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SCP 0507/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 19 de junio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
19 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
46286-2022-93-AL
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes, denunciaron la lesión del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; y de su derecho a la libertad; puesto que, la autoridad ahora demandada, mantuvo en el Auto de Vista 44, la determinación de la extrema medida de la detención preventiva dispuesta por el Juez a quo, admitiendo como existente el peligro de obstaculización contenido en el art. 235.2 del CPP, sin explicar ni fundamentar sobre qué elementos certeros o fehacientes de convicción o probatorios, fundó su decisión. En revisión, corresponde verificar si lo alegado por los impetrantes de tutela es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 002/2022 de 11 de marzo, cursante de fs. 112 vta. a 116, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de Potosí; en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los términos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales en las que se analice la situación jurídica del imputado
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0507/2023-S4 Sucre, 19 de junio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 46286-2022-93-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 002/2022 de 11 de marzo, cursante de fs. 112 vta. a 116; pronunciada, dentro de la acción de libertad interpuesta por Everson Gonzales Poquechoque en representación sin mandato de Jaime Ramos Arce, Esteban Javier Yucra y Leonel Gil contra Juan Carlos Ramírez Flores, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 10 de marzo de 2022, cursante de fs. 1 a 10 vta., los accionantes, a través de su representante sin mandato, manifestaron los siguientes argumentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, se encuentran detenidos preventivamente en el Centro Penitenciario de Cantumarca de Potosí. Señalan que, durante la celebración de la audiencia de medidas cautelares, el Ministerio Público no presentó ni produjo ningún elemento probatorio para acreditar los riesgos de fuga y obstaculización; sin embargo, en un acto ilegal, el Juez de la causa dio como acreditados los riesgos procesales, sin la debida y correcta fundamentación y motivación, y sin valorar los elementos de prueba incorporados por su parte; para establecer, las circunstancias de peligro de fuga previsto por el art. 234 numerales 1, 2 y 7; y el riesgo de obstaculización, estipulado por el art. 235.2, ambos, del Código de Procedimiento Penal (CPP); aspecto que, fue reclamado ante el Vocal de la Sala Penal Primera del departamento de Potosí, sin que dicha restricción a su derecho a la defensa, hubiera sido considerada y resuelta, advirtiendo la flagrante violación a su derecho constitucional y que tuvo como resultado, la emisión de un fallo ilegal que, aunque acogió favorablemente el agravio relativo a la inexistencia de las causas señaladas por el art. 234.7 de la norma procesal penal, confirmó y mantuvo de forma ilegal, el peligro de obstaculización con la finalidad de mantener subsistente su ilegal detención. Con relación a lo previsto por el art. 235.2 del CPP; el Juez a quo consideró que, existe pluralidad de imputados; y que, según el informe de 21 de enero de 2022 emitido por el investigador asignado al caso, al momento de interceptar a los imputados, éstos no eran los únicos ciudadanos que se encontraban en dicho lugar, sino que también advirtió la presencia de otras personas que se hubieran dado a la fuga; y en ese sentido, al existir otros presuntos autores del ilícito penal que se investiga, se presumió que los ahora imputados con seguridad influirán de forma negativa sobre esos otros sujetos no identificados, conclusión sustentada únicamente en el informe del investigador del caso; de manera que, no se determinó de qué forma existiría dicha influencia negativa, y peor aún, no se identificó objetivamente sobre quiénes, no siendo válido mencionar simplemente que existían otros presuntos autores que se hubieran dado a la fuga; sin que, exista elemento de convicción que demuestre tal circunstancia. La apelación incidental, radicó en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a cargo del Vocal Juan Carlos Ramírez Flores, ahora demandado, quien lejos de resolver conforme a los argumentos de su recurso, extrajo sus propias conclusiones; y por Auto de Vista de 4 de febrero de 2022, si bien declaró parcialmente procedente el recurso de apelación incidental; sin embargo, mantuvo íntegra la determinación de mantener la extrema medida de la detención preventiva, dando por bien hecho lo determinado por el Juez a quo con relación a la circunstancia contenida en el art. 235.2 del CPP; basando su decisión, en elementos que fueron invocados por el Ministerio Público de forma tergiversada y acogidos por el Juez cautelar de forma insólita, basado en la misma relación fáctica objeto de imputación; en sentido que, existiría pluralidad de partícipes para sostener la concurrencia de dicho riesgo procesal; sin que, existan elementos verificables para determinar de qué forma los ahora imputados ejercerían influencia negativa entre sí; y peor