Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 21 de agosto de 2024
Concede la tutela
El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a una justicia pronta y oportuna; y, del principio de seguridad jurídica; por cuanto, mediante escrito de 14 de julio de 2022, solicitó la modificación de medidas cautelares -fianza económica- al Juez demandado; sin embargo, dicha autoridad judicial ante la presentación de acusación formal, dispuso la remisión al Tribunal de Sentencia Penal de turno de Cobija del departamento de Pando, sin considerar que al momento de formular esa solicitud el prenombrado tenía competencia para resolver la modificación interpuesta, incumpliendo de esa manera el plazo de cuarenta y ocho horas conforme prevé el art. 239 del CPP a efecto de resolver su situación jurídica al encontrarse con detención preventiva. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 20 de julio de 2022, cursante de fs. 35 a 37, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de Cobija del departamento de Pando; y en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela solicitada, por vulneración de los derechos a la libertad y a una justicia pronta y oportuna, y por la inobservancia del principio de seguridad jurídica, llamándose severamente la atención al Juez de Instrucción Penal Tercero de Cobija del departamento de Pando, exhortando al mismo asumir sus responsabilidades y atribuciones, conforme al marco normativo que regula los casos sometidos a su conocimiento; y, 2º Asimismo, se llama la atención al Juez de Sentencia Penal Segundo de Cobija del departamento de Pando, a quien se le apercibe cumplir su rol de Juez de garantías, observando los elementos del debido proceso, que también rigen para la justicia constitucional, sea ello conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0508/2024-S2 Sucre, 21 de agosto de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 49149-2022-99-AL Departamento: Pando En revisión la Resolución de 20 de julio de 2022, cursante de fs. 35 a 37, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ramiro Mamani Zarate en representación sin mandato de Mario Hensel Antezana contra Elías Mamani Aramayo, Juez de Instrucción Penal Tercero de Cobija del departamento de Pando.
Por memorial presentado el 19 de julio de 2022, cursante a fs. 1 y 7 a 9 vta., el accionante a través de su representante, señaló que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, el Juez demandado dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Villa Busch de Pando; sin embargo, ante el cumplimiento del plazo de duración de dicha medida extrema, a través del Auto Interlocutorio de 30 de mayo de 2022, dicha autoridad le otorgó medidas cautelares de carácter personal -art. 231 bis del Código de Procedimiento Penal (CPP)-, como ser: detención domiciliaria con escolta policial permanente; presentación ante el representante fiscal una vez por semana; arraigo; fianza económica de Bs80 000.- (ochenta mil bolivianos); y, prohibición de comunicarse con la víctima y testigos. Ante la imposibilidad de cumplir con la fianza económica dispuesta, por memorial presentado el 14 julio de 2022, pidió su modificación a la fianza real; para ello, adjuntó folio real actualizado inscrito en la oficina de Derechos Reales (DD.RR.) con Matrícula 9.01.1.01.0009508, con una superficie de 304,29 m² y su respectivo avalúo comercial de $us41 986.- (cuarenta y un mil novecientos ochenta y seis dólares estadounidenses); empero, notificado con el decreto de 18 de igual mes y año, su solicitud no fue atendido; debido a que, el Juez demandado ordenó la remisión de su expediente al Tribunal de Sentencia Penal de turno de Cobija del departamento de Pando, ante la presentación de acusación formal por el Ministerio Público. Sin embargo, hace notar que su solicitud de modificación a la fianza real fue interpuesta con antelación a la acusación formal; por ello, debió convocarse a audiencia dentro de las cuarenta y ocho horas, conforme dispone el art. 239 del CPP, a efecto de resolver su situación jurídica al encontrarse con detención preventiva.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a una justicia pronta y oportuna; y, del principio de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 115, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Que el Juez demandado señale día y hora de audiencia a efecto de considerar la solicitud de modificación de fianza económica a la real; b) Se ordene la nulidad de obrados ante la remisión de antecedentes al Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Cobija del departamento de Pando; c) La devolución del expediente por parte del citado Tribunal de Sentencia a fin de no declararse competente; d) La remisión de antecedentes al Ministerio Público y al “juez disciplinario” por incumplimiento de funciones, mora procesal y falta de pronunciamiento a sus memoriales; y, e) Pago de daños y perjuicios.
