B.IA.LEGAL

SCP 0508/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 15 de mayo de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
15 de mayo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Rene Yván Espada Navía
Expediente
52330-2022-105-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante a través de su representante sin mandado, denunció la lesión de sus derechos a la libertad y a la defensa; señalando que, a) Se encuentra detenida arbitrariamente a raíz de una denuncia irregular de la que no conoció previamente; y pese a haber reclamado ante el Juez de Control Jurisdiccional, le fueron impuestas medidas cautelares de carácter personal; b) Habiendo solicitado modificación de las mismas, el Juez hoy demandado, mediante Auto Interlocutorio 454/2022, mantuvo su detención domiciliaria; sin realizar una valoración probatoria integral y sin fundamentar y motivar las razones por las que se dispuso tal determinación; y, c) Apelada dicha Resolución, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del Auto de Vista 816/2022, negó su recurso bajo el argumento de no haberse invocado el art. 251 del CPP; manteniendo su detención y dejándola de esa forma, en indefensión.

En consecuencia, en revisión de la Resolución dictada por el Tribunal de garantías, corresponde dilucidar si tales extremos son evidentes y si constituyen actos lesivos de los derechos fundamentales o garantías constitucionales de la impetrante de tutela, a fin de otorgar o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 15/2022 de 24 de noviembre, cursante de fs. 61 a 64, emitida por el Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción Segundo del departamento de La Paz, en calidad de Juez de garantías; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo se deje sin efecto el Auto de Vista 816/2022 de 4 de noviembre; y, en su lugar, la Autoridad demandada emita una nueva determinación acorde a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, salvo que la situación jurídica del accionante hubiese cambiado por el transcurso del tiempo.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Del recurso de apelación incidental de medidas cautelares
  2. III.2. El derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva
  3. III.3. Naturaleza jurídica y alcance procesal de la cosa juzgada constitucional
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0508/2025-S4 Sucre, 15 de mayo de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Rene Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 52330-2022-105-AL Departamento: La Paz En revisión de la Resolución 15/2022 de 24 de noviembre, cursante de fs. 61 a 64 pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Raúl Antonio Gamarra Céspedes en representación sin mandato de Lucía Quispe Tintaya contra Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Carlos Alejandro Espinoza Ramírez, Juez Público de la Niñez y Adolescencia, e Instrucción Penal Primero de Achacachi del mencionado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la acción

Mediante memorial presentado el 23 de noviembre de 2022, cursante de fs. 1; y, 25 a 30 la accionante a través de su representante sin mandato manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Nancy Clares de Zuleta en su contra por la presunta comisión de los delitos de robo agravado y lesiones graves y leves, se vienen suscitando las siguientes irregularidades: Señala que, el 14 de julio de 2022, fue detenida arbitrariamente; dado que, no fue notificada con ningún tipo de denuncia en su contra y sin que exista mandamiento de aprehensión; manifiesta que fue “enmanillada en plena vía pública, y fue conducida a celdas judiciales, a empujones, DONDE JUNTO A SU MADRE ANACLETA QUISPE TINTAYA, SE LAS MANTUVO ENMANILLADAS, COLGADA DE UN PALO HASTA QUEDAR DESPAYADA LA PRIMERA, POR MÁS DE 24 HORAS, ASIMISMO FUERON GASIFICADAS” (sic), hasta el día siguiente, en que se llevó a cabo su audiencia de medidas cautelares.

Mediante Resolución 246/2022 de 15 de julio, el Juez ahora demandado, ignorando la documentación probatoria aparejada en la causa, dispuso su detención domiciliaria por el lapso de tres meses, sin salida laboral y la presentación de cuatro garantes solventes. Refiere que, una vez concluido el plazo de su detención domiciliaria, solicitó la modificación de las medidas cautelares impuestas, aportando nuevos elementos probatorios; no obstante, el Juez A quo dispuso a través de Auto Interlocutorio 454/2022 de 26 de octubre, “HABIENDO INCUMPLIDO LAS MEDIDAS DISPUESTAS, SE DECLA IMPROBADA LA MODIFICACIÓN Y SE RATIFICA LAS MEDIDAS DISPUESTAS” (sic); manteniendo en consecuencia, su detención domiciliaria. Manifiesta que, el Fiscal de Materia de Achacachi, basándose en una denuncia flagrantemente falsa, la detuvo; y, “encontrándose con detención domiciliaria, ha dispuesto la notificación (…) con un nuevo proceso” (sic). En la primera denuncia, presentada después de ocho meses del presunto hecho, pues la denunciante indicó que estos se suscitaron el 3 de mayo de 2021, se señaló que la aludida habría sido agredida por tres personas y que la ahora impetrante de tutela, procedió con el “jalado de los cabellos y le habría pateado” (sic); empero el certificado médico forense adjunto a la señalada denuncia, indica que fueron dos personas de sexo masculino quienes la habrían agredido. En la segunda denuncia, impetrada por el tío de Freddy Zuleta Laura, esposo de la presunta víctima, se indica que los hechos se habrían suscitado el 27 de agosto de 2021, y que la víctima habría sido agredida por “MARIO ROJAS CUARITI, LUCIA QUISPE TINTAYA Y –ESTA VEZ INCLUYEN A MI SRA. MADRE –ANACLETA TINTAYA QUISPE” (sic). En ese marco refiere que, llama la atención que en ambos procesos penales “APARECIERON ASÍ DE LA NOCHE A LA MAÑANA, ANTEDATOS Y SIN REQUERIMIENTO FISCAL, NO EXISTE PRUEBA ALGUNA DEL SUPUESTO RONO, EN AMBOS CASOS, LAS FALSSDAS DENUNCIANTES HAN SIDO AGREDIDAS, SUPUESTAMENTE, POR MARIO ROJAS –PERSONA DE LA TERCERA EDAD-: CON UN VASO DE VIDRIO” (sic). Indica que, además de ser procesada las denuncias mencionadas, el 26 de octubre de 2022 “FREDDY ZULETA LAURA, TEODOSIO HUANCA. MOISES QUISPE, Y OTROS, LUEGO DE LA AUDIENCIA ‘PRESEDENCIAL’ DE MODIFICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES (…) ENCAPUCHADOS Y ARMADOS DE OBJETOS CONTUNDENTES, GOLPEARON A LA COIMPUTADA LUCIA QUISPE TINTAYA, Y A NUESTRO ABOGADO RAUL GAMARRA CÉSPEDES. Y LES ROBARON” (sic).

