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SCP 0502/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 19 de junio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
19 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
46231-2022-93-AL
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denunció la vulneración de su derecho al debido proceso en su vertiente derecho a la libertad, falta motivación, fundamentación y congruencia; toda vez que, la autoridad ahora demandada al emitir el Auto de Vista 16/2022-SP2, no realizó una debida fundamentación; puesto que, hizo una apreciación contradictoria con anteriores resoluciones que no obedece las reglas del proceso.

En consecuencia, corresponde verificar en revisión si lo alegado es evidente o no, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 16/2022 de 8 de marzo, cursante de fs. 90 vta. a 97, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera del departamento de Tarija; en consecuencia; DENEGAR la tutela impetrada, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales en las que se analice la situación jurídica del imputado
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0502/2023-S4 Sucre, 19 de junio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 46231-2022-93-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 16/2022 de 8 de marzo, cursante de fs. 90 vta. a 97, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Claudio Oswaldo Toco Quino en representación sin mandato de Alexander Rodríguez Ramos contra Jorge Ahmed Julio Ale, Vocal de la Sala Penal Primera del departamento de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 7 de marzo de 2022, cursante a fs. 68 a 73, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes argumentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que le sigue Ministerio Público por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, se presentó requerimiento de imputación formal; por lo que, en la audiencia de medidas cautelares de 4 de febrero de 2021, ante la acreditación de riesgos procesales de fuga y obstaculización, previstos en el art. 234.1, 2 y 7 del Código de Procedimiento Penal (CPP), vinculado a la falta de actividad laboral en sentido de que no se tenía claridad de la actividad lícita; de la misma forma el numeral 2 al no contar con un arraigo natural y finalmente el 7 referido al peligro para la sociedad, mediante resolución judicial de la referida fecha se dispuso su detención preventiva hasta lograr investigar a otras personas, y que el Ministerio Público realice las pericias toxicológicas, informáticas, extracto de llamadas, extracto bancario, informe de hidrocarburos, garantizando de esta manera la investigación libre de obstaculizaciones.

