Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 27 de abril de 2026
Deniega la tutela
La accionante, denuncia la vulneración de su derecho a la defensa y al debido proceso; alegando que, en la denuncia penal en su contra por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, el Fiscal de Materia demandado le negó el acceso al cuaderno de la investigación y al portafolio digital del sistema JL1 del Ministerio Púbico, impidiéndole que asuma una defensa técnica y material, que no pudo denunciar debido a que no existía control jurisdiccional al no haber informado la autoridad fiscal demandada del inicio de la causa. Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: i) Se anule obrados hasta el vicio más antiguo -admisión de denuncia-; ii) Se le autorice la revisión del cuaderno de investigación; y, iii) Se le permita la habilitación de la plataforma virtual del sistema JL1 del Ministerio Público. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 149/2023 de 4 de agosto, cursante de fs. 24 a 25 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, sin ingresar al fondo de la problemática y con base a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0505/2026-S3 Sucre, 27 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 58045-2023-117-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 149/2023 de 4 de agosto, cursante de fs. 24 a 25 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Nolberta Mamani Apaza contra Luis Alberto Bayón Arequipa, Fiscal de Materia.
Por memoriales presentados el 12 y 21 de julio de 2023, cursante de fs. 6 a 8 y 14, la accionante, manifiesta lo siguiente:
En el proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, causa signada con el Código Único de Denuncia (CUD): 201502022305139, el 7 de julio de 2023, juntamente a su abogado, se apersonó de forma voluntaria y espontánea -art. 223 del Código de Procedimiento Penal (CPP)-, ante la Fiscalía Especializada en Solución Temprana de la ciudad de El Alto, a efecto de asumir una adecuada defensa material y técnica, solicitando acceso al cuaderno de investigación; sin embargo, Luis Alberto Bayón Arequipa, Fiscal de Materia demandado, se lo negó, impidiéndole hasta la fecha la habilitación de la Plataforma virtual sistema Justicia Libre (JL1). Hechos que intentó hacer conocer a la autoridad de control jurisdiccional; empero, revisado el sistema informático del “Poder Judicial” constató que el Ministerio Público no informó de la “apertura” de la denuncia.
Denuncia la vulneración de su derecho a la defensa y al debido proceso, citando al efecto los arts. 115.II y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se anule obrados hasta el vicio más antiguo -admisión de denuncia-; b) Se autorice la revisión del cuaderno de investigación; y, c) La habilitación de la Plataforma virtual del sistema JL1 del Ministerio Público.
Celebrada la audiencia virtual el 4 de agosto de 2023, según consta en acta cursante de fs. 22 a 23, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, manifestó que: 1) Con la finalidad de asumir defensa en el proceso penal, se apersonó de forma voluntaria y espontanea ante el despacho fiscal de la autoridad demandada, momento que requirió revisar el cuaderno investigativo, pedido que fue negado por funcionarios del despacho fiscal que no quisieron identificarse, pero afirmaron que sería política del Ministerio Público, hechos que consideró hacer conocer al juez de control jurisdiccional; empero, el sistema informativo del Órgano Judicial -no indicó cual-, no consignó el inicio de investigación conforme establece el art. 289 del CPP; 2) Ante la inexistencia de autoridad jurisdiccional, cumplió con el principio de subsidiariedad; y, 3) Existe lesión al derecho a la defensa técnica, porque “a la fecha” el portafolio digital del sistema de JL1 del Ministerio Público no se encuentra habilitado. La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, ejecutó la siguiente consulta: ¿Cuál es finalidad del apersonamiento ante el Ministerio Público o sólo revisó el sistema? En respuesta a la pregunta planteada, indicó que: Fue citada para prestar su declaración informativa, y a efecto de asumir una adecuada defensa quiso verificar las pruebas.
