Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 6 de junio de 2025
Concede la tutela
El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la justicia, a la impugnación y a la libertad; toda vez, que encontrándose con detención preventiva, cumplido el plazo dispuesto en la audiencia de medida cautelar, solicitó cesación a la detención preventiva, solicitud que fue rechazada por el juez ahora demandado; decisión apelada de manera oral en el mismo acto procesal, sin embargo, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad transcurrieron más de diez días, sin que se remita los antecedentes al Tribunal de alzada, por lo que, solicitó se le otorgue la tutela impetrada, disponiendo que los demandados remitan en el día el recurso presentado a la Sala de turno. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2022 de 8 de diciembre, cursante de fs. 40 a 41, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia La Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada contra Santos Iván Ayala Choque Juez del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Primero, del referido departamento y Daniel Esteban Ochoa Pérez Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Zona Sur del mismo departamento, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías. 2º Exhortar a los demandados, en el futuro actúen con la debida celeridad en la remisión de expedientes para la tramitación de los recursos de apelación de personas que se encuentren privadas de libertad.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0504/2025-S3 Sucre, 06 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 52554-2022-105-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 01/2022 de 8 de diciembre, cursante de fs. 40 a 41 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jesús Choque Laura, contra Santos Iván Ayala Choque, Juez de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur, en suplencia de su similar Primero, ambos de la Capital del departamento de La Paz y Daniel Esteban Ochoa Pérez, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Zona Sur del mismo departamento.
Por memorial presentado el 6 de diciembre de 2022, cursante a fs. 1 y 28 a 29 vta., el accionante a través de su representante sin mandato señaló que:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de asesinato y robo agravado, el 16 de julio de 2022, fue imputado por el Ministerio Público, programándose audiencia de medidas cautelares para el 17 de similar mes y año; por lo que, mediante Resolución 215/2022 el Juez del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, dispuso su detención preventiva por el lapso de cuatro meses en la Carceleta Provincial de Patacamaya del departamento de La Paz. El 18 de noviembre de 2022, presentó memorial de solicitud de consideración de cesación a la detención preventiva, señalándose audiencia para el 21 del mismo mes y año. Instalado dicho acto procesal el Juez del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur de la Capital del referido departamento, en suplencia de su similar Primero, rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva; por lo que en la misma audiencia, interpuso recurso de apelación contra dicha determinación, empero hasta la fecha de presentación de la presente acción tutelar transcurrieron más de diez días sin que el Juez y el Secretario -demandados-, remitieran el recurso de apelación ante el Tribunal de alzada a efectos de que se resuelva su impugnación, manteniéndolo privado de su libertad, sin poder solicitar ninguna cesación, por la negligencia de los demandados.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la justicia, a la impugnación, y a la libertad, citando al efecto los arts. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia, se ordene el sorteo y remisión del expediente en el día ante el Tribunal de alzada.
Celebrada la audiencia virtual el 8 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 37 a 39 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola señaló que: a) Pese a estar presentes todas las partes en la audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva y habiendo sido notificados en el referido acto procesal, el Juez ahora demandado, no materializó de manera escrita la resolución emitida de forma oral, impidiendo ello que se remita el recurso de apelación; b) El Secretario codemandado no cumplió con sus obligaciones, de exigir a la autoridad jurisdiccional la referida Resolución o, en su caso, poner en conocimiento del Consejo de la Magistratura las omisiones efectuadas por el Juez suplente; c) Ambos funcionarios judiciales incumplieron su función de remitir en el plazo de veinticuatro horas el recurso de apelación interpuesto; y, d) Se debe remitir antecedentes ante el Consejo de la Magistratura, para el inicio de proceso disciplinario.
