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SCP 0506/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 2 de septiembre de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
2 de septiembre de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
51814-2022-104-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El demandante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la defensa y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, así como los principios de seguridad jurídica y celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Gladys Vaca Vda. de Roda, contra Sergio Estenssoro Cisneros, por la presunta comisión del delito de evasión, previsto y sancionado por el art. 180 del CP; el 24 de octubre de 2022, presentó una excepción de extinción de la acción penal por prescripción, adjuntado prueba idónea; sin embargo, la Jueza ahora demandada, en lugar de señalar audiencia y dar traslado a las partes para su contestación, mediante providencia de 25 de octubre de 2022, solicitó al ahora accionante que acredite su personería; ante esto, interpuso recurso de reposición; no obstante, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar no se pronunció, incumpliendo los arts. 314 y 315 del CPP.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para dicho fin, se analizarán las siguientes temáticas: i) La tramitación de los incidentes y excepciones en la fase de preparación del juicio y en el juicio oral; ii) Resoluciones apelables a través del recurso de apelación incidental; y, iii) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 131/22 de 16 de noviembre de 2022, cursante de fs. 258 a 261, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo, conforme a lo desarrollado en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La tramitación de los incidentes y excepciones en la fase de preparación del juicio y en juicio oral
  2. III.2. Resoluciones apelables a través del recurso de apelación incidental
  3. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0506/2024-S1 Sucre, 2 de septiembre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 51814-2022-104-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 131/22 de 16 de noviembre de 2022, cursante de fs. 258 a 261, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Marco Estenssoro Cisneros contra Elvira Velásquez Aramayo, Jueza de Sentencia Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 7 y 10 de noviembre de 2022, cursantes de fs. 193 a 215 vta. y 217; y, 237 a 238, el impetrante de tutela, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Gladys Vaca Vda. de Roda, contra Sergio Estenssoro Cisneros, por la presunta comisión del delito de evasión, previsto y sancionado por el art. 180 del Código Penal (CP), cuya denuncia fue presentada el 9 de febrero de 2017, el cual lleva más de seis años en proceso, a partir de una serie de actos procesales que ponen en evidencia la mora procesal; situación que vulnera sus derechos al debido proceso, a la defensa y los principios de seguridad jurídica y celeridad previstos por la Constitución Política del Estado (CPE). Al respecto, el 24 de octubre de 2022, presentó una excepción de extinción de la acción penal por prescripción, adjuntado prueba idónea; sin embargo, la Jueza de Sentencia Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, en lugar de señalar audiencia y correr traslado a las partes para su contestación, conforme establecen los arts. 314 y 315 del Código de Procedimiento Penal (CPP), no cumplió el procedimiento, omitiendo su obligación de señalar audiencia; al contrario, a través de la providencia de 25 de octubre de 2022, solicitó al demandante de tutela que acredite su personería. Posteriormente, reiteró su petición solicitando se señale día y hora de audiencia a efectos de resolver el señalado incidente planteado; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, no se pronunció y no hubo señalamiento de audiencia, incumpliendo los plazos previstos por ley.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El solicitante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la defensa y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, así como los principios de seguridad jurídica y celeridad; citando al efecto los arts. 14.I, 115, 119.II y 178 de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que la Jueza demandada señale día y hora de audiencia para resolver su excepción de extinción de la acción penal de forma presencial y emita resolución correspondiente sin más dilaciones.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Efectuada la audiencia pública de consideración de la presente acción tutelar el 16 de noviembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 254 a 258, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El peticionante de tutela, a través de su abogado se ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo en audiencia, manifestó que: a) Dentro del proceso penal seguido en su contra, interpuso un incidente de extinción de la acción penal por prescripción, conforme los arts. 314 y 315 del CPP; sin embargo, la Jueza ahora demandada, no señaló audiencia en el plazo de tres días establecido por Ley, por lo que interpuso recurso de reposición, pero pese a ello, por proveído de “1 de noviembre de 2022”, lejos de dar cumplimiento a lo establecido en los señalados artículos, ninguna de las partes de dicha providencia señaló la audiencia para que se resuelva el incidente de extinción de la acción penal por prescripción; b) En el proceso, la Jueza ahora demandada demostró parcialidad a favor de la víctima, denunciante y el Ministerio Público, ya que desde la radicatoria del proceso ante la señalada autoridad, no fue notificado con ninguna actuación dictada dentro de la causa, lo que vulnera sus derechos constitucionales, por lo que no pudo ejercer su derecho a la defensa debido a la falta de notificación y la incorrecta tramitación de sus incidentes; y, c) El ahora accionante fue víctima de una persecución durante todo el proceso y cuando intentó reclamar sus derechos, simplemente se le manifestó que no es parte del proceso; sin embargo, si se verifica la carátula, el mismo estuvo de forma activa en este proceso; en ese entendido, la autoridad judicial ahora demandada, no hizo el saneamiento procesal correspondiente, ya que al haber anulado obrados, debió verificar que el ahora impetrante de tutela es uno de los denunciados en el proceso y que el Ministerio Público actuó de forma unilateral con sólo uno de los procesados y no con el ahora demandante de tutela, al no darle a él, una respuesta efectiva sobre su participación, ya que debieron notificarlo con todas las actuaciones; es decir, él continua siendo parte del proceso y es en ese entendido que se presentó el incidente de extinción de la acción penal para que la autoridad judicial ahora demandada, resuelva positiva o negativamente conforme los arts. 314 y 315 del CPP.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Elvira Velásquez Aramayo, Jueza de Sentencia Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz, presente en audiencia, informó que: 1) El impetrante de tutela no agotó todos los recursos legales previstos antes de interponer la presente acción de amparo constitucional, conforme establece el art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo), ya que después de dictar el Auto Interlocutorio, el demandante de tutela tuvo la oportunidad de apelar, pero no lo hizo, por lo que no se cumple la subsidiariedad que exige la presente acción tutelar; 2) Conforme los arts. 53 y 342 del CPP, su competencia se limita a la etapa de juicio, sobre la base de la acusación; sin embargo, el ahora solicitante de tutela no figura en la acusación del Ministerio Público o del querellante, por lo que no tiene la facultad para resolver peticiones de alguien que no se encuentra en el proceso. Por lo que, al no ser sujeto procesal, no se vulneraron sus derechos a la defensa ni al debido proceso; 3) No cuenta con legitimación pasiva, debe plantearse está acción tutelar contra alguna autoridad que vulnere un derecho, en este caso como no es sujeto procesal, porque el peticionante de tutela no tiene la condición de acusado, por lo que su autoridad judicial no debería ser la ahora demandada; en ese entendido, existe control jurisdiccional en etapa preparatoria, bajo la competencia del Juez de Instrucción quien tiene que pronunciarse y en ningún caso la autoridad ahora demandada porque no goza de legitimación pasiva; 4) Manifiesta que el abogado patrocinante del impetrante de tutela, falta a la verdad con la presente acción tutelar, ya que a partir de la radicatoria del proceso en el Juzgado de la autoridad ahora demandada, el mismo no se apersonó como abogado patrocinante en ningún actuado procesal, por lo que solicita su sanciones correspondientes, toda vez que está incumpliendo las normas éticas en el ámbito jurisdiccional, haciendo una conducta antiética; por todo lo expuesto, solicita se deniegue la tutela impetrada

