Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 6 de junio de 2023
Concede la tutela
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, por memorial presentado el 2 de febrero de 2022, solicitó al Juez demandado salida judicial para revisión médica por su estado de gravidez y cesación de la detención preventiva, siendo el primer petitorio ignorando no existiendo pronunciamiento al respecto, y señalando audiencia para el 10 del indicado mes y año, a fin de considerar esa medida extrema; empero, dicho acto procesal fue suspendido en diversas ocasiones, generándole indefensión; ya que, su situación jurídica se encuentra en suspenso y sin resolverse. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2022 de 18 de febrero, cursante de fs. 156 a 159 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo que el Juez demandado de manera inmediata a partir de su notificación con esta Sentencia Constitucional Plurinacional, celebre la audiencia de consideración de la cesación de la detención de la accionante y ordene la salida judicial impetrada; salvo que, por el transcurso del tiempo ya se hubiera programado o realizado. Sin costas.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0500/2023-S2 Sucre, 6 de junio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 45966-2022-92-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 04/2022 de 18 de febrero, cursante de fs. 156 a 159 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Elizabeth Diva Callizaya Pacohuanca contra Rene Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero; y, Richard Sumi Poma, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo -en suplencia legal de su similar en el referido despacho-ambos de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 18 de febrero de 2022, cursante a fs. 1 y 8 a 15 vta., la accionante expresó que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz -demandado-, por Auto Interlocutorio 98/2022 de 1 de febrero, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario C.O.F. Obrajes del citado departamento, por el plazo de dos meses; al día siguiente de la referida fecha se anotició que estaba embarazada; por tal razón, mediante memorial de 2 del referido mes y año, solicitó cesación de dicha medida extrema y salida judicial para revisión médica; y si bien, se programó verificativo para el 10 de similar mes y año; no obstante, el mismo se suspendió al estar la aludida autoridad en audiencia de acción de libertad, difiriéndose al 14 del indicado mes y año; de igual forma, en ese acto procesal, el Secretario codemandado anunció que a raíz de la renuncia de la Auxiliar del mencionado despacho se dejaba sin efecto todos los verificativos fijados para esa fecha; señalándose para el 17 del citado mes y año, que tampoco se celebró transcurriendo quince días sin resolverse su pretensión y respecto a la orden de salida para atención médica no existió pronunciamiento alguno.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, citando al efecto los arts. 21.7, 23, 115.II, 116.I y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se restablezcan las formalidades legales señalando audiencia de cesación de la detención preventiva dentro el plazo de veinticuatro horas; asimismo, se pronuncie respecto a la responsabilidad disciplinaria y penal de los demandados; sea con la imposición de costas, daños y perjuicios.
Celebrada la audiencia pública virtual el 18 de febrero de 2022, según consta en acta cursante de fs. 152 a 156, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogada, ratificó los términos expuestos en su acción de libertad y ampliándolos señaló que: a) Mediante memorial presentado el 2 de febrero de 2022, solicitó cesación de la detención preventiva conforme el art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP); por lo que, la audiencia debió ser señalada máximo en el plazo de cuarenta y ocho horas; sin embargo, se demoraron siete días; asimismo, en dicho escrito pidió salida judicial para ser conducida al hospital a raíz de su estado de gravidez adjuntando prueba de embarazo en original, petición que no fue atendida; y, b) Transcurrieron dieciséis días sin que su situación jurídica se defina.
Rene Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, por informe escrito presentado el 18 de febrero de 2022, cursante a fs. 35 y vta., manifestó que: 1) El 8 del señalado mes y año, la accionante solicitó cesación de la detención preventiva, señaló audiencia para el 10 de mismo mes y año, que no pudo ser celebrada porque se encontraba en una acción de libertad; por ello, la reprogramó al 17 de idéntico mes y año, que fue instalada por el Secretario codemandado; empero, no pudo realizarse la misma por similar motivo que la anterior; además, tenía personas aprehendidas; por lo que, fijó nuevo verificativo para el 22 del indicado mes y año; 2) En cuanto a la salida judicial impetrada, desconoce la misma; puesto que, no contaba con Auxiliar en vista a su renuncia; y, 3) Esta acción tutelar sería improcedente; debido a que, la peticionante de tutela no agotó las vías legales “…es decir (…) la subsidiariedad e inmediatez…” (sic), y al no existir ninguna vulneración a derecho o garantía constitucional, solicitó se deniegue la tutela. Richard Sumi Poma, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz -en suplencia legal de su similar en el referido despacho-, no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 27.
