Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 29 de mayo de 2023
Deniega la tutela
El accionante denunció la lesión de sus derechos al acceso a la justicia, al trabajo, al comercio, a la educación, a la salud, al debido proceso en sus elementos de competencia, fundamentación y motivación, a recurrir y a la defensa; y a los principios de legalidad y a la seguridad jurídica, toda vez que, siendo afiliado a la Asociación de Comerciantes Minoristas en Artículos de Primera Necesidad “2 de Marzo” de la ciudad de El Alto, a través de su Tribunal Disciplinario, se emitió en su contra y de manera irregular, la Resolución 001/2007 y el Voto Resolutivo de julio de 2007, referidas a su expulsión definitiva del seno de dicha asociación, siendo que recién el 31 de enero de 2022, después de transcurridos catorce años fue notificado con dichas resoluciones, pero no por la asociación, sino por los servidores públicos del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, además que dichas resoluciones fueron aprobadas en dos ocasiones, el 23 de julio de 2021 y su ratificatoria el 12 de diciembre de mismo año, empero de la misma manera sin haberle convocado para demostrar su inocencia. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: i) La legitimación pasiva en la acción de amparo constitucional; y, ii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 048/2022 de 30 de marzo, cursante de fs. 162 a 164, emitida por la Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada por falta de legitimación pasiva respecto a Claudio Gutiérrez Roque, de conformidad a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración de que no se ingresó al fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0501/2023-S1 Sucre, 29 de mayo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 47427-2022-95-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 048/2022 de 30 de marzo, cursante de fs. 162 a 164, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Miguel Huanca Huanca contra Claudio Gutiérrez Roque.
Mediante memoriales presentados el 25 de febrero y 14 de marzo de 2022, cursantes de fs. 94 a 100 y 132 a 134 vta., el accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y derecho:
Es un ciudadano de la tercera edad, afiliado a la Asociación de Comerciantes Minoristas en Artículos de Primera Necesidad “2 de Marzo”, de El Alto del departamento de La Paz; dicha asociación, a través de su Tribunal Disciplinario, emitió en su contra de manera irregular, la Resolución 001/2007 y el Voto Resolutivo de 3 julio de 2007, referidas a su expulsión definitiva del seno de la asociación citada precedentemente, afectando su lugar de trabajo en sus puestos de venta. Consecuentemente solicitó una orden judicial ante el Juzgado de Instrucción en lo Civil, que fue concedida el 17 de noviembre de 2009, la cual cayó en “oídos sordos, por el directorio de la mencionada organización” (sic). Posteriormente, de la reiteración con la orden judicial de 14 de diciembre de 2009, surgieron dos notas de la organización, la primera “denotando que los mencionados resoluciones las había originado el Tribunal Disciplinario y esta instancia debería otorgar la documentación solicitada” (sic) y “la segunda nota respuesta del tribunal Disciplinario denotando que las resoluciones habían sido derivadas al directorio de la mencionada organización” (sic).
Ante este atropello referido a la negativa a una orden judicial, pidió la “debida CONMINATORIA” que fue otorgada en febrero de 2010 y notificada el 2 de marzo del mismo año; ante las agresiones recibidas por el policía que realizó la respectiva notificación, éste ya no quiso ir más al lugar. El 28 de septiembre de 2015, solicitó ante el “gobierno de la ciudad de El Alto” (sic) la reposición de sus puestos de venta 52 y 53 ubicados en la Av. Tiahuanacu entre calles 2 y 3, sin recibir respuesta alguna de parte de la Dirección de Ferias y Mercados; el 11 de enero de 2017, reiteró su solicitud, recibiendo como respuesta el Informe CITE:SMDE/DFM/AHV/RCM/188/2017 de 10 de noviembre, que en su parte conclusiva y de sugerencias señaló que, si bien se notificó a la referida asociación, a efecto de que presenten la documentación que demuestre que la mencionada expulsión, se realizó con las formalidades de un proceso disciplinario, en sujeción a su estatuto orgánico y reglamento interno, sin embargo la documentación mencionada no fue presentada, como tampoco los documentos que corroboren que el municipio de El Alto realizó el levantamiento de los anaqueles de los cuales se desconoce su destino; sugiriendo al afectado el inicio de las acciones legales pertinentes ante la instancia competente contra las personas que supuestamente emitieron dichas resoluciones. Ante esta situación, el 13 de octubre de 2021, presentó ante la Dirección de Ferias y Mercados del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, una solicitud de reposición de puestos de venta, la cual fue respondida mediante nota GAMEA/SMDE/DFM/MAM/050/2021 y el Informe CITE:SMDE/DFM/AL/029/2021 de 9 de noviembre, el cual señaló que debido a que las asociaciones sindicales son autónomas con personalidad jurídica, no pueden intervenir en la petición que tiene como antecedente el Voto Resolutivo de expulsión del afectado, recomendándole solucionar el problema de fondo con su asociación. También acudió al Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social el 13 de julio de 2021, donde la Inspectora el 3 de agosto del mismo año, realizó la primera citación de conciliación por derechos laborales a Claudio Gutiérrez Roque, Secretario General de la Asociación “2 de marzo”, a la cual no se hizo presente; ante la segunda citación se hizo presente, pero se determinó cuarto intermedio para el 10 de agosto de 2021 a efectos de que lleve la documentación correspondiente, empero, en la mencionada fecha, no llevó la documentación solicitada; se volvió a dar un cuarto intermedio para el 17 de agosto de 2021, pero el demandado no se hizo presente; se emitió una conminatoria para el 2 de septiembre del mismo año, a la cual tampoco se hizo presente. El 1 de octubre de 2021, solicitó a la Presidencia del Concejo Municipal de El Alto, que se efectúe una auditoría legal, en razón a que los directorios de la citada asociación estaban alquilando su fuente laboral, habiendo sido respondido mediante informe CITE: CMEA/CODE/211/2021, por el que la Comisión de Desarrollo Económico le señaló que acuda a las instancias judiciales competentes.