Refirió que, a fin de enervar estos riesgos procesales se hubieran realizado diferentes audiencias y emitido varias resoluciones, realizando una extensiva relación de los antecedentes, en las que se hubiera presentado documento de trabajo a pro futuro en Oruro y fue observado por el Ministerio Público por falta de visado ante el Ministerio de Trabajo, Empelo y Previsión Social; a través del Auto de Vista 104/2021 de 10 de mayo; asimismo, su similar 248/2021-SP1, emitido por la autoridad ahora demandada, al reconocer el contrato de albañil a pro futuro y mencionar la salvedad del mismo por falta de visado, exigiendo reconocimiento de firmas y documentos de la empresa; y, por último, el Auto de Vista 16/2022-SP2 de 24 de enero –ahora cuestionado–, resuelto nuevamente por el Vocal hoy demandado, con argumentos que no responde al orden procesal y constitucional, desconociendo su naturaleza jurídica; es así que, no se puede enervar el componente trabajo por estar latente el riesgo previsto por el art. 235. 2 indicando que su domicilio y el trabajo es en Oruro y el proceso se encuentra en Tarija; por lo que, no existe garantías de que su persona se someta al proceso, más aun si existe sentencia condenatoria; poniéndole en una total inseguridad jurídica, lesionando sus derechos; como tampoco se pudo enervar los riesgos procesales establecidos en el art. 234.1 y 2 del citado Código, apartándose arbitrariamente de todo contenido del art. 239.1 de dicha norma adjetiva penal, modificado por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 –Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres–, confirmándose la decisión del a quo con el argumento de la existencia de una sentencia condenatoria apelada, considerando una condena anticipada, los cuales no son elementos de la resolución de origen; es decir, de la aplicación de las medidas cautelares, buscando excusas y argumentos para evitar enervar los numerales 1 y 2 del art. 234 del CPP.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La parte accionante denunció la lesión de su derecho al debido proceso vinculado a su libertad, falta de motivación, fundamentación y congruencia, citando al efecto, los arts. 14.III, 23. I, 115.II y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 9 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); y, 7.1 y 25.1 del Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se le conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga la nulidad del Auto de Vista 16/2022-SP2, restableciendo las formalidades del debido proceso para que la autoridad demandada emita nueva resolución conforme a ley.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 8 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 89 a 90 vta., en presencia del solicitante de tutela asistido de su abogado y; ausente la autoridad jurisdiccional demandada y el Ministerio Público, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó íntegramente el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliándolos, señaló que: a) La autoridad demandada vulneró su derecho a la libertad por indebido procesamiento, ante la falta de una resolución fundamentada y congruente; b) Al momento de solicitar la cesación a la detención preventiva se emitieron resoluciones totalmente contradictorias, lo que ha derivado precisamente al Auto de Vista 16/2022-SP2, la autoridad demandada conoció en suplencia legal las apelaciones; las cuales son totalmente incongruentes; c) La autoridad demandada en el citado auto ahora cuestionado, exigió la presentación de un contrato de trabajo con reconocimientos de firmas y documentos inherentes a la actividad laboral, el cual al haber sido rechazado por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo, por ser de Oruro y no poder acreditar esa situación laboral, por el hecho de que existe una Sentencia Condenatoria y su familia, sin tomar en cuenta que su domicilio está constituido en Oruro; por lo tanto, no existe la garantía para que se someta al proceso, cuando en anteriores resoluciones, la misma autoridad observó el visado del contrato de trabajo ante el Ministerio de Trabajo, exigiendo ahora la autoridad demandada otras situaciones que serían completamente contradictoria a sus resoluciones anteriores impidiendo enervar los riegos procesales establecidos en el art. 234.1 y 2 del CPP; d) El art. 234 de la misma norma, establece que se puede tener un domicilio, una familia y una ocupación asentado en el país; sin embargo, no señala que debe estar en el departamento donde se encuentra desarrollado el proceso, por esa razón no se les permite enervar lo acreditado cuando la norma se los permite; y, e) La SCP 0199/2018, que cita la SCP 1083/2014 de 10 de junio, ha estableció que para la congruencia debe existir dos aspectos, la parte externa y la fase interna, se ha producido la externa en la falta de fundamentación del Auto de Vista recurrido, porque precisamente se ha alejado de su planteamiento y petición, al no estar vinculada a enervar un componente laboral, presentando documentos de trabajo y elementos de la existencia de la empresa donde trabajaría, las cuales son objeto de observación por la autoridad recurrida; sin embargo, alejándose de su planteamiento y de las anteriores resoluciones que había observado, se fue por otro camino indicando que se encuentra latente el art. 235.2 del CPP, apartándose nuevamente de los parámetros que establece el art. 398 de la citada norma, derivando en una incongruencia externa a momento de emitir su resolución y con estos aspectos falta de motivación, fundamentación y congruencia en su resolución recurrida; por lo tanto, el Auto de Vista vulneró su derecho a la libertad por indebido procesamiento que no les permite enervar el art. 234.1 y 2 del CPP.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Jorge Ahmed Julio Ale, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por informe presentado de 7 de marzo de 2022, cursante a fs. 85 y vta., manifestó que: 1) El accionante tiene señalado su domicilio en Oruro al igual que su presunto trabajo a futuro; empero, revisado el contrato de trabajo de 9 de marzo de 2022 en la referida ciudad, se establece que el impetrante de tutela tuviera que cumplir funciones en otro lugar que no sea Oruro, y si se toma en cuenta que el juzgamiento se está realizando en Tarija; es decir que, el lugar donde es juzgado, es donde debe tener constituido su domicilio o por lo menos garantizar que se hará presente a todos y cada uno de los actos dentro del proceso; 2) La finalidad de las medidas cautelares es garantizar la presencia del imputado en los actos investigativos, el desarrollo del proceso y eventualmente la aplicación de la ley; 3) En el caso ya no se habla de investigación; puesto que se tiene sentencia de primera instancia; y, 4) Mientras no exista una sentencia ejecutoriada, existe la posibilidad de riego de obstaculización, el cual no fue enervado por el accionante.