El Tribunal de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 04/2022 de 18 de febrero, cursante de fs. 156 a 159 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que el Juez demandado “en el día” señale audiencia de cesación de la detención preventiva, y ordenó que por secretaría del referido Tribunal se notifique a esa autoridad con el audio que refleja su determinación para que no se alegue desconocimiento, asimismo, dispuso costas; con base en los siguientes fundamentos: i) De antecedentes advirtió el memorial de 8 de febrero de 2022, que no tiene providencia ni señalamiento de audiencia; ii) Existió un retraso en el trámite de la solicitud de cesación de la referida medida impuesta de la accionante lo que vulneró su derecho a la libertad inobservando los alcances de la SCP 0033/2019-S1 de 25 de marzo, que estableció la obligación de aplicarse la debida celeridad en el trámite de peticiones de esa naturaleza; iii) Por su parte el Secretario codemandado debió haber considerado la merituada pretensión de la impetrante de tutela y cumplir con los deberes establecidos por el art. 56 del CPP; y, iv) No era posible la suspensión de la audiencia de cesación de dicha medida extrema u otros verificativos a través de simples providencias o notas marginales conforme lo prevé el art. 113 del citado Código. Vía complementación y enmienda, el impetrante de tutela solicitó: a) Se conceda la salida judicial en el plazo de veinticuatro horas; b) Se expida fotocopias legalizadas tanto de la acción de libertad más un Disco Compacto (CD) con el audio de la audiencia de garantías, así como, del cuaderno de control jurisdiccional; y, c) Pronunciamiento respecto a las responsabilidades a imponerse a los demandados. En sustanciación y resolución el Tribunal de garantías dispuso que en lapso de veinticuatro horas se emita providencia a los memoriales de salida judicial, se defirió las copias legalizadas por secretaría y se reiteró la imposición de costas aclarando que la parte accionante tiene las vías expeditas a efectos de que pueda recurrir o acudir a la autoridad llamada por ley para hacer valer sus derechos en la vía disciplinaria.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 2 de febrero de 2022, ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz -demandado-, Elizabeth Diva Callizaya Pacohuanca -accionante- formuló cesación de la detención preventiva; asimismo, puso en conocimiento de esa autoridad su estado de gravidez al amparo del art. 239.1 del CPP adjuntando como nuevo elemento una prueba de embarazo y paralelamente impetró salida judicial para atención médica (fs. 97 a 98 vta.). II.2. Cursa providencia de 3 de febrero de 2022, en respuesta al citado escrito, programando audiencia para el 10 de mismo mes y año, sin pronunciamiento respecto a la salida judicial (fs. 99). II.3. A través de memorial presentado el 10 del indicado mes y año, la impetrante de tutela reitera solicitud de salida judicial (fs. 145 y vta.). II.4. Consta nota marginal de idéntica fecha suscrita por el Secretario codemandado, quien aseveró que no se pudo instalar el verificativo programado para dicha fecha; por cuanto, el Juez de la causa “…se encuentra CON UNA ACCION DE LIBERTAD…” (sic), mereciendo decreto de la misma data fijando verificativo para considerar la cesación de la detención preventiva de la peticionante de tutela el 14 del señalado mes y año (fs. 147 y 148). II.5. De acuerdo al acta de 14 de febrero de 2022, los sujetos procesales estuvieron ausentes; por ello, la autoridad demandada fijó un nuevo verificativo procesal para el 17 del merituado mes y año (fs. 149). II.6. Consta nota marginal de igual data firmada por el Juez demandado manifestando que no se pudo instalar la audiencia agendada; puesto que “…el juez se encuentra en audiencia de una ACCION DE LIBERTAD…” (sic), mereciendo decreto de la misma fecha fijando un nuevo acto procesal para el 22 del señalado mes y año (fs. 150 y 151).
