B.IA.LEGAL

SCP 0507/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 20 de mayo de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
20 de mayo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
52356-2022-105-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que, el Juez ahora accionado en reiteradas oportunidades suspendió la audiencia de cesación de la detención preventiva, que fue solicitada por memorial presentado el 9 de noviembre de 2022, sin que hasta la fecha de interposición de la acción de libertad sea resuelta, más aun cuando su causa no estaría radicada en el Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, a causa de la presentación de la acusación formal por el Ministerio Público. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; a tal efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 2) El principio de celeridad en las actuaciones procesales; 3) Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las leyes 1173 y 1226; 4) Competencia para conocer solicitudes con relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal; y, 5) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 09/22 de 2 de diciembre de 2022, cursante de fs. 36 a 38 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia:

1° CONCEDER en todo la tutela solicitada con relación a los derechos al debido proceso vinculado al principio de celeridad y a la libertad, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración que la concesión de la tutela se circunscribe exclusivamente a la dilación indebida atribuible al Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; en consecuencia:

a) Disponer que el Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, fije día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva de manera inmediata, salvo que por el transcurso del tiempo ese actuado procesal ya se hubiese efectuado.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales
  3. III.3. Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las leyes 1173 y 1226
  4. III.4. Competencia para conocer solicitudes con relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0507/2025-S1 Sucre, 20 de mayo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 52356-2022-105-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 09/22 de 2 de diciembre de 2022, cursante de fs. 36 a 38 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Luís Ríos Filipps en representación sin mandato de Oscar Daniel Arias Alcocer contra Jaime Rodrigo Buhezo Gómez, Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 1 de diciembre de 2022, cursante de fs. 9 a 13, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de María René Cabrera Aguilera contra su persona por la presunta comisión del delito de violación, previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP), se encuentra con detención preventiva desde el 9 de junio de 2022, en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz. En virtud de que la medida cautelar de la detención preventiva no causa estado, el 9 de noviembre de 2022, solicitó la cesación de su detención preventiva, fijándose la respectiva audiencia para el “23” de igual mes y año; es decir, fuera del plazo establecido por ley; además, que la misma fue suspendida por lo siguiente: a) No se procedió a su legal notificación, en razón a que el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, no gestionó dicha notificación a pesar que con anterioridad se pagó para que se efectúen las notificaciones; y, b) Del informe presentado por el referido Secretario se habría concluido la investigación; ya que, existiría una acusación formal contra su persona; por lo que, el Juez hoy accionado ya no podría tramitar su causa y que la autoridad competente será el Tribunal de Sentencia donde se “sorteará” esa causa; ante lo cual solicitó “reposición”; en consecuencia, el referido Juez dejó sin efecto su resolución y señaló nuevo día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva para el 30 del citado mes y año. En esa fecha se constituyó en estrados judiciales; empero, el auxiliar del mencionado Juzgado le indicó que ya remitió todo el “dossier jurisdiccional” ante el Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz y que el Juez hoy accionado ya no era competente para celebrar dicha audiencia. Se advierte que el “25 DE DICIEMBRE” de igual año, se remitió el cuaderno jurisdiccional ante el referido Tribunal, surgiendo el cuestionamiento de que si se cumplió con la mencionada remisión por qué se fijó audiencia de cesación de la detención preventiva. Por lo precedentemente señalado su persona se encontraría en absoluto estado de indefensión; puesto que, su causa penal al no encontrarse radicada aún en el Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, el Juez ahora accionado continuaría siendo competente en el mismo.

