Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 6 de junio de 2023
Concede en parte la tutela
La accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y al acceso a la justicia; por cuanto, al existir dos procesos en su contra por el delito de violencia psicológica, y con la finalidad de desvirtuar riesgos procesales ante una eventual audiencia de medidas cautelares, solicitó al Ministerio Público requerimientos fiscales para la obtención de certificados domiciliarios dentro de los casos 389/2021 y 403/2021; a ese fin, se remitieron los mismos ante la EPI de Caranavi del departamento de La Paz, logrando obtener respuesta solo de la primera causa señalada; ya que, a la fecha de presentación de esta acción tutelar, la verificación domiciliaria del proceso 403/2021 no fue diligenciada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 14/2022 de 24 de febrero, cursante de fs. 24 a 27 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que de manera inmediata a la notificación con el presente fallo constitucional, el funcionario policial demandado diligencie la certificación domiciliaria; salvo que por el transcurso del tiempo ya lo hubiere realizado; y, 2° DENEGAR la tutela, respecto a la remisión de antecedentes a la Dirección Departamental de Investigación Policial Interna, y a la calificación de daños civiles.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0507/2023-S2 Sucre, 6 de junio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 46126-2022-93-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 14/2022 de 24 de febrero, cursante de fs. 24 a 27 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Verónica Marisol Quiroga Pando en representación sin mandato de Filomena Román Loza contra Nelson Monroy Mamani, funcionario policial.
Por memorial presentado el 23 de febrero de 2022, cursante de fs. 13 a 15 vta., la accionante a través de su representante, refirió que:
Durante su convivencia con Jhonny Quispe Mamani -su esposo- sufrió violencia física y psicológica; agudizándose la misma en octubre y noviembre de 2021, de manera consecutiva con insultos sistemáticos y expresiones de desvalorización que fueron recurrentes con la intención de llevarla a la “muerte”. La violencia empeoró cuando la familia del prenombrado, arremetió contra su integridad física de manera conjunta e insultándola con palabras irreproducibles que denigraron su condición de mujer; hechos que dieron lugar a que formalice denuncia ante el Ministerio Público con asiento en el municipio de Caranavi del departamento de La Paz, por el delito de violencia familiar o doméstica contra Martha Quispe Mamani, Jhonny Chuquimia Jiménez, Jhosi Daniela Sandy Quispe y Jhan Carla Chuquimia Quispe, caso signado con el número 388/2021; enterado de esa situación, su esposo presentó denuncia por violencia psicológica en su contra, no contentó con ello; incitó a Yhadira Raquel Quispe Román -su hija mayor- a presentar otra denuncia por el mismo delito; causas aperturadas bajo los números 389/2021 y 403/2021. Ante la instauración de dichos procesos penales y con la finalidad de acreditar domicilio y desvirtuar riesgos procesales, solicitó al Fiscal de Materia certificados domiciliarios; pretensión que mereció la emisión de requerimientos fiscales que fueron recepcionados el 20 de enero de 2022, por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC); empero, luego de dos días le entregó solo el requerimiento de verificación domiciliaria del caso 389/2021, incumpliendo diligenciar sobre el caso 403/2021, aduciendo no tener tiempo, entendiendo esa situación de forma posterior hizo nuevamente el reclamo, recibiendo como respuesta que podía quejarse “donde sea”; hecho que puso en “peligro” su libertad.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y al acceso a la justicia, citando al efecto los arts. 15, 22, 23.I, 115 y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 1.5, 7, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9.1 y 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: a) En el plazo de veinticuatro horas se extienda certificado domiciliario del caso 403/2021; b) Se remitan antecedentes a la Dirección Departamental de Investigación Policial Interna (DIDIPI) a efecto de responsabilidad administrativa; y, c) Se califiquen daños civiles.
Celebrada la audiencia pública virtual el 24 de febrero de 2022, según consta en acta cursante de fs. 21 a 23, se produjeron los siguientes actuados.