I.2.3. Resolución

El Juzgado de Sentencia Penal Tercero del departamento de Tarija, constituido en Juez de garantías, a través de Resolución 16/2022 de 8 de marzo, cursante de fs. 90 vta. a 97, denegó la tutela impetrada bajo los siguientes fundamentos: i) La jurisprudencia constitucional estableció límites para la procedencia de las acciones constitucionales contra las decisiones judiciales, así como también construyó doctrina de las auto restricciones para la jurisdicción constitucional, siendo una de ellas, la que establece que esta instancia extraordinaria no puede valorar la prueba por ser esa una actividad privativa de los jueces y tribunales ordinarios y solo será valorada si: a.) Existiera apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; y/o, a.) Cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales; ii) Las medidas cautelares son instrumentales, variables, modificables y revisables; vale decir, que si se considera que el Juez a quo no ha resuelto conforme a derecho la solicitud de cesación a la detención preventiva, puede interponer una apelación incidental; por lo tanto, será revisado por el Tribunal de alzada quien tiene la facultad de enmendar en caso de encontrar evidente vulneración al debido proceso o confirmar lo resuelto por el juez; en el caso presente, no concurre una conducta omisiva por parte de la autoridad jurisdiccional demandada; es decir, en no recibir, producir o compulsar prueba inherente al caso ya que se valoró la prueba ofrecida por la defensa respecto a los elementos de convicción, para acreditar la actividad lícita; iii) El Tribunal de Sentencia Penal, le negó al accionante respecto a la actividad lícita, con el fundamento de que tanto el domicilio como su familia se encontraban en Oruro, y no existía la garantía para que él se someta al proceso; iv) La acreditación del trabajo fue objeto de reiteradas audiencias que pudieron ser evitadas a través de una resolución en la que se consignen todas y cada una de las observaciones y no por partes; sin embargo, la jurisdicción constitucional no es una instancia casacional, solo ingresa a conocer cuando existe apartamiento de los marcos legales de razonabilidad previsibles y en ocasiones donde se tiene groseras vulneraciones a los derechos humanos; y, v) No se considera que el Tribunal de alzada hubiera emitido resolución arbitraria, la fundamentación respecto a que el proceso cuenta con sentencia condenatoria y que el accionante residiera en Oruro cuando la causa se desarrolla en Tarija, le dificultaría poder estar a derecho en todos los llamados o notificaciones que se puedan generar.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Alexander Rodríguez Ramos –ahora accionante–, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, conforme consta en el acta de audiencia de medidas cautelares de 4 de febrero de 2021, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Lorenzo del departamento de Tarija, dispuso su detención preventiva por tres meses, al considerar que existían riesgos procesales (fs. 9 a 15 vta.). II.2. Cursa Acta de Modificación de medidas cautelares de 7 de enero de 2022, en la cual, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de Tarija, a través del Auto interlocutorio 5/2022, resolvió denegar la solicitud de cesación a la detención preventiva efectuada por el impetrante de tutela, disponiendo que deberá continuar privado de libertad en el Centro Penitenciario Morros Blancos de Tarija y en caso estar en desacuerdo con la determinación y de conformidad al art. 251 del CPP, las partes que se sientan agraviadas pueden interponer el recurso de apelación incidental en el plazo de setenta y dos horas (fs. 59 a 61 y vta.). II.3. Apelada la Resolución, Jorge Ahmed Julio Ale, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija –autoridad hoy demandado–, a través de Auto de Vista 16/2022-SP2 de 24 de enero, declaró “Si Lugar” el recurso de apelación incidental interpuesto por el solicitante de tutela, señalando la existencia de dos riesgos procesales, el primero riesgo de fuga dispuesto en el art. 234.1 y 2 y el segundo riesgo de obstaculización previsto en el art. 235. 2 ambos del CPP, señalando que el imputado debe tener un domicilio o por lo menos garantizar que se va a presentar a todos y cada uno de los actos dentro del proceso, en este caso ya no habla de la investigación por que el proceso cuenta con una sentencia en primera instancia y en tanto no se cuente con sentencia ejecutoriada existe la posibilidad de riesgo de obstaculización (fs. 64 vta. a 67 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denunció la vulneración de su derecho al debido proceso en su vertiente derecho a la libertad, falta motivación, fundamentación y congruencia; toda vez que, la autoridad ahora demandada al emitir el Auto de Vista 16/2022-SP2, no realizó una debida fundamentación; puesto que, hizo una apreciación contradictoria con anteriores resoluciones que no obedece las reglas del proceso.

En consecuencia, corresponde verificar en revisión si lo alegado es evidente o no, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales en las que se analice la situación jurídica del imputado

La SCP 0153/2022-S4 de 18 de abril, al respecto precisó que: “Considerando que las medidas cautelares, ostentan los caracteres de excepcionalidad, instrumentalidad, provisionalidad, temporalidad y variabilidad, provocando que su aplicación y vigencia esté regida por determinados requisitos procesales, cuya verificación de cumplimiento está a cargo de la autoridad jurisdiccional competente que conoce la causa en cada una de las etapas del proceso penal, trasciende la obligación de las mismas de fundamentar y motivar suficiente y debidamente la decisión de imponer, modificar o revocar una medida cautelar. Entonces, todas las autoridades jurisdiccionales en general y, específicamente los jueces, tribunales y salas constitucionales que conocen una solicitud de aplicación de medidas cautelares, deben fundamentar suficientemente sus decisiones, en ese entendido se pronunció la SCP 0759/2010-R de 2 de agosto, con el siguiente razonamiento: `…la jurisprudencia constitucional ha dejado establecido que el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada; es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Consecuentemente, cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión.