Por si fuera poco, el 11 de enero de 2022, el asesor legal de la Dirección de Ferias y Mercados, les indicó que el directorio de la mencionada asociación, había procedido a traspasar su fuente laboral a terceras personas. Al respecto cabe señalar que en ningún momento fue notificado con la Resolución 001/2007 y con el complemento del voto resolutivo de 2007, restringiendo su derecho a la defensa; por si fuera poco, “recién el 31 de enero de 2022” (sic) después de haber transcurrido 14 años, le notificaron con la resolución 001/2007 y el voto resolutivo de julio de 2007, pero no por la asociación, sino a través de los servidores públicos del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. “Y sucede que en dos ocasiones había sido APROBADA la resolución N° 001/2007 y su correspondiente Voto Resolutivo 2007. El 23 de julio de 2021 y su RATIFICATORIA de la citada resolución en fecha 12 de diciembre de 2021. Empero de la misma manera sin haberme convocado para demostrar mi inocencia o pedir de que delitos se me acusa” (sic).
El accionante alegó como vulnerados sus derechos al acceso a la justicia, al trabajo, al comercio, a la educación, a la salud, al debido proceso en sus elementos de competencia, fundamentación y motivación, a recurrir y a la defensa; y a los principios de legalidad y a la seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 115.II, 119, 120, 122 y 180.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE); art. 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), art. 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); y, art. 14 inc. d) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) La anulación de la Resolución 001/2007, Voto Resolutivo de 3 de julio 2007, y el cese de las medidas de hecho y la restitución de su fuente laboral de los puestos 52 y 53, y sea en el término de tres días de la notificación, bajo alternativa de remitir antecedentes al Ministerio Público; b) Ordenar la reparación del daño de los catorce años en los que su fuente de trabajo estuvo paralizada, retribuyendo los gastos erogados en la manutención de su familia, desde el año 2008 al 2022; c) Ordenar al demandado, no hacer más uso del Voto Resolutivo y la Resolución 001/2007; y, d) Sea con costas procesales.
La audiencia virtual de la presente acción de defensa, se celebró el 30 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 159 a 161, produciéndose los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, por intermedio de su abogado, en audiencia ratificó los argumentos expuestos en su acción de amparo constitucional, y ampliando los mismos, agregó que: 1) La Resolución 001/2007 del Tribunal Disciplinario de la Asociación de Comerciantes Minoristas “2 de Marzo”, no fue emanada de acuerdo a la Personería Jurídica Legal No. 34 que en su “Art. 34 inc. a), b) y c) que denota el inc. a)” (sic) señala, que previamente debe haber una llamada de atención verbal registrada en el libro de actas; 2) El inc. b) refiere que tiene que haber una sanción, una multa, para poder realizar el tercer paso consistente en una sanción de suspensión temporal o definitiva, como indica su art. 11; 3) Ninguno de estos requisitos fueron cumplidos, tampoco se efectuó la notificación para las 4 amonestaciones; 4) En la Resolución solo utilizaron el art. 11, inc. b) y c) de la Personalidad Jurídica, consistente en la suspensión definitiva por alta traición, sin embargo, no señalaron cuál es su origen; 5) Indican que el ahora accionante, a título de ser esposo Carmen Rosa Quispe Ticona, es expulsado por ignominia sin derecho a su puesto de venta, es decir que, refieren un aspecto familiar y no así intuito persona; 6) Hablan de supuestas falacias cometidas por el impetrante de tutela, pero en el fondo de esta Resolución no hubo una situación de procedimiento en las cuales pueda cotejarse que hubo un acto ilícito, solamente se va en relación de un aspecto familiar; 7) “… se va en relación de un aspecto de que tendría el señor dentro de la misma Asociación tener la boca cerrada y no hacer defensa de ningún otro afiliado dentro de la misma asociación tal como señala inc. e) indica que este señor estaba favoreciendo al señor Norberto Rojas” (sic); 8) “…de la misma manera, señalan que el señor Miguel Huanca, habría procedido en apoyar al señor Miguel Calle en la segunda parte considerativa y le colocan por desacato y por traición a la Organización y violación del Reglamento interno del Art. 41” (sic); 9) El Reglamento Interno en su art. 41 no hace referencia a la expulsión definitiva, primeramente hay un procedimiento; 10) Lamentablemente en la emisión del Voto Resolutivo y la Resolución de Voto de expulsión definitiva, los directorios de la “Central Strio. Gral.” (sic) y el presidente del Tribunal Disciplinario de la Asociación, vulneraron los derechos al debido proceso, seguridad jurídica y al trabajo; 11) Mediante una denuncia ante la Ministra del Trabajo, la Inspectoría de la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, hizo cuatro citaciones y se emitió el Informe MTEPS-JDT LP-NACN-459-INF/21, donde Claudio Gutiérrez Roque incurrió en actos de omisión; y, 12) Solicitó que se conceda la tutela impetrada. Ante las preguntas efectuadas por los Vocales de la Sala Constitucional, referidas a: i) Qué relacionen tiene el Ministerio de Trabajo en torno a las Resoluciones 001/2007 y al Voto Resolutivo de 2007; ii) A efecto de valorar del cómputo del plazo de la inmediatez, qué documento debe valorar esta Sala Constitucional, cuándo se tomó conocimiento de estas resoluciones y a través de qué acto; y, iii) En su petitorio pide ordenar al demandado la reparación del daño por el acto lesivo de usurpación y toma de sus puestos de venta, además de haber amenazado de golpearle, en consecuencia, se debe retribuir los gastos erogados por el accionante, desde el año 2008 al 2022, es decir, “¿ha tomado conocimiento de esta Voto Resolutivo de 2007 desde entonces de 2008, 2009, 2010, 2011 hasta el 2022 no ha trabajado?” (sic); El accionante a través de su abogado respondió: a la pregunta i) El 2004 mediante una resolución se otorgó el fuero sindical a los directorios de la Asociación “2 de Marzo” por esa situación, se apersonaron con la denuncia ante el Ministerio del Trabaj, donde se dieron varias citaciones y una conminatoria para llegar a una conciliación; a la pregunta ii) Miguel Huanca Huanca presentó en su debido momento por ante juzgados civiles la Orden Judicial, las cuales “han caído en saco roto” (sic); dentro de una Petición de Reposición del año 2015, en relación del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, nace un informe que en su parte conclusiva señala que el ahora accionante debería recurrir a la vía legal, “en este aspecto de la acción penal por atentados contra la libertar del trabajo” (sic), “la Organización la dirigencia de esta Asociación lamentablemente no se queda ahí cruzado los brazos siempre ha estado intentando de por todos los medios ir en contra de la integridad del Sr. Miguel Huanca Huanca, hoy catalogado y vulnerado de la tercera edad del cual el señor tiene” (sic); y, a la pregunta iii) Una vez expulsado “ya no tiene pisada en el lugar de la Asociación de por lo menos levantado los anaqueles la fuente laboral y puestos de venta del señor Miguel Huanca Huanca, de mantera ¡legal han procedido a rentar, alquilar un bien de dominio público de conocimiento en la actualidad de la señora Honorable Alcaldesa Municipal Eva Copa Murga, y esta situación de denuncia se encuentra en actividad procesal con el debido procedimiento dentro del Municipio Alteño, pero resulta como le manifiesto la Resolución adjuntada a la presente demanda es originada por una petición de reposición” (sic).