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Yván Ortiz Tristán, Fiscal de Materia de la Corporativa Los Tusequis DP 8 del departamento de Santa Cruz, en audiencia señaló que: i) El proceso penal fue iniciado en contra de los hermanos Sergio y Marco Estenssoro Cisneros, se encontraba bajo el control jurisdiccional del Juzgado de Instrucción en lo Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz y después de solicitar la conminatoria dirigida al Ministerio Público, se presentó imputación formal en contra de Sergio Estenssoro Cisneros y no así, en contra de Marco Estenssoro Cisneros -ahora demandante de tutela-; dentro de esa investigación, jamás se planteó un incidente de extinción de la acción penal, debido a que el Ministerio Público no se pronunció respecto al ahora solicitante de tutela; sin embargo, después de cinco años, aparece el peticionante de tutela y presentó un incidente ante la Jueza ahora demandada, donde se tramita el juicio oral, en mérito a la acusación Fiscal y particular, pero en ninguno figura como acusado -el ahora accionante-, por ello no es parte del proceso y la autoridad judicial ahora demandada no pudo pronunciarse al respecto, ya que previamente tiene que acreditar su personería; ii) La acción de amparo constitucional presentada, es un intento de retrasar el juicio oral, que ya comenzó, pero se ha visto retrasado por diversos eventos; por lo que, solicita se deniegue la tutela impetrada. Gladys Vaca Vda. de Roda a través de su abogado, en audiencia señaló que: a) Los fundamentaos realizados por la Jueza ahora demandada y el Ministerio Público en calidad de tercero interesado, contienen suficiente motivación, ya que el impetrante de tutela no tiene participación alguna en el proceso penal de referencia, por lo que no tiene legitimación activa en la presente acción tutelar; b) La Acusación Formal de 25 de julio de 2017, es solamente en contra de Sergio Estenssoro Cisneros por la presunta comisión del delito de evasión; y como manifestó el representante del Ministerio Público en su informe, tampoco hay una imputación en contra de Marco Estenssoro Cisneros -demandante de tutela-, en consecuencia no es evidente la supuesta vulneración de derechos fundamentales; por lo que pide se deniegue la tutela solicitada.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 131/22 de 16 de noviembre de 2022, cursante de fs. 258 a 261, denegó la tutela solicitada, con los siguientes fundamentos: 1) El solicitante de tutela interpuso una excepción de extinción de la acción penal por prescripción; sin embargo por proveído de 25 de octubre de 2022, la Jueza ahora demandada, dispuso que con carácter previo acredite su personería; a tal efecto, no siendo objeto de recurso de apelación, el peticionante de tutela interpuso recurso de reposición que, de igual forma, le fue negado, por lo que interpuso la presente acción tutelar, solicitando se disponga dejar sin efecto todo el acto procesal posterior a la excepción planteada; 2) Como antecedentes, se aclaró que la Sala Constitucional, ya conoció, en una anterior ocasión, una acción de amparo constitucional interpuesta por el impetrante de tutela, en contra del Juez de Instrucción en lo Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, en la cual solicitó la resolución de una excepción de extinción de la acción penal; proceso constitucional en el cual se dispuso, en fase de admisibilidad, la improcedencia por concurrir la causal del art. 53.3 del CPCo; sin embargo, remitido en grado de consulta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, por Auto Constitucional 188/2021-RCA de 2 de octubre, se dispuso que la Sala Constitucional, admita y resuelva la acción tutelar interpuesta; es por esa razón que la Sala Constitucional admitió la presente acción tutelar y se encontró en la obligación de resolver; 3) De la revisión de antecedentes, cursa la imputación formal y acusación Fiscal, en contra de Sergio Estenssoro Cisneros; por ello, se verificó que, dentro del proceso penal de referencia, el único acusado es el nombrado -Sergio Estenssoro Cisneros-, por lo que el demandante de tutela no tiene legitimación activa para intervenir en el proceso penal, ni para acudir a la vía constitucional, ya que el auto de apertura de juicio emitido por la Jueza ahora demandada, únicamente dispuso la apertura de juicio en contra del hermano del ahora solicitante de tutela, por lo que haciendo una interpretación teleológica o finalista, sistemática y literal del art. 342 del CPP, la norma no permite investir de legitimidad a una persona que no estuviera acusada por la presunta comisión de un delito, acusación ya sea Fiscal o particular; por esa razón, el peticionante de tutela carece de la legitimación activa establecida por el art. 52 del CPCo, para activar la presente acción tutelar.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. Cursa informe de inicio de investigación presentado el 10 de febrero de 2017, presentado por el Ministerio Público, en contra Sergio y Marco, ambos Estenssoro Cisneros; cuya providencia de la misma fecha, señala “Se tiene cumplida la formalidad dispuesta en el Art. 289 del Código de Procedimiento Penal, teniéndose por el control jurisdiccional, debiendo proseguirse con la investigación preliminar conforme a procedimiento y en el plazo máximo legal establecido de los Veinte días, de acuerdo a la modificación del art. 300….” (sic [fs. 4 a 5]). II.2. Cursa Imputación Formal de 8 de mayo de 2017, por el que Carmen Delia Montero Ferreira y Marcelo Saldaña Sanguino, Fiscales de Materia del departamento de Santa Cruz, “IMPUTA FORMALMENTE A SERGIO ESTENSSORO CISNEROS, por la comisión del delito de EVASION previsto y sancionado en el Art. 180 en el Código Penal.”; cuyo proveído del Juez de Instrucción en lo Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, dispuso “Se tiene presente la Imputación Formal, presentada (…) contra SERGIO ESTENSSORO CISNEROS por la comisión del delito de EVASION, previsto y sancionado por el Art. 180 del Código Penal.”