Celebrada la audiencia pública virtual el 20 de julio de 2022, según consta en acta cursante a fs. 34 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, ratificó el contenido de la demanda tutelar y ampliándolo manifestó que: 1) El 14 de julio de 2022, el Juez demandado tenía visualizada en el sistema -no indicó cual- la solicitud de modificación de medidas cautelares -fianza real-; empero, luego de cinco días le notificaron con el señalamiento de audiencia para resolver la misma, esto fue a raíz de la interposición de este mecanismo constitucional; 2) Dicha solicitud de modificación, condiciona su derecho a la libertad al encontrarse con detención preventiva; además, la mencionada autoridad perdió competencia de manera dolosa al disponer la remisión del cuaderno procesal al Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Cobija del departamento de Pando; y, 3) La SCP 0232/2016-S3 de 19 de febrero, establece que el “juez cautelar” debe señalar audiencia en el plazo de cuarenta y ocho horas; por otro lado, el Juez demandado “…miente por que indica que en horas de la mañana se remitió la acusación fiscal al tribunal de sentencia, cuando la acusación [del] ministerio público lo present[ó] en físico en la tarde…” (sic).
Elías Mamani Aramayo, Juez de Instrucción Penal Tercero de Cobija del departamento de Pando, a través de informe escrito presentado el 20 de julio de 2022, cursante de fs. 16 a 17 vta., pidió se deniegue la tutela solicitada, señalando que: i) Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Yaneth Ayala Guerra contra el accionante, por la presunta comisión del delito de asesinato; el 15 de ese mes y año, conoció de manera física y digital la solicitud del accionante respecto a la modificación de la fianza económica por la real; la cual, mereció el decreto en esa misma fecha, disponiendo su remisión al Tribunal de Sentencia Penal de turno de Cobija del citado departamento; asimismo, instruyó al señalado Tribunal “…señalar de inmediato (…) la solicitud de modificación de medidas cautelares…” (sic); ii) Debido a la recarga laboral, el expediente procesal se remitió el 18 de igual mes y año; a pesar de ello, cumplió con los plazos procesales; iii) La acción tutelar no contiene sustento legal, tampoco demostró alguna vulneración a sus derechos al debido proceso, a la vida, a la dignidad y a la libertad; y, iv) A través del Auto de 19 de julio de 2022, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la indicada Capital y departamento, radicó la causa penal y fijó audiencia de modificación de medidas cautelares para el 20 de idéntico mes y año; circunstancia que denotaría que su persona perdió competencia para conocer y resolver dicha solicitud.
El Juez de Sentencia Penal Segundo de Cobija del departamento de Pando, constituido en Juez de garantías, por Resolución de 20 de julio de 2022, cursante de fs. 35 a 37, denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: a) El accionante no demostró la lesión al derecho a la vida ni que este ilegalmente perseguido o procesado indebidamente, tampoco privado de libertad; al contrario, se cumplió el procedimiento inmerso en el Código Adjetivo Penal en resguardo del debido proceso; b) No se demostró de manera objetiva o mediante documentos la transgresión a los derechos denunciados; y, c) La acción de libertad como la doctrina constitucional establecen que la valoración de elementos de convicción corresponde a la justicia ordinaria; además, la SCP 0281/2012 de 4 de julio, sostuvo que los principios de legalidad e inmediación rigen la actividad de la jurisdicción ordinaria, así como, sustentar sus decisiones en función de su pertinencia y oportunidad.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 14 de julio de 2022, a Elías Mamani Aramayo, Juez de Instrucción Penal Tercero de Cobija del departamento de Pando -demandado-, Mario Hensel Antezana -accionante- hizo conocer la imposibilidad de cumplir con la fianza económica de Bs80 000.-, solicitando la modificación a fianza real; para ello, adjuntó folio real actualizado inscrito en la oficina de DD.RR. con Matrícula 9.01.1.01.0009508, con una superficie de 304,29 m² y su respectivo avalúo comercial de $us41 986.- (fs. 2). II.2. Consta acusación formal de 14 de julio de 2022, dirigido al Juez demandado, emitido por Ignacio Condori Laura, Fiscal de Materia, mereciendo el decreto de 15 de “mayo” de igual año, que indicó “…remítase la Acusación Formal que se encuentra en el sistema al Tribunal de Sentencia quienes son autoridades competentes para sustanciar y resolver el presente proceso penal, para tal efecto corresponde emitir a la oficina de Gestoría para que proceda al sorteo por el sistema SIREJ, el mismo sea con nota de cortesía” (sic [fs. 18 a 22]). II.3. Por decreto de 15 de julio de 2022, el Juez demandado dispuso “…el memorial presentado por MARIO HENSEL ANTEZANA (…) corresponde aclarar que el día de hoy en horas de la mañana ya se dispuso la remisión de la acusación previo sorteo en el sistema (…) Haciendo conocer al Tribunal de Sentencia corresponde de inmediato señalar la audiencia para su consideración de la modificación de fianza económica por la fianza personal…” (sic [fs. 23]). II.4. Mediante Oficio Of. CITE J.I.P.3 459/2022 de 18 de julio, Paola Andrea Ardaya Nava, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Tercero de Cobija del departamento de Pando, “…Remite Requerimiento Conclusivo de Acusación Formal” (sic), al Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la citada Capital y departamento, con sello de recepción de la mencionada fecha (fs. 25). II.5. Cursa Auto de 19 de julio de 2022, pronunciado por el supra citado Tribunal de Sentencia, radicando el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el impetrante de tutela por la comisión del delito de asesinato (fs. 26). II.6. A través de decreto de 19 de julio de 2022, el referido Tribunal de Sentencia señaló audiencia pública virtual para el 20 del referido mes y año a horas 15:00, a efecto de considerar y resolver la modificación de medidas cautelares solicitada por el impetrante de tutela (fs. 27).