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, por memorial presentado el 2 de febrero de 2022, solicitó al Juez demandado salida judicial para revisión médica por su estado de gravidez y cesación de la detención preventiva, siendo el primer petitorio ignorando no existiendo pronunciamiento al respecto, y señalando audiencia para el 10 del indicado mes y año, a fin de considerar esa medida extrema; empero, dicho acto procesal fue suspendido en diversas ocasiones, generándole indefensión; ya que, su situación jurídica se encuentra en suspenso y sin resolverse. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SC 0011/2010-R de 6 de abril, estableció que: “La acción de libertad, es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida, (…) sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE”. Por su parte, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, concluyó que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. En lo concerniente a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, sostuvo que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1)
Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’. Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’”.
La SCP 0723/2019-S3 de 9 de octubre, citando y complementando a la SCP 0506/2015-S2 de 21 de mayo, respecto al derecho a la vida, realizó el siguiente razonamiento: «La SC 0687/2000-R de 14 de julio, definió el derecho a la vida como: “…el bien jurídico más importante de cuantos consagra el orden constitucional, (…). Es el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos. Es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones. Es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: su respeto y su protección. La autoridad estatal está constitucionalmente impedida de hacer cosa alguna que destruya o debilite el contenido esencial de esos derechos y debiendo crear las condiciones indispensables para que tengan cabal observancia y pleno cumplimiento”. Así también la SC 0370/2012 de 22 de junio señaló que: “…el valor o bien jurídico protegido por el derecho a la vida, es el carácter igualmente valioso de toda vida humana o, si se prefiere, la convicción de que toda vida humana es digna de ser vivida. El derecho a la vida constituye el soporte físico de todos los demás derechos fundamentales y, por su obvia conexión con la idea de dignidad de la persona, es incuestionable que su titularidad corresponde a todos los seres humanos cualquiera que sea su nacionalidad. En cuanto derecho subjetivo, el derecho a la vida presenta una peculiaridad: toda violación del mismo tiene, por definición, carácter irreversible porque implica la desaparición del titular del derecho. Por ello, el derecho a la vida se traduce en la imposición de ciertos deberes al Estado, entendido en su sentido amplio de conjunto de los poderes públicos: el deber de no lesionar por sí mismo la vida humana y el deber de proteger efectivamente la vida humana frente a agresiones de los particulares. ‘DIEZ PICAZO, Luis María. Sistema de Derechos Fundamentales’. 2º Edición. Pg. 215-216”. Ahora bien con relación al derecho a la salud vinculada directamente a la vida de las personas que se encuentran privadas de libertad, asumiendo lo desarrollado por la SCP 0618/2012 de 23 de julio, precisó lo siguiente: “…la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido que el derecho a la salud de los privados de libertad, se mantiene intacto durante la ejecución de la medida, entendiendo este derecho como ʽ…el disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social, que incluye, entre otros, la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada; la disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial; el acceso a tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos; la implementación de programas de educación y promoción en salud, inmunización, prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole; y, las medidas especiales para satisfacer las necesidades particulares de salud de las personas privadas de libertad pertenecientes a grupos vulnerables o de alto riesgo, tales como: las personas adultas mayores, las mujeres, los niños y las niñas, las personas con discapacidad, las personas portadoras del VIH-SIDA, tuberculosis, y las personas con enfermedades en fase terminal. El tratamiento deberá basarse en principios científicos y aplicar las mejores prácticasʼ. (…) Si consideramos que la salud es imprescindible para que el hombre y en general la sociedad alcancen un total desarrollo respecto a sus necesidades personales y sociales, este aspecto es determinante para el buen desenvolvimiento del ser humano como tal, y partiendo de que la salud es vida y este derecho no puede verse afectado por la mera disminución del derecho a la libertad, en base a los razonamientos expuestos en los Fundamentos Jurídicos precedentes, es pertinente establecer respecto a los privados de libertad que éstos reciben atención médica gratuita en los centros de salud o consultorios médicos existentes en todos los recintos penitenciarios, dependiente del Ministerio de Salud…”» (el resaltado es nuestro).
