Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 15 de mayo de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, de sus derechos a la libertad y la defensa puesto que: a) La Presidenta del Tribunal de Sentencia Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, le concedió apenas cinco minutos para exponer su pretensión y finalmente, no apreció correctamente, sobre la base de las pruebas presentadas, que el riesgo procesal contenido en el art. 235.2 del CPP, había desaparecido, manteniendo firme la detención preventiva dispuesta; y, b) El Tribunal de apelación, sin argumentación alguna confirmó lo resuelto, sin recoger fielmente la exposición de agravios y sin valorar correctamente la prueba, de manera que el Auto de Vista de 1 de noviembre de 2022, es incongruente, tergiversado y contradictorio; y, por ello, no es correcta la apreciación relativa a que existe el riesgo procesal señalado porque tal conclusión contradice los antecedentes del proceso y vulnera la verdad material y la igualdad de partes. En revisión de la resolución de garantías, corresponde verificar si lo alegado por el accionante es evidente a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14/2022 de 25 de noviembre, cursante de fs. 70 a 74, pronunciada por la Jueza de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0504/2025-S4 Sucre, 15 de mayo de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 52215-2022-105-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 14/2022 de 25 de noviembre, cursante de fs. 70 a 74, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Daniel Caero Bustamante en representación sin mandato de Óscar Andy Caero Añez contra Pablo Antezana Vargas, Vocal de la Sala Penal Cuarta y Rosmery Torrez Terrazas, Jueza del Tribunal de Sentencia Primera de Sacaba, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memorial presentado el 24 de noviembre de 2022, cursante a fs. 31 a 43 vta., el accionante, manifestó los siguientes argumentos:
A través de imputación formal de 1 de agosto de 2019, radicada en el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, se señaló audiencia de medidas cautelares para el día 2 de agosto de 2019, por la que se dispuso su detención preventiva por la concurrencia de los riesgos procesales inmersos en los arts. 233.1, 234.1, 2 y 10, 235.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP). En el transcurso del tiempo, el 12 de diciembre de 2019, se realizó una audiencia de cesación de la detención preventiva, se acreditó la actividad laboral, acompañando título profesional y diplomado, desvirtuándose en su conjunto, el numeral 1 del art. 234 del CPP, y por lógica consecuencia, el numeral 2. Así también, se acompañó certificado de antecedentes y jurisprudencia; razón por lo que, el Juez dio por desvirtuado el numeral 10 del art. 234 del adjetivo penal.
Posteriormente, en la audiencia de 26 de junio de 2020, el Tribunal de Sentencia Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, determinó que el riesgo procesal establecido en el numeral 1 del art. 235 del CPP, quedó enervado, conclusión ratificada en audiencia de 19 de agosto de 2020, también por Auto de Vista 192/2020 de 2 de septiembre de 2020. Con referencia al art. 235.2 del adjetivo penal, el Vocal de la Sala Penal Tercera del departamento de Cochabamba en el Auto de Vista 192/2020 de 2 de septiembre, señaló que no era posible construir dicho riesgo procesal en relación a Elmer Zubieta Águila por ser coimputado y María Da Silva. En la audiencia de 3 de diciembre de 2020, el Tribunal de Sentencia Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, señaló que el único riesgo procesal que se encuentra latente es el art. 235.2 del CPP, peligro que ha sido reconstruido o modificado de acuerdo al entendimiento del Auto de Vista 192/2020 de 2 de septiembre, cuando se mantuvo el riesgo con referencia al testigo Jhonny Andrés Checa Apaza, ofrecido por el Ministerio Público y la acusación particular para que preste declaración en el juicio oral y que la audiencia todavía no fue realizada. Tal razonamiento, fue confirmado en el Auto de Vista de 30 de diciembre de 2020. Sobre la base de tales antecedentes, señaló que, a través de memorial de 20 de septiembre de 2022, solicitó al Tribunal de Sentencia Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba día y hora de audiencia de cesación de detención preventiva para que sea sustituida por otra medida menos gravosa; toda vez que, concluida la declaración del señalado testigo, no existe más el riesgo procesal por el que fue impuesta, y que podría ejercer su actividad profesional. Celebrada la audiencia el 11 de octubre del mismo año, acto procesal en el que fue restringido su derecho a la defensa porque se le concedieron cinco minutos para exponer su petición, y cuando efectuaba su exposición, le iban recordando el tiempo que quedaba para hacerlo, de manera que no se le dio la posibilidad de ser oído a través de su abogado y hacer valer la pretensión legítima que se estaba desarrollando; a pesar de esas condiciones, acreditó las razones por las cuales debía cesar su detención preventiva enunciando que conforme lo determinado por el Tribunal de Sentencia de Sacaba en el Auto de 3 de diciembre de 2020, el único riesgo procesal latente es el art. 235.2 del CPP; no obstante, el testigo Jhonny Andrés Checa Apaza prestó su testimonio en el juicio oral cuya audiencia fue instalada el 14 de abril de 2021; razón por la cual, se acreditó que el riesgo procesal constituido con respecto a una posible influencia en el testigo, no ha existido y por ende, ha sido desvirtuado. No obstante, la Presidenta del Tribunal de Sentencia Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, pronunció Resolución negando erróneamente su solicitud, así como la enmienda y complementación planteada; por lo que, invocó apelación en sujeción al art. 251 del CPP. Concedido el recurso, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba , señaló audiencia para el 1 de noviembre de 