo que en base a esas evaluaciones se procedió a realizar el agradecimiento de servicios del nombrado; d) El ahora accionante en ningún momento presentó algún documento que acredite su incapacidad, tal como el carnet de discapacidad, siendo ese el requisito para obtener la inamovilidad laboral; aclarar que las solicitudes mencionadas por el nombrado fuero realizadas el mes de abril y mayo cuando ya se encontraba desvinculado de la entidad; e) Antes de efectuar algún despido o emitirse el memorándum de agradecimiento, la Unidad de Recursos Humamos emite un Informe Técnico Interno, contando en el caso concreto con el Informe de 24 de marzo de 2022, que no fue arrimado, pero a través del cual se hizo la revisión minuciosa de la documentación presentada por el hoy accionante, quien solicitó la inamovilidad laboral, sin que el nombrado cuente con la documentación o una petición de inamovilidad por incapacidad; f) Antes de que el Ejecutivo tome posesión de su cargo, se revisa a todo el personal de libre nombramiento que gozan la confianza de este, bajo esa situación que se removió al personal y para resguardar los derechos de las personas se hizo ese informe Técnico jurídico revisando la documentación pertinente que se contaba en ese momento, sin que se tenga el respaldo de la documentación correspondiente que evidencie la incapacidad del hoy accionante en ese momento; g) El 4 de mayo, el accionante recién presenta la solicitud pero no acompaño la documentación pertinente; y, h) Por lo expuesto solicitó se deniegue la tutela. A las preguntas realizadas por la Juez de garantías, la parte demandada indicó que no existe ningún proceso administrativo iniciado contra el hoy accionante, solo se le hizo llamadas de atención. 1.2.3. Resolución La Jueza Pública de Familia Segunda de Yacuiba del departamento de Tarija, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 05/2022 de 15 de noviembre, cursante de fs. 107 a 111 vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que la parte demandada proceda a restablecer al accionante a su puesto de trabajo, y sea a partir del 21 de noviembre de 2022, y en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado, correrá el pago de la remuneración y los beneficios sociales que le corresponden; no ha lugar al pago retroactivo de sus remuneraciones y otros beneficios sociales debido a que era de su responsabilidad tramitar oportunamente y hacer conocer a la institución de su discapacidad y activar los mecanismos legales para su cumplimiento como institución; se conmina al accionante y se le otorga el plazo de 3 meses para que realice su trámite de trabajador con discapacidad dentro de esa institución, y esta última deberá otorgar la celeridad para que el derecho se materialice en cumplimiento del art. 72 de la CPE; con base en los siguientes fundamentos: 1) De antecedentes se tiene que el SEDEGES emitió un carnet de discapacidad el 8 de abril de 2015, por lo que el impetrante de tutela acreditó la deficiencia física motora del 31%, situación que fue informada mediante oficio de solicitud de reincorporación laboral por incapacidad presentado el 29 de abril de 2022 y 24 de mayo de ese año, con lo que quedó establecida su condición de persona con discapacidad; 2) Si bien el accionante no realizó el trámite respectivo para acceder la inamovilidad funcionaria por ser una persona con discapacidad, se tiene que sobre ese aspecto con el carnet de discapacidad emitido el 8 de abril de 2015 el nombrado ya era considerado para el Estado como tal por su discapacidad física motora, consecuentemente, el derecho sustancial debe prevalecer sobre el formal, pues la instituciones a partir de la discapacidad del accionante deben brindar todo el apoyo necesario y otorgar toda la accesibilidad a su personal con discapacidad; 3) En cuanto a las llamadas de atención argumentadas por la parte demandada, no pueden ser consideradas como una causal para el despido del hoy accionante considerando la previsión del art. 70 y 71 de la CPE concordante con el art. 46.I y II de la Norma Suprema, así como también se debió considerar lo dispuesto en el art. 34 de la Ley General para Personas con Discapacidad; y, 4) Bajo ese entendido, la autoridad demandada al no reincorporar al accionante a su fuente laboral, conculcó su derecho a la estabilidad laboral que se encuentra protegido por el art. 49.III de la CPE, el cual repercute en otros derechos como a la remuneración y al trabajo, constituyéndose en el medio de subsistencia y mantención tanto de la persona como de su familia, por lo que corresponde su restablecimiento inmediato de sus derechos conculcados en especial en consideración a su condición de persona con discapacidad; consecuentemente, se lesionó el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral del accionante.