Claudio Gutiérrez Roque, mediante memorial presentado el 30 de marzo de 2022, cursante de a fs. 158 y vta., manifestó que: a); Actualmente no se encuentra en ejercicio de la titularidad de la Asociación de Comerciantes Minoristas “2 de marzo”, por lo que no cuenta con facultades de representación ni poder especial y suficiente para representar a la aludida asociación, que le permita responder sobre el contexto de este recurso; y, b) Solicitó la enmienda por el correcto o actual directorio de dicha asociación.
La Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz, mediante Resolución 048/2022 de 30 de marzo, cursante de fs. 162 a 164, denegó la tutela solicitada, con la aclaración de no haber ingresado al fondo de la pretensión, bajo los siguientes fundamentos: 1) Conforme al memorial remitido por Claudio Gutiérrez Roque, el mismo refiere que a la fecha ya no se encuentra en ejercicio del directorio de la Asociación de Comerciantes Minoristas en Artículos de Primera Necesidad y Varios “2 de Marzo”, y que no cuenta con facultades para representar a la aludida Asociación, lo que pone en entre dicho el presupuesto de la legitimación pasiva; 2) A través de la documentación presentada por el ahora accionante, la Resolución de la Asamblea Ordinaria de la Asociación de Comerciantes Minoristas en Artículos de Primera Necesidad y Varios “2 de Marzo” de la ciudad de El Alto, dictada el 12 de diciembre de 2021, ratificó la Resolución 01/2007, y dispuso la expulsión de la Organización de Miguel Huanca Huanca; 3) De donde se tiene que cuando menos 14 ciudadanos conformarían el directorio en pleno de Asociación de Comerciantes Minoristas en Artículos de Primera Necesidad y Varios “2 de Marzo”, entre ellos: Claudio Gutiérrez Roque, Héctor Torrez Peralta, María Gregoria Callancho Nina, Victoria Churata Mamani, Mónica Romero Quispe, Elza Callisaya Condori, Rosalía Totora Cerezo, Fidelia Quispe Carrizales, Nelson Tumiri Mayta, Victoria Cahuana Mamani, Santusa Guarachi de Guarachi, Rosmery Carrasco, Renán Tambo Tambo y Daniela Lidia Parra Valdez; 4) De dicha documentación adjuntada por el accionante, se concluye que para la presente petición de tutela, no resulta ser objeto de análisis la Resolución emitida por el Tribunal Disciplinario 001/2007, sino la Resolución 01/2021 de 12 de diciembre de 2021, dictada por la Asamblea Ordinaria de Asociación de Comerciantes Minoristas en Artículos de Primera Necesidad y Varios “2 de Marzo”, al ser la última Resolución de la Magna Asamblea de la referida Asociación que dispuso ratificar la expulsión del hoy accionante; 4) El ahora demandado, mediante memorial presentado en la presente fecha, el cual merece la plena fe, señaló que ya no ejerce representación alguna de la referida Asociación; en tal sentido, si el acto de análisis debiera ser de la Resolución 01/2021 de 12 de diciembre, importa estar en ausencia del presupuesto de la legitimación pasiva toda vez que, ante una eventual concesión de tutela, ésta sería vinculante únicamente a Claudio Gutiérrez Roque, quien fue demandado como persona particular natural y no así en representación de la Asociación de Comerciantes Minoristas; 5) De conceder una eventual tutela, ello importaría dejar sin efecto la Resolución 01/2021; empero, los emisores de esta Resolución, que son los miembros del Directorio de la Asociación de Comerciantes Minoristas "2 de Marzo" no fueron notificados ni demandados en la presente petición de tutela, lo que impide a la Sala Constitucional efectuar un análisis de fondo de la pretensión constitucional solicitada por el accionante.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en el expediente, se establece las siguientes conclusiones: II.1. Cursa Cédula de identidad signada con el 2060970, en la que se indica que Miguel Huanca Huanca nació el 28 de septiembre de 1955 en La Paz -Los Andes - Corapata, identificándose como domicilio la calle 11 N. 2644 Z. Alemania–Villa Adela” (fs. 2)
II.2. Consta Resolución 001/2007 de julio de 2007, emitida por el Tribunal Disciplinario de la Asociación de Comerciantes Minoristas “2 de marzo”, conformado por Delfín Baltazar Aguilar, Rita Ramos de Queso, Diego Calle y Felix Coria Sullcani, que señala lo siguiente:
(…)
Emite la siguiente resolución a quien corresponda en cumplimiento del mandato de bases y respeto al ESTATUTO ORGANICO Y REGLAMENTO INTERNO DE LA ASOCIACION con relación al señor Miguel Huanca Huanca ex afiliado de la asociación, es como sigue:
a) El señor mencionado ex -afiliado de la asociación “2 de marzo”, tiene sus puestos de venta Nº 52 y 53 serie A en la Av, Tiahuanacu y quien fue dirigente como Secretario de Relaciones en la gestión 2003 -2004.