(sic [fs. 9 a 11 vta.]). II.3. Se tiene Acusación Formal de 25 de julio de 2017, emitida por Yván Ortiz Tristán -ahora tercero interesado- y Carmen Delia Montero Ferreira, Fiscales de Materia del departamento de Santa Cruz, por el que “ACUSA FORMALMENTE A SERGIO ESTENSSORO CISNEROS, por la comisión del delito de EVASION previsto y sancionado en el Art. 180 en el Código Penal” (sic [fs. 45 a 47 y vta.]). II.4. Por Acusación Particular de 17 de agosto de 2017, presentada por Gladys Vaca Vda. de Roda -ahora tercera interesada-, acusa de forma particular a Sergio Estenssoro Cisneros, por la presunta comisión del delito de evasión, previsto y sancionado por el art. 180 en el CP (fs. 56 a 59 y vta.). II.5. En atención al proveído de 7 de enero de 2022, la Jueza ahora demandada, dispuso “téngase por RADICADA la presente causa con Nurej: 201511028 remitido por el Tribunal de Sentencia 12 de la Capital, venido por redistribución en razón de competencia establecida en la Ley 1173” (sic [fs. 74]). II.6. Cursa memorial presentado el 24 de octubre de 2022, por el que Marco Estenssoro Cisneros -ahora accionante-, interpone excepción de extinción de la acción penal por prescripción (fs. 172 a 189 vta.). II.7. Se tiene memorial presentado el 27 de octubre de 2022, por el que Marco Estenssoro Cisneros -ahora impetrante de tutela-, interpuso recurso de reposición contra el “DECRETO DE 25 DE OCTUBRE DE 2022” (sic [fs. 172 a 189]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El demandante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la defensa y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, así como los principios de seguridad jurídica y celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Gladys Vaca Vda. de Roda, contra Sergio Estenssoro Cisneros, por la presunta comisión del delito de evasión, previsto y sancionado por el art. 180 del CP; el 24 de octubre de 2022, presentó una excepción de extinción de la acción penal por prescripción, adjuntado prueba idónea; sin embargo, la Jueza ahora demandada, en lugar de señalar audiencia y dar traslado a las partes para su contestación, mediante providencia de 25 de octubre de 2022, solicitó al ahora accionante que acredite su personería; ante esto, interpuso recurso de reposición; no obstante, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar no se pronunció, incumpliendo los arts. 314 y 315 del CPP.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para dicho fin, se analizarán las siguientes temáticas: i) La tramitación de los incidentes y excepciones en la fase de preparación del juicio y en el juicio oral; ii) Resoluciones apelables a través del recurso de apelación incidental; y, iii) Análisis del caso concreto.

