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SCP 0507/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 1 de abril de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
1 de abril de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
58935-2023-118-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a la salud, a la libertad y a la garantía del debido proceso; toda vez que, respecto a un hecho de tránsito acontecido el 11 de julio de 2023, Narcizo Castañeta Aliaga, funcionario policial -codemandado-, emitió un “acta de aprehensión” en su contra, incurriendo en la vulneración a sus derechos que constituyen el objeto procesal de la presente acción de defensa: a) No consideró que sufrió lesiones en su humanidad como producto de dicho incidente; además, omitió tomar en cuenta el procedimiento para la aprehensión ejecutada por la Policía Boliviana, dispuesto por el art. 227 del CPP y, obvió que, conforme al art. 261 del CPP, es previsible la improcedencia de su detención preventiva por el quantum de la pena aplicable al caso; y, b) Requiere de una intervención quirúrgica; sin embargo, la referida acta impide que sea trasladado a otro nosocomio hasta que se realice la audiencia de medidas cautelares. Ante ello, los demandados, señalan que el arresto tuvo por finalidad individualizar a los autores y partícipes del hecho investigado, por otro lado, el Fiscal de Materia asignado al caso determinó el cese del arresto; y, no se cumplió con el principio de subsidiariedad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 19/23 de 13 de julio de 2023, cursante de fs. 37 vta. a 39 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, aclarándose que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Subsidiariedad excepcional en acción de libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0507/2026-S2 Sucre, 1 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 58935-2023-118-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 19/23 de 13 de julio de 2023, cursante de fs. 37 vta. a 39 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Enrique Camargo Subirana en representación sin mandato de Widen Schmitter Gonzales contra Cliver Rioja Mejía, Director de la Unidad Operativa de Tránsito de la Pampa de la Isla de Santa Cruz de la Sierra, y Narcizo Castañeta Aliaga, funcionario policial.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 12 de julio de 2023, cursante a fs. 1 y 11 a 13, el accionante, a través de su representante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 11 de julio de 2023, cuando se encontraba circulando en motocicleta junto a su hijo, Carlos Schmitter Gutiérrez, como pasajero, fueron interceptados y colisionados por una vagoneta, provocando lesiones considerables en la humanidad de ambos; por lo que, fueron trasladados de emergencia a la clínica Vitae, ubicada en la Av. Tres Pasos al Frente, a efectos de recibir atención médica inmediata; en ese contexto, se inició una denuncia de oficio en la Unidad Operativa de Tránsito de la Pampa de la Isla del departamento de Santa Cruz, signada con el número de caso 312/2023, dentro de la cual, fue emitida -a su criterio- una ilegal “acta de aprehensión directa” en su contra, pese a que él y su hijo fueron los únicos que sufrieron lesiones físicas producto del hecho de tránsito suscitado. La mencionada “acta de aprehensión” fue emitida por “el efectivo policial”

-no especificó nombre-, sin considerar los requisitos exigidos por el art. 227 del Código de Procedimiento Penal (CPP), para la ejecución de la aprehensión por la Policía Boliviana; y, que conforme al art. 232.2 de la norma Adjetiva Penal, no procede la detención preventiva en delitos sancionados con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior o igual a cuatro años; en consecuencia, al tratarse de lesiones en accidente de tránsito que, de acuerdo al art. 261 del Código Penal (CP), tienen prevista una pena privativa de libertad de “1 a 3 años”, y ya que el acta de prueba del alcohol test estableció un grado alcohólico de “0.0”, resultó previsible la improcedencia de su detención preventiva. Por otro lado, necesitaba ser intervenido quirúrgicamente a la brevedad posible; sin embargo, la referida “acta de aprehensión”, impidió que sea trasladado a otro nosocomio hasta que se realice la audiencia de medidas cautelares.