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Memorándum 57/2022 de 28 de marzo, mediante el cual José Luis Ábrego Serruto, Ejecutivo Regional Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, -autoridad demandada-, hizo conocer a Miguel Tejerina Tarifa, -ahora accionante-, el agradecimiento de sus servicios, a partir de esa fecha (fs. 12). II.2. Mediante nota presentada el 29 de abril de 2022, el hoy accionante, solicitó su reincorporación laboral por incapacidad al ahora demandado (fs. 18 a 21). II.3. El 24 de mayo de 2022, el ahora accionante, por nota dirigida al hoy demandado, reiteró su solicitud de reincorporación laboral por incapacidad (fs. 22 a 23). II.4. Por nota OF. EXT/GARGCH/ER/DESP/CITE 940/2022 de 20 de mayo, el ahora demandado hizo conocer al hoy accionante la denegatoria a su solicitud de reincorporación al haber ingresado a esa institución como funcionario designado a invitación directa de la MAE, no habiendo sido sometido a un proceso para el ingreso a la carrera administrativa; y, en cuanto a la inamovilidad que hace referencia cabe señalar que en su file no consta en archivos ninguna solicitud de inamovilidad laboral, que a efectos de acogerse a ese beneficio que otorga la ley, se debe acreditar mediante un certificado único de discapacidad, siendo su responsabilidad el hacerlo, sin que se tenga conocimiento de ese extremo de manera formal hasta el 27 de abril de 2022 (fs. 24 a 25). II.5. Constan dos carnets de discapacidad correspondientes a Miguel Tejerina Tarifa, -ahora accionante-, uno emitido el 8 de abril de 2015 con vencimiento el 8 de abril de 2019, señalando tipo de discapacidad física, deficiencia física motora, porcentaje 31%; y, otro emitido el 13 de septiembre de 2022 con vencimiento 13 de septiembre de 2028, tipo de discapacidad múltiple, grado de discapacidad moderado (fs. 37).
El demandante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo e inamovilidad laboral; por cuanto la autoridad demandada por Memorándum 57/2022 de 28 de marzo, le comunicó el agradecimiento de sus servicios en el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, sin considerar su inamovilidad laboral al haber sufrido un accidente en el desempeño de sus funciones, lo cual le ocasionó severas lesiones que le provocaron una discapacidad física, motora, permanente e irreversible; y, habiendo hecho notar ese extremo, no obtuvo una respuesta favorable; por tal motivo, solicita se conceda la tutela y en consecuencia se disponga que el Ejecutivo Regional de Desarrollo de la Gobernación Regional del Gran Chaco deje sin efecto el Memorándum 57/2022 de agradecimiento de servicios, ordenando su inmediata restitución al cargo que desempeñaba como Técnico Auxiliar de la Oficina de Almacén, con efecto retroactivo a la fecha de despido, con goce de haberes y demás derechos laborales más daños perjuicios y costas. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para cuyo efecto se desarrollarán los siguientes temas: i) Excepción al principio de subsidiariedad ante despidos intempestivos. Grupos vulnerables; ii) Protección constitucional reforzada de los derechos de las personas en condiciones de vulnerabilidad; iii) El derecho a la estabilidad laboral reforzada de las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad; iv) Sobre la exigencia del Carnet de Discapacidad para la tutela de la garantía de inamovilidad laboral; y, v) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0616/2018-S2 de 8 de octubre, estableció el siguiente razonamiento: La jurisprudencia constitucional en la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, a partir de su configuración procesal y legal, estableció el carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional. Asimismo, desarrolló algunas excepciones que se constituyen en situaciones que posibilitan ingresar directamente al análisis de fondo de la causa a través de la presente acción de defensa, sin necesidad de agotar los medios idóneos previstos en la ley, que fueron construidos jurisprudencialmente; entre los cuales, se encuentra el retiro intempestivo -en la SCP 0177/2012 de 14 de mayo y ratificado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0650/2012 de 2 de agosto y 1121/2013-L de 30 de agosto, entre otras-; y, los casos en los que se demandan derechos de personas pertenecientes a grupos de prioritaria atención y de protección reforzada, entre ellos, las personas con capacidades diferentes -SC 1422/2004-R de 31 de agosto y SCP 1052/2012 de 5 de septiembre, entre otras-.