Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 2 de junio de 2025
Concede en parte la tutela
La accionante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos congruencia y valoración probatoria, a la estabilidad y continuidad laboral, a una remuneración justa y equitativa; y, al derecho de la mujer a no sufrir violencia laboral; puesto que, la RM 1509/22, emitida por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, confirmó la declinatoria de competencia en relación a la rebaja del cincuenta y cinco por ciento de sus sueldos; empero, en dicha decisión: i) No dio respuesta a los agravios relacionados con la reducción salarial referida, declinando competencia a la judicatura laboral cuando contaba con dicha competencia; ii) Existen pruebas que demuestran que no hubo afectación al techo presupuestario de la UGRAM y que se incurrió en errores al valorar las notas de 24 de marzo y 12 de abril de 2022; iii) No se consideró que la rebaja salarial constituye una vulneración a la estabilidad laboral y al derecho a una remuneración justa, calificándola como una modificación en las condiciones de trabajo, cuando en realidad el salario constituye un derecho irrenunciable; y iv) La reducción en los sueldos mencionados se configura un acto de violencia laboral. Ante ello, el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social sostuvo que: a) Existe una renuncia voluntaria de la impetrante de tutela por rebaja salarial; b) Dada la complejidad del caso y la existencia de hechos controvertidos, se declinó competencia conforme al AS 95/2017 de 11 de agosto de 2017, señalando que debe resolverse en la vía laboral; y, c) La judicatura laboral esta tiene la facultad …
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 57 de 11 de abril de 2023, cursante de fs. 181 vta., a 185, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, en contra de Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social en razón de lo desarrollado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional en los términos del tribunal de garantías; y, 2° DENEGAR la tutela impetrada, en contra de la UAGRM en base a los razonamientos expuestos precedentemente. 3° Disponer por Secretaria General del Tribunal Constitucional Plurinacional, la notificación con este fallo constitucional al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; para que, en mérito a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, asuma el deber de pronunciarse sobre los casos sometidos a su conocimiento.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0501/2025-S2 Sucre, 2 de junio de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 54871-2023-110-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 57 de 11 de abril de 2023, cursante de fs. 181 vta. a 185, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mariela Castro Suarez contra Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social y Vicente Remberto Cuellar Téllez, Rector de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno (UAGRM).
Por memoriales presentados el 13 y 17 de marzo de 2023, cursantes de fs. 126 a 136; y, 139, la accionante, manifiesta lo siguiente:
Desde el 22 de diciembre de 2015 se desempeñó como docente en la Facultad de Humanidades de la UAGRM, tras haber obtenido el cargo mediante un concurso de méritos y examen de competencia. Inicialmente, contaba con una carga horaria de cuarenta y ocho horas, la cual fue incrementada posteriormente a ciento noventa y dos horas. En la gestión 2018, participó nuevamente en un proceso de concurso de méritos y examen de competencia, esta vez para acceder a una carga horaria de doscientas cuarenta horas, la cual se consolidó a partir de agosto de 2021. Desde entonces, percibió un sueldo mensual de Bs21 620,88.- (veintiún mil seiscientos veinte 88/100 bolivianos), con un líquido pagable de Bs18 485,45.-(dieciocho mil cuatrocientos ochenta y cinco 45/100 bolivianos) hasta enero del referido año. Sin embargo, a partir de febrero de 2022, se le redujo arbitrariamente la carga horaria a ciento ocho horas, lo que implicó una disminución del sueldo a Bs8 232,79.- (ocho mil doscientos treinta y dos 79/100 bolivianos), representando una reducción del cincuenta y cinco por ciento; es decir, Bs10 167.