Santos Iván Ayala Choque, Juez de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Primero, en audiencia de consideración de la presente acción tutelar, manifestó que: 1) Evidentemente el 21 de noviembre de 2022, se llevó adelante la audiencia de situación jurídica del ahora accionante, por lo que, el 8 de diciembre del mismo año, se remitió el recurso de apelación, esto en consideración de que se encontraba en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Zona Sur, con recargadas labores, incluso con turnos de fin de semana, extremo que solicitó sea valorado a efecto de flexibilizar el plazo, así como para emitir el fondo de la resolución; 2) Desde la anterior semana, el personal del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Zona Sur, donde se encuentra radicada la presente causa, intentó remitir el recurso de apelación, recibiendo negativas por parte del personal de la Sala Penal Segunda; y, 3) De acuerdo al acta de denuncia, la auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Zona Sur, hizo conocer a los representantes de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura que el Secretario de la Sala Penal Segunda y Tercera, no quisieron recepcionar el legajo de apelación, debido a que los mismos señalaban que deberían ser remitidos directamente al Juzgado de turno, aspecto que también impidió su remisión ante el Tribunal de alzada, no siendo atribuible esta situación a su persona, ni al Secretario codemandado. Daniel Esteban Ochoa Pérez, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia de consideración de la presente acción tutelar, manifestó que: i) Las capturas de pantalla presentadas por el abogado del accionante no son con un funcionario del juzgado, sino con una persona que estuvo de pasante hasta el 8 de noviembre de 2022; ii) Desde el viernes -no se especifica fecha-el juzgado ya se encontraba remitiendo la apelación a la Sala Penal Primera que se encuentra de turno por vacaciones judiciales; sin embargo, la misma ya fue sorteada con anterioridad mediante sistema SIREJ a la Sala Penal Segunda, encontrando negativa y observaciones de manera verbal para su recepción, por parte del Secretario de la Sala Penal Segunda, con el argumento del instructivo de las vacaciones judiciales; iii) Se hizo un esfuerzo sobre humano para la remisión incluso a la Sala Penal de turno -Sala Penal Primera- pero tampoco fue posible el mismo, sin considerar que las apelaciones eran con detenidos preventivos, con el argumento de que los únicos que podrían remitir apelaciones, son los juzgados de turno y no los demás juzgados; y, iv) Ante esa negativa, la Auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Zona Sur, el 7 de diciembre de 2022, llenó el formulario de denuncia ante la oficina de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura, contra los dos Secretarios -de la Sala Penal Primera y Segunda-; por lo que al día siguiente, recién el Secretario de la Sala Penal Primera, hizo conocer que recepcionará el expediente.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 01/2022 de 8 de diciembre, cursante de fs. 40 a 41 vta., concedió la tutela solicitada, exhortando a los demandados, dar cumplimiento a lo establecido en el CPP.Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: a) Desde la interposición de la apelación, 21 de noviembre de 2022, transcurrieron diecisiete días, sin que se remita el testimonio al Tribunal de alzada; b) Si bien se encuentra establecido en la SCP 0013/2018-S2, la flexibilización de remisión de apelaciones incidentales, de manera excepcional y en casos en los que exista justificación razonable fundada, de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a tres días, sea por las recargadas laborales de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputado, pasado ese tiempo la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio, por lo que el plazo razonable de tres días excedió a diecisiete días, por consiguiente se incurrió en dilación injustificada en la remisión del recurso de apelación; y, c) Tomando en cuenta que los demandados, han realizado los esfuerzos necesarios y las denuncias correspondientes para que la apelación sea recepcionada desde el viernes 2 de diciembre de 2022, no se dispone la remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura, por ser excusable.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido contra Jesús Choque Laura -ahora accionante- por la presunta comisión de los delitos de asesinato y robo agravado, el Juez de Instrucción en lo Penal Cautelar Décimo de la Capital del departamento de La Paz, mediante Resolución 215/22 de 17 de julio, dispuso su detención preventiva por el plazo de cuatro meses en la Carceleta Provincial de Patacamaya del departamento de La Paz (fs. 12 a 17). II.2. Cumplido el plazo de medida cautelar dispuesta, mediante memorial presentado el 18 de noviembre de 2022, el accionante solicitó cesación a la detención preventiva (fs. 18 a 26). II.3. Mediante decreto de 18 de noviembre de 2022, se programó audiencia para considerar la solicitud de cesación a la detención preventiva para el 21 de noviembre de 2022 (fs. 27), rechazándose su solicitud, motivo por el que, en el mismo acto procesal de manera oral, presentó apelación incidental, hecho no controvertido por los demandados (fs. 37 a 39). II.4. Conforme el acta de acción tutelar los demandados informaron que se remitió el testimonio de apelación el 8 de diciembre de 2022 -día de la audiencia de consideración de la acción tutelar-, ello por las recargadas laborales del Juez en suplencia del referido juzgado; y, por la negativa de recepción del testimonio de apelación por parte de los Secretarios de la Sala Penal Primera y Segunda, por vacación judicial, motivo por el cual emergente de la denuncia efectuada por la Auxiliar del Juzgado a Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura, recién se logró hacer efectiva la recepción del testimonio de apelación (fs. 33 a 39).