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0616/2018-S2 de 8 de octubre, estableció el siguiente razonamiento: Al respecto, en la SCP 0846/2012 de 20 de agosto, se reconoce que el fundamento de dicha protección reforzada se halla en la múltiple dimensión de la igualdad, reconocida constitucionalmente como valor, principio, derecho y garantía. Se afirma que el principio de igualdad formal se encuentra conciliado, complementado y compatibilizado con el de la igualdad material, que busca la igualdad efectiva mediante el trato desigual a los desiguales, y se encuentra constitucionalizada a través de una normativa de discriminación positiva o que disciplina políticas o acciones afirmativas a favor de personas, que forman parte de grupos en desventaja para buscar el equilibrio con la población en general, como es el caso de las mujeres embarazadas y discapacitados. En el fallo que se examina, también se precisa que de la conciliación, complementación y complementariedad de la igualdad en sus vertientes formal y material, nacen dos funciones: 1) La primera, obliga al Estado a través de sus órganos en sus respectivos roles, a otorgar un trato diferente a personas cuyas situaciones son sensiblemente diferentes; así, al legislador ordinario, a dictar normas de desarrollo de discriminación positiva; al ejecutivo, a realizar políticas públicas a través de acciones afirmativas o acciones positivas; y, a los jueces, a proferir jurisprudencia que potencie el principio de igualdad material a través de una interpretación progresista, extensiva, libre de formalismos, a partir de los criterios y métodos de interpretación, constitucionalizados como los de favorabilidad, favor debilis y pro hómine; y, 2) La segunda, es configurar un auténtico derecho subjetivo de las personas pertenecientes a estos colectivos tradicionalmente discriminado, a recibir un trato jurídico desigual y favorable en determinados casos, con la finalidad de conseguir su equiparación social, precisamente a través de medidas normativas, políticas públicas y jurisprudenciales.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0344/2022-S1 de 2 de junio, estableció el siguiente razonamiento: La jurisprudencia constitucional con relación a la estabilidad laboral de personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, tuteló el citado derecho en los casos en los que se produjo despidos intempestivos de personas con capacidades diferentes, en las SSCC 1550/2004-R de 29 de septiembre 0988/2006-R de 9 de octubre y 0479/2010-R de 5 de julio, entre otras; del mismo modo, garantizó la inamovilidad funcionaria y laboral de personas que tienen bajo su dependencia a personas con capacidades diferentes conforme a ley, a través de la SC 0235/2007-R de 10 de abril y la SCP 0614/2012 de 23 de julio, entre otras. El entendimiento señalado fue desarrollado en la SCP 0616/2018-S2 de 8 de octubre
3El FJ III.3, precisa: “En consecuencia, la normativa y la jurisprudencia constitucional anteriormente citadas, son aplicables en la resolución del caso planteado considerando que la recurrente fue designada el 3 de febrero de 2003 como Secretaria del Área de Unidad Financiera con el ítem 22002, posteriormente el 11 de marzo de 2004 fue nombrada responsable de la emisión de cheques y venta de valores fiscales, cargo que desempeñó hasta el 15 de junio de 2004, cuando le pasaron su memorandum de retiro, sin considerar que se trata de una persona con discapacidad puesto que sufre de síndrome convulsivo, siendo miembro de la Federación Orureña de la Persona con Discapacidad, gozando por lo tanto de estabilidad laboral toda vez que no puede ser retirada de su fuente de trabajo, salvo por las causales legalmente establecidas y previo proceso interno conforme establece la norma del art. 5.I del DS 27477 de 6 de mayo al señalar que las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público y privado, gozarán de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causales establecidas por Ley. Consiguientemente, al haberse procedido a su retiro a través de un memorando con el justificativo de que se trata de instrucciones superiores, obviando su condición de persona discapacitada se ha vulnerado el derecho al trabajo de la recurrente, puesto que no constituye una causal justificada para su destitución” 4El FJ III.2, precisa: “De la norma precedentemente señalada, se infiere que el ámbito de protección de los trabajadores o funcionarios que presten servicios en los sectores público o privado, no sólo se refiere al trabajador en si mismo sino que en prevención a que una ruptura de la relación laboral pueda llegar a afectar a un dependiente con discapacidad de ese trabajador o funcionario, garantiza su inamovilidad, instituyendo así una tutela reforzada al derecho al trabajo de las personas, en razón de su discapacidad o de la discapacidad de la persona que tenga bajo su dependencia, excepto que su despido se opere por las causas señaladas por ley y previo proceso que determine haberse incurrido en dichas causales. En ese contexto y con relación a los trabajadores o funcionarios discapacitados sin previo proceso, este Tribunal en la SC 1422/2004-R, señaló que éste -el Tribunal Constitucional- 'abre su ámbito de protección al tratarse de un derecho que precisa ser protegido de forma inmediata ante el evidente perjuicio causado al recurrente con la pérdida de su fuente laboral y, consiguientemente, de su medio de subsistencia, que muy difícilmente podrá ser reemplazado'”. 