Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 2 de septiembre de 2024
Concede en parte la tutela
El impetrante de tutela considera lesionados sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y a una remuneración digna, relacionados con el derecho a la vida; toda vez que, fue despedido de forma arbitraria de su fuente de trabajo, sin haberse considerado que su esposa fue diagnosticada con artritis reumatoidea y artrosis, encontrándose en trámite su carnet de discapacidad ante el Ministerio de Salud y Deportes, situación que puso en conocimiento de la entidad empleadora; motivo por el cual, acudió a Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz, instancia que pronunció la Conminatoria J.D.T.-L.P./BDFB/187/2022 de 25 de abril, en la que ordenó su inmediata reincorporación por estabilidad e inamovilidad laboral, al mismo puesto que ocupaba, más el pago de salarios devengados; sin embargo, el GAM de La Paz, a pesar de haber sido legalmente notificada, hasta el momento de presentación de esta acción tutelar no cumplió la misma; circunstancias por las cuales, solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga: a) Que la entidad demandada cumpla la determinación indicada, garantizando su estabilidad e inamovilidad laboral; es decir, en el último cargo que venía desempeñando sus funciones; b) El pago de sueldos devengados hasta la fecha de su reincorporación efectiva, más los beneficios sociales que le corresponden por ley; y, c) Se condene al pago de costas procesales. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) Sobre la Doc…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 249/2022 de 10 de octubre, cursante de fs. 219 a 223, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2º Disponer que la entidad demandada proceda al cumplimiento inmediato de la Conminatoria J.D.T.-L.P./BDFB/187/2022 de 25 de abril, en todos sus términos y condiciones, sea en el plazo máximo de tres días. 3° DENEGAR la tutela en lo correspondiente al pago de costas procesales.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0508/2024-S1 Sucre, 2 de septiembre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 51822-2022-104-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 249/2022 de 10 de octubre, cursante de fs. 219 a 223, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Luis Rodrigo Cornejo López contra Hernán Iván Arias Durán, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de La Paz.
Mediante memorial presentado el 2 de septiembre de 2022, cursante de fs. 69 a 79, el impetrante de tutela expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señala que desde hace quince años atrás prestó servicios laborales como obrero eventual en el GAM de La Paz, renovando contrato cada tres meses desde la gestión 2012 con contratos anuales a plazo fijo, también como obrero eventual; en la gestión 2014 asumió como Asistente Técnico Predial; y finalmente, por Memorándum D.G.RR.HH. 02538/2019 de 4 de noviembre, fue nombrado en el cargo de “Asistente F y Puesto de Trabajo de Chofer IV” dependiente del despacho de la Sub Alcaldía “Maximiliano Paredes (04-02-00-00-01)” del indicado Gobierno Municipal, con el ítem P-1237 y nivel salarial 416 D13. El 5 de enero de 2022, presentó una carta ante la Dirección de Recursos Humanos (RR.HH.) del GAM de La Paz, informando que su esposa Doris Catalina Ríos Montaño, fue diagnosticada con artritis reumatoidea y artrosis, encontrándose en trámite el carnet de discapacidad ante el Ministerio de Salud y Deportes, para lo cual adjuntó el certificado médico correspondiente; escrito que no mereció respuesta alguna por dicha entidad.
Posteriormente, el 3 de febrero 2022 fue convocado por Raúl Ayala, Planificador de la Sub Alcaldía “Maximiliano Paredes”, quien pretendió entregarle un memorándum que se negó a recibir, resaltando que ya había puesto en conocimiento de la entidad el padecimiento de su esposa; no obstante, este le indicó que pusiera en orden su trabajo y desocupe la oficina e incluso esperó que se retire del lugar para dar instrucciones de no permitirle más el ingreso. De ahí que al día siguiente no le permitieron la entrada, sin explicación de los motivos o fundamentos de dicha determinación arbitraria. Añade que, el 4 de febrero de 2022 presentó un memorial ante la entidad empleadora reiterando que goza de inamovilidad laboral; que fue respondida -no indica por cuál medio o en qué fecha- observando que a la fecha no se adjuntó certificado médico ni carnet de discapacidad; no obstante, dicha aseveración no es cierta puesto que adjuntó los certificados médicos respectivos sin que estos sean valorados, siendo la situación de salud de su esposa y su estado de discapacidad, una realidad material y evidente que no está supeditada al cumplimiento de formalidad alguna. El 9 de marzo de igual año nuevamente presentó un escrito solicitando se considere su reincorporación, inamovilidad y respeto a su fuente laboral, adjuntando el carnet de discapacidad extrañado; sin merecer respuesta hasta la fecha. Ante esa situación acudió a la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz denunciando su despido arbitrario y solicitando su reincorporación laboral; instancia que emitió a su favor la Conminatoria J.D.T.-L.P./BDFB/187/2022 de 25 de abril, ordenando al GAM de La Paz proceda a su inmediata reincorporación por estabilidad e inamovilidad laboral, sea en el mismo cargo que venía desempeñando, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de su reincorporación. La referida Conminatoria de Reincorporación fue notificada a la entidad municipal el 16 de mayo de 2022; empero, de manera deliberada la citada institución no dio cumplimiento a la misma. El 9 de junio de 2022, se realizó por el Inspector del Trabajo la verificación de reincorporación, acreditando el incumplimiento a la precitada Conminatoria de Reincorporación, lo cual evidencia la lesión de sus derechos fundamentales, entre ellos, la vida puesto que se afectó su subsistencia y la de su familia.