El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a una justicia pronta y oportuna; y, del principio de seguridad jurídica; por cuanto, mediante escrito de 14 de julio de 2022, solicitó la modificación de medidas cautelares -fianza económica- al Juez demandado; sin embargo, dicha autoridad judicial ante la presentación de acusación formal, dispuso la remisión al Tribunal de Sentencia Penal de turno de Cobija del departamento de Pando, sin considerar que al momento de formular esa solicitud el prenombrado tenía competencia para resolver la modificación interpuesta, incumpliendo de esa manera el plazo de cuarenta y ocho horas conforme prevé el art. 239 del CPP a efecto de resolver su situación jurídica al encontrarse con detención preventiva. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, SCP 0684/2022-S2 de 27 de junio, citando el mismo entendimiento jurisprudencial referida en la SCP 0232/2016-S3 de 19 de febrero, señaló que: «…“La SCP 0880/2015-S1 de 22 de septiembre, recogiendo la jurisprudencia constitucional y precisando el entendimiento sobre la competencia para ejercer el control jurisdiccional del proceso, estableció que: ʽ…Ahora bien, cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal…ʼ (SC 1584/2005-R de 7 de diciembre, citando la SC 487/2005-R de 6 de marzo). De la jurisprudencia constitucional citada es posible concluir que la radicación de la causa en un juzgado de destino adquiere vital importancia para el ejercicio del control jurisdiccional del proceso, puesto que ese acto determina la pérdida de competencia del juzgado de origen y la asunción de competencia de destino, habida cuenta que no puede haber proceso penal sobre el cual no exista autoridad judicial que no ejerza el control jurisdiccional; en consecuencia, mientras no conste la radicatoria de la causa, la autoridad judicial de origen continúa ejerciendo el control referido, porque, tal como asevera la Sentencia antes citada: ʽ...la solicitud de cesación no deja de tener la misma naturaleza en todos los procesos, es más dicha solicitud debe recibir el mismo tratamiento que la solicitud de detención preventiva que atiende el Ministerio Público al inicio de la investigación, por lo que en observancia del principio de igualdad procesal, el procesado ante una situación similar debe ser también escuchado en su solicitud de cesación de dicha medida, lo que significa que cuando el imputado presenta una solicitud de cesación ante un juez y éste se considera incompetente para asumir el control jurisdiccional o el conocimiento en el fondo de la causa, deberá primero analizar el caso concreto y resolver la solicitud siempre que ello no importe lesionar los derechos de la parte acusadora o del Ministerio Público; y luego remitir el expediente a quien considere competente, pues razonar de forma contraria importaría someter al recurrente una posible dilación, dado que puede ocurrir que el Juez a quien se considera competente no lo sea o que se excuse de la causa, con lo cual se impediría que la solicitud éste considerada oportunamente y con la celeridad que amerita”ʼ. En el mismo sentido, la SCP 0001/2019-S1 de 7 de enero, estableció el siguiente entendimiento: ‘(…) cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal (…) así la SC 0487/2005-R de 6 de mayo que dice: (…) Situación agravada con el hecho de que el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteó la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros coimputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia (…)′. De acuerdo a la jurisprudencia desarrollada precedentemente, se entiende que una vez presentada la acusación formal por el Ministerio Público y en tanto no radique la causa en el Tribunal de Sentencia Penal, el Juez de Instrucción Penal puede proceder a la consideración de la solicitud de cesación de la detención preventiva”» (el resaltado y subrayado es nuestro).