III.1. La tramitación de los incidentes y excepciones en la fase de preparación del juicio y en juicio oral

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0826/2018-S2 de 10 de diciembre, asumió el siguiente razonamiento: En cuanto al trámite de las excepciones e incidentes, los arts. 314, 315 y 345 del Código de procedimiento Penal, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- establece:

Artículo 314. (Trámites).

I. Durante la etapa preparatoria las excepciones e incidentes se tramitarán por la vía incidental por una sola vez, ofreciendo prueba idónea y pertinente. Las excepciones podrán plantearse desde el inicio de la investigación penal hasta diez (10) días siguientes de la notificación judicial con la imputación formal. Los incidentes deberán plantearse dentro del plazo de diez (10) días de notificado o conocido el acto que vulnere un derecho o garantía jurisdiccional. El planteamiento de las excepciones e incidentes no implica la suspensión de los actos investigativos o procesales. II. La jueza o el juez de Instrucción en lo Penal dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, señalará audiencia y notificará a las partes con la prueba idónea y pertinente. La audiencia se llevará a cabo dentro del plazo de tres (3) días, en la cual se considerará el planteamiento de las excepciones e incidentes y respuestas de las partes.

Cuando la parte procesal que planteó las excepciones e incidentes no asista injustificadamente a la audiencia señalada, se rechazará su planteamiento y en su caso, se aplicará el principio de convalidación del acto u omisión cuestionada. Cuando la otra parte no asista a la audiencia, no será causal de suspensión, salvo impedimento físico acreditado mediante prueba idónea. III. Excepcionalmente, durante la etapa preparatoria y juicio oral, el imputado podrá plantear la excepción por extinción de la acción penal, ofreciendo prueba idónea y pertinente, la cual será notificada a las partes conforme establece el numeral 4 del Artículo 308 del presente Código.

