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SCP 0500/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 15 de mayo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
15 de mayo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
52352-2022-105-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 28/2022 de 1 de diciembre, cursante de fs. 31 a 32 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia, Anticorrupción Primero del departamento de La Paz; y en consecuencia:

1° DENEGAR la tutela solicitada por Miguel Ángel García Pablo, en virtud de los Fundamentos Jurídicos expuestos en este fallo constitucional; y,

2° llamar la atención al Juez de Sentencia, Anticorrupción Primero del departamento de La Paz, en mérito a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0500/2025-S4 Sucre, 15 de mayo de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 52352-2022-105-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 28/2022 de 1 de diciembre, cursante de fs. 31 a 32 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Miguel Ángel García Pablo contra Irene Viviana Alanoca Acarapi, Jueza y José Luis Jaliri Quispe, Secretario Abogado, ambos del Juzgado de Sentencia Penal Noveno de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 1 de diciembre de 2022, cursante de fs. 1 a 2 y vta., el accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva de 23 de noviembre de 2022, el Juzgado de Sentencia Penal Noveno de El Alto del departamento de La Paz, emitió el Auto Interlocutorio 38/2022, a la cual su defensa interpuso recurso de apelación de acuerdo al art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); por lo cual dicho recurso debería ser remitido el 24 de ese mes y año, aspecto que en primera instancia fue cumplido, pero sin la remisión completa del legajo de apelación al no consignar los números de celulares de las partes procesales para poder notificarlas con el señalamiento de la audiencia de apelación; razón por la cual, hasta la fecha de presentación de la acción de libertad, transcurrieron siete días, sin que se considere su recurso de apelación.

I.1.2. Derecho y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionado su derecho a la libertad, principio de celeridad y una justicia oportuna, citando al efecto a los arts. 23, 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se ordene que en el día el Juzgado de Sentencia Penal Noveno de El Alto del departamento de La Paz remita los antecedentes ante la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, se remitan antecedentes de los accionados ante el Consejo de la Magistratura a efectos de establecer responsabilidades.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 1 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 28 a 30 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante no se conectó a la audiencia virtual de la acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad y funcionario demandados

Irene Viviana Alanoca Acarapi, Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz, presentó informe escrito el 1 de diciembre de 2022, cursante de fs. 8 a 9, solicitando se deniegue la tutela impetrada, expresando al efecto lo siguiente: a) Ante la apelación del Auto Interlocutorio 38/2022, dispuso la remisión de antecedentes al Tribunal de alzada en el mismo momento; en mérito a la devolución de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se determinó de forma inmediata la remisión con lo requerido, tal cual se puede evidenciar del oficio de 1 de diciembre de 2022; y, b) Por Secretaria de su despacho se ha cumplido a cabalidad con el sorteo y remisión vía Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ) el 24 de noviembre de 2022; así también, que se envió el legajo de apelación veinticuatro (24) horas después de emitida la Resolución apelada; por lo cual no se vulneró el derecho alegado. José Luis Jaliri Quispe, Secretario Abogado del Juzgado de Sentencia Penal Noveno de El Alto del departamento de La Paz, en informe escrito presentado el 1 de diciembre de 2022, cursante de fs. 15 a 16, manifestó que: 1) Se podrá evidenciar que el 24 de noviembre de 2022, se procedió al Legajo de apelación al Auto Interlocutorio 38/2022, por lo que no se lesionó el debido proceso en su vertiente celeridad; 2) Corresponde informar que el abogado del accionante, no proporciono las copias para enviar las piezas pertinentes; por el contrario, interpuso acción de libertad sin fundamento legal; 3) La Sala Penal donde se sorteó la apelación devolvió antecedentes el 30 de noviembre de 2022, es así que subsanando lo observado, se devolvió el legajo al siguiente día; y, 4) Al comunicarse con la Secretaria de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se le informó que el proceso ya se encontraba con señalamiento de audiencia.

