Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 29 de mayo de 2023
Concede la tutela
La solicitante de tutela denuncia la vulneración de los derechos al interés superior de la niña, niño y adolescente, a la asistencia familiar, al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, a la petición y acceso a la justicia; toda vez que, la demanda que presentó de homologación del Requerimiento Fiscal fundamentado de medidas de protección emitido por el representante del Ministerio Público, entre las que dispuso la asistencia familiar en favor de sus dos hijas menores de edad; la Jueza de Familia ahora demandada, mediante Resolución 34/2022 de 10 de enero, fue rechazada bajo el argumento de la improponibilidad objetiva de la demanda, por no cumplir con los presupuestos del art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 046/2022 de 29 de marzo, cursante de fs. 118 a 120, emitida por la Sala constitucional Tercera del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, dejando sin efecto la Resolución 34/2022 de 10 de enero; y, 2° Disponer lo siguiente:
a) Que la Jueza de Familia demandada, emita una nueva resolución, ingresando al fondo de la solicitud de homologación de asistencia familiar formulada por la impetrante de tutela, juzgando con perspectiva de género, sobre la base de los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0500/2023-S1 Sucre, 29 de mayo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 47426-2022-95-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 046/2022 de 29 de marzo, cursante de fs. 118 a 120, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Soledad Colque Vargas contra Sandra Adelaida Castillo Sáenz, Jueza Pública de Familia Quinta de El Alto del departamento de La Paz.
Mediante memorial interpuesto el 18 de febrero de 2022, cursante de fs. 78 a 83 vta., y de subsanación presentado el 11 de marzo del mismo año, cursante de fs. 87 a 89, la accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
El 17 de agosto de 2021, formuló demanda de homologación de asistencia familiar contra Jaime Josué Choque Quispe, que se radicó en el Juzgado Público de Familia Quinto de El Alto del departamento de La Paz, a cargo de la Jueza ahora demandada; como medio de prueba, ofreció el requerimiento fundamentado de medidas de protección de 26 de abril de 2016, en el cual se dispuso una asistencia familiar, por el monto de Bs450.- (cuatrocientos cincuenta bolivianos) por cada hija, sumando un total de Bs900.- (novecientos bolivianos) que el obligado se comprometió a pagar en favor de las menores; sin embargo, mediante resolución 975/2021 de 10 de septiembre, la Jueza ahora demandada, rechazó su demanda, argumentando la improponibilidad objetiva de la demanda; por lo que impugnó esa decisión mediante recurso de reposición, a través del memorial presentado el 29 de septiembre; mismo que fue resuelto por el Auto Interlocutorio 1063/2021 de 30 del mismo mes y año; por el que, rechazó dicho recurso por manifiesta improcedencia.
El 29 de octubre de 2021, presentó ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, un memorial solicitando la homologación del Acta de Requerimiento de Medidas de Protección, misma que fue dispuesta mediante decreto de 3 de noviembre de 2021, además de determinar la devolución de obrados ante el Juzgado de Familia de Turno, para que proceda conforme a derecho. El 17 de noviembre de 2021, se realizó el sorteo, recayendo la causa nuevamente ante el Juzgado Público de Familia Quinto de El Alto del departamento de La Paz, instancia a la cual se apersonó mediante memorial presentado el 5 de enero de 2022, ratificando su demanda de homologación de asistencia familiar, adjuntando los medios de prueba correspondientes, homologación que nuevamente fue rechazada mediante Resolución 34/2022 de 10 de enero, dictada por la autoridad judicial ahora demandada, quien reiteró como argumento la improponibilidad objetiva de la demanda, a pesar que presentó el requerimiento fundamentado de medidas de protección, homologado por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento antes referido. La decisión de rechazo de la homologación de asistencia familiar resulta que no es razonable ni proporcional, puesto que adolece de motivación y fundamentación para negar su solicitud, asumiendo una decisión de hecho y no de derecho, que lesionó el interés superior de la niña, niño y adolescente de sus hijas menores, el derecho a la asistencia familiar, debido proceso en sus vertientes de motivación y fundamentación, a la petición y acceso a la justicia.
Denuncia la lesión de los derechos al interés superior de la niña, niño y adolescente, a la asistencia familiar, al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, a la petición y acceso a la justicia citando al efecto los arts. 60 y 115. II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se deje sin efecto la Resolución 34/2022 de 10 de enero, que rechazó y denegó su demanda de homologación de asistencia familiar.