aún, que ya se había demostrado que los tres imputados tendrían distintos domicilios, dos en la ciudad de Cochabamba y uno en Santa Cruz; lo que, resulta paradójico en el fallo emitido por el Vocal ahora demandado, quien concluyó en que su libertad influenciaría negativamente entre sí; sin embargo, mantuvo una detención preventiva en común, en un mismo Recinto Penitenciario para los tres imputados, restringiéndoles de su derecho a la libertad por la presunta necesidad de no obstaculizar la investigación y la averiguación de la verdad histórica de los hechos; sin considerar que, la detención domiciliaria en los inmuebles acreditados, cumpliría con el mismo fin, y peor aún, no se fundamentó de manera individualizada de qué forma los imputados en libertad, influirían entre sí y que la simple pluralidad de partícipes no es fundamento suficiente para su determinación; tal como se estableció, por la jurisprudencia constitucional.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Los impetrantes de tutela denunciaron la lesión al debido proceso en su vertiente de motivación y fundamentación y el derecho a la libertad, citando los arts. 21.7, 22, 23, 115, 117 de la Constitución Política del Estado (CPE); 3 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); 1 y 8 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); 10, 11 y 12 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron que se les conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga la restitución de su derecho a la libertad, presunción de inocencia, debido proceso; por cuanto, no corresponde la detención preventiva, porque no concurren las circunstancias de obstaculización descritas en el art. 235.2 del CPP. Ante lo cual, pidieron que se deje sin efecto el Auto de Vista 44 de 4 de febrero de 2022 y se disponga que se pronuncie nueva resolución, dejando sin efecto su detención preventiva.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 11 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 110 a 112 vta.; presentes los accionantes asistidos de su abogado y la autoridad demandada; y, ausente el representante del ministerio público, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de libertad y ampliándolos señaló que: a) El Auto de Vista 44, respecto al riesgo procesal de obstaculización no contiene una debida motivación y fundamentación, porque se apartó de los cánones de razonabilidad, equidad y proporcionalidad para establecer su concurrencia; es más, el Vocal hoy demandado no hizo referencia al informe policial, que en su momento se hubiera considerado para establecerlo; y, b) La pluralidad de imputados, no puede ser suficiente para configurar riesgo de obstaculización, porque la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019– establece que para la concurrencia de riesgos procesales, llámese de fuga u obstaculización, debe existir una información precisa, confiable; y al margen de ello, acompañar pruebas, lo que no ocurrió en el caso analizado.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Juan Carlos Ramírez Flores, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, por informe presentado de 11 de marzo de 2022, cursante a fs. 62 y vta. y en audiencia, manifestó lo siguiente: 1) El abogado de la defensa no denunció como agravio en su recurso, lo relativo a la pluralidad de autores; la Resolución se pronunció, sobre los fundamentos y agravios de la defensa, conforme previene el art. 398 del CPP; y, 2) Se otorgó una fundamentación y motivación debida; la cual, no siempre debe ser ampulosa sino concreta, precisa y entendible.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de Potosí, constituido en Tribunal de garantías, a través de la Resolución 002/2022 de 11 de marzo, cursante de fs. 112 vta. a 116, denegó la tutela impetrada exponiendo los siguientes fundamentos: i) Se determinó la detención preventiva de los ahora accionantes, al considerar la existencia de riesgo de fuga, previsto por el art. 234 numerales 1, 2 y 7 del CPP; así como, el de obstaculización, estipulado por el art. 235.2 del mismo Código; fundamentando con relación a este último, en sentido que existió pluralidad de imputados, basándose en el informe presentado por el investigador asignado al caso dependiente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN); en el cual, se indica que en el lugar donde hubieran sido interceptados, también se encontraban otras personas que se dieron a la fuga. En ese sentido, una vez presentada la apelación, resuelta por el Vocal ahora demandado, si bien le da la razón de manera parcial; sin embargo, mantuvo la detención preventiva, confirmando el riesgo de que son varios imputados, sin una debida fundamentación y motivación; ya que, no se individualizó la conducta de cada uno de ellos, con el argumento que al encontrarse en libertad, podrían influir negativamente; ii) El Juez a quo, dictó su resolución considerando la prueba obtenida en la etapa preparatoria como son los informes, muestras fotográficas, actas de requisas a personas, acta de secuestro de sustancias controladas y declaraciones informativas de los acusados, entre otros, que no pueden ser valoradas por la justicia constitucional; considerándose asimismo, que la Resolución impugnada expone motivación, fundamentación y congruencia; iii) Para que el Tribunal