5El FJ III.2, refiere: “En ese marco, de las normas precedentemente señaladas se infiere que, el ámbito de protección de los trabajadores o funcionarios que presten servicios en los sectores público o privado, no sólo se refiere al trabajador en si mismo sino que en prevención a que una ruptura de la relación laboral pueda llegar a afectar a un dependiente discapacitado de ese trabajador o funcionario, garantizando su inamovilidad, instituyendo así una tutela reforzada del derecho al trabajo de las personas, en razón de su discapacidad o de la discapacidad de la persona que tenga bajo su dependencia, excepto que su despido se opere por las causas señaladas por ley y previo proceso que determine haberse incurrido en dichas causales”. 6El FJ III.2, sostiene: “En ese orden y teniendo presente que el contenido de la Ley 1678 y de los Decretos Supremos (DDSS) 27477 y 29608, no son contrarios a los preceptos constitucionales explicados, resulta conveniente traer a colación la disposición contenida en el art. 2.II de este último Decreto Supremo, relativo a la inamovilidad laboral para las ‘personas discapacitadas’ que presten servicios en los sectores públicos o privados, ámbito de protección que se amplía a los padres o tutores que tengan bajo su dependencia a ‘personas con discapacidad’; lo que significa, que ninguna persona con capacidad diferente que preste servicios en una institución pública o entidad privada, podrá ser removida de sus funciones, al igual que aquellas que tengan bajo su dependencia a personas con capacidades diferentes. Empero, la norma establece una salvedad a esa protección y/o resguardo a la fuente laboral, al disponer que la inamovilidad laboral no será aplicable cuando concurran causales establecidas por ley; de donde se desprenden dos situaciones, primero, que las personas comprendidas en el ámbito de protección de las citadas disposiciones legales, incurran en causales establecidas por ley para la conclusión del vínculo laboral previo debido proceso; y segundo, que por efecto de la ley, la relación laboral ya no pueda continuar en las mismas condiciones, lo que no significa de manera alguna la conclusión del vínculo laboral, sino su persistencia en otras circunstancias y/o funciones, sin afectar su escala salarial, que le permita alcanzar para sí y su familia una vida digna”.
Del mismo modo, la SC 0477/2011-R de 18 de abril, con relación al tema establece:
El DS 27477, a tiempo de determinar los principios rectores que deberán regir en la aplicación de dicha norma legal; en su art. 3 dispone la estabilidad laboral, al señalar que las personas con discapacidad no pueden ser retiradas de sus fuentes de trabajo, salvo las causas legalmente establecidas, previo proceso; así también el art. 5 del citado Decreto Supremo, de manera expresa prevé que: ´I. Las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público o privado, gozarán de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causas establecidas por Ley; II. Los trabajadores o funcionarios que tengan bajo su dependencia personas con discapacidad, en 1º (primer grado) en línea directa y hasta el 2º (segundo grado) en línea colateral, gozarán también de inamovilidad funcionaria en los términos establecidos en el parágrafo precedente´.
´De las normas desarrolladas precedentemente, se establece que el ámbito de protección de los trabajadores o funcionarios con discapacidad, ya sea que éstos presten servicios en los sectores público o privado, implica la inamovilidad laboral y excepcionalmente su despido por causa justa y previo proceso´.
Debe señalarse que el trabajo es entendido como un medio para obtener los medios necesarios destinados a subvenir las necesidades más premiosas del trabajador y su entorno familiar, criterio que engloba también a las personas con potencialidades especiales; quienes frente a un despido intempestivo e injustificado, en virtud a la protección especial que gozan pueden acudir directamente ante la justicia constitucional; pues, como lo ha señalado la SC 1422/2004-R, se trata de un ´(…) derecho que precisa ser protegido de forma inmediata ante el evidente perjuicio causado al recurrente con la pérdida de su fuente laboral y, consiguientemente, de su medio de subsistencia, que muy difícilmente podrá ser reemplazado´.