Artículo 315. (Resolución).

I. La jueza, el juez o tribunal en audiencia dictará resolución fundamentada declarando fundada o infundada las excepciones y/o incidentes, según corresponda.

II. Cuando las excepciones y/o incidentes sean manifiestamente improcedentes, por carecer de fundamento y prueba, la jueza, el juez o tribunal, deberá rechazarlas in límine sin recurso ulterior en el plazo de veinticuatro (24) horas, sin necesidad de audiencia y sin mayor trámite.

III. Cuando las excepciones y/o incidentes sean declarados manifiestamente dilatorios, maliciosos y/o temerarios, interrumpirán los plazos de la prescripción de la acción penal, de la duración de la etapa preparatoria y de duración máxima del proceso, computándose nuevamente los plazos. Consecuentemente la jueza, el juez o tribunal, previa advertencia en el uso del poder ordenador y disciplinario, impondrá a la o el abogado una sanción pecuniaria equivalente a dos (2) salarios mínimos nacionales, monto de dinero que será depositado en la cuenta del Órgano Judicial. En caso de continuar con la actitud dilatoria, la autoridad jurisdiccional apartará a la o el abogado de la actuación del proceso en particular, designando a un defensor público o de oficio.

IV. El rechazo de las excepciones y de los incidentes impedirá que sean planteados nuevamente por los mismos motivos. Por su parte el art. 345 del CPP, modificado por la Ley 586 de 30 de octubre de 2014, establece:

(Trámite de los incidentes).- Todas las cuestiones incidentales sobrevinientes conforme a las reglas de los Artículos 314 y 315 del presente Código, serán tratadas en un solo acto, a menos que el Tribunal resuelva hacerlo en sentencia.

En la discusión de las cuestiones incidentales, se concederá la palabra a las partes una sola vez, por el tiempo que establezca la o el juez o la o el Presidente del Tribunal, sin replica ni duplica. Al respecto, la SCP 0041/2018-S2 de 6 de marzo, respecto al resumen de las subreglas respecto a la tramitación de los incidentes y excepciones en la fase de preparación del juicio o en el juicio oral, estableció:

Conforme a lo anotado, de la interpretación desde y conforme a la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad del art. 345 del CPP, realizada precedentemente, se establecen las siguientes subreglas para la tramitación de los incidentes y excepciones durante la fase de preparación del juicio oral o en el propio juicio oral:

1) La tramitación y resolución de incidentes y excepciones durante la fase de preparación del juicio -nuevas o no tramitadas en la etapa preparatoria- podrá ser diferida a juicio oral; sin embargo, dicha determinación deberá ser motivada, considerando la necesidad de protección inmediata e incontrovertible del derecho, o el carácter innecesario del desarrollo del juicio ante los efectos de la excepción o incidente formulado, de tal suerte que, si la decisión se decanta por diferir su tratamiento y resolución a juicio, el Tribunal de Sentencia Penal deberá motivarla a partir de la necesidad de generar mayor debate en juicio sobre el incidente o excepción formulada y la necesidad de tener mayores elementos para resolver, supuesto en el cual, con la exteriorización de este razonamiento, se tendrá por satisfecha la motivación; 2) Si el Tribunal de Sentencia Penal decide resolver la excepción o incidente de manera inmediata, se deberá seguir el procedimiento previsto en el art. 314.II del CPP; en tanto que, si decide tramitarla en la etapa del juicio, se aplicarán las reglas previstas en el art. 345 del CPP;

3) La decisión del Tribunal de Sentencia Penal de diferir la tramitación y resolución de un incidente o excepción formulada en juicio oral, debe ser motivada, y al igual que en el punto uno de estas subreglas, debe atender a la necesidad de protección inmediata del derecho o el carácter innecesario del desarrollo del juicio ante los efectos del incidente o excepción formulada; y,

4) Las resoluciones sobre incidentes o excepciones pueden ser impugnadas:

4.i) A través del recurso de apelación incidental cuando fueron resueltas en la etapa preparatoria y en la fase de preparación del juicio; y, 4.ii) A través del recurso de apelación restringida, previa reserva de recurrir, si fueron resueltas en el juicio oral. A dichas subreglas, en el marco de la jurisprudencia contenida en la SCP 1096/2016-S2, debe añadirse que: Las excepciones extintivas, perentorias o substanciales (extinción de la acción penal, cosa juzgada) presentadas en etapa preparatoria del juicio, deben ser tramitadas inmediatamente; entendimiento que debe aplicarse aún en fase de preparación del juicio o juicio oral propiamente dicho, toda vez que atendiendo a la naturaleza y efectos de éstas excepciones, podría hacer innecesario la continuación del proceso penal.