Luis Alberto Bayón Arequipa, Fiscal de Materia, a través de informe escrito presentado el 4 de agosto de 2023, cursante a fs. 17 vta., señaló que: i) El 13 de junio de 2023, Agustín Coronado Canaviri, Fiscal Analista “interoperó” el inicio de investigación vía sistema JL1 con el Juzgado de Instrucción Penal de turno de la ciudad de El Alto; ii) “…en una primera visita que tuvo la accionante al despacho fiscal, a objeto de revisar su proceso, se le negó la revisión del mismo, ese extremo debo admitir en honor al principio de lealtad…” (sic); y, iii) No se pudo brindar información del proceso penal a la solicitante de tutela, porque la denuncia fue de manera verbal y se encuentra grabada en el portafolio digital, siendo que “a la fecha” el mismo se encuentra habilitado; por lo que, la prenombrada deberá acudir al citado portafolio por medio de su abogado.
Raymunda Mamani Copana, a través de su abogada en audiencia de garantías, manifestó lo siguiente: a) El Fiscal “especialista” en Solución Temprana, luego de valorar el certificado médico forense, admitió la denuncia verbal contra la impetrante de tutela, bajo el número de CUD 201502022305139, causa que está a cargo del Fiscal de Materia ahora accionado, y, b) Desconoce las denuncias efectuadas en la demanda tutelar contra la dicha autoridad.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 149/2023 de 4 de agosto, cursante de fs. 24 a 25 vta., denegó la tutela impetrada por no cumplir con el principio de subsidiariedad, pues existe control jurisdiccional desde el 13 de junio de 2023; por ello, la accionante cuenta con la facultad para presentar cualquier hecho a la autoridad jurisdiccional; Por otro lado, llamó severamente la atención a la autoridad demandada, disponiendo recomiende al personal de su despacho fiscal evitar la lesión al derecho a la defensa -revisión de los cuadernos investigativos-; decisión con base a los siguientes fundamentos: 1) De antecedentes consta la denuncia presentada por Raymunda Mamani Copana -tercera interesada- contra la accionante, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves; es así que, la prenombrada luego de ser notificada acudió -13 de julio de 2023- al despacho fiscal para prestar su declaración informativa; además, presentó memorial de apersonamiento y solicitó fotocopias del cuaderno de investigación; 2) El 13 de junio de 2023, se hizo efectivo el inicio de investigación a través del sistema de JL1 al juzgado de instrucción penal de turno de El Alto del departamento de La Paz, información “expresada” mediante documento público -se entiende al informe escrito-, por parte de la autoridad demandada, el cual no puede ser cuestionado por la justicia constitucional; por ello, la impetrante de tutela conforme dispone el art. 54.1 del CPP, debió acudir de manera previa a la autoridad judicial a efecto de denunciar los derechos que ahora alegados de lesionados, aspecto que impide que la acción tutelar sea atendida por la jurisdicción constitucional, operando así la inobservancia al principio de subsidiariedad -art. 54.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo)-; y, 3) En atención al informe evacuado por la autoridad demandada, afirmó que la accionante no revisó el cuaderno de investigación y que el sistema de portafolio digital se encuentra habilitado; por tales motivos, resulta necesario llamar la atención al Fiscal de Materia demandado en la parte dispositiva de esta resolución. En la vía de complementación y enmienda, el abogado de la peticionante de tutela manifestó que revisó el portafolio digital del sistema JL1 y no se encuentra habilitado. En sustanciación y resolución, la citada Sala Constitucional sostuvo que la autoridad demandada mediante documento público -informe escrito- dio a conocer ese aspecto; sin embargo, si la prenombrada autoridad brindó información incorrecta y la misma es presentada a dicha Sala Constitucional, ello involucrara otro tipo de medida.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de la Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de la Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución, emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta orden de citación de 4 de julio de 2023, extendida por Luis Alberto Bayón Arequipa, Fiscal de Materia -demandado-, a objeto que la impetrante de tutela, comparezca ante su autoridad y brinde declaración informativa en calidad de sindicada el 13 de igual mes y año (fs. 4). II.2. Por memorial presentado el 7 de julio de 2023, Nolberta Mamani Apaza -accionante-, se apersonó y solicitó copias del cuaderno de investigación a la Fiscalía Especializada de Solución Temprana de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz (fs. 3). II.3. Cursan placas fotográficas tomadas al Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), sin fecha de impresión, consignando la identidad de la peticionante de tutela y la tercera interesada (fs. 5).
