B.IA.LEGAL

SCP 0499/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 29 de mayo de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
29 de mayo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
45597-2022-92-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su vertiente de una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, a la libertad, a la legalidad vinculado con el derecho a la libertad; y, a la defensa; alegando que, ante su pretensión de cesación de su detención preventiva, la autoridad accionada fijó audiencia virtual para el 14 de enero de 2022; empero, dicha audiencia no se llevó a cabo debido a que el Secretario coaccionado habría omitido cumplir con la debida diligencia al no haberse generado el link para la audiencia; dado que, éste no habría remitido el oficio a la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz incumpliendo funciones y causando lesión al debido proceso. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve CONFIRMAR en parte la Resolución 21/2022 de 18 de enero, cursante de fs. 55 a 58 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de la Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto al Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del mismo departamento en suplencia legal de su similar Octavo, sin disponer nada, debido a que ya se señaló audiencia de cesación de la detención preventiva; y, 2° DENEGAR la tutela impetrada respecto a la Jueza de Instrucción Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz y con relación a los derechos a la legalidad vinculado con el derecho a la libertad; y, a la defensa.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad y presupuestos de activación
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0499/2023-S3 Sucre, 29 de mayo de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 45597-2022-92-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 21/2022 de 18 de enero, cursante de fs. 55 a 58 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Romel Leonardo Ipamo Saravia y Julio Felipe Ríos Vásquez en representación sin mandado de Oswaldo Viruez Subirana contra Anay Añez Mendoza, Jueza de Instrucción Penal Octava y Cristian Ramos, Secretario del Juzgado de Instrucción Cuarto en suplencia legal, ambos de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 17 de enero de 2022, cursante de fs. 2 a 5, el accionante a través de sus representantes sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 8 de julio -se entiende de 2021-, el Ministerio Público presentó imputación formal en su contra, por la supuesta comisión del delito de estafa agravada con víctimas múltiples, llevándose a cabo la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares el 9 de ese mes y año, disponiéndose su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, por cinco meses, debiendo considerarse su situación jurídica el 9 de diciembre de idéntico año, fecha de vacación judicial. Indica que cuando se revisó el expediente, -se constató que- los denunciantes abandonaron el proceso y el Ministerio Público no solicitó la ampliación de la detención preventiva; asimismo, refiere que en diciembre no se pudo realizar la audiencia de cesación de la detención preventiva en el Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital del referido departamento, por falta de notificaciones, lo que vulneró su derecho al debido proceso; sin embargo, terminada la vacación y volviendo su expediente al Juzgado de origen, solicitó se fije de nuevo día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva por cumplimiento de plazo; toda vez que, al encontrarse privado de libertad, su vida corre riesgo ante la nueva variante del Coronavirus (COVID-19). Manifiesta que, fijada la audiencia para el 14 de enero de 2022 a horas 9:00 de manera virtual, se realizaron las comunicaciones procesales a fin de que no se vuelva a suspender el referido actuado con el cual busca su libertad por un delito que jamás cometió; en ese entendido, sus representantes sin mandato se apersonaron al Juzgado de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, para notificarse con el señalamiento de audiencia y a su vez fotocopiaron la solicitud de cesación para que los denunciantes sean notificados, quedando pendiente el oficio de remisión a la Oficina Gestora de Procesos -se entiende del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz- por parte del Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del citado departamento en suplencia legal -ahora coaccionado-, para que así se pueda notificar a todos los sujetos procesales y se cumpla con la debida diligencia de notificación, quien aseguró que el oficio estaría en “‘PRONTITUD Y FECHA’” para que no se suspenda la audiencia; empero, grande fue su sorpresa cuando el link para su audiencia jamás llegó; por lo que, apersonándose nuevamente al precitado Juzgado de Instrucción Penal Octavo, les indicaron que la audiencia no se llevaría a cabo “NUEVAMENTE” por falta de notificación; dado que el Secretario coaccionado no habría remitido el oficio incumpliendo sus funciones y causando lesión al debido proceso, impidiendo que se pueda realizar la defensa técnica, material, amplia e irrestricta para conseguir su libertad, debiendo fijarse audiencia de cesación de la detención preventiva de manera inmediata realizando las debidas diligencias de notificación tanto a la parte denunciante como a su persona para que así no se suspenda nuevamente la tan solicitada audiencia de cesación de la detención preventiva.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela a través de sus representantes sin mandato, considera como lesionados sus derechos al debido proceso en su vertiente justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, a la libertad, a la legalidad vinculado con el derecho a la libertad; y, a la defensa; citando al efecto los arts. 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE); 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se fije audiencia de cesación de la detención preventiva por cumplimiento de plazo de manera inmediata para resolver su situación jurídica, cumpliendo con las respectivas notificaciones a todas las partes dentro del proceso.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 18 de enero de 2022, conforme consta en el acta cursante de fs. 53 a 54 vta., con la presencia de los representantes sin mandato del accionante y la parte accionada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de sus representantes sin mandato, en audiencia ratificó los argumentos de su memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Anay Añez Mendoza, Jueza de Instrucción Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz, en audiencia, señaló que: a) El proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Oswaldo Viruez Subirana -impetrante de tutela- por la supuesta comisión del delito de estafa agravada, fue remitido por vacación judicial el 6 de diciembre de 2021, al Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital del indicado departamento, el mismo fue enviado con audiencia señalada para consideración de cesación de la detención preventiva, para el 9 de ese mes y año, la cual no se llevó a cabo; sin embargo, no cursa ningún memorial en el cual el ahora accionante haya hecho algún reclamo al respecto; b) El 10 de enero de 2022, los antecedentes fueron remitidos a su Juzgado, habiendo presentado el abogado del peticionante de tutela, solicitud de cesación de la detención preventiva, el cual fue decretado señalando nueva audiencia para el “viernes” 14 de enero del mismo año, debiendo considerarse que su Juzgado se encontraba sin Secretario al estar con baja médica por COVID-19, y además que se encuentra en suplencia de los Juzgados de Instrucción Penal Sexto y Séptimo de la Capital del mencionado