La audiencia virtual de la presente acción de amparo constitucional, se realizó el 29 de marzo de 2022, según consta en acta cursante de fs. 114 a 117, produciéndose los siguientes actuados:
La impetrante de tutela no asistió a la audiencia de acción de tutela, según lo informado por el Secretario de la Sala Constitucional, razón por la que se dio lectura integra al memorial de demanda.
Sandra Adelaida Castillo Sáenz, Jueza Pública de Familia Quinta de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 28 de marzo de 2022, cursante de fs. 111 a 112, refirió lo que sigue: a) El 17 de enero de 2021, se sorteó el proceso sobre homologación instaurado por Soledad Colque Vargas contra Jaime Josué Choque Quispe, pretendiéndose la homologación del Requerimiento Fundamentado de medidas de protección emitida el 6 de abril de 2016, por el Fiscal de Materia Harold Jandarilla Mey; b) El 10 de septiembre de 2021, emitió la Resolución 975/2021, por la que rechazó dicha demanda, al ser improponible, argumentando principalmente que en el caso presente, se presentó el acta de audiencia celebrada ante una autoridad fiscal, ante la cual se dispusieron medidas de protección en el marco de lo previsto por la ley 348; consiguientemente correspondía que dichas medidas protectivas sean determinadas por la autoridad judicial que tomó conocimiento del caso en cuestión y no así por la autoridad del Ministerio Público, que no ostenta jurisdicción para determinar la asistencia familiar; c) Se hizo hincapié a lo determinado por el art. 448 del Código de las Familias y del Proceso Familiar -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, que establece que la asistencia familiar puede determinarse mediante documento público reconocido ante Notario de Fe Pública o ante el conciliador judicial, o por documento privado sin reconocimiento de firmas; en tal razón, la determinación de asistencia familiar así como se presentó, no se acomodaba a lo previsto por el art. 448 de la Ley 603, razón por la que dispuso el rechazo de la demanda, por mediar la improponibilidad objetiva; d) El 17 de noviembre de 2021, se remitieron a su Juzgado, cinco actuados en fotocopia legalizada por el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, dentro del proceso penal seguido por la ahora accionante contra Jaime Josué Choque Quispe, por la comisión del delito de violencia familiar o domestica; e) La accionante se apersonó mediante memorial, solicitando la homologación del requerimiento de medidas de protección de 26 de abril de 2016, fundamentando principalmente que el Juez de Instrucción Anticorrupción antes nombrado, mediante Auto de 3 de noviembre dispuso la homologación de las medidas de protección y que ordenó su remisión, previo sorteo, ante un juzgado de familia para su conocimiento; f) El 10 de enero de 2022, se emitió la Resolución 34/2022, por la cual se rechazó la demanda por ser improponible, dado que se pretende la homologación del requerimiento fundamentado de medidas de protección de 26 de abril de 2016; el mismo que ya habría sido homologado por el Juez de la causa donde emergió dicho requerimiento; y, g) En ese contexto, las Resoluciones emitidas fueron pronunciadas conforme a derecho, observando el art. 448 de la Ley 603, por otra parte la impetrante de tutela, tenía la facultad de impugnar las mismas como establece el art. 364 de la referida Ley, al no haberse impugnado conllevó a su tacita ejecutoria.
La Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz, a través de la Resolución 046/2022 de 29 de marzo, cursante de fs. 118 a 120, denegó la tutela solicitada; determinación que se dio con base en los siguientes fundamentos: 1) En el problema formulado por la accionante, previamente se tiene que en mérito al art. 448 de la Ley 603, se establece como facultad de la autoridad en materia familiar, la de determinar o fijar asistencia familiar; cuando exista la determinación de asistencia familiar mediante documento público o reconocido ante notario de fe pública ante conciliador que muestre la fundabilidad de la pretensión, la autoridad judicial previa verificación de los presupuestos de capacidad y legitimación acogerá la demanda mediante sentencia, para su ejecución inmediata, tratándose de acuerdo sobre asistencia familiar celebrada entre las partes y si no existiere reconocimiento de firma y rubrica se podrá solicitar a la autoridad judicial intimación a la parte requerida para que cumpla con la obligación asumida previa a su situación; 2) En mérito al marco normativo desarrollado, lo planteado por la accionante, no es una fijación de asistencia familiar, sino una homologación de asistencia familiar, en mérito a un Requerimiento Fiscal fijado el 2016, emergente de un proceso penal; 3) La Jueza de Familia, declaró la improponibilidad de la demandada, al no cumplirse los requisitos establecidos en el art 448 de la Ley 603; sin embargo, dicha autoridad ya no podía emitir pronunciamiento alguno en relación a dicho requerimiento fiscal de fijación de medidas de protección, debido que para la gestión 2021, ya existía una Resolución de rechazo de la denuncia penal; rechazo que no fue impugnado por la ahora peticionante de tutela; 4) A no ser que el referido proceso penal sea reabierto, la materialización de las medidas de protección vinculadas a la asistencia familiar, no pueden ser pronunciadas por la autoridad de familia, toda vez que la resolución de rechazo dejó sin efecto incluso las medidas dispuestas; 5) Independientemente de los argumentos por los cuales se decidió declarar la improponibilidad de la pretensión, la autoridad demandada no generó ningún riesgo que pueda afectar a la ahora impetrante de tutela; y, 6) Se debe aclarar que esta determinación no implica cercenar los derechos de la impetrante de tutela , así como de sus hijas, puesto que cuenta con la plena facultad de activar la jurisdicción en matera familiar, cumpliendo previamente con los presupuestos que demanda la normativa en materia familiar.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por Soledad Colque Vargas contra Jaime Josué Choque Quispe, el Fiscal de Materia asignado al caso, emitió Requerimiento Fundamentado de Medidas de Protección de 26 de abril de 2016, en favor de la denunciante, disponiendo entre otras medidas, la fijación de asistencia familiar por el monto total de Bs450.- en favor de cada una de las dos las hijas menores de edad, alcanzando al monto total de Bs900.- (fs. 12 y vta.). II.2. Mediante memorial presentado el 18 de agosto de 2021, ante el Juzgado de Familiar de Turno de El Alto del departamento de La Paz, la ahora accionante interpuso demanda de homologación de asistencia familiar, adjuntando para tal efecto el requerimiento fundamentado de medidas de protección de 26 de abril de 2016, en el que se dispuso entre otras medidas, la fijación de asistencia familiar por el monto total de Bs900.-, en favor de las hijas menores de edad (fs. 14 a 15). II.3. Cursa la Resolución 975/2021, emitida por la Jueza Pública de Familia Quinta de El Alto del departamento de La Paz, por la cual rechazó la demanda sobre homologación de asistencia familiar propuesta por la ahora solicitante de tutela, fundamentando principalmente su determinación, en el incumplimiento de las previsiones del art. 448 de la Ley 603 y la improponibilidad de la demanda (fs. 22 vta.). II. 4. Por memorial presentado el 29 de octubre de 2021, ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de El Alto, la impetrante de tutela solicitó la homologación del Acta de Requerimiento Fundamentado de Medidas de Protección de 26 de abril de 2016; solicitud mereció como respuesta la Resolución de 3 de noviembre de 2021, por la cual el Juez señalado, homologó las medidas de protección dispuestas en el Acta de requerimiento fundamentado de medidas de protección de 26 de abril de 2016; y , en cuanto a las medidas referidas a la asistencia familiar, dispuso su remisión al Juzgado de Familia de turno, para que proceda conforme a derecho (fs. 60 a 62). II.5. El 5 de enero de 2022, la impetrante de tutela nuevamente se apersono ante la autoridad ahora demandada, solicitando la homologación de asistencia familiar, argumentando principalmente que, el Requerimiento Fiscal de medidas de protección, fue homologado por el Juzgado Penal a cargo del proceso penal instaurado por la demandante de tutela (fs. 73 a 74 vta.). II.6. Ante la solicitud antes mencionada, la Jueza ahora demandada, emitió la Resolución 34/2022 de 10 de enero, rechazando nuevamente la solicitud de la accionante, con el argumento del incumplimiento del art. 448 de la Ley 603, así como la improponibilidad de la demanda (fs. 75 y vta.).