de garantías analice la misma, deben concurrir tres elementos; primero, que las autoridades se aparten de los marcos legales de razonabilidad y equidad; segundo, que omitan arbitrariamente la consideración de las pruebas; y tercero, que la autoridad demandada hubiera basado su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente, al que se trajo a resolver; aspectos que, no fueron demostrados por los impetrantes de tutela; y, iv) Tampoco se demostró la relevancia constitucional en el ámbito de la vulneración de un derecho ligado a la libertad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de Jaime Ramos Arce, Esteban Javier Yucra; y, Leonel Gil –impetrantes de tutela–, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, conforme consta en el Acta de audiencia de Imputación Formal y Solicitud de Aplicación de Medidas Cautelares de 22 de enero de 2022, el Juez Cautelar Penal Sexto del departamento de Potosí dispuso su detención preventiva por tres meses; al considerar que, existían los siguientes riesgos procesales: a) No tienen trabajo u ocupación; b) En relación con lo previsto por el art. 235.2 del CPP; señaló que, al existir pluralidad de imputados, existía el riesgo de que los ahora accionantes, influyan de forma negativa en las personas que probablemente son también parte del hecho, porque se encontraban en el lugar y se dieron a la fuga, conforme a los datos del proceso, y de manera concreta el informe de 21 de enero de 2022, suscrito por el Investigador asignado al caso; y, c) Igualmente, el art. 234.7 de la norma procesal penal; es decir, que eran un peligro para la sociedad (fs. 63 a 69 vta.). II.2. Apelada tal Resolución, el Vocal Juan Carlos Ramírez, Presidente de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, a través de Auto de Vista 44 de 4 de febrero de 2022 declaró parcialmente procedente el recurso, señalando que el Juez del proceso, al valorar la existencia del riesgo procesal relativo a la probabilidad de autoría, fundamentó y motivó su decisorio y describió cada uno de los elementos de prueba presentados; igualmente, en cuanto a no haberse acreditado el trabajo u ocupación de los imputados. En cuanto a lo previsto por el art. 235.2 del CPP, los solicitantes de tutela no generaron como agravio, la pluralidad de autores o partícipes que puede generar y viabilizar una influencia negativa. Finalmente, desestimó la existencia del riesgo procesal señalado por el art. 234 inc. 7) de la norma procesal penal (fs. 70 a 74 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes, denunciaron la lesión del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; y de su derecho a la libertad; puesto que, la autoridad ahora demandada, mantuvo en el Auto de Vista 44, la determinación de la extrema medida de la detención preventiva dispuesta por el Juez a quo, admitiendo como existente el peligro de obstaculización contenido en el art. 235.2 del CPP, sin explicar ni fundamentar sobre qué elementos certeros o fehacientes de convicción o probatorios, fundó su decisión. En revisión, corresponde verificar si lo alegado por los impetrantes de tutela es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales en las que se analice la situación jurídica del imputado

La SCP 0153/2022-S4 de 18 de abril, al respecto precisó que: “Considerando que las medidas cautelares, ostentan los caracteres de excepcionalidad, instrumentalidad, provisionalidad, temporalidad y variabilidad, provocando que su aplicación y vigencia esté regida por determinados requisitos procesales, cuya verificación de cumplimiento está a cargo de la autoridad jurisdiccional competente que conoce la causa en cada una de las etapas del proceso penal, trasciende la obligación de las mismas de fundamentar y motivar suficiente y debidamente la decisión de imponer, modificar o revocar una medida cautelar. Entonces, todas las autoridades jurisdiccionales en general y, específicamente los jueces, tribunales y salas constitucionales que conocen una solicitud de aplicación de medidas cautelares, deben fundamentar suficientemente sus decisiones, en ese entendido se pronunció la SCP 0759/2010-R de 2 de agosto, con el siguiente razonamiento: `…la jurisprudencia constitucional ha dejado establecido que el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada; es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Consecuentemente, cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión. En ese entendido, ‘…toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución, tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso sino que también la decisión está normada por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de resolver los hechos juzgados, sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se tienen los canales que la Ley Fundamental le otorga para que, en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales y así pueda obtener una resolución que ordene la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir, del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento, una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, las SSCC 1369/2001-R, 0752/2002-R…’

‘Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa, no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’ (SC 1365/2005-R de 31 de octubre)” (las negrillas son nuestras).