I.1.2. Derecho, garantía y principio supuestamente vulnerados

El accionante a través de representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; citando al efecto los arts. 115, 116 y 125 de la Constitución Política del Estado (CPE); 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que, el Juez hoy accionado señale día y hora de audiencia para considerar su situación jurídica y sea en el plazo de veinticuatro horas con base a los nuevos lineamientos y se proceda a la modificación de la medida de carácter personal de la detención preventiva.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 2 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 34 a 38 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: 1) El Juez hoy accionado señaló audiencia para el 30 de noviembre de 2022, al constituirse en esa, se le hizo conocer que su proceso penal ya fue remitido al Tribunal de Sentencia, el 28 de ese mes y año, a las 8:01 horas; empero, no fue sorteada para conocer cuál de los tres jueces resolverá su causa; 2) Conforme al Libro de Tomas de Razón que refiere “‘en fecha 1 de 2022’” (sic) su causa fue radicada “ayer” y no el 28 de igual mes y año; puesto que, cuando llega una causa se espera que se sortee y después se procede a radicar la causa; sin embargo, sorprendentemente el mismo día que se remitió se radicó la causa; es más cuando se interpuso la presente acción de libertad todavía no se radicó su causa; y, 3) Son tres los agravios que se hacen conocer: i) El plazo de las cuarenta y ocho horas del señalamiento de audiencia que el Juez ahora accionado no cumplió; ii) La programación de la referida audiencia para el 30 de noviembre de 2022, y paralelamente su causa “lo remite antes inclusive”; y, iii) Se analice bajo el principio de verdad material la existencia de contradicciones “en este auto”; ya que, no puede radicarse el mismo día y hora sin procederse “ese protocolo” que establece quien iba a ser el “Presidente”.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Jaime Rodrigo Buhezo Gómez, Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de libertad ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante de fs. 30 a 32.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías mediante Resolución 09/22 de 2 de diciembre de 2022, cursante de fs. 36 a 38 vta., resolvió conceder “parcialmente” la tutela solicita respecto al Juez hoy accionado, disponiendo que al encontrarse radicados los actuados procesales del presente caso ante el Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del referido departamento, el accionante debe acudir ante dicho Tribunal y solicitar la cesación de su detención preventiva si así lo ve por conveniente; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: a) El accionante refirió que pidió audiencia de cesación de la detención preventiva en virtud al art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP); asimismo, la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 8 de mayo de 2019-, señala que cuando se plantea la cesación de la detención preventiva por los incs. “1), 2), 5) y 6)” el juez o tribunal debe fijar audiencia para resolución dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, tomándose en cuenta los sábados y domingos; b) Cursa acta de suspensión de audiencia de cesación de la detención preventiva de 18 de noviembre de 2022, para el 25 de ese mes y año, por no proporcionarse fotocopias para notificar; es decir, fue suspendida fuera del plazo de cuarenta y ocho horas que establece el art. 239 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley 1173; así también, consta una acusación fiscal y el decreto de remisión del cuaderno jurisdiccional al Tribunal de Sentencia; además, se tiene otra acta de suspensión de audiencia de la cesación de la detención preventiva de 25 del citado mes y año, para el 28 de igual mes y año, también fuera de las cuarenta y ocho horas determinadas por ley, ese señalamiento de audiencia fue modificado ante el reclamo del abogado del acusado -accionante- para el 30 de igual mes y año, para que lo considere el Tribunal de Sentencia, teniéndose el Oficio 2137/2022 de 25 de noviembre, de remisión al Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, con la fecha de recepción de 28 del referido mes y año, cursando la radicatoria en esa misma fecha; c) Se concluye que el Juez hoy accionado señaló audiencia de casación de la detención preventiva más allá de los plazos establecidos por el art. 239.1 del CPP, la cual debió ser considerada dentro del término de ley, lo que vulneró los derechos entre ellos al debido proceso y las garantías constitucionales; y, d) Se fijó audiencia para que el Tribunal de Sentencia donde fuese sorteada su causa pueda llevar ese acto procesal, cuando -se entiende el Juez hoy accionado- tenía plena competencia para efectuar el mismo; ya que, los actuados procesales en esa fecha se encontraban ante dicho Juez, los cuales aún no se remitieron ni se sorteó ante el Tribunal de Sentencia correspondiente; por lo que, se concede parcialmente la tutela bajo la acción de libertad innovativa contra el Juez ahora accionado con la finalidad de que no se repitan esas sus acciones en lo futuro.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 9 de noviembre de 2022, ante Jaime Rodrigo Buhezo Gómez, Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora accionado-; Oscar Daniel Arias Alcocer -hoy accionante- solicitó se señale día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva (fs. 2 a 3). II.2. Consta Acta de Suspensión de Audiencia de Cesación de la Detención Preventiva de 18 de noviembre de 2022, emitida por el Juez hoy accionado, al no cursar notificaciones realizadas al Ministerio Público, al accionante y a la “Defensoría de la Niñez y Adolescencia” y a la víctima, suspendiéndose la referida audiencia para el 25 de ese mes y año; además, que el imputado -accionante- por memorial de 17 de ese mes y año, solicitó la suspensión de la citada audiencia (fs. 4). II.3. Cursa impresión de una parte del documento de Acta de Suspensión de Audiencia de 25 de noviembre de 2022, por la cual el Juez hoy accionado a solicitud del accionante, fijó la fecha de audiencia de cesación de la detención preventiva para el 30 de ese mes y año a las 15:00 horas, en la que se produjeron los siguientes actuados:

La abogada del accionante refirió que independientemente que exista o no pliego acusatorio y mientras el “juez de sentencia” no radicó la causa, el Juez hoy accionado continúa siendo competente para llevar la audiencia de cesación de la detención preventiva, debiéndose tomar en cuenta que el accionante se encuentra detenido preventivamente por más de cinco meses, solicitando que se pueda efectuar su audiencia; ya que, hasta el “lunes” el Tribunal de Sentencia no radicará su causa, continuando siendo competente para conocer cuestiones accesorias el Juez ahora accionado de acuerdo a lo establecido por el art. 44 del CPP. En respuesta el Juez hoy accionado, señaló que conforme al entendimiento constitucional, si la autoridad judicial señaló audiencia de cesación antes de la presentación del pliego acusatorio tiene la ineludible obligación de llevar adelante esa audiencia, aspecto que no es aplicable al presente caso; puesto que, el pliego acusatorio ya fue presentado antes del señalamiento de la referida audiencia “…que estos disponiendo el día de hoy se va disponer que en el transcurso del día de hoy se remita este expediente ante el Tribunal de Sentencia a los efectos no exista olive legal para que este Tribunal que Tiene competencia de conformidad la art.325 núm. 1 y artículos 54 lleve adelante esta audiencia señalada para el día lunes a horas 15” (sic). A lo que la abogada del accionante pidió de que se modifique la fecha en razón de que “…hasta el lunes no va prácticamente no se va hacer ni el sorteo de presidencia ni va estar registrado” (sic [fs. 5]). II.4. Por Oficio 2137/2022 de 25 de noviembre, dirigido al Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; el Juez ahora accionado remitió el expediente original con acusación formal, correspondiente al proceso penal del accionante (fs. 6).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que, el Juez ahora accionado en reiteradas oportunidades suspendió la audiencia de cesación de la detención preventiva, que fue solicitada por memorial presentado el 9 de noviembre de 2022, sin que hasta la fecha de interposición de la acción de libertad sea resuelta, más aun cuando su causa no estaría radicada en el Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, a causa de la presentación de la acusación formal por el Ministerio Público. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; a tal efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 2) El principio de celeridad en las actuaciones procesales; 3) Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las leyes 1173 y 1226; 4) Competencia para conocer solicitudes con relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal; y, 5) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, señala que: “La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.

Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos –SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.

Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad” (las negrillas son nuestras).

III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales

Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, sostiene que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto por el art. 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); puesto que, el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia. En cuanto a la celeridad exigida a toda autoridad que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, dicho principio debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también, la seguridad jurídica; más aún, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.1. establece que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud” (las negrillas son nuestras).