La solicitante de tutela denuncia la vulneración de los derechos al interés superior de la niña, niño y adolescente, a la asistencia familiar, al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, a la petición y acceso a la justicia; toda vez que, la demanda que presentó de homologación del Requerimiento Fiscal fundamentado de medidas de protección emitido por el representante del Ministerio Público, entre las que dispuso la asistencia familiar en favor de sus dos hijas menores de edad; la Jueza de Familia ahora demandada, mediante Resolución 34/2022 de 10 de enero, fue rechazada bajo el argumento de la improponibilidad objetiva de la demanda, por no cumplir con los presupuestos del art. 448 de la Ley 603; decisión que no resulta razonable ni proporcional, puesto que adolece de motivación y fundamentación, constituyendo una decisión de hecho y no de derecho; por tal motivo, la demandante de tutela solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga dejar sin efecto la Resolución 34/2022 de 10 de enero, que rechazó y denegó su demanda de homologación de asistencia familiar. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si los extremos demandados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) Sobre la flexibilización del principio de subsidiariedad en acciones de defensa vinculadas a la protección de los derechos de la niñez y adolescencia; ii) Las normas de la Ley 348 de 9 de marzo de 2013, aplicables a en los procesos judiciales por hechos de violencia en razón de género y el derecho de acceso a la justicia; ii.a) Sobre las medidas de protección a otorgarse en procesos penales que deriven de hechos de violencia contra la mujer y/o sus dependientes; iii) El debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia; y, iv) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0346/2018-S2, de 18 de julio, asumió el siguiente razonamiento:
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, por regla, esta acción tutelar se rige por el principio de subsidiariedad; debiendo acudirse previamente a los mecanismos de protección que franquea la ley para solicitar la tutela o la reparación de sus derechos considerados conculcados. No obstante, la acción de amparo constitucional, puede ser activada sin necesidad de agotarse previamente otros mecanismos ordinarios de defensa, en circunstancias en las que se diluciden derechos de sectores vulnerables, como es el caso de la niñez y adolescencia; así, la SCP 0033/2015-S1 de 6 de febrero, asumiendo el entendimiento de la SCP 1879/2012 de 12 de octubre, en su Fundamento Jurídico III.1, reiteró:
…`a partir del interés superior como principio que ampara a los menores de edad, por cuyo motivo este Tribunal en acciones de libertad ya prescindió de la subsidiariedad excepcional que la caracteriza; dada la situación especial de este sector vulnerable de la sociedad que goza de la preeminencia en sus derechos fundamentales, en acciones de amparo constitucional también deberá relegarse el carácter subsidiario que exige la interposición de los medios intra procesales vigentes en forma previa a su activación, tomando en cuenta que un excesivo celo procesal podría poner a la persona afectada -accionante menor de edad- en situaciones no deseadas por el orden constitucional, materializando la transgresión de sus derechos cuando a lo que se propende con la interposición de las acciones de tutela es a lograr la máxima eficacia y tutela de los derechos consagrados por nuestra Norma Suprema’.
Consiguientemente, en resguardo de ese interés superior, en casos en los que de manera directa o indirecta la afectación de derechos invocada atente los derechos de niñas, niños y adolescentes, contraria al ordenamiento jurídico y violatoria de los mismo; y, en aplicación a la garantía estatal, podrá efectuarse el análisis de fondo de la problemática, haciendo una excepción al principio de subsidiariedad que rige al amparo constitucional (las negrillas nos pertenecen).
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0156/2019-S2 de 24 de abril, realizó el siguiente entendimiento:
El derecho de acceso de la justicia que garantiza la protección efectiva del sistema judicial a las personas y sus derechos, fue precisada en la SC 0600/2003- R de 6 de mayo en el Fundamento Jurídico III.2, cuando indicó:
…la potestad, capacidad y facultad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad jurisdiccional competente para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o violada que lesiona o desconoce sus derechos e intereses, a objeto de lograr, previo proceso, una decisión judicial que modifique dicha situación jurídica. Por su parte, la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, en el Fundamento Jurídico III.1.1, estableció que dicho derecho implica:
1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho. En situaciones de violencia, el derecho de acceso a la justicia implica la posibilidad que tiene toda mujer, independientemente de su edad, que sufrió un hecho de violencia contra su vida, integridad física, psicológica, sexual, economía o patrimonio, a acudir ante las autoridades judiciales o administrativas no solo para denunciar el hecho de violencia, sino también recibir una respuesta efectiva que repare y restablezca sus derechos lesionados. De este modo, se puede ver que el constituyente boliviano, sobre el problema de la violencia contra la mujer, fue preciso en reconocerle un derecho específico del que deriva una obligación para el Estado en todos sus niveles, no solo de investigar y sancionar actos de violencia contra ella; sino de actuar en las distintas etapas y manifestaciones de este fenómeno, así como de ofrecer reparación y socorro a las víctimas, a fin de preservar su integridad; por tanto, cualquier inacción por parte de un servidor público resultaría desde el punto de vista jurídico, reprochable.