El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la justicia, a la impugnación y a la libertad; toda vez, que encontrándose con detención preventiva, cumplido el plazo dispuesto en la audiencia de medida cautelar, solicitó cesación a la detención preventiva, solicitud que fue rechazada por el juez ahora demandado; decisión apelada de manera oral en el mismo acto procesal, sin embargo, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad transcurrieron más de diez días, sin que se remita los antecedentes al Tribunal de alzada, por lo que, solicitó se le otorgue la tutela impetrada, disponiendo que los demandados remitan en el día el recurso presentado a la Sala de turno. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, sobre la base de la SC 0327/2004-R de 8 de junio, recoge el estándar alto de protección respecto a la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de este mecanismo de defensa; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. Al respecto, el Fundamento Jurídico III.1, de la citada Sentencia establece:
[De] acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos.
En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Recogiendo el sentido finalista de protección de la acción de libertad innovativa, la SCP 0266/2018-S2 de 25 de junio, sentencia sistematizadora de línea, concluyó lo siguiente:
[E]fectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional, que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales; en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. […] Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales (el énfasis es añadido).
Lo precedentemente expuesto, también fue desarrollado por la SCP 1021/2019-S2 de 22 de noviembre.
El Tribunal Constitucional Plurinacional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, concluyó que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- ”…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de éste último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, estableció varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determinó subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial, cuyo plazo se limita de tres a cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso; y, c) Se suspende la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluyó dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva, es decir, cuando: “d) Interpuesto el recurso de apelación 2 La SC 0078/2010-R, en su F.J. III.3, señaló: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad. c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.
contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP, ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley” ». De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2013 de 4 de junio, señaló que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación. Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entendieron que excepcionalmente es posible flexibilizar el plazo para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho (las negrillas nos corresponden). En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, señaló que una vez formulado el recurso de apelación de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP.
La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, en el Fundamento Jurídico III.3 sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento: i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal. iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte. (Las negrillas y subrayado nos corresponden).
La sistematización de los precedentes constitucionales que antecede, ha sido realizada en las SCP 36/2018-S2, 68/2018-S2, 105/2018-S2, entre otras, en las que se han resuelto situaciones similares a la ahora planteada.
Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 0691/2001-R de 9 de julio definió la legitimación pasiva, señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción.
Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o contra un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto.
Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo se reforzó el razonamiento antes señalado y se precisó que para la procedencia de la acción de libertad, es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción.
Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, ratificada posteriormente por las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 0345/2012 de 22 de junio; y, por la SCP 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras, estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades judiciales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril9, 5 El Cuarto Considerando, refiere: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”. 5El FJ III.5, menciona: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 6El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción. 7El FJ III.2, indica: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”. 9El FJ III.2, dice: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: `Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes en el Fundamento Jurídico III.2, que establece:
Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado… (las negrillas son añadidas). La sistematización jurisprudencial que antecede fue desarrollada en la SCP 0336/2018-S2 de 18 de julio, entre otras.
Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: `El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional. En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.
La parte accionante, refiere que, hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa, los demandados no remitieron al Tribunal de alzada, los antecedentes correspondientes al recurso de apelación que formuló contra la Resolución que rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva. Con carácter previo a ingresar al análisis de fondo, corresponde aclarar que si bien los antecedentes extrañados por el accionante ya fueron remitidos al Tribunal de alzada para que se considere el recurso de apelación incidental que interpuso; empero, debe tomarse en cuenta lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; en sentido que, opera la acción de libertad innovativa, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de este mecanismo, puesto que lo que se pretende con esta modalidad de acción de libertad, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos lesivos a derechos fundamentales, en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no solo para proteger derechos desde una dimensión subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, con el objetivo de evitar la reiteración de conductas que están proscritas por el ordenamiento jurídico, por ser lesivas a derechos fundamentales, en ese marco corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.