La accionante a través de su representante, ratificó el contenido íntegro de la acción de libertad, y ampliándolo señaló que: 1) Al convivir diecinueve años de violencia “…a manos de su esposo Jhonny Quispe Mamani, (…) rompe el silencio y realiza una denuncia en contra de su esposo…” (sic); ante esa situación, el prenombrado y Yhadira Raquel Quispe Román -su hija mayor-presentaron denuncias por el delito de violencia psicológica; casos que fueron aperturados con los números 389/2021 y 403/2021, dentro de dichas causas solicitó la emisión de requerimientos fiscales para una verificación domiciliaria ante una eventual imputación formal; por ello, el 20 de enero de 2022, hicieron llegar dichas literales a la FELCC de Caranavi; 2) Por la prueba que adjuntó, demostró que luego de dos días se otorgó la certificación de la causa 389/2021, a partir de ese día -no indicó fecha- insistió para que se entregue el certificado domiciliario del caso 403/2021, haciendo el reclamó de manera personal al funcionario policial demandado, quien indicó no tener tiempo, porque estaba con mucho trabajo “…vaya a quejarse donde sea y que no lo iba a hacer…” (sic); siendo que, el certificado domiciliario es un elemento que le permitiría desvirtuar los riesgos procesales; el cual, tendría una conexión con el derecho a la libertad; y, 3) Por informe social que presentó se evidenció que se trata de una mujer en situación de violencia; en vista a que, se encuentra enfrentando dos procesos penales y el art. 15 de la Norma Suprema establece que el Estado debe otorgar protección reforzada a la mujer. Ante la consulta del Juez de garantías de: cuantos requerimientos fiscales y a qué funcionario policial entregó; la solicitante de tutela a través de su abogada señaló que fueron dos emitidos por un mismo Fiscal de Materia, siendo casos diferentes -389/2021 y 403/2021-; sin embargo, el funcionario policial demandado no le otorgó la verificación domiciliaria de este último; es decir, no existió respuesta.
Nelson Monroy Mamani, funcionario policial, en audiencia de garantías sostuvo que: i) La solicitante de tutela indicó negligencia en el registro domiciliario “…si llegó a mis manos porque mi persona est[á] como secretario en dicha localidad, mas no así está dirigido, directamente a mi persona para que yo realice esa certificación domiciliaria…” (sic), no cuenta con personal policial; por ello, diligenció solo la certificación del caso 389/2021 entregándose “en el día”; ii) La verificación domiciliaria del proceso 403/2021 no pudo realizarse; debido a que, la otra parte -no señaló quien- no se encontraba presente para constituirse al lugar; además, cumple funciones laborales una semana y otra descansaba “…si es de hacerlo la certificación yo mañana mismo, ingreso a la localidad que estoy yo personalmente se lo voy a realizar, con la finalidad de no perjudicar a mis camaradas y con la finalidad de no perjudicar[me]…” (sic); y, iii) En ningún momento se trató mal a la parte accionante; al contrario, se le hizo el favor para ejecutar el indicado registro domiciliario.
El representante fiscal, no presentó escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 19.
El Juez de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 14/2022 de 24 de febrero, cursante de fs. 24 a 27 vta., denegó la tutela impetrada; sin embargo, en aplicación al enfoque interseccional que deben tomar en cuenta las autoridades judiciales y fiscales, dispuso remitir oficio al Fiscal de Materia adscrito al municipio de Caranavi del mencionado departamento, a fin de controlar la emisión del requerimiento fiscal en cuanto al certificado domiciliario del caso 403/2021; con base en los siguientes fundamentos: a) Tanto en la demanda escrita como en la fundamentación oral de la presente acción tutelar, se habló de una eventual imputación formal; por ello, no se demostró de manera objetiva una vulneración al derecho a la libertad; además, la obtención del certificado domiciliario de la citada causa penal sería utilizado en una posible audiencia de medidas cautelares; empero, no se debe perder de vista que en ese actuado procesal, quien tiene que probar la inexistencia de familia, domicilio y trabajo y actividad lícita sería la parte denunciante; b) No se agotaron los mecanismos de protección aludidos en las SSCC 0080/2010-R de 3 de mayo y 1559/2011-R de 11 de octubre; c) Sobre la arbitrariedad del funcionario policial demandado, debieron ser denunciados ante la autoridad judicial, quien es la encargada de restituir los derechos lesionados, y de forma posterior recién activar la vía constitucional; sin perjuicio de ello, se debe resaltar la normativa internacional de las mujeres, la garantía reforzada, juzgamiento con enfoque interseccional, la protección a niñas, niños, adolescentes y mujeres, con la finalidad de asegurar el ejercicio de sus derechos; y, d) El requerimiento fiscal de 20 de enero de 2022, recepcionado por la FELCC de Caranavi, hasta la fecha -24 de febrero de igual año- no fue materializado, pese a las advertencias que hizo el Ministerio Público; por tal razón, el Fiscal de Materia asignado deberá asumir conocimiento del incumplimiento del indicado requerimiento a objeto de tomar acciones. En la vía de aclaración y complementación, la accionante a través de su representante solicitó se oficie al Ministerio Público de Caranavi a fin de dar cumplimiento al requerimiento fiscal de 20 de enero de 2022; por otro lado, pidió aplicar la excepción al principio de subsidiariedad en razón a su condición de mujer y pertenecer a un grupo vulnerable. En sustanciación y resolución el Juez de garantías señaló que, la determinación fue clara respecto al oficio de remisión al representante fiscal, quien deberá asumir conocimiento sobre las razones por las cuales se activó la presente acción de libertad; y, con relación a la subsidiariedad, la impetrante de tutela no demostró cómo hubiera sido lesionado el derecho a la libertad.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Cursan requerimientos fiscales emitidos el 20 de enero de 2021, por Ramiro Sullcamani Corina, Fiscal de Materia, a favor de Filomena Román Loza -hoy accionante- dentro de los casos 389/2021 y 403/2021; documentos recepcionados la misma fecha por la Estación Policial Integral (EPI) del municipio de Caranavi del departamento de La Paz, ordenando: “…REALICE EL REGISTRO DOMICILIARIO, DE LA VIVIENDA UBICADA EN LA CALLE BATALL[Ó]N DE INGENIEROS S/N FRENTE AL TRIBUNAL DE JUSTICIA, DE LA LOCALIDAD DE CARANAVI.