Asimismo, en delitos de violencia contra la mujer, el Estado a través de las instancias de investigación, de acusación y de juzgamiento, tiene la obligación de actuar conforme al estándar de la debida diligencia, en el marco de las normas constitucionales y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos; en ese sentido, el Estado boliviano instituyó normas de desarrollo internas contenidas en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- que es una norma específica en materia de violencia en razón de género, aplicables a toda persona que por su situación de vulnerabilidad, sufra cualquiera de las formas de violencia que esta Ley sanciona, independientemente de su edad; normas que deben ser aplicadas, de manera especial en los procesos judiciales y administrativos por violencia en razón de género, y que en su Título IV, Persecución y Sanción Penal, Capítulo I, hace referencia a la denuncia y establece, en el art. 45, las garantías que debe tener toda mujer en situación de violencia, entre ellas, 3) el acceso a servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia. Por otra parte, en el Título V, “Legislación penal”, en el Capítulo III, la Ley 348 establece los principios procesales en el art. 86 que deben regir los hechos de violencia contras las mujeres, disponiendo que las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales: “2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento”.
De lo anotado se concluye que el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, independientemente de su edad, sean niñas, adolescentes, jóvenes, adultas o adultas mayores, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la mujer, tomando en cuenta además que en los supuestos en lo que se hallen involucradas niñas y adolescentes, el análisis merecerá un enfoque interseccional o de discriminación múltiple, dada la complejidad y la diversidad de factores que la sitúan en una situación de vulnerabilidad; referidas a su condición de menor de edad y mujer en situación de violencia.
El art. 32 de la Ley 348, sobre la finalidad de las medidas de protección, señala:
I. Las medidas de protección tienen por objeto interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente. II. Las medidas de protección son de aplicación inmediata, que impone la autoridad competente para salvaguardar la vida, la integridad física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia y los de sus dependientes (las negrillas son añadidas).
Las medidas de protección contempladas en la citada Ley 348, son mecanismos destinados a neutralizar o minimizar los efectos nocivos del ejercicio de la violencia contra la mujer y la persona que por su situación de vulnerabilidad sufra cualquiera de las formas de violencia contra la mujer, independiente de su género; salvaguardando de esta manera, la vida, la integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de la víctima y sus dependientes; las cuales, son de aplicación inmediata. Dichas medidas son emitidas por el Ministerio Público y homologadas por la autoridad jurisdiccional; consecuentemente, de acuerdo a las circunstancias, adquieren un carácter preventivo, así como disuasivo de los efectos de la violencia. Ahora bien, los tipos de medidas de protección se encuentran previstos en el art. 35 de la Ley 348 y se caracterizan por ser medidas integrales; puesto que, no solo están dirigidas a interrumpir o impedir la violencia física como tal; sino, a otorgar los medios necesarios para afrontar la violencia e inclusive, disponer de los medios económicos necesarios que les permitan cubrir sus propias necesidades y las de sus hijas e hijos. Así el art. 61 de la Ley 348 prescribe:
ARTÍCULO 61. (MINISTERIO PÚBLICO). Además de las atribuciones comunes que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones las siguientes medidas:
1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad (…) [las negrillas son incorporadas]. De lo que se concluye, que las medidas de protección fueron diseñadas por el legislador para proteger a las víctimas de violencia en razón de género, independiente de su edad, que se encuentre en situación de vulnerabilidad frente a su agresor o agresora, que pueden ser adoptadas por el Ministerio Público con carácter preventivo y disuasivo de un hecho de violencia, a fin de interrumpir e impedir un hecho de violencia en razón de género, o garantizar, en caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2, de 28 de febrero, asumió el siguiente razonamiento: Respecto al contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y/o motivada, la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, desarrolló las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y/o motivada, ya sea judicial, administrativa o cualesquier otra, que resuelva un conflicto o una pretensión: a) El sometimiento manifiesto a la Constitución Política del Estado, conformada por: b.i) La Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, b.ii) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia de los principios de constitucionalidad y de legalidad; c) Lograr el convencimiento de las partes, que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa el valor justicia y los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; d) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; e) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad; posteriormente, a través de la SCP 0100/2013 de 17 de enero, 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así comoa la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad”. 6El FJ III.2, indica: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo.
