Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 6 de junio de 2025
Concede la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, debido proceso y al principio de celeridad; puesto que, la autoridad demandada no remitió los antecedentes del recurso de apelación incidental -dentro del plazo de veinticuatro horas- ante el Tribunal de alzada, incumpliendo con lo previsto por los arts. 404 y 405 del CPP, lo que derivó en una demora indebida e injustificada superior a treinta días; por lo que solicita se conceda la tutela, disponiendo la remisión inmediata al Tribunal Departamental de Justicia y a efecto se resuelva su apelación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 26/2022 de 22 de diciembre, cursante de fs. 18 a 22 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, bajo la modalidad traslativa y de pronto despacho e innovativa, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin disponer ninguna actuación, considerando que la remisión del recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada ha subsanado el acto lesivo denunciado en la presente acción tutelar. 2º Exhortar a la autoridad demandada, Farid Nassar Donoso, Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca, a tramitar con la máxima celeridad posible, las solicitudes en las cuales se encuentre comprometido el derecho a la libertad; además, en la modalidad de tutela innovativa es menester que no vuelvan a repetirse los actos condenados en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0508/2025-S3 Sucre, 6 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 52579-2023-106-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 26/2022 de 22 de diciembre, cursante de fs. 18 a 22 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Omar Vidales Caseres contra Farid Nassar Donoso, Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca.
Por memorial presentado el 21 de diciembre de 2022, cursante de fs. 3 a 7, el accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de homicidio y lesiones gravísimas en accidente de tránsito, a través del Auto Interlocutorio emitido en la gestión 2020 se dispuso su detención preventiva por el plazo de seis meses; sin embargo, a pesar que venció dicho plazo permanece privado de libertad por más de veinticinco meses. En ese contexto, el 25 de octubre de 2022 solicitó audiencia de cesación a la detención preventiva ante el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca, quien declaró infundada su petición, sin efectuar un análisis objetivo de los motivos de hecho y de derecho, ni la correspondiente fundamentación y motivación.
Por tal razón, en la misma audiencia su abogado interpuso oralmente su recurso de apelación incidental; empero, hasta la interposición de la presente acción tutelar, dicha autoridad no remitió los actuados al Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas, generando incertidumbre respecto a su situación jurídica, debido a una demora injustificada superior de treinta días computados desde la presentación de su solicitud, incumpliendo lo previsto en los arts. 404 y 405 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, debido proceso y al principio de celeridad, citando al efecto los art. 115, 119.I, 178, 180.I y 256 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga la remisión inmediata al Tribunal Departamental de Justicia y al efecto se resuelva su recurso de apelación incidental.
Celebrada la audiencia pública el 22 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 13 a 14, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su representante, ratificó el contenido íntegro de su acción tutelar y ampliándola señaló que: a) La autoridad demandada presentó argumentos que no corresponden, al referir que recién se remitió el legajo del recurso de apelación, en horas posteriores a la presentación de esta acción tutelar -horas 18:00-, pretendiendo acreditar con fotografías de celular que pasaron a su despacho; empero, aún se encuentra en incertidumbre dicha remisión y no existe convicción de la respectiva remisión en el plazo de veinticuatro horas; b) Por una parte, la presentación del recurso de apelación se realizó el “28 de octubre” y hasta el momento, permitieron que transcurran más de un mes y quince días de dilación injustificada, aduciendo la demora a la falta de presentación de fotocopias por parte de los abogados. Por otra parte, la autoridad demandada advirtió que existe una providencia de 5 de diciembre; sin embargo, de forma contradictoria en la parte inferior señaló que en el mes de noviembre debía sacarse copias del testimonio, sin considerar que son aplicables los principios de acceso a la justicia y gratuidad; c) En el presente caso se evidencia una vulneración al principio de celeridad ligada al derecho a la libertad; y, d) La autoridad demandada sostuvo que no se habría adjuntado prueba que permita efectuar el control de duración del plazo de la detención preventiva; sin embargo, dicho argumento resulta improcedente; toda vez que, la verificación del vencimiento del plazo constituye una obligación expresa del secretario y de la autoridad jurisdiccional, conforme lo establece el último párrafo del art. 233 del CPP. En consecuencia, no corresponde exigir a la parte accionante la acreditación de tal extremo; puesto que el control de legalidad sobre la vigencia de la detención preventiva recae de manera directa en la propia autoridad judicial.