Documentación que DEBERÁ SER EXTENDIDA Y/O REMITIDA en el plazo de 72 HORAS…” (sic [fs. 4 a 5]). II.2. Se tienen Formulario de Verificación Domiciliaria de 21 de enero de 2022 y Certificado Registro Domiciliario de “…DIEZ (…) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE Y UN AÑOS” (sic), emitidos por Raúl Centella Saravia, Sub Oficial de la Jefatura Policial y Nelson Monroy Mamani, Verificador -demandado- ambos de la EPI del mencionado Municipio, en la cual certifican que: “…la Sra. FILOMENA ROM[Á]N LOZA con C.I. 6834666 Expedido en La Paz, vive en calidad de OCUPANTE y propietaria, en el domicilio ubicado en la Zona Villa Esperanza S/n, Caranavi, del, DEPARTAMENTO DE LA PAZ” (sic [fs. 6 a 7]).
La accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y al acceso a la justicia; por cuanto, al existir dos procesos en su contra por el delito de violencia psicológica, y con la finalidad de desvirtuar riesgos procesales ante una eventual audiencia de medidas cautelares, solicitó al Ministerio Público requerimientos fiscales para la obtención de certificados domiciliarios dentro de los casos 389/2021 y 403/2021; a ese fin, se remitieron los mismos ante la EPI de Caranavi del departamento de La Paz, logrando obtener respuesta solo de la primera causa señalada; ya que, a la fecha de presentación de esta acción tutelar, la verificación domiciliaria del proceso 403/2021 no fue diligenciada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SC 0044/2010-R de 20 de abril, respecto al hábeas corpus -hoy acción de libertad- traslativo o de pronto despacho, señaló que: “…a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE (…) establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R)…” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen). A su vez, la SCP 0571/2012 de 20 de julio, refirió que: “…el hábeas corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de pronto despacho: ‘…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’” (el resaltado nos corresponde). Por otra parte, la SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero, de igual manera puntualizó: “...la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” (el énfasis es nuestro). Asimismo, la SCP 0196/2017-S2 de 13 de marzo, efectuando un análisis respecto a esta modalidad de la acción de libertad, realizó el siguiente entendimiento: “…no será necesario exigir ningún otro requisito adicional para su procedencia, menos el estado absoluto de indefensión, al margen que el principio de celeridad procesal forme parte del debido proceso, puesto que de ser así implicaría pedirle al accionante cumpla una situación jurídica materialmente imposible, tomando en cuenta que el accionante al estar efectuando trámites judiciales o administrativos relacionados a su privación de libertad, nunca podrá estar en estado absoluto de indefensión, situación por la cual corresponderá hacer abstracción de esta situación, en los casos que se denuncien dilaciones o demoras injustificadas en trámites relacionados directa o indirectamente a la privación de libertad. Se entenderá que un acto dilatorio tendrá vinculación directa con el derecho a la libertad, cuando la demora prolongue por sí misma la privación de libertad de una persona, como sucedería en el caso de la Policía Boliviana, cuando no remita al aprehendido dentro los plazos legales ante la autoridad competente; el Ministerio Público de igual manera no envíe dentro los plazos legales al detenido ante el juez cautelar o cuando la autoridad jurisdiccional teniendo que resolver la privación de libertad de una persona, no la hiciera o la dilatara ilegal o indebidamente; entre otros, casos similares” (las negrillas son añadidas).