En ese entendido, ‘…toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución, tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso sino que también la decisión está normada por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de resolver los hechos juzgados, sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se tienen los canales que la Ley Fundamental le otorga para que, en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales y así pueda obtener una resolución que ordene la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir, del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento, una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, las SSCC 1369/2001-R, 0752/2002-R…’

‘Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa, no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’ (SC 1365/2005-R de 31 de octubre)” (las negrillas son nuestras).

En ese marco, la resolución que determine la procedencia de la detención preventiva como disposición que es viable cuando las demás medidas cautelares personales sean insuficientes para asegurar la presencia del imputado y el no entorpecimiento de la averiguación del hecho, conforme señala la SC 0782/2005-R de 13 de julio, debe igualmente ser motivada de manera que se establezca la concurrencia de los requisitos señalados por el art. 233 del CPP vigente, es decir, que el imputado es con probabilidad, autor o partícipe del hecho punible; y, que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad. La indicada Resolución constitucional señala: “… entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar… De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP…”.

III.2. Análisis del caso concreto

La parte accionante denunció la vulneración de su derecho al debido proceso en su vertiente derecho a la libertad, falta motivación, fundamentación y congruencia; toda vez que, la autoridad ahora demandada al emitir el Auto de Vista 16/2022-SP2, no realizó una debida fundamentación; puesto que, hizo una apreciación contradictoria con anteriores resoluciones que no obedecen las reglas del proceso. Una vez identificada la problemática jurídica planteada, conforme a los antecedentes y conclusiones del presente fallo constitucional, se tiene que, el impetrante d tutela se encuentra sometido a un proceso penal seguido por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas; causa en la cual, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Lorenzo del departamento de Tarija, dispuso su detención preventiva por tres meses, al considerar que existían riesgos procesales; es así que, el 7 de enero de 2022, mediante audiencia de modificación de medidas cautelares, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de Tarija, a través del Auto interlocutorio 5/2022, resolvió denegar la solicitud de cesación de la detención preventiva efectuada por el impetrante de tutela, disponiendo que deberá continuar privado de libertad en Centro Penitenciario Morros Blancos de Tarija y en caso estar en desacuerdo con la determinación y de conformidad al art. 251 del CPP, las partes que se sientan agraviadas pueden interponer el recurso de apelación incidental en el plazo de setenta y dos horas. En ese entendido, el solicitante de tutela interpuso recurso de apelación incidental, contra el Auto interlocutorio 5/2022 emitido por el a quo, siendo resuelto en alzada por Jorge Ahmed Julio Ale, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija –ahora demandado, quien actuó en suplencia legal de su similar Segundo–, a través de Auto de Vista 16/2022-SP2, declarando: “SIN LUGAR” el recurso de apelación incidental interpuesto por el solicitante de tutela, señalando la existencia de dos riesgos procesales: el primero por el peligro de fuga dispuesto por el art. 234.1 y 2; y, el segundo por obstaculización previsto en el art. 235. 2 ambos del CPP.