b) Como afiliado en la gestión 2004 a 2005 intentó dividir la asociación organizando otra comparsa con nombre de la asociación en la fiesta de la zona 12 de octubre de ese año, infringiendo el art. 11 incisos b) y c), art. 34 incisos a), b) del Estatuto Orgánico único y Reglamento Interno “traición directa".
c) En las Asambleas Generales fue quien hizo problemas, juntamente con algunas personas, haciendo amenazas físicas, riñas, injurias, a la base.
d) Este señor a titulo de ser esposo de la señora Carmen Rosa Quispe Ticona, que es expulsada con ignominia sin derecho a su puesto de venta. Juntamente con el señor Miguel Calle, denunciaron a instancias superiores como la Federación de Gremiales de El Alto, Confederación de Gremiales de Bolivia, Consejo Municipal de El Alto, solicitando la anulación de la ordenanza municipal N° 108/90 de la Asociación, cometiendo alta traición al estatuto orgánico y reglamento interno sancionado en el capitulo V art. 34 índices a), b) y c) y art. 11 inciso b) y c).
e) En franca violación al estatuto orgánico instaura procesos judiciales a varios afiliados, basándose en mentiras, falacias e injurias favoreciendo a su esposa Carmen Rosa Quispe y el señor Norberto Rojas y otros que tienen cuenta pendiente con la asociación "2 de marzo" que a esta situación es testigo toda la base.
f) Del mismo modo tiene procesos judiciales con el compañero Juan Quispe y esposa desde el 23 de diciembre de 2005 cuando Juan Quispe era secretario de relaciones de la asociación de dicha gestión, también como ya es costumbre con mentiras y difamaciones, que es sancionado por el estatuto g) Este señor no contento con semejante aberración y violación fragante al estatuto orgánico, con reincidencia de cuantas veces quiere y se lo antoja, sin pagar cuotas mensuales, vida orgánica a la asociación y otras obligaciones que tiene la asociación.
h) El señor Miguel El señor Miguel Huanca Huanca no paga patente municipal, sin respetar la ley de municipalidades 2028 y a la ordenanza municipal, además por la instalación arbitraria 3 de energía eléctrica a sus puestos de venta violando el Regiamente Interno de la Asociación. Infracciones Intolerables.
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El Tribunal Disciplinario de la Asociación "2 de marzo” conferidas por asamblea y el estatuto orgánico y reglamento interno falla para su estricto cumplimiento lo siguiente:
PRIMERO.- Expulsar con ignominia y sin derecho a sus puestos de venta de la asociación "2 de marzo” en cumplimiento al art. 11 inciso b) y c).
SEGUNDO.- instruir a los dirigentes actuales y bases retirar sus anaqueles con conocimiento de las autoridades del gobierno municipal, judiciales y otros.
TERCERO.- Instruir a la directiva de la asociación hacer conocer esta determinación o fallo a las entidades matrices como ser: Federación de Gremiales El Alto, Central Obrera Regional El Alto, Confederación de Gremiales de Bolivia, Federación de trabajadores en carne el Alto, a las autoridades del gobierno Municipal de El Alto Ministerio de Trabajo, Autoridades Policiales, Prefectura, judiciales y otros. (sic [fs. 53 a 54]) II.3. Mediante Voto Resolutivo de 3 de julio de 2007 emitido por la gran Asamblea General Ordinaria de la Asociación “2 de marzo”, suscrito por Rufo Baltazar Aguilar, Secretario General; Hugo Chambi, Secretario de Relaciones; Constantino Mamani Apaza, Secretario de Actas; Victoria Apaza de Galvez, Secretaria de Hacienda; Braulio Rocha Tapia, Secretario Ejecutivo; Orlando (inteligible) Escobar, Secretario de Organización; Martina Escobar, Secretaria de Conflictos; Justina Mamani, Secretaria de Conflictos; María Elena Laura, Secretaria de Prensa; Rufina Bautista, Secretaria de Organización; (Inteligible) Quelca de Ramos, Secretaria de Organización; Alejandro Tula Mamani, Secretario de Deportes; Inés Patti, Secretaria de Beneficencia; Trifonia Rojas, Secretaria Porta Estandarte; Remedios Mollo, Secretaria Porta Estandarte; Eusebia Aro, Secretaria Vocal; y, Genara Mamani, Secretaria Vocal; señala lo siguiente:
(…)
La gran Asamblea General ordinaria de la asociación “2 de Marzo”.
RESUELVE:
PRIMERO.- Aprueba la resolución presentada por el Tribunal Disciplinario con la expulsión definitiva del seno de la Asociación “2 de Marzo” y desalojo de sus puestos de venta de los Señores: MIGUEL HUANCA HUANCA, MIGUEL CALLE Y ADELA SUXO, en cumplimiento del Art. 11 inc. c) y Art. 34 inc. b)-c) de sus altas traiciones.
SEGUNDO.-La Asamblea General determina que dicha Resolución presentada por la Tribunal Disciplinario y estricto cumplimiento la cual las bases en general aprueba con Voto Mayoritario y le recomienda su estricto cumplimiento al Directorio.
TERCERO.- Por tal efecto del mismo ponga en conocimiento la presente Resolución para su homologación en las diferentes Autoridades Municipales, Federación de Gremiales, Confederación de Gremiales de Bolivia, Ministerio de Trabajo, Central Obrera Regional de El Alto, Prefecturas y Judiciales.