- (diez mil ciento sesenta y siete 00/100 bolivianos) menos, a pesar de que continuó desempeñando las doscientas cuarenta horas de trabajo correspondientes. Esta situación se refleja únicamente en las boletas de pago, donde la parte patronal registra oficialmente solo ciento y ocho horas, cuando en la práctica su carga horaria real nunca se redujo. Ante la arbitraria rebaja de sueldo, el 25 de mayo de 2022, recurrió ante la Jefatura Departamental del Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, solicitando reincorporación laboral por despido indirecto por rebaja de sueldos. Esta repartición pública tanto en la Resolución Administrativa (RA) de 22 de junio del citado año, así como en la RA JDTSC/R.R. 206/22 de 18 de agosto del mismo año, se abstuvo de otorgar una respuesta expresa a su denuncia y declinó competencia en ambos para acudir por la vía judicial, considerando la rebaja de sueldos como un simple cambio de condiciones de trabajo. Es por ello que, el 13 de septiembre del referido año, interpuso recurso jerárquico formulando los siguientes agravios: a) Errónea valoración de los antecedentes en cuanto a las doscientas cuarenta horas trabajadas como carga horaria frente al pago de sólo ciento ocho horas; b) Confirmación de la ilegal declinatoria de competencia en total abandono de la parte trabajadora; y, c) Ratificación de la ilegal inobservancia de la rebaja de sueldos. En ese contexto, el Ministerio de Trabajo pronunció la Resolución Ministerial (RM) 1509/22 de 1 de noviembre de igual año, resolviendo confirmar totalmente la declinatoria de competencia incurriendo en los siguientes agravios: 1) La vulneración del derecho al debido proceso por incongruencia No se otorgó una respuesta expresa a cada uno de los agravios planteados respecto a la rebaja salarial del cincuenta y cinco por ciento, máxime si se constituye la resolución final del proceso administrativo. Además, incurrió en una actuación ilegal al declinar competencia, a pesar de que, conforme al art. 3 del Decreto Supremo (DS) 3770 de 9 de enero de 2009, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, es plenamente competente para conocer este tipo de asuntos. Asimismo, se calificó el caso como complejo por la supuesta simultaneidad en el ejercicio de funciones administrativas y docentes, sin tomar en cuenta que el cargo administrativo fue cesado nueve meses antes de que se produjera la reducción de sueldos. 2) La conculcación del derecho al debido proceso por falta de valoración de las pruebas Se limitó a afirmar que para verificar la rebaja salarial a partir de febrero de 2022 era necesaria la producción de mayores pruebas, sin valorar adecuadamente toda la prueba documental incorporada al expediente, asimismo, intento justificar una supuesta duplicidad de funciones sin considerar que no existe prueba alguna que demuestre que el cargo en cuestión fue abandonado un año antes de la reducción salarial. En ese sentido intento hacer entender que la rebaja de sueldo obedecía a una afectación del techo presupuestario de la Facultad, señalando que no existían pruebas suficientes para esclarecer dicha situación, sin embargo, se omitió considerar la documentación aportada, como la nota emitida por la Dirección de Acreditación y Gestión Académica de la Universidad, la cual acredita que la Facultad no sufrió ninguna disminución presupuestaria durante las gestiones 2020 y 2021. Finalmente, se incurrió en un error al interpretar las notas de 24 de marzo y 12 de abril ambas de 2022, como una solución interna al conflicto, cuando en realidad dichas notas sólo evidencian que se agotaron las instancias administrativas internas sin que se resolviera efectivamente el problema.
3) La lesión al derecho a la estabilidad y continuidad laboral, y el derecho a la remuneración justa y equitativa La resolución cuestionada no considera la rebaja salarial como una vulneración a la estabilidad laboral ni al derecho a una remuneración justa, sino que la interpreta como un simple cambio en las condiciones de trabajo; empero, el derecho al sueldo se origina en la relación laboral establecida con la UAGRM, tras un proceso de concurso de méritos y examen de competencia y la carga horaria fue consolidada mediante los conductos regulares del sistema universitario, cumpliendo con todos los procedimientos internos establecidos. Por tanto, el sueldo correspondiente a una carga de doscientas cuarenta horas no puede ser reducido ni modificado, al tratarse de un derecho irrenunciable, conforme al art. 48.III de la Constitución Política del Estado (CPE), en ese sentido la remuneración percibida tiene relevancia constitucional, ya que guarda una relación directa con la subsistencia del trabajador y la de su núcleo familiar. 4) La vulneración del derecho de la mujer a no sufrir violencia laboral La reducción de sueldos del cincuenta y cinco por ciento constituye una forma evidente de violencia laboral, ya que afecta directamente la permanencia y estabilidad de la trabajadora en su fuente laboral. Esta medida puede interpretarse como un despido indirecto, lo que agrava aún más la situación, considerando que tal acción está protegida por el art. 7.11 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-.
