Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 1 de abril de 2026
Deniega la tutela
El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad y del principio de celeridad; puesto que, los hoy demandados no ejecutaron de manera inmediata el mandamiento de libertad definitiva de 25 de septiembre de 2023, pese a cumplir su condena en su totalidad, alegando de manera injustificada la existencia de dos mandamientos de detención. Los demandados refirieron que, de acuerdo a “…Reglamento Interno del Recinto Carcelario…” (sic) verificaron la autenticidad del señalado mandamiento de libertad definitiva, por cuanto, en el file del accionante se contaba con dos mandamientos de detención emitidos por distintos juzgados; por lo que, constatada la inexistencia de impedimentos y aclaradas las dudas, se ejecutó el mandamiento liberando al accionante el 27 de septiembre de 2023 a horas 17:00.
En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de 28 de septiembre de 2023, cursante de fs. 41 a 47, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0501/2026-S2 Sucre, 1 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 58717-2023-118-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 28 de septiembre de 2023, cursante de fs. 41 a 47, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Emilio Osvaldo Torrez Ortiz, Defensor Público del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) en representación sin mandato de Cristian Torrez Larrea contra Juan José Blanco Maldonado, Director y Edson Aguilar Chambi, “Encargado Verificador” ambos del Centro Penitenciario San Sebastián Varones del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 27 de septiembre de 2023, cursante a fs. 1; y, 3 a 5, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
Fue condenado a una pena privativa de libertad de cuatro años por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica, la cual cumplió en su totalidad, por ello, la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante Auto de 25 de septiembre de 2023, dispuso su libertad definitiva y emitió el respectivo mandamiento, de igual data; sin embargo, pese a dicha orden Juan José Blanco Maldonado, Director y Edson Aguilar Chambi, “Encargado Verificador”, ambos del Centro Penitenciario San Sebastián Varones del departamento de Cochabamba -hoy demandados- no ejecutaron su liberación de manera inmediata, alegando la existencia de otra detención, justificación que carece de sustento legal, por cuanto, dicha situación fue aclarada; empero, aun así, su privación de libertad se prolongó indebidamente, sin considerar que conforme a mandato legal expreso, la libertad personal no puede ser restringida, y que, una vez cumplida la condena o cesada la detención preventiva, la liberación debe ser inmediata, sin necesidad de trámites adicionales.
Denunció la lesión de su derecho a la libertad y del principio de celeridad; citando al efecto el art. 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que los demandados den cumplimiento al mandamiento de libertad definitiva de 25 de septiembre de 2023.
Celebrada la audiencia virtual el 28 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 39 a 40, se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela, a través de su representante sin mandato, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad. En la vía de réplica refirió que, el “Encargado Verificador” codemandado en ningún momento emitió un informe manifestando que su persona manifestó que tenía otro proceso penal pendiente y que ese era el motivo por el que no se podía ejecutar su liberación; por lo tanto, su detención era innecesaria e ilegal. Y si bien se lo liberó el 27 de septiembre de 2023 a horas 17:00, ello fue posterior a la interposición de la acción de libertad; por lo que, ante la existencia de la vulneración de su derecho a la libertad, solicitó se conceda la tutela en la modalidad innovativa.
Juan José Blanco Maldonado, Director del Centro Penitenciario San Sebastián Varones del departamento de Cochabamba, en audiencia informó que en cumplimiento del “…Reglamento Interno del Recinto Carcelario…” (sic) se verificó la autenticidad del mandamiento de libertad definitiva de 25 de septiembre de 2023, por cuanto en el file del accionante se contaba con dos mandamientos de detención emitidos por diferentes juzgados, y a ese efecto el “Encargado Verificador” codemandado tuvo que constituirse personalmente ante esos juzgados con el objeto de corroborar la información, superada la duda se dio cumplimiento al mencionado mandamiento de libertad. Edson Aguilar Chambi, “Encargado Verificador” del Centro Penitenciario San Sebastián Varones del departamento de Cochabamba, en audiencia manifestó que el mandamiento de libertad definitiva fue notificado a horas 9:45 del 26 de septiembre de 2023; sin embargo, debido a la carga laboral del Centro Penitenciario, no fue posible ejecutar de inmediato la verificación correspondiente; puesto que, dicha verificación requería coordinación con tres juzgados; no obstante, el mismo día solo pudo constituirse a uno de ellos, sin lograr acceder a la documentación de los otros juzgados; por tal motivo, la revisión se completó al día siguiente, realizando la verificación integral de los expedientes en los tres despachos judiciales; así, una vez corroborada la inexistencia de impedimentos y aclaradas las medidas de detención preventiva, procedió a informar al Director demandado, y posteriormente se dio cumplimiento al mandamiento, disponiendo la libertad del impetrante de tutela el 27 de septiembre de 2023 a horas 17:00.
El Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, por Resolución de 28 de septiembre de 2023, cursante de fs. 41 a 47, concedió -en parte- la tutela solicitada en la modalidad innovativa; únicamente en cuanto al Director demandado, exhortándolo a dar inmediato cumplimiento a los mandamientos de libertad, y denegó con relación al “Encargado Verificador” codemandado; ello con base en los siguientes fundamentos: a) La parte accionante denunció la demora en la ejecución de su mandamiento de libertad definitiva, pese a cumplir la totalidad de su condena, y si bien se evidenció la existencia de dos mandamientos que generaron duda en los demandados, la verificación no se realizó con la celeridad exigida; b) Se constató que el mandamiento de libertad definitiva fue notificado el 26 del citado mes y año, pero su ejecución se produjo recién el 27 de ese mes y año a horas 17:00, generando una prolongación indebida de la privación de libertad por un día; y, c) Los actos de verificación, se realizaron de manera tardía e injustificada, vulnerando el derecho a la libertad del impetrante de tutela.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto de 25 de septiembre de 2023, la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, declaró por cumplida la condena impuesta a Cristian Torrez Larrea -hoy accionante-dentro del proceso penal seguido en su contra por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica; y, en consecuencia, dispuso se extienda mandamiento de libertad (fs. 25); asimismo, consta mandamiento de libertad definitiva de 25 del citado mes y año, ordenando al Director del Centro Penitenciario San Sebastián Varones del departamento de Cochabamba, se ponga en inmediata libertad al prenombrado (fs. 26). II.2. Cursa documento titulado como “DESCARGO” de 27 de septiembre de 2023, mediante el cual Edson Aguilar Chambi, “Encargado Verificador” del Centro Penitenciario San Sebastián Varones del departamento de Cochabamba -hoy codemandado-, estableció que en la indicada fecha a horas 17:00 dio cumplimiento al mandamiento de libertad definitiva de 25 de ese mes y año; asimismo, se advierte que en dicho documento consta la firma del impetrante de tutela (fs. 17). II.3. Por Informe CPSS-V/V. 003/2023 de 28 de septiembre, dirigido a Juan José Blanco Maldonado, Director del Centro Penitenciario San Sebastián Varones del departamento de Cochabamba -ahora demandado- el codemandado, informó lo siguiente: 1) El 26 de septiembre de 2023, tuvo conocimiento del mandamiento de libertad definitiva de 25 de ese mes y año, librado en favor del impetrante de tutela dentro del caso con Número de Registro Judicial (NUREJ) 30248935; 2) De la revisión del “expediente” se percató que cursaban dos mandamientos de detención preventiva el primero emitido por el Juez de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la EPI Norte de 25 de septiembre de 2019 -sin datos respecto al NUREJ-, y el segundo por la Jueza de Sentencia Penal Octava de la Capital, ambos del citado departamento, de 5 de agosto de 2021 con NUREJ 30248935, razón por la cual presumió que serían dos causas diferentes; 3) Si bien el abogado del accionante le hizo conocer que se trataría del mismo caso, en ese momento no contaba con documentación respaltadoria que acredite dicha aseveración; en consecuencia, al día siguiente se constituyó a los Juzgados respectivos a efectos de verificar “los mandamientos de detención”; y, 4) Habiendo constatado que efectivamente se trataba del mismo caso, informó ese aspecto, para posteriormente proceder a la liberación del solicitante de tutela, de acuerdo a la información recabada de los citados Juzgados, el cual “a la fecha” se encuentra en libertad (fs. 23 y vta.). II.4. Consta memorial presentado el 28 de septiembre de 2023, ante el Juez de garantías, mediante el cual la abogada del accionante hizo conocer el “…Descargo de libertad de fecha 27 de septiembre de 2023 a horas 17:00 pm, después de casi 2 días de detención ilegal…” (sic [fs. 35]).
El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad y del principio de celeridad; puesto que, los hoy demandados no ejecutaron de manera inmediata el mandamiento de libertad definitiva de 25 de septiembre de 2023, pese a cumplir su condena en su totalidad, alegando de manera injustificada la existencia de dos mandamientos de detención. Los demandados refirieron que, de acuerdo a “…Reglamento Interno del Recinto Carcelario…” (sic) verificaron la autenticidad del señalado mandamiento de libertad definitiva, por cuanto, en el file del accionante se contaba con dos mandamientos de detención emitidos por distintos juzgados; por lo que, constatada la inexistencia de impedimentos y aclaradas las dudas, se ejecutó el mandamiento liberando al accionante el 27 de septiembre de 2023 a horas 17:00.