III.3. Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las leyes 1173 y 1226

La SCP 0787/2022-S1 de 12 de agosto, expresa que: “La Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, implementó procedimientos para agilizar la tramitación de las causas penales, descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de justicia; en su Capítulo III, específicamente el art. 8 incluyó modificaciones y sustituciones a las normas del Código de Procedimiento Penal, entre las que se encuentran el art. 239, que en lo relativo al pedido de cesación de la detención preventiva por las causales que se hallaban previstas en los numeras 1 y 4 de dicha norma, establecía que se debía señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco días. Si bien hasta antes de la promulgación de la Ley 586, este Tribunal dejó estableció que para la procedencia de la protección que brinda la acción de libertad, ante la falta de pronunciamiento oportuno dentro de una solicitud de medidas cautelares que afecta el derecho a la libertad física del imputado, dicha petición debía ser atendida dentro del plazo razonable de tres días, en el que debía fijarse día y hora de realización de la audiencia correspondiente y procederse con las notificaciones respectivas -SCP 0110/2012 de 27 de abril-; con la modificación efectuada al art. 239 del CPP por la referida Ley, dicho plazo fue regulado a cinco días. Sin embargo, el plazo en el que debe llevarse a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva, así como el trámite que debe imprimirse a dicho pedido de acuerdo a la casual invocada, ha sido modificado mediante la Ley 1173, que entró en vigencia el 4 de noviembre de igual año, e introdujo las modificaciones al art. 239 del CPP; empero, dicha Ley a su vez fue modificada por la Ley de Modificación a la Ley 1173 -Ley 1226 de 23 de septiembre de 2019-, y esta a su vez fue modificada por la Ley de Protección a las Victimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño y Adolescente, de manera tal que texto vigente del art. 239 del citado Código, es el siguiente: Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales:

1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención;

No será aplicable el presente numeral en los delitos de feminicidio, infanticidio y/o violación de infante, niña, niño o adolescente; 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12)

meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas; 5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o,… 6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas. Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código.

La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente. Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código (…). Por lo tanto, el precepto vigente del art. 239 del CPP, establece que ante la petición de cesación de las medidas cautelares personales basada en la existencia de nuevos elementos que evidencien que no concurren los motivos que la fundaron o se torne conveniente que sea sustituida por otra medida; así como cuando se funda en las causales previstas en los numerales 2, 5 y 6 de dicha norma, el juez o tribunal que conozca de tal solicitud deberá señalar audiencia para la resolución de la solicitud de cesación de la detención preventiva dentro de las cuarenta y ocho horas, debiendo tramitarla con la mayor celeridad posible en el nuevo plazo estipulado. Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, debe tramitarla con celeridad y dentro del plazo establecido por el art. 239 del CPP, puesto que el incumplimiento de esta obligación impuesta por dicha norma, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud. Respecto del plazo en el cual deben ser providenciadas las peticiones efectuadas mediante los memoriales presentados, de conformidad con el art. 132.1 del CPP, salvo disposición contraria de dicho Código, el juez o tribunal, deberá dictarlas cuando se traten de mero trámite dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme lo entendió la SCP 0110/2012, ya que en el caso de retrasar o aplazar su emisión, no solo se lesiona el derecho a la libertad del impetrante de tutela, sino que el juzgador incurrirá en una falta grave, debido a la demora culpable en la que incurre; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán providenciar los escritos que presenten los imputados dentro del plazo de veinticuatro horas y señalar las audiencias respectivas dentro del término establecido, a efecto de no lesionar el derecho a la libertad de los detenidos preventivamente, sin que sea una excusa para el incumplimiento de esta obligación la excesiva carga procesal, pues su inobservancia, atenta el derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad”.

III.4. Competencia para conocer solicitudes con relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal

La SCP 0705/2021 S1 de 24 de noviembre, establece que: “Ahora bien, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional no es estática, sino dinámica, evolutiva, que va mutando, complementando, modulando, cambiando o reconduciendo la línea, en busca de precautelar el respeto y la vigencia plena de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. En este entendido, habiéndose realizado el examen de la línea jurisprudencial respecto a la competencia de los jueces y tribunales para resolver las solicitudes de cesación a la detención preventiva, cuando se presentó la acusación fiscal, a la luz de la Constitución Política del Estado y de conformidad con los arts. 325 y 344 del CPP, modificados por el art. 8 de la Ley 586; corresponde de manera expresa efectuar una reconducción de la línea jurisprudencial, haciendo efectivos los principios de celeridad, seguridad jurídica y los derechos a la defensa, al debido proceso y a una justicia efectiva y sin dilaciones; por lo que, con relación a la competencia del juez de instrucción penal para conocer la cesación de la detención preventiva ante la interposición de una acusación fiscal; corresponde reconducir la línea establecida por la SC 0487/2005 a lo señalado en la SC 1584/2005-R de 7 de diciembre, que indica:

…cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación...

Precedente del cual se establece que mientras no se radique la causa en el juzgado o tribunal de sentencia penal al que se derivó la misma, el juzgado remitente sigue teniendo competencia para resolver solicitudes de cesación o modificación de medidas cautelares.