(sic [fs. 55 a 56]) II.4. Se evidencia Informe CITE: GAMEA/SMSC/DFM/AL/013/2022 de 19 de enero, emitido por Martín Aliaga Mamani, Director de Ferias y Mercados; vía Jorge Ronald Revollo Fernández, Secretario Municipal de Seguridad Ciudadana; dirigido a: Rury Balladares Molina, Secretario Municipal de Gestión Institucional, todos del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, en el que se concluye lo siguiente: “…reiterarle que las Asociaciones Sindicales son Autónomas y cuentan con Personalidad Jurídica, y como Dirección de Ferias y mercados no podemos intervenir en peticiones de terceros en solicitudes de copias legalizadas de las Asociaciones u otros, toda vez que no se emitieron de la presente Dirección, sin embargo el suscrito para mejor legalidad solicitó a la Asociación de Comerciantes Minoristas en Artículos de Primera necesidad y Varios “2 de Marzo” Fotocopias Legalizadas de la Resolución 001/2007 y el Voto Resolutivo de 2007, mismos que se adjuntaran a la presente carpeta” (sic) (fs. 51 a 52) II.5. Se advierte la NOTIFICACIÓN/DGAL/MMMT/89/2022 efectuada el 31 de enero de 2022 a hr. 11:50 a Rafael Chavez León, representante legal de Miguel Huanca Huanca, con Informe Cite: GAMEA/SMSC/DFM/AL/013/2022, a través de la Dirección General de Asesoría Legal del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (fs. 50)
El accionante denunció la lesión de sus derechos al acceso a la justicia, al trabajo, al comercio, a la educación, a la salud, al debido proceso en sus elementos de competencia, fundamentación y motivación, a recurrir y a la defensa; y a los principios de legalidad y a la seguridad jurídica, toda vez que, siendo afiliado a la Asociación de Comerciantes Minoristas en Artículos de Primera Necesidad “2 de Marzo” de la ciudad de El Alto, a través de su Tribunal Disciplinario, se emitió en su contra y de manera irregular, la Resolución 001/2007 y el Voto Resolutivo de julio de 2007, referidas a su expulsión definitiva del seno de dicha asociación, siendo que recién el 31 de enero de 2022, después de transcurridos catorce años fue notificado con dichas resoluciones, pero no por la asociación, sino por los servidores públicos del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, además que dichas resoluciones fueron aprobadas en dos ocasiones, el 23 de julio de 2021 y su ratificatoria el 12 de diciembre de mismo año, empero de la misma manera sin haberle convocado para demostrar su inocencia. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: i) La legitimación pasiva en la acción de amparo constitucional; y, ii) Análisis del caso concreto.
La legitimación pasiva es la calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción; empero, debe entenderse que la demanda debe estar dirigida contra la “autoridad” que ostente el cargo desde el cual se realizó el acto ilegal o se incurrió en la omisión indebida, sin que ello implique que, en caso de existir responsabilidades personalísimas, como la penal, el funcionario que haya accedido al cargo con posterioridad al acto lesivo de derechos, tenga que asumir las consecuencias únicamente por encontrarse en funciones al momento de iniciarse la demanda y porque ésta haya sido dirigida en su contra. Reiterando aquella línea precedentemente mencionada, la SCP 1745/2011-R de 7 de noviembre señaló que la legitimación pasiva viene a ser aquella calidad que adquiere por la coincidencia que se presenta entre la autoridad que causó la vulneración a derechos y garantías y aquella contra quien se dirige la acción de defensa. Siguiendo dicha línea jurisprudencial la SCP 0123/2012 de 2 de mayo señaló que la legitimación pasiva resulta aquella coincidencia que existe con la calidad adquirida por un servidor público o persona individual o colectiva que probablemente con actos u omisiones ilegales e indebidas provocó la vulneración o amenaza de restricción de derechos y garantías constitucionales de una persona, por lo que la acción de defensa deberá estar dirigida contra esa persona que incurrió en vulneración de derechos; a ello, se debe agregar que la acción de amparo constitucional debe dirigirse tanto contra el servidor público, persona individual o colectiva, que cometió la vulneración así como contra la que tiene la facultad para revisarla, modificarla o en su caso dejarla se incurrió en la omisión indebida, sin que ello implique que, en caso de existir responsabilidades personalísimas, como la penal, el funcionario que haya accedido al cargo con posterioridad al acto lesivo de derechos, tenga que asumir las consecuencias únicamente por encontrarse en funciones al momento de iniciarse la demanda y porque ésta haya sido dirigida en su contra"
2 Al respecto la SC 0264/2004-R de 27 de febrero, reiterada, entre otras, por las SSCC 0112/2010-R y 0763/2010-R, agrega: “La legitimación pasiva es la calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción; empero, debe entenderse que la demanda debe estar dirigida contra la 'autoridad' que ostente el cargo desde el cual se realizó el acto ilegal o se incurrió en la omisión indebida, sin que ello implique que, en caso de existir responsabilidades personalísimas, como la penal, el funcionario que haya accedido al cargo con posterioridad al acto lesivo de derechos, tenga que asumir las consecuencias únicamente por encontrarse en funciones al momento de iniciarse la demanda y porque ésta haya sido dirigida en su contra”.