2022; y entregada el Acta de la Audiencia Virtual y la Resolución de apelación incidental de medida cautelar el 17 de similar mes y año advirtió que, en los Fundamentos de la Apelación y la Contestación, la Resolución pronunciada no recoge fielmente su exposición de agravios y por ello, resultó incongruente, tergiversada y contradictoria, puesto que lo que efectivamente señaló como un primer agravio es que en la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, la Presidenta del Tribunal de Sentencia Primero de Sacaba del referido departamento, en clara afectación del principio rector del derecho de defensa restringió el tiempo de su exposición, además de interrumpirla para recordarle que faltaban tres minutos y luego un minuto; por lo que, no dio la oportunidad a Oscar Andy Caero Añez para hacer valer las pretensiones legítimas que se estaban mencionando en la exposición, sin observar el derecho a la defensa que forma parte de sus derechos fundamentales conforme establece el art. 13.I. de la CPE, pues el imputado debe ser escuchado, principios y reglas esenciales exigibles en el proceso como instrumento de tutela de los derechos previstos en los arts. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE), el art. 8.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y no como señala el Vocal, que se le impidió eventualmente, fundamentar debidamente su solicitud de cesación de detención preventiva y además, dicha autoridad obvió mencionar que señaló expresamente, que conforme al art. 13.1. de la CPE y el art. 8.1. de la CADH, toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías, lo cual constituye un primer agravio, pues el Vocal refiere el art. 1 de la CADH. En el segundo párrafo el Vocal señaló que, se expuso un segundo agravio, consistente en que el Tribunal a quo, a tiempo de dictar la Resolución, habría determinado que en el presente caso, existe el riesgo procesal previsto en el art. 235.2. del CPP; que a su entender, resulta contradictorio con los antecedentes del proceso porque, la supuesta influencia que podría tener sobre el testigo Jhonny Checa ya no existe; puesto que, ya prestó su testimonio en el juicio oral, de manera que debía disponerse la cesación de la detención preventiva y sustituirla con la aplicación de la detención domiciliaria prevista por el art. 231.9. del adjetivo penal, aspectos que no fueron considerados por el Tribunal a quo, vulnerando el art. 180 de la CPE, relativo a la verdad material; así como también, la igualdad de partes. No obstante, la Resolución de apelación se aparta del contexto de la pertinencia en la fundamentación del Recurso de apelación que fluye de los antecedentes, puesto que en relación a la medida cautelar impuesta el 2 de agosto de 2019, hizo conocer lo resuelto en la audiencia de cesación realizada el 12 de diciembre de 2019, el Tribunal de Sentencia Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, determinó que ya no concurrían los riesgos procesales señalados por el art. 234 numerales 1, 2 y 10 del CPP. En la audiencia de 26 de junio (sic), ratificada en audiencia de 19 de agosto de 2020, el mismo Tribunal, consideró que el riesgo procesal establecido por el art. 235.1. del adjetivo penal, quedó enervado, criterio ratificado en el Auto de Vista 192/2020 de 2 de septiembre. Finalmente, en audiencia de 3 de diciembre de 2020, se señaló que el único riesgo procesal que se encontraba latente es el art. 235.2 del CPP, con relación al testigo Jhonny Andrés Checa Apaza, ofrecido por el Ministerio Público y la acusación particular para que presente su atestación en el juicio oral, que todavía no fue realizada. En ese entendido, la prueba presentada por la defensa, no fue correctamente valorada, la cual consistió en la declaración informativa policial de Checa; así como, una copia legalizada de actuados pertinentes del acta de juicio oral, que acreditan que dicho riesgo ha desaparecido porque el testigo prestó su testimonio demostrándose que no existió ninguna influencia negativa en el mismo. De manera que, es falso y contradictorio cuando se afirma que se hubiese entorpecido la averiguación de la verdad cuando concurrió a todo acto procesal convocado, y que no se hubiese proporcionado ningún elemento que permitió sostener que sea necesario modificar la situación jurídica; asimismo, la afirmación de que es profesional economista no es un fundamento jurídico válido y suficiente a efecto de aplicar la segunda constancia prevista en el art. 239.1 del CPP, que igualmente, asegura la finalidad de las medidas cautelares dispuestas, en consideración igualmente, con el principio de presunción de inocencia que constituye una coraza constitucional infranqueable. Por todo ello, se manifestó que al haber desvirtuado todos los riesgos procesales determinados por el Juez cautelar en la Resolución de 2 de agosto de 2019, la cesación de la detención preventiva se tornó conveniente debiendo ser sustituida por una medida menos gravosa, que permita el desarrollo de sus actividades profesionales; no obstante, el Auto objeto de alzada, señaló que en la presente causa debe garantizarse el cumplimiento de los fines previstos en el art. 221 del CPP; es decir, la aplicación de la ley debido a que fue emitida una sentencia condenatoria de primera instancia, que declaró al imputado autor del delito de asesinato imponiéndole una pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto, aunque la misma haya sido impugnada a través del recurso de apelación planteado por el acusado. Dicha posición que asume la Presidenta del Tribunal de Sentencia Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba es incoherente; puesto que, el art. 221 del CPP, prescribe que la libertad personal y los demás derechos fundamentales y garantías constitucionales reconocidos a toda persona por la Norma Suprema Constitucional, la norma procesal penal y los tratados internacionales vigentes, solo podrán ser restringidos cuando sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley.