El demandante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y a una remuneración digna, relacionados con el derecho a la vida, citando al efecto los arts. 15.I, 46.I, 48.II y III; y, 49.III de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).
Solicitó se conceda la tutela, y se ordene: a) Que la entidad demandada de cumplimiento a la señalada Conminatoria J.D.T.-L.P./BDFB/187/2022, garantizando su estabilidad e inamovilidad laboral; es decir, en el último cargo que venía desempeñando sus funciones, sea en el plazo de tres días; b) El pago de sueldos devengados hasta la fecha de su reincorporación efectiva, más los beneficios sociales que le corresponden por ley; y, c) Se condene al pago de costas procesales.
Efectuada la audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional el 10 de octubre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 215 a 218, produciéndose los siguientes actuados:
El solicitante de tutela, a través de su abogado, se ratificó íntegramente en los términos de su memorial de acción de defensa y ampliando los mismos en audiencia añadió lo siguiente: 1) La Conminatoria de Reincorporación J.D.T.-L.P./BDFB/187/2022 de 25 de abril pronunciada por la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz, estableció que los trabajadores del GAM de La Paz fueron incorporados a la Ley General del Trabajo; asimismo, hizo hincapié en que no pueden existir contratos temporales o de plazo fijo en actividades propias y permanentes de la institución, no pudiendo ser reiterados en más de dos oportunidades, siendo en su caso quince años de trabajo de forma ininterrumpida; y finalmente, resaltó la condición de su esposa con discapacidad, que lo sitúa en una posición de inamovilidad laboral; Resolución que cumple los cánones de motivación y fundamentación exigidos; 2) Contra dicha determinación, la entidad demandada presentó recurso en la vía administrativa, mismo que no produce ningún efecto suspensivo, puesto que la disposición laboral se encuentra envestida del carácter obligatorio, no siendo necesario que agote la vía administrativa, prescindiendo además de los parámetros de subsidiariedad al contar con inamovilidad en función a una discapacidad; y, 3) Hizo énfasis al trámite establecido por la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales -Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022-, indicando que dicha norma no se encuentra en vigencia a la fecha de celebración de la audiencia de consideración de la demanda tutelar, puesto que entraría en vigencia en treinta días después de su publicación, por lo que no podría ser óbice para desarrollar y resolver la presente causa.
Hernán Iván Arias Durán, Alcalde del GAM de La Paz, a través de informe escrito presentado el 10 de noviembre de 2022, cursante de fs. 210 a 214 vta., a través de sus abogados y en audiencia, mencionó que: i) El ahora accionante ostentaba un cargo de confianza y de libre nombramiento, sujeto a un contrato a plazo fijo, correspondiendo dirigir su pretensión al Servicio Civil, debiendo rechazarse por la Jefatura del Trabajo; toda vez que, no se halla sujeto al régimen de la Ley General del Trabajo; ii) El 20 de mayo de 2022, interpuso recurso de revocatoria contra la citada Conminatoria de Reincorporación J.D.T.-L.P./BDFB/187/2022, mismo que fue resuelto y rechazado por Resolución Administrativa (RA) 396-22 de 20 de junio de 2022; decisión contra la cual, el 11 de junio de igual año plantearon recurso jerárquico, que a la fecha se encuentra pendiente de resolución. Lo que demuestra que aún se encuentra latente la vía de impugnación en sede administrativa, no habiéndose pronunciado la resolución ministerial correspondiente, por consiguiente, no se agotó la subsidiariedad que rige esta acción constitucional; iii) El argumento del impetrante de tutela respecto a la discapacidad de su esposa no fue demostrado con documentación idónea, es decir, con el carnet de discapacidad emitido por la autoridad competente -Ministerio de Salud y Deportes-; limitándose a la presentación de certificados médicos. De ahí que no existen registros documentales que hubieren sido acreditados oportunamente, que permitan establecer el vínculo o grado legal de dependencia entre el demandante de tutela y Doris Catalina Ríos Montaño, incumplimiento que determina la imposibilidad formal de hacer prevalecer una relación que no fue acreditada ante la instancia pertinente; iv) Asimismo, por el Informe DGRH 20/2022 de 31 de enero, la Unidad de Bienestar Social y Seguridad Ocupacional de la institución indicó que el prenombrado no cuenta con ningún tipo de restricciones para procesar su baja, por lo que en mérito al referido informe no existió vulneración a ningún derecho; y, v) En cuanto a la solicitud de pago de sueldos devengados se debe considerar el precedente establecido por la SCP 0083/2014-S3 de 27 de octubre, que estableció que la justicia constitucional no se encuentra habilitada para determinar la dimensión ni la cuantía, correspondiendo dicha atribución a las autoridades administrativas y/o judiciales, por cuanto debe emerger de un acervo probatorio en el que se pueda demostrar la justa medida de los mismos; por todo lo expuesto, solicitó se deniegue la tutela pretendida.