La accionante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de debida fundamentación y congruencia y valoración probatoria, a la estabilidad y continuidad laboral, a una remuneración justa y equitativa; y, al derecho de la mujer a no sufrir violencia laboral, citando al efecto los arts. 15.II, 46.I, 48.II, 49.II y 115.II, todos de la CPE.
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga: i) Dejar sin efecto o declarar la nulidad de la RM 1509/22 ordenando que el Ministerio del Trabajo emita una nueva resolución cumpliendo los derechos que se reclamaron vulnerados; y, ii) Que la UAGRM proceda a la reposición de los sueldos que han sido objeto de rebaja desde febrero de 2022 en un monto de Bs10 167.-.
Celebrada la audiencia pública virtual, el 11 de abril de 2023, según consta en acta cursante de fs. 173 a 181 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional.
Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en audiencia, a través de su representante, solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando que: a) La RM 1509/22 se encuentra en concordancia con los antecedentes del caso, entre ellos, la carta de renuncia suscrita el 23 de mayo de 2022 por la accionante y el Rector de la UAGRM, por tanto, se infiere que la peticionante de tutela se acogió voluntariamente al retiro indirecto por rebaja salarial; b) Dada la complejidad del caso y la existencia de hechos controvertidos, se consideró necesario contar con una etapa probatoria para su resolución, por esta razón, se declinó competencia, conforme al AS 95 de 11 de agosto de 2017; c) La autoridad competente para determinar si corresponde o no la reincorporación laboral es la judicatura laboral, la cual posee facultades exclusivas para la valoración de la prueba, conforme al art. 9 del Código Procesal del Trabajo (CPT), en ese sentido, los documentos presentados por las partes no pueden ser objeto de valoración ni juicio de legalidad dentro de esta instancia administrativa, ya que tal análisis debe realizarse en el marco de un proceso judicial con igualdad de condiciones para ambas partes; d) La acción de amparo constitucional no cumple con el principio de subsidiariedad, siendo que la declinatoria de competencia no implica una negativa al ejercicio de un derecho, sino simplemente la constatación de que esta instancia no tiene competencia para valorar la prueba, debido a la existencia de hechos controvertidos. Vicente Remberto Cuellar Téllez, Rector de la UAGRM, en audiencia mediante su representante, solicito se deniegue la tutela impetrada, señalando que: 1) No tiene legitimación pasiva para ser demandado, conforme la SC 0264/2004-R de 27 de febrero, ya que el empleador adquiere legitimación pasiva únicamente cuando, una vez notificado con la conminatoria que ordena la reposición de sueldos, se rehúsa o niega a cumplirla, situación que no ha ocurrido en el presente caso, de acuerdo a lo establecido el art. 10.4 del Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006, en consecuencia, lo correcto habría sido citar a la UAGRM en calidad de tercero interesado, ya que fue parte del proceso administrativo seguido ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social instancia en la que la accionante fue la parte perdidosa; 2) Se declinó competencia en favor del Juez Laboral para que resuelva la controversia, debido a la existencia de hechos controvertidos, lo que implica que no se ha vulnerado el derecho de la accionante, sino que se ha dejado expedita la vía ordinaria para hacer valer sus derechos, además, no existe conminatoria de reincorporación, sino una declinatoria de competencia que impide acudir directamente a la jurisdicción constitucional sin antes acreditar algún supuesto de inamovilidad laboral; y, 3) No existe relevancia constitucional en el presente caso, toda vez que, la presunta lesión a los derechos fundamentales de la peticionante de tutela habría sido provocada por ella misma, en ese sentido, el 14 de mayo de 2021 la impetrante de tutela presentó voluntariamente su renuncia al cargo administrativo que desempeñaba en la UAGRM, con el propósito de participar en el proceso de elección de autoridades universitarias, el cual está reservado exclusivamente a los docentes. Para habilitarse a dicho proceso, y en virtud de que ejercía una doble función, la accionante optó por renunciar, con lo cual, también renunció voluntariamente al salario que dejó de percibir a partir de mayo de 2021, en consecuencia, sostuvo que no se trató de un despido indirecto, sino de una renuncia voluntaria, existiendo pruebas documentales de la renuncia y su aceptación por parte de la Universidad. Finalmente, la peticionante de tutela continúa desempeñándose como docente y no ha sido despedida de dicho cargo.