El impetrante de tutela denunció la lesión al debido proceso en su vertiente de motivación, fundamentación, congruencia y el derecho a la libertad y la dignidad, citando al efecto, los arts. 13.I, 115 y 117 de CPE, así como el art. 8.1 de la CADH.
Solicitó se le conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista de 1 de noviembre de 2020.
Celebrada la audiencia virtual el 25 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 68 a 69, presente el solicitante de tutela asistido por su abogado y la ausencia de las autoridades demandadas, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro de su memorial de demanda de acción de libertad.
Pablo Antezana Vargas, Presidente de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por informe escrito presentado el 25 de noviembre de 2022, cursante de fs. 63 a 65 vta., manifestó lo que sigue: a) De la lectura del memorial de acción de libertad se advierte que el – ahora accionante–, omitió exponer el nexo de causalidad entre los derechos denunciados y las presuntas conductas vulneradoras de los mismos; puesto que, si bien denuncia la lesión del debido proceso respecto a la fundamentación, motivación y congruencia, su derecho a la libertad y derecho a la defensa, omitió explicar a partir de qué acciones y/o fundamentos el Tribunal de apelación vulneró tales derechos; es decir, no explicó por qué esa fundamentación no es correcta o resulta irracional o en su caso, cómo se aparta de los marcos legales de la sana crítica y equidad previsible para decidir, debiendo considerarse que la competencia del Tribunal de apelación es de revisión, en razón de que su labor se limita a verificar que el Juez de primera instancia, cumpla las reglas establecidas en los arts. 173 y 124 del CPP, ello en función de los aspectos que hayan sido cuestionados por el apelante respecto a una determinada Resolución; b) No resulta evidente lo señalado por el solicitante de tutela debido a que existe pronunciamiento sobre el primer agravio; es decir, en relación a la denuncia relativa a que se habría coartado el derecho a la defensa por el escaso tiempo otorgado para exponer los fundamentos de la petición de cesación de la detención preventiva, pues en el Auto de Vista de 1 de noviembre de 2022, se expone que de acuerdo a la transcripción realizada en el acta de la audiencia de 11 de octubre del mismo año, el hoy impetrante de tutela tuvo tiempo suficiente para fundamentar; puesto que, existe una hoja completa con sus fundamentos, a lo que se añadió que conforme al art. 339 del CPP, las autoridades judiciales tienen poder ordenador de manera que pueden imponer ciertas reglas para el desarrollo de la audiencia, incluyendo un tiempo para la intervención de las partes; y, c) En cuanto al reclamo referido a que el peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP habría disminuido al haber prestado declaración testifical Jhonny Andrés Checa Apaza, y que el Tribunal de apelación no se habría pronunciado sobre dicho aspecto, tampoco es evidente; ya que, el Auto de Vista de 1 de noviembre de 2022, realizó el análisis del fundamento del Tribunal A quo, respecto a la persistencia de dicho riesgo procesal, concluyendo que no tuvo mérito la apelación respecto a tal reclamó; toda vez que, valorada la prueba presentada por el accionante, se concluyó que dicho riesgo persiste debido a que el testigo ha ratificado en su declaración que el solicitante de tutela, influyó en el mismo de forma negativa para entorpecer la averiguación de la verdad. Asimismo, dicho Tribunal de manera acertada, consideró que habiendo el acusado Óscar Andy Caero Añez, formulado Recurso de apelación restringida contra la Sentencia condenatoria dictada en su contra, por la que se impuso pena de presidió de treinta años, existe la posibilidad de que la Sentencia se anule conforme a lo peticionado por el recurrente y que por ello, podría celebrarse un nuevo proceso por reenvío, fundamentos que fueron considerados pertinentes y acertados; por consiguiente el impetrante de tutela no puede referir que no se emitió fundamento alguno al respecto, como puede evidenciarse de la revisión del Auto de Vista de 1 de noviembre de 2022.
