Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 6 de junio de 2023
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al juez natural y al debido proceso; y, de los principios de legalidad y seguridad jurídica; aduciendo que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, la Jueza demandada incurrió en irregularidades al rechazar in limine la excepción de incompetencia y el incidente de actividad procesal defectuosa que planteó; puesto que, el plazo para su interposición corría desde la radicatoria en el juzgado conforme dispuso la SCP 0329/2018-S2 y la jurisprudencia, no habiendo revisado el cuaderno procesal al momento de fundamentar su determinación, dejando en un vacío de control jurisdiccional. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2022 de 2 de febrero, cursante de fs. 57 vta. a 62 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Tarija; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0499/2023-S2 Sucre, 6 de junio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 45927-2022-92-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 02/2022 de 2 de febrero, cursante de fs. 57 vta. a 62 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ismael Farfán Gareca contra Felipa Escalante Ortega, Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Tarija.
Por memorial presentado el 1 de febrero de 2022, cursante de fs. 29 a 33, el accionante expresó que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de violencia familiar o doméstica, tenencia y porte, portación ilícita de arma de fuego y amenazas; en la audiencia de aplicación de medidas cautelares, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de Tarija, mediante Auto Interlocutorio 01/2022 de 2 de enero, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Morros Blancos de ese departamento; asimismo, por los hechos descritos y la confusa imputación formal, consideró que no aplicaba como violencia familiar o doméstica; debido a esa situación, se declaró incompetente por razón de materia, determinando la remisión de los antecedentes al Juzgado de Instrucción Penal de turno de la Capital del citado departamento. Radicada la causa ante el Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la referida Capital y departamento, el 19 del aludido mes y año, interpuso excepción de incompetencia por razón de materia, la cual no tuvo pronunciamiento alguno;
posteriormente, formuló incidente por defecto absoluto respecto al Auto Interlocutorio 01/2022; sin embargo, la Jueza demandada rechazó in limine el mismo sin recurso ulterior, al haberse vencido el plazo de los diez días el 14 de igual mes y año, sin haber revisado el cuaderno procesal al momento de fundamentar dicha determinación, dejando en un vacío de control jurisdiccional; puesto que, debió resolverse conforme a lo dispuesto por la SCP 0329/2018-S2 de 9 de julio, para que la autoridad judicial le restituya sus derechos vulnerados, “…declarando la nulidad de actos y sea con pronunciamiento y conminatoria [al] Ministerio Público para reconducir los actos realizados sin control jurisdiccional” (sic).
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al juez natural y al debido proceso; y, de los principios de legalidad y seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 115, 116, 117.I, 119, 121 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, “…y se declare NULA E ILEGAL mi detención y todos los actos que se hayan realizado basados o fundados en actos vulneradores de mis derechos, disponiendo mi libertad inmediata” (sic).
Celebrada la audiencia pública virtual el 2 de febrero de 2022, según consta en acta cursante a fs. 57 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó los argumentos expuestos en su memorial de acción de libertad, y ampliándolos señaló que, la Jueza demandada incurrió en irregularidades al rechazar in limine la excepción de incompetencia y el incidente de actividad procesal defectuosa que interpuso; puesto que, el plazo corría desde la radicatoria en el Juzgado a su cargo, conforme lo dispuesto en la SCP 0329/2018-S2; reiterando se disponga su libertad, declarándose nula e ilegal su detención, y se anule el auto interlocutorio respecto a la declinatoria de competencia.
Felipa Escalante Ortega, Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Tarija, por informe escrito de 2 de febrero de 2022, cursante de fs. 44 a 47, manifestó que: a) El art. 14 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, establece que las excepciones podrán plantearse desde el inicio de la investigación penal, hasta los diez días siguientes de la notificación judicial con la imputación formal; norma que guarda relación con el art. 167 de la aludida Ley; b) En el presente caso, el Auto Interlocutorio que ordenó la declinatoria de competencia fue dictado en el verificativo de medidas cautelares, y conforme a la Ley 1173, con las resoluciones emitidas en audiencia oral las partes quedaron notificadas en el mismo acto; es decir, que al conocer dicho fallo, el accionante tenía la facultad de interponer los recursos que la ley le franquea y las excepciones e incidentes que hubiese considerado necesarios como medios de defensa; c) Al haberse remitido los antecedentes sin que haya existido recurso de apelación pendiente en cuanto a la referida declinatoria, correspondía la radicatoria e hizo el control del plazo de presentación de las excepciones e incidentes, conforme a la precitada Ley; d) La SCP 0329/2018-S2 no es vinculante por el principio de progresividad; ya que, dicho fallo constitucional realizó la interpretación de los plazos de presentación de las excepciones en vigencia del Código de Procedimiento Penal, con las modificaciones de la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-; y, que al ser anterior a la Ley 1173, no incumbe su observancia, sino lo exigido en los arts. 167, 314 y 315 de la indicada norma legal; y, e) La aplicación de los citados artículos en los autos interlocutorios dictados, no transgredió ningún derecho constitucional, menos la libertad del peticionante de tutela; toda vez que, la privación de ese derecho obedece a una orden judicial al momento de resolver una medida cautelar con aprehendido; por lo que, solicitó se deniegue la tutela demandada.