Carlos Michel Andrade Ramos, Jefe Departamental del Trabajo de La Paz, por escrito presentado el 7 de octubre de 2022, cursante a fs. 178 y vta., señaló lo siguiente: a) Ante la denuncia realizada por el solicitante de tutela, luego de imprimirse el trámite correspondiente y no habiéndose demostrado las causas que justifiquen el despido por la entidad empleadora, se pronunció la Conminatoria J.D.T.-L.P./BDFB/187/2022 de 25 de abril; asimismo, se emitió la RA 396-22, que en su parte resolutiva rechazó el recurso de revocatoria presentado por el GAM de La Paz, confirmando la Conminatoria impugnada; y, b) Por todo lo expuesto se ratifica in extenso en el contenido de la RA 396-22 que confirma la referida Conminatoria J.D.T.-L.P./BDFB/187/2022, informando además que el 11 de julio de 2022, la entidad demandada planteó recurso jerárquico, mismo que se encuentra dentro de plazo para su resolución.
La Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, a través de la Resolución 249/2022 de 10 de octubre, cursante de fs. 219 a 223, concedió la tutela solicitada, disponiendo en consecuencia que Hernán Iván Arias Durán, Alcalde del GAM de La Paz, dé estricto cumplimiento a la señalada Conminatoria J.D.T.-L.P./BDFB/187/2022, pronunciada por la Jefatura del Trabajo de ese departamento, sea en el plazo de cinco días; y, con relación al pago de sueldos devengados y otros, dispuso aplazar su cumplimiento hasta que se emita el respectivo fallo por el Tribunal Constitucional Plurinacional, toda vez que la Resolución debe enviarse en grado de revisión; decisión asumida conforme a los siguientes fundamentos: 1) El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, asumió el entendimiento relacionado al estándar de protección más alto en relación al derecho al trabajo vinculado con decisiones que asumen las Jefaturas de Trabajo; entendimiento consolidado por la SCP 0015/2018-S4 de 23 de febrero que también se refiere a la SCP 0058/2018-S3 de 19 de marzo, que efectuaron una reconducción de la línea jurisprudencial en el entendido de que a la jurisdicción constitucional no le corresponde efectuar un análisis de mérito en cuanto a la determinación que asumen las Jefaturas Departamentales de Trabajo como es en el presente caso, la referida Conminatoria de Reincorporación J.D.T.-L.P./BDFB/187/2022; y, 2) En cuanto al argumento vertido por la autoridad demandada respecto a los contratos suscritos por el impetrante de tutela y su calidad de empleado de libre nombramiento y otros, no corresponde a la Sala Constitucional efectuar un análisis sobre la calidad y condición del contrato suscrito entre la entidad municipal y el demandante de tutela, aspecto que deberá ser conocido por la autoridad jurisdiccional laboral; asimismo, conforme a los antecedentes se tiene demostrada la condición de discapacidad de la esposa del ahora accionante, siendo en consecuencia viable la tutela por vulneración del derecho al trabajo por inamovilidad laboral. Ante la solicitud de complementación y enmienda formulada por el abogado del peticionante de tutela, respecto al pago de salarios devengados y otros, en atención a que hubiera sufragado gastos durante el tiempo que no ha trabajado y que la autoridad demandada no hubiera dado cumplimiento a la determinación de la autoridad administrativa laboral; la Sala Constitucional indicó que previamente sea pronunciada la resolución en revisión puesto que además se debe efectuar una liquidación de los meses que han sido devengados, no teniendo certeza del monto, por lo que resolvió declarar NO HA LUGAR a la solicitud del impetrante de tutela.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Cursa Conminatoria J.D.T.-L.P./BDFB/187/2022 de 25 de abril, pronunciada por el Jefe Departamental del Trabajo de La Paz, por la cual conminó la inmediata reincorporación por estabilidad e inamovilidad laboral de Luis Rodrigo Cornejo López -ahora accionante-, al mismo puesto que ocupaba como “conductor”, bajo dependencia del GAM de La Paz, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que correspondan a la fecha efectiva de su reincorporación; determinación notificada a la entidad empleadora el 16 de mayo de 2022, conforme desprende el sello de recepción (fs. 56 a 60). II.2. Contra descrita Conminatoria la GAM de La Paz interpuso recurso de revocatoria (fs. 62 a 64 vta.); que fue resuelto por Resolución Administrativa (RA) 396-22 de 20 de junio de 2022, emitida por el Jefe Departamental del Trabajo a.i. de La Paz, rechazando y confirmando la Conminatoria de Reincorporación mencionada precedentemente (fs. 66 a 68). II.3. Mediante memorial presentado el 11 de julio de 2022, la autoridad demandada interpuso recurso jerárquico contra la RA 396-22 (fs. 88 a 89).