3 La legitimación pasiva, es la coincidencia que existe con la calidad adquirida por un servidor público o persona individual o colectiva que presuntamente -con actos u omisiones ilegales o indebidas- ha provocado la restricción, supresión o la amenaza de restringir o suprimir derechos y garantías constitucionales y consecuentemente, contra quien se dirige la acción; así, la jurisprudencia y doctrina emitida por el Tribunal Constitucional anterior, que no resulta contraria al nuevo orden constitucional, señaló sobre la legitimación pasiva en la acción de amparo constitucional como: “…la calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción…” (SC 1745/2011-R de 7 de noviembre, haciendo cita de la SC 0264/2004-R de 27 de febrero). De donde resulta que, ante la vulneración de derechos y garantías debe interponerse la acción tanto contra el servidor público, persona individual o colectiva que cometió la vulneración que se alega, así como contra la que tiene facultad para revisarla, modificarla o en su caso dejarla sin efecto; en ese entendido, la SC 0639/2010-R de 19 de julio, que hizo referencia a su vez a la SC 1445/2004-R de 7 de septiembre, manifestó que la acción de amparo constitucional debe dirigirse: “...no sólo en contra de la autoridad que ejecutó el acto ilegal, sino también de aquella que revisó esa actuación y no la corrigió”. De esa manera, la legitimación pasiva no sólo la adquiere la persona que cometió el acto ilegal y contra quien debe dirigirse la acción, a efecto que pueda responder por los supuestos actos ilegales atribuidos en su contra, sino que también en los casos en que los actos denunciados de lesivos a los derechos y garantías fundamentales devengan de un proceso judicial o administrativo, la legitimación pasiva recae también sobre el Juez, Tribunal u órgano que asumió la decisión y es quien además podrá modificar la supuesta vulneración; así, la SC 1761/2010-R de 25 de octubre, que se sustenta en el entendimiento asumido mediante la SC 1740/2004-R de 29 de octubre, señaló que: “…se establece que en aquellos casos en los que el acto denunciado como ilegal es ejecutado por una autoridad y es otra la competente para revisar esa actuación a efecto de modificar, confirmar o revocar el acto puesto en su conocimiento, el recurso debe ser interpuesto contra ambas autoridades al tener legitimación pasiva, la primera por ejecutar el acto ilegal y la segunda por no corregirlo, de modo que al ser ambas responsables, deben asumir las consecuencias de sus actos”.
sin efecto sin que hubiera corregido; en ese sentido, la acción de amparo constitucional deberá encontrarse dirigida contra la primera autoridad que ejecutó determinada decisión considerada conculcadora de derechos y garantías pero también deberá dirigirse contra la autoridad de apelación que teniendo la prerrogativa de corrección no lo hizo. Por su parte la SCP 1302/2012 de 19 de septiembre siguiendo la línea precedente, señaló que la acción de amparo constitucional debe estar dirigida contra aquella persona o autoridad que resulte ser responsable de la vulneración de derechos y garantías; empero, si el afectado acudió a la autoridad llamada por ley, con las facultades y prerrogativas de poder corregir, modificar o dejar sin efecto el acto cuestionado, omitiendo dicha autoridad su labor de corregir, o anular el acto reclamado de vulneratorio; entonces la acción de defensa también deberá encontrarse dirigida con esta última autoridad que teniendo la oportunidad de corregir no lo hizo. Coincidiendo con las líneas jurisprudenciales precedentemente mencionadas, la SCP 1874/2012 de 12 de octubre señaló que la acción de defensa deberá estar dirigida contra la autoridad de última instancia que en su momento procesal tuvo la oportunidad de modificar, confirmar o revocar el acto o resolución impugnada en su momento, de no proceder de esta manera, la tutela resultaría ineficaz por cuanto no se puede valorar la problemática si no fue recurrida ante la autoridad de instancia superior que tenía la facultad de poder corregir, por lo que la acción constitucional deberá dirigirse contra esta última autoridad de instancia superior.
4 En concreto, en función a los fundamentos señalados en líneas precedentes se concluye que, la acción de amparo constitucional, siempre y necesariamente se debe dirigir contra quien resulte ser responsable de la vulneración de los derechos fundamentales; sin embargo, si el afectado acudió a la autoridad llamada por ley, con capacidad de corregir, modificar o dejar sin efecto el acto cuestionado y, que dicha autoridad haya omitido su labor de corregir, modificar o anular el mismo, haciendo que persista el acto ilegal, la acción también se debe dirigir contra ella, así se ha desarrollado el uniforme entendimiento de los fallos emanados del máximo intérprete y guardián de la Constitución Política del Estado; así, la SC 1761/2010-R de 25 de octubre, que se sustenta en el entendimiento asumido mediante la SC 1740/2004-R de 29 de octubre, precisó que: “…se establece que en aquellos casos en los que el acto denunciado como ilegal es ejecutado por una autoridad y es otra la competente para revisar esa actuación a efecto de modificar, confirmar o revocar el acto puesto en su conocimiento, el recurso debe ser interpuesto contra ambas autoridades al tener legitimación pasiva, la primera por ejecutar el acto ilegal y la segunda por no corregirlo, de modo que al ser ambas responsables, deben asumir las consecuencias de sus actos”.
5 Así también, la jurisprudencia establecida por el Tribunal extinto, determinó que no es viable considerar el fondo de la problemática que se plantea dentro la presente acción de amparo constitucional, cuando ésta no fue dirigida contra la autoridad de última instancia que tiene la facultad de modificar, confirmar o revocar el acto o Resolución sometido a su consideración. Así las SSCC 0258/2003-R, 0726/2003-R, 0885/2003-R, 0723/2004-R y 1445/2004-R, 0823/2005-R, 0856/2005-R y otras, han establecido que: “cuando se trata de procesos en cualquier materia, el agraviado debe acusar el acto indebido o ilegal constituido ya sea en un acto procesal o en una resolución ante la instancia última, pues de no hacerlo la tutela resultaría ineficaz por cuanto no se puede compulsar la problemática si no ha sido recurrida la autoridad o persona que tiene la facultad de revisar, consiguientemente, modificar, confirmar o revocar el acto o resolución puesto en su conocimiento, ya que en la última instancia -si se acusa el acto ilegal u omisión indebida-, se resolverá definitivamente, de manera que quien deberá responder por la lesión al derecho fundamental y repararlo en forma inmediata será la autoridad o tribunal que tenga legalmente la atribución de conocer en última instancia, y por lo mismo, para el caso de no reparar la lesión al momento de resolver el recurso ordinario, es quien tiene la legitimación pasiva para ser demandado, responder y cumplir lo que se ordene en esta jurisdicción si se presentare amparo”.