La representante fiscal en audiencia de garantías señaló que, la Jueza demandada hizo un análisis correcto de la normativa penal, no evidenciando vulneración de derechos y garantías del impetrante de tutela; consecuentemente, solicitó se deniegue la tutela requerida y se mantenga la decisión emitida por la citada autoridad judicial.
La Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Tarija, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 02/2022 de 2 de febrero, cursante de fs. 57 vta. a 62 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) No advirtió la lesión del derecho a la defensa, ni un indebido procesamiento ligado a la libertad del accionante, o algún acto que le haya causado indefensión bajo los parámetros de la jurisprudencia constitucional; puesto que, el prenombrado fue notificado con todos los actuados del proceso, incluyendo el Auto Interlocutorio 01/2022, en el cual se dispuso su detención preventiva; 2) Cuando el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del aludido departamento, declinó competencia, el peticionante de tutela se encontraba en la audiencia, en la que se tomó esa decisión con su abogado, quedando legalmente notificado de forma oral, conforme establece el art. 160 del Código de Procedimiento Penal (CPP); por tal motivo, interpuso recurso de apelación incidental únicamente respecto a las medidas cautelares, solicitando se remitan antecedentes ante la sala penal de turno, no pudiendo alegarse indefensión o irregularidades en el procedimiento; 3) Al ser notificado en ese acto judicial, el plazo para formular las excepciones e incidentes que la ley le faculta se computaba desde el momento en que tomó conocimiento del supuesto acto lesivo; 4) El impetrante de tutela conoce del estado del proceso, así como, del lugar donde físicamente se encontraba el mismo; evidenciando que el prenombrado activó los mecanismos legales a destiempo, ocasionando su propia indefensión, pretendiendo que con esta acción de defensa se ordene al Juez de la causa que reponga su decisión en relación al cómputo de plazos, respecto a la consideración de la excepción de incompetencia e incidente; y, 5) No podía ordenar la libertad del solicitante de tutela; debido a que, la detención preventiva obedeció a un análisis efectuado por autoridad judicial competente, considerando si se activaron o no los peligros procesales de fuga y obstaculización, y la probabilidad de autoría en audiencia de medidas cautelares, en mérito a la prueba presentada y su valoración integral; aspectos que debieron ser fundamentados en una apelación incidental; asimismo, no se verificó que el mencionado hubiese estado indebidamente procesado o privado de libertad personal.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de María Norbertha Burgos Ramírez y otro contra Ismael Farfán Gareca -hoy accionante-, por la presunta comisión de los delitos de violencia familiar o doméstica, tenencia y porte, portación ilícita de arma de fuego y amenazas, en audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares de carácter personal, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de Tarija, pronunció el Auto Interlocutorio 01/2022 de 2 de enero, disponiendo la detención preventiva del peticionante de tutela en el Centro Penitenciario Morros Blancos del mencionado departamento, por el término de cuatro meses; asimismo, al tratarse de hechos que no tenían vinculación con la Ley 348, conforme al art. 46 del CPP, la indicada autoridad judicial declinó competencia en razón de materia, determinando la remisión de los antecedentes de la causa ante el Juzgado de Instrucción Penal de turno de la Capital y departamento referidos (fs. 2 a 8). II.2. En virtud al recurso de apelación incidental formulado por el impetrante de tutela contra el fallo supra citado; la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del señalado departamento, en audiencia emitió el Auto de Vista 03/2022 de 14 de enero, declarando “DECAIDO”
el recurso interpuesto, manteniéndose incólume la decisión impugnada (fs. 15 y vta.). II.3. A través del Auto Interlocutorio 02/2022 de 21 de enero, la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del citado departamento -ahora demandada-, resolvió rechazar in limine la excepción de incompetencia interpuesta por el peticionante de tutela, en aplicación de los arts. 314 y 315 de la Ley 1173, al encontrarse fuera de plazo (fs. 56 y vta.). II.4. Mediante Auto Interlocutorio de 26 de enero de 2022, la autoridad demandada resolvió rechazar in limine sin recurso ulterior el incidente por defecto absoluto planteado por el impetrante de tutela; debido a que, el plazo para su interposición venció el 14 de igual mes y año (fs. 19).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al juez natural y al debido proceso; y, de los principios de legalidad y seguridad jurídica; aduciendo que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, la Jueza demandada incurrió en irregularidades al rechazar in limine la excepción de incompetencia y el incidente de actividad procesal defectuosa que planteó; puesto que, el plazo para su interposición corría desde la radicatoria en el juzgado conforme dispuso la SCP 0329/2018-S2 y la jurisprudencia, no habiendo revisado el cuaderno procesal al momento de fundamentar su determinación, dejando en un vacío de control jurisdiccional. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La jurisprudencia constitucional de manera uniforme y reiterada, estableció que la tutela del derecho al debido proceso corresponde por regla general ser conocida y resuelta a través de la acción de amparo constitucional, por ser la vía idónea a tal fin.