Farid Nassar Donoso, Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca, en audiencia de consideración de la presente acción tutelar, señaló que: 1) Remitió a su despacho, mediante fotografías, los actuados procesales extrañados, los cuales serán presentados físicamente “en el transcurso de la tarde” (sic), entre ellos: el acta, el informe que da cuenta de la no remisión oportuna del recurso de apelación incidental, el decreto correspondiente y un recibo que acredita el gasto efectuado por el Secretario del Juzgado para remitir el legajo del referido recurso; 2)El retraso obedeció a la irresponsabilidad de los abogados del accionante, quienes, en lugar de cumplir con su deber de apersonarse ante el Juzgado y entrevistarse con la autoridad jurisdiccional a fin de precisar las razones por las cuales el recurso no fue remitido oportunamente, trasladaron injustificadamente esa carga al personal jurisdiccional; 3) El recurso de apelación incidental interpuesto en audiencia de cesación a la detención preventiva no fue remitido oportunamente debido a la excesiva carga procesal del despacho, que atiende un promedio de cinco a seis audiencias diarias, lo que implica alrededor de cien audiencias mensuales, con la obligación de transcribir íntegramente lo manifestado en las audiencias de medidas cautelares, pues el Tribunal de alzada no admite actas resumidas. En el caso concreto, concluida la transcripción del acta, la secretaria informó que no se habían previsto los recaudos de ley, motivo por el cual no fue posible remitir en plazo el legajo del recurso de apelación incidental; 4) No se presentaron los recaudos de ley para la elaboración del testimonio, pese a que mediante decreto de 5 de diciembre de 2022 se dispuso poner en conocimiento de las partes acusadas. Los gestores alegaron no haber recibido la notificación, bajo el argumento de que no admiten diligencias provenientes de juzgados de turno; sin embargo, de las fotocopias de los actuados procesales constan todas las actas, el oficio de remisión emitido días antes y el recibo de cancelación de fotocopias por parte del secretario; y,5) Es imprescindible contar con copias íntegras del expediente. En tal virtud, la negativa a conceder la cesación de la detención preventiva se fundamentó en la negligencia del abogado defensor, quien no adjuntó la documentación vinculada a la detención preventiva con anterioridad a la interposición de la acción de libertad, dejando sin sustento el cómputo del plazo al no haberse provisto los antecedentes indispensables para su resolución. Ante la consulta formulada por el Juez de garantías, la autoridad demandada señaló que las fotocopias del recurso de apelación incidental planteado por el accionante fueron remitidas el día 19, aunque aclaró que no podía precisarlo con certeza al no contar con el cuaderno procesal; puesto que éste, ya se encontraba en el despacho del Tribunal de alzada. Del mismo modo, manifestó que no existe normativa expresa que obligue a las partes a proveer los recaudos; no obstante, consideró que dicha carga corresponde a quien interpone el recurso de apelación, por ser la parte interesada y responsable de remitir los actuados procesales necesarios para sustentar sus derechos. En ese entendido, refirió que, en el caso concreto, se aguardó que las partes se apersonen a objeto de franquear el cuaderno procesal; sin embargo, la parte accionante no cumplió con tal obligación y no proveyó los recaudos de ley correspondientes.
El Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 26/2022 de 22 de diciembre, cursante de fs. 18 a 22 vta., concedió la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: i) En el presente caso, el accionante interpuso recurso de apelación incidental de manera oral al concluir la audiencia de cesación a la detención preventiva; sin embargo, de los antecedentes de dicho recurso recién fueron remitidos el 21 de diciembre de 2022, según consta en la nota CITE OF 509/2022. Esta dilación, superior a un mes y veinticinco días, impidió que las autoridades de alzada conocieran oportunamente la impugnación, lo que constituye una vulneración a los derechos al debido proceso y a la libertad personal, en directa contradicción con el principio de celeridad que debe regir la actuación jurisdiccional y administrativa. Tal actuación resulta además contraria a la jurisprudencia constitucional, que impone a las autoridades la obligación de garantizar una tramitación pronta y eficaz de los recursos interpuestos; ii) La alegación de una excesiva carga laboral en su juzgado no se constituye en un justificativo válido para omitir la remisión oportuna del recurso de apelación incidental, pues si bien la excesiva carga procesal en los juzgados penales responde a un problema estructural atribuible al Órgano Judicial y al Estado, ello no constituye justificación válida para dilatar la tramitación de recursos vinculados con la libertad personal. Las resoluciones que inciden directamente en la situación jurídica de los encausados deben ser resueltas con celeridad y oportunidad, incluso cuando el recurso interpuesto pueda resultar inadmisible o improcedente; iii) La falta de provisión de los recaudos de ley para la elaboración del testimonio no constituye un justificativo válido, toda vez que la jurisprudencia constitucional ha establecido que no corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada, al cumplimiento de dicha exigencia; iv) La eventual falta de notificación oportuna a la parte accionante no justifica la demora, debido a que la oficina gestora de procesos no admite que se hagan notificaciones de juzgados que se encuentran en vacación judicial y consiguientemente se encuentran de turno, pues independientemente de ello, tanto el informe como el decreto de 5 de diciembre emitidos por la autoridad demandada evidencian una dilación injustificada; v) Tampoco resulta un argumento válido sostener que la cesación a la detención preventiva fue rechazada por falta de antecedentes, ya que ello corresponde a la sustanciación del incidente y no guarda relación directa con la acción de libertad. Finalmente, el hecho de que la apelación se encuentre en despacho del Vocal superior, en mérito a la remisión de antecedentes previa a la notificación de la presente acción tutelar, no desvirtúa la existencia de la demora indebida e injustificada en la tramitación del recurso; y, vi) El pago de Bs27.6.- por concepto de fotocopias para la revisión de antecedentes no constituye un argumento válido para justificar la demora en la remisión del recurso de apelación, ya que dicho gasto corresponde a costas procesales a ser consideradas al momento de la sentencia ejecutoriada, mas no puede obstaculizar el cumplimiento del plazo previsto en los arts. 404 y 405 del CPP.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Del registro en CD de la audiencia de cesación a la detención preventiva, celebrada el 25 de octubre de 2022, se evidencia que el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital de Chuquisaca declaró infundada la solicitud y, al finalizar la audiencia, el abogado del acusado -ahora accionante- interpuso oralmente recurso de apelación, disponiendo la autoridad jurisdiccional que, una vez elaborada el acta, se remitan en el mismo día los antecedentes de dicho recurso al Tribunal de alzada (fs. 1). II.2. La autoridad demandada en su informe vertido en la audiencia de la presente acción tutelar, reconoció la demora sobre la remisión del recurso de apelación incidental, atribuyéndole a la carga laboral y la falta de recaudos, e incluso mencionó que se remitió el día 19 pero sin certeza, limitándose a fotografías de su celular (fs. 13 y 14). II.3. Mediante Resolución 26/2022 de 22 de diciembre, el Juez de garantías, según las pruebas procesales a las que tuvo acceso, estableció que el recurso de apelación incidental, recién se remitió el 21 de diciembre de 2022, a través de la Nota CITE Of 509/2022, además revisó el acta de cesación a la detención preventiva de 25 de octubre de 2022, el decreto de 5 de diciembre de igual año, en el cual se hizo referencia al trámite pendiente del recurso de apelación y a la exigencia de recaudos, el informe de la autoridad demandada en audiencia, a través del cual el juez demandado explicó que la demora se debió a la excesiva carga procesal y a la supuesta falta de provisión de recaudos por parte del accionante; y, el recibo de pago de Bs27.60.- por concepto de fotocopias (fs. 21 vta.).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, debido proceso y al principio de celeridad; puesto que, la autoridad demandada no remitió los antecedentes del recurso de apelación incidental -dentro del plazo de veinticuatro horas- ante el Tribunal de alzada, incumpliendo con lo previsto por los arts. 404 y 405 del CPP, lo que derivó en una demora indebida e injustificada superior a treinta días; por lo que solicita se conceda la tutela, disponiendo la remisión inmediata al Tribunal Departamental de Justicia y a efecto se resuelva su apelación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, concluyó que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-, procede: “…ante violaciones a la libertad individual y/o locomoción puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por las SSCC 1579/2004-R de 1 de octubre y 0044/2010-R de 20 de abril, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de éste último “… lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, estableció varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determinó subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial, cuyo plazo se limita de tres a cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso; y, c) Se suspende la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluyó, dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva, es decir cuándo: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP, ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”. De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el tribunal de apelación.
Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entendieron que excepcionalmente es posible flexibilizar el plazo para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, señaló que una vez formulado el recurso de apelación de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, en el Fundamento Jurídico III.3 sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento:
i) [I]nterpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal. iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte.