III.2. Resoluciones apelables a través del recurso de apelación incidental

En sistema recursivo establecido en nuestro ordenamiento penal, respecto a la tramitación del recurso de apelación incidental, el art. 403 del CPP modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, establece qué resoluciones pueden ser objeto del referido recurso; siendo las siguientes:

1. La que resuelve la suspensión condicional del proceso; 2. La que resuelve una excepción o incidente; 3. La que resuelve medidas cautelares o su sustitución; 4. La que desestime la querella en delitos de acción privada; 5. La que resuelve la objeción de la querella; 6. La que declara la extinción de la acción penal; 7. La que conceda, revoque o rechace la libertad condicional; 8. La que niegue o revoque la solicitud de ampliación de la etapa preparatoria en delitos relacionados con organizaciones criminales; 9. La que admita o niegue la suspensión o extinción de la pena; 10. La que resuelva la reparación del daño; y, 11. Las demás señaladas por este Código.

III.2. Análisis del caso concreto

El peticionante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la defensa y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, así como los principios de seguridad jurídica y celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Gladys Vaca Vda. de Roda, contra Sergio Estenssoro Cisneros, por la presunta comisión del delito de evasión, previsto y sancionado por el art. 180 del CP; el 24 de octubre de 2022, presentó una excepción de extinción de la acción penal por prescripción, adjuntando prueba idónea; sin embargo, la Jueza ahora demandada, en lugar de señalar audiencia y dar traslado a las partes para su contestación, mediante providencia de 25 de octubre de 2022, solicitó al impetrante de tutela que acredite su personería; ante esto, interpuso recurso de reposición; no obstante, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar no se pronunció, incumpliendo los arts. 314 y 315 del CPP. Al respecto, de la revisión de los antecedentes que cursan en el legajo constitucional, se tiene que por informe de inicio de investigación presentado el 10 de febrero de 2017, se puso en conocimiento del Juez de Instrucción en lo Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, el inicio de investigación en contra de Sergio y Marco, ambos Estenssoro Cisneros (Conclusiones II.1); sin embargo, frente a la conminatoria realizada a los Fiscales de Materia de la causa, se tiene que los mismos, presentaron la Imputación Formal de 8 de mayo de 2017, únicamente en contra de Sergio Estenssoro Cisneros, por la presunta comisión del delito de evasión, previsto y sancionado por el art. 180 del CP, actuado procesal que fue de conocimiento de la referida autoridad judicial (Conclusiones II.2); posteriormente, el Ministerio Público y la víctima presentaron Acusación Formal de 25 de julio y Acusación Particular de 17 de agosto, ambos de igual año, en contra del nombrado, por la presunta comisión del delito antes indicado; por lo que, se dispuso la remisión de antecedentes ante el Juez de Sentencia Penal correspondiente (Conclusiones II.3 y II.4). Radicada la causa ante la Jueza de Sentencia Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada- (Conclusión II.5), el demandante de tutela por memorial presentado el 24 de octubre de 2022, interpuso excepción de extinción de la acción penal por prescripción, mismo que fue observado por la Jueza ahora demandada, solicitando al peticionante de tutela que acredite su personería (Conclusión II.6); frente a esa decisión, por memorial de 27 de octubre de 2022, interpuso recurso de reposición en contra del indicado “DECRETO DE 25 DE OCTUBRE DE 2022” (Conclusión II.7); que también le fue negado por proveído “01 de noviembre de 2022” (sic [fs. 254]), mismo que fue “notificado al accionante en fecha 07 de noviembre de 2022 cursante a fs. 1782 a 1783 de obrados del expediente procesal” (sic [fs. 255), tal cual manifiesta el impetrante de tutela y la Juez ahora demandada en audiencia de la presente acción tutelar, evidenciando la respuesta que recibió el recurso de reposición y la notificación correspondiente; sin embargo, la indicada resolución no dio cumplimiento a los arts. 314 y 315 del CPP, señalando audiencia para la consideración de la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, agotando la vía correspondiente. En ese contexto, se observa que la providencia de 25 de octubre de 2022, objeto de recurso de reposición, y la providencia de 1 de noviembre de igual año, que resuelve el recurso