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SCP 0506/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 21 de agosto de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
21 de agosto de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
49128-2022-99-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de sus representantes, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al acceso a la justicia y al debido proceso en su elemento celeridad; alegando que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión de delito de uso indebido de influencias, solicitó al Fiscal de Materia -ahora demandado-, disponga que la DIGEMIG proceda a su arraigo, con la intención de desvirtuar el riesgo procesal previsto por el art. 234.2 del CPP y así solicitar la cesación de la detención preventiva; sin embargo, dicha petición le fue negada sin mayor explicación, confundiendo la facultad que tienen las autoridades jurisdiccionales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 32/2022 de 14 de julio, cursante de fs. 61 a 62 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, sin ingresar al fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto
  3. III.3. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0506/2024-S2 Sucre, 21 de agosto de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 49128-2022-99-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 32/2022 de 14 de julio, cursante de fs. 61 a 62 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Ramiro Uriarte Ortiz y Pamela Rosse Mary Figueroa Selaez en representación sin mandato de Luis Guillermo Loza Rocha contra Wilson Víctor Medrano Patti, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 13 de julio de 2022, cursante de fs. 44 a 48 vta., el accionante a través de sus representantes expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de uso indebido de influencias, en audiencia de medidas cautelares -de 3 de junio de 2022- celebrada en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, se determinó su detención preventiva, quedando latente el riesgo procesal descrito en el art. 234.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), con uno de los argumentos mencionados en la imputación formal, concluyéndose en el citado verificativo la existencia de facilidades para abandonar el país, con base en un flujo migratorio anterior a la realización de la audiencia; decisión que fue asumida por Auto Interlocutorio 560/2022 de igual fecha, disponiéndose la concurrencia de dicho peligro procesal, el cual fue ratificado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Ante ello, el 28 de junio -se entiende de 2022- pidió “…POR PRIMERA VEZ REQUIERA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACION PARA QUE POR LA OFICINA QUE CORRESPONDA SE PROCEDA AL ARRAIGO DE [SU] PERSONA…” (sic), misma que fue rechazada; por lo que, el 8 de julio de 2022, reiteró dicha solicitud, complementando su pertinencia; empero, el Fiscal de Materia demandado rechazó su pretensión, indicando ‘“NO HA LUGAR A LO SOLICITADO, DEBIENDO ACUDIR ANTE LA AUTORIDAD LLAMADA POR LEY”’ (sic), confundiendo la facultad que tienen los jueces para aplicar medidas de carácter personal a fin de asegurar la presencia del imputado en el proceso, cuando el prenombrado tenía la obligación de emitir cualquier documento que sea pedido para la cesación de su detención preventiva, por estar vinculado a su libertad; sin embargo, obstaculizó su pretensión, siendo que no solicitó actuados relativos a los hechos investigativos, sino para modificar la medida cautelar dispuesta en su contra; y, el juez de control jurisdiccional no tiene facultad de ordenar una disposición diferente al razonamiento de la autoridad demandada.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al acceso a la justicia y al debido proceso en su elemento celeridad, citando al efecto el art. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: “…SE DEJE SIN EFECTO [EL] DECRETO DE 11 DE JULIO, Y SE DE CURSO A [SU] SOLICITUD DE EMISIÓN DE REQUERIMIENTO DIRIGIDO A DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN PARA QUE POR LA OFICINA QUE CORRESPONDA SE PROCE[D]A AL ARRAIGO DE [SU] PERSONA Y SEA [CON] TODAS LAS FORMALIDADES DE LEY” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 14 de julio de 2022, según consta en acta cursante de fs. 59 a 60 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante, ratificó los argumentos contenidos en la demanda tutelar y ampliándolos señaló que: a) La función específica del fiscal de materia es responder todas las peticiones vinculadas a los arts. 23 y 24 de la CPE, teniendo la obligación de emitir requerimientos, sean estos o no actos investigativos vinculados al derecho a la libertad, con el objetivo de solicitar la cesación de la detención preventiva, no siendo dicha medida impuesta una limitante para emitirse la orden de arraigo impetrada; y, b) Se incurrió en un acto dilatorio respecto a las peticiones de las personas privadas de libertad; dado que, el requerimiento solicitado es para la cesación de la detención preventiva.