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 57 de 11 de abril de 2023, cursante de fs. 181 vta. a 185 concedió -se entiende en parte- la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la RM 1509/22 y que se emita una nueva resolución; por otro lado, denegó la tutela impetrada en contra de la UAGRM, con base en los siguientes fundamentos: i) La cuestión planteada no es la permanencia de la accionante en su fuente laboral, sino un reclamo del pago justo de sus salarios, por el Ministerio de Trabajo no puede, en este caso en particular -tratándose de personas con protección reforzada y, además, al involucrar una cuestión de sueldos-, desatender su obligación. Además de la rebaja de sueldos incide directamente en el ejercicio de derechos fundamentales, tales como la vida, la salud, la alimentación y la educación; por tanto, se convierte en una cuestión prioritaria que requiere una respuesta oportuna a su derecho a una remuneración justa prevista por el art. 46.I.1 de la CPE y la SCP “2570/2012” de 21 de diciembre; ii) No se trata únicamente de una controversia ordinaria en el ámbito laboral, sino de un caso que involucra derechos fundamentales asociados a la subsistencia, como lo es el acceso y respeto a una remuneración justa, además, la accionante forma parte de un grupo de protección reforzada, circunstancia que obliga a las autoridades a realizar un análisis más riguroso y sensible a su condición particular de la afectada; y, iii) Resulta evidente que el Ministerio de Trabajo no puede omitir ni ignorar las disposiciones de orden constitucional al momento de resolver una controversia de esta naturaleza, su actuación debe orientarse conforme a los principios de igualdad, no discriminación y protección efectiva de los derechos laborales, es así que, la Resolución Ministerial emitida en el presente caso carece de una valoración clara y precisa respecto al hecho controvertido de fondo, por lo que, no se advierte un análisis sustancial que justifique la imposibilidad de emitir una determinación favorable en resguardo de los derechos fundamentales de la parte peticionante de tutela.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursan boletas de pago de planillas de sueldos del mes de enero y febrero del año 2022 emitidos por la UAGRM, la primera por un líquido pagable de 18 485.5 y la segunda por uno de 8 232.79 (fs. 9 y 10). II.2. Mediante memorial de 25 de mayo de 2022, Mariela Castro Suarez -ahora accionante-, solicito su reincorporación laboral a la Dirección departamental del Trabajo, Empleo y Previsión Social de Santa Cruz, por despido indirecto ante la reducción de sus sueldos en contra de la UAGRM (fs. 85 a 87). II.3. Se tiene RA de 22 de junio de 2022, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, que adoptó la decisión de declinar competencia respeto a la solicitud de reincorporación de la peticionante de tutela (fs. 91 a 93). II.4. Por memorial de 21 de julio de 2022, la impetrante de tutela, interpuso el recurso de revocatoria en contra de la RA de 22 de junio de igual año, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz (fs. 95 a 97). II.5. Consta RA JDTSC/R.R. 206/22 de 18 de agosto de 2022, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, que resolvió confirmar totalmente la RA de 22 de junio del mismo año, que dispuso la declinatoria de competencia (fs. 98 a 101). II.6. Mediante memorial de 13 de septiembre de 2022, la accionante, interpuso recurso jerárquico contra la RA JDTSC/R.R. 206/22, refiriendo los siguientes agravios: a) Errónea valoración de los antecedentes en cuanto a las doscientas cuarenta horas trabajadas como carga horaria frente al pago de sólo ciento ochenta horas; b) Confirmación de la ilegal declinatoria de competencia en total abandono de la parte trabajadora;
y, c) Ratificación de la ilegal inobservancia de la rebaja de sueldos (fs. 103 a 107). II.7. Cursa RM 1509/22 de 1 de noviembre de 2022, emitida por Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en cuya decisión, confirmó totalmente la RA JDTSC/R.R. 206/22; y la RA de 22 de junio del referido año que dispuso declinar competencia, bajo los siguientes argumentos: 1) La Jefatura de Trabajo no puede resolver el conflicto por despido indirecto alegado por la peticionante de tutela, ya que el procedimiento sumario aplicable no permite producción de prueba, lo cual es necesario dada la complejidad del caso, por otro lado, la impetrante de tutela ocupó simultáneamente dos cargos en la Universidad, lo que genera hechos controvertidos que requieren resolución judicial, además, existen reclamaciones internas pendientes en la universidad; por lo que, aún no se ha agotado esa vía; 2) El Ministerio de Trabajo Empleo Y Previsión Social no puede emitir una decisión sobre la situación laboral de la accionante, ya que el caso presenta hechos controvertidos que exceden sus competencias administrativas; por otra parte, según la Sentencia Constitucional 0129/2019-S4 de 17 de abril, solo se puede ordenar una reincorporación laboral si la relación laboral está bajo una jurisdicción competente; y, 3) La Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz actuó conforme a sus facultades al confirmar la RA JDTSC/R.R. 206/22, sin impedir que la denunciante recurra a la vía judicial para proteger sus derechos (fs. 108 a 110 vta.).