En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0744/2015-S3 de 29 de junio, estableció que: “La sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal, deviene por la desaparición de los supuestos fácticos que motivaron su activación porque la violación o amenaza de violación del derecho cesó; y consecuentemente, el hecho denunciado dejó de vulnerar las garantías o derechos constitucionales, debido al cumplimiento del acto reclamado con su consecuente restitución. Asimismo, el objeto procesal constituye el elemento sustancial a resolver por la jurisdicción constitucional; en tal sentido, ante la sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal, en acción de libertad, cuando el petitorio devino en insubsistente por la desaparición del hecho o supuesto que lo sustentaba, se inhibe un pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión, correspondiendo la sustracción del mismo; toda vez que, la eventual concesión de la tutela, se tornaría en ineficaz e innecesaria”.
De la revisión de los antecedentes, se advierte que el acto lesivo identificado por el accionante radica en la falta de ejecución inmediata del mandamiento de libertad definitiva de 25 de septiembre de 2023, pese a haberse declarado judicialmente el cumplimiento de su condena. En ese marco, de los datos cursantes en el expediente, se evidencia que mediante Auto de 25 de septiembre de 2023, la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, declaró cumplida la condena del impetrante de tutela y dispuso la emisión del correspondiente mandamiento de libertad definitiva de igual data (Conclusión II.1). El referido mandamiento fue conocido por los ahora demandados el 26 de septiembre de 2023, conforme a lo expuesto por el “Encargado Verificador” codemandado en el Informe CPSS-V/V. 003/2023 de 28 de septiembre, quien en dicho Informe estableció que la demora en la ejecución del mandamiento de libertad definitiva de 25 de igual mes y año, se debió a la duda ante la existencia de dos mandamientos de detención emitidos por distintos Juzgados -de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la EPI Norte y de Sentencia Penal Octava de la Capital, ambos del citado departamento- (Conclusión II.3); motivo por el cual, la ejecución de dicha orden se efectivizo recién el 27 de ese mes y año a horas 17:00, conforme consta en el documento “DESCARGO” (Conclusión II.2), hecho confirmado por la abogada del solicitante de tutela, por cuanto a través de memorial presentado el 28 del citado mes y año, hizo conocer el “…Descargo de libertad de fecha 27 de septiembre de 2023 a horas 17:00 pm, después de casi 2 días de detención ilegal…” (sic [Conclusión II.4]). En ese contexto, conforme al entendimiento jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico II.1 de este fallo constitucional, la pérdida del objeto procesal se configura cuando desaparecen los hechos que sustentan la denuncia, debido a que la conducta lesiva es corregida o cesa, tornando innecesaria e ineficaz una eventual concesión de tutela. En consecuencia, aplicando dicho criterio al caso concreto, se tiene que: i) La pretensión del impetrante de tutela estaba dirigida a lograr la ejecución del mandamiento de libertad definitiva de 25 de septiembre de 2023 y para el efecto, interpuso la acción de libertad el 27 de ese mes y año a horas 16:26 (fs. 1), admitida la acción se señaló audiencia para el 28 de igual mes y año a horas 16:30 (fs. 6); ii) Dicha actuación procesal fue cumplida por el “Encargado Verificador” codemandado el 27 del citado mes y año a horas 17:00 (Conclusión II.2); es decir, antes de que ambos demandados tomen conocimiento de la interposición de la acción tutelar, por cuanto el Director demandado fue citado con el auto de señalamiento de audiencia de la acción de libertad, el 28 del señalado mes y año a horas 9:09 (fs. 8) y el codemandado en igual data a horas 14:30; y, iii) En ese marco, el acto denunciado dejó de producir efectos lesivos sobre el derecho invocado, en virtud a que la lesión al derecho a la libertad cesó antes de la citación con el auto de señalamiento de audiencia de la acción tutelar. Por tanto, al haberse satisfecho la pretensión y cesado la supuesta vulneración alegada por el accionante, corresponde denegar la tutela solicitada, en razón de haberse producido la pérdida del objeto procesal, por lo que cualquier determinación al respecto devendría en innecesaria e ineficaz. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder -en parte- la tutela impetrada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de 28 de septiembre de 2023, cursante de fs. 41 a 47, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0501_2026-S2.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1dd513fdd08d29dbb8f7be3ce7c73afffbff72eb02b03694bb7b123fc8159b95
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