I.2.2. Informe del demandado

Wilson Víctor Medrano Patti, Fiscal de Materia, a través de informe escrito presentado el 14 de julio de 2022, cursante de fs. 56 a 57, y en audiencia de garantías señaló que: 1) Mediante memorial -no indica fecha- el accionante solicitó varios requerimientos, entre ellos, en dos oportunidades hacia la Dirección General de Migración (DIGEMIG) para que se proceda a su arraigo, que fue rechazado por no ajustarse al art. 306 del CPP; ya que, toda proposición de diligencia y/o petición que sea formulada por las partes debe sujetarse al citado artículo, así sea para una futura solicitud de cesación de la detención preventiva, estableciendo la pertinencia y la utilidad, debiendo estar sujeta al principio de legalidad como fuente del debido proceso; 2) El arraigo es considerado como una medida cautelar que puede ser requerida por las partes intervinientes; la cual, solo puede ser otorgada por la autoridad jurisdiccional que conoce la causa; 3) Dentro de las atribuciones conferidas por el art. 40 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico (LOMP) no señala que el fiscal de materia asignado al caso, ya sea para una medida cautelar o generar prueba para pedir una cesación de la detención preventiva, disponga o requiera el arraigo del imputado; por lo que, no puede realizar actos jurisdiccionales que comprometan su imparcialidad; 4) Las sentencias constitucionales plurinacionales señaladas por el accionante -se entiende de la demanda tutelar- no se vinculan a su pretensión; dado que, no cumplió con el principio de legalidad; y, el objeto de disponer su arraigo no se hallaba acreditado dentro de los alcances del art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), en relación a los criterios de procedencia de la acción de libertad; y, 5) No se demostró que debía emitir el arraigo impetrado; toda vez que, conforme al manual de la DIGEMIG, se necesita como requisito la orden emanada por el juez respectivo de la causa; ante ello, no vulneró ningún derecho y solicitó se declare improcedente la presente acción de libertad.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 32/2022 de 14 de julio, cursante de fs. 61 a 62 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) Los fiscales de materia tienen el deber y la obligación de atender los asuntos a su cargo de manera inmediata, más aún cuando se trata de una solicitud de documentación para una cesación de la detención preventiva; empero, debe estar enmarcada a procedimiento y al principio de legalidad; y, ii) El accionante pretendió que el demandado emita un requerimiento de oficio a DIGEMIG, para que se proceda a su arraigo, siendo esta una medida precautoria para limitar el desplazamiento físico de una persona, prohibiéndole salir del país; la cual, es ordenada por el juez que conoce la causa y su aplicación es conforme al art. 231 bis del CPP, modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, como medida cautelar, y no puede ser dispuesta por el Ministerio Público; ya que, el art. 40 de la LOMP de ninguna manera le otorga esa facultad a los fiscales de materia, para imponer una medida cautelar de esa naturaleza; por lo tanto, la solicitud del impetrante de tutela era ilegal, debiendo en todo caso pedir se proceda a la imposición de este tipo de medida a la autoridad de control jurisdiccional, misma que determinará lo que corresponde; además, la petición del accionante fue respondida de forma oportuna.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial remitido el 8 de julio de 2022, ante el Ministerio Público, Luis Guillermo Loza Rocha -accionante- solicitó requerimiento dirigido a DIGEMIG, para que por la oficina que corresponda se proceda a su arraigo (fs. 10). II.2. Por decreto de 11 de julio de 2022, Wilson Víctor Medrano Patti, Fiscal de Materia -demandado-, dispuso no ha lugar a la supra indicada solicitud del peticionante de tutela (fs. 11).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de sus representantes, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al acceso a la justicia y al debido proceso en su elemento celeridad; alegando que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión de delito de uso indebido de influencias, solicitó al Fiscal de Materia -ahora demandado-, disponga que la DIGEMIG proceda a su arraigo, con la intención de desvirtuar el riesgo procesal previsto por el art. 234.2 del CPP y así solicitar la cesación de la detención preventiva; sin embargo, dicha petición le fue negada sin mayor explicación, confundiendo la facultad que tienen las autoridades jurisdiccionales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad

Sobre la excepcionalidad del principio de subsidiariedad, la SCP 0775/2012 de 13 de agosto, precisó que: “Respecto a las aprehensiones supuestamente ilegales, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, estableció que: ‘…todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iníciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de la jurisdicción ordinaria aludidos’. (…) …las aprehensiones policiales o fiscales deben ser denunciadas ante el juez cautelar, y sólo cuando la lesión al derecho a la libertad no hubiera sido reparada por dicha autoridad, recién es posible acudir a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad. En ese sentido, complementando los criterios jurisprudenciales glosados, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, se refirió a las situaciones excepcionales en las que a través de la acción de libertad, no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática denunciada, estableciendo tres supuestos de improcedencia: ‘Primer supuesto: Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación. Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física. Tercer supuesto: Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar’” (el resaltado nos corresponde).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante a través de sus representantes, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al acceso a la justicia y al debido proceso en su elemento celeridad; alegando que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión de delito de uso indebido de influencias, solicitó al Fiscal de Materia -ahora demandado- disponga que la DIGEMIG proceda a su arraigo, con la intención de desvirtuar el riesgo procesal previsto por el art. 234.2 del CPP y así impetrar la cesación de la detención preventiva; sin embargo, dicha solicitud le fue negada sin mayor explicación, confundiendo la facultad que tienen las autoridades jurisdiccionales. De la revisión de los antecedentes, se tiene que por memorial remitido el 8 de julio de 2022, ante el Ministerio Público, el peticionante de tutela solicitó requerimiento dirigido a DIGEMIG, para que por la oficina que corresponda se proceda a su arraigo (Conclusión II.1); solicitud que mereció el decreto de 11 de igual mes y año, a través del cual el Fiscal de Materia demandado dispuso “No ha lugar a lo solicitado, debiendo acudirse ante la autoridad llamada por Ley” (sic [Conclusión II.2]); negativa que en el entender del impetrante de tutela vulnera sus derechos. Al respecto, conforme se tiene glosado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, el segundo supuesto de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, señala que en los casos que ya existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar, que afecte la libertad física o locomoción, esta debe ser recurrida en apelación para que pueda ser corregida cualquier arbitrariedad denunciada por la autoridad superior en grado; asimismo, cuando se reclaman cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa o al debido proceso, se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal. En ese contexto, el peticionante de tutela alega la necesidad de contar con elementos para solicitar la cesación de la detención preventiva; por lo que, solicitó a la autoridad demandada emita requerimiento dirigido a DIGEMIG; señalando: “…toda vez que mi persona se encuentra con detención preventiva, entendiendo que no es una facultad limitativa del órgano judicial emitir una orden de arraigo para mi persona, ya que si bien el Juez puede disponer la realización de un arraigo conforme lo establece el art. 231 BIS. no es menos cierto que a objeto de demostrar la imposibilidad de abandonar el país por cuanto exista un arraigo que vaya a configurarse como un elemento enervador de razonamiento principal que el flujo migratorio primero a los hechos denunciados y segundo al dia de la Audiencia Cautelar (…) con la intención de obtener elementos para desvirtuar el art. 234.2 del adjetivo penal y solicitar una CESACION A LA DETENCION PREVENTIVA toda vez que el juez de la causa ha mantenido vigente este riesgo, TENGO A BIEN SOLICITAR: SE REQUIERA A LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION, PARA QUE POR LA OFICINA QUE CORRESPONDA SE PROCEDA AL ARRAIGO DE MI PERSONA…” (sic [fs.10]). Conforme se tiene de los datos que cursan en el expediente constitucional la referida petición fue contestada por el Fiscal de Materia demandado mediante proveído de 11 de julio de 2022, señalando “No ha lugar a lo solicitado, debiendo acudirse ante la autoridad llamada por Ley” (sic); en tal sentido, si el impetrante de tutela consideraba