Finalmente, siguiendo esa misma línea de entendimiento jurisprudencial, la SCP 0098/2013 de 17 de enero refirió que la legitimación pasiva no solamente la adquiere la persona que cometió el acto ilegal y contra quien debe direccionarse la acción de defensa, a fin de que responda por los actos ilegales atribuidos en su contra; ahora bien, cuando ese acto o actos considerados vulneradores de derechos devengan de un proceso administrativo o judicial, la legitimación pasiva recae no solo contra la autoridad que ejecuta el acto considerado ilegal, sino también sobre el juez o tribunal u órgano que asumió en grado de apelación la decisión de confirmar el acto vulneratorio, toda vez que esta última autoridad contando con la facultad de poder corregir el acto ilegal, no lo hizo, por lo que también cuenta con legitimación pasiva para ser demandado.
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al acceso a la justicia, al trabajo, al comercio, a la educación, a la salud, al debido proceso en sus elementos de competencia, fundamentación y motivación, a recurrir y a la defensa; y a los principios de legalidad y a la seguridad jurídica, toda vez que, siendo afiliado a la Asociación de Comerciantes Minoristas en Artículos de Primera Necesidad “2 de Marzo” de la ciudad de El Alto, a través de su Tribunal Disciplinario, se emitió en su contra y de manera irregular, la Resolución 001/2007 y el Voto Resolutivo de julio de 2007, referidas a su expulsión definitiva del seno de dicha asociación, siendo que recién el 31 de enero de 2022, después de transcurridos catorce años fue notificado con dichas resoluciones, pero no por la asociación, sino por los servidores públicos del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, además que dichas resoluciones fueron aprobadas en dos ocasiones, el 23 de julio de 2021 y su ratificatoria el 12 de diciembre de mismo año, empero de la misma manera sin haberle convocado para demostrar su inocencia. Precisado el problema jurídico de esta acción de defensa, previo a su respectivo análisis, resulta necesario contextualizar los antecedentes de la que emerge la misma; así, conforme la descripción realizada en las Conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que: mediante Resolución 001/2007 emitida por el Tribunal Disciplinario de la Asociación de Comerciantes Minoristas “2 de marzo”, el ahora accionante fue expulsado con ignominia y sin derecho a su puesto de venta (Conclusiones II.2); asimismo mediante Voto Resolutivo de 3 de julio de 2007 emitido por la gran Asamblea General ordinaria de la referida asociación, se aprobó dicha resolución (Conclusiones II.3); finalmente por Informe CITE: GAMEA/SMSC/DFM/AL/013/2022 de 19 de enero, se le reiteró que la Dirección de Ferias y Mercados no puede intervenir en peticiones de terceros, debido a que las Asociaciones Sindicales son Autónomas y cuentan con Personalidad Jurídica, sin embargo, se le hizo entrega de la Resolución 001/2007 y el Voto Resolutivo de 2007 en fotocopias legalizadas por la Asociación de Comerciantes Minoristas en Artículos de Primera Necesidad y Varios “2 de Marzo” (Conclusiones II.4), que le fue notificado el 31 de enero de 2022 (Conclusiones II.5). Efectuada la contextualización de antecedentes, y de la lectura atenta a la confusa y ambigua acción de amparo constitucional, se logra comprender que, el reclamo formulado por el accionante, en lo medular, se encuentra enfocado en la Resolución 001/2007, emitida por el Tribunal Disciplinario de la Asociación de Comerciantes Minoristas “2 de marzo”; y, en el Voto Resolutivo de 3 de julio de 2007, emitido por la Gran Asamblea General Ordinaria de la Asociación “2 de marzo”; en consecuencia, corresponde realizar un análisis jurídico, para establecer si evidentemente existe dicha vulneración a los derechos invocados por el peticionante de tutela. Inicialmente conforme a lo señalado en la SCP 0349/2020-S1 de 18 de agosto, el principio de inmediatez que refiere a la caducidad del plazo de 7 SCP 0349/2020-S1 de 18 de agosto
El principio de inmediatez se encuentra reconocido en el art. 129.II de la CPE, al establecer que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial” (las negrillas son nuestras).
Con las mismas prerrogativas, el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo), dispone que:
ARTÍCULO 55. (PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN).
II. Para los casos de solicitud de complementación, aclaración y enmienda de una decisión judicial o administrativa, el plazo se computará desde la notificación con la resolución que la conceda o rechace (el resaltado es nuestro).
El Tribunal Constitucional a través de la SC 1157/2003-R de 15 de agosto, hizo referencia al principio de inmediatez, señalando en su Fundamento Jurídico III.1, que:
…por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos.
Similar criterio, fue asumido en la SC 0128/2010-R de 10 de mayo.
De igual forma, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de numerosas sentencias constitucionales plurinacionales, se pronunció sobre el plazo que se otorga para interponer este mecanismo de defensa, en atención a la necesidad de brindar una protección inmediata y eficaz a los derechos y garantías lesionados; en ese sentido, la SCP 1463/2013 de 22 de agosto, en el Fundamento Jurídico III.4, señaló respecto al doble efecto de este principio, que:
El principio de inmediatez se caracteriza por tener una doble dimensión; positiva y negativa, la primera consistente en que el amparo constitucional es la vía idónea para la protección inmediata de derechos fundamentales y garantías constitucionales restringidos o suprimidos indebida o ilegalmente; la segunda, la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa.