El impetrante de tutela considera lesionados sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y a una remuneración digna, relacionados con el derecho a la vida; toda vez que, fue despedido de forma arbitraria de su fuente de trabajo, sin haberse considerado que su esposa fue diagnosticada con artritis reumatoidea y artrosis, encontrándose en trámite su carnet de discapacidad ante el Ministerio de Salud y Deportes, situación que puso en conocimiento de la entidad empleadora; motivo por el cual, acudió a Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz, instancia que pronunció la Conminatoria J.D.T.-L.P./BDFB/187/2022 de 25 de abril, en la que ordenó su inmediata reincorporación por estabilidad e inamovilidad laboral, al mismo puesto que ocupaba, más el pago de salarios devengados; sin embargo, el GAM de La Paz, a pesar de haber sido legalmente notificada, hasta el momento de presentación de esta acción tutelar no cumplió la misma; circunstancias por las cuales, solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga: a) Que la entidad demandada cumpla la determinación indicada, garantizando su estabilidad e inamovilidad laboral; es decir, en el último cargo que venía desempeñando sus funciones; b) El pago de sueldos devengados hasta la fecha de su reincorporación efectiva, más los beneficios sociales que le corresponden por ley; y, c) Se condene al pago de costas procesales. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) Sobre la Doctrina de Unificación Jurisprudencial respecto al incumplimiento de las Conminatorias de reincorporación laboral denunciado a través de la acción de amparo constitucional; 2) Presentación directa de la acción de amparo constitucional ante el incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral; y, 3) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0206/2021-S1 de 25 de junio, reiterada por la SCP 0269/2021-S1 de 21 de julio, entre otras, asumió el siguiente entendimiento: En todos los casos en los que se denunciaron despidos ilegales, como el incumplimiento de las Resoluciones de Conminatoria de reincorporación laboral emitidas por las Jefaturas Departamentales de Trabajo, este despacho siempre tuvo como uno de sus principales objetivos el tratar de materializar los derechos fundamentales a la estabilidad laboral y el derecho al trabajo, en beneficio de las trabajadoras y los trabajadores, disponiendo el cumplimento integral de las conminatorias de reincorporación laboral, que se vieron reflejados en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0016/2018-S2 de 28 de febrero, 0814/2018-S2 de 11 de diciembre, 0985/2019-S2 de 21 de octubre (cumplimiento integral de conminatoria), como también en los Votos Disidentes a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0318/2018-S2 de 9 de julio, 0214/2018-S2 de 22 de mayo, 0133/2018-S2 de 16 de abril, 0260/2019-S2 de 21 de mayo y 0789/2018-S2 de 26 de noviembre, entre otras. Lo que implica que siempre hubo una actitud consecuente sobre la necesidad de tutelar los derechos de estabilidad laboral y al trabajo, mediante la aplicación del estándar más alto de protección tal y como lo estableció la SCP 0814/2018-S2, que sistematizó y contextualizó la línea jurisprudencial sobre este tema en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012, 0177/2012 y 1608/2012, 0016/2018-S2, 0028/2018-S2, 0058/2018-S2 y 0060/2018-S2. Posteriormente, con el objeto de unificar la línea jurisprudencial de los precedentes constitucionales emitidos por las Salas de este Tribunal, respecto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral y sobre todo para lograr la materialización del derecho al trabajo de toda persona, reconocido por instrumentos internacionales como por nuestra Constitución Política del Estado, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en Sala Plena, a través de la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, unificó la línea jurisprudencial sobre esta temática:
1) En cuanto al cumplimiento integral de la conminatoria de reincorporación, esto es además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, conforme a los entendimientos y la sistematización realizada en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, es decir:
1.i) Cuando una trabajadora o trabajador sea despedido injustificadamente o por causas no contempladas en el art. 16 de la LGT, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación; 1.ii) Es posible interponer directamente la acción de amparo constitucional -abstrayendo el principio de subsidiariedad- cuando la trabajadora o el trabajador demande el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo por parte de su empleador; 1.iii) La referida conminatoria no constituye una resolución definitiva respecto a la situación laboral de la trabajadora o el trabajador siendo netamente provisional la otorgación de la tutela puesto que las autoridades administrativas o judiciales en materia laboral son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador; 1.iv) El prenombrado tiene el deber de dar cumplimiento inmediato a la conminatoria precitada, aunque hubiera planteado recurso de revocatoria o jerárquico que este pendiente de resolverse o hubiera interpuesto cualquier otro recurso en la vía judicial o administrativa; 1.v) La justicia constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar -incluyendo la prueba-, ameritaban tal determinación, debido a que ese aspecto le corresponde a la jurisdicción ordinaria; y, 1.vi) La conminatoria de reincorporación antedicha debe ser acatada en su integridad, sin omitir ninguna de las determinaciones dispuestas (las negrillas y el subrayado fueron añadidos).