departamento; c) No se vulneró ningún derecho del imputado -hoy accionante- por cuanto se señaló audiencia dentro de plazo; no obstante, el “día viernes” estaba en suplencia legal de los dos juzgados con dos aprehendidos; d) En la presente acción de libertad, el abogado no agotó las instancias de un proceso ordinario, menos se apersonó al Juzgado -se entiende donde radica la causa-; e) Conforme a procedimiento se señaló audiencia para que se considere la situación jurídica del imputado -hoy accionante-, aunque lo que no se menciona es que esa audiencia fue llevada a cabo; y siendo que el 9 de diciembre de 2021, se habría cumplido el plazo de su detención preventiva, el abogado defensor no hizo su reclamo ante el Juzgado que tenía el control jurisdiccional de ese entonces, dejadez que no le puede ser atribuible; así, radicado el proceso el 10 de enero de 2022, el mismo día ingresó su memorial y se señaló audiencia, y luego de que su Secretario volvió de su baja médica, presentó un informe indicando que en el Juzgado donde se encontraba radicado el expediente por vacación ni siquiera había una nota o acta de suspensión y respecto a dicho aspecto los abogados no realizaron ningún reclamo, solo esperaron más de un mes; y, f) Retornado el expediente a su Juzgado, se señaló audiencia dentro de las cuarenta y ocho horas, y por situaciones que no le son atribuibles, no se llevó a cabo la audiencia de acuerdo al informe de su Secretario, fijándose nueva audiencia de oficio para resolver su situación jurídica, actuado que se encuentra en el “sistema”. Cristian Ramos, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto en suplencia de su similar Octavo, de la Capital del departamento de Santa Cruz, por informe escrito cursante a fs. 12; señaló que el 14 de enero de 2022, fueron generadas todas la notificaciones; empero, en dicha fecha tenía audiencia con aprehendido señalada en su Juzgado titular, lo cual le imposibilitó estar presente en el actuado referido como Secretario suplente, además que la Jueza titular -accionada- se encontraba supliendo en audiencia con aprehendido en el Juzgado de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del citado departamento.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de la Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 21/2022 de 18 de enero, cursante de fs. 55 a 58 vta., resolvió denegar la tutela solicitada contra Anay Añez Mendoza, Jueza de Instrucción Penal Octava de la Capital del referido departamento; y, conceder la tutela impetrada con relación a Cristian Ramos, Secretario del Juzgado de Instrucción Cuarto, en suplencia legal de su similar Octavo de la Capital del departamento mencionado; con base en los siguientes fundamentos: 1) El 7 de enero de 2022, el accionante presentó solicitud de audiencia de cesación de la detención preventiva por cumplimiento de plazo, que fue resuelta por la autoridad accionada mediante decreto de 11 de enero de ese mismo año, señalando audiencia para considerar dicha solicitud para el 14 de similar mes y año, ordenándose la notificación de las partes, al Gobernador del Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz y la remisión del oficio a la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a fin de que se realicen las diligencias y las gestiones necesarias para llevar adelante la audiencia por videoconferencia mediante el sistema de plataforma Blackboard y se proporcione el link o dirección electrónica correspondiente para el ingreso a las partes a la audiencia virtual, cursando también en el cuaderno procesal las notificaciones con dicho señalamiento de audiencia a todos los sujetos procesales; 2) Se extraña el oficio dirigido a las oficinas gestoras solicitando realizar la gestiones necesarias para llevar adelante la audiencia por videoconferencia a fin de crear el correspondiente link de conexión; 3) Cursa informe de 17 de enero de 2022, elevado por el Secretario titular del Juzgado de Instrucción Penal Octavo de la Capital del indicado departamento, por el que hizo conocer a la Jueza accionada el estado de la causa y el motivo de suspensión de audiencias, señalando la mencionada autoridad judicial, mediante decreto de 18 de idéntico mes y año, nueva audiencia para considerar la situación jurídica del accionante para el 20 del mismo mes y año, ordenando nuevamente se realicen las correspondientes notificaciones y oficios; 4) Por lo referido, se considera que la Jueza de Instrucción Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz -accionada-, no vulneró derechos o garantías procesales que le asisten al accionante, al haber resuelto las solicitudes presentadas por éste en el plazo establecido por el Código de Procedimiento Penal, pese a estar en suplencia de otros dos Juzgados de Instrucción Penal, ordenando además que por Secretaría se realicen las debidas notificaciones y diligencias correspondientes para la realización de dicha audiencia, entre ellas la remisión de un oficio a la Oficina Gestora para la generación de un link y la realización de la audiencia, función encomendada al Secretario; por lo que, no corresponde conceder la tutela contra dicha autoridad, ya que si bien tiene la dirección en la gestión de despacho, no es menos cierto que cada funcionario cumple una función y debe responder por sus actos; 5) Respecto al coaccionado Cristian Ramos, Secretario del Juzgado de Instrucción Cuarto en suplencia legal del similar Octavo e la Capital del señalado departamento, Juzgado último ante el cual el accionante habría solicitado audiencia para considerar su situación jurídica, señalada para el 14 de enero de 2022, cumpliéndose con las notificaciones a los sujetos procesales, pero no así con la diligencia de remitir el oficio correspondiente a la Oficina Gestora de Procesos para la generación del link de la audiencia virtual a realizarse, dejando en incertidumbre a todos los sujetos procesales entre ellos al acusado -hoy impetrante de tutela-; dado que, este tenía la certeza de que se habrían cumplido todas las diligencias necesarias que haga posible la realización de su audiencia; 6) El Secretario coaccionado olvidó o incumplió con remitir el oficio a la Oficina Gestora de Procesos para que se genere un link para la realización de la audiencia virtual no pudiendo justificar ese accionar al referir que “existirían cautelares” en su Juzgado titular, máxime si dichas diligencias ya habrían sido encargadas con anticipación por el peticionante de tutela; accionar que como personal de apoyo jurisdiccional le otorga la legitimación pasiva frente a una acción de libertad, más aun, tratándose de una audiencia de consideración de medidas cautelares, de ahí que la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tienen la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable, ya que el incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona o autoridad, debiendo el servidor público desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor; y, 7) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca acelerar los trámites judiciales cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado el 7 de enero de 2022, a través del cual Oswaldo Viruez Subirana -ahora accionante- solicitó al “JUEZ 8° DE MATERIA CAUTELAR PENAL DE LA CAPITAL” (sic), audiencia de cesación de la detención preventiva por cumplimiento del plazo y se disponga la aplicación de “medidas sustitutivas”, al encontrarse privado de libertad dentro del proceso que le sigue el Ministerio Público por la supuesta comisión del delito de estafa agravada, y haber cumplido con los requisitos del art. “239 NUM 2” -del Código de Procedimiento Penal (CPP)-estando privado de libertad por más de cinco meses y haber cumplido el término pedido por el Ministerio Público para su detención preventiva (fs. 13 a 14).