Asimismo, indica que el 18 de noviembre de 2022, “LUEGO DE FIRMAR EL LIBRO DE ASISTENCIA EN EL JUZGADO, CUANDO EL COIMPUTADO MARIO ROJAS SE DIRIGÍA A SU DOMICILIO, DONDE TAMBIEN CUMPLE ARRESTO DOMICILIARIO, COMO YA HA SUCEDIDO ANTES, CADA VIERNES QUE DEBE ASISTIR AL JUZGADO, HA SIDO VÍCTIMA DE NUEVOS DELITOS PEREPETRADOS POR FREDDY ZULETA LAURA, EN LA CREENCIA DE QUE PUEDE HACERLO CON IMPUNIDAD, COMO LO PREGONA A VOZ EN CUELLO: LO AGARRÓ A PATADAS, Y LE SACÓ FOTOS, diciendo que era ‘sábado’ y que había ‘agredido a su mujer’, reiterando sus amenazas: ‘LA JUSTICIA ESTÁ A MI SERVICIO’” (sic); hechos que se encontrarían probados a través de capturas de pantalla de mensajes “QUE CIRCULAN EN ACHACACHI” (sic). Señaló que, ante la negativa de modificación de las medidas cautelares solicitada, interpuso recurso de apelación; no obstante, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del Auto de Vista 816/2022 de 4 de noviembre, declaró inadmisible dicho recurso y confirmó su detención domiciliaria.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La parte impetrante de tutela alegó la vulneración del derecho a la libertad y a la defensa; citando al efecto los art. 22, 23.I, 115, 116 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE);y, arts. 3, 5, 7.1 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia se deje sin efecto el Auto de Vista 816/2022 de 4 de noviembre y se ordene al Vocal –ahora demandado– emita una nueva resolución, disponiendo su libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 24 de noviembre de 2022, conforme consta en el acta cursante de fs. 57 a 60, presente el abogado de la parte accionante y ausente las autoridades demandadas, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte solicitante de tutela, a través de su abogado en audiencia, ratificó los argumentos contenidos en el memorial de acción de libertad y ampliando los mismos, señaló lo siguiente; a) En audiencia de medidas cautelares, dio a conocer todas las arbitrariedades cometidas en su contra a tiempo de ser aprehendida junto a su madre, pero el Juez de Control Jurisdiccional, no las consideró y dispuso su detención domiciliaria en dicho acto se le impuso como abogado defensor “un abogado primo de la supuesta denunciante” (sic); b) Presentaron como pruebas presentaron “una notificación que ha recibido el señor Freddy Suleta para que desaloje un parlante que se encontraba encima del puesto de venta de Anacleta Quispe Tintaya y de Lucía Quispe Tintaya” (sic); en lugar de cumplir con la orden desalojo, “ha hecho fraguar un documento” (sic) utilizó un certificado médico forense para denunciarla; c) En audiencia de modificación de medidas cautelares, presentó un certificado de afiliación y credencial de vendedora ambulante, además de una copia de su cédula de identidad en la que consta que es comerciante; empero, se le indició que debía adjuntar Numero de Identificacion Tributaria (NIT) y el pago de impuestos; cuando ni su domicilio ni su trabajo están en investigación; d) Presentó certificado de antecedentes (no refiere de que tipo), certificado de no violencia; empero, el Juez a quo “ha declarado que ya no corre el riesgo de este artículo únicamente en cuanto peligro de la sociedad, y no así en cuanto al peligro para la víctima, no obstante que en la misma audiencia le hemos constar claramente habiendo solicitado al fiscal que nos dé un requerimiento para que (…) pueda suscribir medidas de protección en favor de la falsa denunciante” (sic); sin embargo, dicho pedido fue rechazado; e) El Ministerio Público no cumplió con la realización de los actos investigativos; empero, ya tomó la declaración de la presunta víctima y su esposo, de tal forma que ya no concurriría el riesgo establecido en el art. 235.2 del CPP; y, f) “Concretamente lo que hemos solicitado en a presente acción de libertad, lamentablemente después de la audiencia de modificación de medidas cautelares que se ha llevado a cabo en el Juzgado de Achacachi, tanto mi persona como mi defendida hemos sido víctimas de un atraco” (sic).