La accionante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos congruencia y valoración probatoria, a la estabilidad y continuidad laboral, a una remuneración justa y equitativa; y, al derecho de la mujer a no sufrir violencia laboral; puesto que, la RM 1509/22, emitida por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, confirmó la declinatoria de competencia en relación a la rebaja del cincuenta y cinco por ciento de sus sueldos; empero, en dicha decisión: i) No dio respuesta a los agravios relacionados con la reducción salarial referida, declinando competencia a la judicatura laboral cuando contaba con dicha competencia; ii) Existen pruebas que demuestran que no hubo afectación al techo presupuestario de la UGRAM y que se incurrió en errores al valorar las notas de 24 de marzo y 12 de abril de 2022; iii) No se consideró que la rebaja salarial constituye una vulneración a la estabilidad laboral y al derecho a una remuneración justa, calificándola como una modificación en las condiciones de trabajo, cuando en realidad el salario constituye un derecho irrenunciable; y iv) La reducción en los sueldos mencionados se configura un acto de violencia laboral. Ante ello, el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social sostuvo que: a) Existe una renuncia voluntaria de la impetrante de tutela por rebaja salarial; b) Dada la complejidad del caso y la existencia de hechos controvertidos, se declinó competencia conforme al AS 95/2017 de 11 de agosto de 2017, señalando que debe resolverse en la vía laboral; y, c) La judicatura laboral esta tiene la facultad exclusiva para valorar pruebas, lo que no puede hacer la instancia administrativa. Del mismo modo, el Rector de la UAGRM, señaló que: 1) No cuenta con legitimación pasiva, precisando que el empleador adquiere la misma, cuando después de la notificación con la conminatoria que ordene la reposición de sueldos se rehúsa o se niega a cumplir; 2) No se cumplió el principio de subsidiariedad; además, no se le negó el derecho al trabajo a la accionante, solo se derivó el caso al Juez laboral competente; y, 3) No se lesionaron derechos constitucionales, por cuanto la impetrante de tutela, renunció voluntariamente el 14 de mayo de 2021 al cargo administrativo para postularse en elecciones universitarias (restringidas a docentes). En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 1083/2014 de 10 de junio señaló que: “…la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” (las negrillas nos corresponden) entendimiento que al referir al debido proceso también es aplicable a las resoluciones administrativas que definen derechos. Ahora bien, el art. 10.III del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, dispone que: “En caso de que el trabajador opte por su reincorporación, podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, donde, una vez probado el despido injustificado, se dispondrá la inmediata reincorporación…”. Dicha disposición fue modificada por el DS 495 de 1 de mayo de 2010, que establece lo siguiente: “En caso de que el trabajador opte por su reincorporación, podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde, una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación inmediata…”. De igual manera, el art. 3 del DS 3770 de 9 de enero de 2009, prescribe: “En caso de que la trabajadora o el trabajador considere vulnerado su derecho al trabajo y a la estabilidad laboral como emergencia de anuncios o comunicados de rebaja de sueldos o salarios, podrá acudir ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, quien conminará al empleador proceda a la reincorporación inmediata de la trabajadora o del trabajador, más la reposición de la remuneración al nivel percibido hasta antes de la rebaja, salvo la existencia de acuerdo de partes debidamente justificado”. Estos decretos supremos establecen que, ante solicitudes de reincorporación laboral, corresponde al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social -una vez comprobado el despido injustificado-, determinar la conminatoria