II.1.1. Por decreto de 11 de enero de 2022, Anay Añez Mendoza, Jueza de Instrucción Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy accionada-, señaló audiencia para considerar la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante para el día 14 de enero de 2022 a horas 9:00 de manera virtual, disponiendo la notificación a las partes con la documentación correspondiente y que se oficie al Gobernador del Centro Penitenciario Palmasola del indicado departamento, a la Oficina Gestora de Procesos y se sirva realizar las gestiones necesarias para llevar adelante la audiencia por video conferencia mediante el sistema de plataforma Blackboard y una vez realizadas las gestiones se proporcione el link o dirección correspondiente para el ingreso de las partes a la audiencia virtual (fs. 15). II.1.2. Constan notificaciones con el memorial de 7 de enero de 2022 y el decreto de 11 de ese mes y año generadas por la Oficina Gestora de Procesos 5 el 12 de idéntico mes y año, notificándose: a Ángela Rocío Medrando Urizar a través de Ciudadanía Digital en la misma fecha (fs. 17); de forma personal a Jericob Reymond Parada, el 13 de enero de ese mismo año (fs. 18); a Luis Alfredo Chavarría Sarabia y a Julio César Gonzales Paiva, en esa misma fecha, mediante notificación personal vía WhatsApp (fs. 22, 26, 31 y 35); a Juan Marcelo Suárez Portales y Rander Sarabia Hurtado, en esa misma fecha por cédula (fs. 37 y 39); y, al Director del Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz con el OFICIO 19/2022 de 13 de enero, de “…SALIDA y REMISIÓN DE DETENIDO PARA AUDIENCIA” (sic) vía WhatsApp, en esa misma fecha (fs. 43 y 47). II.2. Consta Nota de 14 de enero de 2022, suscrita por Melisa Morodias Mamani, Auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante la cual indica que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Oswaldo Viruez Subirana -ahora accionante-, mediante decreto de 11 de enero de 2022 se señaló audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva del imputado para el día “…Viernes de 14 de Enero de 2022” (sic) a horas 9:00, no habiéndose instalado la misma; toda vez que, la Jueza se encontraba en otra audiencia con aprehendidos de los Juzgados Sexto y Séptimo ambos de Instrucción Penal del referido departamento, en los cuales se encuentra asumiendo suplencia (fs. 48). II.3. Por Informe de 17 de enero de 2022, Enrique Paz Alencar, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, indicó a la Jueza accionada que dentro del proceso que sigue el Ministerio Público contra el hoy impetrante de tutela por la supuesta comisión del delito de estafa con agravación de víctimas múltiples, con Código Único 701102012105351; de la revisión del cuaderno procesal se tendría que mediante Auto 154/2021 de 9 de julio, se señaló audiencia a objeto de considerar la situación jurídica del imputado para el 9 de diciembre de 2021 a horas 11:00; sin embargo, el cuaderno procesal para la referida fecha se encontraba en el Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital del indicado departamento, por vacación judicial, no cursando Acta o nota respecto a dicha audiencia (fs. 49).