I.2.3. Resolución

Mediante Resolución 28/2022 de 1 de diciembre, cursante de fs. 31 a 32 vta., el Juez de Sentencia, Anticorrupción Primero del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías denegó la tutela impetrada, con los siguientes fundamentos: i) De la documental adjunta, se desprende que el 24 de noviembre de 2022, se remitió la apelación del accionante que fue sorteada a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, cumpliéndose el plazo de veinticuatro (24) horas establecido en la norma; a través de providencia de 25 del mismo mes y año, se observó el legajo remitido, pidiendo informe respecto a los celulares de las partes a fin de generar las correspondientes notificaciones; lo cual fue cumplido el 30 del mes y año ya señalados, según se tiene de providencia de 1 de diciembre de 2022; y, ii) Se advierte que en una primera oportunidad se dio estricto cumplimiento al plazo señalado en el art. 251 del CPP, respecto a la remisión del legajo de apelación dentro de las veinticuatro (24) horas; ante la observación de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, nuevamente a las veinticuatro (24) horas se subsanó la misma devolviendo antecedentes del recurso de apelación a efectos de que el Tribunal de alzada asuma conocimiento y resuelva el recurso; razón por la cual, los accionados no generaron ningún tipo de dilación en el proceso. Manuel Chambilla y Raúl Fernando Ferreira Gonzales, identificados como abogados del accionante, solicitaron al Juez de garantías aclare y complemente, la razón por la cual, no les concedió la palabra para fundamentar y ampliar la acción pese a que el accionado no se haya conectado a la audiencia virtual por estar detenido en un Recinto Penitenciario; no obstante, de que el principio de informalismo de la acción de libertad establece la representación sin mandato. Ante ello, el nombrado Juez de garantías, señaló que se determinó la notificación al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, para que el accionante privado de libertad se conecte a la plataforma de audiencia virtual, pese a que en la demanda de acción de libertad no se consignó en que Recinto Penitenciario se encontraba recluido.

II. CONCLUSIÓNES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Miguel Ángel García Pablo -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, la Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz -autoridad accionada-emitió el Auto Interlocutorio 38/2022 de 23 de noviembre, por la que declaró infundada la solicitud de cesación de medida cautelar formulada por el prenombrado accionante (fs. 10 a 13). II.2. Cursa copia de la nota oficio 94/2022 de 24 de noviembre, por la que la Jueza accionada, remitió la apelación incidental al Auto Interlocutorio 38/2022, ante la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz (fs. 25). II.3. Por providencia de 25 de noviembre de 2022, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, dispuso devolver al Juzgado de Sentencia Penal Noveno del mismo departamento, el legajo del Auto Interlocutorio 38/2022, señalando que conforme a la Circular 015/2020 era imprescindible consignar los números de celular de las partes del proceso a fin de generar las notificaciones correspondientes; solicitando también se informe si dichos números fueron presentados en la audiencia de consideración de solicitud de cesación a la detención preventiva o mediante memorial (fs. 26). II.4. La referida Sala Penal, a través de nota de 28 de noviembre de 2022, devolvió obrados al Juzgado de Sentencia Penal Noveno de El Alto del departamento de La Paz, del proceso penal sustanciado contra el accionante (fs. 27.). II.5. La autoridad judicial accionada, mediante decreto de 1 de diciembre de 2022, dispuso que, en virtud de la observación efectuada por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, por Secretaría se subsane lo observado y el expediente sea devuelto (fs. 21 vta.). II.6. Consta copia de la nota oficio 124/2022 de 1 de diciembre, por la que el Juzgado de Sentencia Penal Noveno de El Alto del departamento de La Paz, remite el legajo de apelación contra el Auto Interlocutorio 38/2002, a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, para su respectiva valoración (fs. 14). II.7. Dentro del proceso penal del cual emerge esta acción de libertad, por decreto de 1 de diciembre de 2022, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, señaló audiencia de apelación de medida cautelar para el 5 del mismo mes y año (fs. 18).