de reposición e igualmente niega la pretensión principal, resultan ser providencias de mero trámite; toda vez que, las mismas observan la excepción planteada solicitando al demandante de tutela que acredite su personería; es decir, se limitan a orientar el desarrollo del proceso y no resuelven el fondo del asunto; por ello, se considera que los medios impugnativos previstos en el ordenamiento jurídico fueron agotados, conforme la parte in fine del art. 402 del CPP, que establece que contra la resolucipon que resuelva el recurso de reposición, no cabe recurso ulterior; por ello, corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. Precisados los antecedentes, se tiene que el solicitante de tutela denuncia que el 24 de octubre de 2022, presentó una excepción de extinción de la acción penal por prescripción, adjuntando prueba idónea; sin embargo, la Jueza ahora demandada, en lugar de señalar audiencia y dar traslado a las partes para su contestación, mediante providencia de 25 de octubre de 2022, solicitó al peticionante de tutela que acredite su personería; ante esto, interpuso recurso de reposición; no obstante, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar no se pronunció, incumpliendo los arts. 314 y 315 del CPP. Al respecto, de la revisión de la Acusación Formal de 25 de julio de 2017 y la Acusación Particular de 17 de agosto del mismo año, se evidencia que ambas fueron presentadas por los Fiscales de Materia de la causa y por la víctima denunciante respectivamente, solo en contra de Sergio Estenssoro Cisneros, por la presunta comisión del delito de evasión; sin embargo, dichos actos procesales no incluyen al ahora impetrante de tutela como acusado, a efectos de someter su condición de procesado a la competencia de la Jueza ahora demandada, con la finalidad de desarrollar las fases de la etapa de juicio oral, público, continuo y contradictorio; asimismo, no se evidencia la remisión ni la radicatoria de la causa ante la Jueza ahora demandada por alguna acusación en contra del demandante de tutela, ya que de la revisión de antecedentes y lo expresado por su abogado patrocinante durante la audiencia de esta acción tutelar, el mismo manifestó que su defendido -ahora accionante- actualmente “no se encuentra acusado” (sic [fs. 255]); en consecuencia, no corresponde que la autoridad judicial ahora demandada resuelva la excepción de extinción de la acción penal por prescripción planteada por el solicitante de tutela, ya que en el caso concreto, conforme el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el Juez de instrucción penal, en su calidad de autoridad de control jurisdiccional en la etapa preparatoria, es plenamente competente hasta que la causa sea remitida y radicada formalmente ante el Juez o Tribunal de sentencia penal competente, por la presentación de una acusación formal en su contra. Por lo expuesto, no se advierte la vulneración alegada por el peticionante de tutela en la presente acción tutelar. Por otra parte, el ahora accionante denuncia que el recurso de reposición planteado no recibió respuesta hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar; sin embargo, se evidencia que por memorial de 27 de octubre de 2022, el impetrante de tutela interpuso recurso de reposición contra el “DECRETO DE 25 DE OCTUBRE DE 2022” (Conclusión II.7), mismo que fue resuelto mediante providencia

“de 01 de noviembre de 2022” (sic [fs. 254]) que negó la reposición solicitada, siendo “notificado (…) en fecha 07 de noviembre de 2022 cursante a fs. 1782 a 1783 de obrados del expediente procesal” (sic [fs. 255]), tal cual manifestaron el demandante de tutela y la Jueza ahora demandada durante la audiencia de la presente acción tutelar; por lo tanto, no resulta evidente la denuncia de falta de pronunciamiento del recurso de reposición por parte de la autoridad judicial ahora demandada, ya que dicho recurso fue oportunamente resuelto y notificado; en consecuencia, no se evidencia la vulneración alegada por el solicitante de tutela en este punto. Por todo lo expuesto, al no verificarse la vulneración alegada por el peticionante de tutela, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 131/22 de 16 de noviembre de 2022, cursante de fs. 258 a 261, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo, conforme a lo desarrollado en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0506_2024-S1.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): c3d33c22ea9406fa5430c53d0e65f507c16da0d55a1214ebee261d042c30b974

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