II.3.1. Por decreto de 18 de enero de 2022, la Jueza accionada, en atención “…al informe que antecede…” (sic) señaló audiencia a objeto de considerar la situación jurídica del imputado -hoy accionante- para el 20 de enero de 2022 a horas 8:30, que se realizaría de manera virtual, debiendo oficiarse al “…Gobernador del Penal de Palmasola…” (sic), a efecto de que realice el traslado de los detenidos hasta ambientes adecuados para la audiencia bajo absoluta responsabilidad y se oficie a la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, se sirva realizar las gestiones necesarias para llevar adelante la audiencia por video conferencia mediante sistema de plataforma correspondiente, conforme al protocolo de activación de audiencias virtuales y una vez realizadas las gestiones se les proporcione el link o dirección correspondiente para el ingreso de las partes a la audiencia virtual (fs. 50).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su vertiente de una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, a la libertad, a la legalidad vinculado con el derecho a la libertad; y, a la defensa; alegando que, ante su pretensión de cesación de su detención preventiva, la autoridad accionada fijó audiencia virtual para el 14 de enero de 2022; empero, dicha audiencia no se llevó a cabo debido a que el Secretario coaccionado habría omitido cumplir con la debida diligencia al no haberse generado el link para la audiencia; dado que, éste no habría remitido el oficio a la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz incumpliendo funciones y causando lesión al debido proceso. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad y presupuestos de activación