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Informe presentado el 24 de noviembre de 2022, cursante de fs. 37 a 39 vta., señaló que; 1) La Resolución ahora observada, se encuentra debidamente fundamentada; 2) La accionante, transcribió antecedentes, sentencias constitucionales, principios, etc., que no tienen relación con el caso; y, 3) El recurso de apelación interpuesto por la impetrante de tutela, fue interpuesto como si fuese una apelación incidental, “ya que indica: ‘al amparo del Art. 403 del Código de Procedimiento Penal’” (sic); sin tomar en cuenta, que las resoluciones de modificación de medidas cautelares personales entre ellas la cesación a detención preventiva son reguladas por el art. 251 del CPP. Carlos Alejandro Espinoza Ramírez, Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achacachi del departamento de La Paz, a través de Informe de 23 de noviembre de 2022, cursante de fs. 55 a 56 vta., manifestó que; i) La accionante, interpuso una tercera acción de libertad exponiendo los mismos hechos; la primera fue denegada el 22 de julio de 2022; la segunda fue denegada el 23 de agosto de 2022, “inclusive con la sanción de hacer conocer al Tribunal de Ética del Ministerio de Justicia por la conducta maliciosa en la que incurre este profesional” (sic); ii) La accionante de tutela solicitó la modificación de sus medidas cautelares, sin haberlas cumplido; iii) Mediante Resolución 246/2022 de 15 de julio, se resolvió la situación jurídica de la solicitante de tutela, “quien fue remitida por el ministerio Público en calidad de aprehendida y NUNCA FUE PRIVADA DE SU LIBERTAD EN NINGUN CENTRO PENITENCIARIO” (sic); en la sustanciación de la audiencia cautelar, se hallaba asistida por su abogado de confianza; quien no planteó recurso de apelación en contra de lo dispuesto en dicho acto; y, iv) Toda medida cautelar no causa estado y puede ser modificada en cualquier momento.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción Segundo del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 15/2022 de 24 de noviembre, cursante de fs. 61 a 64, denegó la tutela impetrada; bajo el fundamento de que la impetrante de tutela, no acreditó se encuentre en un estado de indefensión; y, tampoco acompañó elementos de convicción que acrediten sus agravios.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 246/2022 de 15 de julio, emitida por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achacachi del departamento de La Paz, declarando la procedencia de la solicitud de aplicación de medidas cautelares personales en contra de la imputada Lucía Quispe Tintaya –ahora accionante–, disponiendo su detención domiciliaria sin derecho a salidas laborales, por el plazo de tres meses (fs. 18 a 21). II.2. Por Resolución 18/2022 de 22 de julio, el Juez de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, denegó la tutela solicitada dentro de la acción de libertad interpuesta por Raúl Antonio Gamarra Céspedes en representación sin mandato de Lucia Quispe Tintaya contra Carlos Alejandro Espinoza Ramírez, Juez Público de la Niñez y adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achacachi; Francisco Rodríguez Mamani, Fiscal de Materia; y, funcionarios policiales desconocidos todos del departamento de La Paz; determinación que, en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional fue confirmada a través de la SCP 0767/2024-S3 de 5 de septiembre; exponiendo en su contenido, la siguiente problemática:

“La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la vida y defensa, encontrándose indebidamente procesada, porque sin conocer las razones fue aprehendida en vía pública junto con su madre, para después ser trasladada a celdas judiciales donde recibió malos tratos por parte de los efectivos policiales; posteriormente, sin una notificación previa fue conducida a su audiencia cautelar imponiéndole el Juez de la causa, detención domiciliaria sin permiso laboral y la presentación de cuatro garantes personales, sin permitirle tener un abogado que le asista o presentar prueba documental de descargo, menos se tomó en cuenta su calidad de “vivandera” -vendedora de refresco- que gana día a día el sustento para su familia, se vio afectada por la determinación judicial que atenta contra su medio de subsistencia” (sic. [fs. 51 vta. a 53 vta. y base de datos del Sistema de Gestión Procesal Tribunal Constitucional Plurinacional]). II.3. Mediante Resolución 21/2022 de “12 de julio” –siendo lo correcto 3 de agosto–, el Juez de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, denegó la tutela solicitada dentro de la acción de libertad interpuesta por Raúl Antonio Gamarra Céspedes en representación sin mandato de Lucía Quispe Tintaya contra Carlos Alejandro Espinoza Ramírez, Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achacachi del departamento de La Paz; determinación que, en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional fue confirmada a través de la SCP 0668/2024-S4 de 27 de septiembre; puesto que, se advirtió que la parte accionante ante la denegatoria de su primera acción de libertad por el Juez de garantías que conoció la misma, en lugar de esperar el pronunciamiento y sentencia en revisión de este Tribunal, activó nuevamente la jurisdicción constitucional con igual objeto procesal (fs. 50 a 51 y base de datos del Sistema de Gestión Procesal Tribunal Constitucional Plurinacional). II.4. A través de Auto de Vista 816/2022 de 4 de noviembre, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró inadmisible el recurso de apelación incidental opuesto por Lucia Quispe Tintaya y confirmó el Auto Interlocutorio 454/2022 de 26 de octubre; por el que el Juez a quo, declaró improcedente en parte la solicitud de modificación de medidas cautelares personales (fs. 35 a 36).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante a través de su representante sin mandado, denunció la lesión de sus derechos a la libertad y a la defensa; señalando que, a) Se encuentra detenida arbitrariamente a raíz de una denuncia irregular de la que no conoció previamente; y pese a haber reclamado ante el Juez de Control Jurisdiccional, le fueron impuestas medidas cautelares de carácter personal; b) Habiendo solicitado modificación de las mismas, el Juez hoy demandado, mediante Auto Interlocutorio 454/2022, mantuvo su detención domiciliaria; sin realizar una valoración probatoria integral y sin fundamentar y motivar las razones por las que se dispuso tal determinación; y, c) Apelada dicha Resolución, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del Auto de Vista 816/2022, negó su recurso bajo el argumento de no haberse invocado el art. 251 del CPP; manteniendo su detención y dejándola de esa forma, en indefensión.

En consecuencia, en revisión de la Resolución dictada por el Tribunal de garantías, corresponde dilucidar si tales extremos son evidentes y si constituyen actos lesivos de los derechos fundamentales o garantías constitucionales de la impetrante de tutela, a fin de otorgar o denegar la tutela solicitada.