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO

El accionante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, principio de celeridad y justicia oportuna; alegando que habiendo interpuesto recurso de apelación a la Resolución que declaró infundada su solicitud de cesación a la detención preventiva, si bien el respectivo legajo fue remitido al Tribunal de alzada dentro de plazo legal establecido; este fue devuelto solicitando se consigne los números de celulares de las partes; por lo que, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad su recurso no fue considerado por el Tribunal de alzada. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La acción de libertad de pronto despacho y la dilación en la remisión del recurso de apelación ante el Tribunal de Alzada

Respecto a la dilación en la remisión del Tribunal de alzada, la SCP 0248/2024-S3 de 24 de mayo, reiterando el entendimiento de la SCP 1093/2023-S3 de 13 de noviembre puntualizo lo siguiente: “Al respecto, la SCP 0435/2015-S3 de 17 de abril, precisó que: ‘La Constitución Política del Estado en su art 180.II, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; por lo que, dentro de un proceso judicial, una de las partes que no esté de acuerdo con una resolución emitida por el administrador de justicia o considere que la misma vulnera sus derechos o en alguna medida atenta contra sus intereses, tiene derecho a que dicha resolución sea revisada por un tribunal superior, en un plazo razonable y de forma oportuna; y éste determine si efectivamente el administrador de justicia obró correctamente. Para el recurso de apelación incidental de medidas cautelares, de forma específica el art. 251 del CPP, establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas, y una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, debiendo resolver el Tribunal de alzada en el plazo de setenta y dos horas…”’. (negrillas y resaltados añadidos).

III.2. Análisis del caso concreto

Planteada la problemática a través de la presente acción de libertad, el accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, principio de celeridad y justicia oportuna, debido a que el recurso de apelación que su defensa planteó a la Resolución que determinó declarar la improcedencia de su solicitud de cesación a la detención preventiva; no obstante de haber sido remitido al Tribunal de alzada dentro del término de veinticuatro (24) horas; fue devuelto pidiendo se consigne los números de celulares de las partes procesales a afectos de generar las correspondientes notificaciones; motivo por el cual el referido recurso de apelación restringida no fue considerado hasta la interposición de la acción tutelar. Al respecto de los antecedentes acompañados al expediente se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el hoy accionante, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, la Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz dictó el Auto Interlocutorio 38/2022 de 23 de noviembre, declarando infundada la solicitud de cesación de medida cautelar formulada por el impetrante de tutela (Conclusión II.1); fallo que al ser apelado, fue remitido ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz el 24 de noviembre de 2022 (Conclusión II.2); al siguiente día la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, dispuso devolver al Juzgado de Sentencia Penal Noveno del mismo departamento, el legajo de apelación al Auto Interlocutorio 38/2022, señalando que se deberían consignar los números de celular de las partes del proceso a fin de generar las notificaciones correspondientes; solicitando a su vez un informe si dichos números fueron presentados en la audiencia de consideración de solicitud de cesación a la detención preventiva o mediante memorial (Conclusión II.3); devolución que se concretó mediante nota de 28 de noviembre de 2022 (Conclusión II.4); ante ello, la Jueza accionada, por decreto de 1 de diciembre de 2022, ordenó se subsane lo observado y el expediente sea devuelto (Conclusión II.5); según nota oficio 124/2022 de 1 de diciembre, el Juzgado de Sentencia Penal Noveno de El Alto del departamento de La Paz, remite el legajo de apelación contra el Auto Interlocutorio 38/2002, a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, para su respectiva valoración (Conclusión II.6); en la misma fecha, la referida Sala Penal, señaló audiencia de apelación de medida cautelar para el 5 de igual mes y año (Conclusión II.7). Ahora bien, en función al problema jurídico denunciado, de la secuencia descrita se puede evidenciar que no hubo un apartamiento de la jurisprudencia constitucional señalada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, que refiere que, ante un recurso de apelación incidental de medidas cautelares, de forma específica el art. 251 del CPP, establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas, y una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, plazo que fue cumplido por la Autoridad y Servidor judicial accionados; pues si bien la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, devolvió el legajo, este aspecto no se debió a una remisión incompleta de antecedentes, sino se pidió números de celulares para generar las notificaciones a las partes además un informe de la forma en que fueron señalados; asimismo, se constató que, ante la devolución mencionada, tanto la providencia en la que se ordena el subsane de lo observado más la remisión de lo requerido, fue cumplido a cabalidad al siguiente día de recibido el legajo devuelto; razón por la cual, la audiencia de consideración de apelación ya fue programada por el respectivo Tribunal de alzada. Lo desarrollado conlleva la denegatoria de la tutela; toda vez que, la Jueza y Secretario accionados, no causaron una dilación innecesaria e injustificada en la tramitación del recurso señalado; por lo que, no resulta conducente a la activación de la acción de libertad de pronto despacho.