La SCP 0907/2020-S3 de 17 de diciembre, señaló que: «Sobre los presupuestos de procedencia de la acción de libertad en función a su naturaleza jurídica y alcance determinado por los bienes jurídicos protegidos, la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, sostuvo que: “La acción de libertad conocida en el derecho comparado y en nuestra legislación abrogada como ‘recurso de habeas corpus’, encuentra fundamento en innumerables instrumentos normativos de orden internacional como en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, disposiciones normativas que forman parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad a lo dispuesto por el art. 410 de la CPE. Se trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro. Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’. Norma constitucional concordante con el art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), la cual establece que su objeto es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de esos derechos, en los casos en que sean restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión.

En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida.

Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida”».

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, citando a su vez a la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, señaló que: “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…’ (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas.

En ese sentido, este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema indicó que esta acción: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”’ (las negrillas nos corresponden).

III.3. Análisis del caso concreto

El peticionante de tutela a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su vertiente de una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, a la libertad, a la legalidad vinculado con el derecho a la libertad; y, a la defensa; alegando que, ante su pretensión de cesación de su detención preventiva, la Jueza de Instrucción Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora accionada- fijó audiencia virtual para el 14 de enero de 2022; empero, dicha audiencia no se llevó a cabo debido a que el Secretario en suplencia de dicho Juzgado -coaccionado- habría omitido cumplir con la debida diligencia al no haberse generado el link para la audiencia; dado que, éste no habría remitido el oficio correspondiente a la Oficina Gestora de Procesos incumpliendo funciones y causando lesión al debido proceso.

Ingresando al análisis de la problemática planteada, de la revisión y compulsa de antecedentes que cursan en obrados y lo expresado por los sujetos procesales en la presente acción de libertad, se tiene la existencia de la causa penal seguida por el Ministerio Público contra Oswaldo Viruez Subirana -hoy accionante-, por la presunta comisión del delito de estafa agravada, quien se encuentra detenido cumpliendo la medida de detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, por el plazo de cinco meses, determinado el 9 de julio de 2021; por lo cual, a través de memorial presentado el 7 de enero de 2022, solicitó a la Jueza accionada, audiencia de cesación de detención preventiva por cumplimiento de plazo y se disponga la aplicación de “medidas sustitutivas” al amparo de los previsto en el art. 239.2 del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, mereciendo decreto de 11 de igual mes y año, por el que se fijó audiencia virtual a dicho fin, para el 14 del citado mes y año, a horas 09:00; audiencia que conforme lo aseverado por la parte accionante, no se llevó a cabo debido a que el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del indicado departamento -en suplencia legal-, omitió gestionar la solicitud a la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, lo que impidió que se pudiera generar el link para la audiencia virtual.

Ahora bien, de acuerdo a lo descrito precedentemente, se tiene una solicitud de cesación de la detención preventiva formulada por la parte impetrante de tutela de conformidad a lo dispuesto en el art. 239.2 del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, mediante memorial presentado el 7 de enero de 2022, petición que mereció por parte de la Jueza accionada señalamiento de audiencia de 11 de enero de 2022, para considerar la cesación de la detención preventiva del imputado para el 14 de igual mes y año, a realizarse de manera virtual; es decir que, programó audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas, identificándose inexistencia de dilación respecto a ese punto y que refleje incumplimiento de plazos procesales previstos en la normativa procesal penal.