En principio cabe precisar que, la peticionante de tutela a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y al acceso a la justicia; toda vez que, al existir dos procesos en su contra por el delito de violencia psicológica y con la finalidad de desvirtuar riesgos procesales en una eventual audiencia de medidas cautelares, solicitó al Ministerio Público requerimientos fiscales para la obtención de certificados domiciliarios dentro de las causas 389/2021 y 403/2021; a ese fin, se diligenciaron los mismos en la EPI de Caranavi del departamento de La Paz, logrando obtener respuesta solo del caso 389/2021 (Conclusión II.2); es decir, a la fecha de presentación de esta acción de libertad, la certificación domiciliaria de la causa 403/2021 no fue diligenciada. Ahora bien, de lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la cual estableció que cualquier autoridad judicial o administrativa que conozca una solicitud vinculada directamente al derecho a la libertad, tiene el deber de tramitarla con la mayor premura, y ante una demora innecesaria, la jurisdicción constitucional ha previsto la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; a través de la cual, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos. En ese contexto, y de acuerdo a la acción tutelar y al acta de audiencia de garantías celebrada el 24 de febrero de 2022, la impetrante de tutela alegó que a la fecha de presentación de este mecanismo de defensa no se diligenció la certificación domiciliaria del caso 403/2021, ante dicha aseveración el funcionario policial demandado indicó que: “…había otra certificación domiciliaria a lo cual no se lo pudo realizar (…) si es de hacerlo la certificación yo mañana mismo, ingreso a la localidad que estoy yo personalmente se lo voy a realizar…” (sic); en ese sentido, este Tribunal advierte una dilación indebida causada por el prenombrado al momento de tramitar el requerimiento fiscal sobre la indicada certificación domiciliaria; en vista a que, el citado requerimiento fue registrado el 20 de enero de 2022 en la EPI del municipio de Caranavi y a la realización de esta acción de defensa -24 de febrero de igual año-, transcurriendo más de un mes sin que la mencionada certificación sea materializada, accionar que evidencia que existió una actitud negligente por parte del demandado, siendo necesario traer a colación el entendimiento asumido por la SCP 0817/2019-S1 de 4 de septiembre: “...la o el imputado puede solicitar la documentación que requiera para su cesación a la detención preventiva de manera directa, descongestionando así la labor del Ministerio Público; considerándose también que en el instituto de medidas cautelares rige la libertad probatoria y a partir de esa facultad, será el juez o tribunal quien le otorgue el valor que corresponda a la prueba…” (énfasis añadido); por ello, la o el imputado tiene la posibilidad de solicitar al Ministerio Público la obtención de documentación a través de requerimientos fiscales destinados a recabar elementos de prueba que puedan emplear en su defensa en audiencia de consideración de medidas cautelares -sobre riesgos procesales- que los enerven; en consecuencia, habiendo evidenciado tal vulneración a los derechos de la accionante, corresponde conceder la tutela en su modalidad traslativa o de pronto despacho, debiendo el funcionario policial demandado atender la solicitud de la nombrada. Asimismo, se infiere incumplimiento en el plazo -setenta y dos horas-dispuesto por el Fiscal de Materia para la remisión de la documentación en cuanto a la verificación domiciliaria (Conclusión II.1); razón por la cual, en armonía a lo asumido por la SCP 0474/2021-S2 de 27 de agosto, estableció el deber de tramitar todas cuestiones vinculadas con la libertad personal con la celeridad necesaria: “…la diligencia dispuesta por el Ministerio Público a través de los requerimientos emitidos, debe ser atendida con prontitud y celeridad, es así que, el Director Departamental de la FELCC de Cochabamba -hoy demandado-si bien ajustó su accionar a lo determinado al derivar la ejecución del actuado a Víctor Guzmán Choque, funcionario policial de la FELCC -ahora demandado-, actuó apartándose de los principios que rigen el despacho de este tipo de solicitud…”; entendimiento jurisprudencial que no fue tomando en cuenta; en sentido que, el principio de celeridad como componente de debido proceso conlleva el cumplimiento de los términos procesales cuando estos estén fijados por la norma y en su defecto de no existir los mismos, el cumplimiento de actuaciones procesales en el plazo razonable y más breve posible en casos vinculados directamente con el derecho a la libertad física, como ocurre en el presente caso; por ello, corresponde conceder la tutela impetrada. Finalmente, en cuanto a la remisión de antecedentes a la DIDIPI, tal alegación no resulta admisible, pues no le compete a la justicia constitucional analizar ese tema; asimismo, con relación a la calificación de daños civiles, considerando que la actuación del demandado es excusable y conforme a lo resuelto en el presente caso, no corresponde su otorgación. En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela solicitada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 14/2022 de 24 de febrero, cursante de fs. 24 a 27 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que de manera inmediata a la notificación con el presente fallo constitucional, el funcionario policial demandado diligencie la certificación domiciliaria; salvo que por el transcurso del tiempo ya lo hubiere realizado; y, 2° DENEGAR la tutela, respecto a la remisión de antecedentes a la Dirección Departamental de Investigación Policial Interna, y a la calificación de daños civiles. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0507_2023-S2.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): a3e8a60ebcbe46bcfe143f547cc5f585271cdee920e4e34a52bda3692c86a231
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