Reconducción que se realiza de conformidad con la Norma Suprema y con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, que señalan que los privados de libertad, tienen derecho a la defensa, al debido proceso, al acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, entre otros, que le facultan a interponer solicitudes de cesación de la detención preventiva en cualquier momento, hasta antes de ejecutoriada la sentencia; tomando en cuenta que, la imposición de esta medida, no causa estado y puede ser modificada en cualquier tiempo; y toda vez que, el juez de instrucción penal tiene el control jurisdiccional de la causa en la etapa preparatoria, es ésta, la autoridad que debe conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares, pese a la presentación de la acusación fiscal, siendo plenamente competente hasta que la causa sea radicada ante el juzgado o tribunal de sentencia penal, lo contrario, conllevaría dejar al imputado en incertidumbre jurídica.

En este punto, es importante remarcar que toda autoridad que conozca una solicitud efectuada por una persona privada de libertad, debe atenderla con la mayor celeridad posible; es decir, de forma pronta y oportuna, o en su caso, dentro de un plazo razonable, debiendo adoptar las medidas necesarias para resolver con prontitud la situación de los imputados con detención preventiva. Si bien el art. 239 del CPP vigente dispone cuarenta y ocho horas como plazo para celebrar la audiencia de cesación de la detención preventiva, esto no significa que debe esperarse hasta el último momento para llevar adelante la misma, correspondiendo aplicar los valores y principios constitucionales, previstos en el art. 8, complementado por los arts. 115 y 180.I, todos de la CPE, que establecen que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en el principio procesal de celeridad, entre otros; motivo por el cual, los jueces de instrucción penal deben señalar las audiencias con la mayor prontitud posible; y, no deben suspenderlas sin razón justificable, de no ser así, se provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido que repercute o afecta a su libertad, sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su petición; sino, se refiere a que sea escuchado oportunamente.

En este marco, se debe precisar algunas subreglas para los supuestos en los que presentada la acusación, se formulen solicitudes de cesación de la detención preventiva: 1) Los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal; así como para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación; y, 2) Presentada la acusación, el juez de instrucción penal, remitirá los antecedentes ante el juez o tribunal de sentencia penal dentro del plazo señalado en el art. 325 del CPP, debiendo quedarse en su lugar una copia de aquellas piezas procesales indispensables para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; una vez concluida la audiencia y demás actuados, debe remitirlos junto a la resolución pronunciada en audiencia, ante el juez o tribunal de sentencia penal, que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente” (las negrillas nos corresponden).

III.5. Análisis del caso concreto

El accionante a través de representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que, el Juez ahora accionado en reiteradas oportunidades suspendió la audiencia de cesación de la detención preventiva, que fue solicitada por memorial presentado el 9 de noviembre de 2022, sin que hasta la fecha de interposición de la acción de libertad sea resuelta, más aun cuando su causa no estaría radicada en el Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, a causa de la presentación de la acusación formal por el Ministerio Público. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene el memorial presentado el 9 de noviembre de 2022, ante el Juez ahora accionado; por el que el accionante solicitó se señale día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva (Conclusión II.1.). Así también, consta el Acta de Suspensión de Audiencia de Cesación de la Detención Preventiva de 18 de ese mes y año, emitida por el Juez hoy accionado; ya que, no se encontrarían notificados el Ministerio Público, el accionante, la “Defensoría de la Niñez y Adolescencia” y a la víctima, suspendiéndose la referida audiencia para el 25 de igual mes y año (Conclusión II.2.); asimismo, cursa impresión de una parte del documento de Acta de Suspensión de Audiencia de 25 de igual mes y año, por la cual el Juez hoy accionado a pedido del accionante, modificó la fecha de audiencia de cesación de la detención preventiva para el 30 de ese mes y año, a las 15:00 horas (Conclusión II.3.); y, por Oficio 2137/2022, dirigido al Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; el Juez ahora accionado en virtud al decreto de 24 de noviembre de 2022 y la Resolución de audiencia de 25 del señalado mes y año, remitió el “expediente” en original con acusación formal, correspondiente al proceso penal del accionante (Conclusión II.4.). Ahora bien, conforme a lo desarrollado en los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, toda autoridad que conozca de una solicitud, en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, debe ser tramitada con la mayor celeridad posible, caso contrario, provocaría una restricción indebida del citado derecho. Por cuanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, al referirse a las dilaciones indebidas relacionadas con la libertad, entre otras establece que constituyen las mismas: disponer trámites o procedimientos no previstos por ley; y, suspender la audiencia programada por motivos injustificables que no son causales de nulidad.