Asimismo, de obrados se observa que mediante Informe de 17 de enero de 2022, Enrique Paz Alencar, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, indicó a la Jueza accionada que dentro del proceso que sigue el Ministerio Público contra el detenido -ahora accionante- por la supuesta comisión del delito de estafa con agravación de víctimas múltiples, con Código Único 701102012105351; de la revisión del cuaderno procesal se tendría que mediante Auto 154/2021 de 9 de julio, se señaló audiencia a objeto de considerar la situación jurídica del imputado para el 9 de diciembre de 2021 a horas 11:00; sin embargo, el cuaderno procesal para la referida fecha se encontraba en el Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, por vacación judicial, no cursando Acta o nota respecto a dicha audiencia, a consecuencia de dicho informe, la Jueza accionada, por decreto de 18 de enero de 2022, en atención “…al informe que antecede…” (sic) señaló audiencia a objeto de considerar la situación jurídica del imputado -impetrante de tutela- para el 20 de enero de 2022 a horas 8:30, a realizarse de manera virtual, debiendo oficiarse al “…Gobernador del Penal de Palmasola…” (sic) a efecto de que efectúe el traslado de los detenidos hasta ambientes adecuados para la audiencia bajo absoluta responsabilidad y se oficie a la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a fin de realizar las gestiones necesarias para llevar adelante la audiencia por videoconferencia mediante sistema de plataforma correspondiente, conforme al protocolo de activación de audiencias virtuales y una vez realizadas las gestiones se les proporcione el link o dirección correspondiente para el ingreso de las partes a la audiencia virtual; de lo cual se puede concluir que la Jueza accionada, luego de tener conocimiento de que no se llevó a efecto la audiencia señalada para ese efecto, de oficio reencausó el procedimiento; evidenciándose con ello que dicha autoridad no lesionó ningún derecho invocado en la presente acción de defensa que amerite otorgar la tutela respecto a esa autoridad.

En cuanto al accionar del Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, en suplencia legal de su similar Octavo, coaccionado, si bien de obrados se tiene que éste gestionó las notificaciones por Ciudadanía Digital ante la Oficina Gestora de Procesos 5 del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, para que las partes tengan conocimiento de la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva del imputado, señalada para el 14 de enero de 2022 (Conclusión II.1.2), dicha audiencia no se llevó a cabo por cuanto no se evidencia de obrados que dicho funcionario judicial hubiera enviado oficios a la indicada Oficina Gestora de Procesos para la habilitación del link con la finalidad de realizarse la audiencia de manera virtual; omisión en la que incurrió el Secretario coaccionado y que motivó que la audiencia ya fijada para el 14 de enero de 2022, sea suspendida.

En ese contexto, se evidencia que, en la tramitación de la solicitud impetrada por el accionante, por parte del Secretario coaccionado hubo negligencia y falta de cuidado en el seguimiento al trámite de la solicitud de cesación de la detención preventiva por cumplimiento de plazo, por cuanto dicho funcionario no dio cabal cumplimiento a sus obligaciones establecidas en la ley; debiendo sobre este punto referirse al contenido de la SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, la que respecto a la legitimación pasiva de funcionarios de apoyo judicial, señaló: “…respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).

De acuerdo al razonamiento precedente, se tiene de manera objetiva que el Secretario coaccionado, desconoció e incumplió las funciones que debe acatar en el desarrollo de sus actividades; por lo que, vulneró el derecho a la libertad del accionante vinculado al debido proceso en su elemento de celeridad y justicia pronta oportuna y sin dilaciones, establecida como acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho; correspondiendo, en el caso de análisis conceder la tutela solicitada en relación a dicho funcionario, debiendo el Secretario ahora coaccionado obrar con mayor diligencia en futuras actuaciones, no siendo justificación la carga procesal existente o las suplencias que se pudieran estar cumpliendo en el desarrollo de sus funciones, y debido a que la Jueza accionada ya señaló de oficio audiencia de cesación de la detención preventiva para el detenido -accionante- que debía desarrollarse el 20 de enero de 2022, será dicha autoridad encargada del proceso la que determine lo que corresponda en cuanto a la libertad del detenido.

Finalmente, con relación a la denuncia de vulneración a los derechos a la legalidad vinculado con el derecho a la libertad; y, a la defensa, no se evidencia sustento argumentativo alguno; dado que, en el caso solamente se los mencionó, razón por la cual corresponde denegar la tutela respecto a los mismos.

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada contra la Jueza de Instrucción Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, conceder la tutela impetrada con relación al Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del mismo departamento en suplencia legal; obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve CONFIRMAR en parte la Resolución 21/2022 de 18 de enero, cursante de fs. 55 a 58 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de la Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto al Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del mismo departamento en suplencia legal de su similar Octavo, sin disponer nada, debido a que ya se señaló audiencia de cesación de la detención preventiva; y, 2° DENEGAR la tutela impetrada respecto a la Jueza de Instrucción Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz y con relación a los derechos a la legalidad vinculado con el derecho a la libertad; y, a la defensa.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0499_2023-S3.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 2ba2e5af69829e236904a690bbd6a51fdc4919ef95ed3bac2e5825e43bfd070e

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