III.1. Del recurso de apelación incidental de medidas cautelares

Al respecto, la SCP 0095/2021-S4 de 7 de mayo; estableció que: “Conforme determina el art. 251 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley 1173, la resolución de medidas cautelares será apelable en el efecto no suspensivo, imponiendo el plazo de setenta y dos horas. Por su parte la jurisprudencia constitucional estableció que en los casos de medidas cautelares el recurso de apelación incidental puede ser formulado oralmente en la misma audiencia que resolvió la aplicación de las mismas, para posteriormente ser tramitada de acuerdo a la norma legal señalada. A su vez, el art. 403.3 del CPP: ‘El recurso de apelación incidental procederá contra las siguientes resoluciones: La que resuelve medidas cautelares o su sustitución’. Por su parte, el art. 404, de la Ley adjetiva penal, sostiene: ‘Cuando la resolución se dicte en audiencia, el recurso se interpondrá inmediatamente de forma oral ante la jueza, el juez o tribunal que la dictó. En los demás casos, la apelación se interpondrá por escrito…’. En tanto que la SCP 2356/2012 de 22 de noviembre, asumida por las SSCCPP 0529/2019-S2, 0532/2019-S2 y 0394/2019-S3 entre otras, estableció que: ‘La apelación incidental prevista en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), no puede ser asimilada, efectivizada y aplicada mediante el procedimiento previsto por los arts. 403.3, 404 y 405 del mismo cuerpo legal. La teleología de la apelación incidental diseñada por el legislador contra Resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, es garantizar un procedimiento efectivo, rápido y oportuno para que la situación jurídica del imputado pueda ser revisada y valorada por un Tribunal colegiado de mayor jerarquía. En este sentido, la tramitación prevista por el art. 251 del CPP, modificado por la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (LSNSC), se constituye en un procedimiento y tramitación especial que no reúne los mismos parámetros jurídicos o requisitos procedimentales establecidos por los arts. 403, 404 y 405 del CPP, pues dicho recurso se puede interponer inclusive de forma oral al momento de culminar o escuchar el pronunciamiento en audiencia sobre la procedencia o no de la detención preventiva o alguna otra medida sustitutiva, además de que no es necesario que acompañe ninguna otra prueba como así exige el art. 404 del CPP; en todo caso, el juez cautelar tiene el deber de remitir los actuados procesales pertinentes que hacen la apelación dentro de las 24 horas, sin que sea requisito que acompañe nueva prueba para el efecto, y menos aún, se emplace o corra traslado a las otras partes para que contesten dentro de los tres días; aclarando más bien que, el juez no tiene que esperar de ninguna manera que el apelante presente o ratifique su apelación de forma escrita, en todo caso como se dijo, tiene la obligación de imprimir celeridad en sus actos y remitir la documentación ante el Tribunal superior dentro del plazo previsto en el procedimiento especial establecido en el art. 251 del referido cuerpo adjetivo. Consiguientemente, las autoridades que imparten justicia en materia penal, deben considerar que el legislador ha diseñado una apelación incidental especial, distinta a la naturaleza y procedimiento que prevé el art. 403 del CPP, por ello, no deben confundir la aplicación de la norma, procediendo a dilatar indebidamente la tramitación rápita, expedita y eficaz establecida por el art. 251 del citado Código, pues ésta última norma inclusive le otorga la facultad al Tribunal superior de corregir omisiones del Juez cautelar y por ello, de manera fundamentada y motivada, puede aprobar o revocar la decisión inferior restableciendo en su caso y si corresponde, la libertad del imputado o procesado. En este sentido, la jurisprudencia constitucional entre otras, la SC 1703/2004-R de 22 de octubre, señaló que: «En el caso que se examina, uno de los extremos denunciados en el recurso está referido al hecho de que -según la demandante-, la interposición de la apelación incidental de la medida cautelar no cumplió con lo previsto por el art. 251 con relación a los arts. 403 inc. 3) y del 404 del CPP, que disponen que las apelaciones incidentales deben ser presentadas por escrito debidamente fundamentadas; al respecto, es necesario precisar, que si bien estas dos últimas disposiciones legales, de modo general regulan las apelaciones incidentales, incluidas las medidas cautelares de carácter real; empero, las mismas, no son extensivas para el trámite de los recursos interpuestos respecto a las medidas cautelares de carácter personal, las que por su naturaleza están sujetas a un trámite especial, regulado por el art. 251 del CPP, (…), que está referido exclusivamente, al recurso de apelación planteado contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o sustituyan medidas cautelares de carácter personal, precepto legal que determina que una vez interpuesto el recurso, ‘las actuaciones pertinentes serán remitidas ante la Corte Superior de Justicia, en el término de veinticuatro horas’; asimismo, señala que el Tribunal de apelación resolverá sin más trámite dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior. Consiguientemente, la interposición del recurso de apelación contra la Resolución que imponga o modifique, una medida cautelar personal, puede ser planteada en forma oral en la misma audiencia, no siendo necesario que posteriormente sea formalizado o fundamentado por escrito, -conforme señala la recurrente-; con mayor razón, si se tiene en cuenta, que la audiencia señalada por el Tribunal de Alzada para la consideración del recurso, está orientada a que las partes, en virtud de los principios de oralidad e inmediación que caracterizan al actual sistema procesal, expresen los fundamentos del recurso y exhiban los elementos probatorios en la audiencia pública señalada al efecto, y por lo mismo, las previsiones contenidas en los arts. 403 y 404 del citado Código no son aplicables al caso que se analiza»’. Como consecuencia se puede expresar que, la línea jurisprudencial citada supra, aclaró que para la interposición de la apelación incidental de la medida cautelar prevista en el art. 251 del CPP, la regulación establecida en el art. 403.3 –de la misma ley– si bien se refiere a medidas cautelares, el procedimiento previsto en el art. 404 del mismo cuerpo legal, no es extensivo al trámite de la apelación aludida, ya que por su naturaleza está sujeto a un trámite especial, regulado por el citado art. 251 modificado por el art. 11 de Ley 1173, que forma parte del Capítulo II concerniente al examen de las medidas cautelares de carácter personal, perteneciente al Libro Quinto de medidas cautelares de la Ley adjetiva penal” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. El derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva

Al respecto la SCP 0726/2020-S4 de 12 de noviembre, señaló: “La citada SCP 0411/2019-S4, en lo concerniente al tema, argumentó: ʽ«El derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva se encuentra consagrado en el art. 115.I de la CPE, que conforme al entendimiento asumido en la SC 1388/2010-R de 21 de septiembre, `...consiste en la posibilidad de acudir ante un tribunal de justicia y así obtener una sentencia fundamentada que pueda ser impugnada, y en consecuencia, conseguir el cumplimiento efectivo de la misma, garantizando el restablecimiento de su situación jurídica vulnerada en pleno ejercicio de su derecho a la defensa’ En cuanto a los elementos que constituyen el señalado derecho, la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, en el Fundamento Jurídico III.1.1, estableció los siguientes componentes: ‘1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de dicho derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se reestablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho’ Corresponde también señalar que, ampliando el contenido del derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, la SCP 1953/2012 de 12 de octubre, estableció que, en el ámbito procesal, tal derecho debe ser interpretado por las autoridades jurisdiccionales a partir del principio pro actione, el cual deriva del principio pro homine -también pro persona o de favorabilidad-, que implica la obligación de aplicar las normas procesales, siempre de la manera más favorable, de manera que se asegure una justicia material, por encima de una formal»‴ (las negritas son nuestras).