A partir de los precedentes establecidos ut supra y, con la facultad prevista en la norma procesal constitucional, este Tribunal en la parte resolutiva de dicho fallo de doctrina constitucional, dispuso:
UNIFICAR la línea jurisprudencial relativa al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral denunciada a través de la acción de amparo constitucional, en los siguientes términos:
1° En cuanto al alcance de la conminatoria de reincorporación laboral de trabajadoras y trabajadores en general, que contemple además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, se dispone la vigencia de los entendimientos y la sistematización asumidos en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, correspondiendo a la jurisdicción constitucional velar por el cumplimiento integral de la conminatoria sin omitir ninguna de sus determinaciones… (negrillas agregadas). La Resolución de Doctrina Constitucional ratificó las líneas jurisprudenciales garantistas emitidas por este despacho por medio de sus Sentencias y Votos Disidentes, precitados anteriormente, lo que implica que la unificación de jurisprudencia vincula al mismo Tribunal Constitucional Plurinacional a materializar los derechos fundamentales de los trabajadores, aplicando los entendimientos más favorables y con el estándar más alto de protección, reconociendo que estos derechos tienen un carácter progresivo en su protección e implementación dentro de nuestro ordenamiento jurídico, principios que no tienen un techo en su aplicación y que siempre se buscará la manera más efectiva de tutelar los derechos fundamentales.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0328/2018-S2 de 9 de julio, que ampliando su entendimiento a través de la SCP 0752/2019-S2 de 2 de septiembre, entre otras, asumió el siguiente entendimiento: El 1 de mayo de 2006 se dictó el DS 28699, que en sus arts. 10 y 11, establece la posibilidad que cualquier persona que se encuentre sometida al régimen laboral y crea que fue injustamente despedida o alejada de su fuente laboral -salvo las causas de despido previstas por el art. 16 de la LGT-, pueda acudir ante el ahora Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, reclamando su derecho a la estabilidad laboral o el pago de beneficios sociales; en contraposición al derogado art. 55 del DS 21060 de 29 de agosto de 1985, que permitía libremente rescindir los contratos de trabajo. Posteriormente, el 1 de mayo de 2010, se emitió el DS 0495, que en su Artículo Único modificó el parágrafo III del art. 10 del DS 28699, señalando:
En caso de que el trabajador opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de la reincorporación, a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo (las negrillas son nuestras). Además, incluyó los parágrafos IV y V, con los siguientes textos: “IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y (únicamente) podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución”; se aclara que la palabra únicamente fue declarada inconstitucional por la SCP 0591/2012 de 20 de julio1. Por su parte, el parágrafo V indica: “V. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo IV del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral” (las negrillas de ambos textos normativos son incorporadas); se entiende que esto ocurre en la fase de la conminatoria. Por su parte, la Resolución Ministerial (RM) 868/10 de 26 de octubre de 2010, que reglamenta el procedimiento para la aplicación del DS 0495, en su art. 3 refiere:
ARTÍCULO 3.- (Acciones Constitucionales). Ante el incumplimiento de la Reincorporación instruida, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral (las negrillas son incorporadas). Vale decir, que ante la inobservancia del plazo para que un empleador ejecute una resolución de reincorporación de un trabajador a su fuente laboral, éste último puede acudir directamente a la jurisdicción constitucional, en procura de la reparación de los derechos que considere afectados. El Tribunal Constitucional Plurinacional, en numerosas oportunidades se pronunció sobre el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación dispuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, señalando que en estos casos procede directamente la acción de amparo constitucional. Así, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012 de 4 de mayo y 0177/2012 de 14 de mayo, establecen que debe hacerse abstracción del principio de subsidiariedad en aquellos casos en los que una trabajadora o trabajador demande la reincorporación a su fuente laboral ante un despido sin causa legal justificada, con el único requisito previo de recurrir a las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo denunciando este hecho, a objeto que estas entidades, una vez establecido el retiro injustificado, conminen al empleador la reincorporación inmediata, en los términos previstos por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010; y ante su incumplimiento, se hace viable la constitucional a través de la acción de amparo constitucional; efectivamente, la señalada SCP 0177/2012, tuvo el siguiente razonamiento en el Fundamento Jurídico III.3:
1) En caso de que una trabajadora o un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo; entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo si corresponde la conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el empleador incumpla la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional, misma que resulta más idónea en estos casos por las razones antes expuestas. 2) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria, conforme previene el referido Decreto Supremo; vale decir, interponiendo una acción laboral dentro los alcances establecidos por el art. 65 del Código Procesal del Trabajo (CPT), precepto que otorga la posibilidad al empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal justificada. 3) En aquellos casos en que la trabajadora o trabajador, fuera sometido a un proceso interno dentro el cual se determine su despido por una de las causales establecidas en el art. 16 de la LGT y art. 9 del DR, en su caso por vulneración a su Reglamento Interno, el procedimiento previsto por el DS 0495, no será aplicable; debiendo la trabajadora o trabajador, que estime que su destitución fue ilegal o injustificada, incoar la correspondiente demanda de reincorporación ante la judicatura laboral (las negrillas nos corresponden). Por lo referido, las conminatorias de reincorporación emitidas por las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo, deben ser cumplidas de manera obligatoria, sin perjuicio que puedan ser impugnadas por el empleador o parte patronal en la vía administrativa o judicial; no obstante, mientras se suscite dicho aspecto, la conminatoria pronunciada debe ser ejecutada con la finalidad de resguardar los derechos constitucionales de los trabajadores, otorgándoles seguridad jurídica y estabilidad laboral, siendo posible en caso de inobservancia, la formulación de una acción de amparo constitucional, para la restitución de los derechos lesionados. Por otra parte, en los casos que este Tribunal concedió la tutela ante incumplimiento de conminatorias de reincorporación, también se pronunciaba sobre los sueldos devengados y otros beneficios sociales establecidos por ley, por entender que forman parte de la reparación que debe brindar la justicia constitucional ante la lesión a los derechos fundamentales. En ese sentido, por ejemplo, la SCP 0177/2012, aprobó la resolución del Tribunal de garantías que concedió la tutela y dispuso la cancelación de los sueldos devengados y demás beneficios sociales. De manera expresa, la SCP 1608/2012 de 24 de septiembre, entre otras, luego de conceder la acción de amparo constitucional, dispuso la cancelación de sueldos devengados. No obstante, lo anotado precedentemente, la SCP 0083/2014-S3 de 27 de octubre, refirió que la jurisdicción constitucional no puede dimensionar el alcance de los sueldos devengados y otros beneficios, bajo el argumento que son las autoridades administrativas o judiciales las que deben realizar dicha labor; entendimiento que fue reiterado por la SCP 1130/2017-S3 de 31 de octubre, entre otras. Al respecto, posteriores Sentencias Constitucionales Plurinacionales, entre ellas, la SCP 0016/2018-S2 y la SCP 0028/2018-S2, ambas de 28 de febrero, confirmaron las Resoluciones emitidas por los Tribunales de garantías que concedieron la tutela y dispusieron la cancelación de los sueldos devengados y demás beneficios sociales. En ese sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0058/2018-S2 y 0060/2018-S2, ambas de 15 de marzo, hizo extensiva la tutela al pago de sueldos devengados y beneficios sociales, que la ley establece desde el día de su desvinculación ilegal.