En ese contexto, inicialmente se advierte que la solicitud de cesación de la detención preventiva efectuada mediante memorial presentado el 9 de noviembre de 2022, mereció el señalamiento de audiencia para el 18 del mismo mes y año, la cual fue suspendida para el 25 del referido mes y año, a causa de que no se efectuaron las notificaciones y por la propia solicitud del accionante de suspensión de audiencia realizada por el memorial de 17 de igual mes y año; en ese sentido, se evidencia que la audiencia fijada para el 25 de ese mes y año, no fue programada dentro de las cuarenta y ocho horas, y que también fue nuevamente suspendida, esta vez para el 30 de igual mes y año, con el argumento de que el proceso penal del accionante se encontraría con pliego acusatorio presentado antes del señalamiento de la referida audiencia; por lo que se dispondría que en el transcurso del “…día de hoy se remita este expediente ante el Tribunal de Sentencia…” (sic) a efectos de que tiene competencia para efectuar la audiencia señalada para el “lunes” a las 15:00 horas; sin embargo, a solicitud del accionante se suspendió ese actuado procesal en razón que hasta el “lunes” no se efectuaría el sorteo de presidencia “ni va estar registrado”. Con los antecedentes citados precedentemente, se puede evidenciar que desde el 9 de noviembre de 2022, que el accionante solicitó la audiencia de cesación de la detención preventiva de conformidad al art. 239.1 del CPP, la cual fue fijada para el 18 de igual mes y año; es decir, no cumplió con el plazo de cuarenta y ocho horas para su señalamiento generando desde ya una dilación, reiterando esa actuación cuando ese acto procesal fue suspendido para el 25 de ese mes y año, después de dicho plazo, incumpliendo lo dispuesto expresamente el art. 239 del CPP y la jurisprudencia establecida en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional; por lo que, el Juez ahora accionado no cumplió con su deber de actuar con la debida celeridad que corresponde imprimir a los trámites referidos a la revisión de las medidas cautelares de carácter personal; en ese entendido, la actuación omitida dio lugar a una dilación injustificada en la realización de la audiencia mencionada, impidiendo que se resuelva la cesación de la detención preventiva del accionante, lo que efectivamente constituye en actos dilatorios que no condicen con el principio de celeridad, cuando la obligación del Juez hoy accionado es señalar la audiencia dentro del plazo previsto por el Código de Procedimiento Penal, y en el actuado cuestionado, una vez suspendida la audiencia, inmediatamente debió fijar una nueva dentro del plazo establecido precedentemente.