De la revisión de obrados y conforme las conclusiones arribadas en el presente fallo constitucional (Conclusión II.1, II.2 y II.3), se tiene que por Resolución 215/22 de 17 de julio, se dispuso la detención preventiva de Jesús Choque Laura -ahora accionante-, por el plazo de cuatro meses, que, cumplido este tiempo, el 18 de noviembre de 2022, solicitó cesación a la detención preventiva, por el que se dispuso audiencia de consideración para el 21 del mismo mes y año. En la audiencia de consideración de la cesación a la detención preventiva, el juez a quo, rechazó su solicitud (Conclusión II.4), motivo por el que en dicho acto procesal de manera oral presentó apelación incidental a la referida solicitud; sin embargo, las autoridades demandadas no remitieron el mismo hasta la presentación de la presente acción tutelar. En ese orden, si bien las autoridades demandadas en su informe oral (Conclusión II.5), señalaron de manera expresa, que el recurso de apelación incidental se remitió el 8 de diciembre de 2022, pretendiendo justificar el retraso por la recargada labor del Juez en suplencia del Juzgado de Instrucción Penal Cautelar Primero de la Zona Sur del departamento de La Paz y que por vacación judicial los Secretarios de la Sala Penal Primera y Segunda del Tribunal Departamental de la misma ciudad, no quisieron recepcionar el expediente, motivo por la que la auxiliar de dicho juzgado presentó denuncia a Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura.
No obstante de estos antecedentes, la justificación realizada no ha sido respaldada con prueba suficiente; consiguientemente, de acuerdo a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, es necesario tener en cuenta los alcances de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la cual procede cuando existen dilaciones indebidas que afectan la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, cuando sus solicitudes no son atendidas dentro de los plazos previstos, como es el recurso de apelación contra resoluciones de medidas cautelares, situación que acontece en el caso de autos, debido a que los demandados no efectivizaron la remisión del recurso de apelación incidental presentada por el accionante, dentro del plazo de veinticuatro horas; por el contrario, hubo un retraso de diecisiete días, generando dilación indebida, respecto a la situación jurídica del solicitante de tutela, razón por la que corresponde conceder la tutela solicitada. Si bien la jurisprudencia señalada en el fundamento jurídico establece de manera excepcional la flexibilización en el plazo para la remisión del recurso de apelación cuando exista justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias, la misma no puede exceder de tres días; sin embargo, dicha excepción no puede ser aplicada en el caso presente, en consideración a que, por un lado, no se ha presentado los respaldos correspondientes respecto a las recargadas labores alegadas por la autoridad judicial, así como la imposibilidad de entregar el expediente por las dificultades en la remisión operadas con las Salas Penales Primera y Segunda; de las pruebas aportadas, así como del informe presentado por los demandados, no se tiene evidencia que el momento en el que se intentó remitir los antecedentes de la apelación fue realizado en el plazo de flexibilización señalado por la jurisprudencia.
Por otro lado, cabe señalar que acorde a lo glosado en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; los servidores públicos de apoyo judicial excepcionalmente pueden ser demandados en la presente acción de defensa cuando la vulneración de los derechos tutelados emerja del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas en la Ley del Órgano Judicial; así como de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado. En el presente caso, se advierte, conforme lo informado por la autoridad demandada, que el Secretario codemandado realizó el sorteo del testimonio de apelación a la Sala Penal Segunda, si bien no se tiene certeza de la fecha en que se produjo dicha actuación procesal, sin embargo, el hecho de no haberse remitido el expediente a la Sala correspondiente de manera inmediata al sorteo, generó el conflicto de recepción del testimonio de apelación entre la Sala Penal Primera y Segunda, toda vez que ante la determinación de vacación judicial se asignó la Sala Penal que se quedaría de turno, en consecuencia esta actuación -sorteo anticipado- contribuyó en la dilación denunciada por el impetrante de tutela, debiendo consecuentemente concederse la tutela. En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2022 de 8 de diciembre, cursante de fs. 40 a 41, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia La Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada contra Santos Iván Ayala Choque Juez del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Primero, del referido departamento y Daniel Esteban Ochoa Pérez Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Zona Sur del mismo departamento, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías. 2º Exhortar a los demandados, en el futuro actúen con la debida celeridad en la remisión de expedientes para la tramitación de los recursos de apelación de personas que se encuentren privadas de libertad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 En el Fundamento Jurídico III.1 de la citada Sentencia se expone el desarrollo completo de la línea jurisprudencial sobre la acción de libertad innovativa.
3 La SCP 0281/2012, en el F.J III.4 refirió: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”.
4 La SCP 1907/2012, en el F.J III.4 señaló: “…conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0504_2025-S3.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): 170b1d796b00a92a9c6d11619aa26261f371b1ada0523c7d42f67c941ae2f6ba
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