En ese sentido, la Sentencia aludida, señaló: ´(…) el DS 27477 de 6 de mayo de 2004 en el art. 1 establece el "OBJETO" de su promulgación al señalar: "El presente Decreto Supremo tiene por objeto promover, reglamentar y proteger la incorporación, ascenso y estabilidad de personas con discapacidad en el mercado laboral (…)´. ´A su vez el art. 3 inc. c) del mismo DS se refiere al "Principio de estabilidad laboral" por el que las personas con discapacidad no pueden ser retiradas de sus fuentes de trabajo, salvo por las causales legalmente establecidas, previo proceso interno. De la misma manera el art. 5.I) de la mencionada norma legal concordante con los preceptos referidos indica que las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público y privado, gozarán de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causales establecidas por ley, presupuestos que no se han dado en el caso de autos, en el que el recurrente fue retirado de sus funciones sin proceso previo y por 'supuesta reestructuración', lo que no constituye una causal justificada para su destitución.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0463/2019-S2 de 9 de julio, estableció el siguiente razonamiento: El DS 1893 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la Ley General para Personas con Discapacidad, establece en su art. 3 que sus disposiciones son aplicables a las personas con discapacidad que cuenten con el Carnet de Discapacidad. Entre esas disposiciones se encuentra el art. 22.I, que hace referencia a la inamovilidad laboral. De ello podría desprenderse que únicamente cuando las personas cuenten con Carnet Discapacidad podrán ejercer sus derechos, entre ellos, la inamovilidad laboral; sin embargo, dentro de las pautas que guían la labor del juez constitucional a tiempo de interpretar los derechos fundamentales, se encuentra el principio de directa justiciabilidad de los derechos prevista en el art. 109 de la CPE; norma que dispone que todos los derechos reconocidos en la Ley Fundamental son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección, y que se constituye en una concreción del carácter normativo de la Constitución Política del Estado, como otra de las características fundamentales del Estado Constitucional. Así lo determinó la SCP 0121/2012 de 2 de mayo en el Fundamento Jurídico III.1, que además, señaló que supone la superación formalista del sistema jurídico y se constituye en un postulado para consolidar el valor normativo de la Constitución Política del Estado, estableciendo que:
…la premisa en virtud de la cual se debe asegurar la eficacia máxima de los derechos fundamentales, exige en términos de teoría del derecho, la superación de una concepción iuspositivista y formalista del sistema jurídico, e implica la adopción de postulados jurídicos enmarcados en cánones constitucionales no solamente destinados a limitar el poder, sino fundamentalmente direccionados a consagrar y consolidar la vigencia material de los derechos fundamentales.
…el principio de aplicación directa y eficaz de los derechos fundamentales, constituye un postulado que consolida el valor normativo de la Constitución, por el cual, los derechos fundamentales tienen una efectividad plena, más allá de un reconocimiento legislativo o de formalismos extremos que puedan obstaculizar su plena vigencia, aspecto que caracteriza la ‘última generación del Constitucionalismo’, en el cual, el fenómeno de constitucionalización del ordenamiento jurídico, se consagra y alcanza su esplendor a través del principio de aplicación directa de los derechos fundamentales, el cual se materializa a través del nuevo rol de las autoridades jurisdiccionales en su labor de interpretación constitucional acompañada de una coherente teoría de argumentación jurídica.
En este orden de ideas, la interpretación de las normas sobre derechos humanos, no se sujeta a criterios tradicionales de interpretación o a la aplicación mecánica y literal del derecho; pues, además, a partir del principio de irradiación de los preceptos constitucionales, no pueden eludirse las situaciones materiales por la exigencia de requisitos que puedan ser subsanados por esas autoridades, para una debida materialización de los derechos y garantías. Por lo que, si bien el DS 1983 exige la obtención del certificado de discapacidad para la acreditación de dicha condición; sin embargo, dicho certificado debe ser entendido como una garantía para el ejercicio de los derechos específicos de este grupo de atención prioritaria y de los familiares que los cuidan y protegen, entre ellos, el derecho a la inmovilidad laboral, pero de ninguna manera puede constituirse en una exigencia que imposibilite la protección de las personas con discapacidad notoria y evidente, pero que, formalmente, no han obtenido aún el certificado que lo acredite. Consiguientemente, a la luz de los principios de favorabilidad y justicia material, corresponderá flexibilizar la exigencia de presentación de certificado discapacidad expedido por el Comité de la Persona con Discapacidad (CODEPEDIS) en los casos en que la situación de discapacidad sea notoria, evidente y pueda ser verificable a través de otros medios de prueba; pues, la existencia de derechos y garantías específicas para este grupo de atención prioritaria, reside en la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran y en la necesidad de crear condiciones que les permitan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones; por ello, la existencia o no de un certificado de discapacidad, de ninguna manera puede constituirse en un requisito para la protección material de las personas con discapacidad; ya que, independientemente de la existencia de dicho certificado, la situación de discapacidad de la persona existe y es deber del Estado protegerla. Asimismo, se tiene que la SCP 1137/2022-S2 de 12 de septiembre, hizo una modulación a la SCP 0463/2019-S2 de 9 de julio, en tal sentido sostuvo lo siguiente:
De la línea jurisprudencial antes descrita, se tiene que invocando los principios de favorabilidad y justicia material, flexibilizó la exigencia de presentación del certificado de discapacidad expedido por el Comité de la Persona con discapacidad (CODEPEDIS), a efecto del reconocimiento de la garantía de inamovilidad laboral prevista en el art. 2.V de la Ley 977 de 26 de septiembre de 2017, en aquellos casos en que la situación de discapacidad sea notoria, evidente y verificable a través de otros medios de prueba; al respecto, si bien este precedente constitucional responde a un real acceso a la tutela constitucional efectiva a partir de una interpretación extensiva del principio de directa justiciabilidad de los derechos fundamentales plasmado en el art. 109 de la CPE, por lo cual, los derechos fundamentales tienen una efectividad plena más allá de un reconocimiento legislativo o de formalismos extremos que tiendan a obstaculizar su plena vigencia; no es menos cierto que sobre el tema existe un marco normativo regulatorio que hace efectiva la tutela de la inamovilidad laboral de las personas con discapacidad o con dependientes discapacitados; por cuanto, el certificado de discapacidad que exige el citado marco normativo responde a una política estatal de registro de este grupo de atención prioritaria para la vigencia de sus derechos fundamentales, entre estos el de la inamovilidad laboral; en tal antecedente, este Tribunal no puede actuar como una instancia administrativa o judicial de conocimiento verificando el grado de discapacidad de estas personas, resolviendo los derechos controvertidos, o superando la desidia de las partes, que con la finalidad de mantener el orden del estado de derecho están obligados a observar este marco normativo.