Respecto al tema, el extinto Tribunal Constitucional por medio de la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, estableció el siguiente entendimiento: “…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad” (las negrillas nos corresponden). Por su parte, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, complementando el razonamiento anterior, sostuvo que: “…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad” (el énfasis pertenece al texto original). Entendimiento reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1332/2014, 0293/2018-S4 y 0352/2018-S2, entre otras.
En ese marco, la SCP 1609/2014 de 19 de agosto, realizando una reconducción de la línea jurisprudencial, en relación a la activación de la acción de libertad cuando se denuncia la vulneración del debido proceso señaló que: “…Es así que, la referida SCP 0217/2014, estableció que ‘el debido proceso penal, es una garantía procesal establecida por la Constitución Política del Estado, que tiene como objetivo proteger los derechos constitucionales que de él emergen y en ese proceso controlar la capacidad punitiva del Estado que, en su momento puede afectar la libertad personal y la presunción de inocencia de aquellos que se encuentran involucrados en una contienda judicial penal. En este contexto y estando establecido que toda persona sometida a un proceso penal, se halla constitucionalmente imbuido del derecho a la defensa, a la asistencia de un abogado para su asesoramiento en las diferentes etapas del proceso, a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, a la posibilidad de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, en resumen del derecho a un debido proceso, se determina que, únicamente cuando se trata de materia penal, la acción de libertad es el medio idóneo, eficaz y eficiente para restablecer el debido proceso, en todos sus elementos.
En consecuencia, se hace necesario establecer a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad’. Conforme a dicho razonamiento, la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso, como presupuesto exigible para su tutela a través de la acción de libertad, desaparecía; sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional considera que, partiendo de la propia naturaleza jurídica de la acción de libertad, desarrollada en el Fundamento Jurídico anterior y cuyo principal objetivo es precisamente tutelar de manera específica el derecho a la libertad, no puede modificarse su esencia y ampliar su espectro de acción a aquellos asuntos netamente procedimentales que, aún cuando devengan del área penal, no se hallen en vinculación con el derecho a la libertad; en consecuencia, mediante la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se hace necesario reconducir el anterior entendimiento y restablecer la jurisprudencia constitucional previa, respecto a la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso. Este entendimiento, emerge precisamente de la interpretación literal y teleológica del art. 125 CPE, que establece la procedencia de la acción de libertad, cuando se produzca una restricción o amenaza de restricción ilegal o indebida a los derechos fundamentales a la vida y a la libertad física a raíz de una persecución ilegal o un indebido procesamiento; en consecuencia, tratándose de la procedencia de la acción de libertad en relación al debido proceso, debe entenderse que la inobservancia a éste -debido proceso-, ha sido la causal principal para la afectación del bien jurídico libertad; pues, de lo contrario, si los actos emergentes del procesamiento no ponen en riesgo la libertad y no ocasionan su restricción, no podrán ser evaluados y considerados a través de la acción de libertad, correspondiendo su tratamiento, una vez agotados todos los medios intra procesales, a la acción de amparo constitucional, como medio de defensa idóneo en el jurisdicción constitucional para reparar y subsanar los defectos procesales en que pudieran haber incurrido tanto servidores públicos como personas particulares. En este contexto, corresponde reconducir al entendimiento asumido anteriormente por las SSCC 0219/2004-R de 19 de octubre y 1865/2004-R de 1 de diciembre” (el resaltado y el subrayado son añadidos).