La sistematización de los precedentes constitucionales que antecede, ha sido realizada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0036/2018-S2, 0068/2018-S2; y, 00105/2018-S2, entre otras, en las que se resolvieron situaciones similares a la ahora planteada.
La SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, sobre la base de la SC 0327/2004-R de 8 de junio, recoge el estándar alto de protección respecto a la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de este mecanismo de defensa; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. Al respecto, el Fundamento Jurídico III.1, de la citada Sentencia establece:
[De] acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos.
En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Recogiendo el sentido finalista de protección de la acción de libertad innovativa, la SCP 0266/2018-S2 de 25 de junio, sentencia sistematizadora de línea, concluyó lo siguiente:
[E]fectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional, que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales; en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. […] Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.
En el presente caso, debe resolverse si la omisión del juez demandado de no remitir, dentro de veinticuatro horas, el recurso de apelación incidental formulado por la parte accionante, constituye una vulneración de los derechos a la libertad, debido proceso y al principio de celeridad alegados por el accionante. Por ello, también corresponde determinar si la demora fue indebida e injustificada, al sustentarse en la carga laboral y en la exigencia de recaudos.
Es necesario precisar que, si bien en el presente caso únicamente se cuenta como prueba con el CD de la audiencia de cesación a la detención preventiva celebrada el 25 de octubre de 2022, conforme a los principios de informalismo y la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal que rigen la acción de libertad, la ausencia de las demás piezas procesales no impide el análisis de fondo de la problemática planteada, sobre todo porque el Juez de garantías, en la audiencia de celebración de esta acción tutelar, tuvo acceso a elementos suficientes para establecer la verosimilitud de los hechos denunciados.
De la revisión de antecedentes que cursan en obrados, se evidencia que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra del ahora accionante, por la presunta comisión del delito de homicidio y lesiones gravísimas en accidente de tránsito, con el CD adjunto se constató que el 25 de octubre de 2022, en audiencia, el Juez demandado declaró infundada la cesación a la detención preventiva solicitada, y el abogado del accionante interpuso recurso de apelación incidental, disponiéndose que, una vez elaborada el acta, se remitan en el mismo día los antecedentes de dicho recurso al Tribunal de alzada (Conclusión II.1).
Por su parte, el Juez demandado admitió la demora en la remisión del recurso, alegando como causas la carga procesal y la supuesta falta de recaudos, llegando incluso a señalar que se remitió el día 19, sin poder precisar con certeza la fecha exacta de envío, limitándose a exhibir únicamente fotografías de su celular (Conclusión II.2).
Asimismo, de la revisión de antecedentes a la que tuvo acceso el Juez de garantías, mediante la Resolución 26/2022 de 22 de diciembre, se determinó que el recurso fue remitido recién el 21 de diciembre de 2022, mediante Nota CITE Of. 509/2022. A tal efecto, se revisaron el acta de la audiencia de cesación a la detención preventiva de 25 de octubre de 2022, el decreto de 5 de diciembre de igual año -en el cual se hizo referencia al trámite pendiente del recurso de apelación y a la exigencia de recaudos-, el informe de la autoridad demandada en audiencia, así como el recibo de pago de Bs27,60.- por concepto de fotocopias (Conclusión II.3).
En ese contexto, se evidencia que la autoridad demandada incumplió con su deber de control jurisdiccional y permitió la vulneración de los derechos del accionante, puesto que recién remitió el recurso de apelación incidental un mes y veintiséis días después de su interposición -21 de diciembre de 2022-, computables hasta la presentación de esta acción tutelar -21 de diciembre de 2022-, corroborando con ello la demora injustificada atribuida a la carga procesal y a la supuesta falta de provisión de recaudos. Incluso con el decreto de 5 de diciembre de 2022, se constata que hasta ese momento no se había remitido el recurso dentro del plazo perentorio de veinticuatro horas, ni siquiera dentro del plazo excepcional de flexibilización de hasta tres días, previsto para justificar cargas laborales. Transcurrido dicho lapso, la omisión se convierte en un acto dilatorio indebido, tutelable mediante la acción de libertad traslativa y de pronto despacho, conforme lo previsto en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional.