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la vida, a la salud, a la libertad y a la garantía del debido proceso; citando al efecto los arts. 15.I, 21.7 y 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto “…la ILEGAL E INDEBIDA APREHENSIÓN POLICIAL…” (sic); y, b) Ordenar su inmediata libertad y el cese de los actos ilegales cometidos en su contra.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 13 de julio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 36 a 37 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad; y, ampliando en audiencia de garantías señaló que, Narcizo Castañeta Aliaga, funcionario policial -codemandado- lo aprehendió pese a que él y su hijo fueron los únicos lesionados en el hecho de tránsito ocurrido.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Cliver Rioja Mejía, Director de la Unidad Operativa de Tránsito de la Pampa de la Isla de Santa Cruz de la Sierra y Narcizo Castañeta Aliaga, funcionario policial, a través de su abogada, en audiencia de garantías solicitaron se deniegue la tutela impetrada, manifestando que: 1) Se procedió al arresto de los presuntos culpables del hecho de tránsito acontecido el 11 de julio de 2023, con fines investigativos para el descubrimiento de la verdad e individualizar a los autores y partícipes; 2) Yván Ortiz Tristán, Fiscal de Materia, dispuso el cese del arresto dentro de la causa asignada con Código Único de Denuncia (CUD) “701102032301480” -siendo lo correcto 7011020301480-; y, 3) En “este momento” -se entiende durante el desarrollo de la audiencia de la acción tutelar-, se llevaba a cabo una audiencia ante el Juzgado de Instrucción Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, encontrándose el proceso en etapa preliminar; por lo que, el conocimiento de las vulneraciones era competencia del referido despacho judicial de acuerdo al principio de subsidiariedad.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 19/23 de 13 de julio de 2023, cursante de fs. 37 vta. a 39 vta., denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos: i) Se evidenció que la Resolución de 12 de julio de 2023 fue emitida, por la cual, la autoridad fiscal a cargo dispuso el cese del arresto del accionante, encontrándose el caso bajo el control del Juez de Instrucción Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz; ii) La acción de libertad se encuentra supeditada a un control de subsidiariedad, ya que no puede existir colisión entre las decisiones emitidas en la vía constitucional y en la vía ordinaria; y, iii) Los actos irregulares relacionados a los arts. 225 y 227 del CPP, se circunscriben a las facultades conferidas al Juez de la causa; por lo que, las partes tienen la vía idónea para realizar los reclamos de los excesos realizados por efectivos policiales o autoridad en ejecución.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa papeleta de información y denuncia de 11 de julio de 2023, emitida por Narcizo Castañeta Aliaga, funcionario policial -codemandado-, correspondiente al caso 312/2023, por la cual, el prenombrado mencionó que se procedió a la aprehensión de Widen Schmitter Gonzales -accionante- por un hecho de tránsito acontecido en la referida fecha (fs. 3). II.2. A través de Informe Médico Preliminar (Inicial) SOAT-FISO de 11 de julio de 2023, Mariana Piai Berti, Médico General, estableció el siguiente diagnóstico respecto al estado de salud del accionante: “IMPRESIÓN DIAGNOSTICA: 1. tec leve

2. Policontuso 3. Lesión ligamentosa rodilla izquierda?” (sic), calificando el grado de lesión como “LEVE” (fs. 7). II.3 Por Resolución de 12 de julio de 2023, Yván Ortiz Tristán, Fiscal de Materia, dispuso dejar sin efecto el arresto del impetrante de tutela (fs. 34 a 35). II.4. Mediante memorial de 12 de julio de 2023, el Ministerio Público comunicó el inicio de las investigaciones ante el “JUEZ DE INSTRUCCIÓN CAUTELAR DE TURNO EN LO PENAL…” (sic), de la Capital del departamento de Santa Cruz, e imputó formalmente a Ariel Ramos Cuba, dentro del proceso penal signado con CUD 7011020301480, en el que, se investigaba un hecho de tránsito acontecido entre el prenombrado y el accionante (fs. 17 a 23); ante lo cual, por decreto de igual fecha, la Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la misma Capital y departamento, señaló audiencia de consideración de situación jurídica para el 13 del citado mes y año a las 9:30 (fs. 24).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a la salud, a la libertad y a la garantía del debido proceso; toda vez que, respecto a un hecho de tránsito acontecido el 11 de julio de 2023, Narcizo Castañeta Aliaga, funcionario policial -codemandado-, emitió un “acta de aprehensión” en su contra, incurriendo en la vulneración a sus derechos que constituyen el objeto procesal de la presente acción de defensa: a) No consideró que sufrió lesiones en su humanidad como producto de dicho incidente; además, omitió tomar en cuenta el procedimiento para la aprehensión ejecutada por la Policía Boliviana, dispuesto por el art. 227 del CPP y, obvió que, conforme al art. 261 del CPP, es previsible la improcedencia de su detención preventiva por el quantum de la pena aplicable al caso; y, b) Requiere de una intervención quirúrgica; sin embargo, la referida acta impide que sea trasladado a otro nosocomio hasta que se realice la audiencia de medidas cautelares. Ante ello, los demandados, señalan que el arresto tuvo por finalidad individualizar a los autores y partícipes del hecho investigado, por otro lado, el Fiscal de Materia asignado al caso determinó el cese del arresto; y, no se cumplió con el principio de subsidiariedad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Subsidiariedad excepcional en acción de libertad

Al respecto, la SC 0008/2010-R de 6 de abril, estableció que: “El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resultan ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad ya la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haber restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas” (las negrillas son añadidas).