de reincorporación del trabajador, además en el marco de los alcances del debido proceso previsto en los arts. 115.II y 117.I de al CPE, es posible asumir también que tiene el deber legal de emitir resoluciones fundamentadas, valorando la prueba presentada y resolviendo de manera expresa sobre la procedencia o improcedencia de la reincorporación solicitada. En ese sentido, del deber del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social de fundamentar adecuadamente sus resoluciones y de la consiguiente obligación de valorar de manera racional la prueba, se desprende que ninguna de las normas mencionadas prevé la posibilidad de que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social pueda inhibirse de resolver el fondo de una solicitud y remita la solución del caso al Órgano Judicial por su complejidad o dificultad dilatando la solución de la controversia pues:
i) El trabajador que acude a la vía administrativa tiene derecho a recibir un pronunciamiento oportuno, claro y motivado sobre su situación jurídica, lo cual le permite decidir con mayor certeza si iniciará una demanda judicial y si requerirá la asistencia de un abogado. ii) El Estado de Derecho implica la posibilidad de revisión judicial de los actos administrativos, ya sea por vía ordinaria o constitucional, y la exigencia de responsabilidad cuando dichos actos carecen de motivación suficiente. Posteriormente, entró en vigencia la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales -Ley 1468 de 3 de octubre de 2022- el 3 de noviembre de 2022, norma que establece en su Disposición Transitoria II que: “Las denuncias de despido injustificado y solicitudes de reincorporación que se hayan iniciado conforme al procedimiento establecido en el Decreto Supremo N° 28699, de 1 de mayo de 2006, modificado por el Decreto Supremo N° 495, de 1 de mayo de 2010, deberán adecuarse en su tramitación conforme a lo previsto en la presente Ley, a partir del estado en el que se encuentren, debiendo el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social emitir los criterios para su adecuación, que serán establecidos en el Protocolo de Actuación…”; en este sentido, el referido Protocolo de Actuación para la Aplicación de la Ley 1468, establece en su art. 28.I que: “Todas las denuncias por despidos sin causa justificada y solicitudes de reincorporación que, a la fecha de la vigencia de la Ley N° 1468, se encontrasen en trámite ante las Inspectoras o Inspectores de Trabajo, es decir QUE YA HUBIERAN MERECIDO SE EMITA ÚNICA CITACIÓN Y SE HUBIERA REALIZADO LA AUDIENCIA CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL 868/10, DE 26 DE OCTURBE DE 2010, continuarán su tramitación de acuerdo a dicho procedimiento”, ello en atención a su trámite diferente, la posibilidad de presentar prueba, etc. y en virtud a que la ley no permite retrotraer los trámites ya iniciados, como se explica a continuación:
La Ley 1468 abrogó el DS 495 y derogó parcialmente el DS 28699, que establece con mayor claridad el procedimiento y la presentación de prueba. El art. 9 de dicha ley regula la realización de una audiencia en la que se debe presentar prueba, aplicándose el principio de inversión de la carga probatoria. Por su parte, el art. 11 dispone: “En el plazo de cuatro (4) días hábiles posteriores a la recepción de la prueba ofrecida por la empleadora o el empleador, la Inspectora o el Inspector de Trabajo elevará a consideración de la Jefa o el Jefe Departamental o Regional de Trabajo informe, valorando los argumentos y documentos expuestos, recomendando la restitución del o los derechos laborales o, en su caso, el rechazo de la denuncia”. Esto reafirma la obligación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social de fundamentar sus decisiones, valorando adecuadamente la prueba ofrecida por las partes o justificando, cuando corresponda, la aplicación de la inversión de la carga probatoria; por lo que, tampoco prevé la posibilidad de dilatar la solución de la controversia laboral remitiendo antecedentes a la judicatura laboral.