La Jueza de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, a través de la Resolución 14/2022 de 25 de noviembre, cursante de fs. 70 a 74, denegó la tutela solicitada exponiendo los siguientes fundamentos: 1) De la revisión de los antecedentes, se evidencia que el 11 de octubre de 2022, se celebró la audiencia de cesación de la detención preventiva del accionante, en la que el Tribunal de Sentencia Primero de Sacaba del referido departamento, por Resolución de la misma fecha, rechazó lo solicitado, al no haberse acreditado el art. 239.1 del CPP; decisión que apelada, fue declarada improcedente por Auto de Vista de 1 de noviembre de 2022; 2) Si bien, el impetrante de tutela manifestó que en la audiencia de cesación le fueron concedidos cinco minutos para plantear su solicitud, anunciándole que le restaban tres minutos y luego uno, no es menos cierto que el art. 113.III del CPP, establece que verificada la presencia de las partes, la autoridad judicial deberá establecer el objeto y finalidad de la audiencia, debiendo dictar la directrices pertinentes, moderar la discusión y el tiempo del debate. En ningún caso, se permitirá el debate de cuestiones ajenas a la finalidad y naturaleza de la audiencia, lo que quiere decir que la delimitación del tiempo de duración del debate constituye una facultad jurisdiccional que no constituye una vulneración al derecho a la defensa; sin embargo, el tiempo de intervención de las partes, debe ser razonable atendiendo a la complejidad y las particularidades de cada caso; de esa forma, no se advierte en el caso del solicitante de tutela vulneración a su derecho a la defensa, por cuanto el debate debió limitarse únicamente al constructo del riesgo procesal del art. 235.2 del CPP y los nuevos elementos que desvirtuaban la misma, advirtiéndose del acta de la audiencia de cesación de la detención preventiva de 11 de octubre de 2022, una amplia intervención de la defensa; y, 3) Respecto a la falta de valoración razonable de la prueba, tanto por el Tribunal de primera instancia como por el de apelación, el accionante no estableció qué reglas de la sana critica se habrían quebrantado en la valoración de la prueba efectuada por las autoridades recurridas, para considerar que las mismas serían incoherentes, contradictorias o tergiversadas; es decir, que ciertamente, no se estableció el nexo de causalidad entre los presuntos actos vulneratorios y la restricción de su derecho a la libertad, siendo las conclusiones del impetrante de tutela meras conjeturas personales y subjetivas, por cuanto tampoco estableció cuál de las pruebas que presentó fue omitida; toda vez que, la justicia constitucional no puede efectuar control constitucional sobre la actividad valorativa de la jurisdicción ordinaria si no se cumplen los presupuestos establecidos en la SC 0871/2010-R de 10 de agosto. De igual forma, el Auto de Vista de 1 de noviembre de 2022, expuso cada uno de los agravios formulados por el solicitante de tutela y se ha pronunciado sobre cada uno de ellos.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. La prueba presentada por el accionante consiste en lo siguiente: i) Acta de declaración informativa policial de 17 de julio de 2019, prestada por Jhonny Andrés Checa Apaza; ii) Acta de Juicio Oral de 14 de abril de 2021, correspondiente al proceso penal que siguen el Ministerio Público y acusación particular contra Oscar Andy Caero Añez y Elmer Zubieta Águila, por la presunta comisión del delito de asesinato, en sus páginas 1, 2, 25 y 26; iii) Orden de Citación Testifical para Oscar Andy Caero Áñez en la investigación seguida por el Ministerio Público contra Jorge Zubieta Águila; y, Acta de Declaración Policial de 4 de junio de 2021; y, iv) Auto de Vista 192/2020 de 2 de septiembre, Acta de audiencia de cesación a la detención preventiva de 3 de diciembre de 2020, Acta de audiencia de apelación incidental de 4 de enero de 2020 (fs. 3 a 29 vta.). II.2. La autoridad demandada, adjuntó el Acta de celebración de cesación de la detención preventiva de 11 de octubre de 2022 (fs. 52 a 56). II.3. Igualmente, el Acta de audiencia virtual y Resolución de Apelación Incidental de Medida Cautelar de 1 de noviembre de 2022 (fs. 57 a 65 vta.
El accionante denuncia la lesión del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, de sus derechos a la libertad y la defensa puesto que: a) La Presidenta del Tribunal de Sentencia Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, le concedió apenas cinco minutos para exponer su pretensión y finalmente, no apreció correctamente, sobre la base de las pruebas presentadas, que el riesgo procesal contenido en el art. 235.2 del CPP, había desaparecido, manteniendo firme la detención preventiva dispuesta; y, b) El Tribunal de apelación, sin argumentación alguna confirmó lo resuelto, sin recoger fielmente la exposición de agravios y sin valorar correctamente la prueba, de manera que el Auto de Vista de 1 de noviembre de 2022, es incongruente, tergiversado y contradictorio; y, por ello, no es correcta la apreciación relativa a que existe el riesgo procesal señalado porque tal conclusión contradice los antecedentes del proceso y vulnera la verdad material y la igualdad de partes. En revisión de la resolución de garantías, corresponde verificar si lo alegado por el accionante es evidente a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0153/2022-S4 de 18 de abril, al respecto precisó que: “Considerando que las medidas cautelares, ostentan los caracteres de excepcionalidad, instrumentalidad, provisionalidad, temporalidad y variabilidad, provocando que su aplicación y vigencia esté regida por determinados requisitos procesales, cuya verificación de cumplimiento está a cargo de la autoridad jurisdiccional competente que conoce la causa en cada una de las etapas del proceso penal, trasciende la obligación de las mismas de fundamentar y motivar suficiente y debidamente la decisión de imponer, modificar o revocar una medida cautelar. Entonces, todas las autoridades jurisdiccionales en general y, específicamente los jueces, tribunales y salas constitucionales que conocen una solicitud de aplicación de medidas cautelares, deben fundamentar suficientemente sus decisiones, en ese entendido se pronunció la SCP 0759/2010-R de 2 de agosto, con el siguiente razonamiento: `…la jurisprudencia constitucional ha dejado establecido que el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada; es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Consecuentemente, cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión. En ese entendido, ‘…toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución, tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso sino que también la decisión está normada por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de resolver los hechos juzgados, sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se tienen los canales que la Ley Fundamental le otorga para que, en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales y así pueda obtener una resolución que ordene la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir, del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento, una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, las SSCC 1369/2001-R, 0752/2002-R.’ ‘Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa, no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’ (SC 1365/2005-R de 31 de octubre)” (las negrillas son nuestras).