III.3. Otras Consideraciones

Finalmente, este Tribunal Constitucional Plurinacional, no puede dejar de lado la actuación desplegada por el Juez de Sentencia, Anticorrupción Primero del departamento de La Paz, al no haber concedido la palabra a los abogados del accionante, bajo el pretexto de que dicho accionante no se conectó a la audiencia virtual; siendo que se desconoció lo establecido en la SCP 0751/2018-S4 de 14 de noviembre, que haciendo referencia a la Sentencia Constitucional 2555/2010-R de 19 de noviembre, señaló que: “De la Sentencia Constitucional glosada, se concluye que la actuación de una tercera persona en representación del agraviado, será legítima, siempre que sus acciones estén orientadas a proteger o lograr la restitución del derecho fundamental a la libertad individual, la presentación de la acción sea de conocimiento del afectado y que éste haya manifestado su consentimiento expreso para la prosecución de la referida acción” (negrillas agregadas). Bajo este mismo entendimiento la SCP 1568/2013 de 16 de septiembre, señalo que: “En consecuencia, la actuación de un tercero representando al directamente agraviado, con poder notariado o sin él, será legítima, siempre que sus acciones estén orientadas a proteger o lograr la restitución del derecho fundamental a la libertad individual; de donde resulta, que si bien es cierto, que el constituyente en atención a la naturaleza y fines del recurso de hábeas corpus y con el objeto de garantizar el efectivo ejercicio de esta acción tutelar, ha prescindido de ciertas formalidades para su interposición, como es el caso de la representación sin mandato; empero, tal informalidad no implica, la permisión de utilizar este recurso extraordinario, con otros fines o para responder a otros intereses” (las negrillas nos corresponden). De la jurisprudencia antes descrita, se tiene que no obstante que en aplicación del principio de informalismo en acción de libertad, no se requiere mayor requisito formal en cuanto a la presentación de esta acción de defensa, puesto que quien actúe en nombre de aquel que alega lesión de sus derechos, no necesita acreditar representación legal alguna es decir poder especial bastante y suficiente, ya que únicamente necesita mencionar que interpone la acción tutelar por el directo agraviado o actuara a su nombre, razón por la cual correspondía conceder la palabra a los abogados identificados en la audiencia como defensa del accionante; más aún cuando estos profesionales asumieron la defensa del impetrante de tutela en la audiencia de consideración de medida cautelar de 23 de noviembre de 2022; razón por la cual corresponde llamar la atención al Juez de garantías al haber desconocido jurisprudencia constitucional y no haber enmarcado correctamente su actuación exhortándolo a que en futuras actuaciones considere estos aspectos. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 28/2022 de 1 de diciembre, cursante de fs. 31 a 32 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia, Anticorrupción Primero del departamento de La Paz; y en consecuencia:

1° DENEGAR la tutela solicitada por Miguel Ángel García Pablo, en virtud de los Fundamentos Jurídicos expuestos en este fallo constitucional; y,

2° llamar la atención al Juez de Sentencia, Anticorrupción Primero del departamento de La Paz, en mérito a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Isidora Jiménez Castro René Yván Espada Navía MAGISTRADA MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0500_2025-S4.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): 853b4ecfc53d4df708c0423f363148a9a2d4e1d6ded50f40afa018b47761f6fd

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