En el presente caso la parte accionante alega diferentes aspectos como ser que: i) No se respondió los agravios relacionados con la reducción salarial referida, declinando competencia a pesar de contar con ella; ii) Existen pruebas que demuestran que no hubo afectación al techo presupuestario de la UGRAM y que se incurrió en errores al valorar las notas de 24 de marzo y 12 de abril de 2022; iii) No se consideró que la rebaja salarial constituye una vulneración a la estabilidad laboral y al derecho a una remuneración justa, calificándola como una modificación en las condiciones de trabajo, cuando en realidad el salario constituye un derecho irrenunciable; y iv) La reducción en los sueldos mencionados se configura un acto de violencia laboral. Al respecto se analizará primero la lesión a la garantía al debido proceso referido al principio de congruencia pues la parte actora alega que planteó agravios vinculados a la reducción salarial, pero estos no recibieron una respuesta en derecho, optándose por declinar competencia a la judicatura laboral, a pesar de que la autoridad demandada debió efectuar un pronunciamiento de fondo; en este sentido, de encontrarse probado dicho cargo obligaría a este Tribunal a ordenar se emita otro pronunciamiento por la autoridad demandada, en el cual tendrían que resolverse los otros cargos; por lo que, ya no será necesario emitir pronunciamiento sobre los mismos. Entonces y del contraste de antecedentes, se tiene acreditado que la UAGRM emitió las boletas de pago correspondientes a los meses de enero y febrero de la gestión 2022, en las cuales se evidencia la reducción en los haberes mensuales de la -ahora accionante-, de Bs. 18 485,45 a Bs. 8 232,79 (Conclusión II.1); por ello, el 25 de mayo de 2022, la peticionante de tutela presentó memorial ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, solicitando su reincorporación laboral por despido indirecto por la reducción de sueldo (Conclusión II.2), mediante RA de 22 de junio del citado año la referida Jefatura Departamental de Trabajo declinó competencia para conocer y resolver la solicitud de reincorporación (Conclusión II.3). La impetrante de tutela interpuso recurso de revocatoria contra la citada Resolución, por escrito presentado el 21 de julio de 2022, impugnando la decisión de declinatoria de competencia asumida (Conclusión II.4); el 18 de agosto de 2022, la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz emitió nueva RA JDTSC/R.R. 206/22 de 18 de agosto del referido año 2022; por la cual, confirmó íntegramente la resolución anterior que dispuso la declinatoria de competencia (Conclusión II.5). Frente a tal determinación, la accionante presentó recurso jerárquico el 13 de septiembre de 2022, alegando como agravios principales: 1) La errónea valoración de los antecedentes, señalando que trabajaba doscientas cuarenta horas mensuales, pero se le remuneraba por solo ciento ocho horas; 2) La confirmación de una presunta declinatoria de competencia ilegal que le dejó en indefensión; y, 3) La omisión de considerar la ilegal rebaja de sus sueldos (Conclusión II.6). En ese contexto, el Ministerio de Trabajo -ahora demandado-, por RM 1509/22 de 1 de noviembre del mismo año, confirmó totalmente la RA JDTSC/R.R. 206/22 señalando que: i) La Jefatura Departamental de Trabajo no puede conocer el conflicto de despido indirecto por la imposibilidad de producción de prueba en sede administrativa, más cuando la trabajadora ocupaba simultáneamente dos cargos en la universidad, lo que genera hechos controvertidos que requieren dilucidación judicial; ii) Aún no se agotó la vía interna universitaria; y, iii) En función de lo dispuesto por la SC 0129/2019-S4, solo puede ordenarse reincorporación laboral cuando el conflicto es resuelto por autoridad competente, lo que en este caso excede el ámbito administrativo ante la existencia de hechos controvertidos (Conclusión II.7). Al respecto la RM 1509/22 de 1 de noviembre, tras invocar diferentes artículos de la Constitución que hacen al régimen laboral, para luego hacer referencia a normas que reglan la tramitación del recurso jerárquico y para finalmente citar el DS 28699 de 1 de mayo de 2006, modificado por el DS 495 de 1 de mayo de 2010, que hacen referencia a: “…la vigencia plena del Principio Protector, en el que el Estado tiene la obligación de proteger al trabajador asalariado…” e indicar, invocando la misma norma, que se: “…ha establecido la facultad de acudir antes las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo, a objeto de denunciar la reincorporación laboral, frente a un despido injustificado e intempestivo…”; y, tras citar la prueba presentada, observó que la accionante ocupó un cargo administrativo y docente, concluyendo que se debe declinar competencia a la judicatura laboral sin establecer qué pruebas eran necesarias, ni los fundamentos legales que le habilitan a declinar el trámite presentado mediante memorial de 25 de mayo de 2022 y que se declina en fecha 1 de noviembre de 2022, lo que perjudica tanto al trabajador al limitar en lo inmediato sus medios de subsistencia y a la parte empleadora que ante la