En ese marco, la resolución que determine la procedencia de la detención preventiva como disposición que es viable cuando las demás medidas cautelares personales sean insuficientes para asegurar la presencia del imputado y el no entorpecimiento de la averiguación del hecho, conforme señala la SC 0782/2005-R de 13 de julio, debe igualmente ser motivada de manera que se establezca la concurrencia de los requisitos señalados por el art. 233 del CPP vigente, es decir, que el imputado es con probabilidad, autor o partícipe del hecho punible; y, que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad. La indicada Resolución constitucional señala: “… entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar… De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP…”.
El accionante denuncia la lesión del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, de sus derechos a la libertad y la defensa puesto que: 1) La Presidenta del Tribunal de Sentencia Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, le concedió apenas cinco minutos para exponer su pretensión y finalmente, no apreció correctamente, sobre la base de las pruebas presentadas, que el riesgo procesal contenido en el art. 235.2 del CPP, había desaparecido, manteniendo firme la detención preventiva dispuesta; y, 2) El Tribunal de apelación, sin argumentación alguna confirmó lo resuelto: i) Sin recoger fielmente la exposición de agravios, de manera que el Auto de Vista de 1 de noviembre de 2022, es incongruente, tergiversado y contradictorio porque el Vocal demandado, omitió mencionar que señaló expresamente, que conforme al art. 13.1 de la CPE y el art. 8.1 de la CADH, toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías, lo cual constituye un primer agravio, pues el Vocal refiere el art. 1 de la CADH; y, ii) El Tribunal de apelación, sin argumentación alguna confirmó lo resuelto, sin recoger fielmente la exposición de agravios y sin valorar correctamente la prueba, de manera que el Auto de Vista de 1 de noviembre de 2022, es incongruente, tergiversado y contradictorio; y, por ello, no es correcta la apreciación relativa a que existe el riesgo procesal señalado porque tal conclusión contradice los antecedentes del proceso y vulnera la verdad material y la igualdad de partes.
Previo a ingresar al análisis del caso concreto, advertidos de que en la presente acción de defensa, el solicitante de tutela impugna tanto la Resolución de 11 de octubre de 2022, pronunciada por la el Tribunal de Sentencia Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, como el Auto de Vista de 1 de noviembre de 2022, emitida por el Vocal Presidente de la Sala Penal Cuarta del Tribunal señalado, por la que en apelación, resolvió declarar improcedente el recurso de apelación incidental de medida cautelar y en consecuencia, confirmó en todas sus partes, la Resolución del Tribunal de Sentencia, corresponde aclarar al impetrante de tutela, que este Tribunal no puede emitir pronunciamiento alguno sobre la Resolución dictada en primera instancia; puesto que, al haberse recurrido en apelación la Resolución de 11 de octubre de 2022; corresponde únicamente emitir pronunciamiento respecto al Auto de Vista de 1 de noviembre de 2022, en atención a la estructura vertical de los procedimientos legales; por la que, la autoridad de última instancia conoce y resuelve el medio idóneo establecido en el ordenamiento jurídico verificando así, si el inferior incurrió o no en los yerros acusados para corregir o reencausar el proceso.
En el presente caso, el análisis sobre los aspectos reclamados en relación al primer fallo, fue efectuado por el Vocal demandado en su condición de Presidente de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a través del Auto de Vista de 1 de noviembre de 2022, que será objeto de revisión en el marco del planteamiento efectuado por el accionante ante la justicia constitucional.
Una vez identificada la problemática planteada, la revisión de los antecedentes procesales contenidos en la presente acción, evidencia que el solicitante de tutela se encuentra sometido a un proceso penal seguido por el Ministerio Público y acusación particular por la presunta comisión del delito de asesinato, causa en la que se dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela por haberse considerado la concurrencia de los riesgos procesales inmersos en los arts. 233.1, 234 numerales 1, 2 y 10, 235.1 y 2 del CPP, conforme menciona en el memorial de la presente acción de libertad; y que, en sucesivas audiencias de cesación de la detención preventiva quedó subsistente únicamente, el riesgo procesal señalado por el art. 235.2 de la norma procesal penal.
Consta, en el Acta de solicitud de cesación de la detención preventiva realizada el 11 de octubre de 2022, que el Tribunal de Sentencia Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, consideró y resolvió mediante Resolución de esa fecha, la solicitud de cesación de la detención preventiva formulada por el hoy accionante debido a que considera que ya no concurre a su caso, el riesgo procesal señalado por el art. 352.2 del (CPP), puesto que habiendo sido señalado en relación al testigo Jhonny Andrés Checa Apaza, este prestó declaración testimonial no solamente ante el Tribunal de Sentencia en la audiencia de juicio oral, sino que su testimonio consta igualmente, en el acta de declaración informativa policial de 17 de julio de 2019. Añadió que también, ha participado en los actos investigativos conforme consta en su declaración en el cuaderno de investigaciones correspondiente a Juan José Zubieta, en el acta de careo de 5 de agosto de 2021 y el acta de suspensión de reconstrucción.