En ese marco, la resolución que determine la procedencia de la detención preventiva como disposición que es viable cuando las demás medidas cautelares personales sean insuficientes para asegurar la presencia del imputado y el no entorpecimiento de la averiguación del hecho, conforme señala la SC 0782/2005-R de 13 de julio, debe igualmente ser motivada; de manera que, se establezca la concurrencia de los requisitos señalados por el art. 233 del CPP vigente; es decir, que el imputado(s) es con probabilidad, autor o partícipe del hecho punible; y, que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad. La indicada Resolución constitucional señala: “… entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar… De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP…”.

III.2. Análisis del caso concreto

Los solicitantes de tutela denunciaron la lesión del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; y, de su derecho a la libertad; puesto que, la autoridad ahora demandada, mantuvo en el Auto de Vista 44, la determinación de la extrema medida de la detención preventiva dispuesta por el Juez a quo, admitiendo como existente el peligro de obstaculización contenido en el art. 235.2 del CPP, sin explicar ni fundamentar sobre qué elementos certeros o fehacientes de convicción o probatorios, fundó su decisión. Una vez identificada la problemática planteada, corresponde a continuación revisar los antecedentes procesales contenidos en la presente acción tutelar, de donde se evidencia que los accionantes se encuentran sometidos a un proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, causa en la cual, el Juez de Instrucción Penal Sexto del departamento de Potosí, dispuso su detención preventiva por tres meses, conforme consta en el Acta de audiencia de imputación formal y solicitud de aplicación de medidas cautelares de 22 de enero de 2022, al considerar que los imputados: 1) No cuentan con trabajo u ocupación (art. 234.1); 2) Existe pluralidad de imputados; y por lo mismo, persiste el riesgo de que los impetrantes de tutela influyan de forma negativa en las personas, que probablemente son también parte del hecho, porque se encontraban en el lugar de la aprehensión y se dieron a la fuga, conforme a los datos del proceso y de manera concreta, al informe de 21 de enero de 2022 suscrito por el investigador asignado al caso (art. 235.2 del CPP); y, 3) Constituyen un peligro para la sociedad (art. 234.7 del CPP). Contra la determinación asumida, los ahora solicitantes de tutela interpusieron recurso de apelación incidental, que tal como se resumió en el Auto de Vista 44, inserto en el acta de audiencia pública de consideración y resolución de apelación incidental de medida cautelar, refleja que expusieron entre otros agravios, el relativo al peligro de obstaculización, previsto por el art. 235.2 del CPP, objeto de la presente acción de defensa; respecto al cual, denunciaron que en el marco de la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio, la autoridad demandada no consideró que el Juez del proceso, basó su decisión en meras suposiciones o presunciones; puesto que, no se acreditó que se encontraban en posesión de las sustancias controladas y que existían otras personas en el lugar de la aprehensión, y menos que ellas se hubieran dado a la fuga; de manera que, no se justificó ni motivó cómo es que se iría a generar esa influencia negativa, si dichos sujetos no fueron identificados. El Auto de Vista 44 emitido por Juan Carlos Ramírez, Presidente de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí – ahora demandado–, determinó declarar admisible y procedente parcialmente el recurso de apelación, acogiendo favorablemente la inexistencia del riesgo procesal señalado por el art. 234.7 del CPP por ausencia de medios probatorios; y, denegó los agravios relativos al peligro de fuga inscritos en el art. 234 numerales 1 y 2 de la misma disposición legal; sin embargo, en cuanto al peligro de obstaculización descrito por el art. 235.2 del CPP; señaló que, el hecho de la pluralidad de