La accionante, denuncia la vulneración de su derecho a la defensa y al debido proceso; alegando que, en la denuncia penal en su contra por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, el Fiscal de Materia demandado le negó el acceso al cuaderno de la investigación y al portafolio digital del sistema JL1 del Ministerio Púbico, impidiéndole que asuma una defensa técnica y material, que no pudo denunciar debido a que no existía control jurisdiccional al no haber informado la autoridad fiscal demandada del inicio de la causa. Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: i) Se anule obrados hasta el vicio más antiguo -admisión de denuncia-; ii) Se le autorice la revisión del cuaderno de investigación; y, iii) Se le permita la habilitación de la plataforma virtual del sistema JL1 del Ministerio Público. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0168/2018-S2 de 14 de mayo, asumió el siguiente entendimiento: La Constitución Política del Estado, en su art. 128, establece: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley”; a su vez, el art. 129.I de la referida Ley Fundamental, señala: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados” (las negrillas son nuestras). En coherencia con la última disposición, el art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo), respecto a la subsidiariedad e inmediatez, dispone:
I. La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo.
II. Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando:
1. La protección pueda resultar tardía.
2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela.
El Tribunal Constitucional a través de la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, sostuvo que la acción de amparo constitucional constituye un instrumento subsidiario, porque no es posible utilizarlo si previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa, y supletorio, pues viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria. Es así, que en el Fundamento Jurídico III.1, estableció reglas y subreglas de improcedencia por subsidiariedad:
…cuando: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución (las negrillas son incorporadas). Asimismo, el principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional supone que ésta no podrá activarse mientras no se agoten otros medios o recursos legales que permitan la protección del o los derechos de la persona interesada; así lo establecen los arts. 129.I de la CPE y 54 del CPCo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0370/2018-S1 de 3 de agosto, asumió el siguiente entendimiento: La SCP 0999/2017-S1 de 11 de septiembre, en aplicación de la norma procesal sobre el control jurisdiccional dentro del proceso penal y recogiendo los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional al respecto, establece que: “El art. 54.1 del CPP, señala que los jueces de instrucción penal serán competentes para el control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos en el mismo ordenamiento legal. Asimismo, el art. 279 del mismo Código establece que el Ministerio Público y la Policía Nacional actuaran siempre bajo control jurisdiccional y que los fiscales no podrán realizar actos jurisdiccionales ni los jueces actos de investigación que comprometan su probidad.
Este Tribunal, a través de la jurisprudencia constitucional estableció: ‘...ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales y -se reitera-sólo en caso de verificarse que existirá una dilación o que esa instancia no se constituye en la eficaz y oportuna para restablecer esos derechos, es que se abre la posibilidad de acudir a la presente acción tutelar en forma directa’ así lo entendió la SC 0054/2010-R de 27 de abril.
En ese mismo sentido, la SC 0943/2011-R de 22 de junio indicó: ‘...es necesario precisar que esta acción de defensa, no puede ser desnaturalizada en su propósito, evitando que se convierta en un medio paralelo con la jurisdicción ordinaria; criterio que fue asimilado por la jurisprudencia emitida por este Tribunal cuando citando a los arts. 54.1 y 279 del CPP, advirtió que el Juez de Instrucción en lo Penal dentro de la etapa investigativa, es la autoridad encargada del control jurisdiccional de la investigación, así como de los actos del Ministerio Público y los funcionarios policiales, determinando que toda persona que considere la existencia de una acción u omisión que lesione su derecho a la libertad dentro de dicha etapa, debe inexcusablemente con carácter previo a acudir a este medio de defensa efectuar sus reclamos ante el Juez cautelar para que dentro de un plazo razonable éste se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad de su arresto o aprehensión, ordenando lo que en derecho corresponda, y en caso de persistir la supuesta lesión, recién activar la presente acción de libertad como medio de defensa’” (las negrillas fueron añadidas).
La impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la defensa y al debido proceso; alegando que, dentro de la denuncia penal en su contra por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, el Fiscal de Materia ahora demandado le negó el acceso al cuaderno de investigación; asimismo, alegó que su abogado defensor no pudo acceder al portafolio digital del sistema JL1 del Ministerio Púbico, actos ilegales que impiden asuma una defensa técnica y material, considerando que en su caso no existía control jurisdiccional Precisada la problemática que motiva la presente acción de defensa, y compulsados los antecedentes y los argumentos expresados por los sujetos procesales en esta acción tutelar, se tiene la existencia de la causa penal contra la peticionante de tutela, signada con el CUD: 201502022305139, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, dentro del cual se realizan actos investigativos y, precisamente dentro de dicho proceso, se tiene que, por memorial de 7 de julio de 2023, la accionante presentó apersonamiento y solicitó copias del cuaderno de investigación ante el Fiscal de Materia ahora accionado, quien emitió orden de citación para que la impetrante de tutela comparezca y brinde su declaración informativa en calidad de sindicada (Conclusiones II.1 y II.2). También cursan placas fotográficas tomadas al SIREJ -sin fecha de impresión-, consignado la identidad de la impetrante de tutela y a la tercera interesada (Conclusión II.3). Con base a esos antecedentes fácticos, cabe precisar que conforme se tiene del entendimiento contenido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, a los efectos de la procedencia de la acción de amparo constitucional, los justiciables deben agotar todos los medios de defensa idóneos que el ordenamiento jurídico le permita para la protección de los derechos denunciados como vulnerados, emergentes del acto que considera lesivo.
En ese contexto, se plantea una problemática relacionada a la presunta limitación en el acceso al cuaderno de la investigación y al Portafolio digital del sistema Justicia Libre 1 del Ministerio Público del abogado defensor del hoy accionante; no obstante, del informe prestado por el Fiscal de Materia demandado, el inicio de la investigación fue puesto en conocimiento de la autoridad judicial competente el 13 de junio de 2023, mediante el Sistema JL1; en tal sentido, el accionante podía acudir al control jurisdiccional desde la fecha indicada, al ser esta autoridad la que supervisa que los actos de investigación, a cargo de los Fiscales de Materia, no incurran en lesiones a derechos fundamentales; por lo que, al acudir directamente a la jurisdicción constitucional, el impetrante de tutela no observó el principio de subsidiariedad que rige las acciones de amparo constitucional, conforme disponen los arts. 54.1 y 279 del CPP. Consiguientemente, es pertinente considerar lo señalado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que establece que todas las actuaciones de funcionarios policiales o representantes del Ministerio Público, que fuesen presuntamente ilegales; y, que guarden relación con los derechos a la defensa y debido proceso, deben ser denunciadas ante el Juez que conoce la causa, y, en caso de no existir una autoridad judicial identificada, ya sea porque el Ministerio Público no dio aviso del inicio de las investigaciones, se debe acudir ante el Juez de Instrucción de turno. En cualquier caso, la jurisdicción ordinaria debe agotarse para la reparación de derechos fundamentales vulnerados y solo ante la persistencia de tales lesiones, se puede activar la jurisdicción constitucional. Conforme a tales razonamientos, corresponde denegar la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 149/2023 de 4 de agosto, cursante de fs. 24 a 25 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, sin ingresar al fondo de la problemática y con base a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0505_2026-S3.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 3180326dfdc942a2bfbec9b3e9d6b1e77851c2fb2d2743cca84f0a60836411cf
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