Al resolver la pretensión del hoy solicitante de tutela, en la Resolución pronunciada en la misma fecha (11 de octubre de 2022), el Tribunal de Sentencia Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, señaló que los medios probatorios aportados por el solicitante no son suficientes para desvirtuar el riesgo procesal debido a que el peligro de obstaculización ha sido identificado; puesto que, la declaración del testigo Jhonny Andrés Checa Apaza, ratifica la influencia negativa que ejerció el acusado Oscar Andy Caero Añez; consecuentemente, dicha conducta sí existió y no puede ser enervada por el hecho de que el tribunal haya llevado adelante el juicio oral y recibido la atestación del testigo de cargo; es decir, que se ha comprobado que el imputado con su comportamiento ha entorpecido la averiguación de la verdad; consecuentemente, los fundamentos y los elementos acompañados en la audiencia no son suficientes para establecer que el riesgo no concurre; y tampoco, se proporcionó ningún criterio que permita sostener que es necesario modificar la situación jurídica del acusado, toda vez, que la afirmación de que “Andy es economista” no es un fundamento jurídico válido o suficiente para aplicar la segunda circunstancia prevista por el art. 239.1 del CPP; asimismo, debe garantizarse el cumplimiento de los fines previstos en el art. 221 del adjetivo penal; es decir, “la aplicación de la ley” teniendo en cuenta que se ha emitido una sentencia condenatoria de primera instancia por la que se ha declarado al imputado, autor del delito de asesinato, imponiéndole una pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto, sentencia que ha sido apelada por el mismo acusado solicitando su nulidad; en consecuencia, la medida de detención preventiva continúa siendo una medida idónea debido a que ha permitido la investigación y el desarrollo del proceso pues ha garantizado que el Tribunal de Sentencia, lleve adelante los actos de preparación del juicio oral y el mismo juicio y que se dicte sentencia de primera instancia y esta medida va a permitir la aplicación de la ley; consecuentemente, el abogado de la defensa no acreditó el art. 239.1 del CPP; por lo que, corresponde rechazar la solicitud.
Consta igualmente, el Acta de la audiencia virtual y resolución de apelación incidental de medida cautelar de 1 de noviembre de 2022, presentada igualmente, por la autoridad demandada, que los fundamentos de impugnación expuestos por el abogado de la defensa del imputado Óscar Andy Caero Añez, fueron los siguientes: a) El Auto de 11 de octubre de 2022, pronunciado por el Tribunal de Sentencia resulta incongruente y tergiversado, además de contradictorio, señalando que la Presidenta del Tribunal instruyó que su participación no supere los 5 minutos que, a su entender ha vulnerado el derecho a la defensa, establecido en los arts. 115 y 117 de la CPE, además de lo dispuesto en el art. 1 de la CADH, ya que impidió eventualmente, fundamentar debidamente, la solicitud de cesación a la detención preventiva de su defendido, b) Como segundo agravio señaló que el Tribunal de Sentencia Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, a tiempo de dictar resolución, declaró que existe el riesgo procesal previsto por el art. 235.2 del CPP, que a su entender es contradictorio con los antecedentes del proceso; ya que, no se habría tomado en cuenta que únicamente subsistía una circunstancia como fue la declaración o la influencia negativa en el testigo Jhonny Andrés Checa Apaza que ha sido superada, conforme se tiene de la declaración prestada por este en la audiencia del juicio oral, aspectos que no habrían sido considerados por el Tribunal a quo, por lo que existiendo contradicciones e incongruencias en la Resolución, solicita se revoque la resolución apelada y en su caso, se disponga su nulidad, por vulnerar lo establecido en el art. 180 de la CPE, relativo a la verdad material, así como también, la igualdad de partes.
El Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, al resolver la apelación incidental mediante la Resolución de 1 de noviembre de 2020, expone lo siguiente:
1) La parte recurrente cuestiona la participación o dirección de audiencia efectuada por el Tribunal de Sentencia debido a que se habría limitado la participación de su abogado al plazo de cinco minutos, vulnerando su derecho a la defensa porque no tuvo el tiempo suficiente para fundamentar su solicitud de cesación de la detención preventiva. Al respecto, del acta de celebración de la cesación de 11 de octubre de 2022 no se advierte la circunstancia denunciada, puesto que la Presidenta del Tribunal de Sentencia, concedió el uso de la palabra a la defensa y que de acuerdo a la transcripción realizada, la defensa del imputado tuvo el tiempo suficiente para formular su solicitud; por lo que, no se advierte la limitación denunciada, existiendo una hoja completa en cuanto se refiere a la fundamentación realizada por el abogado de la defensa en el acta cursante en obrados, por ende, no se advierte lo señalado por la defensa.
2) En relación al establecimiento de los riesgos procesales, que, según el criterio de la defensa no habrían sido debidamente compulsados para establecer qué riesgos procesales, subsisten. Al respecto, de la revisión atenta de la resolución apelada, también se tiene que el Tribunal de origen, ha identificado plenamente que al presente únicamente subsiste el riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, además de establecer con precisión, que existe el peligro de obstaculización en lo que respecta a la influencia negativa que pudiera existir con relación al testigo Jhonny Andrés Checa Apaza; por lo que, la resolución dictada se encuentra acorde a los antecedentes del proceso.