III.3. Naturaleza jurídica y alcance procesal de la cosa juzgada constitucional

Sobre el particular la SCP 0302/2019-S1 de 28 de mayo, citando a la SCP 0011/2017-S1 de 2 de febrero, que asumió los entendimientos desarrollados por la jurisprudencia constitucional sobre este tópico, sostuvo: ”El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1352/2014 de 7 de julio, al respecto, estableció que: ‘El art. 203 de la CPE, establece: ‘Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno’; texto que por lo demás se reitera en el art. 8 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP). Por su parte, el art. 15 del Código Procesal Constitucional (CPCo) -norma adjetiva constitucional que si bien no es aplicable a la presente problemática, dada la data de ingreso de la causa a este Tribunal, pero a la fecha en plena vigencia- refiriéndose al carácter obligatorio, vinculante y valor jurisprudencial de las sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional, aclara que tanto éstas, como las declaraciones y autos dictados en acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos tienen efecto general (erga omnes); y que las razones jurídicas de la decisión, constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares. Los preceptos constitucionales y legales antes citados, configuran la cosa juzgada constitucional en el ordenamiento jurídico boliviano, dado que contra las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional, no cabe recurso ordinario ulterior alguno, asumiendo así dichos fallos el carácter de inmutables y definitivos, lo que sumado a su vinculatoriedad y obligatoriedad, como cualidades intrínsecas de las sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional, las protegen de ataques o cuestionamientos posteriores por cualquier medio o vía, inclusive la jurisdicción constitucional; por cuanto, el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, ya no podrá pronunciarse nuevamente o juzgar dos veces sobre lo ya decidido y resuelto en un fallo constitucional, ni revisar la determinación adoptada en una sentencia con valor de cosa juzgada constitucional, pues de lo contrario se lesionaría el principio de seguridad jurídica, por el riesgo de emitir fallos contradictorios, generando caos jurídico e incertidumbre en la labor del supremo intérprete y guardián de la Constitución” (las negrillas son nuestras). De donde resulta que el alcance de la cosa juzgada constitucional no solo se limita a las partes intervinientes en la acción de defensa sino que es erga omnes, lo que significa que es respecto de todos o frente a todos; por lo que, habiendo este Tribunal emitido pronunciamiento sobre el fondo de un determinado problema jurídico en una acción de defensa, adquiere la calidad de cosa juzgada constitucional, no pudiendo en lo posterior juzgarse dos veces y por los mismos motivos una misma situación o asunto. Asimismo, sobre el principio de la cosa juzgada constitucional, la SCP 0454/2012 de 4 de julio, estableció que: “El hecho de concurrir en una acción tutelar concreta, evidenciándose la identidad de sujeto, objeto y causa, que conforme al art. 96.2 de la LTC, no procede el recurso de amparo constitucional, señalando entre otras causales: ‘cuando se hubiere interpuesto anteriormente un recurso constitucional con identidad de sujeto, objeto y causa…’. sumado a que dicha acción tutelar haya sido resuelta, representa conforme a la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional, la configuración de la cosa juzgada constitucional; al respecto es necesario referirse al art. 121.I de la CPEabrg, que señalaba:‘I. Contra las sentencias del Tribunal Constitucional, no cabe recurso ulterior alguno’, actualmente prevista en el art. 203 de la CPE, con relación al art. 42 de la LTC, que determina: ‘Las resoluciones del Tribunal Constitucional no admiten recurso alguno’. La jurisprudencia constitucional a través de la SC 0766/2010-R de 2 de agosto, confirmó la línea jurisprudencial ya trazada con anterioridad, al señalar que: ‘La improcedencia del recurso de amparo -hoy acción de amparo- por identidad de sujeto, objeto y causa, prevista en la citada disposición legal, se sustenta en el principio de la cosa juzgada constitucional, pues parte del supuesto de que la problemática planteada por el accionante ya fue examinada, analizada y resuelta en el fondo, mediante una sentencia, sea concediendo la tutela si encuentra que es cierta la denuncia y se ha lesionado el derecho invocado o negándola si no evidencia la vulneración denunciada; esa decisión causa estado y adquiere la calidad de cosa juzgada y por lo mismo no debe revisarse nuevamente la misma problemática’” (el resaltado nos pertenece).

III.4. Análisis del caso concreto

La accionante a través de su representante sin mandado, denunció la lesión de sus derechos a la libertad y a la defensa; señalando que, 1) Se encuentra detenida arbitrariamente a raíz de una denuncia irregular de la que no conoció previamente; y pese a haber reclamado ante el Juez de Control Jurisdiccional, le fueron impuestas medidas cautelares de carácter personal; 2) Habiendo solicitado modificación de las mismas, el Juez hoy demandado, mediante Auto Interlocutorio 454/2022, mantuvo su detención domiciliaria; sin realizar una valoración probatoria integral y sin fundamentar y motivar las razones por las que se dispuso tal determinación; y, 3) Apelada dicha Resolución, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del Auto de Vista 816/2022, negó su recurso bajo el argumento de no haberse invocado el art. 251 del CPP; manteniendo su detención y dejándola de esa forma, en indefensión.