5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos. Conceptualmente las pretensiones son distintas a los alegatos o argumentos que esgrima la se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; cual es: f) La exigencia de la observancia del principio dispositivo, que implica la obligación que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: 1) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; 2) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; 3) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, 4) Por la falta de coherencia del fallo, se da: 4.i) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, 4.ii) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las parte procesal. Para su distinción, debe tenerse en cuenta el petitum, la petición de la pretensión; es decir, qué es lo que se pide; por lo que si el juzgador se aparta de las exigencias derivadas de las pretensiones formuladas por las partes a la hora de aplicar e interpretar la norma que servirá de sustento jurídico a su decisión incurrirá en lesión al derecho a una resolución motivada o derecho a una resolución fundamentada.
De ahí que se cumple el principio dispositivo, como un elemento del contenido esencial de una resolución fundamentada o resolución motivada, cuando existe congruencia, es decir, una relación entre la pretensión de las partes con la parte dispositiva de la sentencia. Por ello, estará satisfecho el principio dispositivo, cuando exista estricta correspondencia entre la parte dispositiva de la sentencia, sustentada en los fundamentos de la misma, y las pretensiones oportunamente planteadas por las partes, imponiendo una barra de contención al juzgador a efectos de que no decida más allá de lo debatido o deje de fallar el caso sometido a su conocimiento”. 7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. 9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa. Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aun carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.
En el caso venido a revisión, la accionante denuncia la vulneración de los derechos al interés superior de la niña, niño y adolescente, a la asistencia familiar, al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, a la petición y acceso a la justicia; toda vez que, la demanda que presentó de homologación del Requerimiento Fiscal fundamentado de medidas de protección emitido por el representante del Ministerio Público, entre las que dispuso la asistencia familiar en favor de sus dos hijas menores de edad; la Jueza de Familia ahora demandada, mediante Resolución 34/2022 de 10 de enero, fue rechazada bajo el argumento de la improponibilidad objetiva de la demanda, por no cumplir con los presupuestos del art. 448 de la Ley 603; decisión que no resulta razonable ni proporcional, puesto que adolece de motivación y fundamentación, constituyendo una decisión de hecho y no de derecho. En tal razón solicitó se conceda la tutela impetrada dejando sin efecto la Resolución 34/2022 de 10 de enero, que rechazó y denegó su demanda de homologación de asistencia familiar.
Con carácter previo al análisis de fondo de la problemática planteada, es importante referirnos a los argumentos esgrimidos por la autoridad demandada en su informe de descargo, respecto a que la ahora peticionante de tutela tenía la facultad de impugnar las mismas como establece el art. 364 de la Ley 603, al no haberse impugnado las Resoluciones que considera lesivas a sus derechos y que conllevó a su tácita ejecutoria; sin embargo, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en supuestos fácticos de los que pueda derivar la vulneración de derechos de niñas, niños y/o adolescentes, sea de forma directa o indirecta, como se advierte en el caso concreto, en el que se dilucida entre otros aspectos, la homologación de asistencia familiar en favor de dos menores de edad que se hallan involucrados en supuestos hechos de violencia familiar que fueron denunciados por la impetrante de tutela en el proceso penal descrito en la Conclusión II.1 de este fallo constitucional, que por su situación de vulnerabilidad y desprotección, requieren medidas de atención preferentes y positivas; es posible activar directamente el control tutelar de constitucionalidad e ingresar al análisis de fondo de la problemática jurídica planteada.