3) En lo que respecta a la valoración de los nuevos elementos acompañados por la defensa a fin de desvirtuar el peligro de obstaculización, como fue precisamente la declaración presentada por el testigo Jhonny Andrés Checa Apaza en audiencia de juicio oral, el Tribunal de Sentencia Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba consideró que el nuevo elemento de convicción aportado por la parte recurrente; es decir, el acta de declaración del testigo mencionado, ratifica todo lo vertido inicialmente a tiempo de prestar su declaración en la etapa preparatoria, conforme se puede advertir de lo manifestado por el Tribunal a quo; por lo que, no se ha modificado la situación jurídica del imputado por cuanto, la declaración del testigo en cuestión, se mantiene conforme se ha tomado en cuenta a tiempo de la aplicación de las medidas cautelares; y,
4) Por otro lado, también cabe señalar que resulta evidente y lógico lo señalado por el Tribunal a quo, en sentido de que al haber recibido el imputado una Sentencia condenatoria y que la misma ha sido objeto de apelación de su parte, ciertamente la declaración del testigo no resultaría un acto conclusivo, sino más bien, que esa circunstancia de la apelación conlleva a que este actuado procesal pueda dar lugar a una eventual nulidad de las actuaciones y esa circunstancia de la influencia negativa subsista, eso precisamente, por el efecto de la apelación formulada; en consecuencia, ciertamente la documentación presentada no resulta suficiente para enervar el peligro de obstaculización. Respecto a los otros elementos de prueba, consistentes en la declaración del imputado y del acto de careo ya fueron valorados y considerados en otras audiencias.
Establecidos como están los antecedentes procesales; así como, el razonamiento expuesto por la autoridad demandada en el citado Auto de Vista de 1 de noviembre de 2022, a efecto de determinar si existió vulneración de los derechos fundamentales denunciados por el accionante, corresponde a continuación realizar un contraste entre los aspectos reclamados en la presente acción de defensa y lo resuelto por el fallo ahora impugnado con la finalidad de determinar si la Resolución pronunciada observa el debido proceso en cuanto al derecho a obtener una resolución motivada, fundamentada, congruente y con valoración razonable de la prueba, tarea que será desarrollada a continuación, teniendo presente que la resolución que determine la procedencia de la detención preventiva como disposición que es viable cuando las demás medidas cautelares personales sean insuficientes para asegurar la presencia del imputado y el no entorpecimiento de la averiguación del hecho, debe igualmente ser motivada de manera que se establezca la concurrencia de los requisitos señalados por el art. 233 del CPP vigente; es decir, que el imputado es con probabilidad, autor o partícipe del hecho punible; y, que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad, obligación de fundamentación y motivación que se extiende a la resolución que considera la impugnación que pudiese ser planteada.
En ese contexto, respecto al primer motivo de la apelación deducida por el impetrante de tutela, referido a la presunta limitación al derecho a la defensa al habérsele concedido tutela cinco minutos para exponer su pretensión de suspensión de la cesación preventiva, el Vocal demandado, en la Resolución de 1 de noviembre de 2022, explicó que no se advierte la circunstancia denunciada, puesto que la Presidenta del Tribunal de Sentencia Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, concedió el uso de la palabra a la defensa y que de acuerdo a la transcripción realizada, la defensa del imputado tuvo el tiempo suficiente para formular su solicitud; por lo que. no se advierte la limitación denunciada, existiendo una hoja completa en cuanto se refiere a la fundamentación realizada por el abogado de la defensa en el acta cursante en obrados.
Sobre estos argumentos, corresponde manifestar que este Tribunal los considera acertados, primero, porque el art. 339 del CPP, reconoce a las autoridades jurisdiccionales de la materia, poder ordenador para adoptar las providencias necesarias para mantener el orden y adecuado desarrollo de la audiencia incluyendo la asignación de un tiempo para la intervención de él o los abogados de las partes procesales; y en segundo lugar, porque en la acción de amparo constitucional, se señala que a pesar de esas condiciones, acreditó las razones por las cuales debía cesar la detención preventiva. Así también consta en el acta de la audiencia de 11 de octubre de 2020, de la que resulta evidente que el abogado de la defensa, rememorando los riesgos procesales que motivaron que fuera privado de libertad y aquellos que fueron dejados sin efecto en diferentes audiencias de cesación de la detención preventiva, expuso que quedó subsistente aquel previsto por el art. 235.2 de la norma procesal penal, respecto al cual, solicitó sea dejado sin efecto y se aplique a su favor, una de las medidas menos gravosas señaladas por el art. 231 bis del CPP, justificando sobre la base de la declaración testifical prestada al Tribunal de Sentencia Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, que se desvirtuó una posible influencia negativa sobre el mismo. Consecuentemente, no resulta evidente la vulneración del derecho a la defensa del impetrante de tutela.
En la presente acción de defensa, se denunció igualmente, que el Auto de Vista de 1 de noviembre de 2022, no habría transcrito con exactitud y precisión que, al fundamentar sus agravios, citó la lesión del art. 13.I. de la CPE, así como los arts. 115 y 117 de la Norma Suprema, el art. 8.1 de la CADH y no el art. 1 de la CADH, como señaló erróneamente la autoridad judicial demandada, argumento respecto al cual no corresponde emitir ningún pronunciamiento en razón de no haberse fundamentado su trascendencia a la luz del razonamiento expuesto en el Auto de Vista de 1 de noviembre de 2022, respecto a que el tiempo del que dispuso el hoy accionante, para exponer su pretensión de cesación de su detención preventiva, fue suficiente para plantear tanto los antecedentes, como los hechos nuevos que en su criterio desvirtuaban la existencia del riesgo procesal señalado por el art. 235.2 del CPP, así como las pruebas que consideraba pertinentes.