Efectuada la contextualización jurisprudencial anterior, debe recordarse que una de las características de los derechos humanos contenida en el art. 13.I de la Constitución Política del Estado (CPE), es su progresividad, que implica, por una parte; que los derechos humanos reconocidos en la Norma Suprema y en los Instrumentos Internacionales sobre Derecho Humanos, no son un catálogo cerrado, sino que, de manera permanente se amplían en cuento al reconocimiento de nuevos derechos, como también se desprende de la cláusula abierta prevista en el art. 13.II de la referida CPE. Por otra parte, el principio de progresividad, supone que las conquistas alcanzadas respecto a un derecho ya sea a nivel normativo o jurisprudencial, no pueden luego ser desconocidas, lo que significa que, en materia de Derechos Humanos, no corresponde la regresividad, es decir, el retroceder en la protección de los derechos humanos. El principio de progresividad fue desarrollado por la jurisprudencia constitucional en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2491/2012, 0210/2013, 1617/2013, entre muchas otras. Así en la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional, señaló que el principio de progresividad establece la responsabilidad para el Estado boliviano, de no desconocer los logros y el desarrollo alcanzado en materia de Derechos Humanos, en cuanto a la ampliación en número, al desarrollo de su contenido y al fortalecimiento de los mecanismos jurisdiccionales para su protección, en el afán de buscar el progreso del Derecho Internacional de Derechos Humanos, que se inserta en nuestro sistema jurídico a través del bloque de constitucionalidad -art. 410.II de la CPE-. Conforme a lo anotado, las medidas adoptadas por los órganos estatales que tienden a menoscabar derechos ya reconocidos o desmejorar una situación jurídica favorable vinculada a un derecho, constituye una afectación al principio de progresividad. En el marco del principio de progresividad, el Tribunal Constitucional Plurinacional pronunció las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, que razonaron sobre la teoría del estándar jurisprudencial más alto, como metodología para definir la sentencia aplicable en un determinado caso, ante una pluralidad de entendimientos; metodología, que a partir de los arts. 13 y 256 de la CPE, estableció que el precedente constitucional en vigor o vigente, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocada, esto es, aquella decisión que hubiera resuelto un problema jurídico de manera más progresiva a través de una interpretación que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Norma Suprema y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; estándar que se escoge después del examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, ya no solamente a partir del criterio temporal de las sentencias constitucionales -si fue anterior o posterior- que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento jurisprudencial, sino sobre todo, aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho. Conforme a lo anotado y en el marco de la contextualización de la línea jurisprudencial vinculada a la tutela directa de la acción de amparo constitucional por incumplimiento de la conminatoria de reincorporación, cabe señalar que el estándar jurisprudencial más alto se encuentra en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012, 0177/2012, 1608/2012, 0016/2018-S2, 0028/2018-S2, 0058/2018-S2 y 0060/2018-S2, al contener razonamientos que aseguran la máxima eficacia del derecho al trabajo, estabilidad laboral y el derecho a la reparación; por cuanto, por una parte, se concede la tutela ante el incumplimiento de la conminatoria, sin necesidad de efectuar otras consideraciones como la fundamentación o la legalidad de la misma, exigencias que no toman en cuenta los principios que informan la materia laboral, que se encuentran reconocidos en el art. 48 de la CPE, que establece que las normas laborales se interpretarán sobre la base de los principios de, entre otros, protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; y, de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. Cabe aclarar, que lo señalado no implica una negación del derecho a la defensa de la parte empleadora, quien, como lo indicó la jurisprudencia constitucional, podrá acudir a la jurisdicción laboral denunciando la supuesta ilegal conminatoria, con independencia de la concesión de la tutela. Por otra parte, las citadas Sentencias Constitucionales Plurinacionales, se pronuncian sobre los sueldos devengados y otros beneficios, conforme a los principios de interpretación referidos en el anterior párrafo y considerando que toda concesión de la tutela supone la reparación de la lesión del derecho o garantía constitucional invocada como vulnerada, en el marco de lo señalado por el art. 113.I de la CPE, que establece que: “La vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna”; norma constitucional que es coherente con las normas internacionales sobre Derechos Humanos, y en concreto, con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -que forma parte del bloque de constitucionalidad- que desarrolló la reparación como concepto genérico que contiene varios elementos. Así, para la Corte IDH, la reparación supone la restitución integral del derecho que fue vulnerado, es decir, el restablecimiento del derecho a la situación anterior a su violación; pero también implica la adopción de otras medidas como la indemnización, que es la reparación por daños materiales físicos o mentales, los gastos incurridos, las pérdidas de ingreso; la rehabilitación, en los casos que corresponda, comprendiendo la atención médica y psicosocial requerida; la satisfacción pública, que consiste en el reconocimiento de la responsabilidad; y, las garantías de no repetición, que tienen por objeto adoptar medidas estructurales para evitar la repetición de las vulneraciones a derechos. Entonces, a partir de todo lo desarrollado, se tienen las siguientes subreglas respecto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación pronunciada por la autoridad del trabajo:
i) Procede la acción tutelar de manera directa, lo que significa que el trabajador no requiere agotar previamente la jurisdicción laboral ni la vía administrativa; ii) La competencia de la jurisdicción constitucional se limita a verificar el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación, sin que corresponda analizar la fundamentación o la legalidad de dicha determinación; pues, esa labor es propia de la jurisdicción laboral, que podrá ser activada por el empleador si considera que la conminatoria resulta ilegal, con independencia de la concesión de la tutela por la justicia constitucional; pues esta concesión resulta provisional, hasta que la jurisdicción laboral defina la situación de la o el trabajador; y, iii) La concesión de la tutela supone la adopción de medidas de reparación como la indemnización, en concreto, tratándose de incumplimiento de conminatoria de reincorporación, la cancelación de los sueldos devengados desde la desvinculación ilegal constatada por la autoridad de trabajo y demás beneficios sociales que le correspondan al trabajador.
El demandante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y a una remuneración digna, relacionados con el derecho a la vida; toda vez que, fue despedido de forma arbitraria de su fuente laboral, sin haberse considerado que su esposa fue diagnosticada con artritis reumatoidea y artrosis, encontrándose en trámite su carnet de discapacidad ante el Ministerio de Salud y Deportes, además que puso en conocimiento de la entidad empleadora ese aspecto; motivo por el cual, acudió a Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz, instancia que pronunció la Conminatoria J.D.T.-L.P./BDFB/187/2022 de 25 de abril, en la que ordenó su inmediata reincorporación por estabilidad e inamovilidad laboral, al mismo puesto que ocupaba, más el pago de salarios devengados; sin embargo, el GAM de La Paz, a pesar de haber sido legalmente notificada, hasta el momento de presentación de esta acción tutelar no cumplió la misma. Previo a ingresar al análisis, corresponde precisar que la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales -Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022-, vigente a la fecha de emisión de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, no es aplicable al caso concreto puesto que la referida norma ingresó en vigencia a partir del 3 de noviembre de 2022; y, el solicitante de tutela acudió a la vía administrativa el 23 de marzo de ese año -conforme desprende la denuncia escrita cursante a fs. 171 y vta.- y la Conminatoria en cuestión, fue pronunciada el de 25 de abril de 2022, debiendo aplicarse en consecuencia el procedimiento anterior, bajo el marco de lo previsto por la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021. Habiendo establecido la problemática jurídica del caso en análisis que recae sobre el incumplimiento de la conminatoria por estabilidad e inamovilidad laboral pronunciada a favor del peticionante de tutela, corresponde revisar y compulsar la documental cursante en obrados; de ello, se tiene la existencia de la Conminatoria J.D.T.-L.P./BDFB/187/2022 de 25 de abril, pronunciada por la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz, por la cual conmina la inmediata reincorporación por estabilidad e inamovilidad laboral del ahora accionante, al mismo puesto que ocupaba como “conductor”, bajo dependencia del GAM de La Paz, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que correspondan a la fecha efectiva de su reincorporación; decisión notificada a la entidad demandada el 16 de mayo de 2022 (Conclusión II.1). Asimismo, se tiene que la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz, ante la interposición de un recurso de revocatoria por parte de la entidad demandada, pronunció la RA 396-22 de 20 de junio de 2022, rechazando y confirmando la Conminatoria de Reincorporación mencionada precedentemente; acto administrativo contra el cual también planteó recurso jerárquico (Conclusiones II.2 y II.3). En ese orden, y tomando en cuenta el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, por el que se establece la unificación de criterios en temáticas como el cumplimiento integral de las conminatorias de reincorporación, lo cual implica el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales; también se estableció la facultad del empleado de acudir directamente a la acción de amparo constitucional, abstrayéndose del principio de subsidiariedad, cuando denuncie el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por las Jefaturas Departamentales por parte de su empleador, la misma que no se constituye una resolución definitiva respecto a la situación laboral del trabajador; por lo que la concesión de tutela, en estos casos de incumplimiento de conminatoria, resulta de carácter provisional. En cuanto a la obligación del empleador, se establece que éste debe dar cumplimiento inmediato a la conminatoria, aunque se hubiere interpuesto recurso de revocatoria o jerárquico que esté pendiente de resolverse o hubiere interpuesto cualquier otro recurso en la vía judicial o administrativa. Finalmente, se determinó que la jurisdicción constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar si la conminatoria se emitió con la debida motivación o fundamentación o si los datos, hechos