III.4.1. Respecto a la primera problemática

La solicitante de tutela denunció que, se encuentra detenida arbitrariamente a raíz de una denuncia irregular de la que no conoció previamente; y pese a haber reclamado ante el Juez de Control Jurisdiccional, le fueron impuestas medidas cautelares de carácter personal.

Ahora bien, corresponde precisar que, de la revisión del Sistema de Gestión Procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional, se verificó la existencia de dos acciones tutelares interpuestas por Raúl Antonio Gamarra Céspedes en representación sin mandato de Lucía Quispe Tintaya –ahora accionante–. La primera, interpuesta contra Carlos Alejandro Espinoza Ramírez, Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción en lo Penal Primero de Achacachi del departamento de La Paz –hoy demandado–; Francisco Rodríguez Mamani, Fiscal de Materia; y, Policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen la Lucha (FELCC), que mereció la Resolución de 22 de julio de 2022, emitida por el Juez de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; por la que, denegó la tutela; expediente que una vez remitido a este Tribunal Constitucional Plurinacional, se le asignó el número de expediente 49440-2022-99-AL.

En dicha acción tutelar la impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos a la vida y defensa, refiriendo que se encontraba indebidamente procesada, porque sin conocer las razones fue aprehendida en vía pública junto con su madre, para después ser trasladada a celdas judiciales donde recibió malos tratos por parte de los efectivos policiales; posteriormente, sin una notificación previa fue conducida a su audiencia cautelar imponiéndole el Juez de la causa, detención domiciliaria sin permiso laboral y la presentación de cuatro garantes personales, sin permitirle tener un abogado que le asista o presentar prueba documental de descargo, menos se tomó en cuenta su calidad de “vivandera” –vendedora de refresco– que gana día a día el sustento para su familia, se vio afectada por la determinación judicial que atenta contra su medio de subsistencia. Es así, que a través de la SCP 0767/2024-S3 de 5 de septiembre, este Tribunal denegó la tutela requerida, bajo los siguientes fundamentos: i) La solicitante de tutela fue aprehendida en virtud a una orden emitida por un Fiscal de Materia con base en el art. 224 del CPP dentro de un proceso que contaba con control jurisdiccional; autoridad, ante la cual se llevó adelante una audiencia de medida cautelar en la que estuvo asistida de un abogado defensor, aspectos que no fueron controvertidos; y, como resultado de la mencionada audiencia cautelar la autoridad jurisdiccional dispuso contra la impetrante de tutela detención domiciliaria sin autorización laboral; determinación que no fue apelada; ii) Respecto a que dicha determinación jurisdiccional afectaría su derecho a la vida en relación al trabajo de “vivandera” que realiza vendiendo refrescos, afirmando que con esta actividad informal sustenta sus necesidades básicas, por que gana al día, la misma sería sólo una enunciación lírica que impide la labor intelectiva de fondo; y, iii) Al existir una autoridad jurisdiccional a cargo del proceso, es la llamada a reparar cualquier tipo de vulneración, en el mismo sentido, cuando existan mecanismos legales, para reclamar las presuntas vulneraciones demandadas no es posible acudir de manera directa a la jurisdicción constitucional sin antes agotar las instancias pertinentes.

Seguidamente, se constata que la parte accionante formuló una segunda acción de defensa (expediente 49625-2022-100-AL), sin esperar que la acción de libertad presentada anteriormente fuera resuelta por este Tribunal; advirtiéndose que concurría identidad parcial de sujetos, objeto y causa; razón por la que, mediante SCP 0668/2024-S4 de 27 de septiembre se denegó la tutela solicitada sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. Es en ese contexto fáctico y procesal constitucional, que en el presente caso corresponde considerar lo señalado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional; el cual, establece que contra las sentencias pronunciadas por este Tribunal Constitucional Plurinacional no cabe recurso ordinario ulterior alguno; puesto que, ni este mismo Tribunal puede pronunciarse nuevamente o juzgar dos veces respecto a lo ya decidido en un fallo constitucional, ni revisar la determinación adoptada, por su valor de cosa juzgada constitucional, con la finalidad de evitar que se genere inseguridad jurídica, por la posible emisión de fallos contradictorios. De lo señalado se concluye que, en la actual acción de libertad la solicitante de tutela denunció hechos que ya fueron disgregados en una anterior acción tutelar, con la intención de obtener otra respuesta por parte de la jurisdicción constitucional. En consecuencia, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional no puede pronunciarse respecto a hechos que ya fueron analizados y resueltos a través de la SCP 0767/2024-S3 y la SCP 0668/2024-S4, que cuentan con la calidad de cosa juzgada constitucional, lo contrario implicaría la vulneración del principio de seguridad jurídica, con el riesgo de emitir resoluciones contradictorias sobre un mismo asunto, generando incertidumbre y sobre todo desconociendo la efectividad de las resoluciones constitucionales, en cuyo sentido corresponde denegar la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo del presente problema jurídico planteado.