Por otra parte, la audiencia de 25 de noviembre de 2022, suspendida para el 30 de igual mes y año, fecha que si bien fue fijada a solicitud del accionante en razón que “…hasta el lunes no va prácticamente no se va hacer ni el sorteo de presidencia ni va estar registrado” (sic); empero, los motivos por los que el Juez ahora accionado suspendió dicha audiencia son propios de que existía una acusación formal planteada por el Ministerio Público de la cual no consta fecha de presentación; sin embargo, no es menos cierto que al 25 de ese mes y año, el proceso penal aún se encontraba radicando en el Juzgado de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz a cargo del Juez hoy accionado y es recién en la indicada fecha que se dispuso la pretendida remisión al respectivo Tribunal de Sentencia; por lo que, con relación a que el citado Juez hubiese perdido competencia inmediatamente ante la presentación de la acusación formal, ese criterio contraviene el Fundamento Jurídico III.4. del presente fallo constitucional, que en la subregla 1) establece que los “…jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal…” (las negrillas nos corresponden), más aún si en el presente caso, se constituía en un actuado pendiente de realización al tratarse de una audiencia de cesación de la detención preventiva que fue suspendida, debido a lo cual el Juez hoy accionado era competente aún para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante, ahora bien en caso de que ya hubiese remitido el proceso penal ante el Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, esa autoridad judicial de acuerdo a la subregla 2) determinada en el referido Fundamento Jurídico, debió quedarse con una copia de las piezas procesales indispensables para resolver la mencionada solicitud y una vez resuelta remitir dicho antecedente al citado Tribunal; debido a lo cual la persona procesada penalmente no puede quedar en incertidumbre respecto a una solicitud que verse sobre su derecho a la libertad; y, respondiendo a tal finalidad, es que corresponde reafirmar la posición previamente asumida por la jurisprudencia constitucional, permitiendo aplicar las subreglas precedentes, de manera que el derecho a la libertad de los procesados se encuentre debidamente garantizado, materializando de esa manera la vigencia de derechos, garantías y principios, como lo es el derecho a la libertad. En ese contexto, se evidencia la vulneración del derecho al debido proceso vinculado al principio de celeridad y a la libertad; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada a través de la acción de libertad traslativa y de pronto despacho, debiendo en la audiencia de cesación de la detención preventiva considerarse si corresponde o no la modificación de la detención preventiva del accionante, no siendo facultad de la jurisdicción constitucional inmiscuirse en la labor de la jurisdicción ordinaria. Asimismo, es pertinente considerar la condición de la víctima y la protección reforzada con la que cuenta; en ese sentido, se recomienda al Juez ahora accionado que en el desarrollo del proceso penal debe cumplir su obligación de considerar en sus razonamientos y labor judicial un enfoque interseccional, herramienta que conforme lo señalado en la doctrina y la jurisprudencia constitucional permite: “…analizar posibles lesiones a derechos fundamentales de las víctimas en procesos judiciales; mismo que no conlleva ninguna vulneración o desconocimiento de los derechos de la parte procesada, pues ese enfoque interseccional comprende un análisis jurídico de las categorías de vulnerabilidad utilizadas como herramientas para identificar situaciones específicas en las que se encuentran las víctimas de violencia sexual y los requerimientos de protección reforzada que deben otorgarse a la misma, observando la complejidad y diversidad de las fuentes que generan cada categoría…”, considerando al efecto que en su alcance, dimensión y eficacia práctica de aplicación: “…estos criterios de interpretación pueden variar de acuerdo a la identidad, los intereses, las desventajas, la composición o jerarquías internas de este grupo vulnerable, siendo necesario abordar los mismos bajo una perspectiva reflexiva visualizando la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos que se hallan comprometidos, siendo que el primero comprende que la satisfacción de un derecho o un grupo de derechos depende de la garantía y materialización de otro derecho; en tanto que, la indivisibilidad implica una perspectiva holística de los derechos humanos, como un todo; por lo que, la transgresión de uno impacta negativamente en otros; (…) criterios interpretativos que deben ser considerados por las autoridades jurisdiccionales al momento de pronunciarse sobre un determinado motivo…” (SCP 0587/2020-S3 de 24 de septiembre, entre otras). Por lo que, esa demora también perjudica a la víctima generándole una afectación indirecta; ya que, el caso se encuentra vinculado a un delito de violación, contexto en el cual el Estado tiene el deber de actuar con la debida diligencia. Finalmente, se precisa que la concesión de tutela se limita a ordenar que el Juez hoy accionado fije día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva, con la finalidad de su resolución; sin pronunciarse sobre el fondo de la situación jurídica del accionante, cuya valoración corresponde al referido Juez, quien debe garantizar la debida protección de los derechos de la víctima. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder “parcialmente” la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 09/22 de 2 de diciembre de 2022, cursante de fs. 36 a 38 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia:

1° CONCEDER en todo la tutela solicitada con relación a los derechos al debido proceso vinculado al principio de celeridad y a la libertad, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración que la concesión de la tutela se circunscribe exclusivamente a la dilación indebida atribuible al Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; en consecuencia:

a) Disponer que el Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, fije día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva de manera inmediata, salvo que por el transcurso del tiempo ese actuado procesal ya se hubiese efectuado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0507_2025-S1.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): a559d57d2fca19857e1a981c93af2f110279f4e6c6e843680bded6290dcee3a5

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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