y circunstancias fueron correctamente apreciados para disponer la reincorporación, siendo esa labor de la jurisdicción ordinaria. Asimismo, este Tribunal Constitucional Plurinacional -como se advierte en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional-, indicó que los impetrantes de tutela, ante el incumplimiento de la Conminatoria de Reincorporación Laboral emitida por las Jefaturas Departamentales del Trabajo, pueden acudir directamente a la acción de amparo constitucional; ello con la finalidad de resguardar los derechos de los trabajadores como la estabilidad laboral y en cumplimiento al principio de seguridad jurídica, y finalmente en cuanto a la reparación integral en estos casos, en aplicación del principio de progresividad y en atención al estándar más alto, se tiene que la concesión de la tutela en los casos de incumplimiento de conminatoria, debe suponer la adopción de medidas de reparación integrales como la indemnización, la cancelación de los sueldos devengados desde la desvinculación, y demás beneficios sociales que le correspondan al trabajador. En el estado de cosas mencionado, se tiene como irrefutable la existencia de la Conminatoria J.D.T.-L.P./BDFB/187/2022, emitida por la autoridad administrativa laboral a favor del demandante de tutela, que dispuso su reincorporación por estabilidad e inamovilidad laboral, en el mismo puesto que ocupaba bajo dependencia del GAM de La Paz, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que correspondan a la fecha efectiva de su reincorporación; como también se advierte que el ahora demandado incumplió la misma, si bien no se ha presentado el correspondiente informe del Inspector de Trabajo para comprobar tal extremo, se hace notar que la entidad demandada, no negó el referido incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, y argumentó que presentó recurso de revocatoria (Conclusión II.2) que fue resuelto por la RA 396-22, emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz; que resolvió rechazar el recurso interpuesto, confirmando la Conminatoria mencionada precedentemente; y, ante tal determinación, interpuso recurso jerárquico, en el que textualmente solicitó revocar y dejar sin efecto la mencionada Resolución (Conclusión II.3). Asimismo, en cuanto a lo referido por la autoridad demandada en su informe y participación en audiencia, respecto a que el solicitante de tutela ostentaba un cargo de confianza y de libre nombramiento y por tanto, no estaba sujeto al régimen de la Ley General del Trabajo, no correspondiéndole en ese sentido la estabilidad e inamovilidad laboral; a más de ello, cuando no acreditó oportunamente y con documentación idónea la discapacidad de Doris Catalina Ríos Montaño -esposa del ahora accionante- y el grado de dependencia respecto del prenombrado; en base a ello, desarrollan una carga argumentativa dirigida a cuestionar lo dispuesto en la conminatoria de reincorporación laboral pronunciada a favor del peticionante de tutela y así justificar su incumplimiento; extremos que, no corresponden ser analizados y resueltos en la jurisdicción constitucional; toda vez que, no es la vía para objetar una conminatoria de reincorporación laboral, misma que puede ser impugnada mediante los mecanismos administrativos ante la misma Jefatura del Trabajo al o en su caso la jurisdicción ordinaria laboral; mientras ello ocurre, el empleador se encuentra en la obligación de dar cumplimiento inmediato a la conminatoria de reincorporación; es decir, aun cuando se encuentren pendientes de resolución los recursos de revocatoria y jerárquico. En ese mérito, no existen razones o justificativos concordantes con la jurisprudencia constitucional mencionada en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que exima a la autoridad demandada de dar cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación; por lo que, siendo evidente el incumplimiento de la misma, corresponde conceder la tutela impetrada de forma provisional e integral, esto último como se dispuso en la misma conminatoria, donde se ordenó el pago de salarios devengados y demás derechos sociales. Finalmente, no corresponde disponer el pago de costas procesales, por ser excusable. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela impetrada, actuó de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 249/2022 de 10 de octubre, cursante de fs. 219 a 223, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2º Disponer que la entidad demandada proceda al cumplimiento inmediato de la Conminatoria J.D.T.-L.P./BDFB/187/2022 de 25 de abril, en todos sus términos y condiciones, sea en el plazo máximo de tres días. 3° DENEGAR la tutela en lo correspondiente al pago de costas procesales. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
1 El FJ III.4, señala: “… cuando el DS 0495 y la RM 868/10, disponen una única instancia para resolver administrativamente la reincorporación del trabajador, afectan el derecho al debido proceso en su elemento de acceso a una segunda instancia, de las partes que acceden a este mecanismo de resolución de conflictos, que pueden ser el trabajador como el empleador, debiendo por ello expulsarlas del ordenamiento jurídico, para que en aplicación del debido proceso consagrado por el art. 115.II de la CPE, las partes tengan acceso a una segunda instancia administrativa en reclamo de la conminatoria a la reincorporación, sin perjuicio de la vía judicial” (las negrillas son nuestras).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0508_2024-S1.pdf · páginas 1 a 19.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1e2d63894c8354de18be993b5b6463b0ca3448fa46dadc0280129504f9fa9a96
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