seis meses para activar la jurisdicción constitucional, debe ser computado a partir del conocimiento de la existencia del acto lesivo o la lesión al derecho reclamado; o, en los casos en los cuales se impugna de ilegales las resoluciones judiciales o administrativas, éste debe partir de la notificación con la resolución principal. En el presente caso, la Resolución 001/2007 y el Voto Resolutivo de 3 de julio de 2007, si bien datan de más de catorce años; sin embargo, revisado como ha sido el expediente, se observa que el accionante no fue notificado por la entidad emisora de dichas resoluciones, y que, conforme señala en su memorial de la presente acción tutelar, recién el 31 de enero de 2022, obtuvo conocimiento de las mismas, pero no por la Asociación de Comerciantes Minoristas en Artículos de Primera Necesidad y Varios “2 de marzo”, sino a través de la Dirección General de Asesoría Legal del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, conforme se tiene de las Conclusiones II.14 y II.15 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, por lo que al no observarse notificación alguna ─momento desde el que debe iniciarse el cómputo de los seis meses para determinar la omisión o no del principio de inmediatez respecto a la acción de amparo constitucional─ no se advierte la extemporaneidad en la presentación de la demanda de la presente acción tutelar. Por otra parte, de acuerdo a lo establecido por la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la legitimación pasiva es la calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción; empero, debe entenderse que la demanda debe estar dirigida contra la “autoridad” que ostente el cargo desde el cual se realizó el acto ilegal o se incurrió en la omisión indebida, sin que ello implique que, en caso de existir responsabilidades personalísimas, como la penal, el funcionario que haya accedido al cargo con posterioridad al acto lesivo de derechos, tenga que asumir las consecuencias únicamente por encontrarse en funciones al momento de iniciarse la demanda y porque ésta haya sido dirigida en su contra. En el caso que se analiza y conforme estableció también la Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz, no existe legitimación pasiva en Claudio Gutiérrez Roque, toda vez que, no se encuentra en ejercicio de la titularidad de la Asociación de Comerciantes Minoristas en Artículos de Primera Necesidad y Varios “2 de marzo”, tampoco cuenta con facultades de representación de la referida asociación, conforme se acredita del memorial presentado por aquel (fs. 158 y vta.); ni participó en la suscripción de las Resoluciones cuestionadas, conforme se tiene de la Conclusiones II.2 del presente fallo constitucional, donde se advierte que la Resolución 001/2007, fue emitida por el Tribunal Disciplinario de la Asociación de Comerciantes Minoristas “2 de marzo”, conformado por Delfín Baltazar Aguilar, Rita Ramos de Queso, Diego Calle y Felix Coria Sullcani; asimismo el Voto Resolutivo de 3 de julio de 2007, fue emitido por la gran Asamblea General Ordinaria de la Asociación “2 de marzo”, suscrito por Rufo Baltazar Aguilar, Secretario General; Hugo Chambi, Secretario de Relaciones; Constantino Mamani Apaza, Secretario de Actas; Victoria Apaza de Galvez, Secretaria de Hacienda; Braulio Rocha Tapia, Secretario Ejecutivo; Orlando (inteligible) Escobar, Secretario de Organización; Martina Escobar, Secretaria de Conflictos; Justina Mamani, Secretaria de Conflictos; María Elena Laura, Secretaria de Prensa; Rufina Bautista, Secretaria de Organización; (Inteligible) Quelca de Ramos, Secretaria de Organización; Alejandro Tula Mamani, Secretario de Deportes; Inés Patti, Secretaria de Beneficencia; Trifonia Rojas, Secretaria Porta Estandarte; Remedios Mollo, Secretaria Porta Estandarte; Eusebia Aro, Secretaria Vocal; y, Genara Mamani, Secretaria Vocal.
En este contexto, el ahora accionante debió dirigir la presente demanda contra el actual directorio de la Asociación de Comerciantes Minoristas en Artículos de Primera Necesidad y Varios “2 de marzo”, quienes, al ser los titulares actuales de los cargos desempeñados por la ex autoridades que presumiblemente incurrieron en actos ilegales u omisiones indebidas, resultan los indicados para repararlos; al no haberlo hecho, no existe legitimación pasiva para atender el reclamo formulado, correspondiendo denegar la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 048/2022 de 30 de marzo, cursante de fs. 162 a 164, emitida por la Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada por falta de legitimación pasiva respecto a Claudio Gutiérrez Roque, de conformidad a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración de que no se ingresó al fondo de la problemática planteada.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
1 La SCP 264/2004-R en su Fj. III.4. dispone: "III.4. La legitimación pasiva es la calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción; empero, debe entenderse que la demanda debe estar dirigida contra la “autoridad” que ostente el cargo desde el cual se realizó el acto ilegal o
6 De esa manera, la legitimación pasiva no sólo la adquiere la persona que cometió el acto ilegal y contra quien debe dirigirse la acción, a efecto que pueda responder por los supuestos actos ilegales atribuidos en su contra, sino que también en los casos en que los actos denunciados de lesivos a los derechos y garantías fundamentales devengan de un proceso judicial o administrativo, la legitimación pasiva recae también sobre el Juez, Tribunal u órgano que asumió la decisión y es quien además podrá modificar la supuesta vulneración; así, la SC 1761/2010-R de 25 de octubre, que se sustenta en el entendimiento asumido mediante la SC 1740/2004-R de 29 de octubre, señaló que: '…se establece que en aquellos casos en los que el acto denunciado como ilegal es ejecutado por una autoridad y es otra la competente para revisar esa actuación a efecto de modificar, confirmar o revocar el acto puesto en su conocimiento, el recurso debe ser interpuesto contra ambas autoridades al tener legitimación pasiva, la primera por ejecutar el acto ilegal y la segunda por no corregirlo, de modo que al ser ambas responsables, deben asumir las consecuencias de sus actos'" (las negrillas nos corresponden).
…no existiendo o no mediando una notificación o pronunciamiento judicial o administrativo expreso que haga conocer del acto ilegal u omisión indebida, el cómputo del plazo para activar esta garantía jurisdiccional, se efectuará a partir de la última vulneración alegada o en su caso del último reclamo efectuado por el agraviado o afectado (las negrillas y el subrayado son nuestros). Dicha línea jurisprudencial es complementada por la SCP 0213/2018-S2, de 22 de mayo, que expresa textualmente: “En resumen, corresponde puntualizar que en estos supuestos, deberá establecerse si hubo desinterés, desidia, negligencia o indiferencia de los actores, en cuanto al reclamo de sus derechos, o si por el contrario, existió un reclamo continuo de los derechos considerados como vulnerados”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0501_2023-S1.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): d3389e5dad97d43a0168d9a7e31cf3aa01779bc1928036e48ee9e769baa00c8b
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