que dicha negativa restringe sus derechos, en el marco de lo previsto por los arts. 54 y 279 del CPP, tenía expedita la facultad de acudir ante la autoridad de control jurisdiccional reclamando dicha limitación; por ello, corresponde aplicar el razonamiento expresado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; máxime si en el presente caso ya se contaba con imputación formal; por lo que, el reclamo que manifiesta respecto a situaciones que hubieran transgredido sus derechos, como ser el rechazo a su solicitud de arraigo por parte del representante fiscal debió ser denunciado ante la autoridad entonces competente que conoció la causa, quien ejerció en su momento el control jurisdiccional; es decir, tuvo la posibilidad de agotar los mecanismos intraprocesales que le franquea la ley, además, de tener conocimiento del Juzgado donde se ventilaba su proceso, siendo el titular de tal despacho es la autoridad encargada de controlar los actos del Ministerio Público o cualquier situación que transgreda derechos y garantías constitucionales de las partes involucradas en la referida causa. Por lo expuesto, al no haber agotado el peticionante de tutela los mecanismos intraprocesales y reclamado las presuntas vulneraciones a sus derechos que se hubieran cometido en su contra dentro del proceso penal, y al presentar directamente su acción tutelar ante esta instancia constitucional, inobservó el desarrollo efectuado por la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; por consiguiente, corresponde denegar la tutela solicitada.

III.3. Otras consideraciones

Solo con fines de aclaración, del pliego de acción de libertad postulado por el impetrante de tutela, el mismo refiere que en el presente caso, corresponde la aplicación obligatoria del entendimiento asumido en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0528/2019-S3 de 2 de septiembre y 0659/2020-S2 de 12 de noviembre. Fallos constitucionales que ciertamente en su fundamento jurídico, citaron a la SCP 0134/2018-S4 de 16 de abril que moduló a la SCP 0415/2015-S3 de 23 de abril, estableciendo como criterio rector la “Obligación del Ministerio Público de emitir requerimientos para la obtención de prueba tendiente a impetrar cesación de la detención preventiva”. Al respecto, este Tribunal no advierte que se deba efectuar mayor consideración a la SCP 0659/2020-S2, por cuanto, de su análisis del caso concreto, independientemente de la problemática expuesta (negativa de requerimiento fiscal para otorgar garantías unilaterales), concluyó no ser evidente la lesión de derechos, siendo que la autoridad demandada, dio curso a lo solicitado, estando pendiente únicamente que la accionante acuda a recabar lo pedido. No obstante, sobre la SCP 0528/2019-S3 esta tuvo su base de análisis, en el hecho de que el impetrante de tutela impetró requerimientos fiscales para la obtención de medios de prueba, con fines de pedir su cesación de la detención preventiva y pese a que ya fueron otorgadas por la ex Fiscal de Materia son rehusados en su materialización por la actual directora de la investigación. En ese entendido, la problemática expuesta en el presente caso, no contiene criterio de similitud con las que fueron analizadas en los citados fallos constitucionales, pues independientemente del fundamento jurídico contenido en ambas Sentencias Constitucionales Plurinacionales, en el caso, la pretensión del impetrante de tutela, se encuentra vinculada con el hecho de desvirtuar el riesgo procesal previsto por el art 234.2 del CPP al interior del proceso penal seguido en su contra; sin embargo, el requerimiento postulado no condice con el alcance del citado Fundamento Jurídico, pues a título de que el fiscal de materia se encuentra en la obligación de emitir requerimientos para obtener prueba a los fines de una cesación de la detención preventiva, pretende que la autoridad fiscal, efectué un acto que regladamente -en el caso- se encuentra atribuido al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz (así los arts. 240 y 242.3 del CPP), sumado al hecho de que la Ley Orgánica del Ministerio Publico no le confiere al director (a) de la investigación, la atribución de ordenar y disponer de manera autónoma el arraigo de alguna persona; consecuentemente, la pretendida aplicación jurisprudencial no resulta ser atendible. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 32/2022 de 14 de julio, cursante de fs. 61 a 62 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, sin ingresar al fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0506_2024-S2.pdf · páginas 1 a 9.

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