En consecuencia, en merito a lo expuesto y en armonía con el contenido de la jurisprudencia antes glosada, es pertinente modular su razonamiento; en sentido de que, la justicia constitucional en aquellos supuestos en los cuales no se presente el certificado de discapacidad expedido por el CODEPEDIS, para el reconocimiento de la garantía constitucional de inamovilidad laboral de las personas con discapacidad o con dependientes discapacitados, cuya situación sea notoria, evidente y verificable con otros medios de prueba; podrá conceder únicamente una tutela provisional, otorgando al justiciable un plazo de seis meses para que obtenga el certificado único de discapacidad expedido por el CODEPEDIS, en cumplimiento a las previsiones contenidas en la Ley 977 y DS 3437 de 20 de diciembre de 2017; a objeto de regularizar la situación de inamovilidad de este grupo de atención prioritaria en sus fuentes de trabajo.
El demandante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo e inamovilidad laboral; por cuanto la autoridad demandada por Memorándum 57/2022 de 28 de marzo, le comunicó el agradecimiento de sus servicios en el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, sin considerar su inamovilidad laboral al haber sufrido un accidente en el desempeño de sus funciones, lo cual le ocasionó severas lesiones que le provocaron una discapacidad física, motora, permanente e irreversible; y, habiendo hecho notar ese extremo, no obtuvo una respuesta favorable; por tal motivo, solicita se conceda la tutela y en consecuencia se disponga que el Ejecutivo Regional de Desarrollo de la Gobernación Regional del Gran Chaco deje sin efecto el Memorándum 57/2022 de agradecimiento de servicios, ordenando su inmediata restitución al cargo que desempeñaba como Técnico Auxiliar de la Oficina de Almacén, con efecto retroactivo a la fecha de despido, con goce de haberes y demás derechos laborales más daños perjuicios y costas.
Ahora bien, de los antecedentes que cursan en el expediente se tiene el memorándum 57/2022 de 28 de marzo, mediante el cual José Luis Ábrego Serruto, Ejecutivo Regional Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, ahora demandado, hizo conocer a Miguel Tejerina Tarifa, ahora accionante, el agradecimiento de sus servicios, a partir de esa fecha (Conclusión II.1).
En ese sentido, el hoy accionante, mediante nota presentada el 29 de abril de 2022, el hoy accionante, solicitó su reincorporación laboral por incapacidad, al ahora demandado (Conclusión II.2); así como también reiteró dicha solicitud el 24 de mayo de ese año (Conclusión II.3).
Al respecto, por nota OF. EXT/GARGCH/ER/DESP/CITE 940/2022 de 20 de mayo, el ahora demandado hizo conocer al hoy accionante la denegatoria a su solicitud de reincorporación, señalando que ingresó a esa institución como funcionario designado a invitación directa de la MAE, no habiendo sido sometido a un proceso para el ingreso a la carrera administrativa; y, en cuanto a la inamovilidad que hace referencia le indicó que en su file no consta ninguna solicitud de inamovilidad laboral, que a efectos de acogerse a ese beneficio que otorga la ley, el mismo debe ser acreditado mediante un certificado único de discapacidad, siendo su responsabilidad el hacerlo, sin que se tenga conocimiento de ese extremo de manera formal hasta el 27 de abril de ese año (Conclusión II.4).