autores o partícipes –pluralidad de imputados– que existe en el caso, generará una influencia negativa, inclusive entre los mismos imputados; bajo dichas circunstancias, solamente este riesgo procesal quedó latente, en lo que se refiere a la existencia de pluralidad de imputados. Tal decisión de la jurisdicción ordinaria, motivó el planteamiento de la presente acción de defensa; en la que, se denuncia la vulneración de derechos y garantías constitucionales, bajo el argumento de que la autoridad demandada, sin motivación ni fundamentación convalidó la decisión del Juez a quo, porque hubieran sido basada en meras suposiciones o presunciones; puesto que, al no haberse identificado a las personas que se hubiesen dado a la fuga, no se justificó ni motivó cómo es que se va a generar esa influencia negativa si dichos sujetos no fueron identificados. En ese orden, a afectos de determinar si la autoridad demandada vulneró los derechos fundamentales denunciados por los accionantes, corresponde a continuación realizar un contraste entre los aspectos reclamados en su recurso de apelación incidental y los resueltos por el fallo ahora impugnado, tarea que será desarrollada a continuación. En ese orden; conforme se señaló precedentemente, el Auto de Vista 44, al considerar el agravio expuesto por los hoy accionantes, respecto a la aplicación del riesgo procesal de obstaculización del proceso, previsto por el art. 235.2 del CPP, no consideró aceptable el argumento del Juez del proceso, respecto a la existencia de otras personas que hubieran estado en el lugar del hecho y que presuntamente se dieron a la fuga; y más bien, señaló que evidentemente existe pluralidad de imputados, en razón del número de los propios solicitantes de tutela, lo que permite sostener fundadamente que podría entorpecer la averiguación de la verdad, porque pueden influir negativamente como partícipes a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente; conclusión a la que además se arribó, previo el análisis efectuado en la señalada Resolución confutada en la presente acción de libertad, cuando se evaluó la probabilidad de autoría (fs. 71 vta. a 73), sosteniendo que los ahora imputados fueron aprehendidos en la madrugada del 21 de enero de 2022, en la carretera Quetena Grande-Hito Cajones de la provincia Sud Lípez del departamento de Potosí, en posesión de 45 kilos y 800 gramos de marihuana; consecuentemente, no se encuentra en el citado Auto de Vista pronunciado por la autoridad demandada, una conducta omisiva respecto a la vinculación entre la valoración de la prueba con la fundamentación y motivación de la decisión pronunciada; puesto que, considera las razones de hecho y derecho, base de su decisión y el valor otorgado a los medios de prueba, no siendo exigible una exposición necesariamente amplia de consideraciones y citas legales, pero tampoco una mera relación de los documentos o mención de los requerimientos de las partes, sino debe contener una estructura de forma y de fondo que integre todos los puntos demandados, permitiendo comprender los motivos de la determinación asumida de forma concisa y clara; puesto que, resulta perfectamente comprensible que, basó su decisión en la existencia de pluralidad de imputados, que son los hoy accionantes, considerando probado el riesgo procesal señalado; fundamento respecto al que, los precitados no expusieron ningún agravio, no advirtiéndose por lo tanto, vulneración al debido proceso en su elemento fundamentación y motivación. En cuanto al derecho a la libertad, no se encuentra argumento alguno que vislumbre lesión al mismo; por lo que, se deniega también la acción de defensa con relación a este derecho. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 002/2022 de 11 de marzo, cursante de fs. 112 vta. a 116, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de Potosí; en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los términos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0507_2023-S4.pdf · páginas 1 a 11.

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