III.4.2. Con Relación al Juez de Control Jurisdiccional ahora demandado

La accionante de tutela manifestó que, habiendo solicitado modificación de las medidas cautelares impuestas en su contra, el Juez hoy demandado, mediante Auto Interlocutorio 454/2022, mantuvo su detención domiciliaria; sin realizar una valoración probatoria integral y sin fundamentar y motivar las razones por las que se dispuso tal determinación. Al respecto, es necesario aclarar que si bien la impetrante de tutela interpone la presente acción tutelar en contra de Carlos Alejandro Espinoza Ramírez, Juez Público de la Niñez y Adolescencia, e Instrucción Penal Primero de Achacachi del departamento de La Paz; y, Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; no obstante, en aplicación de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, este Tribunal circunscribirá su análisis sólo con relación al pronunciamiento emitido en alzada, instancia que en revisión contaba con las facultades de revisar y modificar lo resuelto por el Juez a quo; en cuyo mérito debe denegarse la tutela impetrada, con relación al prenombrado Juez, aclarando que no se ingresó al fondo de la denuncia deducida contra dicha autoridad por las razones anotadas precedentemente.

III.4.3. Respecto al Vocal ahora demandado

De los antecedentes insertos en el caso se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de Lucía Quispe Tintaya –hoy solicitante de tutela– y otro, por la presunta comisión de robo agravado, lesiones graves y leves, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achacachi del departamento de La Paz en audiencia de aplicación de medidas cautelares, emitió el Auto Interlocutorio 246/2022; por el que, determinó disponer la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, consistentes en arresto domiciliario sin salida laboral y la presentación de cuatro garantes solventes, por el lapso de tres meses; determinación que no fue apelada. Posteriormente, solicitó modificación de medidas cautelares ante el Juez de Control Jurisdiccional; no obstante, dicho pedido fue declarado improcedente en parte a través del Auto Interlocutorio 454/2022; decisión que, fue apelada ante la Sala Penal tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; instancia que, a través de Auto de Vista 816/2022, determinó declarar inadmisible la impugnación referida; y, por ende, se confirmó el fallo recurrido. En ese contexto, la accionante de tutela, identificó la Resolución precitada, como el actuado lesivo de sus derechos fundamentales, ahora reclamados de tutela; alegando que, el Vocal hoy demandado, no ingresó a resolver el fondo de su recurso de apelación, determinando erróneamente que en mérito a la ausencia de invocación del art. 251 del CPP, dicho Tribunal de Alzada se encontraría impedido de emitir pronunciamiento de fondo. Así, de la lectura del fallo de alzada, ahora cuestionado; se advierte que, el Vocal demandado, señaló que dada la invocación del art. 403 del CPP hace que sea inadmisible el recurso de apelación, sin ingresar al análisis de fondo; en ese marco, concierne remitirnos a lo establecido en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que con base en la jurisprudencia y normativa emitida al respecto; que en lo sustancial determinó que el recurso de apelación incidental contra decisiones que tengan que ver con medidas cautelares deben ser flexibles y estar exentas de rigorismos procesales, dado su carácter instrumental lo cual se halla vinculado con el cumplimiento del derecho de acceso a la justicia y el principio pro actione, que garantiza a toda persona el acceso a los recursos y medios de impugnación legales previstos por el ordenamiento jurídico, apartándose de toda forma de ritualismo o formalidad excesiva, que garantice el ejercicio de los derechos e intereses legítimos de la persona y que no confluyan en la vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Sin embargo, contrariamente a lo señalado precedentemente, el Vocal demandado declaró inadmisible la impugnación planteada por la solicitante de tutela contra el Auto Interlocutorio 454/2022, bajo el argumento de que la normativa invocada –art. 403 del CPP– no era aplicable, observando que debía citarse expresamente el art. 251 del CPP como norma habilitante para ingresar a resolver el fondo; determinación que se torna en un razonamiento formalista, que va en contra del razonamiento expresado supra; dado que, la intención de la impetrante de tutela resultaba evidente, más allá de la normativa citada; es decir, que perseguía el análisis de sus situación jurídica por un tribunal de alzada.

Bajo ese marco, al determinarse la inadmisibilidad del recurso de apelación incidental interpuesto, la autoridad jurisdiccional demandada, incurrió en la emisión de una decisión arbitraria, que vulneró no sólo los derechos de la solicitante de tutela invocados en la presente demanda tutelar, sino el derecho a recurrir y de acceso a la justicia, vinculado con su libertad personal y el principio pro actione; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, actuó de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 15/2022 de 24 de noviembre, cursante de fs. 61 a 64, emitida por el Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción Segundo del departamento de La Paz, en calidad de Juez de garantías; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo se deje sin efecto el Auto de Vista 816/2022 de 4 de noviembre; y, en su lugar, la Autoridad demandada emita una nueva determinación acorde a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, salvo que la situación jurídica del accionante hubiese cambiado por el transcurso del tiempo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía MSc. Isidora Jiménez Castro MAGISTRADO MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0508_2025-S4.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): 13610c540a52ad5b17669c8053d4f33d3d809fb5ccfbb9c8fcbf4bcba5fd210e

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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