En antecedentes que hacen esta acción tutelar, cursa memorial presentado el 2 de febrero de 2022, a través del cual, la accionante solicitó salida judicial para revisión médica que no mereció ningún pronunciamiento; y, cesación de la detención preventiva (Conclusión II.1); constan señalamientos, notas marginales y actas de suspensión relativas a la pretensión de cesar la medida extrema impuesta a la impetrante de tutela de 10, 14 y 17 del indicado mes y año, habiéndose programado por última vez ese verificativo para el 22 de similar mes y año (Conclusiones II.2 al 6). En ese marco, la peticionante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, su solicitud de salida judicial no fue atendida y la cesación de la detención preventiva que impetró se fue suspendiendo en diversas ocasiones sin considerarse la urgencia del caso dado su estado de gravidez. Así, el objeto procesal de la problemática traída a revisión versa en hacer efectiva la realización del verificativo para determinar la situación jurídica de la solicitante de tutela; celebración que fue reprogramada a raíz de varias suspensiones; en ese entendido, y conforme lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, en el cual se establece que la autoridad administrativa o judicial, debe atender las tramitaciones a su cargo en el plazo otorgado por la norma; más aún, cuando se trata de privados de libertad y si estos se ven afectados por alguna dilación relacionada con su derecho a la libertad, pueden activar la presente acción de defensa en su modalidad traslativa o de pronto despacho, con el fin de acelerar la resolución del actuado procesal impetrado. En ese marco, para determinar si la autoridad demandada fue responsable de las suspensiones suscitadas concierne verificar las causas de las mismas: 1) El 10 de febrero de 2022, el Secretario codemandado -en suplencia legal- suscribió una nota marginal aseverando que el Juez de la causa -demandado- estaba impedido de celebrar la audiencia de cesación de la detención preventiva por encontrarse en una acción de libertad, providenciando ese escrito dicha autoridad reprogramó el acto para el 14 del mismo mes y año; 2) Como resultado de la anterior suspensión, en el verificativo de la indicada fecha no se encontraban los sujetos procesales; por lo que, se fijó una nueva para el 17 del indicado mes y año, señalando que no se cumplieron las formalidades; lo que, hizo inviable el celebrar el mismo; y,
3) De forma similar, por nota marginal el Juez demandado señaló que no pudo celebrarse ese acto por estar impedido en una acción de libertad; reprogramando nuevamente la audiencia para el 22 del merituado mes y año. Bajo ese contexto, se advierte que las suspensiones de las que fue objeto la audiencia originalmente programada para el 10 de febrero de 2022, son atribuibles al Juez demandado, quien no instaló los verificativos programados para el 10 y 17 del indicado mes y año, y en lo referente al Secretario codemandado no cumplió las formalidades inherentes para el actuado del 14 del citado mes y año, conforme se tiene del acta de esa fecha, extremos que no pueden ser convalidados por este Tribunal; ya que, al tratarse de una audiencia para revisar la medida cautelar impuesta y estando la peticionante de tutela embarazada existía un carácter de urgencia; sin embargo, se mantuvo innecesariamente en suspenso la evaluación de su situación jurídica de forma indebida; en ese sentido, es viable activar los alcances de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, al concurrir una demora indebida en la tramitación de la audiencia de 10 de febrero de 2022. En lo concerniente a la salida judicial solicitada el 2 del indicado mes y año, y reiterada el 10 del mismo mes y año, no se evidencia pronunciamiento alguno por parte de la autoridad demandada, lo que, se constituye en un riesgo para la salud y vida de la accionante y para el ser que tiene en gestación; por lo que, si bien en el petitorio en concreto no se reclamó tal aspecto, este Tribunal en resguardo de dichos derechos tiene la prerrogativa de conceder la tutela al respecto conforme los alcances del Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2022 de 18 de febrero, cursante de fs. 156 a 159 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo que el Juez demandado de manera inmediata a partir de su notificación con esta Sentencia Constitucional Plurinacional, celebre la audiencia de consideración de la cesación de la detención de la accionante y ordene la salida judicial impetrada; salvo que, por el transcurso del tiempo ya se hubiera programado o realizado. Sin costas.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0500_2023-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2185ec7fb98c34b4732ee39120a83790d53ad5c0f51943e2468589d21f49fe1e
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