Del mismo modo, la jurisprudencia constitucional contenida en el Fundamento Jurídico III.1 de esta decisión judicial ha determinado que no corresponde condicionar la remisión del recurso a la provisión de recaudos, pues ello vulnera los principios de pro actione, gratuidad, inmediación y acceso a la justicia. En tal sentido, y conforme a los antecedentes del proceso, el recurso de apelación incidental fue formulado oralmente en audiencia, lo que obligaba a la autoridad jurisdiccional a disponer su remisión inmediata y automática dentro del plazo de veinticuatro horas, sin exigir requisito adicional alguno. Sobre este aspecto, es necesario aclarar que si bien la autoridad demandada dispuso la remisión inmediata del recurso de apelación, como autoridad jurisdiccional debió realizar el seguimiento para su cumplimiento correspondiente, y al no hacerlo, incurrió en dilaciones indebidas e injustificadas.
Asimismo, respecto a los argumentos expuestos por la autoridad demandada sobre la excesiva carga procesal y la falta de provisión de recaudos, corresponde señalar que ninguno de estos extremos justifica la demora. Por un lado, la jurisprudencia constitucional (SCP 2149/2013, SCP 1907/2012, entre otras) ha sido clara al indicar que la recargada labor de los juzgados únicamente permite una flexibilización excepcional de hasta tres días, y no más; por lo que la dilación de un mes y veintiséis días excede de manera irrazonable y contraria a derecho dicho margen excepcional.
Asimismo, respecto a la alegación sobre la falta de provisión de recaudos y el pago de Bs27.60.- por fotocopias, es preciso puntualizar que la jurisprudencia constitucional prohíbe condicionar la remisión del legajo a la presentación de recaudos por la parte (principios de gratuidad, pro actione y acceso a la justicia), y establece que la obligación de verificar la vigencia de la detención preventiva y de remitir los antecedentes en el plazo legal recae sobre la autoridad judicial y su secretaría. Por tanto, ni la supuesta carga procesal ni el pago efectuado por personal del juzgado legitiman la demora observada.
En virtud de lo expuesto, se concluye que la autoridad demandada, al no remitir dentro del plazo de veinticuatro horas el recurso de apelación incidental formulado de manera oral por el accionante, incurrió en una dilación indebida e injustificada, vulnerando los derechos constitucionales a la libertad, debido proceso y principio de celeridad. La demora de un mes y veintiséis días excede ampliamente el plazo excepcional de flexibilización de hasta tres días previsto por la jurisprudencia, y no encuentra justificación válida en la carga procesal ni en la supuesta falta de recaudos; vale decir, que no se constituyen causales válidas ni razonables para el incumplimiento del plazo legal.
En consecuencia, conforme a lo previsto en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, aunque el recurso de apelación incidental formulado por el accionante fue finalmente remitido el mismo día de la interposición de la acción de libertad, la conducta de la autoridad demandada y sus funcionarios implicó una dilación indebida e injustificada, que vulneró temporalmente los derechos alegados por el accionante. La acción de libertad innovativa permite, en este contexto, pronunciarse sobre la responsabilidad de la autoridad y prevenir la reiteración de actuaciones similares, garantizando la eficacia de los derechos tutelados y la correcta administración de justicia. En consecuencia, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 26/2022 de 22 de diciembre, cursante de fs. 18 a 22 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, bajo la modalidad traslativa y de pronto despacho e innovativa, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin disponer ninguna actuación, considerando que la remisión del recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada ha subsanado el acto lesivo denunciado en la presente acción tutelar. 2º Exhortar a la autoridad demandada, Farid Nassar Donoso, Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca, a tramitar con la máxima celeridad posible, las solicitudes en las cuales se encuentre comprometido el derecho a la libertad; además, en la modalidad de tutela innovativa es menester que no vuelvan a repetirse los actos condenados en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 La SC 0078/2010-R, en su F.J. III.3, señaló: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad. c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han
sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.
2 La SCP 0281/2012, en el F.J III.4 refirió: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”.
3 La SCP 1907/2012, en el F.J III.4 señaló: “…conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.
4 En el Fundamento Jurídico III.1 de la citada Sentencia se expone el desarrollo completo de la línea jurisprudencial sobre la acción de libertad innovativa. Así también el Fundamento Jurídico III.2 de la SCP 1021/2019-S2 de 22 de noviembre.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0508_2025-S3.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 230c67b77aff7912d6823daf3603f1771a643b71ce00c4084677d7e3a372ab97
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