Bajo esa aclaración, el problema jurídico a resolver se circunscribe en la decisión de la Jueza de familia ahora demandada, quien ante la solicitud de homologación de las medidas de protección dispuestas por el Ministerio Público mediante Requerimiento Fiscal de 26 de abril de 2016, dentro del proceso penal interpuesto por la accionante por la presunta comisión del delito de Violencia familiar, rechazó dicha solicitud mediante la Resolución 34/2022 de 10 de enero, argumentando que la demanda de homologación incoada por la impetrante de tutela era improponible al no cumplir con los presupuestos establecidos por el art. 448 de la Ley 603. Ahora bien, con el fin de evidenciar si la Resolución confutada, incurrió en los actos lesivos denunciados por la ahora peticionante de tutela; para tal efecto, corresponde verifica los fundamentos sobre los cuales se sustentó dicha determinación: Dentro de sus argumentos, la Resolución 34/2022 de 10 de enero, señaló: a) El art. 448 de la Ley 603, determina que la asistencia familiar puede determinarse mediante documento público o reconocido ante Notario de fe Pública o ante conciliador judicial, o por documento privado sin reconocimiento de firmas y rúbricas. b) En el caso presente se pretende la homologación del requerimiento fundamentado de medidas de protección de 26 de abril de 2016; el mismo que ya habría sido homologado por el Juez de la causa donde emergió dicho requerimiento;
c) La determinación de asistencia familiar así como se la presenta no puede ser homologada, habida cuenta que no se acomoda a lo previsto por el art. 448 de la Ley 603;
d) Corresponde señalar que una vez comprobada por el Juez la concurrencia de los presupuestos procesales y el cumplimiento de los requisitos formales, le corresponde efectuar un control de la proponibilidad o fundamento intrínseco de la acción como tal ha sido propuesta. A diferencia del control formal, el juicio de fundabilidad opera como elementos que corresponden al derecho material, con los preceptos sustanciales llamados a zanjar la litis en la sentencia definitiva.
e) Respecto de las condiciones de fundabilidad el autor argentino Peyrano, señala: “Presentada la demanda ante el Juez, éste deberá analizar (entre otras cosas) la proponibilidad objetiva de la pretensión y para ello deberá consultar el ordenamiento y comprobar “en abstracto “si la ley le concede la facultad de juzgar el caso” (sic). El mencionado autor refiere el rechazo in limine por improponibilidad objetiva de la demanda; es decir no ya por carencia de condiciones de procedibilidad, sino por evidente infundabilidad;
f) El concepto de improponibilidad fue postulado por Morelio y Berizonce, en un trabajo llamado “Improponibilidad objetiva de la demanda”, en el que se estableció que le está permitido al juez fuera de los supuestos de inhabilidad formal de la demandada, disponer su repulsa in limine juzgando sin sustanciación acerca de su fundabilidad o merito, cuando el objeto perseguido está excluido de plano por la ley.
g) El rechazo in limine de la demanda por falta de fundabilidad o por carecer de un interés tutelado por el ordenamiento, tiene como fundamento evitar un inútil dispendio de la función jurisdiccional, puesto que de admitirse el trámite de una demanda improponible no solo se atenta contra los principios de economía procesal y celeridad, sino que se activa y recarga inútilmente la labor de los órganos jurisdiccionales.
Conocidos los fundamentos de la Resolución objeto de esta acción de tutela, se puede establecer que no cumple con las finalidades descritas en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; toda vez que, no se advierte que el razonamiento jurídico visualice el sometimiento manifiesto a la Constitución Política del Estado y a la Ley -como primera finalidad-; por cuanto esta exigencia, se expresa en la protección a los derechos y garantías constitucionales, y en una resolución fundamentada; lo que no acontece en el caso concreto, debido a que la resolución cuestionada es arbitraria; pues, conforme se desarrolló ampliamente en el citado Fundamento Jurídico III.3, puede estar expresada en una decisión sin motivación; o existiendo ésta, es una motivación arbitraria; o en su caso, en una motivación insuficiente. Se advierte que la Resolución 34/2022 de 10 de enero, se limitó a citar el precepto normativo que establece los presupuestos concurrentes para determinar la asistencia familiar, enarbolando doctrina de diferentes autores para sustentar el rechazo a la solicitud de homologación incoada por la accionante; sin embargo, se observa que la autoridad judicial demandada no efectuó ninguna precisión respecto a la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia; debiendo considerar que, de manera general, el objeto del referido cuerpo normativo según dispone su art. 1 “…se funda en el mandato constitucional y en los Instrumentos, Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Bolivia, que garantizan a todas las personas, en particular a las mujeres, el derecho a no sufrir violencia física, sexual y/o psicológica tanto en la familia como en la sociedad”, norma legal que se halla sustentada en el art. 15.II y III de la