De los antecedentes del caso se tiene que, el impetrante de tutela por memorial presentado el 14 de julio de 2022, ante Juez demandado sostuvo que debido a la imposibilidad de cumplir con la fianza económica de Bs80 000.- solicitó la modificación de medidas cautelares de fianza económica a la real, adjuntando folio real inscrito en la oficina de DD.RR. con Matrícula 9.01.1.01.0009508, con una superficie de 304,29 m² y su respectivo avalúo comercial de $us41 986.-(Conclusión II.1); de igual manera, en esa misma fecha, el Fiscal de Materia interpuso acusación formal por la comisión del delito de asesinato contra el impetrante tutela (Conclusión II.2); sin embargo, el mencionado Juez por decreto de 15 de julio de 2022 -ante la presentación de dicho requerimiento conclusivo- dispuso la remisión del expediente penal al Tribunal de Sentencia Penal de turno de Cobija del departamento de Pando (Conclusión II.3). Ahora bien, el accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a una justicia pronta y oportuna; y, del principio de seguridad jurídica; por cuanto, mediante escrito de 14 de julio de 2022, solicitó la modificación de medidas cautelares -fianza económica- ante el Juez demandado; sin embargo, dicha autoridad judicial a la presentación de la acusación formal, dispuso la remisión al Tribunal de Sentencia Penal de turno de Cobija del departamento de Pando, sin considerar que al momento de formular esa solicitud, la referida autoridad tenía competencia para resolver la modificación interpuesta, incumpliendo de esta manera el plazo de cuarenta y ocho horas conforme prevé el art. 239 del CPP a efecto de resolver su situación jurídica al encontrarse con detención preventiva. En ese marco, de acuerdo a lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, es posible que el juez de instrucción penal a cargo del control jurisdiccional de una causa, pueda resolver la cesación de la detención preventiva, siempre y cuando aún no hubiera radicado la acusación formal en un determinado juzgado o tribunal de sentencia. En el caso en análisis, conforme fue precisado de forma precedente, la solicitud de medidas cautelares -modificación de la fianza económica a una real- fue pedida por el impetrante de tutela el 14 de julio de 2022, mereciendo el proveído de 15 de igual mes y año (Conclusión II.3), habiendo la autoridad demandada expresado que, en horas de la mañana ante la presentación de la acusación formal por el Fiscal de Materia previo sorteo de la causa fueron remitidos los antecedentes ante el Tribunal de Sentencia Penal de turno de Cobija del departamento de Pando. Al respecto, independientemente del contenido del citado decreto, esta justicia constitucional no evidenció la verosimilitud de dicho descargo, es decir, no se ha advirtió la presentación en físico del citado requerimiento conclusivo con el respectivo cargo de recepción, que indica fue en horas de la mañana, tampoco se pudo constatar con el sorteo respectivo al que se hace referencia; actuados que se entiende corresponderían a horas de la mañana del 14 de julio de 2022, evidenciándose al contrario que la remisión de obrados al citado Tribunal de Sentencia Penal de turno, fue realizada mediante Oficio Of. CITE J.I.P.3 459/2022 de 18 de igual mes, recepcionada en la misma fecha a horas 11:05 (Conclusión II.4).