Prosiguiendo, respecto al segundo motivo de la apelación deducida, se tiene que denunció que no fueron debidamente compulsados los riesgos procesales para establecer cuáles se encontraban subsistentes; no obstante, el Auto de Vista de 1 de noviembre de 2022, señala que el Tribunal de origen identificó plenamente, que se encontraba subsistente el riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, además de establecer con precisión, que existe el peligro de obstaculización en lo que respecta a la influencia negativa que existió en relación al testigo Jhonny Andrés Checa Apaza, por lo que la resolución dictada se encuentra acorde a los antecedentes del proceso, afirmación que este Tribunal considera coherente y suficiente, para desvirtuar lo afirmado por el impetrante de tutela, al resultar evidente que conforme a su planteamiento y a los antecedentes del proceso, se valoró la concurrencia del riesgo procesal denominado peligro de obstaculización que, conforme señala el art. 235 del CPP, se refiere a toda circunstancia que permita sostener fundadamente, que el imputado con su comportamiento entorpecerá la averiguación de la verdad, siendo uno de esos sucesos el inserto en el numeral 2 de la citada norma procesal penal; es decir, que el imputado amenace o influya negativamente sobre los partícipes, víctima, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente.
Con dicho antecedente, el Auto de Vista de 1 de noviembre de 2022, prosigue señalando que el acta de la audiencia de juicio oral de 14 de abril de 2021, presentada como nuevo elemento por la defensa para desvirtuar el peligro de obstaculización, fue apreciada por el Tribunal de Sentencia Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba que ratificó la existencia del riesgo procesal señalado debido a que lo señalado por el testigo Jhonny Andrés Checa Apaza en la declaración informativa policial efectuada en la etapa preparatoria, fue ratificado con lo expuesto en la audiencia de juicio, de manera que no se ha modificado la situación jurídica del imputado puesto que la declaración del testigo en cuestión, se mantuvo en la forma en que fue analizado en el momento de la aplicación de las medidas cautelares; es decir, que resulta evidente el peligro de obstaculización en la averiguación de la verdad.
Sobre el argumento expuesto por el Auto de Vista de 1 de noviembre de 2022, este Tribunal Constitucional Plurinacional, considera que es correcto, debido a que no se ofreció elemento probatorio nuevo que desvirtúe la inicial conclusión a la que arribó la autoridad judicial al imponer la medida de detención preventiva por concurrencia del riesgo procesal analizado precedentemente porque de acuerdo a la declaración informativa policial de 17 de julio de 2019 –presentada por el accionante– Jhonny Andrés Checa Apaza, señaló que el hoy solicitante de tutela, lo llamó durante el mes de junio de 2019, entre las 20:00 y 22:00, para pedirle que le indique cómo borrar información del disco duro del grabador del Digital Video Recorder (DVD)
vinculado a las cámaras de seguridad de un motel de su propiedad; y que así lo hizo, siendo dicho elemento el que determinó la concurrencia del riesgo procesal inmerso en el art. 235.2 del CPP por el que se determinó su detención preventiva. Ahora bien, dicha persona fue presentada como testigo y prestó testimonio en la audiencia de juicio oral instalada el 14 de abril de 2021, ratificando todo lo declarado conforme se evidencia del acta que fue presentada por el impetrante de tutela; consecuentemente, resulta evidente que no se ha desvirtuado la inicial acción del mismo, en cuanto a solicitar información al testigo para borrar información sensible para el esclarecimiento de la verdad del hecho por el que es sometido a proceso penal.
En la acción de defensa venida en revisión, el accionante señala también, su disconformidad con el criterio expuesto por el Auto de Vista de 1 de noviembre de 2022, que consideró correcto que el Tribunal de Sentencia Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba denegase la solicitud de cesación de detención preventiva debido a que se pronunció sentencia condenatoria por la que fue declarado autor del delito de asesinato y, habiendo planteado apelación restringida pidiendo nulidad del proceso, la declaración del testigo no resultaría un acto conclusivo, de manera que la circunstancia de la influencia negativa subsiste por efecto de la impugnación de la sentencia; en consecuencia, ciertamente la documentación presentada no resulta suficiente para enervar el peligro de obstaculización. Respecto a los otros elementos de prueba, consistentes en la declaración del imputado en otra investigación como el acto de careo ya fueron valorados y considerados en otras audiencias.
Sobre tal criterio del Tribunal de apelación, el impetrante de tutela no expuso ningún argumento que justifique que tal criterio es desacertado, limitándose a expresar que el Tribunal de Sentencia erróneamente consideró la existencia de una sentencia penal apelada como razón para mantener su detención preventiva en franca vulneración del principio de presunción de inocencia; no obstante, como se ha señalado en párrafos precedentes, la Resolución de 11 de octubre de 2022, no es objeto de revisión por la justicia constitucional debido a que habiendo sido impugnada mediante recurso de apelación incidental, se pronunció el Auto de Vista de 1 de noviembre de 2022, cuya fundamentación motivación y congruencia ha sido revisada en el presente fallo constitucional. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, evaluó correctamente los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14/2022 de 25 de noviembre, cursante de fs. 70 a 74, pronunciada por la Jueza de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía MSc. Isidora Jiménez Castro MAGISTRADO MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0504_2025-S4.pdf · páginas 1 a 19.
Huella digital del PDF (SHA-256): e44d0b9108da4a7f75c0fe4b12eda442d7fef09b3e4c16882008420aa634872d
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