Finalmente, constan dos carnets de discapacidad correspondientes a Miguel Tejerina Tarifa, hoy accionante, uno emitido el 8 de abril de 2015 con vencimiento el 8 de abril de 2019, señalando tipo de discapacidad física, deficiencia física motora, porcentaje 31%; y, otro emitido el 13 de septiembre de 2022, con vencimiento 13 de septiembre de 2028, tipo de discapacidad múltiple, grado de discapacidad moderado (Conclusión II.5). Antes de ingresar a resolver el fondo de la problemática planteada, corresponde remitirnos a la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la cual dejó claramente establecido que una persona con discapacidad puede acudir a la jurisdicción constitucional de manera directa; es decir, sin que le sea exigible que agote previamente los mecanismos en la vía ordinaria o administrativa para resguardar sus derechos, al demandarse derechos de personas pertenecientes a grupos de prioritaria atención y de protección reforzada.
En ese sentido, el accionante denuncia que mediante Memorándum 57/2022 de 28 de marzo, se le comunicó el agradecimiento de sus servicios en el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, sin considerar su inamovilidad laboral, al haber sufrido un accidente en el desempeño de sus funciones, lo cual le ocasionó severas lesiones y concluyeron en una discapacidad física, motora, permanente e irreversible; en tal sentido, revisados los antecedentes dentro del presente caso, se pudo evidenciar que en efecto el accionante fue desvinculado de su fuente laboral a través del citado Memorándum 57/2022, mediante el cual se le agradeció por los servicios prestados en esa institución.
Al respecto la autoridad demandada refirió que el accionante, tiene acumuladas llamadas de atención, falta de presentación del certificado de no violencia y una evaluación que es menor al 70% y sobre la inamovilidad que pretende el accionante, no adjuntó ninguna otra información que pudiera reflejar ese hecho, ya que deben cumplir con ciertos requisitos, como es la carnetización del CONALDEPIS, lo que no pudo ser constatado.
Hecha esta puntualización, es necesario tomar en cuenta el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que expresa que a la luz de los principios de favorabilidad y justicia material, corresponderá flexibilizar la exigencia de presentación de certificado discapacidad expedido por el Comité de la Persona con Discapacidad (CODEPEDIS) en los casos en que la situación de discapacidad sea notoria, evidente y pueda ser verificable a través de otros medios de prueba; pues, la existencia de derechos y garantías específicas para este grupo de atención prioritaria, reside en la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran y en la necesidad de crear condiciones que les permitan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones; por ello, la existencia o no de un certificado de discapacidad, de ninguna manera puede constituirse en un requisito para la protección material de las personas con discapacidad; ya que, independientemente de la existencia de dicho certificado, la situación de discapacidad de la persona existe y es deber del Estado protegerla.
En ese marco, de la revisión de antecedentes se advierte que el impetrante de tutela tiene una discapacidad física motora de 31 % (Conclusión II.5), lo que implica que la discapacidad del nombrado es notoria, por lo que la autoridad demandada debió proteger la inamovilidad laboral del mismo y no emitir el memorándum de agradecimiento de servicios, sino que pudo solicitar que presente el Carnet de discapacidad otorgando al ahora accionante un plazo razonable para que obtenga el certificado único de discapacidad expedido por el CODEPEDIS, más aún cuando el accionante trató de cumplir esa exigencia al haber presentado una nota el 29 de abril de 2022, solicitando su reincorporación laboral por incapacidad, al ahora demandado, aclarando que el carnet de discapacidad se encontraba en trámite (Conclusión II.2.); así como también reiteró dicha solicitud el 24 de mayo de ese año (Conclusión II.3.), sin que se le haya reincorporado.
En tal sentido y no obstante de lo mencionado, en el presente caso se tiene que el accionante demostró plenamente ser una persona con discapacidad, tal como consta a partir de los carnets de discapacidad cursantes a fs. 37 de obrados (Conclusión II.5), por cuanto fue calificado como persona con discapacidad física en el grado moderado, con el porcentaje de 31% de discapacidad; por tanto, situándolo en una condición de vulnerabilidad, lo que le permite gozar de inamovilidad laboral independientemente a la condición de funcionario en la que se encontraría; es decir, que el Estado garantiza a las personas con discapacidad el derecho a contar con una fuente laboral de manera segura, salvo las causas establecidas por ley que deben ser demostradas en un proceso disciplinario previo, así se ha hecho mención en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional; sin embargo, en el presente caso tal derecho no fue respetado por el Ejecutivo Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco; toda vez que, sin que se haya iniciado en contra del impetrante de tutela un proceso disciplinario previo, que le permita hacer uso de su derecho a la defensa y el debido proceso, se emitió de forma directa el Memorándum 57/2022, dejando al accionante sin su fuente de trabajo que se encontraba garantizado por ser una persona con discapacidad; vale decir, que el accionante no podía ser retirado de su fuente de trabajo sea por su condición de funcionario o por las llamadas de atención emitidas en su contra o la evaluación de sus labores referidos por la parte demandada, salvo un previo proceso, que en el caso no aconteció.