En ese contexto fáctico que develan los antecedentes que cursan en el expediente constitucional, este Tribunal advierte que el Juez demandado desplegó una conducta omisiva al no atender la solicitud de modificación de fianza económica a la real, tal cual lo hace conocer en el informe presentado el 20 de julio de 2022, que fue leído en la audiencia de garantías, observándose que la actuación del señalado Juez no fue diligente, pues se limitó a señalar que: “…por la recarga laboral que existe por secretaría no pudieron cumplir el mismo en el día, pero el día lunes 18-07-2022 a primera hora cumplieron en las notificaciones y la remisión correspondiente…” (sic); hecho que confirma la vulneración de derechos alegados por el impetrante de tutela, pues con carácter previo a la remisión de los antecedentes al Tribunal de Sentencia Penal de turno de Cobija del departamento de Pando, asumiendo una conducta previsora estaba en la obligación de llevar a cabo el verificativo mencionado tantas veces (modificación de la fianza económica), pues al no haberse aún radicado la acusación formal, se constituía en la autoridad competente para conocer y resolver la situación jurídica del peticionante de tutela. En efecto, el marco jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.1 de este Sentencia Constitucional Plurinacional, ha sido claro al señalar que: “…cuando el imputado presenta una solicitud de cesación ante un juez y éste se considera incompetente para asumir el control jurisdiccional o el conocimiento en el fondo de la causa, deberá primero analizar el caso concreto y resolver la solicitud siempre que ello no importe lesionar los derechos de la parte acusadora o del Ministerio Público; y luego remitir el expediente a quien considere competente, pues razonar de forma contraria importaría someter al recurrente una posible dilación, dado que puede ocurrir que el Juez a quien se considera competente no lo sea o que se excuse de la causa, con lo cual se impediría que la solicitud éste considerada oportunamente y con la celeridad que amerita (SCP 0684/2022-S2 [las negrillas y el subrayado fueron añadidos]). Concluyéndose que, no obstante de que la acusación formal haya sido presentada la misma fecha en que fue solicitada la modificación de la fianza económica por una fianza real o al día siguiente (15 de mayo de 2022), por un criterio de responsabilidad, competencia pero sobre todo previsora, frente a la eventualidad de que el Juez o los miembros del Tribunal de Sentencia ante la presentación del citado requerimiento conclusivo, efectúen alguna observación o se excusen de conocer la causa, era deber y obligación del Juez demandado, resolver la modificación de fianza económica a la real de manera previa a la remisión de antecedentes ante la autoridad llamada por ley; no haber obrado de esa forma ciertamente importa estar en presencia de un accionar lesivo de los derechos a la libertad, a una justicia pronta y oportuna, así como, una inobservancia del principio de seguridad jurídica.
No obstante de lo anterior y habiendo las partes hecho conocer que el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Cobija del departamento de Pando, tras radicar la causa a mérito de la presentación de la acusación formal, por proveído de 19 de julio de 2022, señaló audiencia para el 20 de julio de 2022 a horas 15:00 a objeto de considerar y resolver la modificación de medidas cautelares solicitada por el impetrante de tutela. Con la finalidad de no causar alguna disfunción procesal, al interior del proceso penal del cual deviene la presente acción de defensa, previniéndose a la fecha de emisión de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la situación jurídica del accionante ya fue modificada, esta justicia constitucional en el marco de lo previsto por el art 28.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), no obstante la evidente transgresión de derechos en que incurrió la autoridad demandada, no se asume ninguna disposición de carácter correctivo, a más de efectuarse una severa llamada de atención.
Finalmente, en revisión y mérito a lo expuesto por el Juez de Sentencia Penal Segundo de Cobija del departamento de Pando, constituido en Juez de garantías, sostuvo que “…[el] accionante no demostró documentalmente de manera objetiva la vulneración de derechos y garantías constitucionales dentro el presente proceso penal por la naturaleza del delito y la implicación del tipo penal al ser el mismo de delito de asesinato, que conforme a los antecedentes se hubiera cumplido todas las formalidades previst[a]s en el código adjetivo penal” (sic); al respecto, corresponde señalar que la autoridad judicial en su rol de Juez de garantías, tiene la ineludible obligación al momento de emitir sus resoluciones cumplir con la debida fundamentación, motivación y congruencia, entre otras; pues, la justicia constitucional en reiterados fallos, exige a las autoridades ordinarias, administrativas garanticen el debido proceso; por tal razón, este Tribunal exhorta a la citada autoridad a cumplir con su labor de Juez de garantías a tiempo de resolver un determinado asunto, formulando las razones fundadas de su decisión sobre la problemática presentada -audiencia de modificación de fianza económica-, no limitándose a expresar frases y líneas jurisprudenciales, como aconteció en el presente caso. En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 20 de julio de 2022, cursante de fs. 35 a 37, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de Cobija del departamento de Pando; y en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela solicitada, por vulneración de los derechos a la libertad y a una justicia pronta y oportuna, y por la inobservancia del principio de seguridad jurídica, llamándose severamente la atención al Juez de Instrucción Penal Tercero de Cobija del departamento de Pando, exhortando al mismo asumir sus responsabilidades y atribuciones, conforme al marco normativo que regula los casos sometidos a su conocimiento; y, 2º Asimismo, se llama la atención al Juez de Sentencia Penal Segundo de Cobija del departamento de Pando, a quien se le apercibe cumplir su rol de Juez de garantías, observando los elementos del debido proceso, que también rigen para la justicia constitucional, sea ello conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0508_2024-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): b02572c165598149bb8b255561c7932968e2785d84822034156e51a3a319e5c8
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