Razonamiento reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0560/2015-S2 de 26 de mayo y 0566/2016-S2 de 30 de igual mes, entre otras.
En el presente caso, Ismael Farfán Gareca -ahora accionante- denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al juez natural y al debido proceso; y, de los principios de legalidad y seguridad jurídica; alegando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de violencia familiar o doméstica, tenencia y porte, portación ilícita de arma de fuego y amenazas; la Jueza demandada incurrió en irregularidades al rechazar in limine la excepción de incompetencia y el incidente de actividad procesal defectuosa que planteó; toda vez que, el plazo para su interposición corría desde la radicatoria en el juzgado conforme dispuso la SCP 0329/2018-S2 y la jurisprudencia, no habiendo revisado el cuaderno jurisdiccional al momento de fundamentar su determinación, dejando en un vacío de control jurisdiccional. En ese contexto, los supuestos actos vulneratorios denunciados, no pueden ser analizados mediante esta acción de defensa, al no estar vinculados directamente con su derecho a la libertad; toda vez que, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en las denuncias referidas a procesamiento indebido, es imprescindible que se demuestre que las lesiones alegadas, afectaron directamente los derechos a la libertad física o de locomoción como la causa directa que originó su restricción o supresión; es decir, para que las garantías de la libertad personal o de tránsito puedan ejercerse por medio de la acción de libertad, cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido, es indispensable que se presenten de manera concurrente dos presupuestos; por un lado, la vinculación entre la lesión al debido proceso con el derecho a la libertad, como causa directa de su restricción; y por el otro, el absoluto estado de indefensión en el que se halle el solicitante de tutela, según se tiene glosado en el referido Fundamento Jurídico.
En el caso que se analiza, no se observó la concurrencia de dichos presupuestos; debido a que, la denuncia formulada por el peticionante de tutela tiene que ver esencialmente con el rechazo in limine de la Jueza demandada a la excepción de incompetencia, así como, al incidente por defecto absoluto que el prenombrado planteó, cuestionando el cómputo del plazo para su interposición que efectuó la mencionada autoridad judicial, haciendo alusión a la SCP 0329/2018-S2; extremos que sin embargo, no se constituyen en actos procesales que operen como causa directa para su privación de libertad; ello en razón a que, su situación jurídica ya fue definida anteriormente en audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares de carácter personal, celebrada el 2 de enero de 2022, ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de Tarija, quien emitió el Auto Interlocutorio 01/2022 de idéntica fecha, disponiendo su detención preventiva en el Centro Penitenciario Morros Blancos de ese departamento (Conclusión II.1). Asimismo, el accionante no se halla en absoluto estado de indefensión; en razón a que, conoce todos los actuados procesales sustanciados en la etapa preparatoria ante el Juez de control jurisdiccional, en su calidad de contralor de derechos y garantías constitucionales, así como, las medidas adoptadas por dicha autoridad judicial; habiendo asumido defensa formulando en primera instancia recurso de apelación incidental contra el citado fallo (Conclusión II.2); asimismo, una excepción de incompetencia y un incidente por actividad procesal defectuosa, a efectos de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso penal sustanciado en su contra, los cuales fueron resueltos mediante los Autos Interlocutorios 02/2022 de 21 de enero y de 26 de igual mes y año, respectivamente, pronunciados por la Jueza demandada (Conclusiones II.3 y 4).
Por ello, ante la falta de vinculación de los hechos denunciados, con el derecho a la libertad del solicitante de tutela, y a efectos de reparar y subsanar los supuestos vicios o defectos procesales invocados en los que supuestamente incurrió dicha autoridad jurisdiccional, luego de agotar todos los medios intraprocesales que el ordenamiento jurídico brinda, de persistir la presunta transgresión alegada, corresponde acudir a la jurisdicción constitucional mediante la acción de amparo constitucional, como medio de defensa idóneo, conforme al razonamiento expresado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2022 de 2 de febrero, cursante de fs. 57 vta. a 62 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Tarija; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0499_2023-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 40263f9ecc1ac3c3977f0258b07005d1672b88adcd7ae387b2c0d13081edff09
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