Es así que, de acuerdo a lo precedentemente señalado, el memorándum 57/2022 de agradecimiento de servicios, vulneró los derechos al trabajo e inamovilidad laboral del ahora accionante, por lo que corresponde conceder la tutela impetrada.
Finalmente, de acuerdo al entendimiento asumido en la SCP 0497/2022-S1 de 4 de julio, no corresponde disponer el pago de costas, por cuanto no existe prueba que evidencie que la autoridad demandada haya actuado con dolo o temeridad; de igual manera, no le corresponde a este Tribunal determinar el pago de daños y perjuicios porque no hubo período de prueba que demuestre y en su caso cuantifique los alegados daños y perjuicios, conforme dispone el art. 39.I del CPCo. En consecuencia, la Jueza garantías al conceder en parte la tutela, actuó de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 05/2022 de 15 de noviembre, cursante de fs. 107 a 111 vta., pronunciada por la Jueza Pública de Familia Segunda de Yacuiba del departamento de Tarija; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a los derechos al trabajo e inamovilidad laboral, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional; 2º Disponer que el Gobierno Regional Autónomo del Gran Chaco proceda a la reincorporación inmediata del accionante en el mismo cargo que ocupaba al momento de su desvinculación laboral, con el mismo nivel salarial, sea en el plazo máximo de cinco días a partir de su notificación con esta sentencia; así como al pago de los salarios devengados al nombrado, desde su despido hasta el día de su reincorporación, más los demás derechos sociales que le puedan corresponder. 3° DENEGAR respecto al pago de costas, daños y perjuicios. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
1 El FJ III.3, señala: “En base a este entendimiento, la estabilidad laboral es un derecho constitucional cuya vulneración afecta a otros derechos elementales, a este efecto consideramos que se debe abstraer el principio de subsidiariedad en aquellos casos en que una trabajadora o un trabajador demande la reincorporación a su fuente trabajo ante un despido sin causa legal justificada; con el único requisito previo de recurrir a las Jefaturas Departamentales de Trabajo denunciando este hecho, a objeto de que estas entidades una vez establecido el retiro injustificado conmine al empleador a la reincorporación inmediata en los términos previstos por el DS 0495, y ante su incumplimiento se hace viable la tutela constitucional a través de la acción de amparo constitucional. Entendimiento asumido en virtud a que en estos casos no sólo se halla involucrado el derecho al trabajo, sino otros derechos elementales como la subsistencia y a la v ida misma de la persona, ya que cuando se afecta el derecho al trabajo a través de una despido injustificado, no sólo se afecta a la persona individual, sino a todo el grupo familiar que depende de un trabajador o trabajadora por cuanto implícitamente se atenta contra la subsistencia de sus hijos o dependientes, de ahí que el derecho al trabajo constituye uno de los principales derechos humanos”.
2 El FJ III.3 , se precisa: “Sin embargo del fallo mencionado, dichos organismos encargados de proteger a los discapacitados, no constituyen en sí una vía reparadora y efectiva para el restablecimiento de los derechos de aquellos que se lesionan, sino un medio para llegar a esa instancia en la que deben restablecerse las garantías y los derechos reclamados, pues conforme a las disposiciones legales por los que han sido instituidos, únicamente asumen la defensa ante las instancias respectivas, es decir que no están facultados para solucionar las situaciones que son puestas en su conocimiento, lo que no hace obligatorio acudir previamente a esos organismos para interponer el amparo constitucional y declararlo improcedente por su carácter subsidiario , por cuanto con esa omisión no resulta afectado este principio ante el hecho de que el acudir o no a esos organismos creados para la protección de personas discapacitadas, no incide en la subsidiariedad del recurso de amparo, Por el contrario éste abre su ámbito de protección al tratarse de un derecho que precisa ser protegido de forma inmediata ante el evidente perjuicio causado al recurrente con la pérdida de su fuente laboral y, consiguientemente, de su medio de subsistencia, que muy difícilmente podrá ser reemplazado”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0510_2024-S1.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): 00dbe3a864a857935ef73a304842cc200687b2326c98e026b73edf85a9ac2784
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