III.2. Análisis del caso concreto

Delimitado el objeto de la presente acción de defensa, se tiene que, Narcizo Castañeta Aliaga, funcionario policial -codemandado-, emitió la papeleta de información y denuncia de 11 de julio de 2023, por la cual, denunció de oficio un hecho de tránsito acontecido la referida fecha, señalando que, como medida precautoria, “…se procedió a la aprehensión de ambos conducto[r]es…” (sic [Conclusión II.1]), entre ellos, Widen Schmitter Gonzales -hoy impetrante de tutela-. Posteriormente, Yván Ortiz Tristán, Fiscal de Materia asignado al caso, emitió la Resolución de 12 de julio de 2023, mediante la cual, dejó sin efecto el arresto del impetrante de tutela (Conclusión II.3); además, presentó memorial la misma fecha, comunicando el inicio de las investigaciones e imputando formalmente a Ariel Ramos Cuba -quien presuntamente también tuvo participación del hecho de tránsito ocurrido-; consiguientemente, la Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, señaló audiencia de consideración de situación jurídica para el 13 del citado mes y año a las 9:30 (Conclusión II.4). En ese contexto, en relación al punto a) del objeto procesal, el accionante refiere que, el funcionario policial codemandado, emitió un “acta de aprehensión” sin considerar que también sufrió lesiones a consecuencia del hecho de tránsito de 11 de julio de 2023; asimismo, señala que el prenombrado omitió tomar en cuenta el procedimiento para la ejecución de la aprehensión por la Policía Boliviana dispuesto por el art. 227 del CPP y, obvió que conforme al art. 261 del CPP, es previsible la improcedencia de su detención preventiva, debido a que la pena aplicable al caso es de uno a tres años de privación de libertad. Al respecto, esta instancia advierte que, mediante papeleta de información y denuncia de 11 de julio de 2023, se realizó una denuncia de oficio y “…se procedió a la aprehensión de ambos conducto[r]es” (sic [Conclusión II.1]) del hecho de tránsito suscitado en la misma fecha, entre ellos el accionante; además, como consecuencia de dicho acto se iniciaron las investigaciones dentro del proceso penal signado con CUD: 7011020301480, que fueron comunicadas a la Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz; es decir que, la presunta indebida privación de libertad del impetrante de tutela fue realizada dentro de un proceso penal que cuenta con control jurisdiccional. De lo anterior se advierte que, el accionante, se encontraba facultado para efectuar el reclamo por las presuntas irregularidades cometidas en el “acta de aprehensión” -que fueron denunciadas en la presente acción de defensa-, ante la autoridad judicial a cargo del referido proceso penal, quien de acuerdo a los arts. 54.1 y 279 del CPP, es competente para ejercer el control jurisdiccional de la investigación; y, en consecuencia, verificar y resolver los hechos denunciados, en caso de advertir lesiones a derechos fundamentales de las partes del proceso. En ese entendido, siendo que en el presente caso existen mecanismos específicos para restituir los derechos presuntamente lesionados del accionante, se advierte que no se cumplió con el principio de subsidiariedad desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; por lo que, corresponde denegar la tutela sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada respecto a este punto. Ahora bien, respecto al punto b) del objeto procesal, el accionante señala que su derecho a la salud y a la vida se encontrarían en riesgo, debido a que el “acta de aprehensión” impide que se efectúe su traslado a otro nosocomio a efectos de someterse a una cirugía; sin embargo, dicha enunciación no es suficiente para generar certeza de que de los mencionados derechos se encontrarían amenazados; máxime considerando que, según el Informe Médico Preliminar (Inicial) SOAT-FISO de 11 de julio de 2023, el accionante fue diagnosticado de la siguiente manera: “1. tec leve 2. Policontuso 3. Lesión ligamentosa rodilla izquierda?” (Conclusión II.2), estableciéndose un grado de lesión “LEVE”; de lo cual, no puede inferirse un riesgo real y cierto sobre el derecho a la vida.

Por consiguiente, considerando que la SCP 1278/2013 de 2 de agosto, estableció que: “…es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción”; y, toda vez que dicho peligro no fue advertido en la presente causa, corresponde denegar la tutela en relación al punto b) del objeto procesal. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 19/23 de 13 de julio de 2023, cursante de fs. 37 vta. a 39 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, aclarándose que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0507_2026-S2.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): 10355541b8d498a45da38cd4aee3a683bde1b842d299b0f871f0f97516559978

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