CPE, mediante la cual “…se revaloriza a la mujer frente a las agresiones que se manifiestan dentro de la sociedad, en merito a ello se promulgó la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 marzo de 2013-; de donde se tiene que, se constituye un deber de aplicar la perspectiva de género como una herramienta que permita brindar una protección reforzada a los grupos de atención prioritaria establecido por mujeres y niñez y adolescencia; consecuentemente, la Jueza ahora demandada tenía la obligación de considerar la jurisprudencia y doctrina referida a la ponderación de los derechos en atención a la calidad de víctima mujer que merece una protección reforzada por pertenecer a un grupo vulnerable. En ese contexto, conforme se tiene anotado en el Fundamento Jurídico III.2 la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, en su art. 86 establece los principios procesales sobre los cuales deben regir los hechos de violencia contras las mujeres, disponiendo que las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal, deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales, entre ellos bajo el principio de celeridad, que implica cumplir los plazos procesales, empero también asistir a la víctima con la debida celeridad, en procura de asumir determinadas medidas de protección, en el entendido de la transversalidad que debe imprimirse en procura de la defensa y protección al grupo vulnerable entre ellas a la mujer, frente a los casos de violencia física, sexual o psicológica. Bajo esa lógica, correspondía que la Jueza ahora demandada atienda la solicitud de homologación de asistencia familiar efectuada por la peticionante de tutela y que tiene su origen en un proceso penal por violencia familiar, enmarcando su actuación en la aplicación de una justicia con perspectiva de género y la debida diligencia en este tipo de procesos que por mandado convencional se encuentra obligado el Estado Boliviano.
De lo expresado, esta Sala comprueba que la autoridad demandada vulneró el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación de las resoluciones; y por conexitud, los derechos al interés superior de las niñas, niños y adolescentes y a la asistencia familiar, que corresponde a los hijas menores de edad, razón por la que corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, no obró correctamente.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 046/2022 de 29 de marzo, cursante de fs. 118 a 120, emitida por la Sala constitucional Tercera del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, dejando sin efecto la Resolución 34/2022 de 10 de enero; y, 2° Disponer lo siguiente:
a) Que la Jueza de Familia demandada, emita una nueva resolución, ingresando al fondo de la solicitud de homologación de asistencia familiar formulada por la impetrante de tutela, juzgando con perspectiva de género, sobre la base de los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional Se hace constar que la magistrada MSc. Georgina Amusquivar Moller es de Voto Aclaratorio.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
1 FJ.III.1., de la referida Sentencia Constitucional 0600/2003- R de 6 de mayo. 2FJ. III.1.1., de la mencionada SCP 1478/2012 de 24 de septiembre.
3 En el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Convención de “Belem do Para” -, en su art. 7, establece la obligación de los Estados de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer e incluir en su legislación interna normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre otras. La Convención Belem do Pará ha sido ratificada por el Estado boliviano mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994, por ende, asume la norma de la debida diligencia y, en ese sentido, la violencia hacia la mujer es un asunto que compromete y responsabiliza al Estado, que está obligado a realizar acciones (legislativas, administrativas y judiciales) para prevenir, intervenir, erradicar y sancionar las diferentes tipos de violencia ejercidos contra la mujer.
4 La Corte IDH, por primera vez utiliza el concepto de “interseccionalidad de la discriminación” en el caso Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador -Sentencia de 1 de Septiembre de 2015 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas-; en los siguientes términos: “290. La Corte nota que en el caso Talía confluyeron en forma interseccional múltiples factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación asociados a su condición de niña, mujer, persona en situación de pobreza y persona viviendo con VIH. La discriminación que vivió Talía no sólo fue ocasionada por múltiples factores, sino que derivó en una forma específica de discriminación que resultó de la intersección de dichos factores, es decir, si alguno de dichos factores no hubiese existido, la discriminación habría tenido una naturaleza diferente…” (las negrillas son nuestras). Entendimiento desarrollado en la SCP 0010/2018-S2 de 28 de febrero.
determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0500_2023-S1.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): 8effe7574e04ca8934ea8d8f764a0f2a32772659d536c9aaaa4c489163d4bfc0
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