En dicha apelación contra la citada resolución del a quo, la parte accionante alegó que: a) Mediante Resolución de 4 de febrero de 2021, se le habría dispuesto la medida de última ratio quedando activados los numerales 1 y 2 del art. 234 del CPP, concerniente únicamente a la ocupación, al no haber acreditado un arraigo natural activando también el numeral 7 del mismo artículo, ya que sería un peligro para la sociedad según el art. 235.2 de igual Código, que por diferentes resoluciones emitidas a lo largo de la causa en varias solicitudes de cesación a la detención preventiva que se han planteado y que se fueron modificando los riesgos procesales, habiéndose presentado un contrato de trabajo a futuro, siendo observada la empresa; es así que adjuntó documentación concernientes a la nueva ocupación del imputado; es decir, de chofer a albañil; por lo que, el 8 de octubre de 2021, habría logrado nuevamente presentar una certificación por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en la cual, ellos mismos hacen conocer a sus autoridades que no realiza dicho visado de Contrato de trabajo; puesto que, son contratos a futuro; y, b) Por otro lado, fue observado sin fundamento alguno su domicilio; toda vez que, el Contrato fue suscrito para realizar trabajo en la ciudad de Oruro donde tiene su domicilio y familia. Al respecto, del Auto de Vista 16/2022-SP2, pronunciado por la autoridad ahora demandada, se tiene los siguientes fundamentos: 1) En cuanto al trabajo, señaló de que no existe la certeza de que el acusado en libertad posteriormente dé cumplimiento al llamado del Tribunal; toda vez que, el domicilio de la empresa con la que se ha suscrito el contrato de trabajo a futuro se encuentra en la ciudad de Oruro; es decir, un lugar distinto al de su Juzgamiento; por lo que, no existen garantías de que el imputado se vaya a someter a la acción de justicia, tomando en cuenta que el art. 221 del CPP ha previsto la imposición de medidas que tienen por finalidad que el Tribunal pueda garantizar y optar por medidas necesaria para el cumplimiento de la sentencia; 2) En este proceso, se tiene dos riesgos procesales, el de fuga, previsto en el art. 234.1 y 2; y, el otro, establecido en el art. 235.2, ambos del CPP, “aquí este tiene que ver exclusivamente con el primero, que es el de fuga, en su vertiente de trabajo”; al respecto se debe tomar en cuenta dos aspectos; i) En audiencia de cesación a la detención preventiva, donde de acuerdo al art. 239.1 del CPP, deben de existir nuevos elementos, que demuestren de que no concurren los motivos que fundaron la detención preventiva o en su caso se torne conveniente de que sea sustituida por otra medida; en el caso concreto, el Tribunal a quo, refiere que el imputado tiene su domicilio en Oruro y que el presunto trabajo también se desempeñaría en dicha ciudad, pudiendo verificarse el contrato de trabajo futuro que evidentemente la empresa que contrató en futuro al imputado, es una empresa con base en la ciudad de Oruro, advirtió de la cláusula segunda del contrato, respecto al trabajo que realizará no existen mayores detalles; simplemente indica que trabajará como albañil en esa empresa y que ese trabajo se realizará el día siguiente hábil al que recupere su libertad; sin embargo, debió tomarse en cuenta que el Juzgamiento se está realizando en Tarija, existiendo ya una sentencia de primera instancia, debiendo tener un domicilio donde se pueda garantizar que el imputado se va a presentar a todos y cada uno de los actos dentro del proceso; y, ii) En cuanto al art. 235.2 del CPP, que existe la posibilidad de obstaculización mientras no se tenga una sentencia ejecutoriada; por lo que, el hecho de que el imputado ya cuente con una sentencia, este riesgo en ningún momento ha quedado destruido ni enervado; por todo ello, debe tomarse en cuenta que la finalidad de estas medidas cautelares es la de garantizar la presencia del imputado en todos el desarrollo de los actos del proceso.

Consecuentemente, del contraste del Auto de Vista 16/2022-SP2, pronunciado por la autoridad demandada, no se advierte una conducta omisiva respecto a que tanto el domicilio del impetrante de tutela como su familia se encontraban en la ciudad de Oruro, al igual que el contrato de trabajo a futuro iba a desarrollarse específicamente en la citada ciudad; sino que advirtió que dicha documental por el lugar de residencia no aseguraba la presencia y sometimiento del imputado al procesado penal; toda vez que, al momento de emitir la referida resolución se consideró la existencia de una sentencia condenatoria y que sería difícil que el accionante residiendo en Oruro pueda estar a derecho a todos los llamados o notificaciones que se puedan generar proceso penal llevado a delante en la ciudad de Tarija; por tanto, la valoración de los riegos procesales con la fundamentación y motivación de la decisión pronunciada, permite comprender los motivos de la determinación asumida de forma concisa y clara, ya que resulta racional la conclusión en la que basó su decisión en la que el domicilio, familia y futuro trabajo se encontraban en otra ciudad; por lo que, al no advertirse lesión al debido proceso en su vertiente, derecho a la libertad, y a los elementos de motivación, fundamentación y congruencia, corresponde denegar la tutela solicitada al respecto. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, evaluó correctamente los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 16/2022 de 8 de marzo, cursante de fs. 90 vta. a 97, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera del departamento de Tarija; en consecuencia; DENEGAR la tutela impetrada, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0502_2023-S4.pdf · páginas 1 a 11.

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