incertidumbre debe esperar a la resolución por la judicatura laboral, teniendo en su caso que enfrentar mayores cargas económicas por concepto de salarios devengados y multas acumuladas. Por otra parte, la RM 1509/22 de 1 de noviembre, no hace cita de norma alguna justifique el por qué en este tipo de casos estaría facultado para mantener, después de todo el tiempo y movimiento del aparato estatal con el consiguiente gasto de recursos, la situación de incertidumbre de la parte trabajadora y empleadora limitándose a invocar la SCP 0129/2019-S4 que refiere a un caso con supuestos que no son análogos -ya que corresponde a una acción de amparo constitucional en la que se relacionada a una beca de trabajo otorgada por la UAGRM y que no se encuentra dentro del ámbito de protección de la Ley General del Trabajo- y en la cual se sostiene como obiter dicta que: “…la instancia administrativa laboral solo está facultada para emitir conminatorias en el caso de desvinculaciones de trabajadores protegidos por la citada Ley, no pudiendo conminar en aquellos casos en los que no se presente ese presupuesto, pues en casos en los que existen derechos controvertidos que requieren de un proceso ordinario para establecer si existe la relación laboral y está dentro de las previsiones de la Ley General del Trabajo o si se trata de servidores públicos cuya relación laboral está regulada por la Ley del Estatuto del Funcionario Público…”; además, dicha sentencia no emitió un pronunciamiento positivo o negativo sobre el fondo de la problemática, refiriendo que las partes de esa acción tutelar podían acudir para esclarecer los hechos sobre la supuesta relación laboral ante la judicatura laboral, pero teniendo certeza sobre los argumentos que en dicha instancia se deben controvertir. Por otro lado, es preciso aclarar que ello no implica que el tiempo y dinero invertido es insustancial. En este contexto, es imperativo que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social emita una resolución administrativa debidamente fundamentada sobre el fondo del reclamo; y que, conforme el principio de coherencia que hace a toda resolución judicial, evalúe si la reducción salarial en el caso concreto constituye una violación a los derechos laborales y, en su caso, si da o no lugar a la reincorporación. Negar tal pronunciamiento no solo transgrede la normativa jurídica que regula el procedimiento de reincorporación, sino que además priva al trabajador de una vía eficaz para la defensa de sus derechos reconocidos por la Constitución. Por otro lado, la peticionante de tutela también dirigió la demanda de amparo constitucional contra la UAGRM, solicitando la reposición de los sueldos que fueron reducidos desde febrero de 2022, por un monto de Bs.10 167.-. Debe realizarse un análisis a la luz del principio de subsidiariedad que rige el acceso a la justicia constitucional, respecto al cual la SCP 1337/2003-R de 15 de septiembre, estableció que “…el recurso de amparo se constituye en un instrumento subsidiario y supletorio en la protección de los derechos fundamentales, subsidiario porque no es posible utilizarlo su es que previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa y supletorio porque viene a rearar y reponer las deficiencias de esta vía ordinaria”. En el caso concreto, la accionante interpuso directamente la acción de amparo constitucional contra la UAGRAM a esta jurisdicción constitucional, incluso teniéndose activa la vía administrativa laboral, sin agotar la vía ordinaria, correspondiendo denegar la tutela directa contra la entidad laboral demandada pues la justicia constitucional solo interviene de manera excepcional cuando no existen medios idóneos en las vías ordinarias. Por lo que, no se ingresara al análisis de fondo respecto al cargo formulado contra la UAGRM; en consecuencia, corresponde denegar la tutela solicitada al respecto. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder -se entiende en parte- la tutela impetrada, aunque con otros razonamientos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 57 de 11 de abril de 2023, cursante de fs. 181 vta., a 185, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, en contra de Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social en razón de lo desarrollado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional en los términos del tribunal de garantías; y, 2° DENEGAR la tutela impetrada, en contra de la UAGRM en base a los razonamientos expuestos precedentemente. 3° Disponer por Secretaria General del Tribunal Constitucional Plurinacional, la notificación con este fallo constitucional al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; para que, en mérito a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, asuma el deber de pronunciarse sobre los casos sometidos a su conocimiento. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas es de Voto Aclaratorio.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0501_2025-S2.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 75c7d1a4436b68529bd0f4000d1d912f4d033d331ba93e450e513a0b0e8d6853
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